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#1 180MENSUAL Diciembre de 2013


EQUIPO180 Diciembre de 2013

180MENSUAL

Alejandro Cajas González Director Ejecutivo La revista “Cientochenta Mensual” nace con la intención de consolidar el trabajo que la Fundación Cientochenta y sus colaboradores publican en los medios de comunicación masiva, digitales e impresos; y en los medios propios de la fundación, como son su página web y redes sociales. Hemos organizado la revista en tres secciones, en las que se agrupa y ordena la línea de contenidos de Cientochenta. Estas secciones son “Democracia y Sociedad Civil”, “Educación”, y “Política y Economía”. En esta primera edición de la revista “Cientochenta Mensual” se incluyen siete columnas y tres infografías producidas por el equipo y los colaboradores de la fundación. Los principales énfasis en lo

referido a “Democracia y Sociedad Civil” están en la responsabilidad ciudadana – sobre todo de los jóvenes- de participar en la vida d e m o c r á t i c a , c o n fi a n d o y cuidando las instituciones, así como la de enfrentar la discusión sobre cambios constitucionales al servicio de las libertades. En cuanto a la discusión sobre “Educación”, durante el mes pasado expusimos una columna que respaldada en investigaciones argumenta sobre la injusticia de que el Estado provea educación superior g r a t u i t a u n i ve r s a l y q u e, posiblemente, este cambio aumente en vez de disminuir la desigualdad en ingresos futuros. A d e m á s, e n m e d i o d e l a discusión por el aumento en la

ponderación del “puntaje ranking” en la Admisión 2014, creamos una infografía que ayuda a entender todas las variables de dicha modificación. Finalmente en la sección “ Po l í t i c a y E c o n o m í a ” , generamos materiales de investigación y opinión respecto de los índices de desigualdad y libertad económica; el valor que tendría para el Estado el financiamiento de la Educación Superior gratuita; y un análisis del sistema estatal de reparto de pensiones y su efecto sobre las finanzas públicas.


MARIA JESÚS MILNES E. Jefa de Admin. y Finanzas. Administradora de Servicios U. Andes.

EDUARDO GONZÁLEZ B. Director de Arte. Arquitecto de la U. Finis Terrae.

JORGE GÓMEZ A. Director de Contenidos. Periodista Universidad Santo Tomás. Magíster en Ciencia Política Universidad de Chile.

PABLO VIAL B. Director de Redes. Ing. Civil Industrial UC.

NICOLÁS WARD E. Jefe de Comunicaciones. Periodista de la U. del Pacífico.

FRANCISCA OLAETA C. Comunicadora audiovisual Uniacc y magíster en guión.

SOLEDAD MORAGA. Mantención y Aseo. Dirigente Vecinal.

EQUIPO180 Diciembre de 2013

GONZALO VILLELA C. Director de Formación. Psicólogo y Magíster UAI.


180MENSUAL Diciembre de 2013


“una Constitución no es simplemente sinónimo de la “forma política del Estado”, sino que de un poder estatal limitado y al servicio de las libertades personales.”

por Valentina Verbal

Si en algo estoy de acuerdo con quienes son partidarios de una nueva Constitución (yo no me opongo a ello per se) es que se trata de un debate que no puede quedar reducido a expertos, a “constitucionalistas”, sino que debe abrirse a la ciudadanía: a las personas comunes y corrientes que conforman la sociedad. En este sentido, el concepto de Constitución no debería quedar reducido a aspectos formales, por ejemplo, a aquel conjunto de normas situadas en vértice del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque, si así fuere, en una Constitución poco importaría su contenido, quedando eclipsado por su forma. En el ejemplo, por su carácter supremo. Sin embargo, muchos de quienes critican esta concepción formalista de Constitución, al mismo tiempo, cuestionan elementos procedimentales para decir que la Carta que nos rige no

“Resulta curioso que el debate constitucional del Chile de hoy haya estado tan desprovisto de una discusión de fondo.” compone una Constitución en el fondo, sino sólo en la forma. ¿Puede decirse que una Constitución no lo es en el fondo (y sólo en la forma) tomando en cuenta únicamente elementos que no son de fondo, sino de forma? ¿Puede, por e j e m p l o , a fi r m a r s e q u e u n a Constitución es tal sólo cuando las decisiones parlamentarias dependen de un juego de suma cero, del cincuenta más uno de los votos? Incluso, si nos pasáramos al otro extremo —a la postura que considera que una Constitución es algo tan amplio como una “decisión que fija la identidad de una nación”— ¿qué es lo que hace que una norma jurídica sea constitucional y que otra no lo sea? ¿Dónde está el límite entre elementos sustantivos y accesorios, entre aquellos

