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PROPUESTA DE CONCLUSIONES Del GRUPO MUNICIPAL EH BILDU GASTEIZ A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SAN ANTONIO 10 En febrero de 2007, a tan sólo tres meses de las elecciones municipales en las que perdió la alcaldía, Alfonso Alonso tomó una decisión que obligaba al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz durante los siguientes 20 años. El entonces alcalde Alfonso Alonso firmó un contrato de arrendamiento de los locales situados en San Antonio 10, propiedad del empresario Gonzalo Antón. Los locales de 892,73 metros cuadrados se encontraban en una situación de obra que hacía imprescindible para su uso realizar unos costosos trabajos de acondicionamiento. Las condiciones firmadas con el empresario sólo favorecían el interés privado, tanto por el elevado precio y su escandalosa actualización anual, como por la cláusula de blindaje, el abono de las obras y la ausencia de concurso público que garantizara la libre concurrencia. Todo ello unido al hecho de que el entonces Alcalde modificó por su cuenta y riesgo las condiciones del contrato aprobadas por el órgano competente, la Junta de Gobierno Local. Lo que demuestra con absoluta claridad que este contrato fue negociado y gestado bajo unas extrañas condiciones, muy alejadas de los procedimientos legales de contratación pública, y que a nuestro juicio denotan una evidente negligencia política que podría devenir en responsabilidades legales. Para entender el desarrollo de los hechos es importante ubicar el punto de partida de los mismos. Si bien los cargos institucionales del Partido Popular que han declarado en esta comisión han alegado que la búsqueda de local se inició tras una necesidad expresada por el Departamento de Nuevas Tecnologías y una supuesta conveniencia de abandonar el local que entonces albergaba la Oficina de Turismo Municipal, no han avalado este extremo con ningún documento escrito. De igual manera, han existido versiones claramente contradictorias por parte de dichas personas a la hora de explicar el inicio de este contrato, siendo la versión más plausible que la negociación arrancó cuando el empresario Gonzalo Antón ofreció dicho local. Aunque este hecho parece que coincidió con esa necesidad del Departamento de Nuevas Tecnologías, lo cierto es que la decisión fue desde el primer momento la de alquilar ese local en concreto, lo cual condicionó todo el proceso, incluida la negociación posterior y las lesivas condiciones de este contrato.

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En tal sentido, habría que constatar que en la comparecencia de la Sra. Ainhoa Domaica producida el pasado 23 de enero, ésta declaró que coincidieron el interés de la Diputación Foral de Alava y el del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por dicho local. Sin embargo, en ambos casos, no existe informe alguno que avale el inicio de ningún procedimiento de búsqueda de local de estas características en el Centro de la ciudad, sino que ambas Instituciones reaccionan ante la oferta de un particular. Consideramos que esta coincidencia es muy relevante y que en lugar de ser una casualidad, obedece a la voluntad de los cargos institucionales del Partido Popular de alquilar al Sr. Gonzalo Antón dicho local, bien fuese por una Administración o por la otra. Ha quedado acreditado que ninguna de las dos Administraciones realizó ningún tipo de gestión de para estudiar alguno otro local, sino que desde el primer momento se centraron en ese único local y en la negociación de las condiciones del mismo. Debido al hecho de que el local estaba escogido desde el principio, no se llevó a cabo ningún tipo de concurso público para conocer la oferta de locales que pudiera existir en el Centro en aquellas fechas. Con difusas explicaciones, se ha dado a conocer que se visitaron varios locales, pero que ninguno cumplía con las expectativas. Sin embargo, las aportaciones tanto de la Secretaria General de Pleno como del Interventor General son clarificadoras. La