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SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Sin embargo, la política del Presidente Álvaro Uribe Vélez no dio marcha atrás y adelantó desde entonces una lucha en el congreso, del cual controla la mayoría, para lograr una reforma constitucional que confiera al ejército poderes de policía judicial, autorizando en particular las detenciones y los allanamientos sin orden judicial6. Tanto las organizaciones de la sociedad civil colombiana, las ONG internacionales, como las más altas instancias de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos han llamado al Estado colombiano para que renuncie a esta reforma. Esta misma recomendación ya ha sido hecha por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas7, en la Declaración que realizó la Presidencia de la mencionada Comisión sobre Colombia, el 25 de abril de 20038, en la cual se solicita expresamente al Estado colombiano que evite la transferencia de poderes judiciales a las fuerzas armadas retirando el mencionado proyecto. A pesar de dichas recomendaciones y tal como se explicó anteriormente, el 10 de diciembre de 2003, el Acto legislativo anti-terrorista fue votada por el legislativo colombiano. En Guatemala, la situación de los defensores de los derechos humanos sigue siendo particularmente inquietante. En efecto, los acuerdos de paz que pusieron fin a 36 años de guerra interna enfrentan muchas dificultades para ser puestos en marcha, especialmente aquellos que tratan de la situación socio - económica y de la situación agraria, haciendo temer por una degradación de la situación de los derechos humanos en el país. En 2003, los defensores, atrapados en un contexto electoral claramente polarizado, continuaron siendo víctimas de actos de persecución y de violencia por parte de miembros de grupos paramilitares9. Numerosos funcionarios - judiciales o encargados de la protección de los derechos humanos (Oficina del Procurador de los Derechos Humanos)

6 Ver compilación de casos, más adelante. 7 Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, documento E/CN.4/2003/13, del 24 de febrero de 2003. 8 Conviene subrayar que los términos de esta Declaración fueron negociados con el Representante, Ministro plenipotenciario de Colombia, el Sr. Carlos Franco. 9 Asesinato de un miembro del Grupo de apoyo Mutuo (GAM) y amenazas frecuentes contra esa organización y contra la Fundación Rigoberta Menchú, ver compilación de casos más adelante.

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Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)  

Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)

Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)  

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