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ÁFRICA del orden público ». De otra parte, el artículo 19 prohibe « toda acción que atente contra los derechos de los otros ciudadanos, y que busque alterar la paz, el orden y la seguridad pública por la fuerza » así como « toda acción que tenga como finalidad o implique el riesgo de provocar este tipo de problemas o violaciones ». En el marco de una formulación tan imprecisa, la obligación de obtener una autorización previa limita la libertad de reunión de manera tan arbitraria como selectiva.

La ley relacionada con el acceso a la información y a la protección de la vida privada (Access to Información and Protection of Privacy Act - AIPPA) y la ley sobre los servicios de radiodifusión (Braodcasting Services Act - BSA) La ley sobre la información (AIPPA), adoptada en marzo de 2002 y enmendada en 2003, autoriza de hecho a las autoridades a ejercer un estrecho control político sobre todos los medios de comunicación del país. Los artículos 38 a 42 de la AIPPA prevén la puesta en marcha de una Comisión sobre los medios y la información (Media and Información Comisión - MIC), cuyos miembros son nombrados por el Ministro de la Información, el Sr. Jonathan Moyo. Esta Comisión es responsable del registro, desde ahora obligatorio en virtud del artículo 66, de todos los periodistas que trabajan en Zimbabwe, incluidos los periodistas extranjeros. A pesar de que la licencia de funcionamiento es acordada por la MIC para un periodo de un año renovable, muchos se autocensuran por temor a que su autorización no sea renovada. Un redactor en jefe, entrevistado por los encargados de misión del Observatorio, reconoció que regularmente debe endulzar los artículos de sus periodistas, para evitar el cierre del periódico. Además, el artículo 65 autoriza a la Comisión a iniciar un procedimiento judicial contra todo periodista que publique informaciones « que amenacen los inte-reses de la Defensa y los intereses económicos del Estado implicando un atentado a la seguridad y al orden público así como a la moralidad y a la salud públicas ». La ley sobre la información, combinando un procedimiento de registro particularmente pernicioso con estrictas limitaciones en cuanto a las informaciones tratadas, constituye una restricción a la vez directa e indirecta de la libertad de expresión. De otra parte, la AIPPA, que en numerosas ocasiones ha sido utilizada contra los periodistas, fue igualmente invocada contra los activistas de los derechos humanos que reúnen informaciones, lo que compromete aún más el acceso de la población a la información. 72

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Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)  

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