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SUPLEMENTO DE ANÁLISIS LEGAL DEL DIARIO OFICIAL

jurídica Año 4 • Martes 12 de febrero de 2008 • N° 185

Directora (e): Delfina Becerra González Subdirector: Jorge Sandoval Córdova Editor: Francisco José del Solar Coeditora: María Ávalos Cisneros Diseño: César Fernández F. / Daniel Zavala A. Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de los autores. Sugerencias y comentarios: fdelsolar@editoraperu.com.pe

Crónica del primer

pleno casatorio 4y5

Cosa juzgada y estabilidad de las resoluciones cautelares / Iniciando el año 196 de la justicia de paz en el Perú La criminalística como carrera profesional /

NELSON RAMÍREZ JIMÉNEZ

2 y 3 JUAN MONROY PALACIOS

/ 6 J. MARÍA ELENA GUERRA CERRÓN

7 JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE Efectos negativos de no adecuarse a la Ley del Silencio Administrativo / 8 PEDRO ALBERTO TOLEDO CHÁVEZ


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Suplemento de anĂĄlisis legal

jurĂ­dica

QQQ AnĂĄlisis

Cosa juzgada y estabilidad de las resoluciones cautelares JUAN MONROY PALACIOS Abogado por la PUCP

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ace unos meses, en el desarrollo de mi ejercicio profesional, particularmente en el contexto de un proceso que iniciĂŠ y que durarĂ­a dos o tres aĂąos, recuerdo haber visitado a una jueza para convencerla de que una medida cautelar que no es impugnada en el plazo correspondiente debe declararse “consentidaâ€?, es decir, que sobre aquĂŠlla no caben mayores impugnaciones ni observaciones, a menos que se alegue, naturalmente, la alteraciĂłn de las circunstancias (rebus sic stantibus). CONSENTIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR Esta declaraciĂłn de consentimiento era muy importante para mi cliente, pues el derecho reclamado sobre el cual se sostenĂ­a su demanda corrĂ­a el riesgo de sufrir un daĂąo irreparable, mientras el SURFHVRSULQFLSDOOOHJDEDDVXĂ€Q(QRWUDVSDODbras, tal como se desprende de cualquier manual elemental sobre derecho procesal, la medida cautelar que habĂ­amos obtenido aseguraba que, durante la pendencia del litigio, el derecho todavĂ­a fuera realizable, en caso llegĂĄramos a conseguir XQDVHQWHQFLDIDYRUDEOHHQODLQVWDQFLDGHĂ€QLWLYD La particularidad que motiva este anĂĄlisis se produjo cuando, durante la entrevista con la jueza, ĂŠsta me seĂąalĂł que “resultaba imposible o, mĂĄs bien, antijurĂ­dico, expedir una resoluciĂłn de consentimiento de la medida cautelar otorgada, toda vez que las resoluciones cautelares, en general, no son pasibles de adquirir la autoridad de la cosa juzgadaâ€?. La conversaciĂłn y, sobre todo, el escrito motivando mi pedido de consentimiento tuvieron un feliz desenlace; sin embargo, la experiencia me sirviĂł para advertir que una buena cantidad de jueces sigue considerando que una medida cautelar, por ser provisional, no puede ser declarada consentida y que, por tanto, siempre es posible volver a discutir sobre aquĂŠlla. ARGUMENTOS Con ellos intentarĂŠ demostrar que la concepciĂłn

Piero Calamandrei, autor de IntroducciĂłn sistemĂĄtica al estudio de las providencias cautelares (traducida por Couture en 1945), ODREUDPiVLQĂ X\HQWH sobre medidas cautelares escrita en lengua latina.

\DĂ€UPDFLyQGHDOJXQRVMXHFHVQRVyORVRQWHyricamente erradas, sino contrarias a nuestro ordenamiento: a) Una de las caracterĂ­sticas esenciales de la medida cautelar es su provisionalidad. Sobre esto existe consenso absoluto en la doctrina. Este rasgo permite entender no sĂłlo que la tutela cautelar se encuentra al servicio de las tutelas de conocimiento y ejecutiva, es decir, que, a diferencia de ĂŠstas, QR HV DXWRVXĂ€FLHQWH SDUD RWRUJDU WXWHOD MXULVGLFcional satisfactiva, sino que evita considerar que, a travĂŠs de la medida cautelar, la parte favorecida REWHQJDXQSURQXQFLDPLHQWRGHĂ€QLWLYR OpDVHFRQ autoridad de cosa juzgada) sobre el derecho reclamado. Ergo, parte esencial del razonamiento ex-

puesto por la jueza es correcto: al ser provisional, una medida cautelar no tiene aptitud para adquirir la autoridad de la cosa juzgada. b) Sin embargo, el hecho de que una medida cautelar no llegue a la inmutabilidad absoluta, no excluye que alcance algĂşn grado de estabilidad. De hecho, todo los procesos judiciales que regula nuestro CĂłdigo Procesal Civil se hallan gobernados por el principio de preclusiĂłn, es decir, por un criterio fundamental de sistematizaciĂłn de las causas, por medio del cual, una vez que una cuestiĂłn, cualquiera que ĂŠsta sea (postulatoria, probatoria...), UHVXOWHGHĂ€QLWLYDPHQWHUHVXHOWD SRUTXHVHDJRWyHO plazo, las oportunidades o las impugnaciones para seguirla discutiendo), no es posible volver sobre


jurĂ­dica

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Salvatore Satta (1902-1975), el Ăşltimo de los grandes procesalistas italianos del siglo XX.

