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SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Lucha contra el terrorismo y degradación del derecho La multiplicación de las políticas, leyes y procedimientos llamados de seguridad o de lucha contra el terrorismo, ha tenido importantes consecuencias sobre la acción de los defensores de los derechos humanos en Asia. En ese contexto, los defensores se enfrentan a un clima en el cual la defensa del derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, o la prohibición de la tortura son considerados por algunos Estados, como no pertinentes. La estrategia de seguridad se impone ampliamente sobre la exigencia del respeto de los derechos y de los principios. Es mucho más difícil para los defensores difundir su mensaje de paz y de justicia en un clima de radicalización, de un creciente comunitarismo y de represión progresiva. En el caso particular de Malasia, el gobierno presentó para su adopción en el parlamento, enmiendas al Código Penal y a la Ley contra el lavado de dinero, basadas en las « infracciones relacionadas con el terrorismo ». Según estas enmiendas, las penas correspondientes a actos « terroristas » preveerían condenas que podrían extenderse desde los siete años de prisión hasta la cadena perpetua, así como la pena de muerte. Dichas disposiciones siguen siendo vagas y cubren actos que van desde el hecho de infligir « serias heridas corporales a una persona » hasta aquellos que implican « perjuicios a la seguridad nacional o a la tranquilidad pública ». En Indonesia, el 6 de marzo de 2003, el parlamento promulgó los decretos antiterroristas « Perpu » n° 1/2002 y « Perpu » n° 2/2002. Estos dos decretos habían sido adoptados por el gobierno indonesio luego del ataque terrorista perpetrado el 18 de octubre de 2002 en Balí. El « Perpu » n° 1/2002 autoriza la detención de individuos hasta por seis meses, sin enunciar cargos ni proceso. Los poderes de los investigadores han aumentado puesto que ahora están autorizados a examinar el correo personal y registrar las llamadas telefónicas o cualquier otra comunicación, hasta por un año. Los informes de los servicios secretos pueden desde ahora ser utilizados como prueba legal, lo cual les otorga considerables poderes. Las actividades terroristas son definidas de una manera tan amplia, que las actividades políticas y legítimas de oposición al gobierno, son susceptibles de ser consideradas como terroristas. En Filipinas, dos leyes antiterroristas - H.B 5923 y S.B. 2540 - están actualmente pendientes de aprobación, frente a las dos cámaras del Congreso. Mientras que la ley H.B 5923 prevé una pena máxima de 175

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Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)  

Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)

Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)  

Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)

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