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DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL (EL EXEQUATUR)

AUTORA: ABG. MORENO V. DULCE M.


El derecho procesal, en el Derecho Internacional Privado, le da a las personas el derecho de acudir a la justicia para exigir, que las normas reglen las relaciones entre los Estados, cuando ocurran conflictos de distintos ordenamientos jurídicos. Los conflictos de leyes al ser planteados ante las autoridades judiciales, conllevan un conflicto de jurisdicciones, lo que hace que este derecho, refleje su acción en el derecho procesal. Con el paso del tiempo y la consagración de la Ley de Derecho Internacional Privado, se han aclarado muchas dudas, que se encontraban amparadas bajo el Código de Procedimiento Civil, específicamente en el Titulo de la Competencia Procesal Internacional; tras la promulgación de dicha ley, respaldada por los Convenios y Tratados de carácter internacional, se ha permitido que el Derecho Interno, también colabore en este proceso que solo pretende crear una armonía en las relaciones internacionales, ya sea enfocado en materia civil, mercantil o penal. Dicha ley recoge muchas de las interrogantes que el Derecho Sustantivo, aun buscaba en la Jurisprudencia y en la Doctrina; permitiendo así la uniformidad de las resoluciones tomadas en controversias que atañen a dos o más Estados. De allí que nace el exequátur, que es una forma de nacionalizar una sentencia extranjera y darle ejecución; dicho punto será el tema a desarrollar en el presente trabajo para así lograr un mayor entendimiento de lo que significa el reconocimiento de una sentencia extranjera.


DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL: El derecho que tienen todas las personas de acudir ante los Tribunales para solicitar justicia, como sabemos, está sometido a la regulación del Derecho Procesal, que comprende el conjunto de normas que regulan el proceso. A pesar del carácter predominantemente territorial de las normas procesales, ello no excluye el estudio del Derecho Procesal del Derecho Internacional Privado, pues esta rama del derecho tiene en el Derecho Internacional Privado, un puesto de suma importancia, que se ve reflejado cuando en un conflicto de leyes que se plantea ante las autoridades judiciales, los cuales conllevan a un conflicto de jurisdicciones, el Derecho Internacional Privado ejerce su acción en el campo del Derecho Procesal. El Derecho Procesal Internacional comprende, básicamente, tres aspectos: • Jurisdicción y Competencia: Referido a los límites que el mismo Estado se fija así mismo en el establecimiento de su jurisdicción y competencia, respetando la existencia de los demás estados. • Actividad Procesal: El segundo aspecto se refiere a lo relativo a la tramitación del proceso, la condición del extranjero ante los Tribunales y la colaboración internacional en materia judicial; y • Reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras. PRINCIPIOS ESTRUCTURALES: Son tres los grandes principios que se relacionan con la función del Derecho Procesal Internacional, con la forma de cumplir esa función y con la naturaleza de su objeto. Estos principios estructurales constituyen el núcleo analíticovalorativo del Derecho Procesal Internacional a. La función: garantizar una tutela judicial internacional efectiva. El primer principio hace referencia a la función del Derecho Procesal Internacional: proporcionar una tutela judicial internacional efectiva. Para entender lo que esto supone debemos partir de una evidencia: el Derecho Procesal Internacional es ante todo Derecho procesal y, como tal, está llamado a cumplir la función ultima que debe cumplir todo el Derecho procesal , asegurar ex constitucione una tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos. Pues bien, el cometido especifico del Derecho Procesal Internacional seria asegurar esa tutela en un


contexto internacional; esto es, debe encargarse de garantizar una realización transfronteriza adecuada de los derechos subjetivos inter privatos en un mundo caracterizado por el fraccionamiento jurisdiccional. b. La forma de garantizar esa tutela “tutela por declaración” y “tutela por reconocimiento” El segundo principio hace referencia a la forma de cumplir esta función; es decir, a la forma de prestar esa tutela judicial internacional efectiva. Lo primero que debe advertirse es que el contexto internacional no modifica el contenido del derecho constitucional a la tutela judicial pero si la forma de prestar esa tutela por el Estado. En el ámbito interno, el estado puede asegurar a los justiciables una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos: puede asegurar el acceso a los tribunales, las notificaciones regulares, la práctica de pruebas y la notificación de las sentencias. Sin embargo en el ámbito internacional no ocurre lo mismo: los derechos e intereses legítimos surgen en las relaciones internacionales, pero cada Estado solo puede asegurar dicha tutela dentro de su propio territorio. El ofrecimiento de una tutela eficaz exige partir necesariamente de los condicionamientos que para el estado se derivan del fraccionamiento territorial y establecer mecanismos que lo superen.

