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Año 1

Edición N° 3


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AVANCES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: EL CASO CHILENO En abril de 2009, estando de paso por Santiago de Chile, advertí la relevancia que la discusión sobre la transparencia en los actos de gobierno y el acceso a la información pública habían tomado en Chile, a partir del – por entonces - nuevo marco normativo. A pesar de ser la publicidad de los actos de gobierno una de las características del sistema republicano, y habiéndose escrito innumerables trabajos que no hacen más que mantener en el tapete el tema, pareciera que en nuestro país no hemos logrado alcanzar aquél ideal de gestión con óptima accesibilidad a datos referentes al manejo de la “res publica”, tanto como ha sucedido tras la Cordillera. El tema, por demás espinoso, fue abordado en el vecino país desde una norma con aristas interesantes. Así, el art. 3° de la ley 20.285, establece que “La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella”. Sin lugar a dudas, esto configura una pauta interpretativa para el resto de la norma. Esta disposición es consonante con el Pacto de San José de Costa Rica, que ampara el derecho de las personas a recibir información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando, por algún motivo permitido, el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. L a c r e a c i ó n e n l a r e f e r i d a l e y d e l C o n s e j o p a r a l a Tr a n s p a r e n c i a (http://www.consejotransparencia.cl/) es otro rasgo distintivo del ordenamiento chileno que comentamos. Dicho órgano estatal ha llegado tan lejos con sus procedimientos es pos de la transparencia republicana, que los mismos han sido materia de tratamiento por el mismísimo Tribunal Constitucional trasandino. En 2011, el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney, solicitó al referido Tribunal la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 5° de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en la parte que dispone que es pública “toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”. La actividad del Consejo dio pie a dicho reclamo de ilegalidad deducido por la Subsecretaría de Interior en contra del Consejo para la Transparencia, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Por él se impugnó la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó entregar el contenido de correos electrónicos institucionales entre el Subsecretario y el Gobernador Provincial de Melipilla. El Tribunal Constitucional trasandino ha dicho en su sentencia del 11 de septiembre de 2012, que resulta inaplicable por inconstitucional el inciso 2º del Art. 5º de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, que en su artículo primero contiene la Ley de Transparencia, disposición que señala que es pública “toda información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”. ¿Las razones? Para el Tribunal, los correos electrónicos se enmarcan perfectamente dentro de la expresión “comunicaciones y documentos privados” que utiliza el artículo 19 N° 5° de la Constitución chilena.


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Estos son comunicaciones, que se transmiten por canales cerrados, no por canales abiertos, y tienen emisores y destinatarios acotados. Por lo mismo, hay una expectativa razonable de que están a cubierto de injerencias y del conocimiento de terceros. En nada obsta a lo anterior el que no sea muy dificultoso interceptarlos o abrirlos. Nada más simple que abrir una carta. Pero desde hace doscientos años, nuestras constituciones han procurado precaver esa invasión. El precedente resulta relevante por la especial protección que se le brinda a la comunicación electrónica, pero mucho más lo es si tenemos en cuenta que el debate se generó a partir del “activismo” del Consejo para la Transparencia. Que un órgano como el Consejo haya llegado a ese umbral, y que hayan osado preguntarse nuestros vecinos trasandinos si el intercambio de emails, aún cuando sean desde y hacia casillas oficiales, pueda ser publicitado, no deja de llamar la atención para quienes vivimos de este lado de la Cordillera, donde a veces se remarca como avance que algunos funcionarios publiciten sus declaraciones juradas de bienes.

Martín J. Acevedo Miño Abogado. Profesor de Derecho Constitucional. Convencional Constituyente (MC)


