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Agresión a manifestantes contrarios al PHN.

Pesca artesanal

Persecución

El atún rojo Las actuales capturas de atún rojo, en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo, son insostenibles. Así lo afirma la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. Esta Comisión, en la que están representados 32 organismos entre ellos la UE, calcula que en 2000 se pescaron en la zona 33.654 t, cuando no se debían superar las 29.500 t, aunque la cifra de capturas probablemente está subestimada debido a la incertidumbre sobre las estadísticas de captura. Esta incertidumbre viene dada por las capturas destinadas a las granjas de engorde de atún rojo, que desde 1996 han proliferado en el Mediterráneo (Croacia, Malta, Argelia). El atún de las granjas es engordado con pescado, y puede alcanzar más de 650 kilos. Su carne abastece el mercado japonés de sushi. Más de la mitad del atún de

325 lazos Ecologistas en Acción de Albacete ha manifestado su disconformidad con el sobreseimiento y archivo de la causa seguida contra el coto cinegético de la Dehesa de los Llanos, en la que estaba personada. La denuncia surgió del Seprona tras la detección de 325 lazos sin freno en dicho coto. La organización ecologista cree que existen pruebas suficientes como para considerar que se ha cometido un delito ecológico, por lo que ha presentado un recurso ante esta decisión. engorde del mundo se produce en aguas de Murcia, donde hay 7 granjas y otras 4 pendientes de licencia. Además, continúan en expansión y una de estas granjas ya ha obtenido todos los permisos para instalarse en L’Ametlla de Mar (Baix Ebre), concretamente entre las playas del Torrent del Pi (reserva de fauna) y de la Almadrava. Ecologistes en Acció defiende que se establezca una moratoria dado que en esa zona se encuentra la pradera de posidonia más importante del litoral, protegida por la UE. Los ecologistas recuerdan, además, que esta actividad entra en conflicto con diversas artes tradicionales de pesca.

Foto: Danilo Cedrone - FAO

El Ecologista, nº 33, noviembre 2002

En Acción

Las declaraciones del vicepresidente y portavoz del Gobierno Murciano, Antonio Gómez, sobre la utilización "del derecho a la libertad de cátedra con fines políticos y para interferir en la consecución del interés general [trasvase del Ebro]" han generado una polémica entre Universidad y Gobierno. Estas manifestaciones iban dirigidas contra Miguel Ángel Esteve y Julia Martínez, profesores del Departamento de Ecología de la Universidad y miembros de Ecologistas en Acción, que han realizado estudios sobre los graves impactos ambientales del trasvase. El Departamento de Ecología había denunciado también que existía un veto del Gobierno para la realización de informes y estudios y de presionar a empresas para que no les encargaran trabajos. Numerosos profesores han censurado al ejecutivo murciano por atentar contra la libertad de cátedra y de investigación, mientras que Estudiantes Demócratas, organización próxima al PP, ha pedido: “Que se vigilen y denuncien las actitudes y comportamientos contrarios a los intereses y necesidades de Murcia, se desarrollen donde se desarrollen”. Por su parte el catedrático de Derecho Penal, Gerardo Landrove, opina que “todo lo que sea coartar las libertades está mal. La libertad de cátedra abarca todo cuanto un profesor hace, aunque no tenga nada que ver con su carrera. Da la impresión de que quieren que en esta universidad no se pueda discutir de nada”.

En Canarias se ha levantado una gran polémica, ya que numerosos pescadores de varias cofradías del archipiélago se han rebelado contra las prácticas del sistema del cerco, llevadas a cabo por una empresa canaria en Lanzarote, y desde hace años por “superarrastreros” de distintas nacionalidades. Este sistema es altamente depredador y no discrimina el objetivo de la pesca, capturando de forma indiscriminada a todo tipo de especies, sean o no de interés pesquero, y produciendo un esquilme considerable en el medio marino. Ecologistas en Acción de Canarias ha querido mostrar su solidaridad con el sector pesquero artesanal que ha emprendido una valiente ofensiva contra el cerco como práctica pesquera en Canarias. La federación ecologista ha apoyado esta movilización de las cofradías porque considera que las buenas prácticas pesqueras y la reducción del esfuerzo pesquero que se ejerce de forma indiscriminada en la actualidad son objetivos esenciales para mejorar el actual estado de los ecosistemas marinos, cuya degradación, fruto de prácticas insostenibles y extensivas de pesca, está poniendo en peligro cientos de puestos de trabajo en las islas y una industria que debería servir

para diversificar la economía canaria. La federación ecologista lamenta que el Gobierno de Canarias no garantice las buenas prácticas pesqueras en las islas y permita, no sólo esta actividad, sino la práctica ilegal de la pesca deportiva en muchas zonas del litoral y el deterioro del mismo, mediante la construcción de puertos, o el drenaje de playas artificiales.

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El Ecologista nº 33  

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