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ÍNDICE

Agradecimientos, 19 Introducción, 21 Ambición imperial, 21 EL ASCENSO DE LA INFLUENCIA ESTADUNIDENSE, 1865-1876 Armas y capital, 27 Armas para México, 27 Planes para una economía capitalista, 34 El hombre más rico de Texas, 39 Desconfianza y animosidad, 42 Poder del plenipotenciario, 46 Los concesionarios, 49 Política y subyugación, 55 La cultura se suma al capital, 57 Concesionarios rivales, 60 Concesiones obtenidas, 60 La carrera a la ciudad de México, 62 Un legado de conflicto, 68 La revolución de Díaz, 71 EL RÉGIMEN DE DÍAZ, 1876-1910 Financieros ubicuos, 83 Reconocimiento del nuevo régimen, 83 Una nueva era de influencia estadunidense, 86

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Un financiero sobresaliente, 87 Un gran juego, 91 Vínculos financieros con Gran Bretaña, 94 El proyecto Panamá, 97 El primer banco global, 98 Eslabonamiento de operaciones, 106 Construcción de los ferrocarriles, 112 Nuevas concesiones, 112 Los límites del capital privado, 117 La llegada a la ciudad de México, 124 Consolidación, 130 Plata, cobre, oro y petróleo, 134 La comstock mexicana, 134 Empresarios mineros, 139 Alta tecnología y pago de riesgos, 144 Formación de un monopolio del cobre, 150 La fuerza de los intereses extranjeros, 152 Los petroleros, 154 Beneficios transitorios, 162 Hacendados absentistas, 166 Denuncia de terrenos, 166 Deslinde del México rural, 168 Corrupción y marrullería, 172 Control desde lejos, 175 Ignorancia y arrogancia, 178 Café, azúcar y hule, 180 Ganancias en disputa, 184 Inversionistas estadunidenses estafadores, 190 La elite estadunidense residente, 195 La McCaughan Investment Company, 195 Comercio e industria, 199 Oportunidad y antagonismo, 202 Discrepancias de riqueza y poder, 207 Perspectiva de una mujer, 210 Una tradición de desigualdad, 215 Trabajadores mexicanos en haciendas estadunidenses, 218 Cooperación en Campeche, 221

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Boomers, sooners y colonos, 224 Afluencia de inmigrantes, 224 Colonias mormonas, 227 Colonias en medios urbanos, 231 Promoción del país para su colonización, 233 Vicio rentable y ocupaciones sanas, 241 La transformación de México, 243 Preludio de la revolución, 246 LOS AÑOS DE LA REVOLUCIÓN, 1910-1940 México para los mexicanos, 255 Estadunidenses atrapados, 255 Trabajadores libres, no, 261 Ascenso de los orozquistas, 266 Ataques contra las haciendas, 268 El destino de pobladores y colonos, 272 Consorcios internacionales, 274 La revolución de Carranza, 278 Intervenciones y tormentas sucesivas, 285 La invasión de Veracruz, 285 Formación de la alianza contra Alemania, 291 Nacionalismo revolucionario, 299 Violencia cerca de la frontera, 304 La expedición punitiva, 307 Oro negro, 311 Fin de una época, 317 Crisis en el nuevo régimen, 319 Un periodo de reforma, 319 Expropiaciones y embargos, 322 Renovado ataque contra Laguna, 328 Perder todo, 330 Disputas laborales y la guerra cristera, 335 Paracaidistas, tugurios y cantinas, 337 Alteración de la imagen de la revolución, 340 Nacionalización de la propiedad agrícola y la industria, 344 Limpia de estadunidenses, 344

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Obtención del control de costas y fronteras, 352 Confrontación en Campeche, 355 Reforma en Chihuahua, 358 Nuevos embargos, 360 Pérdidas mineras, 363 Acercamiento, 367 EL RENCUENTRO, 1940-2000 Cooperación y arreglo, 373 Últimos días de Laguna, 373 Acapulco estratégico, 380 Una relación eficaz con la industria estadunidense, 383 Nueva flexibilidad para intereses estadunidenses, 385 Persistentes impugnaciones agrarias, 388 La crisis cubana, 391 La integración de la cultura popular, 392 El retorno de los financieros estadunidenses, 399 Capital estadunidense y deuda mexicana, 399 Libre comercio, 404 Colapso y rescate, 407 Maquiladoras estadunidenses, 412 Retorno de los zapatistas, 416 Drogas, hampones y aplicación de la ley, 418 México en el nuevo orden mundial, 423 Beneficios de una debacle, 423 La economía neoporfiriana, 429 PEMEX y la propiedad nacional, 432 Utilidades por mano de obra y tierra, 437 Recursos en la lista de peligro, 442 Extranjeros poderosos y elites nacionales, 445 Maniobras en Chiapas, 448 Cultura y religión, 452 Conclusión, 459 América imperial, 459 Coda, 467

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Anexo 1. Lista parcial de haciendas y posesiones estadunidenses en México, de 100,000 acres (40,000 ha) o más, 1910-1913, 471 Anexo 2. Lista parcial de propiedades estadunidenses de más de 100,000 acres (40,000 ha) o de especial significación, derivadas de dotaciones gubernamentales de deslindes o de compañías deslindadoras, 1876-1910, 480 Anexo 3. Consorcios bancarios estadunidenses formados para brindar apoyo financiero a Gran Bretaña y sus aliados durante la primera guerra mundial, septiembre de 1914 a abril de 1917, 483 Notas, 489 Notas sobre fuentes de archivo, 527 Listado de siglas, 531 Bibliografía, 533 Índice analítico, 553

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ASCENSO DE LA INFLUENCIA ESTADUNIDENSE, 1865-1876


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Durante el invierno y la primavera de 1866, seguimos abasteciendo a los liberales de armas y municiones en forma encubierta, enviando hasta treinta mil fusiles. General P. H. Sheridan, Personal Memoirs

Otros trescientos soldados [estadunidenses] se le unieron [a Juárez] en El Paso, y adquirió diez cañones más en Estados Unidos. Jasper Ridley, Maximilian and Juárez

T

erminada la guerra civil estadunidense, y mientras la expansión de pobladores de Estados Unidos empezaba a desplazarse al oeste en busca de tierras y oportunidades, el gobierno de México estaba enfrascado en la lucha para expulsar a las fuerzas de ocupación de Napoleón III. Los liberales habían obtenido el control de México en 1860, tras dos años de combatir al ejército conservador en las guerras de Reforma. Al año siguiente, Francia ocupó México en un intento por establecer un imperio en ultramar que no sólo proporcionara mercados y materias primas, sino que también pusiera freno a la expansión de Estados Unidos. En 1863 las tropas francesas, ayudadas por el partido conservador mexicano, llegaron a la ciudad de México y proclamaron emperador de México al archiduque Maximiliano de Austria. El gobierno de Estados Unidos, temeroso de la ambición de Napoleón, presionó a los franceses por canales diplomáticos para que se retiraran de México. El gobierno liberal, encabezado por el presidente Benito Juárez, opuso resistencia a la agresión francesa con una extensa guerra de guerrillas. México miró al norte, a la espera de ayuda. Al mismo tiempo, Estados Unidos miraba al sur.

Armas para México En 1864, el observador estadunidense John Austin Stevens describió un interés en el norte de México, que era compartido por muchos de sus más poderosos compatriotas: Un ferrocarril de Point Isabel a Brownsville y de Matamoros [...] a Monterrey pondría todas las provisiones de ese rico y fértil país en manos estadunidenses. [...] Los estados del noreste de México, alentados por nuestra simpatía, empeñarían nuevos esfuerzos, e inspirados por el noble ejemplo de los patriotas de los distritos del río Grande [río Bravo], se librarían del yugo de los invasores [franceses] y recuperarían sus antiguas libertades. Vencida la rebelión [de la Confederación], restablecida la Unión, para no volver

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a ser atacada jamás, y al ser México de nuevo una república libre y vigorosa, ¿qué potencia o combinación de potencias se atrevería a detener el curso occidental del imperio?1 Este creciente interés de las elites estadunidenses coincidía con una cada vez más urgente necesidad de ayuda de parte del gobierno de México. Los líderes liberales estaban desesperados por conseguir fondos, ya fuera públicos o privados. Comprendieron que la victoria de la Unión en la guerra civil les ofrecía la oportunidad de obtener pertrechos en Estados Unidos, e iniciaron esfuerzos por adquirir suministros militares vendiendo bonos mexicanos a inversionistas estadunidenses. Agentes mexicanos del presidente Juárez llevaron a cabo esos esfuerzos en Boston, Hartford, Filadelfia, Nueva York, San Francisco, Washington, y otras ciudades, con la aprobación de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Entre quienes trataron entonces con líderes políticos y financieros estadunidenses sobresalía Matías Romero, el ministro del gobierno de Juárez ante Estados Unidos. Romero hizo una labor ejemplar para crear simpatía por la causa republicana mexicana, y no sólo con los presidentes Abraham Lincoln y Andrew Johnson, sino también con el establishment de negocios del noreste, especialmente con los grandes comerciantes, banqueros e industriales de la ciudad de Nueva York. En 1865, Hiram Barney, capitán de puerto de Nueva York, comerciante, abogado y banquero de esa ciudad, junto con Thomas E. Stillman, del National City Bank, y otros importantes financieros, accedió a entrevistarse con Romero. Estamos dispuestos a escuchar atentamente su propuesta de ofrecer al pueblo y capitalistas de Estados Unidos una oportunidad para prestar a la República mexicana los fondos necesarios para reivindicar sus derechos y gobernarse por sí sola.2 Algunos hombres de negocios y políticos estadunidenses anticipaban abiertamente las ventajas que podían conseguir obteniendo la gratitud del gobierno mexicano, entonces en el exilio en Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez). Esos importantes “capitalistas-comerciantes, constructores navales y fabricantes” de Nueva York integraron el grupo medular de ricos estadunidenses “que brindaron avíos a Juárez a fines de la guerra en México”.3 Los financieros James W. Beekman, promotor inmobiliario, banquero y comerciante; William E. Dodge y Anson Phelps, de la Phelps Dodge Corporation, y John Jacob Astor, del National City Bank, así como el secretario de Estado, William Henry Seward, tenían a Romero en alta estima, y el hecho de que éste respaldara los bonos dio negociabilidad a los títulos en el enrarecido aire del mercado financiero de Nueva York y en Washington. Al mismo tiempo, la mayoría de los inversionistas estadunidenses sólo estaban dispuestos a asumir los altos riesgos contraídos con la compra de los bonos liberales mexicanos a cambio de grandes descuentos. Algunos bonos garantizaban tierras y otras concesiones en caso de incumplimiento, salvedad que se volvió muy significativa. Los agentes mexicanos usaban de inmediato los fondos obtenidos de la venta de bonos en la compra de armas y provisiones para su contienda militar. A veces usaban los bonos para el pago directo de armas. Dodge, quien soñaba con una “Joven América” que se extendería desde el Círculo Polar Ártico hasta Panamá, ofreció su apoyo a Romero, y le recomendó la casa de bolsa John W.

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Corlies para la venta de bonos: “Tiene algunos recursos y buena fama, y es respetable”.4 Romero sabía de la ambición y poder de estadunidenses como Dodge, pero necesitaba sus recursos para echar a los franceses, y esperaba su apoyo en la reconstrucción de México. Otros poderosos inversionistas de Nueva York trataron con Romero. Entre los más destacados estuvieron Ed Morgan, primo y socio de negocios de J. P. Morgan, heredero del imperio bancario angloestadunidense de su padre, Junuis Morgan; John S. Kennedy, banquero corresponsal de Morgan y financiero ferroviario, y William Aspinwall, miembro del consejo de administración de la Pacific Mail Steamship Company y socio cercano de Moses Taylor, director del National City Bank, y uno de los principales importadores de azúcar en Estados Unidos. Ese grupo también incluía a Beekman; David Hoadly, yerno de Dodge que sucedió a Aspinwall como presidente del Panama Railroad; John Jacob Astor; el banquero de inversión y promotor ferroviario Henry Clews, y el editor de periódicos de Nueva York William C. Bryant. Muchos de estos hombres habían ayudado a financiar la pugna de la Unión contra la Confederación durante la guerra civil. Romero solía reunirse con ellos, en efecto, en el Union Club, organización dedicada a apoyar al presidente Lincoln y el esfuerzo bélico del norte. Con Taylor, Morgan y Kennedy a la cabeza, habían creado una formidable red de financieros e industriales, los que, gracias a su competitividad y capacidad para sumar fuerzas y cooperar, serían los pioneros de las inversiones estadunidenses en México durante la década de 1870.5 Juan Bustamante, otro de los agentes de Juárez, alcanzó cierto éxito, especialmente en Nueva York, pero estuvo lejos de cumplir las metas de ayuda material del gobierno. Llegó a Nueva York en busca de 36 mil fusiles y rif les, 4 mil espadas, mil pistolas,18 millones de cartuchos y 500 barriles de pólvora. Luego de “grandes esfuerzos” y de la asistencia del capitán de puerto Barney, remitió 8,200 fusiles, 4 mil rif les, 2,500 espadas y 500 pistolas, mucho menos de lo que los liberales necesitaban.6 Juárez también envió a Nueva York al bien relacionado José María Carbajal, gobernador del estado de Tamaulipas, para reunir donativos privados y mandar pertrechos. Educado en el Bethany College de Pennsylvania, Carbajal hablaba inglés con soltura y conocía a algunos de los más notables capitalistas de Nueva York, entre ellos a Charles Stillman, hermano de Thomas E. Stillman e importante inversionista en el National City Bank, y a William Woodward, director del Hanover Bank. Woodward and Stillman, la compañía importadora de Nueva York de Stillman y Woodward era la principal inversión empresarial estadunidense en Tamaulipas. Carbajal aprovechó la buena voluntad desarrollada por Romero en las comunidades empresarial y política estadunidenses. Explotó la idea de que México representaba una oportunidad para los hombres de negocios estadunidenses en su mirada al oceano Pacífico y el futuro. Carbajal acordó condiciones desproporcionadas a favor de sus clientes estadunidenses. Ofreció inicialmente unos 50 millones de dólares en bonos descontados en alrededor de 60% y avalados por garantías de 106 mil acres (43 mil ha) de campos agrícolas, petroleros y mineros en Tamaulipas y San Luis Potosí. Autorizó al corredor de Nueva York Daniel Woodhouse la venta de esos bonos sin la previa aprobación de las autoridades mexicanas. El general Lew Wallace, primer emisario del presidente Johnson en México, también respaldó la labor