primera concluyó en su comparecencia de fecha 17 de octubre de 2013, que para excluir la opción de llevar a cabo un concurso público era necesario un informe técnico en el que se detallaran las características necesarias del local buscado y por qué únicamente los de San Antonio 10 cumplían estas características. Pero tras la comparecencia de fecha 17 de octubre de 2013 del responsable de la Unidad de Valoración, Sr. Juan Carlos Vila, se acreditó que existían más locales de características similares en la zona, pero se obvió todo ello y no se estudió ninguno de ellos. Además, queda constatado que no existe informe técnico o político que justifique la necesidad de ese local ni que detalle las características técnicas que deberían reunir dicho local. La opinión expresada por el Interventor en su comparecencia de fecha 17 de octubre de 2013 es que, incluso aunque hubiera un local que cumpliese los requisitos mejor que otros, la concurrencia siempre hubiese situado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en una posición de superioridad, tanto de cara a conocer todas las ofertas posibles como a la negociación con alguna de las personas propietarias de un local concreto. Vistas ambas opiniones, se demuestra que en este caso se decidió conscientemente renunciar a herramientas que

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hubieran situado a la Administración Pública en una posición más ventajosa. Esto nos lleva a afirmar que el local estaba escogido desde el primer momento y que previo al inicio de la negociación se desechó la búsqueda de otras alternativas. Los escasísimos informes técnicos incluidos en el expediente están redactados a  posteriori, una vez la negociación del local está cerrada con la parte propietaria, según se desprende de las fechas de los informes y de los correos electrónicos cruzados entre el Departamento de Hacienda y Sbayre S.A. A este respecto, queremos dejar constancia de que no está acreditado que los correos electrónicos que constan en el expediente sean todos los que se cruzaron entre las partes, tal y como se desprende de la lectura de los mismos y fue reconocido por la Sra. Susana Vizcarra en comunicación escrita remitida a la Presidenta de la Comisión. Así, el 12 de enero de 2007, el responsable de la Unidad Técnica de Valoraciones emite una valoración del local en concreto. En esa fecha, la negociación del precio transcurría ya avanzada y por otros derroteros; por lo que desde la Dirección de Hacienda se contraargumenta con un informe fechado el 7 de febrero de 2007 según el cual el precio a abonar debe ser superior al valorado por el técnico competente en su informe. Cabe señalar que esta opinión proveniente de la Dirección de Hacienda se emite dos días antes de la Junta de Gobierno Local de 9 de febrero de 2007, que aprueba las condiciones del contrato; es decir se trata de un informe ad hoc que sólo busca vestir la decisión de pagar un precio superior al valorado por el servicio técnico. Negociación Tal y como se ha visto, la negociación partía con una decisión predeterminada de alquilar ese local, consecuencia de lo cual aquella se desarrolla con un total control por parte de la empresa Sbayre. Como muestra podemos situar el correo electrónico de fecha 28-122006, remitido por la Jefa del Servicio de Secretaria Técnica del Departamento de Hacienda, Sra. Susana Vizcarra, en el que literalmente dice: “Siento   mucho   que   sea   así,   pero   tras   reiteradas   peticiones a Urbanismo para que priorice la valoración del inmueble,   aún no lo hemos conseguido y sin la valoración técnica no podemos   llevar  el  asunto   a la  Junta  de Gobierno   porque  no   lo   pasarían  en  la   Secretaría de la Junta. El director de Urbanismo vuelve la semana que   viene.   Espero   que   Iñaki   consiga   que  nos   emitan   el  informe  de   forma   inmediata   (…)”. Tal y como se desprende de este correo, el Departamento de Hacienda obedece a los plazos marcados por la EH Bildu Gasteiz Udal Taldea Tlfnoa: 945 16 13 21. Fax: 945 161957 gpolitico.bildu@vitoria-gasteiz.org http://gasteiz.ehbildu.net


