diciendo: “(…) al objeto de que los aumentos porcentuales que se originan queden justificados, creemos se debe incluir una cláusula en la que se indique que los mismos son a petición, o propuesta, del Ayuntamiento por los motivos…. (Algo relacionado con la obras u otros temas que puedan encajar (…)”. Es decir, Sbayre busca cubrirse las espaldas en una negociación “sui generis” en la que dicta los acuerdos, y para ello pide al Ayuntamiento que justifique los términos de la negociación con argumentos “que puedan encajar” (sic). Posteriormente, Sbayre presiona para acelerar los plazos y en otro correo electrónico de fecha 3 de febrero llega incluso a corregir el contrato poniendo “en rojo lo que se debe quitar y en color azul lo que debe figurar”. Huelga decir que la batuta de la negociación y de las condiciones la llevó en todo momento Sbayre, que buscaba unos beneficios lo más onerosos posible y que el Gobierno Municipal del Partido Popular, supuesto garante del interés general, se mantiene en un segundo plano, plegándose de forma tan clara como incomprensible a los intereses del empresario. Sólo entendiendo esta sumisión y ausencia de defensa del interés público se pueden entender las condiciones que el Alcalde Alfonso Alonso firmó con el empresario Gonzalo Antón. En primer lugar, las actualizaciones del precio inicial, (12.500€ al mes, más IVA), al que se le suma una actualización del IPC insólita (llegando a actualizaciones del IPC + 9 los años quinto y sexto del contrato). Lo cual ha supuesto que ha habido años en los que la renta del alquiler se ha duplicado. En segundo lugar, debemos recordar que se trataba de un local de obra, que requirió unas importantes y necesarias actuaciones de acondicionamiento que fueron también sufragadas por el Ayuntamiento y que se han acercado al millón y medio de euros. Resulta evidente que tras la realización de las obras de acondicionamiento, el valor del local se ha visto incrementado considerablemente y que esto debería haber servido como base para una negociación a la baja de la renta mensual, pero en la realidad esto no se produjo y ha supuesto un nuevo e inmerecido beneficio para Sbayre. Además, según el contrato de arrendamiento, y tal como se explica en la Addenda al Contrato aprobada por la Junta de Gobierno el 31 de julio de 2009, el importe de las obras debía abonarlo la Administración Municipal durante un periodo de cinco anualidades. Así, se ha llegado a pagar unos 26.000 euros al mes por las obras, a sumar al coste del alquiler. Otro elemento especialmente grave es que, a pesar de que las obras las ha abonado el Ayuntamiento, las contrató Sbayre, sin tener, por tanto, que sujetarse a un concurso público que hubiera sido necesario de hacerlo el ente
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