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de Carbajal, dando a los bonos mayor legitimidad. Cuando Romero se enteró de la ganga, canceló el arreglo e intentó retirar los títulos, pero sólo alcanzó un éxito parcial. La breve incursión de Carbajal como cabeza de la misión mexicana de recaudación de fondos en Nueva York provocó muchos de los conf lictos que más tarde se agudizarían. La compañía de John W. Corlies siguió vendiendo bonos por Romero entre la comunidad financiera, usando para mayor apoyo a la Central Trust Company de Nueva York, de cuyo consejo de administración eran miembros Edmund Corlies y Kennedy. En menos de dos años, Jonathan N. Tifft, integrante de la compañía de Corlies, vendió un mínimo de 3 millones de dólares en bonos mexicanos con un descuento de 30%. Estaba autorizado a vender hasta 30 millones de dólares en bonos, y posteriores quejas dirigidas a Romero indican que Tifft vendió mucho más de los 3 millones declarados. Kennedy compró un número considerable de esos títulos.7 Los liberales mexicanos comprometieron al general Herman Sturm, antiguo intendente de la milicia de Indiana, a adquirir armas. Sturm operó independientemente de la compañía de Corlies. Mientras que Tifft parece haber actuado conforme al tacto y meticulosidad de la comunidad de negocios de la época, Sturm fue mucho más agresivo, y a menudo excedió su autoridad al prometer pagos en moneda y bonos mexicanos a fabricantes estadunidenses de armas. Actuando como intermediario, conseguía armas y logística y disponía su entrega a almacenes en México. Pagaba los pertrechos a comerciantes y fabricantes con bonos y efectivo, en tanto que Tifft se ocupaba sólo de cuestiones financieras, vendiendo bonos a miembros de la comunidad financiera de Nueva York. Sturm surtía pedidos directos de generales mexicanos en campaña, como Porfirio Díaz en el sur de México, quien en un embarque recibió 1,300 carabinas, 1,020 pequeños barriles de pólvora y 1,700 sables y cinturones.8 Sturm elogiaba a Díaz ante sus clientes estadunidenses y expresaba su creciente deseo de que se convirtiera en presidente de México. Admiraba a Díaz porque exhibía fuerza personal y creía que compartía los ideales estadunidenses de libertad política, desarrollo económico e iniciativa industrial en mayor medida que Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia de México y vicepresidente de facto del país. Tanto Juárez como Lerdo contemporizaban con la desintegración de bienes comunales rurales y la autorización de la propiedad extranjera sobre la infraestructura de comunicaciones y transportes de México. Ulysses S. Grant y sus amigos personales Rufus Ingalls, intendente general del ejército del Potomac, y Orville E. Babcock, ingeniero civil y antiguo edecán de Grant, auxiliaron a Sturm en la adquisición de materiales de guerra para los mexicanos. Grant, Ingalls y el general John M. Scofield eran buenos amigos que compartían otra conexión mexicana: pertenecían al Aztec Club de veteranos de la guerra con México. Durante 1866 y principios de 1867, el general Philip Henry Sheridan, comandante de las unidades del ejército estadunidense en Louisiana y Texas, y el general William T. Sherman, quien se hallaba a cargo del ejército de Estados Unidos, permitieron al general Wallace visitar la frontera e indagar la necesidad de reunir una fuerza de veteranos de la guerra civil para ayudar a las fuerzas liberales. Los liberales lograron rápidas victorias contra franceses y conservadores, y la asisten-

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cia de Wallace ya no fue necesaria. A principios de la década de 1870, todos los oficiales que habían colaborado con Sturm buscaron compensación de México solicitando concesiones agrícolas y de pesca comercial.9 Al otro lado del continente, Plácido Vega, descendiente de una prestigiosa familia de californios, procedió con tanta ingenuidad —o incompetencia, o deshonestidad— como Carbajal y Bustamante. Juárez envió a Vega, gobernador del estado de Sinaloa, a San Francisco. Vega contrató a M. T. Vallejo, exgeneral del ejército mexicano, y a Agustín Alviso y Víctor Castro, destacados terratenientes californianos, para obtener unos 20 mil rif les, prometiendo pagar 250 mil dólares por las armas y 10 mil por los gastos. Prometió, además, que si el contrato fracasaba, podrían reclamar 600 mil dólares al gobierno mexicano. El arreglo falló. Unos 5 mil rif les fueron embargados en la San Francisco Customs House y los demás se resguardaron en otras partes. Mientras tanto, y aunque ya debía 600 mil dólares, Vega continuó buscando los recursos que necesitaba. El general Vega [...] vendió tierras en México, compró a crédito, contrató a nombre del gobierno mexicano con pagos de intereses de 2.5% al mes, y ajuste cada seis meses, e incluso participó en ciertas transacciones ganaderas.10 Los terrenos que Vega vendió consistían en “una franja de tierra de dos leguas [7,011 km] de ancho, en el lado oriental del Golfo de California, y otra del mismo ancho en el lado occidental”. Ese trato infringía la disposición constitucional mexicana contra la propiedad extranjera del litoral. El terreno al oeste se extendía desde la Bahía de san Felipe en Baja California hasta la frontera con Estados Unidos, y al este iba del Golfo al norte atravesando Sonora, desde el paralelo veintinueve hasta la frontera internacional. Un grupo de San Francisco se apropió de la franja oriental, y el área occidental fue tomada por un consorcio de Los Angeles. Se desconocen las cantidades de armas obtenidas por Vega y su destino. 11 Los exitosos esfuerzos diplomáticos de Romero y Juárez proveyeron un escudo protector de tropas estadunidenses a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos y transfirieron enormes cantidades de armas y municiones al gobierno de Juárez, establecido en El Paso del Norte. El personal militar estadunidense en el cercano Fort Bliss y los hombres de negocios locales recibieron al presidente mexicano con los brazos abiertos. Juárez “adquirió diez cañones más en Estados Unidos” tras su arribo, y trescientos estadunidenses se unieron a las fuerzas liberales.12 El general Sheridan describió el grado del apoyo estadunidense: Durante el invierno y la primavera de 1866, seguimos abasteciendo a los liberales de armas y municiones en forma encubierta —enviando hasta 30 mil fusiles de tan sólo el Baton Rouge Arsenal—, y para mediados del verano habiendo organizado un ejército de muy buen tamaño, Juárez, estaba en poder de toda la línea del río Grande.13 A las autoridades estadunidenses a veces les resultó difícil contener el entusiasmo popular por los liberales a lo largo de la frontera. En Bagdad, puerto propiedad de Stillman

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en la desembocadura del río Bravo, un contingente de tropas estadunidenses cruzó a México y atacó la guarnición realista, pero se quedó a saquear el pueblo. El secretario de Estado, William Henry Seward, convenció al presidente de que ordenara al general Sheridan destituir al oficial a cargo de las tropas que se habían salido de control. 14 El monto de poder financiero provisto por los partidarios estadunidenses de la causa liberal mexicana testifica el éxito combinado de Romero para estimular su interés y de Sturm y Tifft para persuadirlos de convertir su apoyo en armas. Estos agentes de los mexicanos produjeron una impresionante lista de inversionistas y proveedores, a quienes a menudo pagaron con concesiones. Comerciantes de armas y financieros componían la red de elites estadunidenses más amplia entre las implicadas en los asuntos mexicanos. El banquero Eugene Kelly, de Kelly and Company, adquirió una de las carteras más grandes, de unos 500 mil dólares de la emisión mexicana. Los montos contratados por Tifft y los gastos realizados por Sturm indican que también hubo otros compradores, pero hasta ahora sólo han salido al descubierto algunas de las transacciones de armas de Sturm. En un caso, alistó a Henri Du Pont, presidente de E. I. Du Pont de Nemours and Company, quien dio 800 barriles de pólvora y otros explosivos a cambio de bonos valuados en 32,487 dólares. Quizá buscando ventajas futuras, Du Pont insistió en los bonos, más que en efectivo. En otro caso, Sturm compró provisiones militares valuadas entre 471 mil y 1,709,735 dólares a dos distribuidores de armas: Dewhurst and Emerson y Merritt, Walcott, and Company. Dewhurst and Emerson recibió al menos 294,375 dólares en bonos. La destacada compañía distribuidora de armas y manufacturera Schuyler, Hartley, and Graham aceptó bonos valuados en 598,046 dólares. Pertrechos con valor de 563,700 dólares se obtuvieron del financiero Henry Simons. 15 Otros agentes de los liberales también incurrieron en grandes deudas con proveedores de armas. En 1862, Francis W. Latham, William Sprague y Bertram H. Howell, de P. P. Howell and Company, acordaron un “contrato para suministrar armas de guerra” a Bustamante. El pacto implicaba un depósito inicial de 500 mil dólares en Matamoros, mientras que 1,800,000 dólares en bonos se enviarían a Howell en Londres, quien los cambiaría por armas. Este acuerdo se derrumbó luego de más de un año de trabajo y la compra por Howell de miles de armas, porque el depósito y los bonos nunca fueron expedidos. 16 Es probable que cada comerciante de armas haya adquirido menos de un millón de dólares en certificados mexicanos, dada la tasa de descuento de 40 a 60% sobre los bonos, aunque las transacciones aún desconocidas incrementarían considerablemente ese monto. Cualquiera que haya sido la magnitud de las deudas, esos comerciantes no eran hombres con los que se pudiera jugar: su inf luencia excedía la mera venta de armas. Marcellus Hartley, copropietario de Schuyler, Hartley, and Graham, era presidente de la Union Metallic Cartridge Company y uno de los directores de Remington Arms. Como miembro del consejo de administración de la Equitable Life Assurance Society of the United States, también estaba relacionado con los más altos niveles de las finanzas. Sirviéndose de su acceso a grandes montos de capital, finalmente asumió el control de Remington, la cual fusionó con Union Cartridge. Era socio cercano de Stillman, Dodge, Beekman y Taylor. Todos ellos apoyaron ávidamente a Romero y los liberales mexicanos contra los franceses.

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Entre los partidarios de los mexicanos también estaba Herman Funke, miembro del consejo de administración del St. Nicholas Bank y la Germania Fire Insurance Company of New York. Era asimismo director fundador y principal fuerza de la German-American Insurance Company y miembro del consejo de Herman Boker and Company, la principal compañía de herramienta y cuchillería de Nueva York y exportadora de armas, incluidos rif les, pistolas, navajas y bayonetas. Funke adquirió 274,500 dólares en bonos. Sturm y Tifft también obtuvieron fondos del financiero de Nueva York C. W. Brink, quien ya poseía 1,776,000 acres (700 mil ha) de tierra en México; por su parte el capitán de puerto Barney, y el general Benjamin Franklin Butler, socio legal de Barney y futuro gobernador de Massachusetts. Ellos comprometieron en bonos grandes pero aún desconocidos montos.17 Otros corredores de Wall Street también tomaron parte en la venta. Samuel Fowler y John Boynton ganaron 5 mil dólares cada uno en comisiones por la venta de títulos mexicanos a sus clientes, cifra que indica un millón de dólares en ventas brutas. Henry Clews fue quizá aún más eficaz en la reunión de fondos para los liberales que Corlies, Tifft y Sturm, pero los detalles al respecto no están documentados. Romero y Clews se hicieron amigos durante la estancia del primero en Nueva York y Washington, a principios de la década de 1860. Las pruebas aluden a su estrecha asociación, pero no dan detalles. Clews cobró fama durante la guerra civil estadunidense como directivo de la firma Livermore, Clews, and Mason, una de las dos principales corredurías de bonos gubernamentales de la época. Fue uno de los soportes más importantes de las campañas de bonos de la Unión realizadas por el secretario del Tesoro, Salmon P. Chase, y también ayudó a Romero. A veces los financieros ayudaban a los mexicanos de otras maneras. El yerno de Dodge, Hoadly, usó su Panama Railroad para transportar a oficiales mexicanos por ese istmo de un oceano a otro a precio de costo, y en 1864, Barney, como capitán de puerto, autorizó el embarque de 5 mil rif les. Muchos de los financieros que ayudaron a Romero durante su desesperada búsqueda de armas y efectivo obtuvieron creciente poder en el New York Central Railroad de Cornelius Vanderbilt. Entre ellos estaban J. P. Morgan; Ed Morgan; Moses Taylor; Auguste Belmont; Levi P. Morton, de Morton, Bliss, and Company; Cyrus W. Field; Russell Sage, del Union Pacific Railroad y la Pacific Mail Steamship Company; el magnate de los ferrocarriles Jay Gould, y Winslow, Lanier, and Company. La venta inicial de bonos mexicanos, los vendidos entre 1865 y 1867, totalizó más de 30 millones de dólares en valor nominal. Ésas son las ventas de las que se dispone registros de transacción. El total real fue probablemente de entre 16 y 18 millones de dólares. La venta contemporánea de lo que se conoce como la emisión de bonos Ochoa añadió otros 3,500,000 de dólares, extraídos de los bolsillos de inversionistas de Nueva York y San Francisco. Los mexicanos aseguraron haber recibido apenas 3,425,000 dólares en efectivo y materiales de los financieros e industriales estadunidenses con los que hicieron trato. Los consecuentes conf lictos por las altas comisiones y descuentos que caracterizaron la venta de esos bonos, los desacuerdos sobre su valor, el importe de las provisiones enviadas a México —algunas de las cuales no llegaron— y los pagos de intereses vencidos se convirtieron durante una década en un complicado e ingobernable problema entre las dos naciones.18

