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Cancún

Viernes 30 de noviembre de 2012 diario Respuesta

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BRÚJULA POLÍTICA ANTONIO CALLEJO

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TRATA. Con el fin de acabar con el turismo sexual, los empleados de los hoteles han sido capacitados al respecto.

Capacitan personal para evitar la trata » Al menos 60 em-

pleados hoteleros han recibido los cursos sobre el Código de Conducta Nacional Manuel Sánchez DIARIO RESPUESTA

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or lo menos unas 60 personas del sector hotelero recibieron ayer capacitación por parte de la Fundación Infantia con el objetivo de darle continuidad al Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo firmado a nivel nacional desde el 2011. Al respecto, Cristina Alcayaga Núñez, representante del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) en Cancún, recordó el objetivo de dicho acuerdo en donde se adquiere el compromiso de prevenir y combatir el fenómeno de trata que, en sus modalidades de turismo sexual; explotación, y pornografía infantil y mendicidad, aquejan a destinos turísticos, entre ellos, Cancún-Riviera Maya. Lo anterior, de acuerdo con el Estudio "La trata de personas en el sector turístico", financiado por la propia Secretaría de Turismo (Sectur) y elaborado por la consultora Redes-Turismo y el Observatorio de la Violencia de Género de Cancún. La empresaria detalló que los

lucha. Cristina Alcayaga representante del CNTE en Cancún.

capacitados deberán replicar la información recibida a todo el personal del sector. Lo anterior, dijo ya se venía realizando, sin embargo ante la constante rotación del personal es importante reafirmar la información y decir que Cancún no se tolera el turismo sexual. Destacó que la firma de este Código de Conducta es una forma de expresión de la sociedad para decir que no estamos dispuestos a aceptar la trata de personas. Resaltó que en nuestro país no son, ni serán bienvenidos los turistas que dañan, maltratan o abusan de nuestra niñez o adolescentes. Como se recordará en agosto del 2011, la presidenta del Sistema Nacional DIF, Margarita Zavala, la Secretaria de Turismo, Gloria Guevara, empresarios y representantes de la sociedad civil, firmaron el Código de Conducta Nacional.

El gasto público a la vista de los ciudadanos

a calificadora Fitch Ratings asignó recientemente la calificación “BBB-(mex)” a la calidad crediticia del municipio de Cozumel, y en su análisis sobre el estado que guardan las finanzas de esa autonomía señaló que aún tiene “adecuada calidad crediticia”. También, sin embargo, advierte esa calificación se ve limitada por “su elevada estructura de gasto operacional, generando niveles de ahorro interno negativos en el periodo de análisis”. La publicación de esta entidad calificadora advierte desde ya que Cozumel no puede mantener una inercia de abultamiento de sus gastos operacionales, que tienen que ver con la nómina y la adquisición de insumos sin un control del gasto, en contraste por supuesto con su capacidad de recaudación y de recepción de participaciones. Y no es la primera vez que se conoce con anticipación de la entrada en una espiral riesgosa de las finanzas de algún municipio. Antes, el ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, fue señalado recurrentemente por esa y otras calificadoras de que estaba ingresando en un terreno fangoso en cuestión del control financiero. Aún así, desde hace ya varios trienios, las administraciones siguientes hicieron caso omiso de esas advertencias y llevaron sus finanzas a la orilla del precipicio. Hubo quien dio el paso adelante para empezar la picada que parece haber tocado fondo. Aquí en Quintana Roo conocemos de esos casos por los que atraviesan los ayuntamientos de Chetumal, Cancún y esta situación de riesgo que amenaza a Cozumel si no se toman medidas de sujeción y abstinencia. Pero la realidad es que se trata de una dinámica de descontrol del gasto en la que entraron los municipios e, incluso, los estados en algunos casos, y que está llamando la atención de los actores políticos al más alto nivel. Se trata del posible ingreso a una crisis por el endeudamiento generalizado de las entidades de gobierno. Sin ser financistas o economistas, queda claro que serán los ciudadanos quienes más pronto que tarde pagarán esa factura, lo cual podría desembocar en una aguda crisis cuando encaremos la realidad de que los gobiernos tienen más deuda que recursos. Elevación de impuestos, nuevos gravámenes y reducción del gasto para obras y programas sociales son el más posible efecto, tal y como ocurre ya en países de Europa. Apenas hace unos días entró en vigor el decreto de ley que promovió Felipe Calderón para la puesta en marcha de una Ley de Contabilidad Gubernamental. Todo indica que se trata de un marco jurídico acordado con su sucesor, Enrique Peña Nieto, a fin de dotar de resortes y palancas para poder controlar el gasto de los estados y los municipios. Sería una especie de freno a la proclividad que tienen algunos ayuntamientos y gobiernos estatales a resolver problemas con empréstitos bancarios. La nueva ley no acota la autonomía o soberanía de municipios y estados, sino que obliga a éstos a hacer público y detallado su gasto, con precisión de montos, tipo de adquisiciones y en general con una explicación pormenorizada del ejercicio financiero. Los ciudadanos estarán enterados de cada detalle, desde la compra de esos balones de futbol que cuestan 20 pesos en la tienda y que se adquieren a 80 pesos desde los departamentos de compra de los gobiernos;