Al ser así la relación entre provisionalidad y cosa juzgada, por un lado, y entre cuestión y rÊgimen de las preclusiones, por el otro, ¿existe acaso alguna razón para que en sede cautelar –en función de la cual se desarrolla un subprocedimiento, es decir, una cuestión o incidente típico– la situación sea distinta? Sin duda que no. aquÊlla, bajo pena de prolongar ad Ìternum los pleitos judiciales. Todas las cuestiones que suelen producirse DORODUJRGHXQSURFHVRUDWLÀFDQHVWDVLWXDFLyQ Así, por ejemplo, si no se apeló a tiempo la resolución que desestimaba una excepción o si, por FLWDURWURFDVRHQVHJXQGRJUDGRVHFRQÀUPyXQD resolución de instancia que rechazaba un medio probatorio, no existiendo otros grados, remedios ni oportunidades para continuar la discusión, es claro y por todos aceptado que las discusiones de Êste y aquÊl tema ya precluyeron, ya se encuentran cerradas, permitiendo que el proceso continúe su marcha. c) Al ser así la relación entre provisionalidad y cosa juzgada, por un lado, y entre cuestión y rÊgimen de las preclusiones, por el otro, ¿existe acaso alguna razón para que en sede cautelar –en función de la cual se desarrolla un subprocedimiento, es decir, una cuestión o incidente típico– la situación sea distinta? Sin duda que no. La provisionalidad, ya lo vimos, sirve, entre

otras cosas, para negar la posibilidad de que haya VDWLVIDFFLyQGHFODUDFLyQGHĂ€QLWLYDGHXQGHUHFKR y, a la postre, cosa juzgada en sede cautelar, no para cerrar las puertas a la preclusiĂłn. Toda resoluciĂłn FDXWHODUTXHHQSULPHURVHJXQGRJUDGRSRQHĂ€Q a un procedimiento cautelar, sea concediendo o denegando la medida, precluye la posibilidad de iniciar una discusiĂłn similar. Consecuentemente, en el particular supuesto de que una resoluciĂłn cautelar de primer grado no sea impugnada dentro del plazo, debe ser declarada “consentidaâ€? y, por tanto, concluida la discusiĂłn sobre la concesiĂłn o no de la medida. Lo contrario, es decir, la discuVLyQVLQĂ€QHQXQDPDWHULDWDQGHOLFDGDFRPROD cautelar, serĂ­a sin duda esquizofrĂŠnico. d) ÂżQuĂŠ hay de la clĂĄusula rebus sic stantibus?, ÂżAcaso ĂŠsta no obsta la posibilidad de que haya preclusiĂłn en sede cautelar? De ninguna manera. Veamos. CLĂ USULA REBUS SIC STANTIBUS Es aplicable con distintos propĂłsitos en sede ma-

terial y procesal. Consiste en la alteraciĂłn de las circunstancias fĂĄcticas bajo las cuales se estatuyĂł una situaciĂłn jurĂ­dica. En el ĂĄmbito cautelar, ĂŠsta faculta a la parte afectada con una medida cautelar a reproponer la discusiĂłn sobre la idoneidad de aquĂŠlla, alegando la ausencia de alguno de los presupuestos bajo los cuales fue concedida, precisamente como producto de la “alteraciĂłn de las circunstanciasâ€?. O, por su lado, permite que la parte que originalmente vio rechazada su medida cautelar la reproponga alegando que una determinada “alteraciĂłn de las circunstanciasâ€? ha eliminado el impedimento por el cual se denegĂł inicialmente la medida. NĂłtese que tanto en uno como en otro supuesto la aplicaciĂłn de la clĂĄusula denota que el juez tiene en sus manos una situaciĂłn material distinta a la originalmente UHVXHOWD(VWRVLJQLĂ€FDTXHODGHFLVLyQFDXWHODU que estatuyĂł jurĂ­dicamente la situaciĂłn pretĂŠrita SHUPDQHFH Ă€UPH \ FRPR SURGXFWR VLHPSUH GH OD HĂ€FDFLD SUHFOXVLYD QR SXHGH VHU OHJDOPHQWH alterada. La peculiaridad, si cabe la expresiĂłn, que provoca la correcta alegaciĂłn de la clĂĄusula se FRQĂ€JXUD ex post y es que ahora, con la (digĂĄmoslo por Ăşltima vez) “alteraciĂłn de las circunstanciasâ€?, asistimos a una nueva y distinta discusiĂłn jurĂ­dica sobre una nueva fattispecie. Consecuencia natural de lo dicho, es pertinente destacarlo, es que el juez, ante la reproposiciĂłn de la cuestiĂłn, sĂłlo se encontrarĂĄ condicionado por aquello que no haya cambiado (sobre este DVSHFWRODHĂ€FDFLDSUHFOXVLYDGHOR\DUHVXHOWR VLJXHVLHQGRSOHQD TXHGDQGROLEUHGHFDOLĂ€FDU y valorar las implicancias sĂłlo de lo nuevo. No toda situaciĂłn material que es objeto de un pronunciamiento cautelar es pasible de acogerse a la clĂĄusula rebus sic stantibus e incluso siĂŠndolo, no siempre se produce una alteraciĂłn de las circunstancias durante la tramitaciĂłn del proceso. No diremos que son excepcionales, pero sĂ­ pocas las oportunidades en que aquello sucede. Lo cierto es que los niveles de estabilidad del material fĂĄctico sobre el cual se funda un litigio se evalĂşan segĂşn las particulares caracterĂ­sticas de cada caso en concreto, pero este tema, cuyas implicancias nos llevarĂ­an a analizar cuestiones relativas a la teorĂ­a del hecho jurĂ­dico, desborda por completo los alcances del presente anĂĄlisis. CONCLUSIĂ“N /DUHVROXFLyQTXHSRQHĂ€QDXQSURFHGLPLHQWRFDXtelar ostenta la misma estabilidad jurĂ­dica (rectius, ODPLVPDHĂ€FDFLDSUHFOXVLYD GHFXDOTXLHULQFLGHQWH TXHHVGHĂ€QLWLYDPHQWHUHVXHOWRDORODUJRGHOSURFHso. El hecho de que a travĂŠs de la discusiĂłn cautelar no se alcance la autoridad de la cosa juzgada no obsta para que, en caso la resoluciĂłn cautelar (sea cual fuere su contenido) expedida en primer grado no sea impugnada oportunamente, pueda declararse su consentimiento. X