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LA “SERVILLETA” DE CRISTINA Personalmente nunca creí que pudiera superarse un proceso de desintegración y de colonización de la justicia como que el sufrimos los argentinos en los años '90; hasta ahora…, en donde bajo la mascarada de una “democratización” de la justicia – término impunemente malversado –, solo se pretende conciliarla o “legitimarla” – otra grosera malversación - con y a través de la política. Ha sido justamente el sueño presidencial permanente de contar con un Poder Judicial adicto lo que “enfermó” el sistema de selección de jueces y lo que llevó a que todos los actores involucrados en el mismo banalizaran su trascendencia institucional. Poco a poco el Poder Ejecutivo comenzó a abusar de designaciones que se alejaban de la excelencia académica, profesional, o aún del exigido compromiso social con la ciudadanía, para recompensar – por el contrario - otros valores que tenían que ver con una previamente testeada “lealtad” incondicional al poder que los designó. Por su parte, el Senado “flexibilizó” todo control y evaluación de méritos e idoneidad de los propuestos por el Presidente, otorgando el Acuerdo por meras conveniencias políticas. Como consecuencia, se obtenía un Juez bien agradecido. La era de la servilleta: Durante la década del '90, aquello que fue descripto como la “enfermedad” del sistema, signó la vida institucional del país. Fue tal la obscenidad desplegada desde las más altas esferas del poder en su objetivo de crear una justicia adicta que repugnó a la sociedad en su conjunto. La influencia política fue notoria, y el resultado, harto conocido por todos: se produjo una partidización de la Justicia, que no reflejaba ninguna garantía de independencia, ni estaba al servicio de los ciudadanos. Basta recordar a jueces como Liporaci, Branca, Urso, Oyarbide, Canicoba Corral, Bagnasco, Literas (los jueces de la “servilleta”), Trovato (el Juez del “ropero”), Nazareno, Cavagna Martínez, Moliné o' Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez (la “mayoría automática” de la Corte menemista). Frente a tal realidad no solo se desacreditó la Justicia, sino también el procedimiento de designación de los jueces que consistía en que el Presidente propusiera un candidato al Senado para que éste le prestara su Acuerdo para la designación. La experiencia menemista restó confianza en los poderes de turno y en la posibilidad de una designación de jueces verdaderamente independientes, temiendo que se volviera a abusar del afán de contar con una justicia hecha a medida. Nobleza obliga: ha habido honrosas excepciones de Presidentes que han sabido utilizar esa herramienta con responsabilidad, como de jueces que se han desenvuelto con la más absoluta independencia de criterio en el ejercicio de su magistratura. De aquellos se destacan Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner, ya que sus Cortes Supremas reunieron a los mejores hombres de derecho entre sus contemporáneos.


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Justicia modelo 2013: El Poder quiere sus jueces; y asistimos a la segunda vez que el kirchnerismo avanza sobre el Consejo de la Magistratura para la conformación de una justicia adicta, solo que esta vez lo hace importando todos los vicios del menemismo: ahora será el partido político mayoritario, a través de sus candidatos al Consejo de la Magistratura, quienes realizarán la evaluación de idoneidad de los aspirantes a jueces. Irónico, si se entiende que justamente la Justicia es el último recurso de las minorías. Desaparecerá todo límite al poder. Las ternas que emite el Consejo de la Magistratura luego de un concurso público de capacidades y aptitudes, y que importan un condicionamiento a la discrecionalidad del Presidente, serán confeccionadas por un solo partido político – el del Presidente - y constituirán un mero límite formal o decorativo. Los jueces se designarán desde Olivos. No sería de asombrar que el resultado final sea una casta de jueces genuflexos, reeditando a los Trovato, Oyarbide, Nazareno y demás. Será la “servilleta” de Cristina.

Alejandro Canepa Abogado. Secretario Legal y Administrativo Municipalidad de Paraná 2007/2011.


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LA CORRUPCIÓN COMO PRIVATIZACIÓN DEL ESTADO En los '90, el discurso político oficial del peronismo privatizador llamaba a desdeñar el pasado, con un nivel de inmediatismo que dio lugar a escandalosos procesos de transferencias de los activos públicos, endeudamiento y desmantelamiento de las capacidades estatales. La mera defensa del Estado y del concepto práctico de la política como instancia de defensa de los intereses generales frente al criterio mercantilista del puro beneficio, fue tachado de estatista y retrógrada. En la última década, el discurso oficial del peronismo viró en cambio –y sin que nadie se ruborizase- hacia la entronización de aquel pasado estatista, con continuas referencias a lo público y a la revalorización de la política, con aplicaciones concretas en término de estatizaciones y re-estatizaciones, como la televisación del fútbol o Aerolíneas Argentinas. Quienes vivimos nuestra adolescencia y primera juventud cuestionando el gobierno peronista de Menem desde posiciones emparentadas con la social democracia, hemos debido reflexionar en torno a la cuestión semántica, sobre los conceptos utilizados por la misma fuerza política que la década anterior nos corría por derecha. La cuestión central no obstante está lejos de una discusión sobre el significado de los términos, que podría ser interesante, e incluso invita a la reflexión sobre la naturaleza del poder, que también es “que las cosas quieran decir lo que yo quiero”. La cuestión central está dada por el significado social de una determinada política, como puede ser el caso de una estatización (o privatización) y sobre la realidad concreta de una acción de gobierno. En Argentina, la debilidad del Estado ya no puede achacarse a una cada vez más lejana década neoliberal y, en todo caso, el consignismo básico de una pretendida izquierda se da de bruces con una realidad social que sólo es positiva si se la compara con el momento del estallido de la convertibilidad (que diera a luz el mismo peronismo, cabe recordarlo). En efecto, la inversión de los dineros públicos ha resultado ineficiente para distribuir la riqueza en dirección a una sociedad más igualitaria. Tal ineficiencia está ligada, en buena medida, a la sombra de la corrupción estructural, mecanismo perverso cuya denuncia no puede ser relegada al lugar de la moralina. La denuncia de la corrupción presenta siempre el riesgo de la deriva hacia el discurso de la antipolítica, apelando al fastidio de la gente (más que al ciudadano) contra los políticos. Allí suele aparecer el político que no parece político, sin que algo permita suponer que éste cuente con mayores antídotos éticos que aquél.