que contribuyen y que no contribuyen a la construcción de la identidad nacional? Resulta curioso que el debate constitucional del Chile de hoy haya estado tan desprovisto de una discusión de fondo no sólo sobre la Constitución que se quiere (sobre el contenido de la “nueva”), sino sobre lo que ES en sí una Constitución. Porque si algo, en esencia, es una Constitución, resulta difícil pensar en una enteramente nueva, en una que surja desde la nada. Pero, más allá de lo anterior, ¿qué es lo que no puede faltar en una Constitución?, ¿qué es lo que hace que una Constitución sea algo específico y no cualquier cosa? Para responder a estas preguntas, y deformación profesional mediante (soy historiadora), un buen camino puede ser recordar lo que los constitucionalistas de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX entendieron por Constitución. A este respecto, interesante es recordar que así como ya existía la palabra liberal (asociada a la virtud de la generosidad), también existía la de constitución (con minúscula), vinculada a los estatutos inter nos de las corporaciones: entidades que representaban a parte y no a toda la sociedad, por ejemplo: estamentos, Iglesia, municipios, etc. Es decir, ya antes de que surgiera la palabra Constitución (con mayúscula), la misma palabra se asociaba con la organización, con la estructura de una

deter minada institución o grupo humano. Esto es importante aclararlo, porque también hoy, desde una visión excesivamente jurídica (o administrativa), una Constitución se reduce a la for ma política u organización fundamental de la sociedad. Bajo este concepto, nada impide que las constituciones de la ex URSS o de la actual Cuba puedan ser calificadas de esta manera. ¿Por qué no si lo que estos documentos regulan, y de manera bastante detallada, es la organización del Estado y de los distintos organismos que lo componen? Se trata, siguiendo a Karl Loweinstein, de “constituciones nominales”: que sólo organizan, pero que no limitan el ejercicio del poder. Pero volviendo a la historia —a lo que los constitucionalistas-ciudadanos de fines del XVIII y principios del XIX entendieron por Constitución—, recordemos que este concepto no significó simplemente “orden político”. Tampoco “identidad nacional”, aunque, para la elaboración de una Constitución escrita, se pensara en una Constitución histórica, asentada en las formas sociales, a veces multiseculares. Lo que buscaban los constitucionalistas de hace 200 años era limitar el poder de los Estados en favor de las personas. Ya no bastaba, como había hecho el despotismo ilustrado (por ejemplo, Carlos III de España), con aumentar la libertad de comercio. Era necesario que la libertad sea también de

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Una Constitución al servicio de las libertades Limitar y distribuir el poder del Estado


DEMOCRACIASOCIEDADCIVIL Diciembre de 2013

carácter político. Es decir, que los gobiernos y los individuos queden sometidos a las mismas leyes, que los primeros garanticen derechos fundamentales en favor de los segundos y que el poder se encuentre distribuido en distintos órganos a través de un sistema de frenos y contrapesos. De la misma manera que Estado de Derecho no es simplemente sinónimo de “orden jurídico”, sino de un mismo ordenamiento legal para gobernantes y gobernados, una Constitución no es simplemente sinónimo de la “forma política del Estado”, sino que de un poder estatal limitado y al servicio de las libertades personales. En este sentido, si de lo que se trata es reemplazar el concepto de Estado subsidiario, que actúa en ausencia y en ayuda de las personas, por uno de “Bienestar”, destinado a acrecentar el aparato estatal, restando los espacios de desarrollo personal, lo que se haría es alterar el concepto esencial de Constitución: de un poder limitado al servicio de las personas. Pues bien, si este dilema fuera cierto no estaríamos sólo frente a una discusión sobre “la Constitución que queremos” (lo que ha resultado ser bastante oscuro), sino sobre lo que pensamos es una Constitución. No ya en la forma o en el procedimiento, no ya en el orden político instaurado, sino en el fondo, en el fin buscado: en un Estado o no al servicio de sus habitantes. Este y no otro es el dilema que tuvieron los constitucionalistas de hace dos siglos. Y este y no otro sigue siendo el dilema en el Chile de hoy, aunque los actores políticos sean muy poco claros en ponerlo sobre la mesa. 180

VALENTINA VERBAL Columnista. Licenciada en Historia U. Andes y Magíster (c) en Historia Uch.

Por una política de calidad, nuestra responsabilidad de representantes y representados por Jorge Gómez Arismendi

Desde hace bastante tiempo se ha hecho habitual escuchar la apelación a que las instituciones funcionen. Sin embargo, el valor que éstas adquieren depende de la responsabilidad política con que actúan los representantes y los representados en torno a las mismas. Es decir, depende de cómo las hacen funcionar para que generen confianza, adhesión, y legitimidad. Según la V Encuesta de Participación y Jóvenes Periodismo UDP-Feedback 2013, los partidos políticos y los parlamentarios de distrito son los que menos confianza generan entre los jóvenes. Cifra preocupante pues según la Octava Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica-GFK Adimark 2013, entre las instituciones que –según los encuestados- menos contribuirían a la democracia se encuentran los partidos políticos. Quizás por eso mismo, debido a dicho suspicacia, en el mismo sondeo un 36% de los encuestados consideró como algo poco grave, no ir a votar el próximo domingo en las elecciones presidenciales.