propiedad del local y presiona a otros Departamentos para acelerar los trámites de este contrato. Por otro lado, según se ha señalado con anterioridad, el Director de Hacienda se ve en la necesidad de emitir un nuevo informe para contradecir la opinión expresada por Urbanismo. Por otro lado, hay que destacar el correo electrónico del 23 de enero de 2007, de donde se puede entender a la perfección la naturaleza de este “peculiar” proceso negociador. En efecto, la primera oferta que realizó la propiedad del local, originariamente, era de 10 años de duración a un precio mensual de 18.500€, pero tras ver que dicho precio distaba mucho de la valoración realizada por los Servicios Técnicos Municipales, el Ayuntamiento a través de la Dirección de Hacienda contraofertó. En las comparecencias del entonces Director de Hacienda, Sr. Iñaki Diez Unzueta y del entonces Concejal Delegado de Hacienda y actual Alcalde, Sr. Javier Maroto, queda acreditado que la Dirección de Hacienda recibió la instrucción de contraofertar con una propuesta que se acercase más al informe de valoración en lo concerniente a la renta mensual inicial. Pero las consecuencias aparejadas de esta contraoferta fueron gravísimas para el interés municipal, por que si bien la renta inicial era más baja, las actualizaciones anuales establecidas resultan absolutamente desorbitadas, y lo mas grave: el Ayuntamiento se comprometió a una estancia de 20 años, y a la finalización del contrato se igualaba el importe a pagar con la oferta inicial de 18.500€/mes, como consecuencia de las rentas finalmente acordadas. Este es el punto de inflexión en esta negociación, donde las partes acordaron unas condiciones absolutamente lesivas para el interés público. Destacar del mismo modo que, según la declaración de fecha 27 de noviembre de 2013 del Sr. Javier Maroto, el Director de Hacienda recibió la instrucción del Sr. Alfonso Alonso, Alcalde en ese momento del Municipio, para contraofertar y por lo tanto, esto le convierte, en el responsable último de todas y cada una de las condiciones del contrato. Sin embargo, y a tenor de las respuestas enviadas por el Sr. Alfonso Alonso, la versión ofrecida por el que fuese su concejal de Hacienda y hoy regidor de Vitoria-Gasteiz no es correcta y de ella se infiere que la responsabilidad política de dicha negociación correspondería al Sr. Javier Maroto. En cualquier caso es evidente que por acción u omisión en ambos reside la responsabilidad de este desastroso contrato que nos ocupa. Volviendo al relato de los hechos, apenas un día más tarde (24 de enero de 2007), Sbayre envía un nuevo correo electrónico

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diciendo: “(…)   al   objeto   de   que   los   aumentos   porcentuales   que   se   originan queden justificados, creemos se debe incluir una cláusula en la   que   se   indique   que   los   mismos   son   a   petición,   o   propuesta,   del   Ayuntamiento por los motivos…. (Algo relacionado con la obras u otros   temas que puedan encajar (…)”. Es decir, Sbayre busca cubrirse las espaldas en una negociación “sui   generis” en la que dicta los acuerdos, y para ello pide al Ayuntamiento que justifique los términos de la negociación con argumentos “que puedan encajar” (sic). Posteriormente, Sbayre presiona para acelerar los plazos y en otro correo electrónico de fecha 3 de febrero llega incluso a corregir el contrato poniendo “en rojo lo que se debe quitar y en color azul lo que debe figurar”. Huelga decir que la batuta de la negociación y de las condiciones la llevó en todo momento Sbayre, que buscaba unos beneficios lo más onerosos posible y que el Gobierno Municipal del Partido Popular, supuesto garante del interés general, se mantiene en un segundo plano, plegándose de forma tan clara como incomprensible a los intereses del empresario. Sólo entendiendo esta sumisión y ausencia de defensa del interés público se pueden entender las condiciones que el Alcalde Alfonso Alonso firmó con el