La tutela judicial internacional se presta de dos formas: la primera, a través de un proceso de cognición en el foro, en el que se le solicita del juez nacional una resolución mediante la cual se declare un derecho, modifique una relación o imponga una prestación (=tutela por declaración); o la segunda, a través del reconocimiento en el foro de la autoridad de la resolución adoptada por un tribunal extranjero declarando ese derecho, modificando esa relación o imponiendo esa prestación (=tutela por reconocimiento). Es fácil comprender que cuando una relación de vida se concentra fáctica y jurídicamente en un Estado extranjero, la protección de los derechos de las partes o de los interesados se harán no tanto a través de de un mecanismo de cognición directa por nuestros tribunales, sino indirectamente, garantizándole el reconocimiento de ese Estado extranjero. De este principio derivan tres consecuencias:

La primera, el sistema de competencia judicial internacional (que se corresponde con la “tutela por declaración”) y el sistema de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras (que se corresponde con la “tutela por reconocimiento”) se hallan inextricablemente vinculados funcionan como un sistema de “vasos comunicantes” y, por consiguiente precisan de una regulación coordinada.


La segunda, el sistema de Derecho Procesal Internacional, se diseña a partir de un “principio de fungibilidad de los servicios jurisdiccionales”: se reconoce la existencia de “otros servicios jurisdiccionales” equiparables entre sí; y por lo tanto potencialmente susceptibles de ofrecer una tutela judicial declarativa en las mismas condiciones.

La tercera, el sistema del Derecho Procesal Internacional, se basa en el principio de cooperación internacional entre los distintos servicios jurisdiccionales. Si el sistema de CJI “remite” al actor a un foro extranjero en principio hay una obligación derivada de la coherencia interna del sistema de “cooperar” con dicho tribunal; cooperación que no se limita al eventual reconocimiento de la decisión extranjera, sino que implica coadyuvar a una buena resolución del litigio en el extranjero: mediante la tramitación de las notificaciones que deban tener lugar en el foro, practicando las pruebas que se soliciten, etc. Desde este punto de vista podemos hablar de una “tutela por instrucción” como parte integrante de esa tutela por reconocimiento. Y por consiguiente, como parte del derecho a una tutela judicial internacional efectiva. c. Naturaleza de su objeto: relaciones de derecho privado El tercer principio hace referencia a lo lógica de la reglamentación del Derecho Procesal Internacional: las relaciones entre particulares. Por esta razón las soluciones a sus problemas deben responder a una lógica de derecho privado. El Derecho Procesal Internacional es un derecho que no cumple un fin en sí mismo, sino que está al servicio del derecho sustantivo y su fin último, pero no el único, es realizar el derecho privado sustantivo. En la medida en que el objeto del Derecho procesal Internacional son las relaciones de derecho privado, la forma conceptual y valorativa más adecuada para aproximarse a los problemas que plantea es la de derecho privado.

COMPETENCIA PROCESAL INTERNACIONAL: En el ámbito del derecho está referido a los criterios de atribución o reparto de los asuntos ante los tribunales de justicia, o cualquier órgano administrativo. La Competencia no es mas que el sistema por virtud del cual se adjudican los asuntos a los diferentes jueces y tribunales, por una parte, o a los órganos administrativos que tienen poder decisorio en materia de revisión de estos actos. Con respecto al ámbito internacional, se han firmado convenios, donde se ha acordado y hasta atreveríamos a señalar que se ha negociado, los límites de la competencia, como en el Acuerdo de Paris, para la protección de la propiedad industrial, hoy en día en el Acta de Estocolmo de 1967.