No es raro tampoco entonces que en la Séptima Encuesta de la Juventud del INJUV, un 45,7% de los jóvenes considere que las votaciones no son factor de cambio y otro 61,4% crea que las redes sociales son mejor herramienta que el voto para dar a conocer demandas. La desconfianza en instituciones claves para cualquier sistema democrático, como son los partidos políticos y el sistema de elecciones periódicas, no surge de manera espontánea sino que es reflejo de un círculo vicioso, marcado primero, por la falta de responsabilidad de los actores políticos en cuanto a dar valor y fluidez a las instituciones democráticas. El desinterés y desconfianza en los mecanismos democráticos por parte de los ciudadanos, tienen su origen en la baja representatividad debido a falta de competencia al interior de los partidos políticos y en el sistema electoral mismo; la falta de cumplimiento una vez que los representantes son electos; la escasez de vías de expresión y control democrático desde la sociedad civil, y las asimetrías

“La desconfianza en instituciones claves para cualquier sistema democrático, como son los partidos políticos y el sistema de elecciones periódicas, no surge de manera espontánea.”


JORGE GÓMEZ ARISMENDI Director de Contenidos. Periodista Universidad Santo Tomás. Magíster en Ciencia Política Universidad de Chile.

“La captura total y permanente a manos de un solo partido o grupo – religioso o no religiosoque no permite la existencia de otros grupos y diversidades, tiene un solo nombre, dictadura.”

Pluralismo y secularización para un Chile libre En una sociedad democrática y abierta por Jorge Gómez Arismendi

Una sociedad democrática y abierta no puede prescindir ni del pluralismo político y partidario, ni tampoco de la secularización y la laicidad. La democracia, en su largo proceso de evolución se ha construido en base a dos elementos esenciales: el pluralismo político y la secularización (separación entre religión y Estado). En ese sentido, un sistema de partido único que monopoliza el espacio político y que no permite la existencia de otros partidos; y un Estado donde no hay secularización y laicidad, son dos formas antidemocráticas y son un claro atentado a la libertad de conciencia y pensamiento de las personas. En ese sentido, la democracia representativa implica y requiere no sólo un Estado secular sino que necesariamente un espacio social y político pluralista y abierto, donde diversos partidos, grupos políticos y organizaciones –de creyentes y no creyentes- interactúan en tal espacio, sin capturarlo de manera total. La captura total y permanente a manos de un solo partido o grupo – religioso o no religioso- que no permite la existencia de otros grupos y

diversidades, tiene un solo nombre, dictadura. En un orden no pluralista o uno no secularizado, no hay diversidad sino monopolio, homogeneidad. No hay democracia, sino que una casta cuya ideología o credo es la religión oficial del Estado y la sociedad. Y sabemos que en esa situación, todo aquel que se oponga a ese orden no plural y no secular, o es un hereje, o un revisionista, que debe ser enviado a campos de reeducación (o reevangelización). Ni hablar de libertad de conciencia y pensamiento. Menos de sociedad abierta y libre. En Chile, debemos seguir avanzando hacia una sociedad más abierta, plural, diversa, tolerante e inclusiva, basada en el respeto y apoyo mutuo, donde conviven y se respetan una diversidad de ideas, credos y culturas. Es importante en ese sentido, no confundir laicidad y secularización con anticlericalismo, pues éste último es otra forma de dogma intolerante, en el cual se basan muchos unipartidismos contrarios al pluralismo y la democracia. 180

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de información y falta de transparencia en relación a los temas de interés público. El círculo vicioso entonces, que comienza con la irresponsabilidad de los representantes en relación a las instituciones democráticas (con las llamadas malas prácticas) se cierra con la creciente irresponsabilidad y desafección política de los ciudadanos, ya sea inhibiéndose de ejercer el voto o eligiendo cualquier opción, optando por el ostracismo, o peor aún optando por formas de acción no políticas sino violentas. En ese contexto, las instituciones democráticas tienen el riesgo no sólo de verse imposibilitadas de lograr canalizar nuevos temas e i n teres es, s i n o d e d eter i o r a r s e profundamente, abriendo paso al caudillismo, la demagogia y el populismo. En estos tiempos, son los jóvenes los llamados a cambiar aquello, no desdeñando de las instituciones democráticas –que siempre son perfectibles- ni llamando a patear el tablero, sino que ejerciendo de manera responsable sus derechos y libertades políticas en diversos ámbitos, disputando de manera democrática los espacios, con diálogo, propiciando con ello una mayor democratización en y desde la sociedad civil, siendo además agentes activos en relación al control del desempeño de los representantes en el poder político. Ahí radica nuestra mayor responsabilidad con el futuro. 180


