Sexto dictamen del Observatorio

A pesar del exceso de prestaciones económicas, el número de beneficiarios de servicios no ha dejado de crecer, estimados necesarios por las personas para una atención de calidad. Los servicios de dependencia, en los dos últimos años, han pasado de dar empleo a 391.606 trabajadores a un total de 537.052 en alta en la Seguridad Social La creación de empleo mantenida durante todo el periodo de crisis económica, da muestra de la capacidad real de los servicios de dependencia de obtener buenos resultados en términos de rentabilidad social y económica. No tendría justificación que para 2011, año en el que hay que empezar a dar atención a la dependencia moderada, las administraciones disminuyeran o congelaran sus presupuestos. Constituiría un abandono de la propia responsabilidad pública para dinamizar la economía y crear empleo.

Provisión pública de los servicios y calidad del empleo.

La LAAD compromete la creación de una Red pública de servicios sociales de atención a la dependencia configurada por centros y servicios públicos y los privados “concertados”. Pero los gobiernos están distorsionando la fórmula de Concierto en sus normas autonómicas, queriendo homologar la prestación directa de un servicio a través de oferta pública (donde se incluyen los servicios concertados), con la “prestación económica vinculada a un servicio”(p.e.v) que conlleva otra relación contractual distinta al “concierto”, en la que opera el derecho mercantil por encima del derecho público. Con ello, el ciudadano pierde tutela y garantías públicas con respecto a los servicios que recibe, y se precariza sobremanera las condiciones de trabajo y salariales.

Hay CCAA en las que la p.e.v ha comenzado a adquirir una proporción realmente importante, como son Aragón (20,5%), Extremadura (24,8%), Castilla y León (23,1%) y Navarra (15,9%), Habrá que observar su evolución.

Suficiencia y adecuación de la financiación No compartimos el criterio que ha llevado al Gobierno ha minorar en 2011 el presupuesto en un 5,2%, aún a pesar de que en este año el número de personas atendidas aumentará entorno a 400.000 nuevos beneficiarios.

Actualmente la AGE financia a las CCAA con la misma cuantía por cada beneficiario atendido, con independencia del coste real que tiene cada tipo de prestación. Esto limita el desarrollo del catálogo de servicios, ya que para las CCAA es más rentable en términos financieros, prescribir prestaciones económicas.

Es posible revertir esta situación, para ello desde CC.OO hemos realizado una propuesta económica y técnica denominada “Plan para la promoción de los servicios y el empleo”, que además de suponer una inversión directa en la creación de empleo y la dinamización económica, permitiría el cumplimiento de la Ley 39/2006.