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Sentencia 229-2002 Despido injustificado Necesidad de establecer si se encuentra en estado de embarazo a la hora de una entrevista laboral.


2002-00229 SALA

SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE

nueve horas del diecisiete de mayo del dos mil dos. JUSTICIA. San

José,

a

las

Proceso ordinario, establecido ante el Juzgado Civil y de Trabajo de

GABRIELA VARGAS CHAVES, asistente de contabilidad, vecina de Desamparados, contra SERVICIOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO SOCIEDAD ANÓNIMA representada por su Desamparados,

por

presidente Bernal Jiménez Monge, economista, vecino de San José. Actúa como apoderado especial judicial de la demandada el Licenciado Alvaro Carazo Zeledón, abogado y vecino de San Rafael de Escazú. Todos mayores y casados. Además se tiene como parte al Patronato Nacional de la Infancia. RESULTANDO: 1.La actora, en acta de demanda de fecha veintisiete de abril de mil

promovió la presente demanda para que en sentencia se condene al demandado, a lo siguiente: ² a la reinstalación a la mayor brevedad, a pagarle los salarios dejados de percibir a partir del cese, así como a pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social las cuotas del Régimen de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, novecientos noventa y ocho,


los intereses sobre las sumas no pagadas, daños y perjuicios y ambas costas. ² . 2.El apoderado generalísimo, contesto la demanda en los términos que indica en el memorial de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de personería activa y pasiva, falta de interés actual, prescripción y la genérica de sine actione agit. 3.El señor Juez, licenciado Johnny Rojas Bejarano, por sentencia de las ocho horas del veintinueve de agosto del año dos mil, dispuso: ² De conformidad con lo expuesto, artículos 1 al 15, 11, 16 al 18, 94, 94 bis, 95, 452, 468, 469, 491 al 495 del Código de Trabajo, 74 de la Constitución Política, SE RECHAZAN LAS EXCEPCIONES DE falta de derecho, falta de interés actual, falta de personería ad causam activa y pasiva, de prescripción y la genérica de sine

SE DECLARA CON LUGAR LA PRESENTE DEMANDA promovida por actione

agit.

GABRIELA VARGAS CHAVES y se impone a la demandada SERVICIOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO SOCIEDAD ANÓNIMA representada por BERNAL JIMÉNEZ MONGE, cancelarle a la trabajadora dicha la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MIL COLONES que corresponden a seis meses de salario en período de embarazo contados a partir de la fecha del despido injustificados. Sumadas ambas cantidades nos arroja un total de SETECIENTOS MIL COLONES, al pedir la actora que no se le reinstale pierde razón su petitoria de que se exija a la demandada el pago de las cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que no se acoge ese punto. SE ACOGE LA PETITORIA EN CUANTO A INTERESES y se impone su pago a partir del veintisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve hasta el veintinueve de agosto del dos mil, lo que se estiman en la suma de VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO COLONES CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS, que se obtiene del promedio trazado por el banco en la fluctuación del período dicho, calculados al diecinueve punto sesenta y nueve por ciento.Sobre intereses futuros contados a partir del treinta de agosto del dos mil, se liquidarán en ejecución de sentencia una vez firme este fallo y se calcularán conforme a la tasa pasiva para los certificados a plazo semestral que emite el Banco Nacional de Costa Rica y que rige para el período liquidado, lo que se hará sobre el saldo que esté pendiente de la condenatoria aquí impuesta de setecientos mil colones y hasta su efectivo pago a la trabajadora. También


son ambas costas a cargo de la parte accionada, fijándose los honorarios de abogado en un quince por ciento del importe líquido de la condenatoria para un total de CIENTO CINCO MIL COLONES. Sumado todo lo anterior nos arroja un gran total de OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO COLONES CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS; que depositará la accionada en el Banco de Costa Rica en la cuenta de este Despacho y a favor de la actora una vez firme esta sentencia bajo apercibimiento de que si no se cumple así, se decretará embargo conforme al artículo 582 inciso a) del Código de Trabajo. ² . 4.-