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INFOGRAFIAS ¿En qué piensan los jóvenes? Cuando se habla de política por Eduardo González y Jorge Gómez

Saber en qué están pensando los jóvenes chilenos sobre política es muy importante para entenderlos en relación a las instituciones y la democracia. Cientochenta revisó diversas encuestas sobre jóvenes de los últimos años. Los resultados son muy interesantes. ¿Qué pasaría si en Chile sólo tuvieran derecho a voto los habitantes de la Región Metropolitana solamente? ¿Podríamos decir que representan la voz del pueblo? Te invitamos a reflexionar con las siguientes infografias. 180


por Eduardo González y Jorge Gómez

DEMOCRACIASOCIEDADCIVIL Diciembre de 2013

Eso de “la voz” del pueblo ¡Se están tomando decisiones por ti!


EDUCACIÓN Diciembre de 2013

“apenas uno de cada dos egresados de la educación media logra ingresar a una institución de educación superior.”

Matías Caamaño

Rodrigo Guajardo

Colaborador Fundación Cientochenta

Director Fundación Cientochenta

Educación Superior: Un derecho rentable La gratuidad, ¿Una medida justa? por Matías Caamaño y Rodrigo Guajardo

En general la argumentación en contra de la educación superior gratuita para todos se sustenta en dos ideas: primero que no es moralmente aceptable que el Estado financie la universidad a los hijos de las familias con mayor ingreso del país y, segundo, que ante la escasez de recursos, es más rentable invertir fondos en la educación preescolar en desmedro de la universitaria. Un tercer argumento, poco desarrollado y no menos importante, se funda en la injusticia en la cual el Estado podría incurrir al financiar la educación superior de aquellos estudiantes que lograron ingresar al sistema universitario y que en el futuro pertenecerán (si es que no son parte ya) al estrato socioeconómico más rico del país. En Chile la cobertura de la educación terciaria alcanza el 45% de las personas entre 18 y 24 años – 27,2% para los estudiantes del decil más pobre y un 90,9% para el decil más rico-, situación muy similar a países de la OCDE como Alemania (46%), Japón (52%) y España (53%). En otras palabras, apenas uno de cada dos egresados de la educación media logra ingresar a una institución de educación superior. Esto traerá consigo una enorme diferencia entre los ingresos futuros de los estudiantes que tuvieron acceso al sistema universitario y los que se quedaron en el camino. En ese sentido, vale la pena analizar las diferencias de salario que hoy existen entre titulados y no titulados en sus distintas etapas etarias: con 25 años, los estudiantes que ingresaron a la universidad o a un instituto profesional ganan $615.189 y $324.918 respectivamente, mientras que los ingresos de quienes no lo hicieron alcanzan los  $218.000. Del mismo modo, las personas que hoy día tienen 40 años y que cuentan con estudios universitarios o técnicos

ganan $918.614 y $470.420 respectivamente, mientras que las personas sin acceso a la educación terciaria reportan un salario de $245.239 con la misma edad. Más aún, el título profesional repercute radicalmente en las oportunidades de empleo: mientras para los universitarios y técnicos la tasa de desempleo alcanza un 4.0% y un 5.2% respectivamente, para los no titulados es de un 7.6%. Si bien es cierto que en algunas carreras los ingresos futuros no cubren el alto costo de sus aranceles, no es ni justo ni óptimo que el Estado provea educación gratuita para aquellos estudiantes que sí tuvieron acceso a carreras que ofrecen mayores oportunidades laborales. La solución a dicho problema debería apuntar hacia dos frentes. En primer lugar, se debería fortalecer el sistema de préstamos blandos con pago contingente al ingreso y con fecha de “expiración”, tal que permita pagar lo justo en función del  ingreso futuro y no en el presente. En segundo lugar, y con carácter de urgencia, el Estado debería proveer mayor información a la población, o en su defecto cerrar aquellas universidades o institutos que no den garantías de entregar una educación de calidad mediante un aumento en los estándares de acreditación y de eficiencia en la fiscalización. A fin de cuentas, que el Estado provea educación superior gratuita para todos no sólo sería injusto para la mitad de la población chilena, sino además, podría convertirse en la primera política pública que apunte directamente a aumentar la desigualdad en la distribución de ingresos futuros en nuestro país. 180


El ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué? de la medida por Eduardo González y Jorge Gómez

El Ranking de notas fue una medida que generó posturas a favor y en contra. Pero también mucha incertidumbre y polémica entre los estudiantes que se aprontaban a rendir la PSU. Entender en qué consistía el cambio, cuáles eran las diferencias con el proceso anterior, o cuáles eran los pros y contra se hacía necesario. Cientochenta lo explicó de manera amigable. 180

EDUCACIÓN Diciembre de 2013

Ranking de Notas:


