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zarse y modernizarse, siendo bien pocos los países que carecen de ella en el mundo, entre los que por desgracia se cuentan Ecuador; Bolivia y Haití, en nuestro continente. En este contexto habría incongruencias sobre este tema en las esferas oficiales, pues la Política Industrial del Ecuador 2008-2012 del Gobierno del Presidente Econ. Rafael Correa Delgado, aprobada mediante acuerdo 09017 de 20 de enero del 2009 expedido por el Ministro de Productividad y Competencia, publicado en el Registro Oficial No. 526 del 27 de febrero del 2009, expresa en el apartado 2 del ítem 1.2.1. “Por otro lado, es necesario contar con la promulgación de leyes adicionales de relevante importancia para un eficaz desarrollo del sector industrial, así como las reformas a otras, designando a las leyes de Empresas Públicas; de Competencia; de Agroindustria; del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de Regímenes Económicos Especiales; de Comercio Exterior e Inversiones; Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas; de Propiedad Intelectual; de Fomento Industrial; de Fomento de la Pequeña Industria; de Defensa del Artesano, y; de Gestión Ambiental; en cambio en la Constitución de la República, en la primera disposición transitoria dentro de los plazos de 120 días y 360 días, se habla de 15 leyes, entre las cuales no está la ley de competencia. En este tema, el gobierno ecuatoriano ha mantenido una posición signada fundamentalmente por un sesgo ideológico; que parece no favorecer precisamente al régimen de libre competencia, lo cual se hizo evidente en el discurso de asunción del mando realizado por el Econ. Rafael Correa Delgado, en la sede de la Asamblea Nacional el 10 de Agosto del 2009, cuyas expresiones constan a continuación entre comillas “Aquí un llamado a nuestros hermanos de América Latina y particularmente de

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TRIBUNA DEMOCRÁTICA

UNASUR: La competencia ya es un principio bastante cuestionado entre agentes económicos, pero un verdadero absurdo entre países. No podemos volver a caer en la trampa de competir entre nosotros para atraer inversiones o vender más a los mercados del primer mundo, precarizando nuestra fuerza laboral. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Los países ricos, con productos más baratos a costa del sacrifico de nuestros trabajadores. Tanto entre nuestros países como al interior de los mismos, en lugar de tanta competencia, debemos dar más espacio a la acción colectiva, para, por ejemplo, armonizar nuestras políticas laborales y no sacrificar a nuestros trabajadores en el altar del mercado. Precisamente esa es otra característica del nuevo sistema económico y del socialismo del siglo XXI: rescatar la relevancia de la acción colectiva para el desarrollo. Frente a problemas colectivos, debemos dar respuestas colectivas. Por ello la importancia del rol del Estado, representación institucionalizada de la sociedad, a través del cual la sociedad realiza dicha acción colectiva. Pretender minimizar el rol del Estado, fue uno de los grandes absurdos de la larga y triste noche neoliberal, así como pretender maximizarlo, fue uno de los errores garrafales del socialismo estatista. Lo incuestionable es la necesidad de un estado eficiente y en función del bien común, para lo cual hay que liberarlo del secuestro de las clases dominantes”. En materia de integración, la actual administración, en lugar de capitalizar lo realizado en 40 años con la CAN; en vez de profundizar las relaciones con el MERCOSUR que empezó negociaciones con la CAN el 16 de abril de 1998, que desembocaron en el TLC entre estos dos bloques regionales suscrito el 18 de octubre del 2004 y protocolizado en la ALADI como acuerdo de complementación económica, este

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Miriam Patricia Berni Año II • Número 19 • Julio 2010 1 Manuel Posso Zumárraga José Romero Tandazo Gerardo Villacreces Carbo Ab...

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