El apoderado de la demandada apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por los licenciados Jorge Solano Herrera, Lorena Esquivel Agüero y María E. Alvarado Rodríguez, por sentencia de las once horas cincuenta minutos del catorce de diciembre del año próximo pasado, resolvió: ² Se declara que en los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley. En lo que es motivo del recurso

se

confirma la resolución apelada. ² . 5.La parte demandada formula recurso, para ante esta Sala, en memorial de data dos de abril del presente, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa. 6.En los procedimientos se han observado los términos de ley. Redacta el Magistrado Fernández Silva; y, CONSIDERANDO: I.-

fue despedida injustificadamente y encontrándose embarazada, planteó su demanda con el objeto de que se La

actora,

por

considerar

que

obligara, a la empresa accionada, a pagarle las indemnizaciones legales previstas para el caso de despidos de las trabajadoras embarazadas, los


respectivos intereses y ambas costas (folios 1-2 y 15). La representación de la demandada, solicitó que se declarara sin lugar la demanda y planteó las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual, falta de legitimación, prescripción, así como la genérica de “sine actione agit”; con el argumento de

al momento del cese, los representantes de la empresa empleadora, no tenían conocimiento del embarazo de la trabajadora; aparte de que, el despido, se basó en causas objetivas, pues su desempeño no fue el esperado; aunado a que, aquélla, estaba aún en período de prueba (folios 97que,

98). El juzgador de primera instancia, acogió las pretensiones de la actora y condenó a la demandada a pagar lo correspondiente por los subsidios de pre y de post-parto, los salarios dejados de percibir, por la accionante, desde el momento en que fue despedida y hasta cumplir ocho meses de embarazo, los intereses y ambas costas (folios 79-84). Disconforme con lo fallado, el apoderado especial judicial de la sociedad accionada, apeló (folios 87-88); pero, el Tribunal, confirmó lo resuelto (folios 101-107). II.El representante de la empresa “Servicios de Control Administrativo, S.A.” se manifiesta disconforme con lo resuelto por el Ad-quem; por cuanto, según

medió una inadecuada valoración de los elementos probatorios, confiriéndole mayor valor a un testimonio que a otros, lo cual los llevó a confirmar el fallo del A-quo. Al lo

expone,

respecto reitera que, los representantes de la sociedad demandada, al

desconocían el estado de gravidez de la accionante; con lo cual se evidencia momento del despido,


la destitución, no fue impuesta por su condición de mujer embarazada –lo que sería improcedente legalmente-, sino por su ineficiencia; dado que, durante el período de prueba, se logró detectar que carecía de los conocimientos básicos indispensables, para poder realizar que,

adecuadamente su trabajo. Señala también, que cuando se tuvo conocimiento del estado de la trabajadora, se intentó su reinstalación, con

Agrega que, la actora, incurrió en falta grave, al haber ocultado, al momento de la contratación, su especial condición; con lo cual, en su criterio, su actuación fue desleal y de mala fe, en perjuicio de su representada. Reitera que, al no haber transcurrido el plazo de tres meses, considerado como período de prueba, a la actora no la amparaba la especial protección legal, prevista para las mujeres trabajadoras embarazadas. Con base en esos argumentos, pretende la resultados

infructuosos.

revocatoria de lo resuelto, con el objeto de que se declare sin lugar la demanda. III.La Constitución Política dedica el Título V, a la tutela y a la protección de los derechos y de las garantías sociales. En el Capítulo Único de dicho Título, está el artículo 51, que consagra a la familia como el elemento natural y


fundamento esencial de la sociedad, estableciéndole un derecho de protección especial por parte del Estado; derecho que, expresamente, se hace extensivo a la madre, al niño, al anciano y al enfermo desvalido. La denominada Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, N° 7.142, del 2 de marzo de 1.990, que vino a desarrollar, en parte, aquel numeral 51 constitucional y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ( ²Convención de Belem do Pará ² ), mediante el numeral 32, reformó, entre otros, el artículo 94 del Código de Trabajo e introdujo el numeral 94 bis, estableciéndose aquella protección especial para las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia. En efecto, ese artículo 94, establece una prohibición, para el empleador, de despedir a las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, salvo el caso de la comisión de una falta grave, respecto de los deberes originados en el contrato de trabajo, según el numeral 81 ídem. Por su parte, el 94 bis ibídem establece el derecho de la trabajadora, despedida con violación de lo regulado en el 94 anterior, a ser reinstalada en el puesto que desempeñaba, con el pleno goce de todos sus derechos. De esa manera, se establece una clara excepción al régimen de libre despido, contemplado en el artículo 63 de la Constitución Política. De conformidad con las normas transcritas, de incurrir, la trabajadora, en una falta grave, el patrono deberá gestionar el despido ante la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo; para lo cual deberá comprobar la falta imputada. Por su parte, para poder gozar de la estabilidad establecida en ese numeral, o de los beneficios contemplados en el artículo siguiente - 94 bis - , la trabajadora debe cumplir con el requisito de darle aviso, al empleador, de su estado de gravidez. Si la sanción se impusiera, en contradicción con lo establecido en ese artículo 94, como se expuso, nace para la trabajadora el derecho a ser reinstalada en su puesto, con goce pleno de todos sus derechos. En el supuesto de que la trabajadora no optare por la reinstalación, podrá entonces solicitar el pago de la cesantía y, por concepto de daños y perjuicios, la cancelación de las sumas correspondientes al subsidio de pre y post parto, así como los salarios que haya dejado de percibir, desde el momento del despido y hasta completar ocho meses de embarazo. Si se tratara de una trabajadora en período de lactancia, en el caso de que no optare por la reinstalación, tendrá derecho al pago de la cesantía y, como una indemnización por daños y perjuicios, a diez días de salario. IV.-