POLÍTICAYECONOMÍA Diciembre de 2013

Desarrollo, desigualdad y libertad económica por Francisco Garrido

Durante la última década, lo que hoy conocemos como “el modelo de desarrollo” chileno ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de distintos sectores académicos, sociales y políticos, por considerarlo un factor de subdesarrollo, desigualdad, segregación, e incluso pobreza. Esta situación ha motivado el surgimiento de diversas candidaturas presidenciales que proponen dar borrón y cuenta nueva a la institucionalidad económica. Sin embargo, y sin desconocer que hay áreas específicas que requieren ser abordadas con mayor profundidad -como la educación, la salud o el régimen tributario–esto parece desconocer o no considerar los progresos sin precedentes ligados a la misma. La experiencia chilena en cuanto a crecimiento económico es reveladora. En 1810 el PIB per cápita de Chile (principal indicador del desarrollo económico de un país), era del orden de los 628 dólares, similar al nivel que actualmente tienen las economías africanas más pobres. Los siguientes 165 años se caracterizaron por una economía fuertemente regulada, un activo intervencionismo estatal, y un crecimiento del PIB de apenas un 1,2 % anual. A este ritmo le tomaba a Chile 56 años duplicar su ingreso. Después de 1975 el panorama económico cambió, debido a las reformas liberalizadoras adoptadas en la economía, que incluían liberalización de precios, rebajas arancelarias, apertura al comercio inter nacional, fortalecimiento de los derechos de propiedad, libre

“Estudios recientes realizados con análisis de cohortes revelan que esta tendencia a la baja en la desigualdad, lejos de estancarse o revertirse, a mayor abundancia, debiese verse reforzada en el futuro próximo.”

“No existe consenso entre los economistas respecto de si más libertad económica produce o no mayor desigualdad.”

m ov i l i d a d d e c a p i t a l e s , y l i b e r t a d d e emprendimiento. El resultado fue un desarrollo económico de tal magnitud que nuestro caso llegó a ser conocido como “el milagro chileno”. Entre 1975 y 2012 el PIB por persona creció a una tasa promedio del orden del 3,4 % anual. A este ritmo el ingreso del país se duplica cada 20 años, no 56 como antes, y pasó de 4.688 a casi 16.110 dólares anuales, catapultando a Chile fuera del grupo de países de ingresos bajos, y hacia el umbral del desarrollo. Una crítica recurrente al modelo de desarrollo basado en la libertad económica es que éste no sería inclusivo, sino que beneficiaría a una élite en particular en desmedro de la población general, la que se vería sistemáticamente rezagada. De este modo, sigue la crítica, da lo mismo si la economía crece, ya que poco o nada de ese crecimiento le llegaría a un número importantes de personas. Sin embargo, como puede verificarse en la Encuesta CASEN, durante el período entre 1990 y 2011 mejoraron prácticamente todos los indicadores sociales: subió la escolaridad, creció la participación laboral femenina y floreció una clase


FRANCISCO GARRIDO Colaborador Fundación Cientochenta Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile

POLÍTICAYECONOMÍA Diciembre de 2013

media antes inexistente. Pero el logro más importante en materia social, y que prueba que el desarrollo económico ha beneficiado a toda la población, es la reducción de la pobreza. Mientras que en 1990 un 38,6% de la población vivía en situación de pobreza, y un 13% en situación de pobreza extrema, en 2011 dichas cifras había bajado al 14,4% y 2,8% respectivamente. Ahora, esto no es evidencia suficiente para concluir que la reducción de la pobreza se debe únicamente al crecimiento económico. ¿Puede ser que la reducción de la pobreza tenga más que ver con políticas redistributivas que con el desarrollo económico? La misma Encuesta CASEN da una respuesta. Entre 1990 y 2011 el ingreso por persona de los hogares del 50% más pobre de la población subió de 46 mil a 98 mil pesos, con un alza en 52 mil pesos. Al descomponer este crecimiento se observa que está explicado en un 76% por aumentos de los ingresos autónomos (ingresos generados por los hogares a través el mercado) y solo un 24% por mayores transferencias estatales. Es decir, la mayor parte de la mejora en el bienestar de la población se la debemos a la libertad económica, y no al accionar del Estado. Los detractores del modelo económico chileno le achacan la responsabilidad de los altos niveles de desigualdad de ing reso que caracterizan a nuestra sociedad, y claman por mayor intervención estatal para aliviarla o revertirla, tanto a través de regulaciones que impidan los abusos en el mercado, como a través de mayores impuestos para redistribuir los ingresos. Sin entrar en la discusión respecto de si la desigualdad es un problema en sí mismo que amerite intervención estatal, la verdad es que la evidencia internacional en la materia es, a lo menos, ambigua. No existe consenso entre los economistas respecto de si más libertad económica produce o no mayor desigualdad, lo que no es sorprendente si se considera que tanto

