España: Esperanza en la diversidad
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES El conjunto de fuentes consultadas, testimonios y experiencias recogidas durante la realización de este informe sugieren que las administraciones educativas españolas se enfrentan a múltiples y complejos retos a la hora de garantizar el derecho a la educación de los menores refugiados y solicitantes de asilo. Cabe destacar en primer lugar la escasa receptividad o apertura del Estado Español a la acogida de solicitantes de protección internacional y, de forma quizás aún más acusada, de menores de edad. En este sentido, un primer paso para asegurar la protección de este colectivo pasa necesariamente por corregir esta situación y asegurar unos mayores niveles de colaboración del país en la protección de refugiados y solicitantes de asilo en general. En segundo lugar, se observa cómo la ausencia de alineamientos y provisiones legales específicas sobre la protección a los menores de edad refugiados o solicitantes de asilo tiende a complicar notablemente el desarrollo e implementación de actuaciones efectivas de atención a este colectivo, así como la dotación de los recursos necesarios para ello. Si bien este elemento es en gran parte consecuencia del anteriormente descrito limitado volumen de refugiados acogidos por el Estado, sus efectos no son por ello menos perjudiciales a la hora de plantear una acogida integral. Así pues, sería necesario dotar al marco educativo español de alguna disposición específicamente dirigida a asegurar la protección e inclusión de estos menores, así como la garantía de sus derechos – especialmente el derecho a la educación. En tercer lugar, la atomización y fragmentación de las (limitadas) intervenciones existentes reclama un mayor nivel de coordinación entre los distintos sectores y niveles de gobierno implicados. Asimismo, el rol protagónico de distintas organizaciones de la sociedad civil, académicas y de base apuntan a la necesidad de una mayor atención al conocimiento experto generado por estos agentes sociales a fin de diseñar una acción debidamente informada. Finalmente, cabe notar que el contexto de restricciones presupuestarias atravesado por el Estado español, y especialmente la disminución de recursos destinados a garantizar la equidad educativa, tienden a poner en jaque las acciones orientadas a la protección de los sectores más vulnerables – entre ellos la población refugiada. En este sentido, sería conveniente recuperar y/o ampliar aquellos mecanismos redistributivos que puedan garantizar el avance hacia la equidad educativa y la inclusión de menores en situaciones de exclusión o riesgo.
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