Por lo común, los Estados se reducen a señalar los casos en los cuales los Tribunales, deben conocer de procesos que contengan elementos extranjeros. Este conjunto de reglas recibe el nombre de NORMAS SOBRE COMPETENCIA INTERNACIONAL; se ha dicho que la competencia es la medida de la facultad jurisdiccional del Estado. Debemos señalar los siguientes argumentos para entender como está distribuida y respaldada la competencia procesal internacional, con respecto al Código de Procedimiento Civil y la Ley de Derecho Internacional Privado: a. El fuero del demandado domina el ejercicio de la acción en cuanto a competencia territorial. Ello salvo fijación de domicilio especial. b. Existe un caso especial de contrato mixto. Tal es el contrato de compraventa de inmuebles, pues participa de la naturaleza de la acción real y acción personal, pudiendo intentarse la acción en el domicilio del demandado o ante el Juez del lugar en donde esté ubicado el inmueble. c. Plantea la norma la necesidad de abordar la temática del domicilio y su ubicación dentro del límite interpretativo aplicable a las normas del Código Civil en la materia. d. La norma no tiene vinculación con el orden público. Se trata de un precepto general y la determinación corresponde al concepto de domicilio que puede prorrogarse o modificarse por convenio entre las partes. Luego se plantea y sustancia a petición de parte mediante excepciones correspondientes. Cuando no se opone la excepción, se interpreta que renuncia al domicilio, allanándose el fuero propuesto. e. En materia de daños y perjuicios no existe norma que señale ser competente el Juez del lugar donde se comete el hecho ilícito. f. En el caso de los bienes patrimoniales, universalidad de bienes y las instituciones de matrimonio, tutela, curatela y patria potestad entre otras, es competente la causa del tribunal que cito. (Ver artículos 22 y 34 de la Ley de Derecho Internacional Privado). Sin embargo, debemos aclarar, que se respeta el Derecho de la Legítima, pues pertenece al Derecho Interno de nuestro Estado. g. Como ejemplo podemos tomar en consideración, un par de situaciones en particular veamos el artículo 53 del CPC con respecto al 42 de la LDIPr, y el artículo 5 del CPC con el 39 con respecto a la LDIPr. También en materia territorial: La Competencia en la legislación Venezolana, antes de 1999 sé veía dirigida en esta materia en las secciones IV y V del CPC., sin embargo posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, la Jurisdicción y la Competencia se admite de la siguiente manera: Art. 49: Tendrá Competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de las acciones de contenido patrimonial: 1. Cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o la tenencia de bienes inmuebles o muebles situados en el territorio de la Republica, el tribunal donde estén situados los bienes, 2.Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la Republica o que se deriven de actos celebrados o hechos verificados en el territorio, el Tribunal del lugar donde deba ejecutarse la


obligación o donde ese haya celebrado el contrato o verificado el hecho que origine la obligación, 3. Cuando el demandado haya citado personalmente en el territorio de la Republica. El tribunal del lugar donde haya ocurrido la citación; 4. Cuando las partes se hubieren sometido expresamente en forma genérica a los tribunales de la Republica, aquel que resulte competente anteriores y, en su defecto, el Tribunal de la capital de la Republica en virtud de alguno de los criterios indicados en los tres numerales Art. 50: Tendrá Competencia para conocer de juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes: 1. Cuando el Derecho Venezolano sea competente de acuerdo con las disposiciones de esta ley para regir el fondo del litigio, el tribunal donde tuviere su domicilio la persona en virtud de la cual se atribuye competencia al Derecho Venezolano. 2. Cuando se encuentren situados en el territorio de la Republica bienes que forman parte integrante de la universalidad, el Tribunal del lugar donde se encuentren la mayor parte de los bienes de la universalidad situados en el territorio de la Republica. Art. 51: Tendrá competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de las acciones sobre el estado civil de las personas o las relaciones familiares: 1. Cuando el Derecho Venezolano sea competente de acuerdo con las disposiciones de esta ley para regir el fondo del litigio, el Tribunal del domicilio de la persona en virtud de la cual se atribuye competencia al Derecho Venezolano. 2. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su Jurisdicción, el tribunal del lugar con el cual se vincule la causa al territorio de la Republica. El Legislador también hace uso del factor territorial a los fines de distribuir el trabajo judicial. Se hace la salvedad que con esto no lo hace pretendiendo un fin público, sino más bien satisfaciendo intereses de carácter privado. Todo lo anterior está referido al lugar donde debe desarrollarse el proceso y al establecer cuál es el Tribunal, al cual debe acudir el actor, todo esto tomando en cuenta el Principio de Igualdad que nuestra constitución acoge, esto pretende a su vez mantener el Principio de Igualdad Procesal de las Partes, señalándose así, que en este caso las partes pueden derogar por medio de convenio la Competencia. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA: La Competencia se puede clasificar en General y Especial. La Competencia General, señala que son competentes los Tribunales de un país determinado para conocer un proceso. La Competencia Especial, indica cual de los Tribunales de un país debe conocer de un juicio.


