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Jueves 06 de diciembre de 2018


JUEVES 25 DE OCTUBRE 2018

Ventura Camejo, Yokasta Guzmán y Marmolejos destacan evaluación Sistemas de gestión pública.

Centrales apoyan uso de fondos SS en proyectos desarrollo.

Conape reconoce adultos mayores

Nelson Rodriguez Monegro : Enfermedades de altos costos: Posibles soluciones

Marcha de personas con discapacidad recorrió calles de Santo Domingo hasta playa Guibia.


Ventura Camejo, Yokasta Guzmán y Marmolejos destacan evaluación Sistemas de gestión pública. SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Administración Púbica (MAP), la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), evaluaron los Sistemas de mediciones de la gestión pública que tienen esas instituciones, calificados por el ministro Ramón Ventura Camejo, como una de las herramientas que permiten corregir algunas situaciones inadecuadas. La evaluación se desarrolló en dos encuentros organizados para esos fines por el MAP, en su sede de la capital. El primero fue con la DGCP, en el cual participaron los principales funcionarios de esa entidad, y el segundo con la DIDA, en el que participó una delegación de esa Dirección. Además del ministro del MAP, estuvieron Yokasta Guzmán, de Compras y Contrataciones Públicas, y Nélsida Marmolejos, de la DIDA. Ventura Camejo, principal ejecutivo del MAP, dijo que esos sistemas son herramientas que ayudan a las entidades gubernamentales a ajustarse a un método y una disciplina de trabajo para mejorar los servicios que ofrecen a la ciudadanía. Al concluir la primera reunión de trabajo, la doctora Yokasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones Públicas, la calificó de provechosa, interesante, “ya que estuvimos reunidos para pasar balance a temas pendientes y sobre todo para ver los sistemas de medición de la gestión pública que tiene tanto el MAP como Contrataciones Públicas”, según lo informado por el periodista Luís Céspedes Peña. Afirmó que el encuentro ayudó para ver los indicadores del MAP en compras, y los de DGCP que es la que mide la gestión de las Compras Públicas, donde el ministerio está muy bien, pero quiere seguir mejorando. “Y la Dirección de Contrataciones Públicas para ver cómo vamos en el sistema de medición de la administración pública, que es el SISMAP, para el gobierno central, donde también queremos seguir mejorando”.


Nélsida Marmolejos, directora de la DIDA, dijo que la reunión con el ministro del MAP, Ramón Ventura Camejo, y funcionarios de esa institución, fue muy importante, en virtud de que ayudará a la DIDA a aplicar, de manera correcta, los indicadores y sistemas de mediciones. Agradeció la iniciativa y consideró que cada cierto tiempo debe organizarse este tipo de encuentro para pasar revista a las herramientas e instrumentos tecnológicos y metodológicos que utilizan las instituciones con el propósito de mejorar el servicio que ofrecen a la ciudadanía. Reconoció el apoyo que le ofrece el MAP a la DIDA para el fortalecimiento de su desarrollo institucional.


Centrales apoyan uso de fondos SS en proyectos desarrollo. Las centrales sindicales se expresaron a favor del uso de los fondos de pensiones para financiar proyectos de desarrollo industrial, vivienda, energía, y otros, siempre que haya garantía de retorno y se generen beneficios para los que aportaron esos recursos que son los trabajadores. Los sindicalistas observaron que ojalá sea real que esos recursos se van a tomar prestados para invertirlos en actividades de desarrollo y productivas, “y no sea una cortina de humo que se esté planteando con motivo de desviar temas que traerían conflictos dentro de la modificación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social que promueven el Gobierno y sectores empresariales”. Jacobo Ramos, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD); Gabriel del Río, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y Rafael Abreu (Pepe), del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), coinciden en que los recursos se deben prestar a empresas denominadas “AAA”, “pues prestarlos a las medianas y pequeñas industrias pone en peligro los recursos, porque estas no garantizarían su retorno”. Ayer unas diez instituciones del país firmaron un convenio de colaboración para identificar proyectos de financiamiento para el desarrollo de actividades industriales y productivas, viviendas, soluciones de infraestructura, energía, desarrollo y apoyo al sector inmobiliario y de la construcción que serían fomentadas usando los fondos de pensiones. El acuerdo incluye proyectos que contribuyan a generar riquezas, el dinamismo y crecimiento económico sostenible y al incremento de la competitividad del país, a la generación de empleos de calidad en los cuales las AFP y otros inversionistas institucionales podrían invertir empleando productos colectivos del mercado de valores.