empresario Gonzalo Antón. En primer lugar, las actualizaciones del precio inicial, (12.500€ al mes, más IVA), al que se le suma una actualización del IPC insólita (llegando a actualizaciones del IPC + 9 los años quinto y sexto del contrato). Lo cual ha supuesto que ha habido años en los que la renta del alquiler se ha duplicado. En segundo lugar, debemos recordar que se trataba de un local de obra, que requirió unas importantes y necesarias actuaciones de acondicionamiento que fueron también sufragadas por el Ayuntamiento y que se han acercado al millón y medio de euros. Resulta evidente que tras la realización de las obras de acondicionamiento, el valor del local se ha visto incrementado considerablemente y que esto debería haber servido como base para una negociación a la baja de la renta mensual, pero en la realidad esto no se produjo y ha supuesto un nuevo e inmerecido beneficio para Sbayre. Además, según el contrato de arrendamiento, y tal como se explica en la Addenda al Contrato aprobada por la Junta de Gobierno el 31 de julio de 2009, el importe de las obras debía abonarlo la Administración Municipal durante un periodo de cinco anualidades. Así, se ha llegado a pagar unos 26.000 euros al mes por las obras, a sumar al coste del alquiler. Otro elemento especialmente grave es que, a pesar de que las obras las ha abonado el Ayuntamiento, las contrató Sbayre, sin tener, por tanto, que sujetarse a un concurso público que hubiera sido necesario de hacerlo el ente

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municipal, lo cual con total seguridad hubiera supuesto un menor coste. En tercer lugar, está la lamentable cuestión del blindaje del acuerdo. A pesar de que la Junta de Gobierno aprueba el 9 de febrero de 2007 suscribir un contrato que contempla un periodo mínimo de alquiler de 10 años, el entonces Alcalde Sr. Alfonso Alonso firma el contrato el 16 de febrero de 2007, eliminando esa posibilidad de salida a los 10 años. A consecuencia de ello, y tal como se desprende el acuerdo final de voluntades, si el Ayuntamiento decidiera abandonar el local antes de los 20 años, tendría que abonar la cantidad correspondiente a todo el periodo; es decir, tendría que pagar una cantidad cercana a los 7.000.000€ que es lo que costaría el arrendamiento durante 20 anualidades. Una decisión, por tanto, perjudicial para las arcas municipales, y sólo beneficiosa para los intereses de Sbayre. Este “blindaje” resulta más incomprensible si tenemos en cuenta la cercanía de unas elecciones municipales en apenas 90 días desde la firma del contrato. Es decir, la decisión tomada bajo la rúbrica del Alcalde Alfonso Alonso condicionaba clara y gravemente a las siguientes Corporaciones que se veían atadas de pies y manos por semejante contrato. Por otra parte, y en lo concerniente a la legalidad del contrato, nos remitimos a lo manifestado por el Jefe de los Servicios Jurídicos, Sr. Pedro Goti, en la comparecencia en la Comisión el 7 de noviembre de 2013, quien manifestó que el blindaje de 20 años no era en absoluto irrelevante, dado que dejaba al Ayuntamiento en una situación de indefensión jurídica y que de no existir este blindaje se podría haber planteado la posibilidad de rescindir el contrato. Por tanto, queda acreditado que este proceder arbitrario, además de ser absolutamente excepcional en lo concerniente a las contrataciones públicas, situó en una clara posición de debilidad a los intereses de la ciudadanía gasteiztarra y ha supuesto un despilfarro económico absolutamente injustificado: Toda la ciudadanía del Municipio vamos a gastar cerca de 7.000.000€, en un alquiler absolutamente injustificado e innecesario, más casi otro 1.500.00€ en unas obras que nunca debimos pagar. Sin lugar a dudas, una decisión con graves consecuencias en lo económico, en lo político y a juicio de EH Bildu también en lo jurídico, tanto para el Alcalde en aquel momento, Sr. Alfonso Alonso, como para el responsable de Hacienda, Sr. Javier Maroto. Conviene analizar, por tanto, el papel jugado por ambos responsables.