la desigualdad como la libertad económica son conceptos abstractos, difíciles de cuantificar a través de mediciones objetivas. Por otro lado, la verdad del caso chileno es compleja. Es cierto que nuestros índices de desigualdad son relativamente altos, si los comparamos con los de países desarrollados, pero contrariamente a los alegatos contra el modelo, ésta ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos 25 años (Encuesta de Ocupación y Desocupación U. de Chile). No sería cierto entonces, que el modelo chileno agudice sistemáticamente las desigualdades, puesto que no se ha registrado un aumento sostenido de ésta en las últimas dos décadas. Estudios recientes realizados con análisis de cohortes revelan que esta tendencia a la baja en la desigualdad, lejos de estancarse o revertirse, a mayor abundancia, debiese verse reforzada en el futuro próximo. La razón sería un aumento masivo en la escolaridad, y una menor varianza de la misma entre distintos segmentos de la población, que le permitirían a los sectores menos favorecidos acceder a más y mejores oportunidades en el mercado laboral. Como hemos visto, la realidad sobre el desarrollo económico y social de Chile es mucho más compleja de lo que escuchamos recurrentemente desde la academia, los medios de comunicación o la clase política. La prosperidad ha llegado un número importante de la población, es cierto que hay mucho que mejorar, pero la solución no es patear el tablero, sino considerar lo que ha generado progresos, para que podemos caminar hacia una sociedad más desarrollada, más libre, y en muchos sentidos más igualitaria. 180


“Debemos ser críticos del sistema de pensiones chileno, con el ánimo de mejorar permanentemente el nivel de las pensiones que produce para los trabajadores.”

por Alejandro Cajas

El sistema de pensiones chileno ha sido objeto de permanente debate. ¿Existen alternativas al sistema actual y a las AFP? Por supuesto. De hecho, en muchos países del mundo se aplica un esquema conocido como sistema estatal de reparto de pensiones. ¿Cómo funciona? Muy sencillo: los trabajadores activos pagan una imposición mensual obligatoria con lo cual se pagan los beneficios comprometidos por el Estado- de los pensionados, todo bajo la promesa de que cuando ellos envejezcan y jubilen serán los trabajadores de ese momento los que aportarán al sistema para que el Estado cumpla con los beneficios prometidos. Este sistema, en que los jóvenes pagan a un fondo común que financia la pensión de los adultos mayores, se enfrenta a una primera dificultad natural cuando la cantidad de trabajadores activos es menor que la de pensionados receptores de beneficios

(fenómeno conocido como inversión de la pirámide poblacional). Como las promesas deben cumplirse a todo evento, pues se trata de beneficios garantizados por el E s t a d o , s i n o h a y s u fi c i e n t e s trabajadores jóvenes para armar un fondo suficiente que pague esos beneficios, el Estado tiene tres

alter nativas: (1) obligar a los trabajadores a aportar más individualmente (aumentar tasa de cotización), lo que disminuye la renta líquida de estos trabajadores; (2) cotizar por más años (aumentar la edad de jubilación); ó (3) meterse la mano al bolsillo y financiar los beneficios con impuestos corrientes que el Fisco

TASA DE REEMPLAZO PARA TRABAJADORES DE INGRESO PROMEDIO EN LA OECD

120,0 100,0 80,0 60,0 40,0

SISTEMA ESTATAL DE REPARTO

Fuente: OECD, PENSIONS AT A GLANCE 2012

SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL O PRIVADO

IRLANDA

MEXICO

JAPON

REINO UNIDO

EE.UU

NUEVA ZELANDA

COREA

CANADA

BELGICA

SUECIA

ALEMANIA

ESTONIA

AUSTRALIA

FRANCIA

NORUEGA

REP. CHECA

CHILE

SUIZA

POLONIA

FINLANDIA

ITALIA

PORTUGAL

ESLOVAQUIA

ISRAEL

ESPAÑA

ESLOVENIA

DINAMARCA

AUSTRIA

TURQUIA

LUXEMBURGO

HOLANDA

ISLANDIA

0,0

GRECIA

20,0 HUNGRIA

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El sistema de reparto de pensiones y la quiebra del Estado Propuestas para mejorar el sistema


recauda, lo que –ceteris paribusdisminuye los recursos disponibles para financiar otros gastos sociales (vivienda, educación, salud, pobreza, etc.). La adopción de cualquiera de esas medidas es altamente impopular y –muchas veces- ter mina en protestas y manifestaciones sociales violentas. Las complejidades aumentan cuando se incorpora la variable de cómo se fijan los límites de los beneficios que el Estado compromete para los pensionados (actuales o futuros). Las promesas las hacen los que administran el Estado o los que postulan a la conducción de éste. Por lo tanto, para todos los efectos prácticos, no existen límites para esas promesas, pues -con afanes electoraleslos políticos prometen beneficios con cargo al sistema de reparto que siempre engrosan la lista y nunca la disminuyen. Así nos enseña la historia que ha sido el comportamiento del sistema estatal de reparto de pensiones, y así también es que ha fracasado. Ahí están los ejemplos de España, Grecia y tantos otros que, con una pirámide poblacional invertida y con políticos que prometen beneficios con cargo al sistema para ganar