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jurĂ­dica

QQQ Crónica NÉLSON RAM�REZ JIMÉNEZ Jurista

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Abogados asistentes al pleno casatorio. Vocales supremos en el pleno casatorio.

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l martes 18 de diciembre de 2007 se llevó a cabo la audiencia pública convocada para la celebración del Primer Pleno Casatorio que registra la historia de la Justicia Nacional. Mås allå del privilegio que supone haber estado presente en tan importante acto jurisdiccional, hay varios aspectos que quiero compartir a travÊs GHHVWHDUWtFXOR$OÀQDOH[SRQGUpXQFRPHQWDULR personal. 1. La presencia de todos los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República para discutir un caso justiciable espeFtÀFRHVXQKHFKRWUDVFHQGHQWHPiVD~QVLFRQ ello se cumple la ley, concretamente, el art. 400 del C.P.C. Todos los vocales supremos presentes siguieron atentos el informe de los abogados defensores, con participación activa de varios de ellos en la discusión posterior al informe oral. Preguntaron los doctores Tåvara Córdova, Ticona Postigo, Våsquez Vejarano, Villa Stein, Rodríguez Mendoza, Salas Gamboa, Sånchez Palacios, Lecaros Cornejo. Este solo hecho es indicativo de que el Pleno Casatorio no fue una mera puesta en escena. Hubo debate intenso, serio, cuestionador. Lamentablemente, la parte demandante no estuvo representada por sus abogados; digo esto porque quedó claro que podrían haber aportado mucho, por la naturaleza de las cuestiones debatidas. 2. La audiencia duró casi dos horas. El tiempo mayor fue el que comprendió la etapa de preguntas de los vocales mencionados y la consiguiente respuesta de los abogados. Hubo un autÊntico debate de las posiciones jurídicas contradictorias que dieron base al Pleno, siendo evidente la posición que los diferentes magistrados intervinientes tenían al respecto. 3. Es necesario referirse a los hechos que sustentan el proceso para comprender mejor la situación: a. Hace algunos aùos se produjo un derrame de mercurio mientras se realizaba su transporte de las minas de Yanacocha (Cajamarca) a Lima. Dicho derrame afectó a varias poblaciones en la ruta altoandina, habiÊndose visto afectados PXFKRVGHVXVSREODGRUHVGDGDODDOWDWR[LFLdad del mercurio. Yanacocha celebró transacciones con los diferentes afectados para zanjar el tema indemnizatorio. Una de dichas transacciones la realizó con una madre de familia,

Primer pleno

casatorio

quien actuĂł en nombre e interĂŠs propio y en el de sus tres menores hijos. Posteriormente, la madre, desconociendo la transacciĂłn, inicia el proceso judicial peticionando el resarcimiento del mismo daĂąo sufrido por ella y por sus hijos. En el proceso iniciado, Yanacocha deduce ODH[FHSFLyQGH7UDQVDFFLyQDPSDUiQGRVHHQ HODUWGHO&3&H[FHSFLyQTXHVHGHFODrĂł fundada en parte en primera instancia (respecto de los hijos mĂĄs no de la madre) y en su totalidad en segunda instancia. b. Este proceso judicial repetĂ­a lo sucedido en otros procesos similares iniciados por diferentes pobladores que igualmente habĂ­an celebrado transacciones con Yanacocha. Desconociendo los efectos de la transacciĂłn, posteriormente iniciaban demandas peticionando WXWHODDODMXULVGLFFLyQ/RVGLYHUVRVH[SHGLHQtes tramitados individualmente por cada uno de los afectados fueron de conocimiento, en CasaciĂłn, tanto de la Sala Civil Permanente como de la Transitoria, indistintamente, lo que originĂł que se hayan emitido sentencias contradictorias que dieron origen al Pleno Casatorio. F8QD6DODQRDFRJtDODH[FHSFLyQSURSXHVWDDUgumentando que el art. 453 del C.P.C. hace referencia a que la transacciĂłn es fundada si se inicia un proceso idĂŠntico a otro que terminĂł por transacciĂłn, lo que no habĂ­a sucedido en este caso, ya que las transacciones se celebraron antes del proceso judicial y, por ende, no se daban los requisitos que el referido nuPHUDOLQGLFD/DRWUD6DODDFRJtDODH[FHSFLyQ seĂąalando que el art. 1302 del C.C. establece que por la transacciĂłn las partes deciden sobre algĂşn asunto dudoso o litigioso, evitando el SOHLWRTXHSRGUtDSURPRYHUVHRĂ€QDOL]DQGRHO que estĂĄ iniciado, teniendo valor de cosa juzgada y que, por consiguiente, la transacciĂłn previa al proceso impide que se demande en base a los mismos hechos.

