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Toluca, México. Miércoles 12 de Septiembre de 2018

Año 16 /

No. 3620

Morena Presenta Iniciativa que Elimina Pensión a ex Presidentes Pág. 11

Espacio Libre de la Sociedad Presidente Editor: Héctor Peñaloza Sánchez Director: Carlos Héctor Peñaloza lacallehps@gmail.com lacalledelasociedad@prodigy.net.mx

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¡Libertad Presos Políticos!, ¡Justicia sí, Silencio no!... Frente mexiquense

Justicia del Edomex, ¿Omisión o Negocio?

#OperaciónEntregables:

Funcionarios de Rosario Robles Inventan Expedientes Para Salvar Auditorías Pág. 4

Desvío en Sedesol y Sedatu, “Asociación Delictuosa”: ASF Pág. 7

* Los operadores de la justicia del Estado de México, denunciados ante Legisladores mexiquenses. * Denuncian que no aplicaron 980 millones de pesos, para instalar el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ), afectando el sistema de justicia penal acusatorio. * Hay “16 Prisioneros Políticos y de Conciencia” privados de su libertad injustamente, se les han fabricado los delitos. * Piden que la FGJEM saque del archivo de la impunidad las denuncias en contra de las constructoras, las hipotecarias y Sofoles como Patrimonio, ING Hipotecaria, Hipotecaria su Casita, Ge Money, Crédito Hipotecario, Hipotecaria Nacional Grupo Financiero Bancomer, Hipotecaria Santander, Grupo Financiero Invex, Grupo Financiero Monex, entre otros. Pág. 8


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Combate a la Violencia Reclama Esfuerzo de Todos: Alfredo Barrera

* El rector de la UAEM aseveró que debemos tener confianza en el trabajo que realizan las autoridades y reconocer que el combate a la violencia en nuestro país reclama el apoyo, esfuerzo y voluntad de todos.

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oluca, México a 11 de septiembre de 2018.El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, expresó que esta casa de estudios respalda la preocupación y sentimiento de impotencia de los universitarios que se manifestaron en la capital mexiquense el pasado lunes “para expresar su rechazo a la situación de inseguridad que vivimos los mexicanos”. Sin embargo, aseveró, debemos tener confianza en el trabajo que realizan las autoridades y reconocer que el combate a la violencia en nuestro país reclama el apoyo, esfuerzo y voluntad de todos. Sobre el caso de Deni Aurora Hernández Jiménez, indicó que la Autónoma mexiquense ofrece todo el apoyo a su alcance a la familia de la estudiante. “Incluso, solicitamos al fiscal brindara toda la información posible, acorde con la discrecionalidad de la investigación, a la familia de la joven”. Además, informó Barrera Baca, el fiscal Alejandro Gómez Sánchez aceptó que el secretario de Rectoría de la UAEM, Luis Raúl Ortiz Ramírez, se integrara al grupo de trabajo que lleva la investiga-

ción y pudiera estar en las reuniones donde se presentan y analizan los avances y toman decisiones sobre el camino de las indagatorias. Por otra parte, puntualizó que esta casa de estudios reforzó las medidas con que cuenta para resguardar la seguridad de los universitarios al interior e inmediaciones de los espacios de la máxima casa de estudios mexiquense. Tal es el caso, detalló, de los controles de acceso, las cámaras de videovigilancia, los elementos de seguridad institucional y privados; además, dijo, contamos con la aplicación para teléfonos móviles SOS UAEM, un sistema de alerta que permite a los uniMiércoles 12 Septiembre de 2018 Año 16 No. 3620

Espacio Libre de la Sociedad “La Calle” Espacio Libre de la Sociedad, es una publicación que se edita de Lunes a Viernes, Miércoles 12 de Septiembre de 2018. Editor Responsable: Héctor Peñaloza Sánchez. Número de Certificado de Reserva Otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2010-052715005400-101. Número de Certificado de Licitud de Titulo (En Trámite). Número de Certificado de Licitud de Contenido: (En Trámite). Domicilio: Juárez Norte 521-1, Col. Santa Bárbara, Toluca, Estado de México, C.P. 50050. Teléfono: (01722) 213 45 83. Distribuido por: La Unión de Voceadores del Estado de México, Distribuidores de Libros y Revistas A.C., con domicilio en calle Honduras No. 317, Col. Américas, Toluca México. Impreso en Talleres: “Espacio Libre”, Juárez Norte 521-1, Col. Santa Bárbara, Toluca, Estado de México, C.P. 50050. Teléfono: (01722) 213 45 83

versitarios que se sientan en riesgo solicitar y recibir ayuda de parte de la institución educativa o la Secretaría de Seguridad mexiquense. De igual manera, señaló Alfredo Barrera Baca, renovaremos los convenios de colaboración con los ayuntamientos que nos proveen apoyo en materia de seguridad, a través de las policías municipales, ya que incluso, recibimos solicitudes para reforzar la vigilancia en las trayectorias del espacio universitario a la parada del autobús. Luego de la marcha realizada la tarde del pasado lunes por calles de la capital mexiquense, la Fiscalía General de

Justicia del Estado de México (FGJEM) recibió un documento con peticiones de parte de la comunidad de la UAEM, principalmente de alumnos, encaminadas a diseñar estrategias que mejoren la seguridad y los procesos de procuración de justicia, en beneficio de los mexiquenses. El documento fue entregado por una comisión integrada por 10 jóvenes universitarios, atendidos por personal de la Dirección de Enlace Institucio-

Instruyó una revisión minuciosa, sensible y a fondo del documento, con la intención de colaborar de manera estrecha, coordinada y con total apertura con la comunidad universitaria y la sociedad mexiquense en su conjunto. Con este propósito, se trabajará en la construcción de una agenda común, basada en los temas que preocupan y afectan a estudiantes, docentes y administrativo de la máxima casa de estudios mexiquense.

nal de la Fiscalía. Al respecto, el fiscal Alejandro Gómez sostuvo que la protesta de los alumnos de la UAEM es legítima y la Fiscalía está dispuesta “a construir una agenda común, a establecer mesas de diálogo y trabajar juntos para lograr una mayor seguridad en las instalaciones e inmediaciones de la Universidad”.

Posteriormente, se instalarán mesas de trabajo, se definirá quienes las integrarán y cómo se desarrollarán. Participarán representantes de las dependencias del ejecutivo estatal que tienen bajo su ámbito de competencia la seguridad pública y la agenda educativa.


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Me Acusan sin Pruebas, dice ella…

Legisladores Exigen Investigar a Robles y que Desvíos no Queden Impunes *El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no puede haber “borrón y cuenta nueva” para la funcionaria, tras darse a conocer que millones de pesos de Sedesol y Sedatu fueron triangulados, retirados en efectivo y llevados a domicilios particulares.

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uego de que se diera a conocer que recursos desviados en 2014 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no fueron transferidos solo a empresas fantasma sino también retirados en efectivo, diputados y senadores alzaron la voz para exigir al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que el caso no quede impune y se investigue el involucramiento de Rosario Robles, por su actuación al ser titular de ambas secretarías. El senador Ricardo Monreal consideró el tema como un “escándalo”, que no es más que un reflejo de la profunda corrupción que impera en el país. “No puede quedar impune”, agregó. “Una vez más se involucra mi nombre en acusaciones sin pruebas. Refrendo mi compromiso con la transparencia, insisto, que se revisen y continúen las investigaciones pertinentes para que se deslinde o se castigue cualquier responsabilidad”, expresó la funcionaria federal. Monreal opinó que el Senado y el Poder Legislativo deben constituir Comisiones de investigación para abordar el caso, tomando en cuenta que todas las evidencias del desvío están documentadas a través de la Auditoría Superior. “No puede quedar como una anécdota más, sería muy lamentable, que los miles de millones de pesos que fueron desviados, entregados en domicilios particulares, en efectivo; simplemente decir ‘ya se van’. Ahora es cuando la rendición de cuentas tiene que ser contundente para exigir responsabilidades”, sentenció. Sobre el hecho de que hasta ahora Rosario Robles no enfrente ningún proceso como consecuencia del desvío, el diputado comentó que es “demasiado el manto protector, es impresionante,

es insólito (…) Creo que es el momento de fijar una posición, porque estamos ante el arribo de un nuevo gobierno y no creo que Andrés Manuel López Obrador se las perdone. No creo”, finalizó. Este martes, el diario Reforma dio a conocer, con base en la información presentada por la ASF, las manera en la que fue distribuido el dinero triangulado por la Sedatu y la Sedesol. En la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), La Estafa Maestra, se detalla cómo en 2013 la Sedesol, encabezada entonces por Rosario Robles, tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre. De esta cantidad, poco más de dos mil millones de pesos, fueron entregados al menos a 20 empresas fantasma. Fueron mil 900 millones de pesos del erario público asignados para Sedatu y Sedesol, de esta cantidad más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo a diez domicilios.

