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DESPERTAR DE OAXACA

Martes, 3 de junio de 2014

OPINIÓN Indicador Político

Columna Invitada

Carlos Ramírez

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ELIPE VI: SÚBDITOS O CIUDADANOS. En medio de la peor crisis del sistema monárquico y a punto de decidir en tribunales si la ley alcanza a la infanta Cristina por fraudes de su esposo Iñaki Urdangarin, el rey Juan Carlos I abdicó a su cargo y heredó la corona a su hijo Felipe VI. La abdicación del rey se dio en el escenario de unas de las peores crisis del reino de España: la decisión de Cataluña de separarse de España, el colapso del sistema político con la declinación del bipartidismo Partido Popular-Partido Socialista, la calificación de 3.7 % de la monarquía y la consolidación del debate ciudadanos-súbditos y las severas críticas al propio Juan Carlos I por comportamientos que antes formaban parte de las actividades monárquicas —como la cacería—, llevaron a España a una crisis de la forma de gobierno. La figura del rey ha sido central en España, aunque ahora ha comenzado a convertirse en un lastre. La guerra civil 1936-1939 fue la lucha entre el sistema republicano que había ganado las elecciones y el alzamiento militar de Francisco Franco a favor de la monarquía. Franco ganó la guerra, gobernó con Juan Carlos como figura decorativa como príncipe a título de rey. España sólo pudo consolidarse como monarquía constitucional a la muerte de Franco, cuando don Juan de Borbón, conde de Barcelona y heredero del trono, pero sin corona porque no reconocía a Franco, abdicó en 1976 a favor de Juan Carlos pero —y éste es el dato mayor de la transición española a la democracia— a cambio de la promesa del joven príncipe de impulsar un régimen monárquico constitucional y democrático. Juan Carlos firmó el compromiso ya muerto Franco y España transitó a la democracia. De ahí que el verdadero artífice de la transición española haya sido don Juan, el noble heredero de Alfonso XIII que no pudo ser rey. A partir del principio del poder neutro que definió en 1815 el inglés Benjamín Constant de que “el rey reina, pero no gobierna”, Juan Carlos I consolidó la transición democrática, titubeó en 1981 cuando permitió que los militares quisieran deponer al presidente constitucional Adolfo Suárez para colocar a un militar como interino y luego entró en una fase de descomposición de su figura política: acumulación de riqueza personal inmensa, pero viviendo a costa del dinero fiscal, vida sexual fuera del matrimonio, participación en el club secreto Bilderberg como sociedad secreta internacional para controlar el mundo, carecería de animales que causaron horror mundial. En 2009, en una entrevista grabada, el asesor político de don Juan de Borbón, Luis María Ansón, dijo a Indicador Político que la monarquía ya no era la de antes y que España estaba preparaba para decidir sin violencias ni guerras civiles si quería seguir como monarquía u optar por una república. Ahí estaba ya el germen del colapso de la monarquía: por la crisis política, los excesos del rey y la falta de sensibilidad hacia sus súbditos, en los últimos meses había abucheos crecientes para el rey, la reina y el príncipe hoy ascendido a rey. Ayer mismo, en Madrid se realizaron movilizaciones a favor de la república. Pero más que cuestionamientos a la forma de gobierno porque España es un sistema constitucional democrático y la monarquía sólo simboliza la historia española, las críticas tienen que ver con la insensibilidad de la familia real por escándalos, corruptelas y excesos sociales. La foto del rey con un elefante cazado con un rifle de alto poder —algo común hasta hace poco— sacudió la sensibilidad de la sociedad y aumentó el repudio al rey. La autoridad moral de Juan Carlos I se agotó con la consolidación del régimen democrático en 1982, cuando la izquierda llegó al poder y no cuestionó el régimen monárquico. Hoy vientos republicanos soplan de nuevo en España. Y la tarea del rey Felipe VI será unir o dividir a los españoles.

Samael Hernández

Hagamos la reforma educativa: ¿y los niños?

