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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Más de 7 meses han transcurrido desde que empezó su tarea la Comisión Interventora (CI) nominada por el Consejo de Educación Superior (CES), con el beneplácito de amplios sectores de la Universidad de Guayaquil (UG). La razón de ser de la Comisión se fundamenta en las siguientes causales conocidas: el incumplimiento del principio de gratuidad que manda la Constitución y la inobservancia de los procedimientos establecidos para adquirir bienes y servicios, para vergüenza de nuestra Universidad y de sus integrantes. Entre las causales rumoradas, y que suponemos en investigación, están los perniciosos efectos del empleo del sistema de precios en el quehacer universitario a partir de 1990, uso sustentado en la ausencia del Estado en las Universidades. Fue la Asamblea Constituyente de 2008 que, al proclamar la educación como un derecho, anunció el regreso del Estado a la Universidad, particularmente, con su mandato 14. Sin embargo, el fin del Estado ausente y de las privatizaciones en la Alma Mater, nunca se asumieron por la dirigencia de la UG; sus oídos y ojos se volvieron sordos y ciegos prolongando la transgresora gestión como si la Constituyente de 2008 no hubiera existido. Lo prueba el hecho de la sanción recibida y la inexistencia, hasta el momento, de un plan de mejoramiento aprobado y/o el bosquejo de otro de excelencia. Razones más que suficientes para que la CI imponga una sanción moral ejemplarizadora a los responsables. No es una panacea la suspensión no oficial del proceso electoral, porque en los hechos, prolongaría la continuidad de esa dirigencia y de sus redes. Tampoco lo es porque algunos proclaman tardíamente una nueva Universidad sin que se ventile su participación en la vieja; no habría mayor irrespeto que aquello a la Constitución y a la Universidad. Es necesario establecer y deslindar responsabilidades. Ojala que la CI se haga eco de lo señalado y actué con prontitud en pro del tiempo actuado. Sin embargo, se entiende que lo central de la tarea de la CI debe ser facilitar y promover la vigencia de la UG reestructurada y fortalecida, caso contrario, su presencia carecería de sentido. Preocupa también la certidumbre de tener los tiempos en contra para responder a la acreditación y crea desasosiegos lo poco que se sabe de las ejecutorias del equipo interventor. No hay sucesos conocidos que respalden las recientes y optimistas declaraciones de los representantes del CES que además de ser estigmatizadoras no corresponden a una presencia de más de 7 meses en la UG. Lo más público y notorio es la remodelación de una sección del campus universitario que no constituye una razón prioritaria para la vida de nuestra Alma Mater. Lo menos público y notorio es la presentación del modelo de universidad en construcción. Cuestión última que evidencia: la existencia de estudios inconclusos, que el CES trabaja contra reloj o de


espaldas a sus propios tiempos y que los pronunciamientos de su titular son demasiados optimistas y alejados de la realidad. Los plazos de la acreditación se están venciendo, aun el marco de la intervención. Pensamos que la Comisión no ha movilizado suficientemente a los estamentos de la Universidad hacia una gestión diferente, algo que es visible y vox populi. No presenta razones transparentadas ni exhibe un plan a seguir que permita evaluar de manera diferente su gestión. No observamos acciones que vislumbren el plan para la UG respecto al cambio de la matriz productiva, objetivo declarado central en la actual etapa del Gobierno, ni tampoco se percibe un marco reestructurador explícito que apunte a ese objetivo. No avizoramos un proceso creativo ni son observables las exigencias necesarias de coordinación derivadas del quehacer diferenciado de la UG en los planos local, regional y nacional con relación a las otras universidades. Quizá, sea legítimo preguntarle al Señor Interventor o al titular del CES, si la política gubernamental sigue el postulado platónico de los hombres forjados de distintos metales pero reelaborados como universidades de oro, plata y bronce, ¿Cuál es el protocolo de coordinación entre la UG y la recién creada Yachay? Por ello no podemos dejar de preguntar: ¿Que se pretende hacer, realmente, con la UG? La política, como se sabe, se organiza por intereses y no precisamente por errores. El silencio de la UG ha sido y es ensordecedor, y de él somos responsables. Hemos renunciado a la crítica, hemos aceptado una gestión interna que creemos ineficiente e irresponsable, hemos recibido con escarnio la categorización de nuestra Universidad sin ningún grado de discusión sobre un método de evaluación y acreditación cuyo resultado discrimina a las universidades como mejores y peores, hemos asumido un contexto que está lejos de ser agradable. Hoy vivimos en la UG, en hora buena, el terremoto derivado de la Constituyente de Montecristi. Pero navegamos en aguas agitadas con enormes nubes de tormenta que exigen a la UG sepultar su silencio y desenterrar su voz. Por los motivos expuestos, docentes de la Universidad de Guayaquil nos hemos auto-convocado y nos integramos como grupo de reflexión en el Observatorio Académico de la UG y de la acción del grupo interventor. Nos anima debatir, criticar, proponer y respaldar las ejecutorias que pensamos puedan contribuir a la vigencia y permanencia de la UG. Guayaquil, 16 de Mayo/2013

OBSERVATORIO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL


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