I PARTE: CONTEXTO Y JUSTIFICACIONES
territorio controlado por las FARC - han provocado, en la frontera norte, el desplazamiento de sus tierras de cerca de dos millones de personas. El 53% de la población desplazada son mujeres jefes de hogar y el 55% son niños, niñas y adolescentes y jóvenes, el destino final del 86% de esta población son: la zona de frontera o los cordones de miseria de las grandes ciudades. Esta situación conlleva problemas de desabastecimiento en la cobertura de servicios sociales y la desatención de la población nacional e inmigrante, generándose fuertes sentimientos de xenofobia. Como consecuencia del incremento de la población en la frontera, han aumentado sensiblemente: el desempleo, subempleo y problemas sociales como el narcotráfico, la explotación sexual y laboral y en consecuencia, los desplazamientos desde las zonas de frontera hacia las urbes y particularmente hacia la Capital de la república de masas de colombianos y colombianas que buscan acceder a la condición de refugio, tener oportunidades de negocios o pasar desapercibidos en la masa de indocumentados. Este último grupo, por su invisibilidad social, desarrolla estilos de vida basados en el miedo a la deportación. La migración de las personas que no alcanzan status de refugio, dificulta su reconocimiento, favorece la existencia de prácticas sexuales que ponen en riesgo la salud sexual y reproductiva de esta población y aumenta su vulnerabilidad al VIH. 2.3
LA RUPTURA INSTITUCIONAL Y LOS CAMBIOS DE REGLAS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA En los últimos años, los ministerios encargados de la rehabilitación social, la protección de los derechos y el desarrollo humano no han podido cumplir con sus metas por las repetidas rupturas de la institucionalidad democrática. Los cambios de gobierno, los golpes de estado y la corrupción han dificultado la formulación de políticas de Estado y la sostenibilidad de programas y proyectos. Reformas substanciales en los procesos de administración de justicia, han introducido cambios en las reglas del juego. Estos cambios, en vez de facilitar el acceso a la justicia, han hecho que los procedimientos se vuelvan más engorrosos y confusos. A esta situación se añade la desinformación y desconocimiento de los principios fundamentales de dichas reformas por parte de ciertos operadores de justicia y la falta de interiorización del derecho como elemento inherente a la ciudadanía, tanto de los gobernantes como de los gobernados, lo que impide o restringe su exigibilidad. Los derechos son concebidos como meras declaraciones líricas y formales. Los grupos más afectados por esta situación son las personas cuya condición depende de las resoluciones judiciales o de las decisiones de funcionarios que velan por la seguridad pública como: los privados de libertad o las mujeres y hombres que ejercen el trabajo sexual, los niños, niñas y adolescentes en o de la calle o los hijos, hijas de emigrantes o los/las indocumentados y extranjeros. Esta situación abona a la violación de derechos. Frente al poder y en las redes de una “justicia” que no cumple con su misión, estos grupos son presas fáciles de la tortura física y psicológica, abuso y la violencia sexual institucionalizada y, por ende, vulnerables a las ITS y VIH/SIDA.
2.4
LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO Y LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS La Constitución declara a la República del Ecuador “un estado social de derecho” porque en él prevalece el principio de la participación social y ciudadana en la función de control y regulación del quehacer del estado. En una sociedad como la ecuatoriana que gira alrededor del etnocentrismo, del androcentrismo, del adultocentrismo, este marco jurídico ha propiciado y relevado la importancia de las luchas por el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de
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