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Tan importante como primar comportamientos ambientalmente adecuados es dejar de favorecer o subvencionar aquellos con impactos negativos

Reforma fiscal ecológica Jordi Roca Jusmet

E

l término reforma fiscal (o, más exactamente, impositiva) ecológica es el título de un libro publicado por Weiszäcker y Jeshinghaus en 1992 y que es una de las referencias fundamentales del debate actual (1). El término se asocia con cualquier propuesta caracterizada por plantear que los tributos ecológicos o ambientales –lo que, en traducción poco acertada, se conoce a veces por ecotasas– tengan un peso significativo en el conjunto de los ingresos públicos. Ello representaría sin duda un cambio importante en la medida en que la situación actual es que, en general, el papel de dichos tributos es muy reducido en comparación a otros ingresos públicos como son impuestos indirectos no ambientales, impuestos directos y cotizaciones sociales. Tres factores explican en mi opinión la intensidad del debate sobre el tema.

Instrumentos económicos frente a normativos El primer factor nos permitirá precisar el propio concepto de tributo ecológico o ambiental. Se trata de la insistencia de muchos economistas, desde hace décadas, en la superioridad de los instrumentos económicos de política ambiental –y en particular de los tributos– frente a la tradicional política reguladora, de “ordeno y mando”. El argumento proviene en especial de la tradición económica convencional (llamada neoclásica) y muchas veces se asocia a la idea de impuesto pigouviano (debido a la referencia sobre el tema del economista inglés Pigou ya en los años veinte) según la cual todos los efectos negativos externos podrían valorarse en dinero para después internalizarse en forma de impuesto para hacer que los precios reflejen exactamente todos los costes. Sin embargo, no es necesario compartir en absoluto esta perspectiva sobre la posibilidad de valoración monetaria de los impactos ambientales, para considerar dos argumentos a favor de este tipo de instrumento. El primero es el de su flexibilidad, que permite que un objetivo ambiental –por ejemplo, de reducción de las emisiones de un determinado contaminante en una zona– se pueda conseguir de forma probablemente menos costosa que con una regulación directa; el argumento es importante en algunos casos incluso si uno rechaza la hipótesis neoclásica de que las empresas siempre minimizan costos y piensa que muchas Jordi Roca, economista, Univesitat de Barcelona

El Ecologista, nº 33, noviembre 2002

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El Ecologista nº 33  

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