Reforma reporta que estos 700 mdp no solo terminaron en las 76 empresas fantasma mencionadas en la Estafa Maestra, sino que fueron repartidos en al menos 10 domicilios de 5 ciudades. El dinero habría sido retirado en efectivo y trasladado en camionetas de valores a las diferentes direcciones. En total serían más de 700 millones de pesos transferidos de esta forma. En Ciudad de México son al menos siete los domicilios que recibieron el efectivo: 493.7 millones de pesos, fueron llevados a Sócrates 128, tercer piso, en Polanco; 86 millones de pesos, a Emerson 150, despacho 103; 27.6 millones de pesos a otros dos domicilios que no existen en Polanco; un par de montos no especificados en la Colonia Nochebuena, Delegación Benito Juárez, y otro tanto a domicilios ubicados en Playa del Carmen y Cancún, en Q Roo, y Villahermosa, Tabasco, cuyas direcciones coinciden con comercios. Ricardo Monreal, quien también es coordinador parlamentario de Morena en el Senado, confió en que no “habrá borrón y cuenta nueva para Rosario Robles”, y

acotó que en los próximos días “vamos a citar a comparecer, por lo de la Glosa del Informe Presidencial, al Secretario de Relaciones Exteriores, al Secretario de Economía, al Secretario de Hacienda, al Secretario de Gobernación y a la Secretaria de Desarrollo Social”, en donde se podría abordar este tema toda vez que tiene una “veracidad comprobada”. Gustavo Madero, senador del PAN, fue otra de las voces que se sumó al reclamo exigiendo que se sancionen a los responsables del desvío millonario. En tanto que en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, y la diputada panista Laura Rojas, condenaron el hecho. Mario Delgado mencionó que la Junta de Coordinación Política estudiará el caso para proponer en el Pleno una forma de sanción por el saqueo de los 700 millones de pesos, mientras que la panista aseveró que, a través de su partido, se enviará una carta a la ASF para solicitar que se presenten las denuncias correspondientes contra los funcionarios responsables de las dependencias involucradas.


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#OperaciónEntregables:

Funcionarios de Rosario Robles Inventan Expedientes Para Salvar Auditorías

*Servidores públicos de Sedesol y Sedatu, bajo el mando de Rosario Robles, simularon procesos legales para engañar a los auditores que buscan pistas sobre las irregularidades documentadas por más de 7 mil 700 millones de pesos.

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l esquema de desvío de recursos públicos mediante la subcontratación con oficinas de gobierno y empresas fantasma cerró la pinza del engaño con la fabricación de expedientes y comprobantes conocidos como “entregables”. Los “entregables” son un requisito que deben cumplir las empresas contratadas por el gobierno para recibir el pago correspondiente, pero en el caso de las compañías y asociaciones consideradas fachada o fantasma los expedientes se armaron o fabricaron para simular obras y servicios inexistentes. Los documentos falsificados son la última pieza del esquema de corrupción que en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) equivale a irregularidades por más de 7 mil 700 millones de pesos entre 2011 y 2017, es decir, durante el final de la administración de Felipe Calderón y los primeros cinco años de Enrique Peña Nieto. El armado de expedientes fue documentado por este medio durante la gestión de Rosario Robles Berlanga en dos secretarías de Estado: Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Aristegui Noticias obtuvo los correos electrónicos en los que Claudia Morones Sánchez, funcionaria de Sedesol y Sedatu, coordinó la entrega de los expedientes para comprobar la entrega de recursos públicos. Una persona que conoce toda la trama ubicó las oficinas donde se fabricaron los expedientes. Se decidió a dar una entrevista para explicar el esquema y apuntar a los responsables. Además, un funcionario universitario narró cómo fue citado a una de estas oficinas, la cual funciona como un búnker, donde le entregaron un expediente completo para salvar una auditoría forense. Ambas fuentes pidieron reservar su identidad, pues aunque se encuentran en diferentes estados del país y tienen diferentes grados de responsabilidad, manifestaron que tienen miedo a una

Por: Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán/Aristegui Noticias

reacción violenta de los funcionarios federales involucrados. La investigación permite concluir que servidores públicos, al mando de Rosario Robles, coordinaron a empresas fantasma desde la contratación, pagos, armado de expedientes y el engaño de los auditores que buscaban pistas sobre las irregularidades detectadas por la ASF. Estas revelaciones derriban la versión oficial: que las dependencias federales nunca tuvieron contacto con las firmas subcontratadas y que no hubo una operación centralizada para desviar dinero de los contribuyentes. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha investigado este esquema de corrupción, pero el nuevo titular de la institución despidió a la encargada de Auditoría Forense, Dora Muna Buchain. Al presentar la cuenta pública 2017, el Auditor Superior, David Colmenares Páramo, afirmó que se ya no se permitirán “resultados mediáticos estacionales, que al final se diluyen”. También dijo que se eliminarán “incentivos perversos en nuestras auditorias”. Esta es la historia. ROSARIO MANDA, ELLOS EJECUTAN Emilio Zebadúa, oficial mayor en Se-

datu y Sedesol con Robles; su actual coordinadora de Comunicación Social en Sedatu, Rocío Gómez Bolaños, y su Jefe de Oficina en esa misma dependencia, Ramón Sosamontes Herreramoro son la cabeza de las operaciones. Los dos últimos han trabajado con Robles desde que fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en lugar de Cuauhtémoc Cárdenas quien buscó la Presidencia de la República en el año 2000. Bajo la dirección de estos funcionarios opera Claudia Gabriela Morones Sánchez, quien trabajó en Sedesol y Sedatu, según sus declaraciones patrimoniales. En marzo de 2016 Morones dejó la nómina federal, pero siguió en contacto con las dependencias federales mediante contratos de prestación de servicios por los conceptos de “asesoría en el pago a proveedores”, “coordinación de recursos financieros y materiales para el aprovechamiento de los recursos disponibles”, según el Portal de Obligaciones de Transparencia. Morones es una contadora pública que trabajó en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre agosto del 2008 y marzo del 2012. Se integró al equipo de Emilio Zebadúa en la Oficialía Mayor de Sedesol a partir de 2013, indican sus declaraciones patrimonia-

les. Morones también es comisaria de la empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog, de la que son accionistas Lizette Prado Ordoñez y Lizette Chávez Zaragoza. Lizette Prado es hermana de Enrique Prado Ordoñez, el actual director de Adquisiciones y Contratos de Sedatu, cargo que repitió luego de ocupar el mismo puesto en Sedesol entre 2013 y agosto del 2015. En la trama participa como intermediario el despacho Almeva SA de CV, propiedad de Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, el cual sirve de enlace entre las dependencias públicas y las empresas o asociaciones civiles que cobran por trabajos y servicios inexistentes, numerosos comunicaciones electrónicas así lo demuestran. LA OPERACIÓN ELECTRÓNICA Correos electrónicos en poder de Aristegui Noticias comprueban que Claudia Morones operó la entrega de documentación falsa entre Sedatu, la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) y la de Chiapas (UPChiapas) para justificar compras públicas por 97.1 millones de pesos. Las auditorías forenses de la ASF señalan que en 2016 Sedatu contrató a la UPQROO para realizar un servicio que

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en realidad no tenía capacidad de hacer. La universidad contrató a ocho proveedores para realizar el trabajo (AM Sistemas Informáticos; Comercializadora DW Prisma; Competencia y Habilidades para el Trabajo; Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular; Infotecnick; Custom Performance; Integración Documental; y Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática). Los auditores encontraron varias irregularidades entre esas empresas: tres no fueron localizadas en sus domicilios fiscales, cuatro no pagaron impuestos ante Hacienda; la representante legal de una firma era funcionaria de la universidad, mientras que el rector de la UPQROO abrió la cuenta de la empresa que recibió y administró el dinero. Las empresas Custom Performance e Integración Documental abrieron sus cuentas bancarias en el domicilio fiscal de AM Sistemas Informáticos, “hecho que evidencia la existencia de un vínculo entre las tres empresas proveedoras, para intervenir en las supuestas contrataciones que llevan a cabo los entes públicos estatales para la presunta simulación en la prestación de servicios y que, en conjunto, recibieron un total de recursos de 38.9 millones de pesos”, dice el reporte de la ASF. A su vez, cada empresa subcontrató a otras firmas para realizar los trabajos: en un caso, una empresa subcontratada tenía como representante legal al ex rector de la UPQROO, quien usó 6.8 millones para comprar cuatro camionetas Mazda. La nueva evidencia recibida por Aristegui Noticias indica que el 8 de noviembre de 2016, a las 12:37 pm, Claudia Morones envió un correo electrónico a David Guerrero Sesma para indicarle el pago a tres empresas: Comercializadora DW Prisma, AM Sistemas Informáticos y Competencia y Habilidades para el Trabajo. A las 13:44 horas, David Guerrero Sesma envió las facturas a un funcionario de la UPQROO con el siguiente mensaje: “Amigo te mando las empresas a las que hay que dispersar el día de hoy, cualquier duda estoy atento”. Las comunicaciones entre Sedatu y UPQROO para triangular pagos no tienen justificación, porque oficialmente la universidad se encargó de subcontratar y pagar el dinero de manera independiente, sin intervención de funcionarios federales. Otra cadena de correos electrónicos corresponde al 14 de noviembre de 2016, cuando funcionarios del despacho Almeva enviaron el siguiente mensaje a