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El intercambio de armas por bonos fue un negocio demasiado riesgoso para un mero rendimiento de intereses y márgenes de descuento. Los poderosos estadunidenses que invirtieron en la causa liberal creyeron que esa transacción ofrecía una oportunidad de gran beneficio y poder, ambición que se aunaba a la simpatía por la lucha de su vecino del sur contra un invasor europeo. Una victoria liberal restauraría a un socio comercial republicano potencialmente rico y subordinado. Ni los comerciantes de armas ni el gobierno de Estados Unidos pudieron haber supuesto que los mexicanos pagarían los bonos. Los liberales habían suspendido el pago de la deuda externa de México en 1861, antes de la invasión francesa, y eran mucho más pobres para mediados de la década de 1860. Sin embargo, algunos expansionistas encontraron atractivas las concesiones territoriales ofrecidas por los agentes mexicanos. Esos expansionistas estadunidenses de avanzada midieron la situación desde el punto de vista de las oportunidades de negocios, las adquisiciones de tierras y la inf luencia sobre el gobierno mexicano. Planes para una economía capitalista Poco antes de la amplia intervención del capital estadunidense en la economía mexicana que marcó el fin de la guerra civil estadunidense, los liberales empezaron a aplicar medidas draconianas de privatización de la tierra que afectaron el estilo de vida tradicional del campesinado y el largamente establecido poder de la Iglesia. En 1854 iniciaron la Reforma, un movimiento para comercializar la agricultura, implantar la democracia, liberar el comercio interior y universalizar la propiedad privada. La pugna por el control de la tenencia de la tierra rural se había desatado desde la invasión española, pero el ascenso de la agricultura comercializada como fase temprana del capitalismo moderno puso al campo en un estado de transformación sin precedentes.19 Los liberales calcularon que la Iglesia poseía alrededor de 48% de la tierra cultivable en condición de exención de impuestos y que los pueblos gobernados en forma comunal —los asentamientos rurales más pequeños legalmente reconocidos— poseían 25% adicional. En 1856, el Congreso liberal promulgó la ley Lerdo, que declaró ilegales todos los terrenos comunales y corporativos. En 1857, la Constitución adoptada por el Congreso Constituyente, controlado por los liberales, incluyó las leyes de Reforma como artículos cruciales y estableció un proceso por el cual la tierra podía ser denunciada y vendida. Los liberales habían apoyado leyes previas de privatización agraria, expedidas por legislaturas estatales entre fines de la década de 1820 y la de 1840, así como la ley Lerdo. Poderosos miembros del partido conservador las habían aceptado todas. Unos y otros veían la validez del cambio en el poder político local y la propiedad de bienes inmuebles. Los líderes liberales creían que la privatización conduciría a la comercialización de la agricultura, la que podría convertirse en la base de una mayor riqueza nacional. La abolición de las comunas de los pueblos eliminaría las barreras a la movilidad horizontal y vertical y crearía una ciudadanía más individualista y emprendedora. Además, a causa de que los bienes raíces propiedad de la Iglesia y los pueblos habían estado exentos de impuestos, la pri-

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vatización incrementaría la base gravable. Los ingresos fiscales adicionales asegurarían el éxito del proyecto de modernización. Los liberales también creían que la privatización de la agricultura terminaría con la subcapitalización crónica de México. Bajo el régimen tradicional, los grandes hacendados habían hipotecado sus predios a la Iglesia, a causa de que ésta era la principal institución crediticia del país. Los clérigos destinaban una parte considerable de los intereses obtenidos a actividades de caridad, no a la inversión económica. El sistema económico de los pueblos se basaba en un sistema de propiedad comunitaria y trabajo cooperativo. Y aunque vendían el excedente agrícola en el mercado libre, como lo hacía la Iglesia, la mayoría de sus cultivos se usaban como alimento. Carentes de efectivo, los pueblos generaban poca de la demanda de consumo necesaria para un f loreciente mercado libre. Los liberales veían esas prácticas agrícolas como un freno a la economía. Las leyes de privatización, que no costaron nada al gobierno, despojaron a la Iglesia y a los pueblos de su derecho a poseer terrenos agrícolas comunitarios a perpetuidad y los obligaron a deshacerse de ellos durante un periodo indeterminado. La Iglesia fue compelida a vender sus tierras a individuos privados. Las tierras debían venderse enteras, sin embargo, sólo los ricos podían permitirse esa compra. Las tierras de los pueblos debían dividirse entre la ciudadanía local, pero también este plan fue contraproducente. Cuando el campesinado se rehusó —o se confundió— y no cumplió, como frecuentemente fue el caso, la tierra fue denunciada por elites locales como “no reclamada”, lo que les permitió comprarla a precio de ganga. Las leyes dieron origen a la creación de inmensas extensiones de propiedad privada. Constituyeron la mayor amenaza a la sobrevivencia de los pueblos como entidades autónomas y autosuficientes con cierta independencia, y crearon un nuevo grupo de hacendados mexicanos de elite. Los campesinos opusieron resistencia a esas leyes por medio de los tribunales, su instrumento más efectivo. Un intrincado conjunto de leyes se había desarrollado en torno a controversias y litigios agrarios en el campo mexicano durante los tres siglos previos, y los fallos judiciales con frecuencia favorecían a los pueblos. En uno de esos fallos, en 1825, el gobierno mexicano reconoció la validez de títulos de propiedad originalmente emitidos por España en 1767. En su recurso, el pueblo de Santa María Ozumbilla se apoyó en la tradición y en la ley mexicana. Las leyes antiguas protegen a [...] Santa María. [...] Los indígenas son ya libres e iguales [...] aunque permanecen muchos pueblos en la miseria, ignorancia e incapacidad de proporcionarse su subsistencia. Por esta razón [las autoridades] deben dar tierras a todos los demás ciudadanos..20 Al presentar su caso, los integrantes de los pueblos mostraban un sentido de ciudadanía de pertenencia y participación en procesos jurídicos y políticos. Sobre la base de un largo expediente de éxitos legales para los pueblos en esas controversias, esperaban que el Estado sirviera a sus intereses, pese al hecho de que sus adversarios incluyeran a los individuos más poderosos de la sociedad rural: los hacendados y los políticos provinciales. En la

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resolución de este caso, el tribunal no sólo se ocupó de que Santa María recibiera tierras; también incluyó en su dictamen al pueblo contiguo de San Pedro Atrompán. Esta comunidad también había reclamado terrenos perdidos. Los funcionarios del Estado hicieron el otorgamiento a San Pedro para satisfacer la demanda de los campesinos de la oportunidad de ejercer “el comercio, la industria y la agricultura”. Fallos como éstos frustraban constantemente a quienes deseaban promover el desarrollo de la libre empresa en el campo.21 La tradicional autosuficiencia de la sociedad rural representó un elocuente obstáculo ideológico y legal para el proyecto liberal. Desde el principio, el rápido desarrollo de la empresa privada en el campo mexicano engendró resistencia entre los lugareños, pues el campesinado y los trabajadores agrícolas rurales permanecían persuadidos de que como ciudadanos tenían derecho a la tierra que necesitaran para producir su sustento. La evolución de la tenencia de la tierra hacia predios privados y la acumulación individual provocó resistencia pasiva, y a veces hasta revueltas. La violencia esporádica produjo, usualmente, cambios súbitos en la propiedad de la tierra en que los pueblos salían perdiendo. Para la década de 1860, juntas rivales en los pueblos del centro de México afiliadas al gobierno de Maximiliano, o subrepticiamente a los liberales, contendían por el control de la política y propiedad locales. El gobierno de Maximiliano tenía poder en el centro de México, donde liderazgos tradicionalistas eran aún las fuerzas más poderosas en las inmediaciones. Maximiliano intentó obtener más amplio apoyo público en una nación en gran medida rural recabando quejas del campesinado desposeído y prometiendo resolverlas. Estableció la Junta Protectora de las Clases Menesterosas y nombró a Faustino Chimalpopoca como su jefe, quien iba al campo a sostener reuniones de consulta con la gente y a oir sus quejas. El campesinado impresionó al gobierno de Maximiliano con sus elocuentes peticiones, conocimiento de la ley, dominio de casos y controversias locales de tenencia de la tierra y virtual culto a Chimalpopoca. La densidad de asentamientos en el centro de México hacía posibles las rápidas comunicaciones, un sentido de cohesión y las bases de la acción concertada. Líderes en pueblos de Ixtapalapa al oeste y Chalco al este hicieron solicitudes a la Junta Protectora de las Clases Menesterosas. Cada pueblo estaba al tanto de los éxitos y fracasos de las peticiones hechas por sus vecinos. Esa intimidad, y proximidad a la ciudad de México, también elevaba su conciencia del rápido quebranto de su modo de vida. Promotores inmobiliarios ya drenaban el agua del somero pero extenso lago de Chalco, que había permitido su sostén desde “tiempos inmemorables”.22 En la primavera de 1866 los líderes de Cocotitlán, pueblo del distrito de Chalco, pidieron la “restauración” de su fundo legal, la propiedad básica de los pueblos. En Cocotitlán y otros pueblos mexicanos, el fundo legal comprendía un área habitacional urbana, una zona reservada para una plaza central y edificios cívicos, una huerta y campos adyacentes suficientes para el adecuado sostenimiento de la ciudadanía. La corona española había donado esas propiedades a los habitantes de los pueblos en los siglos XVI a XVIII. Expresando el trauma de una colectividad sometida a la privatización de sus tierras comunales, el pueblo de Cocotitlán solicitó

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la restauración del ayuntamiento y de la escuela mixta, porque, conforme a las leyes [liberales] de desamortización, esos edificios han ido a dar a manos privadas. [...] Todos los pueblos de nuestro tantas veces violado país han sufrido horriblemente [...] especialmente desde que la última guerra nos trajo la Constitución de 1857. Una mala administración de justicia tanto localmente como en general ha causado la destrucción del gobierno en Cocotitlán. A resultas de la ley del 25 de junio de 1856, ya no es posible encontrar ningún recurso en la comunidad dirigido al bien público [...] [como una] escuela, dispensario u orfanatorio. [...] Necesitamos bienes dedicados al beneficio general además de los destinados al uso privado. 23 Sin embargo, los líderes de Cocotitlán estaban divididos, y sus diferencias acentuaron los conf lictos políticos que habían empezado a resquebrajar al México rural. Un importante grupo de ciudadanos notables, que habían abandonado la tradición y se beneficiaban de la privatización, se opusieron a la petición al gobierno de Maximiliano. Los liberales contaban con el apoyo de muchos de los lugareños más emprendedores e individualistas. Maximiliano y sus partidarios conservadores atraían a tradicionalistas, comunalistas y los ciudadanos que llevaban las de perder en la privatización. El 15 de mayo de 1866, el gobierno imperial ofreció a Cocotitlán una propiedad llamada Teopanixtal para satisfacer la queja de ese pueblo. La favorable respuesta al desesperado ruego de los lugareños fue motivada por empeños distintos al bienestar social de los obreros, campesinos y elites agraviados. El gobierno de Maximiliano buscó explotar los muy diferentes intereses que imperaban entre el campesinado y los líderes del partido liberal mexicano, y vio la reforma agraria como una oportunidad para conseguir el favor popular entre quienes habían sido desposeídos en el campo.24 La resistencia de los campesinos a la inversión privada provocaba impaciencia entre las elites nacionales y regionales, que temían que su país y su pueblo no avanzaran hacia la próspera modernidad. En contraste con la mayoría de muchos pueblos, las elites mexicanas deseaban la introducción de cultivos “comerciales”, producidos por agricultores mercantilmente orientados, y la reducción de tierras campesinas dedicadas a cultivos tradicionales destinados al consumo local. Para fines de la década de 1860 y la de 1870, los persistentes litigios gestionados por abogados simpatizantes, a nombre de los pueblos contra intereses privados, y la receptividad de algunos jueces y gobernantes a las protestas de los pueblos, propagaron frustración entre quienes favorecían la privatización de la propiedad de la tierra. Éstos se quejaban de que agitadores y alborotadores de fuera ayudan a los pueblos en esas acciones legales [...] porque los pueblos en general son incapaces de realizarlas solos [...] Exigimos que los pueblos mencionados paguen los costos legales generados.25 Los liberales condujeron a la mayoría de las elites mexicanas —locales, provinciales y metropolitanas— al consenso de que el rápido cambio económico y una más amplia base de participación política eran necesarios para que la nación sobreviviera y prosperara. Las