No resulta de recibo el argumento del recurrente, en el sentido de que, la legislación protectora señalada, no puede aplicársele a la actora, por el


hecho de que la contratación no había superado el período de prueba. Los artículos 28 y 29, del Código de Trabajo; de manera implícita, contemplan la posibilidad de que tanto el trabajador como la parte empleadora, antes de que la relación de trabajo alcance los tres meses; puedan ponerle fin, sin tener que cancelar, a la otra, las indemnizaciones previstas en dichos numerales, según corresponda. De ahí, se deriva el denominado período de prueba; el cual debe entenderse en el sentido de que, cualquiera de las partes del contrato de trabajo puede, libremente, durante dicho período, terminar la relación, sin responsabilidad alguna. La normativa especial citada, cuyo objeto es, sin duda, la protección de la madre y de la niñez, deriva de la obligada protección que a éstos debe brindárseles, por orden constitucional y de un interés social superior. Por consiguiente, si la norma especial, prevista en el artículo 94, del Código de Trabajo, es general y no hace discriminación alguna en este sentido, debe entenderse que, la protección ahí contemplada, tanto para la madre como para el niño (a), no puede verse enervada porque la relación de trabajo no haya alcanzado aún los tres meses, considerados como período de prueba. La Sala ha sostenido esta misma tesis, de manera reiterada; y, en tal sentido, pueden consultarse las sentencias N°s. 161, de las 14:50 horas, del 30 de julio de 1.997; 948, de las 8:10 horas, del 24 de noviembre del 2.000; y, 136, de las 9:35 horas, del 23 de febrero del 2.001. En

aún en el supuesto de que la relación de trabajo no haya superado ese período, de tres meses, el patrono que quiera despedir a una trabajadora embarazada, sólo podrá hacerlo cuando ésta haya incurrido en alguna falta grave y siguiendo los procedimientos administrativos requeridos, ante el Ministerio de Trabajo; por consiguiente, si omite realizar dicho procedimiento, la consecuencia,

sanción se considerará injustificada y deberá responder por todas las garantías y derechos que, la normativa, prevé a favor de la mujer.


V.Argumenta el recurrente que los juzgadores de las instancias precedentes,

incurrieron en una inadecuada valoración de las pruebas aportadas a los autos; pues, según lo señala, los representantes de la demandada, no tuvieron conocimiento del estado de la actora, sino hasta después del despido. Asimismo indica que, la declaración del señor José Miguel Navarro Mora (visible a partir del folio 66), quien labora como Inspector en el citado Ministerio, resulta ser parcializada. En los autos, aparte del indicado testimonio, también constan las declaraciones de Luis Ricardo Calderón Campos (folio 68), quien fungió como el Jefe directo de la accionante, y de Constanza Bejarano Acuña (folio 70), quien también labora en la empresa accionada, como la Jefe del Departamento de Recursos Humanos. De conformidad con las declaraciones de estos dos últimos testigos, antes del despido, la actora nunca les avisó sobre su condición física y tampoco supieron, por algún otro medio, que ella estaba embarazada. Sostienen, también, que el despido se produjo ante la ineficiencia de la trabajadora y no porque estuviera gestando. El declarante Calderón Campos, señaló que, cuando le comunicó el despido, la actora le manifestó que tenía muchos problemas familiares; pues, sus padres, le indicaron que debía abandonar la casa; pero insistió en que ella no le indicó el motivo y tampoco le dijo que estuviera embarazada. La testigo, por su parte, señaló que cuando la actora iba a ser contratada manifestó que no estaba embarazada y que tampoco tenía planes de casarse; pero que, aproximadamente tres semanas después de que inició la contratación, solicitó que se le concediera una licencia por matrimonio; indicándole, a ella, que se casaba porque tenía problemas familiares; pero que le negó estar embarazada. Luego, ambos testigos, declararon sobre los intentos que realizaron para comunicarse con la accionante, a los efectos de que se reintegrara a su trabajo. Por su parte, el testigo Navarro Mora, declaró que, en sede administrativa, él fue el encargado de atender el caso de la actora; por lo que se presentó a las instalaciones de la empresa, donde el señor Luis Ricardo Calderón Campos, le manifestó que, el día del despido, la actora le comunicó sobre su embarazo; pero que éste le señaló también que la destitución se había producido, no por el estado físico de la trabajadora, sino porque era incompetente; indicándole, además, que ella estaba en el período de prueba y que había mentido en la entrevista laboral, realizada para poder ser contratada. Analizados esos testimonios, a la luz de las reglas de la sana crítica, y en relación con la documental aportada a los autos, así como respecto de las manifestaciones de ambas partes, la Sala concluye que no incurrieron los juzgadores de las instancias precedentes, en los yerros de valoración que el recurrente les atribuye. En efecto, está claro que la trabajadora comenzó a laborar el día 9 de marzo de 1.998. Aproximadamente un mes después, el 7 de abril, obtuvo un examen de laboratorio clínico que hacía constar su condición de embarazada; prueba ésta que fue realizada ante la prescripción médica del