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datu que en realidad no realizaron los trabajos pagados, indican las personas entrevistadas por este medio. Desde esos tres domicilios, se fabricaron actas constitutivas de empresas, facturas de los trabajos simulados, los propios contratos de servicios y hasta los entregables o comprobantes que han sido objeto de auditorías forenses, revelan los correos electrónicos. Dichos comprobantes se entregaban en papel, memorias USB y discos compactos con archivos electrónicos.

funcionarios de la Universidad Politécnica de Quintana Roo. “… como lo conversamos, te anexo la factura FA-54 de MARS, Integradores de Telecomunicaciones e Informática para la UPQRoo sobre el proyecto de capacitación con José Luis y Omar, así como la documentación legal de la empresa”. El correo incluía actas constitutivas de la empresa y copia de sus cuentas bancarias, entre otros documentos. Un quinto correo fechado el 15 junio de 2017 a las 11:57 horas, arroja una pista más sobre la trama: el nombre de Enrique Prado aparece asociado al de Jesús Guerrero Sesma, empleado de Almeva, en la revisión de contratos de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de 2015 y 2016. La comunicación enviada electrónica por Erick Javier Sánchez Herrera (ericksahe@gmail.com) tiene como destinatarios a Claudia Morones y a David de Jesús Guerrero (Enrique prado) Sesma (jesus.guerrero@outlook.com).. Otros empleados de Almeva que aparecen “copiados” en estos correos electrónicos son Rafael Mariscal Carvajal, Francisco Velázquez Flores y el propio Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, dueño de la empresa que participó en esta trama. Los correos electrónicos demuestran las actividades concertadas entre fun-

cionarios federales, universitarios y empleados privados para armar expedientes y así engañar a los auditores. OPERACIÓN CARA A CARA CON SEDESOL Y SEDATU Las operaciones ilegales no sólo se registraron mediante correo electrónico. En 2015, funcionarios de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) fueron citados en oficinas de Sedesol para firmar contratos y sus anexos, según un informe de la ASF. Los involucrados confirmaron que Sedesol fabricó todo el expediente para justificar compras que nunca se realizaron. La auditoría afirma que los funcionarios se reunieron con la directora General de Recursos Materiales de Sedesol. Según las declaraciones patrimoniales que difunde la Secretaría de la Función Pública, en esa fecha el cargo era ocupado por Claudia Gabriela Morones. Esto dijo la ASF: Dos personas consultadas por Aristegui Noticias indican que desde entonces la entrega y armado de expedientes se realiza en tres domicilios de la Ciudad de México, los cuales funcionan como búnkeres y que incluso cuentan con elementos de seguridad privada. A estos puntos fueron citados rectores de universidades, abogados generales, contadores y directores de organismos públicos contratadas por Sedesol y Se-

FUENTE REVELA EL BÚNKER CENTRAL A principios de 2018, una persona que conoce toda la trama entró en contacto con este medio de comunicación. Durante varias entrevistas contó el mecanismo de simulación de contratos y entregó diversas pruebas documentales. Tras una serie de verificaciones, la fuente accedió a grabar su testimonio, con la condición de proteger su identidad y cualquier rasgo físico que le hiciera identificable. La fuente afirma que la operación para desaparecer dinero público funcionó sin ningún problema con Rosario Robles al frente de Sedesol (2012-2015) y Sedatu (2015 a la fecha). Sin embargo, conforme aumentó la profundidad de las auditorías forenses y éstas resonaron en investigaciones periodísticas, los funcionarios públicos comenzaron una operación para simular la legalidad del gasto público. Durante meses, los auditores buscaron información en las dependencias federales involucradas en los presuntos desvíos, en los organismos de gobierno utilizados como intermediarios y en las empresas contratadas para realizar los trabajos. Los investigadores recibieron información oficial a cuentagotas: las universidades, dependencias federales y entidades estatales entregaron los mínimos que marca la ley. Esto fue parte de lo que contó: Con apoyo de la empresa Almeva, las facturas y comprobantes de servicios no entregados o simulados, se “fabricaban” fuera de los organismos o las universidades vinculados con este esquema de desvíos. Con ese fin, se habilitaron tres oficinas en la Ciudad de México, a la que acudían funcionarios y ex servidores públicos de las dependencias involucradas, incluyendo los propios rectores de las universidades que se prestaron a la simulación para desviar recursos públicos.

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(SCT). Además, cuenta con 41 convenios firmados con universidades públicas, entre las que se encuentran varias que han sido señaladas por participar en la simulación de servicios y el desvío de recursos públicos.

Entre las universidades públicas que se prestaron a la simulación se encuentran la Autónoma de Morelos, del Estado de México, de Sinaloa, de Nayarit, así como las Politécnicas de Chiapas y Quintana Roo, entre muchas otras. Además, participaron sistemas de comunicación estatales de Hidalgo, Sonora y Quintana Roo Durante tres meses, Aristegui Noticias vigiló una de las oficinas que se utilizó para la #OperaciónEntregables localizada en Bahía Magdalena 125, colonia Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Otras dos oficinas implementadas con los mismos fines operan y se montaron en Providencia 1206, interior 6, colonia del Valle Centro en la delegación Benito Juárez y en Guanajuato 214, colonia Roma en la delegación Cuauhtémoc. Documentos obtenidos por Aristegui Noticias indican que dos de los tres “búnkers” para montar la #OperaciónEntregables son rentados. LA MISIÓN DE CLAUDIA MORONES: SALVAR AUDITORÍAS De acuerdo con los audios y testimonios a los que tuvo acceso este medio de comunicación, en el búnker de Bahía de Magdalena 125, colonia Nueva Anzures, operaba de manera directa Claudia Morones Sánchez, la ex funcionaria de Sedesol y Sedatu que después se convirtió en prestadora de servicios en ambas dependencias. Hasta allí llegaron rectores, abogados generales y contadores de universidades, así como los directores de los sistemas de comunicación estatales contratados para evadir licitaciones públicas. Los entregables de las adjudicaciones fueron inventados en estas oficinas: la fuente entregó a este medio la lista de asistencia a un curso pagado con recursos federales que en realidad nunca se realizó. Los asistentes eran servidores públicos universitarios. Como “prestador del servicio” aparece el funcionario Martín José Couoh Pérez, mismo que en realidad trabaja para la UPQROO desde 2011, según su currículum transparentado por la propia institución. EL TESTIMONIO DESDE EL INTERIOR DE LA TRAMA Aristegui Noticias contactó a un funcionario universitario fue citado en la oficina de la colonia Anzures. Relató que los “entregables” se daban en discos o memorias con archivos electrónicos, así como fotocopias de los

contratos y otros documentos que servían para justificar el gasto público. Todo el material era fabricado fuera de las universidades, sin la participación directa de ningún proveedor o empresa fantasma. El funcionario narró que fue citado junto con el rector de su institución en el búnker de la colonia Anzures para completar los expediente de contrataciones que no realizaron. Aunque fueron citados con anticipación, tuvieron que hacer cola junto a funcionarios de Universidades Politécnicas de Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Sinaloa.También acudían a estas oficinas funcionarios de las universidades de Morelos y del Estado de México. Finalmente, accedieron a una oficina donde despachaba Claudia Morones, quien ya los esperaba con una caja que contenía toda la documentación física que necesitaban para completar sus expedientes ante cualquier auditoría. Según las dos fuentes consultadas, en el lugar operaban hasta 30 personas y coinciden en que el mando lo tenía Claudia Morones. El testimonio de este funcionario fue concentrado en un audio con una duración de una hora y 13 minutos que fue obtenido por Aristegui Noticias.. El funcionario confirmó la narración a reporteros de este medio y dijo que la “operación debía conocerse”, pero se negó en repetidas ocasiones a dar una entrevista por temor a represalias e incluso pidió que no se mencionara su

nombre y centro de trabajo. LA CONEXIÓN ALMEVA En la #OperaciónEntregables se utilizaron otros dos despachos privados. El primero se localiza en Providencia 1206, interior 6, colonia Del Valle Centro. En Guanajuato 214, colonia Roma Norte, se encuentra el tercer búnker, según las fuentes consultadas. En los tres casos participó la compañía Almeva SA de CV, la cual es dirigida por el empresario Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega. Almeva se define como una compañía que busca vincular a la iniciativa privada con las universidades públicas y los institutos tecnológicos, con el fin de que los estudiantes se integren de forma directa a la cadena productiva. En 2013, Almeva firmó un convenio con los entonces rectores de las Universidades Politécnica de Chiapas, Navor Francisco Ballinas Morales, y de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, para vincular a ambas instituciones con proyectos productivos. Alejandro Ortiz Monasterio junto con Felipe Molina Ortiz Monasterio es copropietario de otras dos iniciativas para vincular a la iniciativa privada con instituciones de educación superior: Impulsora de Talentos y Fábrica de Empleos. La denominada Fábrica de Empleos reconoce que su cartera de clientes incluye a Sedesol, Sedatu y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