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a reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto presenta síntomas de un mal degenerativo, es decir, atribuible más a ciertos factores de origen que a causas externas. Las modificaciones a los artículos 3° y 73 constitucionales y sus leyes secundarias, establecieron nuevas reglas para el ingreso y permanencia de los trabajadores de la educación en el servicio público y anunciaron acciones en busca de la calidad educativa centrada en la profesionalización del docente, la evaluación y un sistema nacional de información. En mi opinión, toda la propuesta se centraba más en recuperar el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y sus agremiados, que en planteamientos de orden pedagógico. Es probable que el señalamiento de este sesgo, haya llevado a la Secretaría de Educación Pública a la convocatoria de los foros de consulta sobre el modelo educativo nacional que aún se llevan a cabo. En relación con el tema de orientar la reforma hacia asuntos de orden sustancialmente educativos, propuse, en un documento que entregué a un integrante de la legislatura federal y sus correligionarios, que un punto importante era centrar el sistema de información en los educandos y no sólo en los profesores. En el documento que entregué a los legisladores se hacía la propuesta de establecer un sistema de matrícula única y universal que permitiera contar con la historia escolar y psicopedagógica de los niños y jóvenes que constituyen la población a la que da servicio el sistema educativo por un imperativo constitucional. Me comentaron mis amigos que le presentarían la idea al secretario federal pertinente y discutirían con él la factibilidad y viabilidad de la iniciativa. La preocupación inicial que los legisladores me plantearon fue: ¿Hasta dónde esta medida implicaba esfuerzos institucionales y gastos adicionales difíciles de solventar? Mi respuesta fue que la Secretaría de Educación Pública (SEP) contaba ya, no sólo con la infraestructura y la tecnología requeridas para instrumentar una política de este tipo, sino con los programas, recursos y personal técnico de muy buen nivel para afrontar la tarea sin necesidad de incrementar demasiado el gasto público. En efecto, el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (Rename) opera desde hace algunos años y su sistema contiene información que, desde mi punto de vista, hacía innecesaria la intervención del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), al menos en un primer momento. El Rename, podría ser la base de un sistema nacional de matrícula única universal. No sé qué sucedió con mis amigos los diputados, pero hace unos días la organización Mexica-

nos Primero, anunció en Puebla que le propondrá al gobierno federal algo semejante a la matrícula única, derivado del problema de los niños invisibles, los pequeños de 0 a seis años que por diversas razones, no son atendidos por nuestro sistema educativo. Focalizar a los beneficiarios directos de los servicios de educación tendría efectos favorables en el diseño y aplicación de acciones para mejorar el sistema educativo. Entre éstas están aquellas que exigen la evaluación continua de los factores que determinan la calidad de la educación, entre ellos los maestros; por cierto, algunas de las cuales ya las consideran las actuales leyes federales. Al respecto, la reforma del presidente Peña Nieto modificó substancialmente las condiciones para el ingreso, desarrollo y permanencia del personal, sobre todo docente, en el servicio educativo. Restableció también viejas formas para operar la contratación y pago de los trabajadores de la educación en todos los estados de la república, esto es, volvió a una política centralizada, al parecer muy del gusto de esta administración. Pero aunque la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que será la evaluación la que determine el ingreso, desarrollo profesional y permanencia de los trabajadores en su empleo, el marco normativo laboral sigue sin cambios. Lo anterior significa que los trabajadores tendrán el recurso de la no retroactividad de las leyes de la reforma y la vigencia de sus derechos para apelar contra cualquier dictamen o sanción que lesione sus intereses como trabajadores. Lo anterior no parecen saberlo los afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes con su discurso asustan a sus agremiados con el petate de la reforma, aunque en las reuniones con el gobierno federal, negocian prioritariamente la no afectación de sus prebendas. Tal vez considerando las normas laborales vigentes, el gobierno federal convenga con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la CNTE el respeto a los derechos adquiridos; pero no en todos los casos será posible. En Oaxaca por ejemplo, varias prestaciones están sostenidas con alfileres, por no hablar de verdaderas aberraciones que constituyen delitos federales graves. Mientras tanto, el tiempo en que la SEP vuelva a centralizar los pagos y las contrataciones, se acerca de modo inexorable. La armonización de las leyes locales con las correspondientes federales derivadas de la reforma educativa, encontró su primer obstáculo en algunas legislaturas de los estados que pretendían suavizar las cosas a sus respectivos Poderes Ejecutivos. No les resultó. Por otra parte, en Oaxaca las cosas siguen igual. ¿Hasta cuándo?

Despertar de Oaxaca, 03 junio 2014  

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