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veces dominan más las inercias de comportamiento y una racionalidad limitada más que maximizadora. El segundo argumento, quizás aún más importante, es que los tributos generan incentivos permanentes a la reducción de los impactos ambientales y así favorecen más la ecoeficiencia o innovación tendente a dicha reducción. Ante una norma que establece un límite de concentración máximo de un contaminante sólo cabe cumplirla o no cumplirla; en cambio, si existe un tributo sobre las unidades de contaminación, el pago impositivo disminuirá siempre que disminuya la contaminación. En Europa, existen bastantes experiencias de tributos ecológicos que han sido efectivas en términos de incentivar cambios de comportamiento. En algunos casos, como en el tributo industrial de saneamiento de las aguas en Holanda que existe desde 1970, el objetivo inicial era la recaudación y se trata de un tributo finalista que más que a la categoría legal de impuesto pertenece (al menos según la legislación española) al de tasa o canon. En otros, como en los impuestos sobre las emisiones a la atmósfera de SO2 y de NOx creados en Suecia a principios de los noventa, la finalidad sí fue desde el principio explícitamente ambiental. En estos impuestos, los ingresos van a parar, en el primer caso, a los presupuestos generales del Estado; en el segundo, los ingresos revierten sobre las mismas empresas afectadas de forma que es neutral fiscalmente: más que un impuesto puede caracterizarse como un sistema de bonificaciónpenalización en el que las empresas más contaminantes por unidad de energía

Urge la aplicación de instrumentos económicos para prevenir la degradación ambiental. FOTO: LUIS LEANDRO SERRANO.

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El Ecologista, nº 33, noviembre 2002

pagan dinero y las menos contaminantes lo reciben. El segundo factor que ha alimentado el debate actual procede de las propuestas, en especial en la Unión Europea, de utilizar la fiscalidad como uno de los instrumentos para reducir las emisiones de efecto invernadero. Las más importantes de dichas emisiones son las de CO2 que se generan principalmente –en relación bien conocida– cuando se queman combustibles fósiles. Una forma de incentivar la reducción sería mediante una imposición sobre la energía gravando dichos combustibles diferencialmente dependiendo de las emisiones de carbono generadas por unidad de energía; ello supondría que los mayores impuestos recaerían sobre el carbón, en segundo lugar sobre los derivados del petróleo y en tercer lugar sobre el gas natural. Un impuesto de este tipo se ha propuesto varias veces desde principios de los noventa para ser aplicado armonizadamente en la Unión Europea pero la propuesta se ha encontrado con el veto de diferentes países, entre ellos España. La situación actual es que en la mayoría de países sólo existen unos impuestos energéticos importantes sobre los carburantes, mientras que otras fuentes energéticas no renovables apenas están gravadas o incluso están subvencionadas (como el carbón en España u otros países). Algunos Estados (como Suecia, Dinamarca, Holanda o Finlandia) han implantado impuestos sobre el CO2, pero al hacerlo de forma aislada en general las presiones para reducirlos –o suprimirlos– para el sector industrial, por problemas de competitividad, han sido

muy fuertes. Si se venciesen las presiones y se superasen los vetos, la implantación de impuestos elevados y crecientes sobre las fuentes energéticas no renovables, de las cuales tanto dependen las economías occidentales, generaría importantes ingresos al menos a corto y medio plazo, incluso si los impuestos fuesen efectivos en su objetivo ambiental.

Doble dividendo Aunque la recaudación no es su objetivo, algunos autores han destacado los aspectos positivos que podría tener una recaudación importante procedente de la fiscalidad ecológica. Este es un tercer factor que explica la intensidad del debate. En este sentido, ha dominado la posición de los que abogan por la neutralidad fiscal y ven en la fiscalidad ecológica una oportunidad para reducir otros ingresos que, según ellos, crean fuertes distorsiones: se habla así del potencial doble dividendo de la reforma fiscal ecológica. La versión más conservadora, que ha sido en mi opinión la dominante, se sitúa en la órbita de lo que se ha denominado el modelo extensivo de reforma fiscal –que los más críticos denominarían contrarrevolución fiscal– según el cual se tendrían que reformar los sistemas fiscales reduciendo fuertemente los aspectos de equidad vertical a favor de los aspectos de eficiencia, y en concreto reduciendo los impuestos directos –en especial en los tramos elevados– a favor de los indirectos (un ejemplo de los cuales son los ambientales). Otra versión –más interesante– asocia política ambiental y política de empleo y se plantea sobre todo ligar la mayor fisca-

El Ecologista nº 33  

La vergüenza espacial, Geografía de la Salud, Reforma fiscal ecológica ¿Por qué el riesgo de morir es más alto en el suroeste de España?, Un...

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