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El Territorio Es E Elemento o Fundamen ntal Para La a Supervive encia De Lo os Pueblos Indígena as de Colom mbia

ada por el consejero c de e tierras de la Organiza ación Nacion nal Esta intervención fue prepara ena de Colombia –ONIC C, Javier Sá ánchez, para a el Foro so obre Los acctores socialles Indíge frente a la política de restitució ón de tierras s. ndamental para p la supe ervivencia d de los pueb blos indígen nas El terrritorio es ellemento fun (PPII) de Colombiia y no se re educe al hec cho de la pro oducción de e la tierra, sin no que impliica un espacio vital para p la satis sfacción de las necesid dades de dichos puebllos, al que se articula un sentido o de pertene encia en torrno a la man nera de ver la vida. Porr esta razón el despo ojo del que han h sido obje eto los 102 pueblos ind ígenas que perviven en n Colombia, no sólo vulnera su de erecho al terrritorio sino que q destruye e los cimienttos culturale es de su vida ay con ello todos sus s derechos fu undamentale es. En estta breve inte ervención no os proponem mos exponerr algunos pu untos neurálgicos en torrno a la re estitución de territorios de los PPIII. Para ello o dividimos esta interve ención en trres partes s: en la prim mera menciionamos alg gunos probllemas del p proyecto de e ley sobre la restitución de tierrras en Colom mbia, en ate ención a que e no contempla un enfoq que diferenccial para lo os PPII; en la segunda recalcamos s sobre los p problemas la atentes con los puebloss y de las relacciones entre el sus te erritorios; y en e la tercera a exponemo os el panora ama actual d estado o y los PPII de Colomb bia, frente a la consulta a extraordina aria del Plan Nacional de Desarrrollo 2010- 2014 del gobierno g Sa antos, y las metodologías de conssulta para llos proyec ctos de Ley de víctimas y tierras. Los prroyectos de Ley de víctiimas y de tie erras carece en del enfoq que diferencial y no fuerron consultados con los 102 PPII de Colomb bia, a pesar de que en e el convenio 169 de la O OIT sobre cuestiones indígenas y tribales en países inde ependientes, y la recien nte declaración de las s Naciones Unidas sobrre los derec chos universsales de loss PPII, estab blecen que se debe “consultar “ a los pueblos sobre todas s las medida as que puedan llegar a a afectarles”, llos proyec ctos de ley y fueron ra adicados sin la debid a consulta,, violando este dereccho fundam mental. En efecto, a pesar de que e el gobiern no reconoce e que entre e las miles de


víctimas del país, que han sido objeto del despojo de sus tierras, se encuentran los PPII, no hubo iniciativa gubernamental para consultar los dos proyectos antes de su radicación. La propia Corte Constitucional en el auto 004 que da seguimiento a la Sentencia de Tutela 025, ha dicho que los PPII de Colombia, en el contexto del desplazamiento forzado interno, es uno de los grupos más vulnerables entre los vulnerables. Sin embargo, los PPII no son indiferentes en relación con la sociedad colombiana, reconociendo que entre las víctimas del conflicto armado interno colombiano, se encuentran principalmente las mujeres, y los niños y niñas de los estratos más bajos, ponderando los derechos fundamentales de las víctimas, y teniendo en cuenta la fundamentalidad del Derecho a la Consulta Previa a los PPII, en la Mesa Nacional de Concertación (5 y 6 de octubre de 2010). Los PPII de Colombia estudian la posibilidad de realizar una consulta extraordinaria, excepcional, y por una sola vez, sobre el Plan Nacional de Desarrollo y las leyes de victimas y tierras. El propósito es no obstaculizar el proceso de reparación las víctimas, pero tampoco aceptar la exclusión sistemática a que han sido sometidos en todas las iniciativas legislativas presentadas por el gobierno Santos, desde su posesión. Pero no sólo las del gobierno sino las de otras instancias que obvian el derecho fundamental a la consulta previa tomándolo como una talanquera del proceso, o como el talón de Aquiles en el proceso de reparación a las víctimas. Trasladando hacia los pueblos indígenas su responsabilidad frente a la sociedad, sobre el futuro de la iniciativa en caso de no tener éxito. Todo ello por su negativa a realizar el derecho fundamental a la consulta previa. Nos referimos particularmente al artículo publicado por Cesar Paredes en la Revista Semana, en el que se dice que el talón de Aquiles de los proyectos de ley del gobierno es la consulta previa a los pueblos indígenas. Hay que decir que el proyecto de restitución de tierras presentado por el Gobierno Nacional es inferior al borrador en el que venía trabajando la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, principalmente porque excluye a los PPII. Asimismo el gobierno establece una única instancia para la restitución y limita tanto la inversión de la carga de la prueba como las presunciones, a las zonas donde el gobierno las operará, sin mencionar que la reclamaciones se resuelven por cada uno de los reclamantes y no acumulando las reclamaciones frente al predio que se desea restituir. Así también la ausencia de reformas a las normas civiles que amparan el testaferrato y la adquisición de predios por grupos armados ilegales y narcotraficantes. Pero la mayor limitación de todas en el proyecto, es que poseen un universo de víctimas muy restringido; esto es, que sólo contempla a las víctimas en el marco de la ley 975 de justicia y paz, y en hechos conocidos en los procedimientos de esta. Como es reconocido por la opinión pública, estos hechos son mínimos en comparación con las miles de violaciones de derechos humanos y despojos efectuados a las víctimas en Colombia. Aquí no sólo se muestra las limitaciones a la reparación, si no la inclinación que hay en el Estado para favorecer ciertos intereses, para no reparar las violaciones cometidas por sus agentes. Como se reitera en este proyecto no hay espacio para los PPII. En términos económicos el proyecto no establece un modelo de desarrollo que sea sostenible sino que pretende acompasarse con las iniciativas de depredación del ambiente, que buscan las locomotoras del plan de buen gobierno de Santos. Y como si fuera poco no se valoran las formas productivas de los PPII, ni sus particulares cosmovisiones, en las que el territorio ocupa un lugar nodal y a través de las cuales crea