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Pensamos que el enorme desafío de la lucha contra corrupción se inscribe en la recuperación del Estado, en la necesaria revalorización de lo público, en el interés general al que no se sirve por el mero enfrentamiento a determinadas representaciones corporativas. No se debe perder de vista que la cooptación facciosa del Estado no representa una alternativa deseable a la corporativa. En todo caso, se trata de intereses particulares, y existe la realidad de decisiones tomadas al margen de criterios razonables fundados en el bien común. Decisiones públicas cuya razón es el beneficio de los que mandan, es decir, decisiones públicas privatizadas. Todo ello tiene el enorme fin práctico de que los ciudadanos contemos con una herramienta adecuada para el desarrollo y la igualdad social: un Estado presente no sólo en carteles que digan “aquí también crece la nación” sino en capacidad de acción y regulación. Nos esforzamos en mostrar la utilidad de la honradez administrativa. Pero existe una dimensión no utilitaria, aunque suene a pretensión naif, que es la aspiración a vivir en una sociedad donde la política adquiera una dimensión ética que ha estado fundamentalmente ausente en los últimos veinticuatro años.

Ramiro Pereira Abogado. Ex secretario Convención Nacional de la Unión Cívica Radical; miembro del Instituto Moisés Lebensohn.


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¿YA NO HAY POLÍTICOS COMO LOS DE ANTES? Era un 26 de junio, no recuerdo de que año. Llovía. O tal vez lloviznaba. Sobre el pequeño escenario que quedaba formado tras el último escalón, arengaba, de pie, un viejo dirigente de Línea Popular. Fue ahí cuando escuché una frase que me acompañó durante muchos años, y que lo seguirá haciendo durante muchos años más: “Llegó al gobierno con las manos vacías y se fue del gobierno con las manos todavía más vacías”. Más allá de la exageración evidente, fue una frase que me llenó de orgullo. No sólo porque hablaban de Raúl Uranga, a quien siempre vi como a un ejemplo a seguir más que como a un abuelo, sino porque quien lo decía lo transmitía con un orgullo tan intenso que era contagioso. Aquella fue la primera vez que escuché esa frase, pero de vez en vez la volvería a encontrar, en distintas situaciones y expresada de diferentes formas, aunque siempre con el mismo mensaje: la honestidad de Raúl Uranga era algo para destacar. Algo similar ocurre con otros políticos de la época, como Frondizi e Illia, quienes hicieron de la honestidad y la austeridad una bandera. Cada vez que alguien acude a los clásicos lugares comunes “para llegar hay que transar” o “todos los políticos son corruptos”, suelo esgrimir estos ejemplos y suelo recibir la misma respuesta: “ya no hay políticos como los de antes”. Siempre me pareció una respuesta un poco extraña. ¿Será cierto que “ya no hay políticos como los de antes”?, ¿qué puede haber cambiado tanto?, ¿cómo pudo llegar tan lejos la corrupción?. Responder estas preguntas no es fácil y, además, puede hacerse desde diferentes puntos de vista. El más académico no podría dejar de mencionar el deficiente diseño de los mecanismos de control, y las fallas en su implementación y ejecución. Otra respuesta, que es más polémica y casi un lugar común, señalaría a la supuesta connivencia entre jueces y funcionarios públicos que prácticamente garantizaría la impunidad. Cualquiera sea la explicación, es un hecho inobjetable que el sistema judicial argentino no es efectivo a la hora de juzgar casos de corrupción; los números hablan por sí solos: el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) hizo un seguimiento de las 750 causas de corrupción en la administración pública iniciadas entre 1983 y 2007, sólo 7 terminaron en sentencia, con 10 condenados. Bien… ¿y esto cómo explica que ya no haya “políticos como los de antes”?. Bueno, en realidad no lo explica. Tal vez sean explicaciones útiles para entender por qué proliferó tanto la corrupción. Tal vez no sea la causa de la corrupción, sino una consecuencia del proceso de degradación institucional que vino de la mano de la corrupción; es difícil discernir cuál es la causa y cuál es el efecto. Pero, de todas formas, no responde la pregunta. En realidad, la respuesta es simple: no es que ya no haya “políticos como los de antes”, ¡lo que pasa es que no los votamos!. La pregunta correcta sería, entonces, ¿por qué no los votamos?.