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elites veían que México se rezagaba cada vez más respecto de Estados Unidos, y se desesperaban en su afán de introducir la modernización y ganancias. Los éxitos de los pueblos en la defensa de sus propiedades reafirmaron los estereotipos sostenidos por las elites, que pensaban que la población indígena era racialmente inferior y criticaban a la masa rural por “terca” e indispuesta al cambio. Emergió así un consenso cada vez más firme de que las propiedades comunales tenían que desaparecer. El presidente Juárez abogaba por la comercialización de la agricultura para cimentar ese desarrollo económico, pero planeaba que la tierra se privatizara en forma congruente con las tradiciones legales mexicanas y las diversas culturas y aspiraciones de la población rural. Su visión de la arquitectura para privatizar incluía el respeto a los derechos territoriales comunitarios. Lerdo también apoyaba la privatización gradual, en la que las masas rurales sufrirían lo menos posible. Juárez cobró fama como nacionalista en la década de 1850, cuando, como secretario de Hacienda, bloqueó la venta de Baja California. A través de Edward Lee Plumb, primer secretario de la legación de Estados Unidos en la ciudad de México, Taylor había ofrecido a los liberales 15 millones de dólares por Baja California en un momento en que éstos buscaban desesperadamente préstamos que los ayudaran en su pugna con los conservadores. Lerdo manejó el asunto con tanto garbo como le fue posible. En vez de rechazar de plano la propuesta, pidió 30 millones de dólares, más del doble del monto acordado por sus compañeros de gabinete. El presidente Juárez usó la oposición de Lerdo al trato y de manera hábil denegó la oferta de los estadunidenses sin ganarse su enemistad personal. Las elites liberales que querían modernizar a México creían que los mayores salarios y ganancias que se ofrecían en zonas altamente capitalizadas de agricultura comercial de exportación, como las áreas productoras de azúcar de Morelos, o en las industrias minera, maderera y textil, brindaban a la nación la oportunidad de estimular el surgimiento del mercado interno. El alto grado de capitalización requerido para alcanzar la economía de escala que hiciera rentables a esas empresas, los riesgos y la necesidad de ferrocarriles para dar acceso al mercado se combinaban para crear una sensación de urgencia en la contratación de fondos extranjeros. Era natural que los mexicanos que deseaban ese cambio económico buscaran vínculos más estrechos con su cada vez más rico vecino del norte. La privatización avanzó lentamente durante la presidencia de Juárez, quien creía en los “lazos de fraternidad que unen a los países democráticos”, y en ese contexto apoyaba la cooperación económica estadunidense con México. Promovió una asociación marcada por el respeto mutuo y la igualdad jurídica. Lerdo también creía que la inversión extranjera era esencial, y facilitó el proceso de privatización e inversión extranjera con decretos una vez que se convirtió en presidente, en 1872. Era un nacionalista económico, sin embargo temía que el otorgamiento de concesiones territoriales demasiado grandes llevara al desmembramiento nacional y que la propiedad estadunidense de los ferrocarriles de México diera a los extranjeros demasiado control.

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El hombre más rico de Texas Charles Stillman adquirió fama en el sur de Texas durante la guerra entre México y Estados Unidos, cuando consiguió un contrato para transportar suministros por el río Bravo desde el Golfo de México, para entregarlos al ejército del general Zachary Taylor, durante la campaña que diera por resultado la captura de Monterrey. Los negocios de Stillman en México en 1848, al final de la guerra, ref lejaron el implacable carácter que los empresarios estadunidenses exhibieron demasiado a menudo a fines del siglo XIX y principios del XX. Después de la guerra los estadunidenses controlaron la orilla norte del río Bravo. Sin embargo, antes de la guerra el gobierno local de la ciudad de Matamoros había ejercido su facultad de dominio eminente denunciando terrenos agrícolas en el lado norte del río a fin de extender los bienes comunales necesarios para sus ciudadanos. El procedimiento de denuncia era habitual en ciudades y pueblos en crecimiento, y esos terrenos fueron anexados, pese a las protestas de sus dueños originales, la familia Cavazos de Texas, miembros de la elite de Matamoros que apoyó a los estadunidenses en la guerra. Tras la victoria de Estados Unidos, Stillman compró ese ejido de Matamoros a Sabás Cavazos. Las leyes española y mexicana consideraban inalienables los bienes comunales, de modo que esa compra fue legalmente inválida, pero los terrenos se hallaban en el lado norte del río Bravo, y por lo tanto estaban sujetos a las decisiones de los tribunales de Texas, y los fallos fueron contrarios a los mexicanos. Stillman creó la Brownsville Town Company y empezó a vender lotes urbanos hasta por 1,500 dólares cada uno. Rápidamente atrajo a unos 2 mil pobladores. Stillman y Samuel Belden, su socio, vendieron el grueso de las propiedades, y muy pronto el resto del sitio a E. Basse y Robert H. Hord, con una jugosa ganancia de 35 mil dólares. Stillman escapó así a complejas y costosas batallas en los tribunales de Texas sobre quiénes eran los dueños de Brownsville de acuerdo con la ley. Basse y Hord procedieron a obtener rápidamente el apoyo del gobierno estatal de Texas a su reclamación de Brownsville. En enero de 1850, la legislatura de ese estado reconoció a la ciudad de Brownsville y dejó asentada su opinión sobre cualquier reclamo mexicano de la propiedad de aquélla, sin importar la ley: [Todos] los derechos, títulos e intereses del Estado de Texas en la totalidad del territorio incluido en la mencionada extensión, que fue propiedad de la ciudad de Matamoras [sic], a partir del 19 de diciembre de 1836, serán y son cedidos por efecto de esta ley a la corporación de Brownsville, y sus sucesores en el oficio, en custodia para el uso y beneficio de dicha ciudad, siempre y cuando esta ley no perjudique derechos privados.26 Stillman también compró vastas extensiones al norte del río para él y sus socios, Richard King y Miff lin Kenedy. Cada uno de ellos obtuvo así derechos sobre cientos de miles de hectáreas de tierras ferozmente disputadas. Parte de esas compras se convirtieron en los famosos ranchos de Kenedy y King. Stillman, King y Kenedy pelearon para validar la adquisición de sus ranchos. Desde la década de 1850 hasta mediados de la de 1870, sus controver-

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tidos derechos sobre esas propiedades fueron respaldados por los Texas Rangers, el ejército de Estados Unidos y sus propios ejércitos privados. Durante años, sus milicias combatieron a los mexicanos que confiscaban ganado y quemaban ranchos como represalia por su desalojo. Esos títulos aún estaban en disputa en los tribunales de Texas a fines del siglo XX.27 Para la década de 1850, Stillman era fácilmente el hombre más rico de Texas y el capitalista estadunidense más importante en México. Disfrutaba de estrechos contactos con los principales capitalistas de Nueva York. James Woodward, hermano del socio de Stillman, William, brindaba asistencia financiera a los proyectos de Stillman desde el Hanover National Bank que él dirigía. Taylor, el mejor amigo de Stillman, contribuyó a la educación del hijo de éste, James, quien más tarde asumiría la dirección del National City Bank. Stillman usó sus conexiones para obtener el lucrativo contrato de abastecimiento del ejército de Taylor. Stillman desarrolló un nexo comercial y manufacturero en el noreste de México, anclado en Monterrey y el área de Brownsville-Matamoros. Esta red llegaba a los muelles de Nueva York y a los mercados de Guadalajara. Durante la década de 1850, Stillman, King y sus socios acumularon cada vez más grandes carteras de bienes raíces en Texas. Pagaban precios muy bajos, por lo general no más de diez centavos por acre, a menudo a vendedores como la familia Cavazos con dudosos derechos sobre las tierras. Reclamantes mexicanos protestaban contra la toma de tierras, pero era raro que ganaran porque funcionarios judiciales como el juez Stephen Powers, de Brownsville, operaban como virtuales empleados de los poderosos rancheros. En 1854, Stillman probablemente se sumó a su socio minoritario Joseph Morell en la formación de La Fama de Nuevo León, la primera gran fábrica textil de Monterrey. 28 También compró minas de hierro, plomo, plata y cobre en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.29 Para fines de la década de 1850, Stillman, King, Kenedy y algunos más ya dominaban el comercio, las finanzas y la tenencia de la tierra a gran escala en el valle del río Bravo. Stillman y King veían más allá de la mera inversión. De 1851 a 1852 apoyaron una invasión a México dirigida por el general Carbajal, en un malogrado intento por derribar al gobierno conservador de Tamaulipas. Stillman y King proporcionaron armas y municiones al ejército de Carbajal, compuesto por texanos, desertores del ejército de Estados Unidos y mexicanos. El propósito del ataque era establecer la “República de la Sierra Madre”, con los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León. De haber sido exitosa la invasión, Carbajal, Stillman y King habrían obtenido el control del noreste de México. Sin embargo, la mayor parte de la población mexicana consideró la invasión de Carbajal como una incursión filibustera y se negó a apoyarla. A Stillman, la formación de la República de la Sierra Madre le habría ofrecido la oportunidad de un imperio personal.30 Cuando el bloqueo naval de la Unión interrumpió las exportaciones seguras de algodón durante la guerra civil, el gobierno confederado buscó ayuda de México. De 1862 a fines del conf licto, Stillman, King y Kenedy compraron algodón a agricultores del oeste de Louisiana, Arkansas y Texas y lo embarcaron a Alleyton, Texas, terminal del Galveston, Harrisburg, and San Antonio Railroad. De ahí el algodón se transportaba en carretas a las bodegas de Stillman en Matamoros y otros puntos de México. Los vagones que retornaban

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del área fronteriza llevaban textiles, uniformes, medicinas y provisiones militares para la Confederación. Stillman, King y Kenedy recibían una comisión de 2.5% del valor de la mercancía que llegaba exitosamente a su destino, y 2.5% adicional por los servicios de almacenamiento y comercialización en Matamoros. El pago se hacía en oro, no en moneda de la Confederación. Estos socios recibieron, en promedio, 60 mil dólares cada uno al mes durante 1862, 1863 y 1864. George Brackenridge, texano nativo, fungía como el principal comprador de algodón de Stillman, y recorría grandes distancias para hacer las adquisiciones. En realidad, Brackenridge era un agente del Tesoro que espiaba para la Unión, papel señalado por Francis Jay Herron, general de la Unión.31 King y Kenedy concentraron sus actividades en Texas. Pero Stillman tenía horizontes más amplios. Aprovechaba las oportunidades disponibles mediante sus conexiones mercantiles para embarcar algodón a Nueva York, Liverpool y Manchester, al tiempo que manufacturaba textiles en Monterrey. La Fama de Nuevo León producía telas y, probablemente, uniformes para la Confederación. Morell asistía en la exportación de algodón desde el puerto mexicano de Bagdad, el enclave propiedad de Stillman en la desembocadura del río Grande, al este de Matamoros. Algunas ventas producían grandes márgenes de utilidad. En un caso, Stillman obtuvo utilidades de 18,851 dólares sobre 21,504 dólares brutos.32 Vendía su algodón con utilidades de igual magnitud en Liverpool y Manchester. Entre mayo de 1861 y enero de 1863 obtuvo beneficios brutos por 500 mil dólares en Nueva York. Los volúmenes y utilidades de Stillman se incrementaron en 186, después de que el bloqueo naval de la Unión redujo el comercio desde puertos estadunidenses. Vendía algodón embarcado en México a más de cuatro veces su costo, con utilidades promedio de unos 14,500 dólares por embarque. Las pieles rendían ganancias aún mayores: un embarque en 1864 produjo 26,070 dólares. En esa época, Stillman amplió sus relaciones de negocios con T. W. House, principal agente algodonero de Houston, director del mayor banco privado de Texas y promotor clave del Houston Ship Channel. El hijo de House, el coronel Edward Mandell House, desempeñaría un papel clave en la formulación de la política estadunidense durante la Revolución mexicana de 1910. No hay duda de que el Departamento de Guerra del gobierno de Estados Unidos compró grandes cantidades de algodón del sur a través de Stillman. Pese a su conocida operación de suministro de materiales a la Confederación desde México, gran parte del algodón que Stillman embarcaba al otro bando terminaba en uniformes para el ejército de la Unión. Las autoridades estadunidenses acusaron de alta traición y otros cargos tanto a King como a Stillman una vez que terminó la guerra.33 Charles Stillman había amasado una fortuna al final de la guerra civil. Sus intereses en el noreste de México incluían bodegas en Matamoros y Monterrey, un puerto y minas. Se unió a su amigo Taylor como importante accionista del National City Bank. Era el principal importador-exportador e inversionista ferroviario estadunidense en el sur de Texas. Más tarde, Stillman y Woodward compraron bonos liberales mexicanos, y quizá ayudaron a Carbajal a venderlos. Sus poderosas relaciones habrían ayudado a un viejo amigo que representaba a un gobierno en bancarrota y en el exilio, en el que Stillman y Woodward tenían apremiantes intereses.34

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Desconfianza y animosidad Una profunda desconfianza se desarrolló entre los líderes liberales y sus partidarios estadunidenses mientras la guerra entre los mexicanos y los franceses se acercaba a su fin en 1867. Ataques, descargas y decomisos de las fuerzas francesas inf lingieron una cuantiosa pérdida en el número de armas realmente recibidas por el ejército liberal. En algunos casos habían llegado embarques parciales, pero los estadunidenses presentaban facturas por cantidades de armas y provisiones mayores que las recibidas. Algunos liberales sospechaban que las armas de las que se les hacía responsables jamás habían sido enviadas. Surgió así una serie de controversias entre los tenedores de bonos y el gobierno mexicano a causa de la negativa de éste a amortizar sus deudas. Los tenedores de bonos y otros acreedores estadunidenses, sobre todo Sturm y Funke, empezaron a presionar a los mexicanos para el pago de los intereses sobre sus títulos. Tan sólo dos de las reclamaciones de Sturm totalizaban 600 mil dólares. El comerciante L. S. Hargous reclamó casi 1,500,000 de dólares por bonos mexicanos, emitidos en pago por dos navíos y armas diversas. Los mexicanos lo objetaron, señalando que nunca habían recibido las naves ni los embarques. Charles Butterfield, propietario de una línea de cargueros de Nueva York, afirmó que el gobierno mexicano le debía 202,743 dólares por dos barcos, el Iturbide y el Santa Ana. Los ejecutivos de E. I. Du Pont de Nemours aseguraron que los mexicanos debían a esa compañía un principal e intereses por 3 millones de dólares en bonos liberales. Cuando presentaron sus evidencias, éstas incluían los bonos y un contrato firmado por el general Carbajal en el que se ofrecían tierras como garantía.35 Otros miembros de la elite económica de Nueva York poseían obligaciones mexicanas no necesariamente vinculadas con la compra de bonos. Charles H. Wheeler perdió 217,700 dólares cuando una cuadrilla de soldados incautaron su bergantín en Tampico; Charles Stillman, 55,960 en una incautación similar en Matamoros; el banquero Albert Speyer, 635 mil en 1872; Henry Hyde, quien fungía con Hartley como miembro del consejo de administración de Equitable, 344 mil en mercancía en Mazatlán, y J. H. Phelps, 200 mil dólares en cargamento militar confiscado. Curiosamente, la Lower California Company de Morgan reclamó indemnizaciones por un total de 12,500,000 de dólares a causa de concesiones territoriales canceladas.36 En 1868 los acreedores, banqueros y fabricantes y comerciantes de armas estadunidenses dieron el paso de exigir el pago de sus numerosos títulos. Algunos de los principales acreedores demandaron la asistencia de su gobierno. James T. Ames, de la Sharps Rif le Company de Massachusetts, se quejó de su infructuosa búsqueda de una compensación. Charles H. Pond, de la firma Cooper and Pond de Nueva York, indicó haber enviado armas cuyos “bonos u órdenes correspondientes se remitieron a los acreedores”, sin que después se hayan liquidado. El banquero Herman Funke buscó el pago de un embarque de armas concertado por el agente Lewis Schumaker. El financiero Augustus Morrill exigió compensación por un embarque de armas remitido a los liberales en 1860, y el también financiero W. S. Hutchinson persiguió el rembolso de un préstamo.37 Para principios de la década de 1870, el proveedor de armas Latham, Sprague, and Howell ya había recurrido a los servicios del