un desarrollo económico sostenible, conservando el ambiente como un sujeto vivo con derechos. Finalmente el proyecto tiene serias dificultades políticas en la medida en que lo hace parte de un proceso de justicia transicional, por dos razones: la primera relacionada con la ausencia de diálogo con los grupos armados organizados al margen de la ley, sobre el control territorial y las formas de justicia que éstos siguen ejerciendo en Colombia. El segundo, relacionado con la interpenetración de mafias en las instituciones estatales y su decadente credibilidad para jalonar un proceso transicional, a todas luces parcializado. En estas condiciones, lo que se puede ver es que el uso de la justicia transicional ha sido un avance en términos retóricos, de reconocimiento a los derechos de las víctimas y los PPII, cosa que para nada es desdeñable pues antes ni siquiera se tocaba el tema. Sin embargo se ha visto limitado por su uso perverso a favor de los detentadores de la tierra y de su modelo productivo. En esta parte quisiéramos mencionar las problemáticas indígenas en relación con el territorio, ya que de forma paralela al proyecto de restitución de tierras y en forma contradictoria con su discurso de la multiculturalidad, el gobierno tiene represadas en el INCODER --institución en la cual no se tiene confianza de parte de los PPII para adelantar un proceso de restitución--, más de 400 solicitudes de constitución, saneamiento o ampliación de resguardos. Esto implica que si no se logra culminar estos procesos es muy probable que no tenga sentido la restitución. Si no se puede en lo poco, sí qué menos se avanzará en lo mucho. Las probabilidades de que la reparación se quede en la restitución de títulos son altas, así como que quede en tela de juicio el componente social del Estado y la pretendida eficacia y efectividad material de los derechos. Sólo por mencionar dos problemáticas más, hay que decir que el gobierno ha desconocido los resguardos de origen colonial y republicano. Esto es, ha dejado sin protección jurídica a una gran mayoría de territorios ancestrales indígenas que incluso fueron reconocidos por la Corona Española y el libertador Simón Bolívar. En efecto en el oficio 2400 del 24 de setiembre de 2009, firmado por el subgerente de promoción del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Jairo Alfonso Mesa Guerra), dirigido al Subdirector de Geografía y Cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, expidió un documento que certifica que no se encontraron resguardos de origen colonial en sus bases de datos. Con fundamento en esta certificación el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, expidió la circular 5060 en la que ordena inscribir en la base de datos catastral, únicamente los resguardos legalmente constituidos por el Incoder. Y agrega que: “las inscripciones catastrales vigentes de todos los predios denominados resguardos indígenas deben ser revisados. Garantizando que sólo aparezca con este nombre en la base de datos catastral del municipio correspondiente, los que tengan soporte legal, de acuerdo con la resolución del Incoder”. Con esto el Ministerio de Hacienda deja de mirar a los municipios donde se ubican los resguardos indígenas coloniales, los recursos que esto recibe por el impuesto predial de las tierras del Resguardo, y en consecuencia los municipios deben empezar a cobrar dicho impuesto a los indígenas. Rompen la regla establecida en el decretos del 20 de mayo de 1820 del libertador y la ley del 11 de octubre de 1821 del congreso de Cúcuta, en el sentido de que los indígenas no paguen impuestos por asuntos de resguardos.