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Vale aclarar que las características que definen a los “políticos como los de antes” son la honestidad, la coherencia y la búsqueda del bien común por encima del beneficio personal. Digamos, entonces, que estamos hablando de líderes políticos y morales, personas de las que sus seguidores están orgullosos por los valores que representan. Creo que hay dos factores que explican por qué no los votamos. El primero está relacionado con el punto en que nos encontramos hoy en día: muchos argentinos creen que es imposible eliminar la corrupción, incluso muchos la han naturalizado, como si fuese algo intrínseco de todo sistema político, y han aprendido a tolerarla, adaptándose a ella y a sus códigos. Esto reviste una especial gravedad, porque socava las bases de nuestra democracia, que descansa sobre la credibilidad y representatividad del sistema. El segundo factor, es la existencia de problemas con mayor peso en la determinación del voto que la moralidad de los candidatos. Si bien esto puede estar influido por la convicción de que la corrupción no tiene solución, es fácil de entender que la inestabilidad económica, el desempleo, la inseguridad, la pobreza y la inflación, son problemas más concretos y tienen una influencia más directa sobre las personas que la corrupción, que es un problema más abstracto y tiene un efecto indirecto. Por lo tanto, resulta lógico que los ciudadanos voten a quienes creen que pueden dar una mejor respuesta a estos problemas, más allá de su honestidad. O, en simples palabras: es lógico que voten a los que “roban pero hacen”. Bueno, puede ser una respuesta válida, pero sólo explicaría por qué la gente no vota a un candidato por la sola promesa de honestidad, pero no explica por qué los honestos no ganan elecciones. Para hacerlo, voy a echar mano a un concepto de Martín Caparrós, el “honestismo”. Él mismo lo define como “esa idea tan difundida según la cual –casi– todos los males de la Argentina contemporánea son producto de la corrupción en general y de la corrupción de los políticos en particular.”. El problema con el honestismo es que reduce la política a la denuncia y la lucha contra la corrupción, y descuida otros temas que deberían ser sus ejes centrales. Pero, ¿cómo?, si decimos que la corrupción socava las bases de la democracia, ¿no tendría que ocupar un lugar central en la agenda política?. Sí, es cierto. No digo que no sea importante, sino que no debe ser el tema más importante. Ese fue uno de los grandes errores de buena parte de la oposición de estos últimos años: creer que con la bandera de la honestidad alcanzaba para ganar votos y llegar al gobierno. Pensar que la justicia va tornarse más efectiva a la hora de juzgar a la corrupción o que se van a mejorar los controles del Estado mientras haya políticos corruptos en el poder sería una ingenuidad alucinante. Para resolver el problema de la corrupción se necesita que lleguen al poder políticos honestos e interesados en mejorar las instituciones y sus mecanismos de control. Pero, ya dijimos que para ganar elecciones y llegar al poder no alcanza con oponerse fervientemente a la corrupción. Entonces, ¿cuál es el camino?.


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El camino es el mismo que emprendieron Don Arturo Frondizi y sus gobernadores en el '58: la construcción de un proyecto de país para todos los argentinos, un proyecto que dé respuesta a los problemas que nos preocupan y que sea capaz de volver a ponernos en el camino del Desarrollo, y una construcción en manos de hombres honestos y mujeres honestas, pero que no hagan de la honestidad su única bandera. Si somos capaces de hacerlo, demostraremos que es posible construir y gobernar con honestidad, que hay una mejor alternativa al “roban pero hacen” y que todavía hay lugar en la política para quienes creemos que la honestidad, la coherencia y la búsqueda del bien común por encima del interés personal no son sólo las características de los “políticos como los de antes” sino las condiciones mínimas necesarias para dedicarse a la política. Y… ¿quién sabe?, si hacemos las cosas bien, tal vez hasta consigamos que alguien vuelva sentir ese mismo orgullo que alguna vez supo transmitirme aquel viejo dirigente de Línea Popular.

Francisco Uranga Ingeniero Industrial Miembro de la Fundación para el Desarrollo Entrerriano “Gob. Dr. Raúl L. Uranga”. Movimiento de Integración y Desarrollo.



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