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LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS OPRIMIDOS démicos, dirigentes sociales, partidos y movimientos políticos de izquierda, fueron amenazados. Por primera vez, la « Legión Blanca » extendió sus « advertencias » a los funcionarios gubernamentales que representan la tendencia indígena y de izquierda del nuevo gobierno, a quienes esta considera « ex-subversivos » y « revoltosos rojos ». Además, por primera vez, el grupo para-oficial declaró que tenía el apoyo incondicional de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y el apoyo implícito del Gobierno, con base en las declaraciones y decisiones en materia de política exterior (alianza incondicional con el Gobierno de los Estados Unidos y con la política del Presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez) y en materia de política económica. El grupo para-oficial excluyó, por primera vez, de su larga lista de amenazados, los nombres de militares, en contraste con sus anteriores comunicados en los que sí amenazaron explícitamente a varios oficiales de las Fuerzas Armadas que actuaron en la rebelión social del 21 de enero de 2000. La « Legión Blanca » apareció en julio de 2001 y difundió por correo electrónico, varios comunicados que contenían amenazas de muerte contra los representantes de la sociedad civil ecuatoriana, manifestando la posibilidad de asesinatos así de como acciones ilegales (incursiones, sabotajes,... etc.). Así, en su primera comunicación de fecha 30 de julio de 2001, el grupo amenazó explícitamente a los defensores de derechos humanos, Sres. Alexis Ponce, Vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) ; Pablo de la Vega, Coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos ; Yanet Yañez y Teresa Orrego, de la Red de Hermandad y Solidaridad Colombo-Ecuatoriana ; Elsie Monje, Presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos humanos (CEDHU) ; Inés Espinosa, Secretaria Ejecutiva del Frente Ecuatoriano de derechos humanos (FEDHU), y Johnny Jiménez, Presidente del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). En su comunicación también acusó injustamente a dichas personas de mantener relaciones directas con la guerrilla y con los « narcoterroristas » colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y de introducir en Ecuador armas desde Colombia con el propósito de desestabilizar la democracia ecuatoriana. El 20 de agosto de 2001, en su Comunicado n° 4, la Legión Blanca había asumido la responsabilidad de varias ejecuciones sumarias, entre otras, el asesinato de la Directora del Comité Pro Refugiados de la

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Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)  

Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)

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