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dispuestas las autoridades nacionales a ejecutar las decisiones de la CAN e impartir órdenes y cobrar sanciones significativas contra sus propias empresas o remover regulaciones de su interés, pero contrarias a la norma? Es que en cuarenta años de existencia de la CAN, es bien poco lo que se ha hecho para evitar establecimiento de precios, boicots, compartimentación de mercados, combinaciones para la adjudicación de licitaciones, etc., así como también tratamientos discriminatorios y otras prácticas tipificadas bajo la categoría de abuso de posición en los mercados. Reflexiona el profesor y señala “Aunque a primera vista se tiende a considerar que el derecho antimonopolios es algo que concierne al sector privado y que se trata de una disciplina diseñada con el objeto de enfrentar los grandes conglomerados económicos, en el fondo se trata de una idea incompleta y equivocada, máxime en países como los del área andina, caracterizados por un alto grado de intervencionismo, en los cuales el Estado es el agente económico con mayor posibilidad de distorsionar los mercados”. En el Ecuador estas expresiones del profesor Cortázar cobran una dimensión mayúscula, pues ocurre que los temores que asaltan al ilustre profesor colombiano, en el caso del Ecuador se han constitucionalizado, al extremo que el artículo 304 numeral 4 de la Constitución en actual vigencia, ordena textualmente “Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado”, lo que haría suponer que la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que elaboraron la Constitución que nos rige podrían haber pensado que era legítimo propiciar monopolios estatales. En nuestros países de América del Sur, las diversas leyes que forman parte del sistema jurídico, generalmente se la puede comparar 14

TRIBUNA DEMOCRÁTICA

como una madeja muy enredada, en la que a propósito se ha incurrido con el objeto de que sean pocos los beneficiarios de ese caos institucionalizado en que se han convertido nuestros sistemas legales. Ecuador no ha sido la excepción en este lamentable océano, porque forma parte de nuestra pesada herencia colonial que nos acostumbró a axiomas como el que señala que “hecha la ley, hecha la trampa” o “la ley se acata pero no se cumple” o el otro que señala que “la ley es para el de poncho”. Ilusamente hemos creído que la solución de los problemas del país pasaban por la aprobación de leyes, las cuales copiábamos con absoluta despreocupación, para en el menor tiempo posible darnos cuenta que había sido peor el remedio que la enfermedad, pues no es cosa que aplicar mecánicamente lo que había dado resultado en otros países con realidades distintas que la nuestra. En materia de libre competencia está aconteciendo exactamente esto en el Ecuador, tenemos una abigarrada legislación con normativa dispersa e inconexa, que es imperioso racionalizar lo más pronto posible. En Chile, una de las principales labores emprendidas por las autoridades antimonopolios fue la poda de las regulaciones económicas de carácter anticompetitivo que se ponían bajo su conocimiento. El resultado de esta labor se puede apreciar hoy; Chile es una de las economías más dinámicas y estables de América del Sur. Otro ejemplo de racionalización del sistema jurídico en un país está dado por la experiencia australiana. En 1995, por iniciativa del gobierno se emprendió en la tarea de realizar un inventario de este tipo de disposiciones que se superponen unas contra otras, habiéndose detectado 1700 piezas que fueron removidas del ordenamiento jurídico. Como resultado, el PIB aumentó 2 y 1/2 puntos porcentuales y el ingreso per cápita igualmente aumentó; pero

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Miriam Patricia Berni Año II • Número 19 • Julio 2010 1 Manuel Posso Zumárraga José Romero Tandazo Gerardo Villacreces Carbo Ab...

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