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distinguido abogado de Washington Edward Landes para demandar al gobierno de México por 3,500,000 dólares en pérdidas. E. Peshire Smith, del State Bank of Hartford, exigió el pago por parte del gobierno mexicano de un embarque de armas efectuado en 1860. Citó un sumario escrito por el secretario de Estado, Seward, al embajador de Estados Unidos en México, Arthur Corwin. En abril de 1861, míster Seward le escribió a míster Corwin, ministro de Estados Unidos en México, que había encontrado sus archivos llenos de quejas contra el gobierno mexicano por violación de contratos, expoliaciones y crueldades practicadas contra ciudadanos estadunidenses.38 La situación que se había iniciado cuando los liberales tomaron el poder, a mediados de la década de 1850, empeoró hasta que el general Díaz tomó la presidencia en 1876. En cada caso, los mexicanos replicaron que los bienes se habían sobrevaluado, dañado o perdido a causa de incautaciones francesas o naufragios, o habían sido simplemente desembolsos no registrados. Los liberales continuaron negándose a aceptar responsabilidad sobre los bienes a menos que una autoridad lo hubiera hecho. También rechazaron otras reclamaciones, incluido un préstamo forzado de 21 mil dólares impuesto a Edward Francis y George MacManus, magnates de Pennsylvania and Camden Steel que habían comprado la casa de moneda de Chihuahua. Los quebrados políticos mexicanos se aferraron a su posición de cara a las amenazas estadunidenses de negarles crédito internacional.39 La tensión entre los liberales mexicanos y sus partidarios estadunidenses siguió acentuándose. Luego de la evacuación francesa de México, en 1867, el gobierno de Maximiliano y sus simpatizantes del partido conservador se derrumbó con rapidez. Para fines de ese año, los liberales habían conseguido el control de la nación, con Juárez a la cabeza. En 1868, los inversionistas estadunidenses habían perdido confianza en la honestidad del gobierno de Juárez. Conforme las controversias aumentaban, otros estadunidenses que no necesariamente habían ayudado a los liberales entraron a la refriega. Creían tener reclamos legítimos contra el gobierno mexicano. Charles Stillman y su socio Samuel Belden presentaron una demanda por la incautación de un embarque de 445 fardos de bienes en tránsito desde sus establecimientos mercantiles en Matamoros y Monterrey. Cornelius Stillman, hermano de Charles, presentó una demanda por 104,538 dólares a causa de la pérdida de ganado en incursiones por la frontera mexicana que afectaron a su Laureles Ranch en el valle del río Bravo. Richard King y Miff lin Kenedy hicieron una reclamación por 560 mil dólares contra el gobierno mexicano por sus pérdidas de ganado y la incautación de un barco en Tampico. Otros reclamantes de compensación del gobierno mexicano eran estadunidenses implicados en proyectos de promoción inmobiliaria, mineros y ferroviarios. J. B. G. Isham, Charles P. Stone, un individuo apellidado Calhoun y los banqueros suizos Jecker, Torre, and Company reclamaron, cada uno, una cuarta parte de la inversión en una concesión de la década de 1850 para colonizar y deslindar terrenos baldíos en Sonora, Sinaloa y Baja California. Este proyecto se convirtió en una expedición de filibusteros. Tales intentos armados de apropiación de territorio irritaron a los líderes mexicanos. En 1859, el gobierno de México y el

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gobernador de Sonora cancelaron conjuntamente la concesión, que incluía los “territorios deshabitados” de los yaquis y otros grupos. A fines de la década de 1860, la Lower California Company sostuvo un derecho a la porción de Baja California de esa misma concesión. El gobierno de Juárez rechazó repetidas peticiones de restauración de tales concesiones territoriales o de compensación satisfactoria, y Lerdo hizo lo mismo en forma irrevocable en 1875. La actividad filibustera desempeñó parte importante en la interpretación de la situación por parte del gobierno mexicano.40 Intereses navieros estadunidenses que buscaban concesiones portuarias y territoriales adyacentes, también desafiaron al gobierno de México. Aspinwall presentó una demanda ante el gobierno de Estados Unidos a nombre de la Pacific Mail Steamship Company, reclamando una deuda de 43,607 dólares y quejándose de que los mexicanos habían usado excesiva violencia al expulsar a un grupo de ochenta y cinco filibusteros estadunidenses que intentaban tomar Baja California. Lerdo rechazó la reclamación varias veces, y en 1875 la rechazó irrevocablemente, con contumacia. Al hacerlo, enojó a algunos de los más poderosos hombres de Nueva York, entre ellos Taylor quien, junto con el primo y socio de Aspinwall, William E. Howland, encabezaba el consorcio promotor del Mexican National Railroad (Ferrocarril Nacional de México). Taylor y Aspinwall habían trabajado lado a lado a todo lo largo de su trayectoria. Comenzaron juntos como oficinistas en la casa mercantil Gardiner Green Howland de Nueva York, que Aspinwall y Howland heredaron después. La firma Howland “no tenía rival en el comercio en el Pacífico” y poseía un “virtual monopolio con Venezuela”. Como resultado de ello, Aspinwall se convirtió en “uno de los hombres más ricos de Nueva York”. Lerdo complicó entonces la crisis rechazando una demanda interpuesta por Alfred Phipps, quien estaba financieramente relacionado con Taylor, Morgan y Stillman a través de sus lazos con la New York Trust Company y el Hanover Bank. Phipps realizaba comercio entre Estados Unidos y Baja California, y aseguró que desde 1855 los mexicanos habían rechazado reclamaciones por un total de 280 mil dólares. Edgar Conkling, de Nueva York, dueño de Mackinaw Island en Michigan, se quejó de haber perdido una gran concesión territorial legítima en Sonora otorgada por Maximiliano. Juárez se negó a reconocer la legalidad de esa concesión territorial, pese al hecho de que el nuevo gobierno estaba obligado por ley [sic] a aceptar las temerarias decisiones de Maximiliano. Jonas P. Levy, de Nueva York, otro concesionario favorecido por Maximiliano, presentó una demanda por 5 millones de dólares, luego de que Juárez abrogó su concesión para construir un canal en el Istmo de Tehuantepec.41 El gobierno de Estados Unidos no apoyó a Levy, pero la voz de éste se unió al creciente coro de protestas que emanaban de la comunidad financiera de Nueva York. Estadunidenses y mexicanos expresaron mutua desconfianza mientras las controversias proseguían. A fines de la década de 1860 y principios de la de 1870, Lerdo exigió documentación completa para cada reclamación. Cuando los estadunidenses presentaban sus recibos y otros documentos, Lerdo y sus partidarios los rechazaban tajantemente, o reconocían la validez de algunos recursos pero los desechaban con el argumento de que Carbajal, Sturm, Tifft y otros habían subvaluado los bonos descontados. Lerdo sostuvo que esos agentes habían

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dado a sus amigos ventajas de operación “privilegiadas”. Los mexicanos señalaron las grandes comisiones reclamadas por Kelly, Tifft y Sturm como evidencia de fraude. Lerdo y sus partidarios también se quejaron de que las armas, además de estar sobrevaluadas y de que frecuentemente no habían sido recibidas, a menudo habían resultado defectuosas. Durante la controversia, Romero escribió a Clews más de una vez, llamando al banquero “querido amigo” y expresando su deseo de que se llegara a un arreglo satisfactorio con los acreedores de Nueva York, una vez que las condiciones mejoraran en México. Clews, cuya fama como banquero de inversión era de conservador recelo hacia la especulación y de proteger a sus clientes, debe haberse disgustado. No contestó, pero en el apogeo de la disputa publicó una carta de Romero en un periódico de Nueva York sin comentarios. Una sensación de traición invadió a la comunidad bancaria de Wall Street. 42 En mayo de 1868, los más poderosos acreedores estadunidenses de México formaron el New York Bondholders Committee para que representara sus intereses en Washington y presionara a los mexicanos. Esos acreedores hicieron frente a lo que consideraban dolo financiero de la ciudad de México. Luego de varias reuniones resolvieron [que] se nombre un comité para conferenciar con el general Sturm y urgir el procesamiento de nuestras demandas ante el gobierno mexicano, o el gobierno de Estados Unidos, así como dar los demás pasos que sean necesarios para el cumplimiento del plan propuesto y asegurar la cooperación de todos los demandantes estadunidenses.43 Sturm fue elegido presidente del comité. Funke, Hartley, Taylor, Edward A. Quintard, de Quintard, Ward, and Company, y David C. Dodd, en representación de los intereses de exportación de armas de P. P. Howell, integraron el comité ejecutivo. Muchos de esos hombres habían establecido sus relaciones de negocios durante la guerra civil. Los Quintard no eran la excepción. Durante ese conf licto y los años de la posguerra, George W. Quintard, hermano de Edward, formó estrechos vínculos con Clews, Morgan y otros recaudadores de fondos de la Unión. Dirigía Morgan Iron Works, una de las principales constructoras navales de Estados Unidos, y participó en la construcción de los monitores acorazados de la Unión. El interés de Quintard en México era profundo. George Quintard adquirió una importante participación en la Batopilas Mining Company de Chihuahua, de donde él, sus compañeros inversionistas de los Park National y Wells Fargo Banks y el gerente de operaciones, Alexander Shepherd, extrajeron un millón de dólares anuales durante veinte años en las décadas de 1880 y 1890.44 Funke inició la campaña de los tenedores de bonos contra el gobierno mexicano denunciando a Lerdo por su negativa a reconocer la validez de los bonos. Sturm imprimió después un panf leto en el que se atacaba a los mexicanos. Funke, Sturm, Barney y Brink cabildearon entre los funcionarios del gabinete de los gobiernos de Andrew Johnson y Ulysses S. Grant para presionar a los mexicanos con el fin de que pagaran. Clews, tenedor de bonos él mismo, reportó un cambio de carácter por parte de Romero tras convertirse en el secretario mexicano de Hacienda. Una vez que ocupó un puesto en el gabinete de Juárez,

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Romero ya no pareció ser el optimista que había sido cuando se desempeñó como representante del gobierno liberal en Nueva York e hizo múltiples promesas a partidarios estadunidenses.45 Funke y sus socios comprendían la imposible situación financiera del gobierno mexicano, pero la negativa de éste a reconocer la validez de la mayoría de sus reclamaciones y sus tácticas dilatorias en la consideración de sus propuestas de concesiones, en vez de efectivo, los enojaron. Muchos se consideraban víctimas de un fraude perpretado por adeptos a Lerdo. Los editores del The New York Times coincidían con los acreedores-críticos del gobierno mexicano y manifestaron que las deudas están en manos de muchos de nuestros más distinguidos comerciantes y fabricantes, y recientemente se han sostenido aquí varias reuniones para emprender acciones dirigidas a la mejor manera de cobrarlas. La cuestión de los derechos de los estadunidenses en México es de importancia nacional. Los editores de ese diario concentraban su atención en el noroeste de México. Ese Territorio, rico en recursos minerales y agrícolas, se sitúa entre nosotros y la costa del Pacífico; y es requisito para nuestra prosperidad que se nos debe permitir, cuando estemos inclinados a ello, realizar ahí actividades comerciales y de otro tipo en absoluta tranquilidad.46 Finalmente, el Times publicó una nota sin firma que sustentaba los argumentos de los expansionistas. Los estados del norte de México son fuente de debilidad en vez de fortaleza para el gobierno central. El gobierno de Estados Unidos necesita esos estados. [...] México, liberado de la carga de su deuda y desembarazado de un territorio notorio por engendrar conmociones civiles, podría establecer entonces un gobierno republicano sobre una base firme; mientras que, sin tal ajuste, se hundirá cada vez más profundamente en el abismo de la anarquía. [...] Un gobierno fuerte y centralizado es una necesidad imperativa para la restauración del orden.47 Poder del plenipotenciario En 1868, el presidente Johnson escogió al general William Starke Rosecrans como ministro plenipotenciaro de Estados Unidos en México. Rosecrans, descendiente de una eminente familia de Ohio y graduado en la U.S. Military Academy de West Point, estaba impulsado por el deseo de subsanar la deshonra militar que había sufrido durante su desafortunado nombramiento como general y comandante de la campaña de Tennessee, en 1863. Su destitución por el general Grant lo excluyó de todo papel importante en la guerra, y en 1867 había renunciado a su comisión en el ejército. Perseguía un papel de liderazgo en el emergente oeste estadunidense y en México, y se proponía alcanzar esa meta mediante la promoción ferroviaria e inmobiliaria.48 Rosecrans remplazó temporalmente a Edward Lee Plumb, el