La aplicación de los principios que determinan la Competencia, puede dar lugar a conflictos positivos y negativos. Un conflicto es positivo cuando los tribunales de más de una país se considere competente. Es negativo, cuando los Tribunales de los países, que aparentemente deben conocer del asunto, se declaren incompetentes. Si hay un elemento, en común entre Jurisdicción y Competencia, es que respetan la soberanía de los Estados. La obra de Roubier, toca dos puntos de importancia. Los Estados organizan conforme a los principios que le sean convenientes la Competencia ratione materiae y ratione personae, o sea, la que corresponde a los tribunales, en razón de la naturaleza de los litigios o por el problema personal que entrañan. La fijación de esta Competencia debe mantener incólume el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros. Según Código Bustamante, Art. 316: La Competencia ratione loci, se subordina, en el orden de las relaciones internacionales, a la ley del Estado contratante que le establece. Art. 317: La Competencia ratione materiae y ratione personae, en el orden de las relaciones internacionales, no debe basarse por los Estados contratantes en la condición de nacionales o extranjeros, de las personas interesadas en perjuicios de estas. Según estos preceptos la Competencia seria fijada, tomado en consideración: a. Este sistema, estuvo vigente en Francia, en el siglo XIX, los Tribunales de Francia se consideraban incompetentes para conocer sobre causas en las cuales solo intervinieran extranjeros. Pero el sistema fue abandonado, paulatinamente y hoy día, podemos decir que su abandono es total b. La Nacionalidad de los Interesados: La razón fundamental para establecer tal sistema, esta, en que se considera que la función judicial, organiza el Estado para sus propios nacionales, y en consecuencia esta en el deber de conocer de los asuntos en los cuales estos tienen interés, y no debe conocer cuando se trata de extranjeros. c. Naturaleza de la Acción: Al tomarse en cuenta la naturaleza de la acción, el sistema se fundamenta en razones de mayor consideración jurídica. Generalmente, se vincula la acción misma con el derecho aplicable, y logra aunar la ley aplicable y la jurisdicción. Por otro lado, puede fundamentarse la competencia en la relación jurídica litigiosa. Este criterio, también considera:  

Índole del juicio o de las actuaciones de que el Juez conoce. El lugar donde se verifico el hecho o fue celebrado el acto que da lugar al proceso. a. Voluntad de los Interesados: Donde se esgrime el Principio de la Autonomía de la Voluntad. Sin embargo, existen limitaciones sobre este particular, pues es aceptable la voluntad de las partes en la escogencia de los árbitros y la selección de jueces, en contratos, en otras materias se limitara, en otras se hará inadmisible, ejemplo derecho de familia y derechos reales.


