Toluca, México, Jueves 14 de Marzo de 2019
La Calle
Espacio Libre de la Sociedad
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ico una Oficina Privada de s del Gobierno: Univisión seguía cobrando en la Secretaría, pero ahora estaba todo el día en una oficina y trabajando para unos señores”. Los señores eran Mauricio y Alexis Weinberg, además de Natan Wancier, quienes son socios en más de una veintena de compañías en varios países. Ellos han sido beneficiarios de contratos de seguridad con el gobierno mexicano y son parte de un conglomerado de inteligencia que en 2010 vendió un programa de espionaje al gobierno de Ricardo Martinelli en Panamá, según documentos obtenidos por Univision en colaboración con reporteros de La Prensa de Panamá. “En Panamá vendimos un equipo. Si lo usaron bien o mal eso no depende de nosotros. El gobierno firmó un certificado de usuario final ante el gobierno de Israel y se comprometió a que sería un uso oficial y no privado”, dijo Wancier sobre el contrato panameño. “Un caso tan claro de colusión y de utilización de herramientas tecnológicas del Estado para fines privados, en beneficio comercial privado, creo que no se ha documentado hasta ahora”, dijo a Univision Luis Fernando García, director de R3D, al conocer cómo funcionaba la oficina alterna que operó Icit con funcionarios de seguridad de México. R3D es una organización que ha documentado mal uso de software de seguridad contratado por el gobierno mexicano para espiar a periodistas y activistas. Ninguno de los entrevistados entregó algún documento que pruebe que García Luna conocía que sus subordinados trabajaron al mismo tiempo en el gobierno y en una oficina privada de sus amigos. García Luna no respondió a peticiones de entrevista de Univision. Desde febrero pasado, la secretaria en su oficina ha respondido: sabemos de su solicitud de entrevista, por favor espere a ser contactado. Su compañía no ha respondido mensajes de Univision. En 2017, cuando Univision los buscó por primera vez para hablar de este tema, dijo que él negaba cualquier vínculo comercial con los Weinberg y que no había cometido actos de corrupción. Su más reciente pronunciamiento se produjo en noviembre pasado luego de
“Cuando comenzamos a triturar era de día, después de la comida. Terminamos ya muy noche. Destruimos tantos documentos que se rompió la máquina trituradora”, relató. Otras dos fuentes añadieron que esto sucedió en medio de un pasillo en la Secretaría, a la vista de muchas personas. Esta operación ocurrió como parte de su trabajo regular en la Secretaría, pero la fuente asegura que se sintió en la obligación de hacerlo, porque formaba parte del “proyecto secreto”.
que él fue mencionado en el juicio contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York. El testigo del gobierno Jesús El Rey Zambada, aseguró que García Luna recibió al menos 56 millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa. En una carta a los medios, él dijo que eran falsas las acusaciones en su contra. EL PROYECTO SECRETO La oficina utilizada para el “proyecto secreto” era un búnker con estrictas medidas de seguridad. La locación era discreta: un edificio residencial en el barrio de Polanco, en la capital mexicana. Antes de contratar a otra de las empleadas entrevistadas por Univision le dijeron, según ella, que su trabajo consistiría en recibir información de seguridad, analizar publicaciones y elaborar informes para los clientes. Poco tardó en enterarse de que las síntesis informativas que recibía eran las mismas que leía el presidente de México. “La información de la Secretaría nos la proporcionaban a nosotros vía correo electrónico”, recordó la mujer. “Era información sobre todo de narcotráfico y crimen organizado, información que no estaba en los medios”. La exempleada dijo a Univision que le tomó casi seis años decidirse a contar su historia. Aún tiene miedo al relatar cómo participó de un negocio privado en el que trabajaron las personas de mayor confianza de García Luna, entonces identificado por el gobierno como el adalid de la guerra contra el narcotráfico en México. Según los testimonios y documentos, Icit operó con funcionarios de la Secre-
taría durante el año 2012, cuando al menos diez de sus empleados aún eran servidores públicos de varias oficinas de gobierno dentro de esa Secretaría. “El lapso de la ley es de un año. Existe una restricción legal para que los funcionarios públicos que dejan el cargo no utilicen la información que tenían bajo su cuidado o bajo su custodia para obtener beneficios privados propios o de sus parientes más cercanos”, dijo Fernando Martínez, actual director de responsabilidades administrativas en la Secretaría de la Función Pública. Univision habló con seis fuentes, tres de ellas exfuncionarios del gobierno, que trabajaron en Icit durante el último año del gobierno del expresidente mexicano Felipe Calderón. Al ser contactado por Univision para hablar de este caso, Calderón respondió: “No conozco la empresa que mencionas, tampoco recuerdo haberla oído mencionar, tampoco tengo conocimiento de que los hechos que mencionas hubiesen ocurrido. Por lo mismo tampoco me gusta especular ni opinar sobre situaciones que no conozco que sean ciertas, aun hipotéticamente”. La fuentes confidenciales entregaron a Univision transferencias de pago de sueldo, documentos y correos electrónicos que muestran cómo los funcionarios daban instrucciones de trabajo en Icit desde sus correos electrónicos oficiales en el gobierno, en días y horas laborales. De acuerdo con una de las fuentes, parte de los trabajos solicitados consistió en destruir carpetas de negociación de contratos del sistema penitenciario, controlado por Seguridad Pública, en septiembre de 2012.
PERSONAS, INFORMACIÓN Y SOFTWARE Las oficinas de Icit estaban distribuidas en tres localidades de los barrios de la Condesa y Polanco en Ciudad de México. Los servidores públicos se integraron a las divisiones de análisis, datos y control de confianza. Los testimonios coinciden en que en todas las áreas usaban información, recursos y personal del gobierno. Por ejemplo, si una empresa privada requería de pruebas de confianza de sus empleados, Icit utilizaba el mismo personal que practicaba dichas pruebas a policías federales, así como los formatos de evaluación y los proveedores, según las fuentes. De acuerdo con los exfuncionarios, la división era dirigida por Vanesa Pedraza, en ese momento encargada de la misma área de control de confianza en la coordinación de asesores de Seguridad Pública. Dos fuentes confidenciales dijeron que ella era la encargada en la Secretaría de invitar a los funcionarios para integrarse al “proyecto secreto”. Ella no contestó una solicitud de entrevista de Univision. “Nosotros compramos nuestros propios polígrafos, nuestro propio material. Por supuesto, los contratamos a ellos porque sabían hacerlo, pero después de que terminó el sexenio”, aseguró Wancier. La sección de análisis producía fichas personalizadas a los clientes para tomar decisiones sobre socios potenciales y riesgos de las zonas donde planeaban instalarse. Dos personas que trabajaron con esa área de Icit afirmaron que una parte de la información de esas fichas la obtenían Sigue