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Al hilo de lo manifestado hasta ahora, hay que hacer referencia a la vulneración del acuerdo del 9 de febrero del 2007, lo que a nuestro juicio hace aún más irregular si cabe la firma de este contrato por parte del Sr. Alfonso Alonso; en efecto, con fecha 7 de febrero de 2007, el Sr. Javier Maroto, Concejal Delegado de Hacienda en ese momento, eleva a la Junta de Gobierno Local -órgano competente para acordar las cláusulas del contrato- una propuesta de acuerdo en la que figura la opción de blindar el contrato durante únicamente diez años. Posteriormente, el actual Alcalde, argumentó en su comparecencia ante esta Comisión, que se trató de un error cometido por el personal técnico. A juicio de nuestro Grupo, no es admisible que un representante político no se responsabilice de un documento firmado por él mismo. La ausencia de asunción de responsabilidades cuestiona y desacredita la capacidad del Sr. Maroto para desempeñar una labor político-institucional, ya que era el último y principal responsable de un documento firmado por él en el que proponía a la Junta de Gobierno dar el visto bueno a este expediente. La Junta de Gobierno se lleva a cabo el 9 febrero de 2007 y por unanimidad de la misma se acuerda suscribir un contrato de arrendamiento con Sbayre, según el cual se deberá permanecer en dicho local “un periodo mínimo de diez años”. Una semana más tarde, sin embargo, el 16 de febrero de 2007, el Sr. Alfonso Alonso formaliza el contrato con el Sr. Gonzalo Antón, modificándose el acuerdo de la Junta de Gobierno y estableciéndose que el arrendatario se obliga a permanecer en el local arrendado la totalidad del periodo de vigencia de 20 años y en el caso de la rescisión anticipada del mismo, se deberá pagar la cantidad equivalente que pueda quedar por cumplir hasta completar las 240 mensualidades. Estas estipulaciones del contrato se establecen sin el aval del órgano competente para establecer las condiciones (Junta de Gobierno Local). El entonces mayor responsable institucional del Ayuntamiento, Sr. Alfonso Alonso, decidió, pues, otorgar aún mejores beneficios a Sbayre, al asegurarle y blindarle el cobro del alquiler por 20 años. El Sr. Alonso a juicio de EH Bildu no es sólo responsable político de una decisión lesiva y penosa para los intereses públicos, sino que lo es también de las posibles responsabilidades jurídicas emanadas de la vulneración del mandato de la Junta de Gobierno Local. El Sr. Javier Maroto, Concejal Delegado de Hacienda en ese momento, tuvo conocimiento pocos días después de la disparidad existente entre el acuerdo de Junta de Gobierno y lo recogido en el contrato firmado. En concreto en la Comisión de Hacienda del 28 de Febrero de 2007, y a preguntas del Grupo Municipal Eusko

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Alkartasuna, el Sr. Maroto se dio por enterado de la discrepancia entre lo firmado y lo acordado, pero obvió la importancia de todo ello, tal y como se recoge en las respuestas dadas a las preguntas formuladas por el concejal Sr. Antxon Belakortu en dicha Comisión. Sin embargo, la Sra. Idoia Garmendia, Secretaria de la Junta de Gobierno en 2007 y miembro del gobierno popular de entonces y de ahora, en su comparecencia de fecha 14 de noviembre de 2013 en esta Comisión, reconoció que el procedimiento legal y correcto en caso de haberse detectado un error hubiera sido la corrección del mismo por parte del único órgano capacitado para hacerlo: la Junta de Gobierno Local. Desarrollo de la Comisión de Investigación Lamentablemente la forma de actuar del Partido Popular ante esta Comisión de Investigación que tan solo pretendía dar transparencia a los hechos hasta aquí relatados, ha sido similar a la empleada en todos los casos de corrupción estructural que afectan a este partido (corrupciones desarrolladas en Valencia, trama Gurtel,  todos los acontecimientos que envuelven a los papeles de Barcenas, etc...). Cuando este tipo de extremos salen a la luz los miembros del Partido Popular implementan la Estrategia del Armadillo: con el único fin de proteger los intereses de sus compañeros de partido obstaculizan el esclarecimiento de los hechos y la defensa del