VII. Conclusiones
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instalada en todos los organismos que intervienen en la temática migratoria, que han dado un salto cualitativo en su interés por mejorar los itinerarios administrativos. Así sucede, sin duda, en la DNM y en la DNIC, organismos para los que el «salto cualitativo» es aún mayor por encontrarse insertos en una institución particular, para la cual el tema migratorio tiene otras aristas de vigilancia y control ineludibles. La Comisión Sectorial de Población (CSP), por su parte, integrada por siete ministerios (MEC, MEF, MSP, MIDES, MVOTMA, MTSS, Ministerio de Turismo y Deporte) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha venido trabajando en la temática, trazando lineamientos estratégicos en lo que refiere a la migración internacional, en cuatro ejes fundamentales: la libre movilidad y circulación como derecho, la disminución de la propensión migratoria en jóvenes, la vinculación de uruguayos en el exterior y el incentivo de la inmigración de retorno y extranjeros (UNPFA-CSP, 2011). Otros ministerios (MTSS, MIDES, MSP, MEC) se dirigen a la población uruguaya en su conjunto, no obstante lo cual han generado espacios de importancia en relación con las especificidades de la migración. Así sucede, por ejemplo, con la Unidad de Retorno del MTSS. El MIDES ha ido más allá en la preocupación por el tema y de hecho es quien ha supervisado la presente investigación en convenio con la OIM. Ha trazado una línea estratégica de atención a la población migrante, siempre desde la perspectiva de Derechos Humanos y a efectos de contener su vulnerabilidad. Si bien este organismo se propone trabajar en un contexto abarcativo de equidad, acierta al considerar que se requieren «acciones afirmativas» en el caso de algunos colectivos en particular, y tal es el caso de la población migrante. Por otro lado, el Programa Identidad del MIDES, si bien no ha logrado la sistematización —en especial informática— que pretende y que se encuentra en vías de consecución, ha desarrollado una
labor de gran importancia e impacto en relación con el tema de la documentación, como hemos visto. Lo urgente no deja tiempo a lo importante, y como bien se desarrolla en el análisis de enfoques y perspectivas de sus políticas sociales, realizado por el mismo organismo y la Asociación Profundación para las Ciencias Sociales de la UDELAR, las aproximaciones han oscilado entre lo asistencial y lo «emergencial y bomberil» (Serna et al, 2011), lo que ha rezagado el recorte específico de esta población. La población migrante. Ahora bien, podríamos concluir que si bien podría inferirse que la población objetivo, es decir migrantes en condiciones de vulnerabilidad según las definiciones conceptuales que tomamos, no constituye un alto porcentaje de la población migrante total detallada en cifras, su condición se ve aumentada o empeorada por su propia calidad de migrante. Esto hace que pueda fluctuar en su apreciación cuantitativa, la que surgirá con mayor claridad de los datos definitivos del Censo 2011. Cabe preguntarnos cuáles son las características de vulnerabilidad que hemos detectado y si refieren a algún colectivo en particular. En primer lugar, toda la población migrante se ve afectada por el intrincado itinerario administrativo para obtener su documentación, primer paso para la inserción social que se pretende, sea esta temporaria o definitiva. En el caso de la población migrante, sin perjuicio de su nacionalidad, cuya condición socioeconómica en riesgo es preexistente, la vulnerabilidad se agudiza y puede tener el efecto de volcarla a la marginalidad o a la «irregularidad», comprometiendo seriamente la accesibilidad a los DESC. De manera que la obtención de una documentación mínima como la cédula provisoria determina su trayectoria social como migrante. En segundo lugar, el acceso a los derechos económicos depende de encontrar un trabajo decente,