LA FACHADA DE LOS ENTREGABLES Este esquema de desvío de recursos públicos ha sido auditado por la ASF desde 2011 y en términos periodísticos ha sido tratado en investigaciones particulares como Universidades en el triángulo de la corrupción; Financiero del Cártel de Juárez es proveedor de Cruzada contra el Hambre y de forma sistemática en el reportaje #LaEstafaMaestra. El modus operandi consiste en perder la pista de dinero público mediante la subcontratación de obras y servicios. La operación inicia en dependencias federales que contratan a otras oficinas de gobierno (pueden ser federales o estatales, pero ha destacado el uso de universidades autónomas) para realizar algún servicio u obra, que a su vez se entrega a una empresa fachada que también subdivide las tareas y contratos con firmas cada vez más difíciles de ubicar. Rosario Robles ha afirmado que las dependencias a su cargo no participaron en el desvío de dinero mediante empresas fachada y que cada contratación fue respaldada con un “entregable”. En una entrevista con José Cárdenas y Leo Zuckerman aseguró que Sedesol y Sedatu no tuvieron contacto con las firmas fantasma y que en todo caso la responsabilidad estaba en las universidades contratadas. En entrevista con Fernando del Collado, Robles dijo que renunciaría de forma inmediata si se probaba la participación de sus dependencias en el esquema. Las observaciones de la ASF involucran irregularidades por más de 7 mil 700 millones de pesos, pero se pueden subsanar si se las dependencias comprueban que obtuvieron los bienes contratados y que los expedientes están en orden. Según la investigación de Aristegui Noticias, el objetivo de la #OperaciónEntregables era, precisamente, dotar de un soporte legal a decenas de operaciones irregulares, pero los documentos, testimonios y correos electrónicos obtenidos por este medio de comunicación ponen a la vista que este operativo fue dirigido desde Sedesol y Sedatu, por lo que ahora corresponde a la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar a fondo las comprobaciones armadas y fabricadas.


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Desvío en Sedesol y Sedatu, “Asociación Delictuosa”: ASF

* Sin Personal Calificado: Muna Dora Buchahin *La ex directora de la Auditoría Forense dijo que presentó diversas denuncias por operaciones simuladas ante la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda pero hasta el momento no ha ocurrido nada.

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l desvío de recursos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, es “asociación delictuosa”, afirmó la Muna Dora Buchahin, ex titular de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Para mí es una asociación delictuosa, toda la intencionalidad de desviar un recurso público utilizando, simulando operaciones y creando una red de vínculos para ese fin”, dijo. En entrevista para #AristeguiEnvivo, señaló que el modus operandi para el desvío de recursos fue “novedoso y creativo”, y se generó en la Sedesol y la Sedatu, durante la administración de Robles Berlanga. “Se vio un modus operadi muy innovador y que iba cambiando conforme revisábamos. Al inicio de las investigaciones parecía que eran las universidades las que no hacían las contrataciones adecuadas, después fuimos profundizando en ello con ciertas

banderas rojas y descubrimos este modus operandi que trascendió inclusive al ir ampliándolo hacia institutos educativos y de Comunicación Social en los estados“, dijo. Buchahin explicó que durante su gestión en la ASF presentaron diversas denuncias por operaciones simuladas ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, pero no ocurrió nada. “Yo presenté tres denuncias con todos los esquemas, con el documento, la evidencia comprobada y en la PGR presentamos más de 17 denun-

cias con toda la información de la Cuenta Pública 2013 y no sucedió nada hasta el día de hoy“, detalló. Recordó que los funcionarios de las universidades y los institutos que fueron entrevistados en su momento dijeron no haber tenido ninguna relación comercial con los proveedores; sin embargo, les pidieron firmar contratos. Añadió que las personas que participaron en estas operaciones se sintieron agraviadas por haber cometido algo indebido sin saberlo, e incluso algunos de ellos han mostrado su interés en seguir colaborando en la investigación. Sin embargo, “vamos a espe-

rar a que hay un nuevo fiscal”. “Ahora que han nombrado a Santiago Nieto (como titular de la UIF) yo lo celebro porque pienso que puede haber un avance en relación a las investigaciones, y eso es bueno, porque debemos llegar a la verdad”, agregó. Al ser cuestionada sobre las empresas que se dedican a transportar efectivo, Buchahin aclaró que la ASF no las puede investigar, ya que no manejan recursos públicos dentro de su administración. “No hay nada que pueda obligarlas a decirte a dónde se van y cómo se van, cómo se puede regular y a quién le rin-

den cuentas. Es uno de los grandes temas de este país”, añadió. La ex auditora lamentó que se desmantelara el área que encabezaba y que quienes ahora están ahí no tengan el perfil forense para realizar investigaciones a fondo. “Pienso que son contadores, con una actividad de la cuestión privada, inclusive con conflicto de interés en muchos sentidos. Y también el que era mi jefe (David Colmenares) ha mentido enfáticamente, tiene la demanda por daño moral y vienen otras cuestiones que vamos a probar, porque yo creo que nos es un mandato para desmantelar una institución que ha hecho bien las cosas“, agregó. En ese sentido, comentó, tan pronto se conforme la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados presentará una denuncia para que investigue lo que sucedió. “A partir de eso vamos a esperar qué sucede, porque no puede alguien arbitrariamente cometer actos deshonestos y de orden de corrupción, y permanecer como si nada hubiera pasado”, puntualizó.


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¡Libertad Presos Políticos!, ¡Justicia sí, Silencio no!... Frente mexiquense

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oluca, México 11 de Septiembre de 2018.- Al anunciar que el próximo día 28 del presente mes se habrá de realizar el Foro de Pacificación en el Estado de México que convoca el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Mexiquense, diputada Azucena Cisneros Coss, así como los diputados Elba Aldana, Beatriz García y Gerardo Ulloa Pérez al recibir a los integrantes del Frente Mexiquense en defensa para una Vivienda Digna y de la organización denominada Presunción de Inocencia, quienes expusieron la problemática de las inmobiliarias y denunciar no haber aplicado 980 millones de pesos, para instalar el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ), afectando el sistema de justicia penal acusatorio, demandan la integración de comisiones legislativas para investigar y castigar a los responsables de la corrupción e impunidad. Azucena Cisneros al ser clara con los integrantes del Frente Mexiquense para no ofrecer ni comprometer liberación de presos, dijo que el nuevo gobierno con Andrés Manuel López Obrador y legisladores de Morena en su agenda de seguridad destaca el caso de los Presos Políticos. Asimismo informó que el Fiscal General del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez habrá de comparecer ante el pleno de la Legislatura mexiquense en donde seguramente habrán preguntas de los diputados para conocer asuntos de interés que la sociedad mexiquense le preocupan como son los feminicidios, homicidios de estudiantes e incluso observaciones de organizaciones civiles. Con respecto al preso de conciencia José Humbertus Pérez Espinoza que se encuentra recluido en el penal de Chiconautla, municipio de Ecatepec, será un tema de respeto al marco legal y exigir una revisión del proceso penal, para

* Los operadores de la justicia del Estado de México, denunciados ante Legisladores mexiquenses. * Denuncian que no aplicaron 980 millones de pesos, para instalar el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ), afectando el sistema de justicia penal acusatorio. * Hay “16 Prisioneros Políticos y de Conciencia” privados de su libertad injustamente, se les han fabricado los delitos. * Piden que la FGJEM saque del archivo de la impunidad las denuncias en contra de las constructoras, las hipotecarias y Sofoles como Patrimonio, ING Hipotecaria, Hipotecaria su Casita, Ge Money, Crédito Hipotecario, Hipotecaria Nacional Grupo Financiero Bancomer, Hipotecaria Santander, Grupo Financiero Invex, Grupo Financiero Monex, entre otros. conocer sí hay delitos fabricados, por lo que en breve habrá una respuesta a la petición de la integración de comisiones legislativas de investigación para luchar contra la corrupción e impunidad. Los integrantes de la comisión del Frente mexiquense y de Presunción de Inocencia, manifestaron: Tenemos el caso de internos que han dado cumplimiento al 70% de su pena y se les tiene que aplicar la figura jurídica de la libertad anticipada que extingue la pena, dicho benefició entro en vigor el pasado 18 de junio del 2016 y miles de internas e internos que se les tuvo que haber otorgado esta prerrogativa están privados de su libertad por la política discriminatoria y autoritaria de los gobiernos federales y estatales. Los integrantes de Presunción de Inocencia, señalan: “Le solicitamos a la Presidenta de la Mesa Directiva de LX Legislatura, Azucena Cisneros Coss que también se debe investigar al actual Fiscal General de Justicia del Estado de México, porque es uno de los principales responsables de no haber aplicado aproximadamente 980 millones de pesos, para la instalación y funcionamiento del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ), es imSigue