Del Río, de la CASC, subrayó que “estamos de acuerdo que ese dinero de los fondos de pensiones acumulados, y que está inactivo, se otorgue a empresas o instituciones que garanticen beneficios para los pensionados y asegurados, y a la vez aporte para el desarrollo del país, pero que primero haya un saneamiento a quienes se les van a otorgar, para que no se dilapiden y se ponga en peligro los recursos”. Ramos, de la CNTD, favorece que se faciliten los fondos de pensiones a empresas o instituciones, pero aplicando instrumentos financieros que garanticen rentabilidad y un real retorno de esos recursos. Los sindicalistas Jacobo Ramos y Gabriel del Río, advierten que los recursos acumulados en las AFP no se pueden poner en peligro para complacer grupos de empresas o a empresarios, sin estos no garantizar el retorno de los fondos.


Modifiquen eso… Por: Alberto Quezada

La Seguridad Social en países pobres como el nuestro debe ser un tema de atención permanente de todos los dominicanos, fundamentalmente, de aquellos actores que de una u otra manera participan e interactúan en el sistema de protección social. Esto lo digo porque el curso que tome la Seguridad Social, sea positivo o negativo, impacta de manera inexorablemente en la vida de millones de dominicanos que cotizan en ella. En la dirección anterior quiero destacar algo que ha acontecido y que sin embargo no ha suscitado, hasta el momento, el interés que amerita dada la importancia que reviste para la salud del pueblo dominicano. A qué me refiero, bueno; a la propuesta de implementación de Atención Primaria entregada por la Superintendencia de Salud y Riesgo Laborales (Sisalril) al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) con la finalidad de modificar las coberturas de medicamentos y laboratorios de las ARS en sus dos modalidades, subsidiado y contributivo. La propuesta consiste en que las personas diagnosticadas con diabetes e hipertensión, o ambas condiciones a la vez, tendrán la opción de registrarse en los Servicios de Prevención Secundaria y Terciaria contratados por la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) a la que pertenece, donde recibirán coberturas de medicamentos y laboratorios, sin tope ni copagos no autorizados. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, un reciente estudio realizado por la encuestadora Gallup para el Servicio Nacional de Salud (SENASA) revela que la hipertensión arterial afecta al 31% de los dominicanos, lo que equivale a dos millones de personas, de éstos el 68.5% sabe que tiene la enfermedad; un 60% está en tratamiento, controlados hay un 36%, lo que significa que un 40% no se está tratando la dolencia. Ustedes saben lo que es eso!


Conape reconoce adultos mayores Santiago Benjamín de la Cruz Por segundo año consecutivo, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) entregó los Premios Ejemplos de Vida, con los que reconoció a cinco adultos mayores que a su edad se mantienen activos y productivos en empresas privadas e instituciones públicas. Conape también reconoció a cuatro empresas por contribuir con la inclusión de los adultos mayores, entre ellas el periódico Listín Diario, que siempre ha estado interesado en acoger como suyos los temas vinculados a este segmento de población. Los adultos mayores que fueron reconocidos recibieron una placa de reconocimiento y RD$50,000 en efectivo, por representar un ejemplo para la sociedad dominicana, porque a pesar de la edad pueden mantener una vida activa en diferentes áreas. Conape reconoció a José Radhamés Cabrera, de 88 años, quien es un cardiólogo nefrólogo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), lugar donde tiene 45 años trabajando. José Concepción Coste, de 82 años, es otro de los reconocidos, quien lleva 59 años prestando servicios en el canal 4, como operador de Consola. De igual modo, fue reconocida la señora Zureyka Depratt, de 90 años, quien tiene 55 años trabajando en Johnson S.A, y es una mujer que le encanta la naturaleza y compartir con sus hijos, nietos y biznietos. También fueron distinguidos María Manuela Herrera, de 87 años, quien lleva 13 laborando en el laboratorio del Ministerio de Salud Pública, y Ena Rosa Henríquez, de 82 años, de los cuales 42 ha dedicado a trabajarlos en la UNPHU. Conape también entregó un reconocimiento especial a la señora Yolanda Fermín, de 62 años, quien tiene un canal de Youtube con sus recetas de cocina, el cual cuenta actualmente con más de 100,000 suscriptores que aprenden a preparar diferentes platos con sus videos. La historia de Fermín fue contada a través de Listín Diario el pasado mes, e inmediatamente fue compartida por miles de personas.