d. Como es de suponer, los abogados de Yanacocha incidieron en que la segunda posiciĂłn es la correcta. 4. Debo agregar que durante el debate del caso se conocieron dos hechos importantes que ameritan ser puntualizados. A saber: (i) que no fue una sola transacciĂłn celebrada entre las partes, sino dos transacciones, siendo la segunda por un monto mayor que la primera. (ii) Que siendo menores de edad tres de los afectados, ĂŠstos fueron representados por su madre por lo que de conformidad con HODUWGHO&&HUDH[LJLEOHODDSUREDFLyQ judicial, la que debe ser previa a la transacciĂłn, segĂşn disponen concordadamente los arts. 447 y 448 del C.C.; sin embargo, en este caso, la aprobaciĂłn del juez fue posterior a la misma. 5. El debate se generĂł en torno a los siguientes temas jurĂ­dicos: D(ODUWGHO&3&VyORVHUHĂ€HUHDODWUDQVDFFLyQMXGLFLDO\QRDODH[WUDMXGLFLDO\SRUHQGH ante el defecto legal o vacĂ­o que ello supone, debe integrarse con el derecho material (CĂłdigo Civil), pues la norma procesal no prohĂ­be la celebraciĂłn de transacciones fuera del proceso ni deroga el art. 1302 del C.C. b. La autonomĂ­a privada permite celebrar contraWRV H[WLQWLYRV GH REOLJDFLRQHV FRPR OR HV OD transacciĂłn. Sin embargo, dicha autonomĂ­a no es absoluta y debe concordarse con el interĂŠs pĂşblico, las buenas costumbres y, en especial, atendiendo a la condiciĂłn de los celebrantes: de un lado una gran empresa. De otro, una modesta campesina y sus menores hijos. c. La naturaleza del daĂąo ambiental, los intereses difusos y los legitimados para pedir el resarcimiento del daĂąo. d. El contenido de la transacciĂłn, en especial, en quĂŠ consistieron las concesiones recĂ­procas y la disponibilidad de los derechos transigidos GHVGHODSHUVSHFWLYDGHOFDUiFWHUH[WUDSDWULPR-

nial de la salud. e. La naturaleza disímil de la transacción judicial GHODH[WUDMXGLFLDO\DTXHODSULPHUDH[LJHOD aprobación del juez para que termine el proceso, mientras que la segunda es un típico acto jurídico de dominio privado, sin la necesidad de la intervención de terceros para que tenga YDOLGH]RHÀFDFLD f. La incidencia de la aprobación judicial para la validez de la transacción en que participan menores representados por sus padres. g. La conducta social de la empresa demandada al no utilizar envases adecuados para el transporte del mercurio y su actitud con posterioridad al derrame producido. h. El impacto social que se generaría si las tranVDFFLRQHVH[WUDMXGLFLDOHVQRVHUHVSHWDQEDMR la premisa de que sólo las transacciones que se celebran dentro del proceso judicial tienen valor de cosa juzgada. i. El paralelismo de la conciliación y la transacción y sus efectos sobre el proceso que se pretenda iniciar para discutir los mismos hechos conciliados o transigidos. 6. De lo que hasta aquí tengo dicho, queda claro que la audiencia fue interesante, intensa y multi temåtica. Esto último es lo que origina mi comentario personal: el objeto del Pleno Casatorio. OBJETO DEL PLENO CASATORIO La tÊlesis de este pleno es uniformar criterios soEUHXQWHPDMXUtGLFRHVSHFtÀFR En este caso, concretamente, si la transacción H[WUDMXGLFLDO SXHGH VHU VXVWHQWR GH OD H[FHSFLyQ procesal respectiva, es decir, que impida que se inicie un nuevo proceso sobre los mismos hechos WUDQVLJLGRV 3RU HQGH HQFDMD FRQ HVD ÀQDOLGDG ORVWHPDVGLVFXWLGRVDTXHVHUHÀHUHQODVJORVDV contenidas en el punto (5), acåpites (i), (v), (vi) y (viii) anterior. /RV GHPiV WHPDV GLVFXWLGRV VRQ H[WUDxRV DO objeto central (mås allå de que sus proponentes GHPXHVWUHQ ÀEUD VRFLDO SRU ODV SUHRFXSDFLRQHV planteadas). Sin duda, pues, ello tiene otro cauce para ser analizado y controlado, sea en un proceso de nulidad de acto jurídico o de invalidez o inHÀFDFLD,QFOXVRSURSLFLDQGRODUHYLVLyQGHODOH\ material, en este caso, del art. 1455 del C.C., que establece la improcedencia de la demanda por lesión en los casos de Transacción. Todo indica que las prestaciones y concesiones recíprocas que dieron contenido a la transacción celebrada no fueron justas, ni menos se trató de un intercambio equilibrado. La justicia conmutativa estuvo ausente. Sin embargo, ese problema social y Êtico no puede solucionarse a travÊs de la H[FHSFLyQSURFHVDOHQFXHVWLyQ El resultado que se obtenga despuÊs del debate nos dirå si se logró el objeto del Pleno Casatorio. Es de desear, por el bien de la justicia, que así sea. X


6 โ€ข 0DUWHVGHIHEUHURGH

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jurรญdica

QQQ Enfoque

Iniciando el aรฑo 196 de la justicia de paz en el Perรบ J. MARรA ELENA GUERRA CERRร“N Abogada por la PUPC. Doctora en Derecho y Ciencia Polรญtica por la UNMSM. Profesora de Derecho Procesal. Fiscal Superior Civil.

