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LUNES / 4 de noviembre / 2013

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cultura jurídica

¿Federalizar o centralizar? El Instituto Nacional de Elecciones

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eflexionar sobre la pertinencia o no de la iniciativa para crear el Instituto Nacional de Elecciones, sobre todo en el contexto de un país como México, que se constituye como una república federal compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior pero unidos en una federación establecida según los principios de la propia Constitución, es el tema que nos ocupa en esta ocasión. Como es sabido, esta iniciativa es consecuencia del llamado Pacto por México, cuyo punto quinto, acuerdos para la gobernabilidad democrática, en el numeral 1.3 sobre partidos políticos y elecciones afirma: los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad en el sistema político de su conjunto de igual forma los procesos electorales tienen que ser mas económicos y mas transparentes. Para lograr esos objetivos, las tres principales fuerzas políticas del país acordaron impulsar una reforma electoral, la cual incluye como compromiso 90 crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única que se encargue de las elecciones federales, estatales y municipales. Si bien es cierto que como están las cosas, el diseño actual corresponde a un modelo federal caracterizado por una doble competencia electoral tanto administrativa, organizativa como adjudicativa a nivel tanto local como federal, al contar con Instituto Federal Electoral y treinta y dos circuitos electorales locales, así

POR Mikhail Mohammad Padilla Estrada como un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación compuesto por la Sala Superior y por las Cinco Salas Regionales y treinta y dos Tribunales Electorales locales. También es cierto que la materia se ha dictado desde el centro al imponer que todas las entidades federativas tengan que contar con un mismo diseño, es decir, un Instituto Electoral y un Tribunal Electoral, así como el hecho de que los casos más relevantes, por no decir que la mayoría, siempre acaban por ser resueltos por la instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, con la preservación de la iniciativa se vuelve abrir en materia de competencias electorales la disyuntiva entre centralizar o nacionalizar de un lado y federalizar del otro. La centralización o nacionalización se caracteriza por crear una gran competencia nacional en materia electoral, en la cual al prescindir de los institutos, inclusive de los tribunales locales, el Instituto Nacional sería el responsable de la organización de todas las elecciones, desde las municipales hasta las nacionales, y en caso de prescindir también de los Tribunales Electorales, las Salas Nacionales serían la primera instancia y la Sala Superior la de apelación o revisión. La federalización, en cambio, se caracteriza por mantener las competencias tanto federal como locales y reservar a la decisión libre y soberana de las entidades federativas la creación o no ya sea de institutos o de electorales locales, su grado de autonomía, su inclusión o no en el Poder Ju-

dicial local, entre otras cuestiones. Sin embargo, en cualquier caso siempre habrá el deber de garantizar la existencia de al menos una institución responsable de la organización de las elecciones, así como un tribunal de primera instancia, ya sea un Tribunal Electoral local o la Sala correspondiente y otro de apelación o de revisión, ya sea la sala regional a falta de un Tribunal Electoral local o la propia Sala Superior. No obstante, podemos revisar los argumentos a favor y en contra de la centralización o nacionalización; así, entre los argumentos a favor se suele destacar que las elecciones serían “más baratas”, una especie de argumento económico, y que al quitarle a los gobernadores el control de las elecciones locales habría mayor credibilidad de parte de los ciudadanos sobre los resultados, así como la certidumbre del resultado, la transparencia y correos y comentarios al diariocontrapunto@gmail.com

estabilidad de todo el sistema político, una especie de argumento político. Entre los argumentos en contra habría que empezar por apuntar que la iniciativa atenta contra el federalismo; además, los costos no serán necesariamente menores o más económicos, dada no solo la mayor complejidad para organizar elecciones. Al mismo tiempo y en los tres ámbitos de gobierno, habría que trasladar la estructura operativa desde el centro, o bien mantener una estructura operativa en cada una de las entidades federativas, así como que eventualmente los ciudadanos que estén inconformes tengan que trasladarse a la sala regional correspondiente o a la sala superior. Asimismo, el modelo que se había caracterizado por la ciudadanización de la materia –o al menos a eso aspiraba–; esto es, a la organización de elecciones por los propios ciudadanos, podría verse “desciudadanizada” al per-

cibirse que la elección se organiza desde el centro y cada vez más lejos de su localidad. Por cierto, los institutos electorales locales no se encargan solamente de organizar elecciones, sino además de organizar diferentes procesos de participación ciudadana, como son las consultas populares. Aunado a todo lo anterior habría que reconocer que la iniciativa pretende acotar la esfera de influencia de los gobernadores, pero la misma no fomenta ni fortalece la autonomía e independencia de los institutos electorales respecto a los partidos políticos y a otros actores. Vaya paradoja. En dado caso de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma a la Constitución, habría que ver si conforme a lo previsto por el articulo 135 de la Carta Magna, la mayoría simple de las legislaturas de los estados supuestamente controladas por los gobernadores aprueba o no la reforma. Mal si la aprueban y peor si no la aprueban…

Diario Contrapunto Edición 150 "SARA LATIFE, EL BRAZO DE HIERRO"  
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