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portante destacar que la Lic. María del Carmen Peralta Guzmán titular de la Unidad de Transparencia del IMSJ, señala que durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2012 al 2017, el IMSJ, ese Organismo no fue beneficiado para la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal”. Los denunciantes sostuvieron que por conductas graves (caso Tlatlaya y la inaplicación de los recursos públicos para la implementación del Sistema de Justica Penal Acusatorio), no puede continuar como Fiscal General Alejandro Gómez Sánchez, porque contraviene el artículo 84 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, y que para poder ser titular de este Organismo debe de gozar de honradez y prestigio. También le solicitamos a la Presidenta la LX Legislatura para que se constituya la Comisión Especial, para investigar porque no fueron aplicados los Recursos Públicos Federales de la Partida 6000, aprobadas por la Cámara de Diputados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), para la instalación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de porque no existe certificación Constitucional de los Ministerios Públicos, Peritos y Policías, la falta de operadores de justicia es grave, porque se asignaron aproximadamente de más de 4 mil 500 millones de pesos y no se instaló el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Pero también la responsabilidad en la inaplicación de estos recursos es del Poder Legislativo en sus LVII, LVIII, y LIX Legislaturas, quienes no cumplieron el Acuerdo por la Seguridad Pública de los Mexiquenses, concretamente en el considerando “Segundo. – Acciones de Poder Legislativo” concretamente en los numerales 2, 3 y 4. Los numerales 2,3 y 4 definen el Control de la Constitucionalidad del Poder Legislativo porque se les facultó en el citado acuerdo “asignare incrementar recursos, etiquetarlos a partir de los indicadores y métricas obtenidas por el Observatorio Ciudadano y vigilar que el ejercicio de los recursos destinados en Materia de Seguridad Pública, Procuración, Administración de Justicia y Readaptación Social, se realicen, con responsabilidad en la forma que fueron etiquetados”. Estos recursos no fueron etiquetados, ni vigilados por las Legislaturas LVII, LVIII y LIX del Poder Legislativo y

mucho menos por el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México OSFEM, porque si estuvieran etiquetados y vigilados, se hubieran logrado primeramente la existencia de operadores de justicia, que estuvieran capacitados y certificados, que se hubieran concretado la construcción de nuevos penales para la reinserción social, la capacitación de jueces modernos y actualizados, que aceleraran el otorgamiento de beneficios de las libertadas condicionadas y anticipadas, la aplicación de etiquetar los localizadores electrónicos, toda vez que en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, se le otorgaron 40 millones de pesos y no existen localizadores electrónicos y más de 4500 internos del Estado de México deberían de estar en libertad, y esto es responsabilidad del Legislador, porque tuvo que haber exigido la constitución del Centro de Medidas Cautelares del Estado de México. Existen todos los elementos que acreditan el incumplimiento Constitucional del artículo 21 de la Carta Magna, principalmente el origen de los recursos FASP que son Constitucionales, la inaplicación de los recursos de más de 4 mil millones de pesos para la implementación del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio son suficientes, para que la soberanía de la LX Legislatura constituya la Comisión Especial, para que investigue porque no se aplicaron estos recursos y dar cumplimiento a la Reforma Constitucional del 18de junio de 2008,no se debe olvidar que la suma de los presupuestos de egresos que le autorizó a la administración del gobierno de Eruviel Ávila Villegas durante los años 2011-2017 ascendió a la cantidad de un billón 377 mil millones de pesos, es el presupuesto que mayor se le ha entregado a un gobernador en la historia del México Contemporáneo, también el gobierno de Ávila Villegas no ha aclarado diversas partidas federales que le aprobó del presupuesto la Cámara de Diputados y estas observaciones las realizó la Auditoria Superior de la Federación y que ascienden a más de 12 mil 500 millones de pesos, la LX Legislatura de mayoría de MORENA deberá de aclarar en donde están estos recursos. Los Diputados Federales del Estado de México, deberán de solicitar recursos para que esta Comisión Especial pueda contratar a expertos en Sistema de Justicia Penal Acusatorio, académicos, intelectuales y que se analicen las miles de Carpetas de delitos de alto impacto, preferentemente expertos de la República de Guatemala, Chile y

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Perú, y de no existir responsabilidad en los delitos de alto impacto otorgar la libertad, esta tutela la tiene como facultad la Legislatura, el artículo 61 fracción XXXVIII de la Constitución Política del Estado libre y Soberano del Estado de México, donde señala que el Poder Legislativo concederá la Amnistía por delitos de la competencia de los Tribunales del Estado de México, es decir, los Legisladores de LX Legislatura tienen la facultad Constitucional de dar Amnistía. En este mismo sentido, los “16 Prisioneros Políticos y de Conciencia” que estamos privados de nuestra libertad injustamente y se nos han fabricado los delitos, (dice el escrito) le pedimos al Poder Legislativo que aplique el artículo 61 fracción XXXVIII de la Constitución Local del Estado de México, que la Comisión Especial analice los casos y verán la infamia de cómo se pueden ser tan perversos para procesar y condenar a las personas que pensamos diferente a lo que el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, señaló que el PRI es la dictadura perfecta, ustedes como Legisladores que les dio la voluntad popular los ciudadanos mexiquenses, tienen que ejercer la Amnistía que les mandata la Constitución y dictaminar nuestra libertad inmediata. El Frente Mexiquense, propone: Le pedimos a la Presidenta de la LX Legislatura del Estado de México, diputada Azucena Cisneros Coss para que la FGJEM saque del archivo de la impunidad las denuncias que tenemos contra las constructoras, las hipotecarias y Sofoles como Patrimonio, ING Hipotecaria, Hipotecaria su Casita, Ge Money, Crédito Hipotecario, Hipotecaria Nacional Grupo Financiero Bancomer, Hipotecaria Santander, Grupo Financiero Invex, Grupo Financiero Monex, entre otros, por formar parte del Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México en contra de las familias que formamos parte del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C.(FMDVD), concretamente que se ejercite la Acción Penal y se aseguren los conjuntos urbanos de URBI Quinta Montecarlo y URBI Hacienda Balboa, que representan aproximadamente a 4 mil familias y que se gire la orden de aprehensión en contra de los dueños de Grupo URBI de Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl Pérez Román y en contra del delincuente y responsable de la inseguridad en el Municipio de Tecámac Aarón Urbina Bedolla por el delito grave de Fraccionadores.

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Así mismo, el Fiscal General deberá de ordenar a los ministerios públicos de Tecámac, para que también saquen de sus archivos las 10 Carpetas de Investigación que presentamos en contra de los invasores que se apoderaron de manera ilícita de nuestros inmuebles, ellos fueron utilizados por la FGJEM, para fabricarme tres Carpetas de Investigación y llevarme a un largo proceso, y ya estando en prisión se me fabricó una cuarta Carpeta por el falso de delito de extorsión. Finalmente también le solicitamos que se le exhorte al Fiscal General de Ecatepec para que desempolve, las Carpetas de Investigación que están en la Fiscalía de Delitos de Cuantía Mayor, en donde, se demandó a las hipotecarias por Fraude Procesal, por haber recurrido a los Juzgados del Distrito Federal y que simularon actos jurídicos, por la falta de contratación de los seguros, y siendo procurador Miguel Ángel Mancera Espinoza (ex Jefe de Gobierno) y hoy flamante Senador, así como de Manuel Granados Covarrubias ex Asesor Jurídico del Procurador del Distrito Federal (hoy flamante Dirigente Nacional del PRD), en días recientes se dio a conocer que Miguel Ángel Mancera Espinoza, es un acaudalado desarrollador inmobiliario, por eso enviaron las Denuncias Penales a la Fiscalía General de Delitos de Cuantía Mayor en Ecatepec de Morelos, que desde agosto del 2014 duermen el sueño de los justos, lo que demuestra como la FGJEM y el Poder Judicial de la misma entidad criminaliza a los pobres, inventándoles Carpetas de Investigación y los trae a las cárceles, para condenarlos por largos años, por delitos que no cometieron y estos dos Órganos del Estado, protegen impunemente a la oligarquía empresarial, inmobiliaria e hipotecaria, para que ni siquiera pisen un Ministerio Público, mucho menos se les formule la imputación, vincularlos a proceso y llevarlos a un juicio, no lo hacen porque forman parte del poder impune y corruptor, que tuvo la mayoría del Poder Legislativo al servicio de los poderosos y para condenar a la clase media y pobres del Estado de México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los diputados y senadores de la coalición “Juntos Haremos Historia” y la mayoría de los diputados que integran la LX Legislatura del Estado de México, han señalado que se combatirá la impunidad, la corrupción, se transparentará y vigilarán los recursos de los presupuestos de egresos estatales y federales.


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“No Descansaré Hasta que se Detenga a los Responsables” de Agresión Porril: Graue

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iudad de México (apro).- Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que no se detendrá ante ningún problema jurídico y no descansará hasta que sean detenidos los responsables por la agresión contra estudiantes del CCH Azcapotzalco registrada el 3 de septiembre en el campus universitario. “Quiero darle certeza a la comunidad de que no me detendré ante ningún problema jurídico y que seguiremos demandando justicia”, aseguró Graue durante la inauguración del “El futuro de las ciencias: especulaciones y certezas”. En el mismo sentido, aseguró que todos los esfuerzos de la rectoría se centran en esclarecer lo sucedido el 3 de septiembre y lograr justicia para la comunidad universitaria. “Yo me solidarizo totalmente con las demandas de justicia de los estudiantes”, dijo Graue mediante un boletín de prensa. La PGJ solicita 15 órdenes de aprehensión por agresiones en Rectoría; uno ya fue detenido Investiga la PGR participación de narcomenudistas en la agresión a estudiantes en CU La salud de Emilio Aguilar, estudiante atacado por porros, es “delicada, pero estable”, reportan familiares Desde el auditorio Alfonso Nápoles Gándara, del Instituto de Matemáticas, el rector afirmó que se ha acompañado de manera permanente a los alumnos heridos mientras evoluciona su estado de salud. “No descansaré hasta que se detenga a los responsables”, reiteró Graue.