interés público. De forma similar, en el caso que nos ocupa en Gasteiz, una vez más el Partido Popular ha decidido cerrar filas entorno a sus protegidos de cara a la Comisión de Investigación. Así, su objetivo ha consistido en disimular y ocultar las responsabilidades del principal implicado en todo este oscuro contrato: Don Alfonso Alonso, ex alcalde de Vitoria-Gasteiz y diputado provincial en el Congreso. El oscurantismo y la ausencia de interés para aclarar lo ocurrido en la pésima gestión de este contrato ha sido una constante en el desarrollo de la Comisión. En este sentido, la negativa del principal responsable de este contrato a comparecer personalmente en esta Comisión, la dilación en hacer llegar sus respuestas por escrito, así como la ambigüedad, brevedad y falta de concreción de éstas, y la nueva negativa a aclarar in   situ el contenido de sus respuestas es prueba palmaria de la estrategia obstruccionista y opaca con la que el Partido Popular ha afrontado esta investigación. El hecho que el autor de la rubrica del contrato y de la desobediencia a la directriz de la Junta de Gobierno haya declarado por escrito y de forma tan llamativamente escueta, hace que aumenten las sospechas sobre la

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real conveniencia del alquiler de esta local y sobre los pormenores de las negociaciones. Obstruccionista ha sido también la actitud de la otra parte, la empresa Sbayre... A pesar de que la empresa ha conseguido unas condiciones contractuales absolutamente ventajosas y que sus explicaciones hubieran podido aclarar la situación, tanto el gerente de la empresa -Sr. Gonzalo Antón- como el empleado que negoció en su nombre con los diferentes técnicos municipales – Sr. Francisco Liberal- han negado la más mínima colaboración a esta Comisión de Investigación, que evidentemente carece de autoridad coercitiva para obligarles a comparecer ante ella. Finalmente las incoherencias mostradas por diferentes comparecientes, tanto a nivel político como técnico sólo han servido para aumentar las dudas entorno a este contrato. De todo lo anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones:  Primera. La Comisión de Investigación no ha podido llevar a término su trabajo por la ausencia de la persona clave y con mayor responsabilidad en todo el asunto, el ex alcalde Sr. Alfonso Alonso. Sus reiterados retrasos en contestar a los requerimientos de la Comisión, sus negativas a comparecer y sus insuficientes respuestas denotan una actitud de desprecio absoluto a la transparencia y defensa del interés público que buscaba esta Comisión de Investigación, a la vez que demuestra la nula voluntad del Sr. Alonso por aclarar los extremos de un asunto del cual ha quedado demostrado es el principal responsable. Segunda. La actitud del señor Alonso ha contado con el aval público de todos los componentes del Partido Popular; hecho que denota que todo el grupo popular no ha trabajado por el esclarecimiento de lo ocurrido, sino que han colaborado en una estrategia de ocultación y oscurantismo, con el fin de proteger y no depurar las responsabilidades políticas y las posibles responsabilidades legales de sus compañeros. Tercera. El hecho probado de la coincidencia temporal por partes de cargos institucionales del Partido Popular de la Diputación Foral de Alava y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el interés por el mismo local, sin ningún tipo de justificación técnica, sin mostrar ningún tipo de interés por otros locales de características similares en la misma zona y la absoluta falta de cualquier intención de realizar un

