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podía acceder a los beneficios, con el debido contralor de todo el plan que se estaba desarrollando. En este sentido se lleva un historial de todo lo que hay plantado en el predio, más lo que constituyen los bosques indígenas que también están regulados y se registran, incluyendo el control de su corte si es necesario. Por otro lado, la ley de Ordenamiento Territorial dispuso posteriormente agregar que los predios de más de 100 hectáreas sean o no en campos de prioridad forestal también deberían ingresar al contralor de la Dinama. Eso es lo que está sucediendo actualmente. La Dinama está agregando nuevos criterios de lo que define como áreas de protección condicionadas, que por alguna razón se debe prever que aunque sean suelos de prioridad forestal, pueden tener algún condicionamiento. En ese caso, “lo que estamos viendo es que puedan haber muchos más proyectos de Categoría B lo cual enlentece el proceso e implica que pueda extenderse durante varios meses o hasta un año”, explicó el titular de la SPF. Faroppa afirmó que de esta manera se puede llegar a retrasar la inversión en un año, con lo cual se castiga el proyecto de inversión por no cumplirse en tiempo y forma, o en algunos casos no llevarse a cabo. También puede significar que el proyecto se realice en un área menor porque la normativa le restringe la superficie en función de las observaciones que pueda tener. Esos aspectos son los que “estamos tratando de revisar junto a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático”, explicó. Se trata de que los conceptos sean manejados de una forma más definida, porque la ley forestal es una política de Estado, pero lo que va a provocar es un enlentecimiento si se aplica estrictamente como se planteó inicialmente. “Hay que tener en cuenta que los proyectos del sector no solo son los más regulados oficialmente, sino que además más del 90% del área forestal del país está certificada internacionalmente. Es decir, no hay sector productivo en Uruguay que mantenga los estándares productivos, sociales y ambientales que tiene la forestación. Es un tema de diferenciación. Uruguay exporta un volumen elevado que significa prácticamente la totalidad de su producción, porque todos sus productos son certificados por los esquemas internacionales”, afirmó Faroppa.

Forestación ARU 1/2017  
Forestación ARU 1/2017  
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