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LUNES / 4 de noviembre / 2013

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Presunción de inocencia (Tercera parte)

POR Francisco San Juan R.

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e argumenta que no se vulnera el principio en cita, ya que su finalidad es diferente a la pena de prisión, pues solo persigue que se lleve a cabo el correcto desarrollo del proceso; sin embargo, dadas las condiciones de las cárceles de nuestro país y en virtud de que la mayoría de los delitos son graves, podemos inferir que es desmedido y excesivo su uso y que el legislador ha caído en la tendencia de endurecer las penas para lograr un control de la delincuencia sin lograrlo, y por ende si violenta dicho principio pues está dando por hecho que el imputado es más culpable que inocente, y al desconfiar del sujeto en el sentido de que no se presentará a juicio. En este orden de ideas cabe señalar lo apuntado por Antonio Magalhaes Gomes Fhilo: “La presunción de inocencia traduce una norma de comportamiento frente al acusado, según la cual son ilegítimos todos los efectos negativos que puedan ser consecuencia exclusivamente de la imputación. Antes de la sentencia final, cualquier medida punitiva, o que importe el reconocimiento de culpabilidad viola ese principio fundamental”. Lo anterior da lugar a sugerir que efectivamente al establecer la prisión preventiva, se viola el derecho de presunción de inocencia. Si nuestro sistema fuera menos corrupto, parcial y cerrado, se aplicara correctamente y sin presumir la culpabilidad de los sujetos, tal vez nosotros como ciudadanos podríamos confiar en que se nos va a tratar de manera respetuosa y rápida, y de esa manera garantizaríamos el correcto desarrollo del proceso y no con medidas preventivas como la pri-

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sión, que solo perfecciona delincuentes. Sin embargo, también quiero ser realista y señalar que no solo el sistema nos ha hecho lo que somos, sino que también existen otros factores que podemos tomar en cuenta y no únicamente señalar a nuestro sistema penal, pues otro factor preponderante es que culturalmente tenemos claras deficiencias que difícilmente podremos superar. » Carga de la prueba Los alcances del principio de presunción de inocencia fueron enmarcados a través del siguiente razonamiento: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba

al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de “no autor o no partícipe” en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en correos y comentarios al diariocontrapunto@gmail.com

cualquier materia. En virtud de lo anterior es conveniente hacer notar que en primer término se establece la carga de la prueba al órgano acusador, cuestión que aparentemente siempre ha sido así, sin embargo como en párrafos anteriores existen contradicciones entre este razonamiento y la aplicación del mismo, pues existe en la legislación penal en su artículo 248 del Código Penal para el Distrito Federal, el siguiente texto: “El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negación es contraria a una presunción legal o cuando envuelve la afirmación expresa de un hecho”, y es en base a este precepto a través del cual el Ministerio Público traspasa la carga de la prueba al indiciado, pues normalmente y de acuerdo a lo que se obtiene en la averiguación previa es el imputado quien niega y su negación es contraria a

las pruebas. Es entonces cuando nos preguntamos si verdaderamente la presunción de inocencia existía antes de la reforma, pues al pasar la carga de la prueba al imputado, cuando este negara los hechos y las pruebas dijeran lo contrario (lo que ocurría en todos los procesos), era claramente una violación a este derecho, pues la obligación de probar los hechos materia de la acusación es del Ministerio Público, tal como lo señala el artículo 102 de la Constitución apartado “A” párrafo segundo, que a la letra establece: “Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos…” En virtud de los razonamientos anteriores y desde mi punto de vista, antes de la Reforma de 2008 aun cuando la jurisprudencia estableció la presunción de inocencia a través de la interpretación de diversos preceptos, la misma no era aplicada y por tanto lo que existía para México era el reconocimiento de la culpabilidad antes de la sentencia. En mi experiencia personal, decir que una persona había sido consignada por robo por ser el delito más frecuente y con mayor incidencia, significaba una sentencia condenatoria segura y no sólo eso sino que también representaba una confirmación en apelación irremediablemente, con lo cual sólo pretendo decir que antes de ser juzgado podíamos saber quiénes iban a ser condenados y no sólo pasaba en esos delitos, sino en muchos otros.

Diario Contrapunto Edición 150 "SARA LATIFE, EL BRAZO DE HIERRO"  
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