El nuevo ordinal 3 del artículo 53, aunque laudable por incluir la sumisión, como criterio atributivo de la Competencia Procesal Internacional, no regula la misma, tal como lo hace el Código Bustamante y el proyecto de ley de normas, podría plantear interrogantes sobre su aplicación práctica. Especialmente por no limitar la Autonomía de la Voluntad de las Partes a la causas vinculadas efectivamente con el territorio de la Republica. Para las nuevas concepciones, las reglas de Competencia Procesal Internacional, deberán determinar cuál de los Estados, con los cuales tiene conexión una determinada relación jurídica material controvertida, es competente para solucionar jurisdiccionalmente la controversia. En la práctica son normas externas de cada Estado, que delimitan su propia Jurisdicción y determinan las controversias sobre las cuales puede ejercerlas. En la sección IV del Código de Procedimiento, que está referida a la Competencia Procesal Internacional, regula solamente la Jurisdicción Venezolana frente a venezolanos y extranjeros, no domiciliados en la Republica. Sin embargo, en Derecho Internacional Privado, podría justificarse una Jurisdicción Especial, o al menos una Sala Especial de un Tribunal Superior, todo ello debido al crecimiento de las negociaciones de nacionales con personas o multinacionales de otros Estados. Las acciones sobre el Estado de las personas, o las relaciones familiares, las acciones sobre universalidades de bienes, las medidas cautelares, etc., han sido objeto de críticas en cuanto a la Jurisdicción y la Competencia que nuestro país debe tener como posición. Sin embargo, nuestro máximo Tribunal de Justicia ha producido una valiosa jurisprudencia en materia de sumisión. Y en casos de divorcios y separaciones, determinado por analogía a la Competencia Internacional para conocer de estos a través de una norma interna. LA COMPETENCIA EN EL CODIGO BUSTAMANTE: En su artículo 318 recoge: Será en primer término Juez competente para conocer de los pleitos a que de origen el ejercicio de las acciones, civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos sea nacional del estado contratante a que el Juez pertenezca o tenga en el su domicilio y salvo el derecho local contrario. EL TERRITORIALISMO DE LAS LEYES PROCESALES: En los casos del Derecho Internacional Privado, el carácter territorial de las leyes procesales, ha sido reconocido desde la Época Estatutaria. En 1877, el Instituto de Derecho Internacional Privado, admitió la territorialidad de las leyes procesales, acordando que las formas ordenatorias de la instrucción y el procedimiento, desde la citación y emplazamiento, hasta la caducidad, de la instancia debían someterse a la ley del lugar en que el litigio se entable. Es necesario señalar, los artículos 2, 3, 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, que recogen una serie de supuestos y principios:


Art. 2: La Jurisdicción Venezolana no puede derogarse convencionalmente a favor de una jurisdicción extranjera ni de árbitros que resuelvan en el exterior cuando los bienes inmuebles estén situados en el territorio de la Republica o sobre otras materias que interesen al orden público o las buenas costumbres. En todos los demás casos se aplicaran los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por Venezuela. Este articulo da a la conocer la autonomía de Venezuela en materia de Jurisdicción y el respeto de su Soberanía y sus Estatutos, hacia la presencia de la justicia venezolana en los casos donde se vean involucrados nacionales o bienes jurídicos de la Nación. Art. 3: La Jurisdicción y la Competencia se determinan de acuerdo a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efectos otras situaciones, salvo que la ley disponga otra cosa. Aquí se recoge el Principio Procesal de la Perpetuatio Juridictionis, es decir donde se toma en consideración, la situación existente en el momento para la determinación de la Jurisdicción y de la Competencia. Art. 5: La Competencia no puede derogarse por convenio de las partes, sino en los casos establecidos en este Código y en las leyes especiales. El artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional Privado, la Jurisdicción Venezolana no queda excluida por la pendencia ante un Juez de la misma causa o de otra conexa a ella. Para determinar la Jurisdicción es necesario acudir a las Reglas de la Competencia. Estas normas, limitan la Jurisdicción del estado en función de sus propios intereses o en ejecución de obligaciones internacionales. Para llegar a esto se toman en cuenta algunas características objetivas y subjetivas. Entre las objetivas por ejemplo podemos nombrar el lugar de celebración, el objeto, el lugar de la ejecución de un contrato. Las subjetivas están referidas al comportamiento de las partes, la nacionalidad, el domicilio o residencia o permanencia en el territorio del Estado. Nuestro Código conjuga ambos elementos por tanto se le considera mixto. La falta de Jurisdicción cuando el conocimiento de una controversia no atañe al Poder Judicial Venezolano, bien por ser competente un Juez extranjero, o por corresponder su resolución a la administración pública. En este último caso puede declararse de oficio e cualquier estado e instancia del proceso, la misma falta respecto del Juez extranjero solo es declarable de esta forma, "Cuando el objeto de la demanda fuesen bienes inmuebles situados en el territorio de la Republica". La Legislación Venezolana, no permite tal situación, si nos remitimos al artículo 2 del Código de Procedimiento Civil, encontramos en el una serie de supuestos, que señalan claramente que esto es, siempre y cuando se trata de este tipo de situación de bienes. En concordancia a todo esto señalamos lo consagrado en el artículo 40 de la Ley de Derecho Internacional Privado, donde además de aclararse la situación