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Acuerdan reducir percepciones en 28%...

Morena Presenta Iniciativa que Elimina Pensión a ex Presidentes

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iudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- El Grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que encabeza el Diputado Mario Delgado, presentará ante el pleno de la Cámara Baja su iniciativa para la Ley de Austeridad Republicana que busca “erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado”. La propuesta incluye la reducción de salarios de funcionarios públicos y la cancelación de las pensiones a los ex presidentes del país. “El propósito es claro: hacer eficiente el gasto destinándolo efectivamente al interés general, para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los mexicanos”, se lee en la iniciativa publicada en la Gaceta de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa, detalla el documento, incluye: –La reducción de salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los tres poderes, órganos autónomos y sus entes públicos. –Establecer la prohibición expresa a pensiones de retiro de ex presidentes de nuestro país. –Incorporar a todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social, y en consecuencia prohibir la contratación de seguros privados de gastos médicos o de vida con cargo al erario; así como que no se establezcan regímenes de privilegios o de jubilación, pensión o haberes de retiro. –Evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas. –Restringir a los casos estrictamente justificados el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores. –Limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población. –Restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos

*Los diputados de Morena recuerdan que en México hay más de 53.4 millones de personas en pobreza, y a la par ha sido práctica cotidiana que los servidores públicos al frente de las instituciones se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios. *Esta situación, agrega, “hace imperante la necesidad de establecer principios de austeridad en el gobierno como un criterio rector del servicio público, que reduzca el costo de las distintas entidades, eliminando el dispendio de los recursos públicos”. *Mario Delgado, líder de la bancada de Morena, anunció que se acordó con los integrantes de la Jucopo una reducción en las remuneraciones mensuales de los diputados de 28 por ciento en el período de septiembre y diciembre de este año. *Con lo que los legisladores de la actual legislatura ganarán 91 mil 507 pesos netos mensuales, a diferencia de los de la pasada legislatura que percibía 28 mil 230 pesos netos.

comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión. –Establecer límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. “En cumplimiento al claro mandato popular, expresado en las urnas el pasado 1 de julio y en honra al elevado compromiso adquirido con la sociedad mexicana, asumido tanto por el Presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, como por las diputadas y diputados que impulsamos este proyecto de nación”, de lee en el documento de iniciativa. “Reconocemos como indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, estableciéndola

como principio de observancia obligatoria para todo servidor público y transversal a todo el gobierno”, agrega.. El Grupo parlamentario de Morena precisa que esta Ley de Austeridad no afectará, suprimirá, disminuirá ni restringirá programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y las leyes. Recuerda que en México hay más de 53.4 millones de personas en pobreza, y a la par ha sido práctica cotidiana que los servidores públicos al frente de las instituciones se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios. Esta situación, agrega, “hace imperante la necesidad de establecer principios de austeridad en el gobierno como un criterio rector del servicio público, que reduzca el costo de las distintas entidades, eliminando el dispendio de los recursos públicos”. “Las cifras del dispendio son exorbitantes, año con año se develan

escándalos de derroche de recursos en bienes y servicios suntuosos, como lo son, enunciativamente, seguro médico particular, automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados, y en muchos casos comidas y bebidas, comportamientos que durante varias décadas se consideraron normales entre los políticos y gobernantes”, señala. LOGRAN ACUERDO DE RECORTE EN DIPUTADOS En conferencia de prensa, Mario Delgado anunció que sí habrá una reducción del 28 por ciento en las remuneraciones mensuales de los legisladores como el fondo de ahorro, seguro de gastos médicos mayores y de separación tal y como se aseguró en un principio. El coordinador de Morena en San Lázaro indicó que el ajuste es a la parte de honorarios y que cada

grupo parlamentario será el encargado de definir su ajuste a partir de la bolsa global de honorarios. Delgado indicó que en la Legislatura pasada los diputados percibían 128 mil 230 pesos netos mensuales, ahora, los integrantes de la LXIV Legislatura ganarán 91 mil 507 pesos en términos netos. “Los diputados que acabaron la Legislatura tenían una remuneración mensual de 128 mil 230 pesos netos. Con la cancelación que estamos haciendo, desde el 1 de septiembre, del seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada y el fondo de ahorro, en total quedaría en términos netos en 91 mil 507 pesos. Hay una reducción de 28 por ciento”, explicó.. Delgado Carrillo comentó que buena parte del presupuesto de 2018 se encuentra ejercido o comprometido, pero en el de 2019 habrá más posibilidad de reducirlo de manera significativa. La remuneración total mensual de los diputados está integrada por, además del sueldo, “aportaciones a seguridad social, ahorro solidario del ISSSTE, gratificación de fin de año, seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada y fondo de ahorro”. A pregunta expresa, apuntó que el monto del salario de los diputados, que está bajo el concepto de dieta neta mensual, se revisará en la discusión del presupuesto de 2019 y deberá quedar sujeto a lo que establezca la eventual reglamentación del artículo 127 constitucional, para que ningún legislador gane más de lo que anunció el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que serán 108 mil pesos. Delgado Carrillo también comentó que la bolsa global para la contratación de personal bajo el régimen de honorarios, principalmente de asesores para los diputados, se redujo en 138 millones de pesos, por lo cual cada grupo parlamentario habrá de realizar sus ajustes para contratar este tipo de trabajadores.


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El Aumento del 47% en Gas LP en el Sexenio Llevó a Muchos a la Leña, o a Privarse de Alimentos *El incremento de 47.52 por ciento del precio del gas LP durante este sexenio tiene origen en Houston, Texas, particularmente en Mont Belvieu, un mercado spot que rige a Pemex y con ello a los 400 distribuidores en México, explicaron dirigentes de las cinco asociaciones del sector que negaron falta de competencia. El resto del precio de este energético, un 20 por ciento, es por gastos en logística, administración y robo en tomas clandestinas. El más barato, por el traslado de Texas al punto de venta, está en Veracruz y el más caro en Baja California Sur. *Ante este incremento y pese a lo planteado por la Reforma Energética, hay quienes siguen usando leña o carbón. Otros han tenido que ajustar sus gastos, trabajar horas extras o privarse en la mesa de algunos alimentos, contaron ciudadanos.

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iudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– En México, donde el precio del gas LP ha aumentado un 47.52 por ciento durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la señora Inés prefiere usar leña para cocinar, aunque es consciente de los efectos en su salud. Como ella, entre el 16 y el 20 por ciento de mexicanos la emplea, de acuerdo con cifras oficiales. El precio del gas LP ha pasado de 12.94 pesos el kilogramo en 2013 a 19.09 pesos a julio de 2018, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La Reforma Energética, implementada desde 2013, planteó que los precios de los combustibles bajarían. Este fin de semana, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que fue “un rotundo fracaso y un vil engaño”, por lo que prometió reducir sus precios. En la colonia rural Lomas de Chocolín, donde no hay piso pavimentado y las fachadas de las casas son de cemento, ubicada en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, Inés usa leña “porque es más económico y se guisa más rico y

rápido; por la situación de economía”. Considera que tiene muchos beneficios pues “el gas es muy diferente”. No cree que tenga consecuencias negativas. “Los doctores dicen que es malo por el humo, pero yo no lo veo de esa forma porque no estoy todo el tiempo en la lumbre para que me dé una enfermedad; al contrario yo no le veo peros”, contó la originaria de Guerrero. Empresarios de las cinco asociaciones de distribuidores de gas LP, conformadas por 400 empresas, explicaron en entrevista que este aumento tiene factores internos y externos. El 80 por ciento del precio de este energético viene de Mont Belvieu, un mercado de spot ubicado en Houston, Texas, donde los distribuidores del mundo compran y venden gas en dólares, por ahora volatil por el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y la guerra comercial con China. El 20 por ciento restante es por costos de logística, administrativos, pasivos laborales, así como el robo en tomas clandestinas y de sus unidades. El robo a gas LP, concentrado en el Triángulo Rojo,

ha aumentado de 5 a 15 por ciento de 2017 a la fecha, documentaron las asociaciones, lo que se refleja en mil 102 millones de pesos perdidos por mes a nivel nacional y el cierre de 17 rutas en Puebla por extorsión. En contraste, Luis, cocinero en el corredor de comida de Chapultepec debajo de Paseo de la Reforma, debe usar cuatro parrillas eléctricas porque es inseguro emplear gas LP en el subterráneo, lo cual implica un mayor gasto. Alrededor de 10 mil pesos mensuales por local, dijo. Son 46 negocios en ese mercado subterráneo “Chapultepec 333”. Aunque, por ahora, el costo lo absorbe la delegación Cuauhtémoc. “Una parrilla consume muchísimo”, dijo. Pero en su casa, “[el gas LP] cada día sube un peso y le echan puro aire; rinde menos”. QUIEREN COMPRAR A HUACHICOLEROS Félix y Germán, choferes de los camiones de la ruta 2 que recorren 40 kilómetros ida y vuelta de Metro Chapultepec a