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n la apertura del aรฑo judicial 2008, el presidente del Poder Judicial, Francisco 7iYDUD&yUGRYDVHUHร€ULyDODSURPRFLyQ \IRUWDOHFLPLHQWRGHODMXVWLFLDGHSD]DVtFRPRD ORVPHGLRVDOWHUQDWLYRVGHUHVROXFLyQGHFRQรLFWRV -MARC.

JUSTICIA DE PAZ 3DUDODMXVWLFLDGHSD] -3 VHKDQUHDOL]DGRXQDVHULHGHDFFLRQHVFRPRFUHDFLyQGHPiVMX]JDGRVOD aprobaciรณn de un Plan Nacional de Capacitaciรณn \)RUPDFLyQ&RQWLQXDSDUDHOSHUtRGR HQWUHJDGHPRELOLDULRFRQVXOWRUtDGHGLDJQyVWLFR VREUHFRPSHWHQFLDVDFWXDOHVGHORVMXHFHVGHSD] OHWUDGRV\MXHFHVGHSD]\ODDGTXLVLFLyQGHFRPSXWDGRUDVHLPSUHVRUDVSDUDpVWRV (Q FXDQWR D ORV 0$5& VH UHFRQRFLy TXH pVWRV GHVMXGLFLDOL]DQ ODV FRQWURYHUVLDV SHUPLWHQ FUHDUXQDFXOWXUDGHSD]HQHOSDtVFRDG\XYDQGR DGLVPLQXLUODVREUHFDUJDSURFHVDO3RUHOORVHFHlebrรณ un Convenio Marco de Cooperaciรณn entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia con HOร€QGHSHUPLWLUHOIXQFLRQDPLHQWRGH&HQWURVGH Conciliaciรณn Extrajudicial en los Distritos JudiFLDOHVGHOSDtVGRQGHORV0$5&FRQVWLWX\HQXQD SULRULGDGGHODDFWXDOJHVWLyQMXGLFLDOEXVFDQGR DVtFRQWULEXLUFRQHODFFHVRDODMXVWLFLD SUGERENCIAS A partir de esta parte del discurso y de cara al forWDOHFLPLHQWR GH OD MXVWLFLD GH SD] LQVWDQFLD TXH UHรHMDPiVQXHVWUDLGHQWLGDGQDFLRQDOHQFXDQWRD LPSDUWLFLyQGHMXVWLFLD\VROXFLyQGHFRQรLFWRV SUHVHQWRODVVLJXLHQWHVVXJHUHQFLDV  (ODERUDUHOSUR\HFWRGHOH\GHFRRUGLQDFLyQ para el ejercicio de las facultades jurisdiccionales GH ODV DXWRULGDGHV GH FRPXQLGDGHV FDPSHVLQDV \ QDWLYDV TXH FRPSUHQGD WDPELpQ D ODV URQGDV FDPSHVLQDVDODTXHVHUHร€HUHHODUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOยžSDUDGHHVDIRUPDHYLWDUFRQIXVLyQ en las atribuciones y duplicidad de autoridades

MXULVGLFFLRQDOHVHQiUHDVFRPXQDOHV  $VLJQDUUHFXUVRVDORVMXHFHVGHSD]SDUDOD VXEVLVWHQFLDGHVXMX]JDGRHQFRQGLFLRQHVPtQLPDVKDELGDFXHQWDTXHVXVH[KRUWRVORVDWLHQGHQ FRQVXSURSLRSHFXOLRQRREVWDQWHTXHHOGHPDQGDQWHGHMXVWLFLDSDJDXQDUDQFHO\HOORHVXQUHcurso institucional del cual no participa la justicia GHSD]  &DGD&RUWH6XSHULRUGH-XVWLFLDFRQHODSR\RGHODFLXGDGDQtDSXHGHDSUREDU7DEODVGH+RQRUDULRVUHIHUHQFLDOHVSDUDHOFREURGHKRQRUDULRV SRUODVGLOLJHQFLDVIXHUDGHOGHVSDFKR  /RVDFXHUGRVFRQFLOLDWRULRVRDUUHJORVH[WUDSURFHVRRLQWUDSURFHVRHQMXVWLFLDGHSD]GHEHQ VHU UHFRQRFLGRV FRPR WtWXORV GH HMHFXFLyQ GHELHQGRGHVSRMDUVHDOPRPHQWRGHVXFDOLร€FDFLyQ GHOIRUPDOLVPRTXHH[LJHSDUWHGHOD0DJLVWUDWXUDSDUDTXHSUHYDOH]FDHOREMHWRGHODFXHUGR\OD QDWXUDOH]DGHODMXVWLFLDGHSD]  (VWDEOHFHUXQPHFDQLVPRGHHMHFXFLyQGH ORVDFXHUGRVRDUUHJORVFRQFLOLDWRULRVLQFOXVRGH