sobre inmuebles, también de contratos verificados en el territorio, y de la sumisión o no, que las partes pueden expresar. En el artículo 41 se consagran y ratifican además, lo dispuesto en nuestro Código Civil, esto con respecto a la universalidad de bienes, en el artículo 42, se le da igualmente la prioridad a la legislación venezolana, en lo que se refiere al estado de las personas y las relaciones familiares. En el artículo 47, se ratifica todo lo expuesto anteriormente. EFICACIA INTERNACIONAL DE LAS SENTENCIAS EN EL DERECHO VENEZOLANO: EL EXEQUATUR. Se denomina exequátur al procedimiento judicial en virtud del cual, las sentencias definitivamente firmes dictadas en el extranjero, en materia privada, pueden producir el efecto de cosa juzgada o ser ejecutadas en otro Estado. Eficacia de las sentencias y de los actos de autoridades extranjeras: Cuando un Estado reconoce los fallos o sentencias dictadas en otro Estado se logra la universalidad de los efectos de la cosa juzgada, es decir, se logra que la sentencia traspase las fronteras del Estado en donde fueron dictadas y se reconozca la eficacia de la misma en el extranjero, cabe destacar que el Estado receptor puede asumir diferentes actitudes ente la eficacia de dicho fallo. Una de las razones que favorecen la eficacia extraterritorial de las sentencias se centra en que si los Tribunales de un Estado admiten la aplicación de un derecho extranjero, nada debería oponerse, al reconocimiento de las sentencias dictadas fuera de los límites del Estado receptor. En conclusión la eficacia de la sentencia se ve reflejada cuando es ejecutada satisfactoriamente tanto en el territorio nacional como en el extranjero, y el procedimiento para reconocer dichas sentencias es el exequátur. Importancia de la Exequátur: El método del exequátur es de gran importancia ya que permite a los Estados que la aplican el poder tener una esfera mas amplia en cuanto a la aplicación de sus leyes, tomando en cuenta el principio de reciprocidad; por otro lado les proporciona seguridad en tanto las sentencias dictadas por ellos no quedaran ilusorias, es decir, no habrá cabida al fraude procesal de los individuos ya que se aprovecharían de dicha situación. En cuanto a los individuos, es para ellos de vital importancia la aplicación de la exequátur ya que les provee una seguridad de que sus pretensiones no quedaran sin cumplir y serán respetas por todos los Estados que aplican este mismo procedimiento. Sistemas que hablan sobe las sentencias extranjeras: Cada Estado con su ordenamiento jurídico tienen establecido el alcance de las sentencias extranjeras y por ende al exequátur: 

El sistema de Inejecución Absoluta: Consiste en el no reconocimiento de la sentencia judicial extranjera, es decir que dicha sentencia no produce efecto


