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¿Hay inclusión educativa en la educación superior? Datos Nombre: Marcela Vera Mora Asignatura: Diseño y adaptación Curricular Profesor: Jorge Miranda Carrera: Pedagogía en educación diferencial Fecha de entrega: 20/01/2012


¿Hay inclusión educativa en la educación superior? El presente ensayo tiene como objetivo general detectar cual es el grado actual de inclusión de las personas en situación de discapacidad en el sistema de educación superior en Chile, ya que en los últimos años específicamente el 10 de febrero de 2010 se implementa la ley 20.422, con esto se deja atrás la etapa de integración y se comienza con la era de la inclusión. Pero qué es esta contingente acepción, la inclusión educativa según la ONU (2008), es promover un clima de aprendizaje, en el marco en el cual los docentes estén capacitados para poder atender las diversas expectativas y necesidades de alumnos y alumnas. Luego que se ha definido el concepto central de este ensayo, podemos analizar los aspectos educativos que abarca la ley 20.422, en ella se puede apreciar claramente que presupone medidas para la inclusión escolar en la educación de párvulos, básica y media, para estas etapas se implementan medidas de innovaciones curriculares, infraestructura y materiales de apoyo para facilitar a las personas con discapacidad el acceso a la educación, no obstante lo que sucede con la educación superior es totalmente distinto, pues no se señalan medidas consistentes para favorecer la inclusión educativa en la educación superior, si se es crítico con el párrafo dos de la ley 20.422, se pueden vislumbrar grandes falencias, en primer lugar si bien existe una reglamentación general que hace alusión a la inclusión de las personas en situación de discapacidad en la educación superior, ésta no da cuenta de un reglamento que norme los procesos de acceso, permanencia y progreso de ellas en la educación superior, por otra parte no se precisa en ningún artículo la inexistencia de normas sobre las adaptaciones curriculares significativas y no significativas que apoyen el proceso de las personas en situación de discapacidad en la educación superior. Lo que se puede apreciar en la revisión de esta ley es que sólo se estipula que las instituciones de educación superior deben poseer mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, esto quiere decir que se deben adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras, pero no se ahonda con ningún aspecto más en los artículos posteriores. Todo lo señalado repercute en la inclusión educativa y genera barreras para que las personas en situación de discapacidad puedan acceder a la educación superior, según el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad (2004) las personas que poseen algún tipo de discapacidad poseen menos años de escolarización que una persona sin discapacidad y si la discapacidad de la persona es severa esta escolarización disminuye aún más, por ende


se crea una relación inversamente proporcional, mayor grado de discapacidad, menor escolaridad. Ahora bien se analizan las estadísticas que entrega el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, se puede observar que de 2.068.071 que presentan discapacidad, sólo un el 6.7% tiene acceso a la educación superior, ya sea en un centro de formación técnica o en la universidad. Datos realmente estremecedores son los que se recogen, pues si lo comparamos con las personas que no presentan discapacidad que son 13.930.801 y las que acceden a la educación superior son aproximadamente un 15.4 %. Según Barros citado en la Nación esto sucede porque: “la infraestructura y sistema de enseñanza de la mayoría de las universidades e institutos profesionales no cuentan con las condiciones que faciliten o simplemente permitan que los discapacitados cumplan su sueño de ser profesionales”. Retomando el tema anterior, el Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe (2000-2005) señala: “Especial atención debe ser concedida al hecho de que a pesar de que la región tiene una amplia legislación a favor de las personas con discapacidad, múltiples factores limitan su cumplimiento, entre ellos pueden ser destacados: 1. la ausencia de normas detalladas y específicas, su obsolescencia o inaplicabilidad, 2. la no ratificación de convenios internacionales” (p.147). Lo que se acaba de señalar viene a sustentar lo que se menciona en el apartado anterior, pues ahí se señala que el gran problema para que las personas discapacitadas accedan a la educación universitaria es justamente la falta de una normativa que sea detallada y específica, lo que no se aprecia en la ley 20.422, pues aborda el ingreso de las personas discapacitadas al sistema educacional universitario grosso modo y deja a un lado aspectos de suma importancia ya mencionados. También es de suma importancia lo que señala el diario la tercera (2011) que a grandes rasgos plantea que sólo el 14% de las personas discapacitadas que poseen más de 24 años tienen acceso a la educación y que esto se debe a que sólo tres universidades cuentan con programas especiales para el ingreso de las personas que se encuentran en situación de discapacidad y estas universidades innovadoras son la Pontificia Universidad Católica, Universidad de Concepción y Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Este contraste es evidente, por un lado vemos alrededor de 30 casas de estudios que no se encuentran totalmente acondicionadas para recibir a personas discapacitadas y sólo tres se han preocupado para de sobremanera en emprender nuevos proyectos para dar una mejor acogida.


Para finalizar es necesario destacar que la inclusión educativa superior en el sistema Chileno, aun es una meta que se debe alcanzar, pero para esto hay que reestructurar la ley 20.422, y especificar en sus artículos cómo debe ser la infraestructura de estos centros de estudios, cuáles son las flexibilizaciones significativas que se deben ejecutar, debe existir un reglamento explícito que estipule el modo de acceso a la educación superior, que regule su permanencia y el progreso en su malla curricular, pero no sólo eso sino que se debiese legislar según la discapacidad que posea cada una de las personas en situación de discapacidad, pues una persona que posea una discapacidad de carácter auditivo necesitara de un intérprete y el individuo que posea discapacidad visual necesitará adaptación del material y así sucesivamente con otro tipo de discapacidades.


Bibliografía Cabrera, E. (26 de febrero de 2011). Sólo el 14% de los discapacitados tiene educación superior. La Tercera, pág. 32.

FONADIS. (2004). Primer estudio nacional de la discapacidad. Santiago: Gobierno de Chile.

Inclusión Educativa: El Camino del Futuro (2008). Extraído el 16 de Enero de 2012; disponible en: www.foro-latino.org/...23/pdf/.../RenatoOpertti_InclusionEduc.pdf

Ley número 20.422: ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Extraído el 15 de Enero de 2012; disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010903

S/A. (09 de Diciembre de 2011). Falta de inclusión de discapacitados en educación superior. La Nación, pág. 22.

UNESCO. (2006). Informe sobre la Educación superior en América Latina y el Caribe. Caracas: Metrópolis C.A.

Ensayo diseño  

Este ensayo aborda una temática contingente, pues señala qué sucede con la inclusión en el sistema educativo universitario y cuales son sus...

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