VHQWHQFLDV\DTXHVLELHQHOMXH]GHSD]HQWHRUtDJR]DGHOcoertio o LPSHULXP, en la prรกctica no FXHQWDFRQHODX[LOLRHIHFWLYRGHODIXHU]DS~EOLFD SDUDKDFHUFXPSOLUVXVGHFLVLRQHVSHUGLHQGRFRQ HOOROHJLWLPLGDG  (QORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVHDQXQFLy ODLQWHQFLyQGHLQVWLWXFLRQDOL]DUHOยดDUELWUDMHSRSXODUยตFRPRXQDIRUPDGHGHVFRQJHVWLRQDUODFDUJD procesal e incentivar la celeridad en la resoluciรณn GHFRQรLFWRV(VSRVLEOHTXHHODGMHWLYRยดSRSXODUยต VHDSDUDVXSHUDUODLGHDTXHHODUELWUDMHVRORVLUYH HQPDWHULDFRPHUFLDORSRUTXHORVKRQRUDULRVGH los รกrbitros son altos. (O DUELWUDMH HV GH GHUHFKR R GH FRQFLHQFLD DUWtFXORยžGHOD/H\*HQHUDOGH$UELWUDMHยฒ1ยƒ  HQHOSULPHURVHUHVXHOYHFRQIRUPHD GHUHFKR\HQHOVHJXQGRVHJ~QORVFRQRFLPLHQWRV GHO iUELWUR TXH QR UHTXLHUH VHU DERJDGR VLQRVLPSOH\OODQDPHQWHFRQOHDOVDEHU\HQWHQGHU \ FRQ VHQWLGR GH HTXLGDG (QWRQFHV ยขTXp GLIHUHQFLD KD\ HQWUH XQ iUELWUR GH FRQFLHQFLD \ XQ MXH] GH SD]" &UHHPRV TXH QLQJXQD$Vt FRPRWDPSRFRODKD\FRQHOiUELWURGHGHUHFKR FXDQGRHVXQDERJDGRHOTXHHMHUFHHOFDUJRGH MXH]GHSD]$VtDXQFXDQGRQRSDUWLFLSRGHOD FUHDFLyQGHPiVร€JXUDVSDUDOHODVFUHRTXHDร€Q GH DSURYHFKDU OD H[SHULHQFLD GH OD MXVWLFLD GH SD]HOQ~PHURGHHVWRVMXHFHV\VXXELFDFLyQD HVFDODQDFLRQDO\DTXH/LPDQRHVHO3HU~VH GHEHUHFRQRFHUFRPRยดiUELWURVSRSXODUHVยตDORV MXHFHVGHSD]\HQVXRSRUWXQLGDGLQFOXLUORV GHQWURGHOSURJUDPDTXHVHGLVHxH  (OGLDJQyVWLFRGHFRPSHWHQFLDVGHORVMXHFHVGHSD]GHEHUiFRQVLGHUDUQRVRORODVQRUPDV OHJDOHVVLQRODUHVSXHVWDGHMXVWLFLDTXHFDGDMXH] GDDORVPLHPEURVGHVXFRPXQLGDG  3RU~OWLPRHVFRQYHQLHQWHTXHSDUDORVMXHFHVGHSD]HQJHQHUDOVHKDJDH[WHQVLYRXQPHFDQLVPRFRPRHOTXHEULQGDHOSULQFLSLRGHRSRUWXQLGDGHQODWUDPLWDFLyQGHIDOWDV6LVXDSOLFDFLyQ HVHQFDVRGHGHOLWRVFRQPD\RUUD]yQVHMXVWLร€FD en faltas, a partir de las cuales la posibilidad de JHVWLyQ\QHJRFLDFLyQGHOFRQรLFWRHVPD\RU6DEHPRV TXH FRPR OD FRQFLOLDFLyQ QR HVWi SHUPLWLGDHQWRQFHVDXQFXDQGRODVSDUWHVOOHJDQDXQ DFXHUGRHQTXHWDOYH]HVVXร€FLHQWHXQDGLVFXOSD VHSRQHร€QDOSURFHVRDWUDYpVGHXQGHVLVWLPLHQWR DUWtFXORยžGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWRV3HQDOHV FXDQGRHOYHUGDGHURRULJHQGHODVROXFLyQ KDVLGRODFRQFLOLDFLyQX


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QQQ Propuesta

La criminalĂ­stica como carrera profesional JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE Abogado por la UC de Sta. MarĂ­a de Arequipa. MagĂ­ster y doctor en Derecho

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a criminalística es la ciencia forense que estudia el delito como conducta humana y social, investiga las causas de la delincuencia, de la prevención del delito y del tratamiento del delincuente. Realizando tales actividades a nivel de la administración de la justicia, el campo penitenciario y la prevención del delito. /DFULPLQDOtVWLFDWXYRVXDSDULFLyQFXDVLFLHQWtÀFDHQ&KLQD LGHQWLÀFDFLyQGHORVSXOSHMRVGDFtilares en pinturas rupestres de porcelana). Sin emEDUJRLQLFLyVXHWDSDFLHQWtÀFDSURSLDPHQWHGLFKDHQ Francia (1823- estudio sobre la disología y el órgano cutåneo) y, posteriormente, en la India (1893- estudio HQLGHQWLÀFDFLyQHLPSUHVLyQGDFWLODU  EN EL PERÚ En el Estado peruano la criminalística (a pesar de su naturaleza de ciencia auxiliar y autónoma) se desenvuelve a nivel de la institución policial (División de Criminalística de la Policía Nacional del Perú-PNP), båsicamente en el rango de tÊcnico o perito. Sin HPEDUJRVXIXQFLyQFLHQWtÀFDGHULJXURVRHVWXGLR e investigación, cobra cada vez mås relevancia, importancia y trascendencia. La criminalística en el Perú sólo es estudiada como asignatura (y no como carrera profesional) escasamente en el nivel de pregrado o facultades de derecho. Así tambiÊn, ocurre lo propio, en el nivel de maestría (en derecho penal, por ejemplo), a excepción de la maestría en criminalística. Es decir, se le impone un encamisetamiento curricular (de estudio, LQYHVWLJDFLyQ\DQiOLVLV \FLHQWtÀFR2OYLGDQGRTXH la naturaleza de los estudios de la criminalística es LGHQWLÀFDWRULDFXDOLWDWLYDFXDQWLWDWLYD\FRPSDUDWLva. Todo ello sin dejar de lado la estricta observancia PHWRGROyJLFDWHFQROyJLFD\FLHQWtÀFD PROFESIÓN Se debe considerar lo limitado del ejercicio actual de los expertos o tÊcnicos en criminalística, ya que consideramos sería mås acertado autorizar su ejercicio, pero a nivel profesional. Esto es, luego de haber estudiado la carrera universitaria de criminalistica y obtenido un título profesional de la misma.