países, el sistema chileno siga siendo visto como insatisfactorio? Una primera explicación es que existe una percepción de bajo nivel de las pensiones recibidas, en parte debido a que las personas no relacionan el monto de las pensiones que reciben con lo que ellas ahorraron a lo largo de su vida, sino que con los últimos salarios recibidos en su vida laboral. El hecho de que los trabajadores ahorren poco se debe principalmente a que (1) la tasa de cotización obligatoria es baja (en comparación a otros países); (2) que la edad de jubilación (especialmente la femenina) es muy temprana y –con expectativas de vida cada vez mayoresel mismo ahorro debe financiar más años de pensión; y (3) que existe un nivel de empleos informales que no cotizan (es decir, no ahorran) por largos períodos de tiempo. ¿Cómo mejorar el sistema? Debemos ser críticos del sistema de pensiones chileno, con el ánimo de mejorar permanentemente el nivel de las pensiones que produce para los trabajadores. Entre los principales desafíos para conseguir ese objetivo está analizar aumentos en la tasa de cotización, en la edad de jubilación (especialmente femenina), o en ambas, con el fin de aumentar los fondos para financiar la pensión y hacer que ésta crezca. ¿Estamos los trabajadores de la Patria dispuestos a aceptar un trato así? 180

ALEJANDRO CAJAS Director Ejecutivo. Ing. Comercial PUC. Ex dirigente estudiantil y funcionario público. Profesor “Responsabilidad Pública” UDD.

POLÍTICAYECONOMÍA Diciembre de 2013

elecciones (comportamiento que no tiene color político ni nacionalidad), han llevado a sus países a la crisis cuando no a la bancarrota. En el caso español, el sistema estatal de reparto de pensiones ya representa más del 10% del PIB como gasto directo del Estado, y entre 2001 y 2010 las prestaciones o beneficios pagados aumentaron un 63%, mientras la cantidad de jubilados creció un 7% y la inflación acumulada fue de sólo 30%, en el mismo período. Sin embargo, resulta relevante analizar el nivel de las pensiones y la sustentabilidad del sistema en España. ¿Qué pensión re c i b e u n p e n s i o n a d o e s p a ñ o l , expresada como porcentaje del salario promedio de los últimos 10 años antes de la jubilación (conocida como tasa de reemplazo)? Según datos de la OCDE, la tasa de reemplazo del sistema español supera el 80%. Para que los pensionados alcancen ese nivel de pensión, los trabajadores españoles activos cotizan obligatoriamente un 30% de su salario mensual en el fondo común que paga las pensiones. El mismo estudio muestra que el país con la tasa de reemplazo más alta es Grecia: 110%, es decir, en ese país un pensionado recibe una pensión mayor que los últimos salarios como trabajador. Como sabemos, el total de ese pago es de cargo del Estado y la pirámide poblacional está invertida (hay más jubilados recibiendo pensión, que trabajadores aportando al fondo), por lo tanto, la crisis financiera y social no debería sorprender. En el caso de Chile, resulta relevante reconocer que, a diferencia de lo que muchos dicen, la tasa de reemplazo del sistema chileno (62%) es superior a la de países como Corea (49%), Estados Unidos (48%), Reino Unido (39%) e Irlanda (32%), aún cuando estos países tienen una tasa de cotización mensual obligatoria similar o superior a la chilena (10% del salario). Además, la sustentabilidad del sistema depende de la solvencia de las arcas fiscales, pues se trata de sistemas de reparto como el griego y el español, a diferencia del sistema chileno en el que es el ahorro de cada trabajador el que financia su propia pensión. ¿Significa esto que el sistema chileno es perfecto? Por supuesto que no. ¿Qué provoca que, a pesar de mostrar indicadores superiores a otros


POLÍTICAYECONOMÍA Diciembre de 2013

“¿Vale  el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de los niños a tener una educación de mínima calidad?”

Del dicho al hecho con los derechos ¿Dónde están las prioridades? por Matías Covarrubias

La gratuidad universal en la educación superior se ha instalado en los últimos años como uno de los bastiones de la revolución educativa, promovida no sólo por el movimiento estudiantil sino también por Michelle Bachelet, quien la nombra como una de las inamovibles políticas de mediano plazo de su eventual programa de gobierno. La lógica detrás de financiar la educación superior de pobres y ricos se seguiría de entender la educación como un derecho de todos y que, por lo tanto, debe ser garantizado por el Estado para la sociedad completa. Por bonito y lógico que suene, tomarse en serio esta línea de pensamiento nos obliga a generalizar y admitir que la educación no es el único ni el más importante de los derechos. ¿Acaso no existen en nuestro país vulneraciones a los derechos más importantes que las que sufre un joven de ingresos altos cuando se ve obligado a pedirles a sus padres que paguen por su educación universitaria? En vista de esto, cabe preguntarse cuál sería el costo para el país de garantizar el derecho de estudiar gratis hasta los 23 que tendrían también los ricos.