Marcha de personas con discapacidad recorrió calles de Santo Domingo hasta playa Guibia. Con los lemas “Sí se puede” y “Rompiendo Barreras”, decenas de personas marcharon hoy por algunas calles de Santo Domingo hasta la playa Guibia en el Malecón, haciendo rodar sus sillas de ruedas o caminando con muletas, junto a otras que se unieron solidariamente a ellas en una actividad organizada por el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), organismo adscrito a la Presidencia de la República.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La marcha del CONADIS partió desde el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto y continuó por la avenida Máximo Gómez con rumbo al Malecón, un trayecto de unos tres kilómetros. La actividad se inscribió en la conmemoración esta semana del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Antes de llegar a playa de Guibia, la marcha se detuvo frente a la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) del Ministerio de Educación, cuya directora, Mery Kasse, se unió a ella junto a directores de distintas dependencias de la entidad y otros empleados. Así se pone de manifiesto, remarcó Kasse, “el apoyo que se brinda desde esa institución, tanto en el ámbito laboral como social, a las personas que trabajan y tienen algún tipo de discapacidad”. Ya en playa de Guibia, a los participantes se les esperó con un refrigerio, como se muestra en la fotografía. Acuerdo con el Ministerio de Educación El presidente del CONADIS, Magino Corporán Liranzo, y el ministro de Educación, Andrés Navarro, firmaron ahí un acuerdo de cooperación para el desarrollo de programas y proyectos que garanticen oportunidades formativas y laborales para las personas con discapacidad. El convenio contempla la inserción laboral en el mismo Ministerio de Educación. Asimismo, mecanismos para que puedan desarrollar plenamente sus habilidades y tengan acceso a la educación inclusiva, a la igualdad de oportunidades. El ministro Navarro recordó que las instrucciones del presidente, Danilo Medina, son que nadie se quede fuera de la “Revolución Educativa”. Acuerdo con el Indotel


Adicionalmente, el CONADIS firmó otro acuerdo con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). Se trata de un convenio de cooperación conjunta que incluye procurar el acceso de las personas con discapacidad a tecnologías de la información y la comunicación

“Cooperar con la sensibilización a los líderes, organizaciones y agentes económicos vinculados a las partes para incentivar el apoyo a los programas y proyectos desarrollados en el marco del acuerdo, así como facilitar la participación de los profesionales con experiencia y conocimiento en los programas y dispositivos necesarios para el acceso a las tecnologías de la información y comunicación de las personas con discapacidad”, se lee en el acuerdo. Este fue firmado por el presidente del consejo directivo del Indotel, Luis Henry Molina, y el director del CONADIS. Las áreas de cooperación comprenderán protección al usuario, regulación, sensibilización y el desarrollo de proyectos especiales, aunque integrarán otras actividades que serán determinadas de común acuerdo sobre la base de un análisis de las necesidades y áreas prioritarias. Acordaron, asimismo, incorporar programas y proyectos de desarrollo del componente de accesibilidad e identificar las necesidades focalizadas a las distintas discapacidades y a los sectores de mayor incidencia geográfica. “Cooperar con la sensibilización a los líderes, organizaciones y agentes económicos vinculados a las partes para incentivar el apoyo a los programas y proyectos desarrollados en el marco del acuerdo, así como facilitar la participación de los profesionales con experiencia y conocimiento en los programas y dispositivos necesarios para el acceso a las tecnologías de la información y comunicación de las personas con discapacidad”, son otras de las tareas de lo acordado. Adicionalmente, gestionarán “la concertación de alianzas estratégicas con otras instituciones con las cuales consideren oportuno pactar para la consecución de los objetivos del presente acuerdo”. El Indotel se compromete, por lo mismo, a “promover la accesibilidad que las personas con discapacidad puedan requerir por parte de los proveedores de servicios y en la gestión de las denuncias, así como avanzar en la inclusión de las preguntas o inquietudes solicitadas por el CONADIS en las encuestas de satisfacción del usuario”. De igual forma, promover las iniciativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre accesibilidad a las personas con discapacidad.