de cosa juzgada, y por ende no puede ser ejecutada. Cuando el individuo favorecido en la sentencia extranjera quiera reclamar sus derechos favorecidos en el exterior tendrá que ser promovido dentro de la jurisdicción interna como un nuevo juicio. Este sistema fue adoptado por Holanda, Bélgica y por los países anglosajones. Ejecución plena sin exequátur pero previo cumplimiento de requisitos formales: en este caso la sentencia extranjera produce efectos sin que sea necesario un nuevo procedimiento previo de exequátur, esto siempre que dicho fallo cumpla con ciertos requisitos formales. Esta eficacia se conserva aun cuando los órganos jurisdiccionales nacionales en un proceso distinto de aquel en cual se invoque la sentencia que tenga que determinar si la misma cumple con las exigencias de la nación, dicha decisión es de pura declaración de certeza sin que ello afecte en alguna forma la eficacia de la sentencia misma, pues ella se conserva independientemente de aquel otro proceso. Alemania adopto este sistema. Ejecución Automática: Este sistema señala que la sentencia extranjera toma plena eficacia sin el seguimiento del procedimiento de los órganos jurisdiccionales, es decir una vez dictado el fallo no necesita el exequátur para gozar de eficacia. La sentencia extranjera es integra, sin importar que estas cumplan con los requisitos exigidos.

Sistema Venezolano: La sentencia extranjera puede tener efecto extraterritorial de ejecución o cosa juzgada, siempre que exista la garantía de reciprocidad, legislativa o diplomática, de que pronunciamientos de igual índole serian aceptados en idénticos términos en el país de origen de la sentencia. En el caso actual que nos ocupa ella, puede tener la consecuencia de permitir el efecto extraterritorial de la sentencia extranjera cuando recíprocamente está garantizada legislativa o diplomáticamente la ejecución de sentencias nacionales en el país extranjero o bien parte de la autoridad judicial sobre el fondo de la sentencia, lo cual no se hará sino cuando existiese la garantía de que tal revisión no le hará tampoco a una sentencia nacional. Por ello, podemos decir que el sistema que adopta Venezuela es un sistema mixto, ya que en algunos casos y dependiendo del estado en el que se produzca la sentencia sobre la cual versara el exequátur serán necesarios el cumplimiento de una serie de requisitos para que pueda darse el exequátur, o simplemente la sentencia extranjera tendrá efectos extraterritoriales de ejecución o cosa juzgada en Venezuela siempre que exista la garantía de reciprocidad entre el estado de donde emano la sentencia extranjera y Venezuela. Este tipo de sistema que es aplicado en Venezuela también lo aplican países como Alemania, Polonia, Inglaterra, Estados Unidos y el Líbano. Actos que requieren exequátur: Todos los actos judiciales pronunciados en forma de fallo o de sentencia son susceptibles de exequátur, lo que se requiere es que sean de carácter privado, o sea, civil, mercantil y que además sean dictadas por autoridades judiciales competentes de la esfera internacional.


Cuando la sentencia extranjera produce efectos probatorios, de cosa juzgada y de fuerza ejecutoria, está sometida a exequátur. Mediante este procedimiento la sentencia extranjera puede producir el efecto de la prueba, de cosa juzgada o bien puede ser ejecutada. La convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, amplía aun más este concepto tradicional pues introduce expresamente las sentencias providentes de procesos laborales. Pero al propio tiempo deja la libertad a los Estados para que en momento de la ratificación puedan limitar esa eficacia a sentencias de condena en materia patrimonial, a resoluciones jurisdiccionales o que terminen el proceso y a las sentencias penales en cuanto se refiere a la indemnización de perjuicios derivados del delito. Las decisiones administrativas están en principio, fuera de este mecanismo procesal, sin embargo, recientemente hay una tendencia a someter a exequátur tales decisiones, este cambio de actitud se debe a la evolución económica y política que se ha venido operando a nivel mundial. Organismos competentes para otorgar el exequátur: El organismo competente para otorgar el exequátur, es el T.S.J, ya que este es el encargado de declarar la ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras, ya que sin el exequátur no tendría ningún efecto, ni como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser ejecutada. Las sentencias que se dicten en países donde se conceda ejecución a las sentencias firmes pronunciadas por los tribunales venezolanos, sin previa revisión de fondos podrán declararse ejecutorias en la república. Requisitos para que a la sentencia extranjera pueda dársele fuerza ejecutoria en Venezuela: 

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Que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción que le correspondiere para conocer el negocio, según los principios generales de la competencia procesal internacional previstos en el este Código. Que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual ha sido pronunciada. Que haya sido dictada en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas. Que el demandado haya sido debidamente citado conforme a las disposiciones legales del Estado donde se haya seguido el juicio y de aquel donde se haya efectuado la citación, con tiempo bastante para comparecer y que se le hayan otorgado las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa. Que no choque contra sentencia firme dictada por los Tribunales venezolanos. Que la sentencia no contenga declaraciones ni disposiciones contrarias al orden público o al derecho público interior de la República.