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concurso público hace sospechar de un trato de favor hacia la empresa Sbayre. Cuarta. La negativa de la otra parte implicada, la empresa Sbayre (representada por los señores Gonzalo Antón y Francisco Liberal), a aportar su visión denota ausencia de interés por esclarecer lo ocurrido y avala la hipótesis de que entorno al contrato existen extremos que se prefieren ocultos. Quinta. En la negociación y firma del contrato de San Antonio no ha existido la defensa del interés público que se le presupone a cualquier persona que ostenta un cargo público. La responsabilidad de esta ausencia de celo en la defensa del interés público es directamente achacable al Sr. Alfonso Alonso. Asimismo, el entonces responsable de Hacienda, el Sr. Javier Maroto, no actuó con diligencia y profesionalidad en un asunto de semejante calado. Sexta. Durante todo el proceso de toma de una decisión con consecuencias económicas que superan los 7.000.000€ ninguno de los responsables políticos pertenecientes a la Junta de Gobierno Local mostraron capacitación ni responsabilidad a la hora de ejercer la gestión pública. Séptima. La ausencia de concurrencia, la firma de una cláusula de blindaje por 20 años y las condiciones onerosas para la parte arrendataria demuestran que los responsables políticos actuaron a favor de los intereses ajenos, en lugar del interés público. Octava. El alcalde de Gasteiz del momento, Alfonso Alonso, modificó sin el aval del órgano competente, la Junta de Gobierno Local, las condiciones del contrato. Novena. Ha quedado acreditado que el Sr. Maroto fue informado en la Comisión de Hacienda de 28 de Febrero de 2007 que el Sr. Alonso había vulnerado la decisión de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, queda acreditada su dejadez en sus responsabilidades como miembro de la Junta de Gobierno y Concejal Delegado de Hacienda. Y al no haber actuado en consecuencia puede haber incurrido en responsabilidades legales. Décima. Ha quedado acreditado que, de existir un error material en la adopción del acuerdo, el único procedimiento legalmente correcto hubiera sido la subsanación de dicho error o la adopción de un nuevo acuerdo que recogiera las condiciones buscadas y acordadas por las

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partes. El no optar por esta vía demuestra la irregularidad de la firma del contrato por el Sr. Alfonso Alonso. El Equipo de Gobierno, con el Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda, Javier Maroto a la cabeza, fue conocedor de este extremo días después de firmar el contrato y, sin embargo, optó por no subsanarlo. Aún más, fue necesaria la puesta en marcha de esta Comisión de Investigación para que el Sr. Javier Maroto, en calidad de Alcalde, abordase una negociación con Sbayre para mejorar mínimamente las draconianas condiciones de este contrato. Negociación cuyos frutos fueron evidentemente escasos debido a la ingeniería jurídica del contrato que nos ocupa. Decimoprimera. El Sr. Javier Maroto se ha mostrado incapaz de responsabilizarse del contenido de un documento avalado con su rúbrica, poniendo en cuestión su capacidad para llevar a cabo cualquier responsabilidad institucional. Decimosegunda Ha quedado de manifiesto que no se ha respetado el principio de concurrencia necesario, que hubiera beneficiado al Ayuntamiento, en un contrato de estas características. En primer lugar, debido a que no se llevó a cabo un concurso público. En su defecto, según se ha podido extraer de la aportación de la Secretaria General del Ayuntamiento, en su comparecencia de fecha 17 de octubre de 2013, que debiera haber existido un informe que detallara y concluyera por qué no era posible proceder a un proceso de concurrencia pública: “(En   el   expediente)   no   veo   que   quede   manifestado   mediante   un   informe   técnico   que   es   el   único   inmueble   existente, en ese periodo en el que se celebra el contrato, que reúne las   características requeridas; es más, ni siquiera se explicitan cuáles son las   características requeridas”. Decimotercera. La ausencia de concurrencia fue una decisión lesiva para el Ayuntamiento y que sólo logró situar a la parte empresarial en una situación ventajosa. “La concurrencia sitúa en una posición de   superioridad al Ayuntamiento” (criterio expresado por el Interventor General del Ayuntamiento en su intervención el 17-10-2013). Decimocuarta. La adopción de una cláusula de blindaje por 20 años expresada en el contrato supone, una vez más, adoptar la postura más débil para el Ayuntamiento. Se trata de la peor de las opciones en un supuesto litigio, que el Ayuntamiento acepta desde el principio al incluirla en la redacción del contrato. Esta orden supone una responsabilidad política directa del Alcalde Alfonso Alonso.