Enfermedades de altos costos: Posibles soluciones http://hoy.com.do/enfermedades-de-altos-costos-posibles-soluciones/

POR: NELSON RODRIGUEZ MONEGRO

Las enfermedades de altos costos, también llamadas enfermedades catastróficas, constituyen un conjunto limitado de patologías que tienen un alto impacto económico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son aquellas enfermedades cuyo tratamiento involucra un costo directo mayor al 40 % del ingreso del hogar. Estas enfermedades necesitan procedimientos complejos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Los pacientes demandan tratamientos continuos, son casi siempre devastadoras e incurables, los resultados pueden llegar a la deficiencia, discapacidad y a la limitación funcional de sus actividades. Como ha de suponerse cualesquiera de estas enfermedades son incosteables por la mayoría de la población, y son capaces de llevar a la pobreza a personas de clase media. Como consecuencia deben existir políticas gubernamentales, que a través de programas especiales, subsidien el financiamiento de las mismas. Uruguay es uno de los países que más ha avanzado en la cobertura universal para enfermedades de altos costos, a través de un fondo especializado: Fondo Nacional de Recursos (FNR); que permite financiar una parte importe de los procedimientos y medicamentos para estas enfermedades; además de dar respuesta a las demandas judicializadas incoadas por las personas en el caso de aquellas no incluidas, donde hay fallos judiciales que obligan a la cobertura. El FNR se alimenta de varios mecanismos: con el aporte incluido en el descuento que realizan para el Fondo Nacional de Salud, en la cuota FNR que aparece en el recibo de su afiliación individual, por medio de impuestos (IVA, IRPF, ETC.), impuestos hasta el 20% de los premios de los sorteos de loterías, etc. Este fondo se maneja de manera institucional donde participan diferentes actores, cuenta con reglamentación y normativas de estricto cumplimiento. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en los pacientes del régimen contributivo de la seguridad social hoy existe cobertura de hasta un millón de pesos por año para unas 17 o 18 enfermedades de altos costos. Claro, conseguirlo no es algo que fluye espontáneamente, para lograrlo los pacientes tienen que pasar todo un viacrucis, por los diferentes obstáculos que les ponen las ARS. Para los pacientes sin cobertura el gobierno a través del Ministerio de Salud en el Programa de Medicamentos de Altos Costos, cuenta con un presupuesto de unos 2,700 millones, de los cuales se benefician unos 15 a 17 mil pacientes. ¿Cuál es el procedimiento instituido para una persona poder acceder a dicho financiamiento? 1) Hacer una comunicación solicitándolo al Ministro de Salud; 2) foto copia de la cédula; 3) carta de la DIDA de no estar afiliada o no tener cobertura para el procedimiento o tratamiento; 4) expediente clínico con certeza del diagnóstico de la enfermedad; 5) recetas originales de la prescripción médica. Claro, aquí no está incluido el prerrequisito más importante “un buen padrino que agilice el proceso”.