La criminalĂ­stica en el PerĂş sĂłlo es estudiada como asignatura (y no como carrera profesional) escasamente en el nivel de pregrado o facultades de derecho.

/DSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQVHMXVWLÀFD  (QODQDWXUDOH]DPLVPD FLHQWtÀFDDXWyQRPD amplia, profunda y profesional) que presenta la criminalística. Dado en evidencia al inadecuado ejercicio de la misma en el Perú, sin contar con un título SURIHVLRQDOUHVSHFWLYRTXHDXWRULFHWDOÀQ 2) En la imperiosa y urgente necesidad de mejorar el sistema jurisdiccional penal peruano en HOWHPDHVSHFLÀFRGHOD´SRWHQFLDOL]DFLyQ\GHVDrrollo del anålisis, investigación, descubrimiento \YHULÀFDFLyQFLHQWtÀFDGHOSUHVXQWRGHOLWR\GHO presunto delincuente�. Ello no es otra cosa que el mejoramiento de la importantísima tarea de preservar el escenario de un delito para obtener y procesar debidamente la información que Êsta nos proporciona para poder conocer los hechos y presentar pruebas respecto a su ejecución, desarrollo y consumación. PROPUESTA Cabe seùalar, sin embargo, que la presente propuesta LPSOLFDLQVRVOD\DEOHPHQWH a) Analizar el plan curricular de las asignaturas de criminalística de las facultades de derecho. b) De las asignaturas de criminalística de los centros de estudios de la PNP. F 'HODVDVLJQDWXUDVGHFULPLQDOtVWLFD\DÀQHVGH la maestría en criminalística. d) De las asignaturas de criminalística de las maestrías en derecho penal. H  (VWXGLDU HO DFWXDO SHUÀO GHO HJUHVDGR GH ODVPLVPDV\FRPSDUDUORFRQHOSHUÀOQHFHVDULR u óptimo.

f) Así tambiÊn, implica determinar el grado de necesidad de la profesionalización de la criminalística (lÊase, creación de facultades universitarias de criminalística) respecto al nivel de temåtica, estudios, investigación y anålisis de las universidades, institutos y centros de estudios que imparten estudios o capacitación sobre criminalística. CONCLUSIÓN La criminalística presenta una amplitud y desarrollo vertiginoso a todo nivel que no se puede desconocer o postergar, hecho por el cual consideramos que nuestro país cuenta con la insoslayable necesidad de profesionalizarla; es decir, reconocerle y otorgarle su verdadero sitial. En ese sentido, respaldamos la propuesta de que la criminalística sea estudiada como una profesión; es decir, carrera profesional con título XQLYHUVLWDULRGH´FULPLQDOLVWD¾ Finalmente, consideramos (sobre todo, en estos tiempos en los que nuestra realidad presenta un índice de criminalidad cada vez en aumento y en que el Ministerio Público y la PNP batallan para obtener sus respectivos laboratorios de criminalística), que la implantación y vigencia de la profesionalización \FLHQWLÀFLGDGGHODFULPLQDOtVWLFDUHGXQGDUiGHPDnera decisiva en el mejor estudio, anålisis, desarrollo, investigación y función de la misma. Ello, ademås, FRQWULEXLUiDSRWHQFLDOL]DUODSDUDEHQHÀFLRGHODLQYHVtigación de la escena del hecho delictuoso -es decir, en la obtención de mejores respuestas o mås exhaustivas H[SOLFDFLRQHVDODV´,QWHUURJDQWHVGH2URGHOD&ULPLQDOtVWLFD¾ FRPRVRQHO¢TXp"HO¢GyQGH"HO¢FyPR" HO¢FXDQGR"HO¢TXLpQ"\HO¢FRQTXp" X


8 • Martes 12 de febrero de 2008

Suplemento de anĂĄlisis legal

jurĂ­dica

QQQ Gobiernos locales

Efectos negativos de no adecuarse a la ley del silencio administrativo ecuadamente sus decretos de alcaldĂ­a al contener sus respectivos anexos.

PEDRO ALBERTO TOLEDO CHĂ VEZ Abogado por la UPSMP.

OTRAS MUNICIPALIDADES El resto de municipalidades en Lima no lo ha hecho, produciĂŠndose los efectos seĂąalados en la ley y en el Reglamento. Si esto ocurre en la capital de la RepĂşblica, las estadĂ­sticas de las demĂĄs municipalidades del paĂ­s deben ser mĂĄs alarmantes, por decir, lo menos. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en adecuar un TUPA a los alcances de la ley, podemos manifestar que no era una tarea fĂĄcil, pues implicaba un trabajo duro y en equipo de manera coordinada, pues se debĂ­a efectuar una labor paralela en el aspecto jurĂ­dico (elaboraciĂłn de la norma muQLFLSDOODTXHGHEtDUHĂ HMDUVHHQORVIRUPDWRV \HQ el aspecto tĂŠcnico (llenado de formatos).