o bien, de esas obras donde el kilómetro de pavimentación se paga como si se utilizara oro molido en la mezcla con el chapopote. La ley no impide el gasto ni fija topes o camisas de fuerza para su ejercicio, sino que tiene como espíritu hablar un mismo lenguaje para el ejercicio del gasto y evidenciar los casos donde se presenten actos de corrupción; es decir, donde sea claro que se ha inflado un gasto para que alguien se gane una comisión a costa de los recursos públicos. Va a ser interesante la reacción de la ciudadanía a la hora de revisar las publicaciones obligatorias de los gobiernos sobre su gasto. Porque hasta ahora nos hemos conformado con ver esas advertencias de las calificadoras, a las que nadie hace caso. Bujía de la atención ciudadana

La Secretaría de Desarrollo Social tiene su origen en el decreto 438, desde marzo de 2011. Surge de la necesidad de atender en forma directa a los grupos políticos, sociales, con un énfasis en la conducción eficaz de las políticas públicas para atacar esos indicadores de rezago social, de marginación y grupos vulnerables en la entidad. A poco más de un año de su creación, la Secretaría de Desarrollo Social se ha convertido en una pieza fundamental en el gabinete del gobernador, Roberto Borge Angulo, donde su titular, Ángel Rivero Palomo ha dado un seguimiento puntual y con resultados a sus muchas responsabilidades. En días recientes el mandatario estatal realizó una gira a Cozumel para entregar un paquete de obras de gran impacto social, donde fue necesaria la coordinación de programas al alimón con la federación y el municipio. En total se invirtieron 26 millones de pesos en el rescate de espacios públicos como el parque Las Gradas, el Centro de Interpretación Ambiental y la ampliación de un Centro Comunitario que atiende a victimas de la violencia intrafamiliar. Si algo se ha demostrado desde esa dependencia, es que es posible resolver problemas que afectan el entorno inmediato de los grupos que más lo necesitan en los diez municipios del estado, con un trabajo dedicado y sin distracciones.  

Un Tribunal Superior de Justicia de vanguardia

El magistrado presidente del TSJ, Fidel Villanueva Rivero, ha dado muestras de su compromiso desde que dio un paso adelante en la implementación del sistema de oralidad en los juicios, pues más allá de cumplir el mandato para aplicarlo en el área penal, decidió ampliarlo a los juzgados familiares. Su trabajo, reconocido en el ámbito de la administración de justicia en los organismos del país, le valió para obtener un puesto en la vocalía de la Comisión que representará a México en las reuniones internacionales de justicia. Los miembros de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia votaron por su inclusión, durante la Unión Internacional de Magistrados, que conforman 78 organismos de los cinco continentes del mundo. De Villanueva Rivero se debe decir que está haciendo mejor que bien su trabajo. (antoniocallejo@yahoo.com.mx y www.revistavortice.com)

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