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Ante todo ello, las responsabilidades que se desprenden de dichas conclusiones son las siguientes: 1. El entonces alcalde Alfonso Alonso actúo en contra del interés público, siento el último responsable de un proceso de negociación del contrato con la empresa Sbayre que no estableció las garantías para defender el interés del Ayuntamiento y llevó a cabo la firma de un contrato claramente dañino para los intereses públicos. 2. Alfonso Alonso modificó sin el aval del órgano competente, la Junta de Gobierno Local, las condiciones del contrato suscrito con la empresa Sbayre. De esta manera, incurrió en una posible desviación de poder que entendemos debería ser investigada por la Fiscalía. 3. El entonces Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Javier Maroto, actuó con irresponsabilidad, desinterés y dejación de funciones al no llevar a cabo la supervisión necesaria de un asunto de gran calado. A esto hay que añadir que a pesar de haber sido advertido en la Comisión de Hacienda del 28 de Febrero del 2007, no realizo actuación alguna para corregir esta irregularidad, por lo que entendemos que su actuación pueden desprenderse responsabilidades legales que deben ser investigados por la Fiscalía. 4. Además, el entonces Concejal Delegado de Hacienda elevó a la Junta de Gobierno una propuesta de acuerdo que, posteriormente, ha descrito como errónea y sobre la cual ha intentado evitar su responsabilidad. Esta actuación constituye una prueba de falta de celo en su función como concejal delegado, más aún tratándose de una de las decisiones de mayor calado económico, al ser un contrato que está costando más de 7.000.000€ a las arcas públicas, lo cual es una absoluta negligencia política que demuestra la incapacidad de esta persona para ostentar un cargo público. 5. Debido a que corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones (Ley 57/2003), todas las personas miembros de la Junta de Gobierno el día 7 de febrero de 2007 (Javier Maroto, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarria, Jorge Ibarrondo, Fernando Aranguiz, Marian Castellanos, Alfredo Iturricha e Idoia Garmendia) son

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responsables de falta de celo en su función de control de la actuación del órgano del que formaban parte. 6. Tanto Alfonso Alonso en su condición de Alcalde como Javier Maroto en el desempeño de las labores de Concejal Delegado de Hacienda han demostrado en la negociación y firma del contrato un relajo de su atención en el manejo de recursos públicos y han llevado a cabo un acuerdo lesivo para el interés municipal y muy beneficioso para el interés privado. 7. El señor Alonso y el señor Maroto son los últimos responsables de una decisión lesiva que ha despilfarrado más de 7.000.000 € de las arcas públicas para beneficio de la empresa Sbayre. Por todo ello, el Grupo Municipal EH Bildu Gasteiz entiende que la actuación que los Srs. Alfonso Alonso y Javier Maroto llevaron a cabo en la negociación y consolidación del contrato de San Antonio ha incurrido en responsabilidades legales. Sin embargo, la labor de esta Comisión de Investigación se ha visto limitada por la actitud obstruccionista del Partido Popular que ha cerrado filas entorno al Sr. Alfonso Alonso. Asimismo, la ausencia de colaboración de la parte empresarial, con la negativa de los Srs. Gonzalo Antón y Francisco Liberal a ayudar en el esclarecimiento de estos hechos, ha limitado la capacidad de la Comisión que, evidentemente, no cuenta con la opción de obligar a ninguna persona a colaborar con las tareas encomendadas por el Pleno Municipal. La Comisión, por tanto, no ha contado con los medios suficientes para investigar hasta el último término todo lo relacionado con este contrato. Así, el Grupo Municipal EH Bildu Gasteiz propone a la Comisión poner en manos de la Fiscalía, que es el órgano jurisdiccional con la mayor capacidad legal y material para investigar, toda la documentación disponible para que ésta pueda llevar hasta sus últimas consecuencias esta investigación que entendemos inconclusa. Asimismo, se ha demostrado que tanto el Sr. Alonso como el Sr. Maroto son personas que han actuado con negligencia absoluta en el desempeño de sus responsabilidades institucionales. Se puede concluir que se trata de dos personas incapacitadas para el desempeño de la gestión pública. Entendemos que tanto el Sr. Alfonso Alonso como el Sr. Javier Maroto son los responsables últimos de la actitud obstruccionista manifestada por el Partido Popular para con esta Comisión de Investigación. Este oscurantismo ha pretendido boicotear el esclarecimiento de los hechos; por ello, su actitud deja aún más en evidencia las responsabilidades políticas de ambos

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líderes populares. Por todo ello, el Grupo Municipal EH Bildu Gasteiz propone a la Comisión concluir que tanto Alfonso Alonso como Javier Maroto son personas con una clara incapacitación para desempeñar responsabilidades institucionales y exige la dimisión inmediata e irrevocable de sus cargos institucionales. Vitoria-Gasteiz, marzo de 2014

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2014 03 San Antonioko ikerketa batzordearen ondorioak