Bosques de Las Lomas por siete pesos, han tenido que dejar de comer carne y ni así logran llenar el tanque de gas en sus casas. Además, el incremento al diésel hasta 20 pesos el litro también les ha afectado el negocio. La tarifa subió de 5.50 a 7 pesos desde el gasolinazo de 2017, evocaron. La situación los lleva a la broma: quisieran, dijeron, que los huachicoleros les vendieran para que sea más barato y les den litros de alitro. Llenar un tanque de ese camión de 200 litros cuesta 4 mil pesos para dos días completos. Si se poncha una llanta, implica desembolsar entre 7 mil y 10 mil pesos.. Otras refracciones son en dólares. De acuerdo con Jaime Ayala, presidente de la Asociación Mexicana de Distribución de Gas y Empresas Conexas (AMEXGAS), los mercados irregulares ofrecían antes los combustibles a la mitad de precio “por la oportunidad que tienen al tener costo cero al robarlo. De inicio, para que los conozcan primero, lo venden a la mitad”, explicó. Ya después lo comercian al precio del mercado. El tanque de gas LP de Félix es para seis personas. Le cuesta 400 pesos y le dura un mes. A ese gasto, cubierto por su sueldo fijo pero bajo, se suman las colegiaturas y los útiles. “El gas LP era uno de los energéticos más baratos, no afectaba tanto al gasto en la casa. Ahora hasta se hace más difícil la comida. Antes comíamos bistec dos veces a la semana. Ahora no”, contó. El kilo de carne cuesta más de 100 pesos. “Trabajas doble turno para que el sueldo alcance”, contó. Los operadores laboran ocho horas y a partir de las horas extras se les paga más. “El siguiente gobierno no sé si sea mejor o peor, pero este nos está dejando mal”. Germán, su compañero, no confía en el siguiente gobierno de Andrés Manuel López Obrador: recuerda que en 2006 el plantón que hizo en Paseo de la Reforma afectó a los transportistas. También evocó que antes un tanque de gas LP le duraba seis meses. Ahora, “ya no lo puedes llenar con 900 o mil pesos, sino con dos mil. Entonces le echas 500 pesos o según lo que tengas”. Por el aumento, su familia y él dejó de tener el servicio de televisión de paga y ya no pudieron pagar a la persona que les lavaba y planchaba la ropa. “Antes comíamos barbacoa, ahora… perro. La carne ya subió a ciento y tantos pesos, dice mi esposa. Pues ahora a sopes, ejotes”, afirmó. “Si alcanza, para la carne”. Pero su hija es madre soltera de Sigue


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tres hijos y a uno hay que apoyarlo en la universidad. “Ya no nos alcanza. Antes nos íbamos a Xochimilco. Ahora no”, recordó Germán. “Qué suerte tienen los del huachicol”. ¿QUÉ ES MONT BELVIEU? Las empresas distribuidoras de gas LP en México identifican en Texas, al norte de México y estado petrolero de Estados Unidos, la principal causa de estos ajustes en los bolsillos de las familias mexicanas. El mercado de Gas LP de Mont Belvieu (MB) es la referencia internacional de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Se basa en la oferta y demanda de precios del crudo, la estacionalidad verano-invierno y el consumo final por región. México ha sido dependiente del gas LP como energético doméstico, industrial y para servicios, pero importa alrededor de un 30 por ciento del volumen requerido para satisfacer la demanda. La mayor parte proviene precisamente de Estados Unidos, reconoce Petróleos Mexicanos, la Empresa Productiva del Estado que distribuye a las 400 empresas que conforman las cinco asociaciones de distribuidoras de gas LP. “Si Mont Belvieu sube, Pemex sube. También está el 16 por ciento del IVA y el dólar”, afirmó Luis Landeros Martínez,

presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG). El robo de gas y vehículos, así como la regulación influyen también. “[El robo] te puede implicar la pérdida del 10 por ciento de tu margen. Pero no podemos impactarlo al consumidor final porque entonces nos salimos del mercado; lo estamos absorbiendo nosotros al igual que el costo regulatorio. El costo regulatorio que teníamos antes de la Reforma Energética representaba el 1.2 por ciento del precio, ahora es el 6 por ciento”. Jaime Ayala, dirigente de la Asociación Mexicana de Distribución de Gas y Empresas Conexas (AMEXGAS), coincidió. “En Estados Unidos tienes una caverna en la parte de Texas que se llama Mont Belvieu que es donde están guardando todo el gas asociado con el petróleo y mientras tanto están haciendo uso del shale gas y del shale oil. Como nación, se está fortaleciendo. Pero México no. Estamos retrasados. Debimos haber empezado desde los años 70. Ahora dependemos de los precios de Mont Belvieu”, aseveró. “México no es autosuficiente, depende de otros mercados”. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha planteado que dentro del mercado del gas LP hay solo cinco asociaciones por lo que no hay su-

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ficiente competencia para que los precios bajen. Ante ello, Landeros respondió que esas asociaciones se componen por 400 distribuidores y el más grande del país no tiene el 15 por ciento del mercado. “Para poder considerarlo monopolio tendría que tener el 60 por ciento y no existe ninguna empresa que tenga eso. Hay mucha competencia en el sector desde el más grande al más chiquito. En Sudamérica solo hay tres o cinco distribuidores de gas LP en su país y hay competencia”, comparó. Sobre la logística, localizó que el gas LP más barato se encuentra en Veracruz por el flete marítimo y el más caro en Baja California Sur porque recorre el canal de Panamá, de acuerdo con la fórmula de la Comisión Reguladora de Energía. “La fórmula dice que agarres el precio de Mont Belvieu más los fletes para traerlo a la zona de ventas, ya sea la frontera, por tren, por camión o lo agarras por barco y lo traes a Tuxpan y a Pajaritos para distribuirlo. O le tienes que dar toda la vuelta por el canal de Panamá y subes por el Pacífico, lo cual es un costo logístico muy alto. Entonces, esos son los costos que hacen que sea más barato o más caro. Todo sale de Mont Belvieu. Es la que nos rige: si sube, sube el gas, si baja, baja el gas”, reiteró Landeros.

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Para distribuir y llegar a los últimos rincones de México, para ofrecer un mejor precio y quitarles la leña y carbón a quienes no quieran usarla, “tenemos que sentarnos y llegar a acuerdos. Ahí siento que no se ha hecho bien en el pasado. No se a logrado crear ese diálogo constante; cada seis años cambia la autoridad”, determinó Jaime Ayala, de AMEXGAS. Las cinco asociaciones planean reunirse con el próximo gobierno para manifestar sus preocupaciones y peticiones. “Queremos trabajar en conjunto, explicarles los 70 años de mercado de gas LP en México”, dijo Ayala. “Una parte que pinta bueno es que se puede hacer una ventanilla única: del CRE, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a nivel municipal, estatal y la Policía Federal. Cuando te regulan, te regulan dos o tres autoridades lo mismo y se encarece”, justificó. “Estamos dispuestos a que nos regulen. Eso ayuda que los ilegales se alineen y estemos en las mismas condiciones de mercado, pero empiezan a sobrerregular y a los demás no les piden lo mismo, se roban la unidad”, contrastó el empresario. Por ahora, los choferes Félix y Germán preferirían comprarle a los huachicoleros.


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Comerciantes de Chalco Exigen Seguridad al Gobierno Municipal

Mirada Global Trending Topic, Expresión de AMLO Por Paty Betaza

* “Corazoncitos“: ¡no jodan!

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emMéxico. Cd. de México. 11 de septiembre de 2018.- No hay peor cosa que levantar polémica donde no la debería de haber, porque desvía la atención de lo que realmente debe importar. Soy una reportera que cree que es urgente cerrar la brecha entre hombres y mujeres y que se tiene que trabajar todos los días contra la cultura machista tan arraigada en este país. Pero a propósito de los “corazoncitos“, expresados a las reporteras por Andrés Manuel López Obrador, me sumo a lo que atinadamente escribió en un tuit Ivonne Melgar: “A mí las expresiones afectivas no me asustan ni me molestan. Son muy mesomericanas y AMLO las tiene como tabasqueño. Lo que me parece triste es que se utilicen para batear preguntas que tanto importan”. ¡Exacto Ivonne! Ese es el punto central. La semana pasada un grupo de reporteras en su mayoría –no alcanzo a ver en el video si hay compañeros– le preguntan al presidente electo su opinión sobre si la grotesca licencia otorgada al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, era a cambio de los cinco legisladores del Verde que se pasaron a Morena: Las críticas se desataron en redes porque a juicio de muchos internautas AMLO usó un lenguaje sexista. Días después ya en conferencia de prensa el presidente electo respondió así a la “polémica” y al trending topic: “Son mis corazones, mis corazoncitos. Los quiero mucho. Llevo a la práctica el principio de amor y paz. ¿Cómo les voy a tratar así? Así, con cariño. No soy autoritario, soy feliz… gracias a la vida que nos ha dado tanto. Entonces, por eso esta expresión, y siempre los voy a tra-