El procedimiento según el Código de Procedimiento Civil y el Código de Bustamante:


La solicitud de exequátur (libelo de demanda): se presentará por escrito en el cual se exprese la persona que lo pida, su domicilio o residencia, la persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria, y su domicilio o residencia. La solicitud deberá acompañarse con la sentencia de cuya ejecución se trate, con la ejecutoria que se haya librado y la comprobación de los requisitos indicados en el articulo siguiente: todo en forma autentica y legalizado por autoridad competente. El juez o tribunal a quien se pida la ejecución oirá antes de decretarla o denegarla, y por término de 20 días, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal o Ministerio Público. Citación del demandado: la persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria será citada conforme a las disposiciones del título IV del libro primero del C.P.C a fin que conteste la solicitud dentro de los diez días siguientes a su citación mas el termino de distancia si lo hubiere. La citación de la parte a quien deba oírse, se practicará por medio de exhorto o comisión rogatoria, según lo dispuesto en el Código de Bustamante, si tuviere su domicilio en el extranjero y careciere en el país de representación bastante, o en la forma establecida por el derecho local si tuviere el domicilio en el Estado requerido. Nombramiento del defensor ad litem: la falta de comparecencia de la parte contra la cual haya de obrar la ejecutoria, agotado ya todos los recursos de citación se le nombrara defensor ad litem. (Art. 853 C.P.C) Contestación y sustanciación: en el acto de contestación deberán proponerse todas las cuestiones y defensas acumulativamente y el asunto se decidirá de mero derecho, con vista de los documentos auténticos que produjeren las partes, pero el T.S.J podrá de oficio si lo considerare procedente, disponer la evacuación de otras pruebas.

Sentencias o fallos que no podrán ser ejecutadas: Ningún Estado contratante ejecutará las sentencias dictadas en uno de los otros en materia penal, en cuanto a las sanciones de ese orden que impongan. Podrán sin embargo, ejecutarse dichas sentencias en lo que toca a la responsabilidad civil y a sus efectos sobre los bienes del condenado, si han sido dictadas por juez o tribunal competente según el Código de Bustamante, y con audiencia del interesado, y se cumplen las demás condiciones formales y de trámite que el Capítulo I de este Título establece.


Cada uno de los Estados en su carácter soberano, posee una Legislación Procesal que puede ser normativa, como en el caso venezolano, o casuístico como en el caso del derecho anglosajón. Si un país posee sus órganos jurisdiccionales bien delimitados, con funciones concretas y especificas, y la competencia judicial, está igualmente repartida, entonces la justicia podrá ser equitativa y perecedera, dicha competencia se ve limitada por una serie de reglas que delimitan la eficacia en el conocimiento de determinadas materias. Tenemos referencialmente que señalar, entre los elementos que nos permite determinar la competencia, la nacionalidad de los interesados (hoy día su domicilio), la naturaleza de la acción, la voluntad de los interesados, como Principio de autonomía de las partes, como integrantes de un proceso tanto la ley de Derecho Internacional Privado, como el Código Bustamante reconocen el sometimiento expreso o tácito que las partes puedan tener en un proceso. La Ley de Derecho Internacional Privado, se vio antecedida por ciertos señalamientos recogidos en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Civil, pero que no llenaban las expectativas de quienes recurren a estas instancias en conflictos internacionales. Para la consagración de esta nueva normativa internacional se tomaron en cuenta dichos parámetros, así como también Tratados, Convenciones y Laudos firmados y acordados por muchas naciones del mundo, todo en búsqueda del desarrollo y crecimiento económico, superando expectativas y mejorando la calidad de vida en las diversas naciones amparadas en un marco jurídico


Profile for Dulce  Moreno

Derecho Internacional Privado  

breve referencia al derecho internacional privado, que es y sus prinsipales caracteristicas.

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