E

n un artículo anterior (Jurídica de l08/07/07) nos referimos a los alcances y particularidades de la Ley del Silencio Administrativo (Nº 29060), en adelante la ley. Hoy nos toca analizar sus efectos por su entrada en YLJHQFLD(VSHFtÀFDPHQWHHQORVJRELHUQRVORFDOHV

VIGENCIA DE LA LEY N° 29060 Para ubicarnos en el contexto, la ley entraba en vigencia el 4 de enero del presente aùo. Los gobiernos locales tenían hasta un día antes de dicha fecha adecuar su TUPA a los alcances de la norma acotada. Para ello, debían realizar dos labores indispensables y concurrentes la una con la otra: ‡0RGLÀFDUVX783$HPLWLHQGRODQRUPDPXnicipal pertinente. Creemos que Êsta debía ser un decreto de alcaldía, conforme con los paråmetros establecidos en el artículo 38.5º de la LPAG (1). • Llenar los formatos de sustentación legal y tÊcnica de procedimientos administrativos contenidos en el TUPA, los que se encontraban anexados al D. S. Nº 079-2007-PCM (en adelante el Reglamento), referido a la aprobación de lineamientos para la elaboración y aprobaciones de TUPA, estableciendo ademås disposiciones para el cumplimiento de la ley (2). Entonces los gobiernos locales debían remitir a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM la norma PXQLFLSDOTXHPRGLÀFDEDHO783$\ORVIRUPDWRV que sustentaba cada uno de los procedimientos administrativos contenidos en Êl. ADECUACIÓN A LA LEY Hasta la fecha se puede comprobar que en los últimos dos meses, sólo las municipalidades de Lima Metropolitana (21/12/07), San Isidro (23/12/07), San Luis (30/12/07), Magdalena del Mar (30/12/07), Surquillo (31/12/07), San Martín de Porres (03/01/08), San Borja (04/01/08), Santa Anita (10/01/08), Comas (20/01/08) y Jesús María (20/01/08) han emitido y publicado sus normas municipales en El Peruano,

adecuåndose a la ley. De las municipalidades mencionadas, Magdalena del Mar y San Borja adecuaron su TUPA a la ley, emitiendo ordenanzas municipales. Este accionar no contraviene lo expresado, pues la LOM faculta en forma genÊrica a los gobiernos locales a modiÀFDUVXVRUGHQDQ]DVPHGLDQWHRWUDVLHPSUHTXHVH cumplan los requisitos establecidos para su validez (aprobado por el concejo municipal, que sea publicado). Al ser el TUPA aprobado por intermedio de RUGHQDQ]DVXPRGLÀFDFLyQSRUOyJLFDGHEHHIHFWXarse mediante una norma similar. Las de San Borja, San Isidro, San Martín de Porres, y Santa Anita no cumplieron con publicar en HO'LDULR2ÀFLDOORVDQH[RVTXHFRQWLHQHQORVSURFHGLPLHQWRV PRGLÀFDGRV VLWXDFLyQ TXH GHEH VXEsanarse, pues contraviene el principio de publicidad establecido en el artículo 44º de la LOM. Las de Lima Metropolitana, San Luis, Surquillo, Comas y Jesús María han cumplido con publicar ad-

[1] ArtĂ­culo 38.5Âş de la LPAG: un TUPA vigente puede ser modiďŹ cado mediante decreto de alcaldĂ­a cuando no se trate de incrementar procedimientos, derechos y requisitos. La modiďŹ caciĂłn del TUPA adecuĂĄndose a la ley, no implica ninguno de estos tres supuestos. [2] Decreto publicado el 08/09/07. [3] Ver artĂ­culo 9Âş de la ley. [4] 3er pĂĄrrafo de la SĂŠtima Disp. Trans, Compl. [5] ArtĂ­culo 9Âş de la ley concordado con el numeral 5) de la Primera Disp. Trans., Compl. y Final del Reglamento. [6] (Numeral 5) de la Primera DisposiciĂłn Disp. Trans., Compl. y Final del Reglamento.

LA NO ADECUACIÓN Implica de acuerdo con la ley y el Reglamento los siguientes efectos: • La municipalidad no aparecerå en la relación que deberå publicar la PCM de las entidades que han cumplido oportunamente con la adecuación a la ley (3). • La municipalidad no podrå exigir a ningún administrado el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el TUPA, menos aún exigir el pago de derechos administrativos, pues han quedado sin efecto de pleno derecho (4). • La entidad no podrå aplicar el silencio administrativo negativo en sus procedimientos (5). • La entidad no podrå aprobar un nuevo TUPA en tanto no se haya cumplido previamente con la adecuación a la ley (6). Lo anterior ademås del perjuicio económico que causarå a la entidad, traerå consigo la asunción de responsabilidades por parte de los principales funcionarios municipales por la omisión en el cumplimiento de sus funciones. OBLIGACIÓN Por lo mencionado, las municipalidades omisas deben adecuarse a la ley. Las consecuencias son funestas tanto para la entidad como para sus principales funcionarios. X

Primer Pleno Casatorio  

Critica del Primer pleno casatorio

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