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Manifiesto: Por otra política educativa
Salvo en el caso de Bélgica y de Malta, España está a la cabeza de los países europeos y de la OCDE en cuanto al volumen de alumnos escolarizados en centros privados, que en la mayor parte están financiados con recursos públicos. A pesar de ese dudoso “buen puesto” en el indicador público-privado, la derecha no deja de hacer esfuerzos por incrementar más aún esos porcentajes, reduciendo la presencia del sector público todo lo que puede cuando gobierna. Hoy partimos de la existencia de una doble red para atender la etapa obligatoria —la enseñanza pública y la concertada— que fue regulada por la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) en 1985. Desde entonces, los recursos públicos dedicados a financiar al sector de la enseñanza privada concertada han ido incrementándose por los gobiernos que se han ido sucediendo. En dicha ley se establecieron las condiciones que deben cumplir los centros que quieran acceder al concierto. Entre ellas destacamos las de aplicar los mismos criterios de admisión de alumnos que los centros públicos, impartir gratuitamente las enseñanzas, someter las actividades extraescolares a un régimen optativo y no lucrativo, mantener las ratios alumnos/profesor y solicitar autorización por el cobro de cualquier actividad complementaria. Dicha regulación se ha mostrado insuficiente para controlar las condiciones estipuladas, lo que constituye un fraude en la aplicación de la ley y que la doble red se haya convertido en una garantía de desigualdad en situaciones como, por ejemplo, la segregación de inmigrantes, la separación por sexos y la distribución por clases sociales . Se ha seguido seleccionando al alumnado en los centros, bien directamente, bien por el establecimiento de zonas en las redes escolares, bien a través del pago de actividades extraescolares y manteniendo el ideario católico como ideario excluyente. En resumen se está financiando la desigualdad con fondos públicos Una injusticia añadida es la estrategia creciente de concertar centros en los niveles no obligatorios, en detrimento de una mayor atención a mejorar las carencias que existen en el sistema público y el que esa política repercuta en un blindaje para la no admisión en centros en los que cada etapa se nutre del alumnado del propio centro. La presencia de la enseñanza privada es muy desigual en las diferentes Comunidades Autónomas, como puede verse en el Gráfico 1. A la vista de estos datos, ¿cómo los adalides de la privatización se atreven todavía a presentar la educación privada como de mejor cali© Ediciones Morata, S. L.