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saliente primer secretario de la legación estadunidense en la ciudad de México, como principal promotor de inversiones y negocios en México. Parte de su labor consistió en impulsar las reclamaciones e intereses ferroviarios estadunidenses en México. A mediados de la década de 1860, Plumb había colaborado con Taylor, Aspinwall, Samuel Phelps, de la Pacific Mail Steamship Company, y Francis Skiddy, principal figura del National Bank of the Republic y socio de Skiddy, Minford, and Company, una de las principales importadoras estadunidenses de azúcar cubana, en sus esfuerzos por construir puertos y un ferrocarril de Guaymas, puerto en el Golfo de California, a El Paso. Los líderes de Pacific Mail anticipaban la expansión estadunidense y perseguían activamente su visión de una hegemonía de Estados Unidos sobre un área que trascendía a México y comprendía lo que ellos llamaban la cuenca del Pacífico. La concesión de ese ferrocarril, que llamaron Mexican Pacific Railroad (Ferrocarril Mexicano del Pacífico), aún estaba en negociación cuando Plumb se marchó a Cuba en misión oficial.49 Rosecrans y Plumb compartían una visión de Estados Unidos como cabeza del Pacífico y América del Norte, pero contrastaban mucho entre sí. Ambos comprendían las implicaciones del engrandecimiento estadunidense, pero Rosecrans quería estar en el primer plano, mientras que Plumb esperaba cosechar recompensas por sus servicios como intermediario. La fugaz asignación de Rosecrans fue un momento decisivo en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y México. Antes de partir a México, Rosecrans reclutó a los equipos empresariales y políticos estadunidenses que encabezaban una nueva era de intensas interacciones económicas, culturales y políticas entre las dos naciones. Desafortunadamente para él, no logró unir a las facciones que representaban al Pennsylvania Railroad con las radicadas en Nueva York, aunque tuvo éxito en la organización del apoyo necesario para crear una red ferroviaria entre una muestra representativa de mexicanos. El gran éxito de Rosecrans ocurriría después, en los bienes raíces de California y como miembro del consejo de administración del Central Pacific Railroad. En 1868, Rosecrans movilizó a socios de negocios en Filadelfia, Boston y Nueva York que preveían un imperio estadunidense en ciernes. A diferencia de sus acaudalados adherentes, Rosecrans no favorecía adquisiciones territoriales a expensas de México, actitud que impresionó favorablemente a sus anfitriones mexicanos. Taylor y sus socios creían inevitable que México perdiera más territorio a manos de Estados Unidos, aparte del cedido al final de la guerra entre ambos países en 1848 y mediante la Compra Gadsden en 1853. Justificaban esa ambición con la creencia de que un México más chico, con una economía integrada a la estadunidense, emergería como una nación más próspera. El mejoramiento llegaría cuando los mexicanos trabajaran para capitalistas estadunidenses en la construcción de servicios públicos y de transporte y comunicaciones, en la extracción de minerales y maderas, y en la producción de exportaciones agrícolas y ganaderas. Estados Unidos conseguiría a su vez un nuevo mercado. Estos capitalistas creían que la emigración estadunidense a México conduciría a la absorción de los estados del norte de México. Como corolario de esta expectativa, Hubert Howe Bancroft dedicó el volumen dieciocho de su clásica serie sobre la historia de México a hacer un detallado examen de la población y recursos del extremo norte del país. En unos

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cuantos casos, los líderes estadunidenses, políticos entre ellos, vislumbraban la franca anexión de prácticamente todo el norte de México y el oeste de Canadá, ya fuera a través de la compra o por medios militares.50 Rosecrans amplió la presencia del capital estadunidense en México y estableció algunos vínculos de largo plazo entre importantes inversionistas estadunidenses y políticos mexicanos. Al representar activamente a los tenedores de bonos estadunidenses, fue capaz de combinar el poder económico de éstos con inversionistas interesados en otras áreas de la actividad económica, incrementando así la inf luencia de unos y otros sobre los gobiernos de México y Estados Unidos. Rosecrans interesó a ambos grupos porque propuso el pago de las deudas mexicanas con concesiones territoriales y ferroviarias, no con pagos en efectivo, que el quebrado gobierno mexicano no podía permitirse. Antes de marchar hacia México, Rosecrans se reunió con los diversos “bandos ferroviarios” de Estados Unidos, incluido el que formaban el coronel Thomas A. Scott, director del Pennsylvania Railroad, y J. Edgar Thomson, predecesor inmediato de Scott. El proyecto ferroviario de Rosecrans también atrajo interés y promesas de apoyo de individuos afiliados a la ruta El Paso-Guaymas propuesta por Pacific Mail. Entre ellos estaban Dodge, Astor, el capitalista y comerciante George Updyke, Morris Ketchum, de Rogers, Ketchum, and Grosvenor (promotor ferroviario); el banquero Morris Ketchum Jesup, de M. K. Jesup and Company; el arquitecto Antonio Jaime Dovale, y otras personas de Nueva York, Filadelfia y Boston.51 En 1868, cuando arribó a la ciudad de México, Rosecrans llevaba consigo el respaldo de todos ellos para obtener concesiones para establecer un sistema ferroviario nacional. El ferrocarril uniría a la ciudad de México con Nueva York y la costa este de Estados Unidos vía El Paso. También cruzaría México, desde el pequeño puerto de Tuxpan —en el Golfo, al norte de Veracruz, ciudad dominada por los europeos— y a través de la ciudad de México hasta Guadalajara, así como Acapulco y Mazatlán en el Pacífico. El plan incluía derechos portuarios, servicios telegráficos en el interior de México y líneas ferroviarias menores hacia aserraderos, minas, fundidoras y centros de procesamiento de otras materias primas.52 Los inversionistas estadunidenses también querían establecer un banco nacional mexicano, que ellos controlarían. A corto plazo, la idea de un banco nacional alentaría la confianza de los inversionistas al complementar su compromiso con la infraestructura industrial y de comunicaciones y transportes con la reorganización de las caóticas finanzas de México. Los inversionistas sabían que el control de un banco nacional les permitiría inf luir poderosamente en la política y decisiones específicas del Estado. Rosecrans comenzó por organizar a dueños estadunidenses de tierras y minas ya presentes en México. Su intención era vincular inversiones de ellos junto con la suya en la red naviera y ferroviaria que resultaría de las concesiones otorgadas por el gobierno mexicano. Rosecrans también reclutó a socios mexicanos. Su plan de aliviar la deuda de México a través del crecimiento económico y la venta de concesiones atrajo el apoyo de Romero, Juan Fermín Huarte, miembro de la familia de Agustín de Iturbide, el emperador corrupto depuesto en la década de 1820, y varios diputados mexicanos. Rosecrans estableció una relación de trabajo de largo plazo con Romero, quien consideraba a Estados Unidos el modelo a seguir

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para el desarrollo de México. Los hombres de negocios estadunidenses y sus aliados políticos mexicanos consideraban a los ferrocarriles y a sus empresas agrícolas, ganaderas y madereras como la clave de su beneficio personal y la prosperidad de México. En 1868 empezaron comprando propiedades rurales potencialmente rentables a terratenientes locales. Esas propiedades se hallaban cerca de las rutas ferroviarias propuestas.53 Rosecrans y Robert Symon, financiero con intereses en Boston y Nueva York y más tarde una de las fuerzas principales en los Santa Fe y Mexican Central Railroads (Ferrocarril Central Mexicano), compraron propiedades tierra adentro desde Tuxpan, la terminal planeada en el este. Rosecrans y sus principales socios en los bienes raíces mexicanos —Brink, Symon y el promotor ferroviario e inmobiliario William Mackintosh— se adelantaron a la embestida de compra de tierras por parte de los estadunidenses, que casi abrumarían a México veinticinco años después cuando adquirieron los derechos de la familia Yrriate sobre la hacienda Estaca, inmensa finca entre Mazatlán y Durango. Prometieron a Juárez un proyecto de colonización, pero en realidad se proponían cortar madera y explotar minas de plata y oro en las tierras altas de la Sierra Madre, de las que la Estaca formaba parte. La hacienda comprendía varios cientos de miles de acres. El presidente Juárez y el secretario mexicano del Interior, Blas Balcárcel, cedieron la propiedad a los estadunidenses porque representaban una inversión de capital, servicios ferroviarios y minas. El gobierno otorgó a los estadunidenses “dos años de poder ilimitado para formar la compañía [de colonización]”. Como parte del incentivo, Rosecrans recibió 54% de los derechos de explotación de minerales y las tierras de la concesión como propiedad personal. Predeciblemente, Lerdo se opuso a la concesión, a la que juzgó una “traición”. Rosecrans recibió al menos una parte de la concesión, y años después vendió una porción de los terrenos a otros financieros de San Francisco, quienes establecieron empresas madereras y minas.54 Rosecrans también aceptó el ofrecimiento de William Winder, de Los Angeles, California, de una participación de 50% en veintidós leguas cuadradas (10,500 ha) en Baja California. El título de propiedad de Winder no era del todo seguro, y su ofrecimiento dependía de la capacidad de Rosecrans para convencer al presidente Juárez de confirmar la concesión. Pese a sus muchos negocios inmobiliarios exitosos en México y California, esta tentativa de Rosecrans parece haber terminado en fracaso.55 Los concesionarios En 1867, Lerdo desconoció la deuda contraída por el gobierno de Maximiliano, que incluía reclamaciones de inversionistas estadunidenses. Aunque la importancia de los estadunidenses que apoyaron al emperador era marginal, la comunidad financiera de Nueva York veía con alarma la cancelación de cualquier deuda internacional. Después, Lerdo concitó en el Congreso y la prensa de la ciudad de México oposición a las demandas estadunidenses de pago de la deuda nacional. Desafortunadamente para Rosecrans y sus socios, esa oposición también se dirigió contra su propuesto plan ferroviario. Lerdo consideraba el plan de una extensa red ferroviaria con salidas en ambas costas como una amenaza a la inde-

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pendencia de México. Los mexicanos y la prensa se dividían entre quienes querían desarrollo económico en concierto con los estadunidenses y quienes temían la pérdida de independencia nacional. La oposición bloqueó la aprobación del plan en el Congreso durante 1868 y 1870. Nacionalistas en la prensa de la ciudad de México denunciaron la deuda y la propuesta del ferrocarril como una “expedición filibustera”. Los estadunidenses sospechaban que Lerdo era la fuente de la mayor parte de sus problemas, y, en efecto, el segundo de Juárez en el mando se pronunciaba contra cada nueva propuesta tan pronto como Romero la apoyaba.56 Desairaba al New York Bonholders Committee y al imperioso Rosecrans. Detenía a los tenedores de deuda de largo plazo aduciendo, no sin razón, que México no podía satisfacer aún las obligaciones de su deuda internacional. Su respuesta a las lisonjas de quienes habían financiado el esfuerzo liberal contra los franceses fue vista como ingratitud, y le valió muchos enemigos en los círculos financieros estadunidenses.57 Aunque se oponía a los planes ferroviarios de Rosecrans, Lerdo había apoyado la anterior propuesta de Plumb de una sola línea ferroviaria desde Guaymas para el grupo de Mexican Pacific, el cual se había ganado la buena voluntad de Lerdo al intentar obtener en 1862 fondos estadunidenses para ayudar al gobierno de Juárez a combatir a los invasores franceses.58 En 1869, los tenedores de bonos y promotores ferroviarios cabildearon dentro del gobierno de Estados Unidos en busca de ayuda para la obtención de concesiones y el cobro de la deuda mexicana. Brink, irritado tenedor de bonos y partidario del ambicioso proyecto ferroviario promovido por Rosecrans, se entrevistó con el presidente Grant; el secretario de Estado, Hamilton Fish, y el entonces presidente de la Suprema Corte, Chase. Como resultado de ello, el propio Grant invirtió en la empresa. Chase se mostró interesado, pero se retiró a causa de su “avanzada edad”. Fish aprobaba los objetivos de los capitalistas estadunidenses, aunque no hay evidencias de que haya participado como inversionista. Carlos Merighi, uno de los propugnadores de la propuesta de Rosecrans, se entrevistó con Grant y el secretario de Guerra, John A. Rawlins. Informó a éste “que el vicepresidente Lerdo, siendo un mal hombre, desprecia [a Rosecrans]” y que se oponía en general a los estadunidenses. Rawlins respaldó los esfuerzos de los promotores ferroviarios y tenedores de bonos.59 Hacendados estadunidenses ya residentes en México recibieron con entusiasmo las nuevas iniciativas ferroviarias. Stephen Auld ejemplifica la posición de todos. Auld era dueño de la hacienda pulquera Sochihuacán y de un establecimiento comercial en un crucero a 22 kilómetros de Pachuca, capital provincial al noroeste de la ciudad de México. Poseía 70 mil plantas de maguey. Pagaba a su centenar de trabajadores los bajos salarios que prevalecían en las haciendas pulqueras —veinticinco centavos diarios—, y embarcaba la bebida por carreta a la ciudad de México y Pachuca por accidentados caminos. Esta parte de su empresa le producía de 50 a 60 pesos a la semana. El comercio local y suntuario le reportaba una suma neta de 80 a 100 pesos al mes. Muchos de los bienes que ofrecía en venta llegaban por los mismos rudimentarios caminos. Auld creía que el servicio ferroviario elevaría la producción y la actividad económica en la región y multiplicaría sus ingresos. En febrero de 1869, Rosecrans, actuando a nombre de un poderoso consorcio esta-

