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SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS por la Comisión y por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En Guatemala, el 13 de marzo de 2003, el gobierno, el Defensor del Pueblo, y un gran número de organizaciones de la sociedad civil, acordaron crear la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Esta Comisión, que estará constituida por tres comisarios, el primero nombrado por el gobierno guatemalteco, el segundo nombrado por la ONU, y el tercero nombrado por la OEA, tendrá por mandato la investigación de los grupos armados ilegales y del aparato clandestino de seguridad que operan en el país, con una atención particular sobre los defensores de los derechos humanos, los jueces, los testigos, y otros representantes de la sociedad civil. Esta Comisión constituye una fuente de esperanza para la sociedad civil aunque todavía se encuentra en la fase de proyecto. La ONU, que efectuó recientemente una misión de evaluación del proyecto, aún no ha informado si participará en el proyecto, y en qué términos. El año 2003 se caracterizó por algunos avances en materia de lucha contra la impunidad, especialmente en Argentina, Perú y Brasil. En Argentina, el hecho que el Presidente Néstor Kirchner consiguiera que la Cámara de Diputados aprobara la anulación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, constituye una etapa fundamental en la lucha contra la impunidad, para que los responsables de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad sean finalmente juzgados y sancionados. En Perú, la publicación del informe de la Comisión de la verdad y la reconciliación, el 28 de agosto de 2003, marcó un gran viraje hacia la instauración de la verdad y de la paz en ese país, y constituye una victoria de los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, esta victoria será definitiva solamente cuando sean puestos en marcha los mecanismos susceptibles de garantizar la aplicación de las recomendaciones de la Comisión. En Brasil, dos grandes propietarios de tierras fueron condenados por un jurado popular, en mayo de 2003, a 19 años y 10 meses de prisión por haber ordenado el asesinato, ocurrido el 8 de diciembre de 198526, de

26 Ver Informe de misión de observación judicial del Observatorio, de mayo de 2003, Proceso contra los autores intelectuales del asesinato de João Canuto de Oliveira. Los Sin Tierra y sus defensores en el Estado de Pará.

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Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)  

Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)

Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)  

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