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AMÉRICAS La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ya había sido objeto de persecución judicial en 1997 y en 1999 por el supuesto delito de calumnia e injurias. Se recuerda que la sede de la Justicia y Paz en Bogotá había sido allanada en 1998, que sus miembros han sido amenazados de muerte en numerosas ocasiones y que uno de sus miembros, Danilo Rueda, fue objeto de seguimientos y de un intento de secuestro en 200266. Estas amenazas y judicialización pueden encontrarse relacionadas con la importante actividad judicial realizada por Justicia y Paz en la región. En efecto, la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se encuentra implicada en un proceso contra la empresa Maderas del Darién por la explotación ilegal de los recursos naturales en la cuenca del río Cacarica, y es parte civil en varios procesos contra militares presuntamente responsables de graves violaciones de derechos humanos, como Rito Alejo del Río. Respecto al primer proceso, la Corte Constitucional, en su sentencia T-955/2003 de diciembre de 2003 falló la tutela de los derechos a la diversidad, a la identidad cultural, a la propiedad y a la participación y a la subsistencia de las comunidades negras del Cacarica. Las Declaraciones del General Mora Rangel, del 21 de agosto de 2003, han sido retomadas por la prensa, la cual, a través de varios medios de comunicación, contribuyó a la estigmatización y al desprestigio de esta asociación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Debe resaltarse la existencia de un artículo en el periódico estadounidense The Wall Street Journal el 14 de noviembre de 2003, en el que se acusa a los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de colaborar con las FARC. La CJP que trabaja en el proyecto de Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA), está conformada por religiosas y religiosos de la iglesia Católica, de otras Iglesias y por misioneros laicos. Esta ONG mantiene presencia y acompañamiento permanente en las comunidades de antiguos desplazados que habitan en la zona del Cacarica, particularmente en los asentamientos (pequeñas

66 Ver informe anual 2002.

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Los defensores de los derechos humanos frente a las políticas de seguridad (2004)  

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