Utilizando supuestos de estimación conservadores,  financiar la educación superior de los estudiantes pertenecientes al 40% de mayores ingresos de la población costaría alrededor de 805 millones de dólares, esto considerando que sólo se financia a estudiantes pertenecientes a universidades del CRUCH, las cuáles hoy cumplen con el requisito impuesto en el programa de Bachelet de tener un claro rol público y acogerse a las medidas de equidad en el acceso. Si la educación superior fuera realmente gratis para todos  (no sólo para quienes logran entrar a las universidades que cumplen con los r e q u i s i t o s i m p u e s t o s ) e l n ú m e ro s e t r i p l i c a r í a aproximadamente. Como se aprecia en la Figura 1, si decidiéramos como sociedad resistirnos de la belleza que emerge de una educación superior gratuita para todos, con ese dinero podríamos empezar a pensar que tenemos una oportunidad de sacar a los miles de compatriotas que viven en exclusión de los infiernos que viven a diario, y de pasada garantizar


POLÍTICAYECONOMÍA Diciembre de 2013

En el gráfico podemos ver donde se podría invertir mayor cantidad de recursos definiendo las prioridades. derechos ya no sociales (que nacen de una decisión social de establecer garantías mínimas) sino humanos. ¿Vale  el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de los niños en situación de vulnerabilidad de vivir alejado de la violencia y a soñar con un futuro? Hoy en día la paupérrima situación del SENAME representa una de las heridas más grandes que tenemos como país y aún así la crisis de financiamiento de los hogares se agudiza (en los últimos tres años ya se han cerrado cerca de 80 hogares). ¿Vale  el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de las familias más pobres de satisfacer sus necesidades básicas? No podemos olvidar jamás que en Chile la guerra contra la pobreza continúa y está lejos de acabarse. ¿Vale  el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de los niños a tener una educación de mínima calidad? Es un consenso hoy que la subvención preferencial escolar es insuficiente para financiar una educación básica de calidad para los más necesitados, la cual es indispensable si queremos soñar con una sociedad con igualdad de oportunidades. ¿Vale  el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de los jubilados en situación de pobreza de tener una vejez digna? Hoy la pensión básica solidaria alcanza los $82.000, la cual evidentemente no permite satisfacer las necesidades básicas de una persona en situación de vejez. ¿Vale el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de quienes han delinquido a vivir en condiciones mínimamente dignas? Recordemos que la delincuencia es también consecuencia de nuestras falencias como sociedad y la mayoría de quienes delinquen son también víctimas de la exclusión y de la pobreza.  En tiempos de holgura es importante recordar siempre que nuestra riqueza es aparente, mientras que las diversas y frustrantes expresiones de nuestra pobreza como sociedad siguen escondidas y silenciosas. La disparidad en nuestra disposición a financiar políticas públicas que se retrata en la Figura 1 muestra que quienes sufren de vulneraciones de derechos esenciales no tienen voz, ni poder, ni tiempo para gritar y organizarse. La lógica de sus derechos no es defendida por ningún líder estudiantil.  Nuestra generación tiene una posibilidad histórica de acabar con la exclusión y la miseria en Chile, pero para esto se requiere un compromiso con la realidad que supere el compromiso con las consignas y banderas. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Del hecho al dicho hay menos. 180

MATIAS COVARRUBIAS Colaborador Fundación Cientochenta Magister en Economista e Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.


ACTIVIDADES Diciembre de 2013

ml

180ml Noviembre: La Ministra Carolina Schmidt y el ex precandidato presidencial, Andrés Velasco.

La Ministra de Educación, Carolina Schmidt, participó en una versión de “180 ml”, instancia en la cual aprovechó de conversar con los jóvenes presentes sobre la realidad actual de la educación en Chile. La ex titular del Sernam, también se refirió a cuáles son los desafíos que faltan para ir avanzando en mayor grado en términos de calidad y equidad en el sistema educativo del país. 180

Ante la presencia de varios jóvenes, el ex precandidato presidencial, Andrés Velasco, participó en una nueva versión de 180 ml, instancia en la cual realizó un diagnóstico sobre la política actual bajo tres temáticas: gratuidad en educación superior, la educación preescolar y el crecimiento económico. Respecto a la educación preescolar, Velasco dijo que “la educación en la primera infancia es la clave. Con estímulo temprano, el niño va a desarrollar capacidades cognitivas y no cognitivas que le  van a servir de por vida. El que no, cargará con una mochila para siempre”. 180


Dirección: Alejandro Cajas G. Edición: Jorge Gómez A. Diseño y Distribución: Eduardo González B. Imprenta: Larrea Marca Digital


Revista 180Mensual Dic 2013