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dunidense, solicitó al gobierno de México una concesión ferroviaria de El Paso a Guaymas. La línea se llamaría Mexican National Railroad. La ruta propuesta, que antes había sido pretendida por la Mexican Pacific Company, ofrecía un atajo de 1,500 kilómetros para el desplazamiento de carga al este o medio oeste de Estados Unidos desde diversos puntos al sur. Ese consorcio brindaba la solidez que caracterizaba a los exitosos ferrocarriles estadunidenses de la época. En Nueva York, Francis Darr, de A. Gross and Company, reclutaba a participantes, en tanto que los banqueros William R. Travers, Auguste Belmont, quien representaba a los Rothschild de Londres en Estados Unidos, William K. Fargo, de Wells Fargo, y el comerciante y financiero James Logan integraban la fortaleza financiera del consorcio. El acerero John A. Griswold se unió al grupo y complementó el capital de los financieros ofreciendo acceso a ese metal a las más bajas tarifas posibles. Griswold era socio de negocios de toda la vida de Taylor. Había trabajado con George Quintard en la construcción de los monitores acorazados durante la guerra civil. Fargo acompañaba a Quintard como importante inversionista en la Batopilas Mining Company, situada al sur de la ruta ferroviaria propuesta. El procurador general Caleb Cushing y los socios legales Barney y Butler aportaban al grupo toda la experiencia jurídica internacional necesaria y firmes conexiones en Washington. Symon se unió a Rosecrans en la compra de bienes raíces antes de la terminación de la línea. Symon estimuló el interés de Grant y del congresista Rutherford B. Hayes. Todos estos individuos se mantuvieron interesados en el proyecto durante los quince años siguientes.60 En esa época las estrategias del grupo promotor del ferrocarril de Guaymas eran representativas de las de la industria ferroviaria estadunidense en el oeste de Estados Unidos y en México. La línea de Guaymas propuesta se enlazaría con el transcontinental Texas and Pacific Railroad de Tom Scott en El Paso. La mayoría de los participantes en el consorcio de la concesión de Guaymas a El Paso ya estaban relacionados con Scott por el hecho de que éste presidía el Pennsylvania Railroad, y esta relación daría a la línea de Guaymas una condición especial. Tiempo después el consorcio buscó apoyo político en ambos países, obteniendo el respaldo de congresistas, ministros y futuros presidentes. Darr previó el éxito tanto de la concesión de la línea troncal mexicana como de la línea de Guaymas, el “ferrocarril favorito” de Rosecrans, cuando Joe Reynolds, colaborador suyo, ganó la elección por Texas al Senado de Estados Unidos. Mientras tanto, Rosecrans, Conkling y otros miembros del grupo adquirían una extensión territorial adyacente al ferrocarril propuesto, en cuyas mejoras proyectaron una inversión de 200 mil dólares.61 Más al sur, en la costa oeste de México cerca de Puerto Ángel, en el estado de Oaxaca, Oliver Eldridge, de la Pacific Mail Steamship Company, y Rosecrans compraron terrenos que los directores de esa compañía creían capaces de contener grandes reservas petroleras. Los directivos de Pacific Mail tenían mucha experiencia en comercio exterior. Skiddy y Taylor eran importantes figuras en el mercado del azúcar cubana en Nueva York. Skiddy adquirió después vastas extensiones en Chiapas, junto a la frontera con Guatemala. El Bank of the Republic, del que Skiddy era uno de los consejeros más importantes, desempeñaría a fines del siglo XIX un activo papel en el desarrollo urbano de la ciudad de México, mientras que

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Taylor emplearía sus recursos y los de sus clientes del National City Bank en el establecimiento de un cable trasatlántico que después extendería hacia Veracruz. La complejidad de la presencia estadunidense en México a fines de la década de 1860 y la de 1870 estaba en evolución e incluía a importantes empresarios y empresas distanciados, incluso geográficamente, de la locomotora que pronto cubriría al país. Joseph Headley Dulles, bisabuelo de John Foster Dulles y relacionado por vía matrimonial con John Foster, embajador de Estados Unidos en México durante la década de 1870, operaba la Triunfo Silver Mining and Commercial Company en Baja California. Con oficinas generales en Filadelfia, la Triunfo estaba relacionada con la compañía de Junius Morgan en esa ciudad y en Londres, que después sería la base para el negocio bancario británico de J. P. Morgan. La Triunfo poseía “una extensión de dieciocho millas cuadradas en la parte sur de la península”. Esos terrenos ocupaban más de 208 mil acres (84 mil ha), y Dulles aseguraba haber gastado 500 mil dólares en su adquisición y desarrollo. Las minas producían 20 mil dólares en plata al mes, pero él consideraba que 33% de rendimiento anual neto de la inversión era insuficiente. Juzgaba que los impuestos mexicanos eran muy altos, y deseó que Rosecrans, en su calidad de ministro plenipotenciario, contribuyera a lograr que Baja California fuera “transferida a Estados Unidos”. Los intereses de Dulles eran distintos, y tal vez hasta opuestos, a los de Taylor, Morgan y sus socios, pero compartía el deseo de éstos acerca de la anexión de Baja California.62 John MacManus, de Senfert, MacManus, and Company, contribuyó al desarrollo inicial de vínculos industriales y financieros entre México y Estados Unidos. También compartía la esperanza de la anexión. MacManus, socio cercano de Scott y Thomson, controlaba la Reading Iron Works, la Gibraltar Iron Works, la Scott Foundry, la Steam Forge Company, la Camden Tube Works y las Sheet Mill Companies, con plantas en Pennsylvania y Camden. Invirtió intensamente en el desarrollo del malogrado Texas and Pacific Railroad de Fort Worth a El Paso, y especulaba en la minería, madera y bienes inmuebles mexicanos con Rosecrans. Dos de sus hijos fijaron su residencia en México como resultado del compromiso del padre. Uno de ellos se hizo hombre de negocios en Chihuahua con intereses en la casa de moneda de la capital de ese estado, y el otro residía en el desarrollo habitacional de propiedad estadunidense conocido como Chapultepec Heights [Lomas de Chapultepec] en la ciudad de México, donde se le asesinó durante la revolución. Los zapatistas fueron culpados de su muerte, ocurrida cuando abrió fuego contra ellos una vez que entraron al vecindario. A fines de la década de 1860 y la de 1870, el general Thomas Sedgwick y el industrial de Cincinnati Ephraim Morse se sumaron a los líderes de negocios estadunidenses con ambiciones de extender sus operaciones a México, con la expectativa de inminentes anexiones. Una resolución pendiente en el Congreso mexicano de respaldo a las inversiones y ferrocarriles estadunidenses en México ofrecería la seguridad que creían necesaria para “el pleno desarrollo de México, y la verdadera escuela para educar y preparar [a los mexicanos] para la anexión”. Sedgwick y Morse prolongaron su Kansas and Pacific Railroad, también conocido como Union Pacific Southern Route, al suroeste, para enlazarlo con la línea Texas and Pacific de Scott. Vislumbraban, asimismo, una red ferroviaria que se extendería desde el

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corazón de Estados Unidos hasta México vía El Paso y Chihuahua, y a California vía Yuma y San Diego, y asociaban la anexión del noroeste de México con esas ambiciones. Al igual que los grupos de Pennsylvania y Nueva York, Sedgwick y Morse obtuvieron apoyo de inf luyentes políticos estadunidenses, incluidos J. D. Cox, de Ohio, secretario del Interior, y A. J. Stewart, de Nueva York, secretario del Tesoro. William Rockefeller, presidente de Standard Oil y uno de los consejeros del National City Bank, junto con James Stillman lograron más tarde el control de la línea de Sedgwick y Morse. En 1892, como nuevo dueño, Stillman coincidió con ellos y pronosticó la anexión de Sonora.63 A fines del verano de 1869, Rosecrans volvió a Nueva York, en un intento por reconciliar al grupo ferroviario de Nueva York, que buscaba concesiones para la línea El PasoGuaymas, con el grupo de Pennsylvania, que perseguía concesiones para la línea de Tuxpan. William A. Hegemon, banquero de inversión y socio cercano de J. P. Morgan, ayudó a Rosecrans a reunir el apoyo de financieros estadunidenses para los proyectos mexicanos. La casa bancaria de Hegemon representó la continuidad entre los financieros de la década de 1860 y los que vendrían después. Mantuvo labores en México en las dos décadas siguientes, tomando parte en la creación de los Santa Fe, Southern Pacific y Mexican Central Railroads. Después se unió a la International Banking Corporation, dirigida por una representativa muestra de financieros estadunidenses que incluía a Edward H. Harriman, Marcellus Hartley Dodge y William Salomon. Dodge era nieto del comerciante de armas Marcellus Hartley, quien había adquirido bonos mexicanos durante la década de 1860.64 En la ciudad de México los partidarios locales seguían pugnando por la concesión ferroviaria de Tuxpan contra una oleada de oposición nacionalista en el gabinete de Juárez, el Congreso y la prensa capitalina. Rosecrans reclutó a políticos para allanar el camino y lograr la aprobación de la concesión, tal como hacían otros promotores ferroviarios. Entre los defensores mexicanos de la línea de Tuxpan estaban algunas de las principales figuras de la oligarquía y el gobierno. Romero, miembros de la familia Sol��rzano y Vicente Pontones, entre otros, respaldaron sus palabras con compromisos económicos. Lerdo y Romero seguían enfrentándose; Lerdo en contra y Romero a favor de las inminentes concesiones. Romero se libró apenas de ser echado del gabinete. En medio de la tensión, sus aliados estadunidenses cuestionaban la integridad del presidente Juárez y otros líderes mexicanos. Dudaban del compromiso de Juárez con los proyectos ferroviarios, pese a su posición central sobre cualquier esperanza de éxito económico mexicano. Los hombres de negocios estadunidenses llegaron rápidamente a la conclusión de que el presidente y sus consejeros eran corruptos. El doctor J. A. Skelton, uno de los hombres del Pennsylvania Railroad en la ciudad de México, llamó desdeñosamente a Juárez y su gabinete “el gran indio y sus satálites [sic]”. Por su parte, Sturm prosiguió elogiando a Díaz, a quien se refería como “el hombre a nuestra medida”.65 Por encima de cualquier otra consideración, los promotores del ferrocarril de Tuxpan deseaban estabilidad política. Los gobernadores de San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco y Michoacán, estados del norte a lo largo de las líneas propuestas, desmoralizaron a los inversionistas al escenificar una revuelta cuyas raíces estaban en la pugna por los dere-

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chos de los estados contra la autoridad central. Esta disputa se relacionaba con el desarrollo de líneas ferroviarias, e implicaba una lucha por el control de los ingresos fiscales y recursos locales. El gobierno central necesitaba una base gravable más amplia para solventar los costos de construcción, pero las provincias no cooperaban. En 1868, antes de que se iniciara el conf licto, las autoridades locales y estatales intentaron reunir fondos de emergencia imponiendo contribuciones forzosas a los hombres de negocios, incluidos los extranjeros, cuyos bienes eran confiscados si se negaban, y a quienes, como en San Luis Potosí, incluso se les encarcelaba. Esta rebelión frustró el esfuerzo de reclutar más inversionistas en Nueva York, Filadelfia y Boston. Astor y Taylor, quienes habían apoyado la línea de Guaymas, y Royal Phelps, de Phelps Dodge, así como otros miembros de la comunidad financiera menos interesados, se retiraron de la inversión a causa de las “condiciones imperantes en México en los últimos días”. El New York Times y el New York Herald complicaron el problema con “perniciosos artículos” sobre el conf licto mexicano, que desmoralizaron a los administradores de aquel consorcio. Algunos nuevos socios decidieron esperar hasta que México resolviera sus asuntos antes de realizar nuevas inversiones, aunque otros, incluidos William Dodge, John MacManus, Rosecrans, Scott, Seward, Symon y el general William Jackson Palmer, director del Denver and Rio Grande Railroad, mantuvieron su apoyo.66 Palmer contaba con el respaldo no sólo de los ejecutivos del Pennsylvania Railroad, sino también del financiero de Nueva York y Boston, George Foster Peabody y de Thomas Jefferson Coolidge, del Old Colony Trust Bank de Boston.67 Scott y MacManus procedieron a “alinear a los constructores” y decidieron “impulsar una firme negociación” con el gobierno mexicano.68 Demandaron 20 mil acres (8 mil ha) de terreno por cada milla de vías tendida. Esta demanda era poco realista, aunque congruente con las ambiciones territoriales de los ferroviarios estadunidenses pioneros. Líderes públicos y de negocios estadunidenses reconocían el potencial de injerencia sobre México inherente al plan ferroviario. En 1872, el New York Journal of Commerce comentó sobre el plan de Rosecrans de una red bancaria y de comunicaciones y transportes: [Establecer] un banco nacional y una compañía ferroviaria en México, [y] aceptar [...] todas las concesiones que México pueda otorgar [...] alentaría inversiones en las líneas de transporte que controlarán el comercio de México.69 Los promotores ferroviarios consiguieron un vigoroso apoyo político en Estados Unidos. Además del respaldo de Seward, los congresistas y futuros presidentes James A. Garfield y Rutherford B. Hayes solicitaron la introducción, bajo sus auspicios, de la ley del ferrocarril mexicano en la Cámara de representantes. John T. Hoffman, gobernador de Nueva York, ofreció ayudar “por cualquier medio a mi alcance”.70 El presidente de la Suprema Corte, Chase, reiteró su apoyo, y Elisha Dyer, vocero de la Cámara Baja, invitó a Rosecrans a tomar la palabra ante la legislatura de Rhode Island. El senador Matthew Hale Carpenter llegó aún más lejos que los promotores ferroviarios al respaldar la “anexión” de México, “porque Estados Unidos está destinado a suplantar a todos los demás gobiernos de este continente”.

