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MAGREB/ORIENTE MEDIO En ese contexto, la sociedad civil israelí no constituye una excepción. Aquellos que se manifiestan en contra de las exacciones cometidas por el ejército israelí en los Territorios Ocupados y contra las posiciones extremistas del Primer Ministro Ariel Sharon, son sancionados, cada vez con mayor frecuencia. En 2003 por primera vez desde los años 70, objetores de conciencia fueron llevados ante un tribunal militar y condenados a penas de prisión6. Este cambio de estrategia parece motivado por el temor a la creciente oposición a las violaciones perpetradas por el ejército israelí, lo que puede empañar la imagen del ejército y del Estado de Israel. El aumento importante del número de jóvenes « refuzniks », nombre dado a los militares que se niegan a servir en los Territorios Palestinos ocupados, es una prueba de ello. El caso de los aviadores es igualmente revelador : 27 pilotos de reserva del ejército del aire declararon públicamente en una carta abierta enviada a Dan Haloutz, Comandante en Jefe del Estado Mayor del mencionado ejército, que se oponían a « la ejecución de órdenes de ataques ilegales e inmorales como aquellos que Israel realiza en los Territorios » y que se negaban « a seguir atacando a civiles inocentes ». Estos pilotos fueron inmediatamente suspendidos de sus funciones por el Ejército del aire, y a siete de ellos, que estaban aún activos, se les prohibió volar. En Iraq, las personas comprometidas en los procesos de reconstrucción, especialmente el personal humanitario y los funcionarios de organismos internacionales, se vieron confrontados a una situación de inseguridad creciente desde el comienzo de la invasión norteamericana. Esta situación se debe a los numerosos ataques perpetrados contra los defensores internacionales por parte de algunas fuerzas extremistas interesadas en sabotear el proceso de reconstrucción iraquí. Estos ataques culminaron con el atentado suicida perpetrado contra la sede de la ONU en Bagdad el 19 de Agosto de 2003, en el que encontró la muerte el Sr. Sergio Vieira de Mello, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al igual que otros 22 miembros del personal de la ONU. La sede del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también fue objeto de un atentado el día 27 de octubre de 2003. Esta situación de inseguridad es agravada por los numerosos pillajes y actos de vandalismo de los cuales son víctimas los convoyes humanitarios.

6 Idem.

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Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)  

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