tar así, con respeto y con mucho cariño ¿o no quieren eso?”. Incluso cuando una reportera le insistió en “no queremos un lenguaje sexista”. AMLO respondió que no lo veía así y después tocó por encimita el asunto de la pifia ocurrida en el Congreso por el caso del gobernador Manuel Velasco. Y como siempre ocurre cuando no le gusta un tema, respondió sin responder. Se limitó a decir que no hay línea y que mantendría el respeto al Poder Legislativo. Habiendo vivido hasta mi adolescencia en el sur de Veracruz muy cerca de Tabasco, efectivamente puedo dar cuenta de que es muy común el lenguaje cariñoso: reinita, madrecita, muñequita… Y para el caso de los hombres: papito, gordito, bebecito. Por eso no le di relevancia al famoso “corazoncitos”. Las palabras afectivas muy del trópico, insisto, no me escandalizan, diría que en mi caso hasta me parecen muy familiares. Lo que si me preocupa es que la frivolidad nos gane y no nos permita ver el fondo. Y el fondo es que no hubo respuesta a la burla que se vivió en el Congreso por el asunto de la licencia de Velasco a cambio de curules para Morena. Recuerdo alguna vez mi enfado porque al ir un sábado a una de las conferencias mañaneras cuando AMLO era Jefe de Gobierno -eran a las seis de la mañana- se le ocurrió decirnos que ese día no contestaría ninguna pregunta porque solo iba a hablar de un decreto que era importante para el entonces DF. No recuerdo bien el tema. Así que amigas queridas, corazoncitos: ¡No jodan. No nos distraigamos!

Por Luis Ayala Ramos halco, México a 11 septiembre 2018.- Comerciantes del municipio de Chalco, se manifestaron en las oficinas de la presidencia municipal para exigir mayor seguridad tras ser agredidos el pasado domingo por un grupo que pretendía tomar el control del comercio en la unidad habitacional de Pueblo Nuevo perteneciente a la comunidad de San Martín Cuautlalpan. Esta mañana cerca de 30 comerciantes llegaron al palacio municipal para demandar mayor seguridad en su lugar de trabajo, luego de haber sido agredidos el pasado domingo por un grupo de personas lideradas por Dionisio Cabrera, ex administrador del complejo habitacional Pueblo Nuevo. Dicho sujeto junto con cerca de 100 personas más arribó a la unidad el pasado domingo donde con golpes y amenazas con arma blanca y arma de fuego, pretendían correr a los comerciantes que llegaban a instalarse, esto para apropiarse de la zona. Durante el enfrentamiento que duro algunos minutos y donde resultaron lesionadas más de 15 personas, comerciantes y vecinos pidieron el apoyo de los elementos de la policía municipal quienes arribaron, pero solo observaron sin intervenir. “solo queremos nuestro trabajo y estar en paz, somos gente de trabajo y no revoltosos” señalaron comerciantes quienes con cartulinas y gritos exigían mayor seguridad para ellos y sus familias. Después de unos minutos, los manifestantes fueron escuchados por un representante del gobierno municipal quien les refirió darle un puntal seguimiento a los hechos para brindarles mayor seguridad.

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Campesinos Bloquean la Carretera Texcoco-Lecheria Por Luis Ayala Ramos an Salvador Atenco, México a 11 de Septiembre 2018.- Campesinos de Atenco y Acuexcomac, cerraron la carretera federal Texcoco-Lecheria a la altura de este municipio, ya que hoy por la mañana un grupo de personas de la empresa PINFRA, la cual construye la autopista Pirámides-Texcoco, los agredió. Los campesinos de dichas co-

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munidades, relataron que desde hace meses, mantienen un campamento de vigilancia en medio de los núcleos ejidales de Atenco y Acuexcomac, para evitar que la empresa PINFRA construya sobre sus terrenos ejidales la autopista Texcoco-Piramires. Sin embargo, hoy por la mañana, varios hombres llegaron a este punto en dos camionetas y dispararon en contra de unos 20

campesinos que hacían guardia. Afortunadamente, ningún campesinos resultó herido pero si fueron agredidos a golpes por los golpeadores, resultando ocho campesinos heridos. Por estos hechos, se reunieron más 300 campesinos y decidieron bloquear la carretera Texcoco-Lecheria a la altura de Atenco donde exigieron a las autoridades estatales y de la empresa respondan por la agresión.


La Calle

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Los Africanos y sus Descendientes en México Pasaron de la Esclavitud a la Invisibilidad Histórica

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* Hoy en día son casi 1.4 millones de habitantes, que equivalen a 1.2% de la población nacional

egún la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), casi 1.4 millones de mexicanos se reconocen como afrodescendientes, lo que equivale a 1.2% de la población total; de esta población, 51% son mujeres y el resto, hombres. La cifra es relevante si se toma en cuenta que a partir de la revisión y el análisis de cifras en distintos documentos de la época colonial, se demostró que, al menos en los siglos XVI y XVII, la población africana fue el segundo grupo más importante en la Nueva Es-

paña. Los africanos y sus descendientes pasaron de la esclavitud a la invisibilidad histórica en el país en cuatro siglos, pese a que participaron en la lucha de liberación de la nación. Si bien no se niega la colaboración de personajes como José María Morelos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Melchor Ocampo o Juan Álvarez, poco se dice sobre su ascendencia africana, se detalla en el libro Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación, editado en 2016 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Un informe del Foro Consultivo Científico y Tecnológico

reporta a su vez que en la actualidad la ubicación demográfica de afromexicanos se ubica principalmente en 7 estados: Guerrero, con 6.5 por ciento; Oaxaca, 4.9; Veracruz, 3.3; Estado de México, 1.9; CDMX, 1.8; NL, 1.5; BCS, 1.5; mientras que Zacatecas, Durango, SLP, Sinaloa, Aguascalientes y Guanajuato reportan datos menores a 0.1. La mayoría de las entidades oscila entre 0.8 y 0.1 por ciento. Las estadísticas de la población afromexicana revela escasos márgenes de desigualdad si se las compara con las de la media nacional (MN); así, por

ejemplo, la escolaridad en afrodescendientes (AD) es de 8.9 grados, mientras que en el resto del país es 9.1 grados. La relación en cuanto al analfabetismo es 6.9% AD, mientras que la MN es 5.5%. Respecto del acceso a tecnologías de información y comunicación (TIC), la relación MN-AD es: televisión, 93%

contra 91.3%; telefonía celular, 78.6% y 78.1%; computadoras, 32.6%-32.9%, e internet, 32.9%-34.3%; como se ve, en cuanto al acceso a estas dos últimas TIC, los afromexicanos se sitúan por encima del resto de la población. El libro Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación. Editado en 2016 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se destaca que, tras la Revolución de 1910 se inició en nuestro país un proyecto de nación que implicó el concepto de “mexicanidad”. Políticos e intelectuales confluyeron que los mexicanos deberían reunir las mejores características de las “razas” que componían su población e historia, esto es, la herencia europea y americana y del pasado prehispánico y colonial, ignorando la tercera raíz de ese mestizaje: los africanos. Al contrario de lo que ocurrió en Europa, en México se consideró que en el “mestizo” se encontraba la fórmula para forjar la unidad demográfica y cultural de la nación. Sin embargo, este concepto no involucraba a los afrodescendientes en la formación del país pues los prejuicios raciales señalaban a las personas “negras” como indeseables, portadoras de vicios e incapaces de adaptarse al progreso. (Agencia ID)

Acusan al Alcalde de Chiconcuac de Falsificar Firmas de Policías Por Luis Ayala Ramos hiconcuac, México a 11 de septiembre 2018.- El presidente municipal de Chiconcuac Rigoberto Flores Sánchez, fue acusado por policías de falsificar firmas de elementos de Seguridad Pública, para justificar ante la contraloría del Estado de México, la aplicación de recursos del programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG). Policías municipales afirman que descubrieron documentación que prueba la aplicación de los recursos, e indica que los uniformados recibieron beneficios, con firmas que los uniformados aseguran que fueron falsificadas. Ante ello, iniciarán un procedimiento jurídico, por haber falsificado sus firmas, pero más aún porque la corporación policiaca no ha recibido los apoyos derivados del programa FORTASEG. Según la documentación presentada a la auditora estatal, los uniformados recibieron dos pares de botas, chalecos balísticos, tácticos, esposas, uniformes, kits del primer respondiente, impermeables, entre otros, así como apoyos en efectivo, marcados en el programa. Los cuerpos policiacos han mostrado su inconformidad en varias ocasiones, con la promesa de que se les dotará de equipo en cuento les llegue el recurso, pero el equipamiento no ha llegado.

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Toluca, México. Miércoles 12 de Septiembre de 2018

Año 16 /

No. 3620

Espacio Libre de la Sociedad Presidente Editor: Héctor Peñaloza Sánchez Director: Carlos Héctor Peñaloza lacallehps@gmail.com lacalledelasociedad@prodigy.net.mx

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La Calle Miércoles 12 de septiembre de 2018  
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