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Su escenario parecía pacífico. Se obtendría “conduciendo a México a un plano más alto de civilización”, presumiblemente a través de un proceso de colonización que seguiría el modelo establecido en Texas y Hawai.71 Otros, como el gobernador de Minnesota, Horace Austin, apoyaban el uso de la fuerza armada para establecer y mantener bancos y ferrocarriles estadunidenses en México. El gobierno mexicano no podía garantizar protección alguna a la propiedad, lo que, desde luego, dejaría todo lo que nuestros ciudadanos pudieran tomar, o desarrollar o adquirir, ahí a merced de feroces e imprudentes bárbaros y semisalvajes. [...] ¿No hemos de tomar primero de la mano al gobierno de México, y establecer un protectorado en ese país, o prestar a su presidente, o a quien esté en el poder, un apoyo militar que garantice la tranquilidad interna y la debida consideración de los derechos de los extranjeros?72 Política y subyugación Había emergido la ideología estadunidense indispensable para apoyar al proyecto mexicano, aunque en definitiva era más amplia y duradera. Las actitudes expansionistas para con México, expresadas por la dirigencia política de Estados Unidos, de carácter notoriamente militar tras la guerra civil, ref lejaban la creciente seguridad del pueblo estadunidense. Esta actitud era alentada por la victoria en esa gran contienda, los triunfos contra los “salvajes” en la frontera y los efectos del rápido desarrollo económico y tecnológico. Se daba por descontado que la jurisprudencia mexicana era “corrupta”, y por lo tanto inferior a los tribunales estadunidenses. Afirmaciones como las de que los mexicanos eran “bárbaros” y “semisalvajes” y “no podían gobernarse a sí mismos”, así como de que su gobierno tenía que ser “llevado de la mano”, no sólo tenían aceptación, sino que además validaban las ambiciones estadunidenses. Los individuos asociados con el esfuerzo ferroviario constituían una importante interacción entre el gobierno y la comunidad de negocios estadunidenses. Y aunque estaban divididos en el asunto de la anexión, coincidían en que era deber de Estados Unidos redimir a México, trasladándolo a un “plano más alto de civilización”. Irónicamente, en el momento en que estadunidenses clave negaban la legitimidad del gobierno de México, el derecho mexicano atravesaba una época de oro. Las complejidades de los tratados jurídicos de los magistrados de la Suprema Corte, entre los que se encontraban Ignacio Ramírez, Jesús González Ortega, José María Iglesias y el general y gobernador Trinidad García de la Cadena igualaban o superaban en erudición a los textos escritos por sus homólogos estadunidenses, pero pasaron inadvertidos para los críticos estadunidenses de México. Ramírez, por ejemplo, escribió algunas de las más agudas defensas de la libertad individual nunca antes expresadas en el continente americano.73 Los estadunidenses formulaban sus objetivos en México mezclando ideas de progreso con teorías de la inferioridad racial mexicana. Algunos, como Rosecrans, deseaban elevar a los mexicanos, su economía y su “civilización”. Otros articulaban su prejuicio racial y enlazaban la inferioridad racial con la subdesarrollada economía de México y su nivel de vida, más bajo que el de Estados Unidos. Uno de los interesados en el proyecto mexicano era

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Nahun Capen, capitalista de Boston, editor y frenólogo. Capen asoció la teoría racial con el riesgo financiero y la necesidad de una alta tasa de rendimiento de las inversiones, muy probablemente las suyas propias. [En] vista del verdadero carácter del pueblo mexicano, será necesario alistar a gran cantidad de personas de la raza superior. Para salvar a esa nación, se precisa de un sólido fundamento de carácter, y lo que no se pueda encontrar allá, será necesario llevarlo. [...] Los hombres de negocios no se aventurarán de buena gana donde la protección gubernamental sea dudosa. Si se exponen a grandes riesgos, exigirán grandes ganancias; y si éstas [sólo] se les prometen, no será posible promover o fortalecer fácilmente a la nación que se desea desarrollar o ayudar.74 El importador-exportador y financiero de Nueva York, James William Simonton, complementó la visión de inferioridad racial de Capen favoreciendo un “protectorado estadunidense” a causa del “caos” político. Ese protectorado resguardaría a los inversionistas de la incautación, y era un deber del gobierno de Estados Unidos. Su compañero, comerciante y banquero, William Burwell, de Nueva Orleans, también defendió la anexión, en vista de la importancia de la enorme extensión que, supuso, se obtendría mediante las concesiones ferroviarias. Los pronunciamientos raciales y ambiciones territoriales estadunidenses ofendieron a los nacionalistas mexicanos y contribuyeron a atizar la oposición, encabezada por Lerdo, a la concesión ferroviaria de Tuxpan. El explícito racismo antimexicano manifestado por diversos políticos estadunidenses se derivaba de arraigados prejuicios que enfrentaban a los estadunidenses caucásicos contra descendientes de africanos, asiáticos e indígenas americanos, y que facilitaron la persistente liquidación de grupos indígenas en el suroeste de Estados Unidos. Los estereotipos raciales de los mexicanos sugeridos por gobernadores y senadores de todas las regiones, a fines de la década de 1860, constituyeron un paso importante en la transición del racismo de un medio nacional a uno de relaciones internacionales. 75 Cualesquiera que hayan sido sus diferencias, quienes favorecían lazos económicos más estrechos y quienes favorecían la anexión coincidían en que el fracaso de México en el desarrollo de sus recursos justificaba la explotación estadunidense de tales oportunidades, aun si “desarrollo” significaba meramente la extracción de sus valiosos recursos naturales. Hombres de negocios y políticos estadunidenses contrastaban las virtudes de “intenso trabajo e independencia” de los anglosajones con la “pereza y docilidad” de los mexicanos. A sus ojos, la confrontación política era entre la “democracia y honestidad” estadunidenses y la “dictadura y corrupción” mexicanas. La imagen mental de “caos en México” reducía la posibilidad de un Estado y jurisprudencia mexicanos legítimos en la mente de “estadunidenses observantes de la ley”. La imagen de “recursos subdesarrollados” se usó en la lucha entre indígenas americanos y colonos estadunidenses en el oeste de Estados Unidos y sus partidarios en el gobierno.76 Para los extremistas —y los había en gran número en la comunidad de negocios del este y en la frontera—, estadunidenses y mexicanos eran representaciones absolutas del mundo “civilizado” y el mundo de los “semisalvajes”. Los miembros iniciales del consorcio

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del Pennsylvania Railroad en México dirigieron indiscriminadamente sus escarnios contra los líderes mexicanos, incluidos el exemperador Iturbide y los expresidentes Antonio López de Santa Anna e Ignacio Comonfort, así como Juárez y Lerdo. Al mismo tiempo, a fines de la década de 1860 y principios de la de 1870, el grupo de Pennsylvania aceptó a los descendientes de Iturbide, en ese entonces dueños de Dumbarton Oaks en Washington, como dignos socios de negocios en sus actividades mexicanas, quizá para facilitar el apoyo de la oligarquía. La cultura se suma al capital Para principios de la década de 1870, un considerable número de los más poderosos hombres de negocios de Estados Unidos había realizado inversiones directas en México. Un grupo mucho más grande, que incluía a la mayor parte de los principales capitalistas, oficiales militares y políticos, tenía creciente interés en el país. Los compromisos de unos y otros con la construcción de ferrocarriles transcontinentales en el suroeste hacia puntos fronterizos y su visión de dominio de la cuenca del Pacífico hacían imperativo el éxito en México. Esta infusión de capital fue acompañada por la cultura estadunidense como un visible elemento en la expansión. Tras la guerra entre México y Estados Unidos, misioneros religiosos llegaron al área más poblada de la región fronteriza, justo al sur del valle del río Bravo, con objeto de convertir a los “papistas” en protestantes. En 1852, Melinda Rankin fue a Monterrey como misionera de la American Biblical Society. Reveló los sentimientos de muchos inmigrantes acerca de esas aventuras en el título de uno de los capítulos de su libro, “Looking over into Mexico-A Dark Prospect”. Durante los veinte años que Ranking dedicó a combatir el “romanismo” en la región entre Monterrey y la frontera, recibió apoyo de capitalistas y teólogos de Nueva York, New Haven y Boston. Entre sus partidarios individuales estaban William Dodge y el diácono Charles Stoddard de Boston. La American and Foreign Christian Union de Nueva York, de la que Dodge era miembro distinguido, la apoyó en la construcción de una misión en Monterrey. La American Tract Society de Texas y varios metodistas y presbiterianos también contribuyeron a la misión de Rankin. Rankin ref lejaba una más generalizada opinión estadunidense. Descubrió que “los mexicanos son personas simples e inofensivas”, pero veía a los nacionalistas mexicanos que incursionaban en propiedades estadunidenses en la región de la frontera como “rufianes”. El esfuerzo de los misioneros estadunidenses en México aumentó junto con la injerencia económica, ideológica y política. En 1860, los equivalentes bautistas de Rankin, encabezados por James Hickey, fundaron una escuela “de Biblia, inglés y aritmética” en Matamoros. En 1864, Hickey y Thomas Westrup iniciaron la Primera Iglesia en Monterrey, “la primera iglesia evangélica hispanohablante en América Latina”. Hickey y Westrup brindaron a Rankin importante apoyo moral hasta la prematura muerte de Hickey en 1866. Desde la guerra civil, el esfuerzo de los misioneros estadunidenses en México había incluido la introducción de la Biblia escrita en lenguas indígenas y la residencia de cientos de predicadores y ministros laicos en ciudades, e incluso en áreas remotas.77

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Después de la guerra civil, consideraciones de poder económico y autoridad política desplazaron a un segundo plano el esfuerzo de los misioneros estadunidenses. Estas inf luencias culturales llegaron a la ciudad de México y, junto con otras contribuciones extranjeras y metropolitanas, se extendieron al campo. La experiencia de trabajo, pasatiempos y deportes de las masas rurales y urbanas empezaron a cambiar. La introducción, y parcial adopción, de la celebración del Cinco de Mayo en todo el país, en honor del papel del presidente Díaz en la histórica victoria de 1862, en Puebla, contra los franceses, señaló una nueva era de intervención del Estado en la cultura popular, y simbolizó el inicio de cambios que alteraron los hábitos de prácticamente todos. Rodeos y ferias que promovían la asistencia masiva crecieron en frecuencia, y los nuevos deportes del ciclismo y el beisbol, populares ambos en Estados Unidos, fueron introducidos. Durante la década de 1860, el valle central de México, dominado por la capital nacional, experimentó los más intensos cambios en la nación. La exposición económica, social y cultural al mundo exterior, especialmente a través de los nexos comerciales y el estilo de vida ofrecido por la ciudad de México, alentó el crecimiento de la agricultura comercial; la rápida adopción del español sobre el “mexicano”, como se llamaba al náhuatl; nuevos gustos culinarios y de atuendo; mayor secularismo, e incluso trabajo industrial para algunos. Al noreste de la capital, los ciudadanos de San Salvador Tizayuca, en el estado de Hidalgo, señalaron la profundidad de la crisis cultural y aludieron a sus psicológicamente perjudiciales efectos: Los abajo firmantes somos hijos y ciudadanos nativos de San Salvador Tisayuca, [...] aunque nuestro pueblo tiene su reconocimiento oficial y títulos de propiedad, sin embargo, [...] hoy no los podemos leer fácilmente [...] [porque] esos títulos contienen mapas, signos, pinturas, jeroglíficos y figuras que [...] sólo personas instruidas y dedicadas al estudio de esta forma de la antigüedad mexicana pueden entender, explicar o indicar su significado.78 A pesar de su rapidez, el ritmo del cambio parecía lento para un crecientemente poderoso e impaciente sector de las elites mexicanas que buscaban beneficio personal inmediato a traveés de las oportunidades universales asociadas con la revolución industrial. Consideraban a la población indígena “simple”, “atrasada”, “obstinada” y “bárbara”. Su sensación de frustración las habituaba a la difícil situación de incluso los pueblos más desesperados. Los líderes mexicanos estaban divididos. Todos deseaban un sistema ferroviario nacional y reconocían que la eficiencia de costos y consideraciones tecnológicas requería que las líneas fueran construidas por empresarios extranjeros. Muchos esperaban rápidos y eficientes lazos con el mercado de Estados Unidos; otros temían el dominio estadunidense y esquivaban el proceso. La entrada estadunidense en México fue impulsada por la creciente fortaleza económica, sofisticación tecnológica y población de Estados Unidos, combinadas con la necesidad política de crear una ideología nacional que subrayara la libertad y no intervención de naciones

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europeas en los asuntos de las “repúblicas americanas”. Cuando la elite estadunidense empezó a invertir en los recursos de su vecino del sur, comenzó a formarse una nueva relación entre los dos países. Ambas naciones compartían una frontera de 3 mil kilómetros, y los estadunidenses, al tiempo que competían con los mexicanos por el control de recursos y territorios, comenzaron a interactuar con ellos de un modo sin precedente entre pueblos no implicados en una relación colonial formalizada. Esta interacción, la cual fue promovida por el comercio y la industria locales, el hecho de compartir comida, música y atuendo, y la fusión de familias a través del matrimonio, se volvió extensa y profunda. Durante la década de 1870, los consorcios de Nueva York y de Pennsylvania RailroadBoston iban a la vanguardia en el desarrollo y la expansión estadunidenses. Empezaron en el este de Estados Unidos y se desplazaron por el resto de la nación, penetrando primero en el medio oeste y el sur, y después en la parte oeste del país. Luego estaba México. Y después de México vendrían América Latina, la cuenca del Pacífico, Asia y África. 79

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