señor Edward Cardoza Sánchez, quien se desempeñaba como el médico de la empresa (folio 29). Sólo algunos días después, el 13 de abril siguiente, a la actora le fue comunicado el despido, sin indicársele, en la respectiva comunicación, motivo alguno para prescindir de sus servicios (folio

Estas circunstancias hacen pensar, al menos por indicios, que los representantes de la demandada sí supieron del embarazo de la trabajadora y no existen razones suficientes para dudar de la 28).

declaración del señor José Miguel Navarro Mora, tal y como lo pretende el recurrente. En cuanto a una supuesta ineptitud de la actora, este es un tema que, por la decisión del fondo del asunto, carece de trascendencia jurídica. Si los representantes de la accionada, luego de la visita del Inspector de Trabajo, intentaron la reinstalación de la actora; lo cual, en todo caso, no ha sido suficientemente demostrado, carece de interés; pues, el despido, ya había surtido sus efectos. En consecuencia, no halla la Sala motivos que permitan variar lo ya resuelto, en las instancias precedentes; aparte de que llama la atención las contradicciones en las que ha incurrido la representación legal de la demandada; pues, si se analiza la contestación de la demanda, se tiene que ahí se indicó que, la actora, en momento alguno, había comunicado su embarazo al médico de la empresa, señalándose también que la demanda era la primera noticia sobre el embarazo de la accionante; lo cual, evidentemente, quedó claramente contradicho. VI.-

la actora incurrió en falta grave, al haber ocultado su embarazo, al momento de la contratación; lo cual constituye, a su juicio, una actuación Ante el argumento del recurrente, en el sentido de que

desleal y de mala fe, en perjuicio de su representada, y aunque a los efectos de lo resuelto por el fondo carece de interés pronunciarse al respecto, no

No podría considerarse como falta grave la omisión de una mujer de indicar su puede la Sala dejar de realizar las siguientes apreciaciones.


estado de embarazo antes de ser contratada; pues, sujetar la contratación de una mujer a que esté o no en estado de gestación, resulta ser una manifestación discriminatoria; como también lo resultan ser los argumentos del recurrente; quien, en forma clara y

si los representantes de la empresa hubieran sabido, antes de contratar a la actora, que ésta estaba embarazada, jamás la hubieran contratado. En cuanto al argumento de que ocultó su estado de embarazo al ser contratada, esto no constituye un motivo para justificar su despido; por cuanto, ninguna trabajadora, al momento de la contratación, se encuentra obligada a comunicar si está o no en estado de gestación. La legislación que en manifiesta, señaló que

el caso se aplica, como mucha otra relacionada, lo que pretende es tratar de restablecer a la mujer su condición de igual, como ser humano. Lo más grave,

se discrimina a las mujeres, por un hecho natural y socialmente indispensable, como lo es el de la reproducción humana; razón por la cual, no sólo deben enfrentar las consecuencias físicas de un embarazo, en el caso que se analiza, es que


sino también las consecuencias sociales y laborales, como en este caso . Por eso, un hecho como el indicado sería discriminatorio e ilegal, y no podría justificar un despido. VII.Por lo expuesto, lo procedente es confirmar, en todos sus extremos, la sentencia impugnada.

POR TANTO: Se confirma el fallo recurrido. Zarela María Villanueva Monge Álvaro Fernández Silva Bernardo van der Laat Echeverría

Jorge Hernán Rojas Sánchez Juan Carlos Brenes Vargas

Laboral  

sentencia de laboral sobre despido injustificado