Sería interesante hacer un ejercicio que cuantifique la conclusión de la afiliación universal a la seguridad social, costo real de procedimientos y tratamientos de las enfermedades de altos costos priorizadas, cuál sería la cápita para la cubertura, cuál sería el completivo a los 2700 millones para cubrir el financiamiento. La posibilidad de que dicho programa pase al Seguro Nacional de Salud (SENASA), tanto para el contributivo como para el subsidiado. Estamos hablando de que del catálogo de prestaciones de las ARS privadas, se eliminen las enfermedades de altos costos, y que la fracción de la cápita que corresponda a esa cobertura se le asigne al SENASA, siendo esta ARS pública la que se encargue de dar esta cobertura. El MSP, SNS, SISALRIL, las Sociedades Especializadas y Academias, estarían definiendo los protocolos para cada una de las enfermedades de altos costos priorizadas; así mismo, debe haber iniciativas con el Consejo de Ministros de Centro América y Rep. Dominicana (COMISCA) para la compra conjunta que permita abaratar costos. Incluso, la utilización de la herramienta de Licencias Obligatorias o Importaciones Paralelas, que permiten el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC ( ADPIC). Es decir, existen mecanismos que nos pueden poner en condiciones de dar respuestas institucionales al problema de enfermedades de altos costos; y tener un sistema sin exclusiones, con acceso universal a servicios integrales, sin copagos, y de más justicia social, sin que medie el tráfico de influencia que solo perjudica a los más pobres. ¡Mano a la obra!


Denuncian que los pensionados y jubilados son excluidos del presupuesto nacional La I Conferencia nacional de pensionados y jubilados lamentó profundamente que hayan sido excluidos del presupuesto nacional, especialmente en lo relacionado al aumento del salario que perciben actualmente, como de las indexaciones legales que les corresponde. La Conferencia Nacional de pensionados y jubilados, realizada ayer, organizada por la federación Nacional de Pensionados y Jubilados de la República Dominicana, con la participación de delegados de 10 asociaciones nacionales, se realizó en el local de la Asociación de Pensionados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Los pensionados y jubilados son personas que durante toda su vida productiva y en la actualidad pagan obligatoriamente impuestos al gobierno dominicano, y lo que han solicitado no son dádivas, sino la forma que el gobierno debe retribuir a quienes han pasado sus vidas pagando a los gobiernos. La constitución de la república Dominicana establece que nuestro país en democrático y social, por tanto, los pensionados y jubilados deben tener derechos sociales que no se cumplen, aunque estén establecidos en las leyes sustantivas, especialmente en la constitución, la ley 87-01, sobre seguridad social, y otras leyes relacionados con los pensionados y jubilados. La indexación es un mecanismo para reajustar las obligaciones, de manera automática por medio de índices. Este mecanismo debe ser utilizado para compensar las pérdidas que tienen los pensionados y jubilados, especialmente por la inflación, el aumento de los precios en los artículos de primera necesidad, el alto costo de la vida, y los bajos ingresos que tienen las personas que dependen de una pensión o jubilación. La indexación es la técnica para ajustar los pagos de los salarios por medio de un índice de precios u otro, con el fin de mantener el poder adquisitivo de los pensionados y jubilados. Nunca en la vida los pensionados y jubilados, tanto del seguro social como de la seguridad social, han recibido sus indexaciones legales en la República Dominicana. Pensábamos que los casos de aumento de los salarios a los pensionados y jubilados, así como las indexaciones correspondientes, eran tomados en cuenta en el presupuesto nacional, sin embargo, se


destinan dinero a cosas suntuosas, a sectores que no tienen necesidades urgentes, y para actividades políticas; dejando fuera a quienes han sido contribuyentes durante toda su vida productiva. Los pensionados y jubilados no podemos seguir viviendo con pensiones de 5.117 pesos mensuales, sin indexaciones, frente a una canasta familiar que está alrededor de 30 mil pesos mensuales. Los pensionados y jubilados dominicanos demandan de las autoridades correspondientes, hacer todo lo posible para que las pensiones sean aumentadas al mínimo de 10 mil pesos mensuales, y sean indexadas anualmente. La Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores (CLATJUPAM), apoya la posición de los pensionados y jubilados dominicanos, esperando que el gobierno dominicano escuche la voz de los que han pasado su vida pagando impuestos, que merecen ser reconocidos y respetados en esta etapa de sus vidas.


Servicio de noticias DIDARD  

Este servicio de noticias es una recopilación de informaciones y noticias que publican medios de comunicaciones digitales nacionales y extra...

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