El otro problema es que consideramos que no sólo atañe a los pueblos indígenas sino a la sociedad en General, y es el impulso desenfrenado que ha propuesto este gobierno en la economía extractiva, una de las locomotoras del Plan de Nacional Desarrollo, presentado el pasado 11 noviembre, una de cuyas bases es impulsar la minería y la explotación de hidrocarburos en más del 60% del territorio colombiano. Así mediante la ley 1274 del año pasado, se declara de interés público la industria de los hidrocarburos y con esta típica acción se impone la servidumbre a los resguardos indígenas. Cabe anotar que ya se han dado grandes pasos en este sentido al aprobar (8 de noviembre de 2010) la adjudicación de setenta y ocho bloques de explotación de hidrocarburos a empresas en el marco de del proceso denominado: Open Round 2010 o Ronda Colombia 2010. Cabe anotar que estos grandes pasos coinciden con él aplastamiento de los PPII y la depredación del ambiente, puesto los territorios donde se pretenden hacer exploraciones, son territorios ancestrales de diversos PPII, ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional. Finalmente, y es en este punto es donde queremos hacer hincapié, el proyecto de ley de restitución de tierras no valora las afectaciones generadas a derechos colectivos, y en consecuencia no valora las formas de reparación igualmente colectivas. Para empezar el gobierno nacional no conoce cuantos PPII existe, ni en donde se encuentran ubicados; muchos de los cuales no carecen de ciudadanía por el simple hecho de no poseer documento identidad registrado ante las instancias estatales. En el proyecto de ley no se contemplan acciones de reparación colectiva que atiendan las cosmovisiones indígenas en relación con el territorio. Y siendo la restitución la forma preferente de reparación de acuerdo con los estándares internacionales, poco se ocupa del gobierno en darle una estrategia de retorno colectivo a los resguardos. Esto tiene que ver con que no se han desmontado las estructuras de poder regional, y lo que se prevé es el continuismo entre los gobiernos de Uribe y el de Santos. En ambos se evidencia una gran retórica acompañada de una realidad de violación permanente de los derechos de los PPII. Mientras que el gobierno de Uribe era claro en mostrar las garras de la seguridad democrática y afianzar el conflicto armado interno como base de su sostenimiento, el gobierno de Santos se apoya en la tecnocracia, ha ahondado el neoliberalismo basando su retórica en el discurso de la eficiencia y el buen gobierno. Un ejemplo de esta nueva forma de gobierno es el proyecto de acto legislativo de sostenibilidad fiscal, mediante el cual se pretende elevar al rango de Derecho Constitucional la estabilidad macroeconómica, limitando las decisiones de los jueces, y evitando que se de un entrecruzamiento como la sentencia de tutela 025; en suma, restringiendo la efectividad que deben tener los derechos económicos sociales y culturales en un estado social de derecho. Finalmente queremos mencionar el panorama actual de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Los PPII de Colombia en la Mesa Nacional de Concertación con el Gobierno Nacional tomaron la iniciativa de hacer un proceso de consulta, con carácter excepcional y por una sola vez, sobre el Plan Nacional De Desarrollo y algunas iniciativas legislativas, ya radicadas por el gobierno, como el proyecto de ley de víctimas y el proyecto de ley de tierras. El gobierno en aras de la eficiencia que predica, enfiló baterías para que los PPII pudieran participar antes de que se cumplieran los términos constitucionales para presentar el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo incumplió algunos de los acuerdos con respecto al traslado de las autoridades indígenas y la inclusión de las propuestas indígenas en el trámite. Aún estamos a la espera de la reunión que el Vicepresidente Angelino Garzón prometió, entre el gabinete ministerial y la Mesa Nacional de Concertación Ampliada, para discutir los puntos de la propuesta.


En relación con la iniciativas de restitución de tierras y de reparación a víctimas, lo que propone el Gobierno Nacional es el aplazamiento indefinido de los derechos de los PPII, pues desde el principio ha sustentado la idea de tramitar una ley específica para PPII que sea consultada y que se tramite al margen de la Ley General. Esta postura no sólo afecta el derecho fundamental a la consulta previa, sino que técnicamente no permite que se desarrolle el trámite de ley orgánica que se le pretende dar, pues una ley orgánica de acotar todos los temas y no excluir a los PPII. Los hechos son relevantes para explicar los acercamientos entre este gobierno y los PPII. Acercamientos que en modo alguno se hubieran dado durante el gobierno anterior. Primero, las bases neoliberales sobre las que se sustenta el proyecto de gobierno de Santos, de conformidad con las cuales la selectividad es una bandera que debe batirse para recibir a las multinacionales y la inversión extranjera. El segundo es la presión ejercida por el poder judicial, en cabeza de la Corte Constitucional, mediante los autos de seguimiento a la ST 025, y en particular al auto 008, pues los acercamientos del gobierno no obedecen a una decisión deliberada y espontánea por realizar los derechos sociales, sino a la presión ejercida por el poder judicial en defensa de los derechos constitucionales de los PPII en condición desplazamiento. A modo de conclusión, quisiéramos mencionar que el territorio reviste carácter especial para los PPII porque en ellas se fundan sus cosmovisiones, sus tradiciones, sus formas de producción y reproducción, lo que hace que no se pueda hablar solamente de tierras y relaciones jurídicas sobre las tierras que se buscan restituir. Una restitución para pueblos indígenas, no debe hacerse en términos de tierras, sino en términos de territorio, pues la relación entre los territorios y los pueblos es una relación cultural y ancestral con base en la cual se desarrollan las leyes de origen y derecho mayor, conceptos claves en la pervivencia de los pueblos y la conservación del ambiente. Para este gobierno el ambiente es un objeto y la tierra una mercancía. Para los pueblos indígenas el territorio es un ser vivo y debe ser visto como tal; los seres humanos hacen parte del territorio de forma integral, no pueden vivir sin él y no los pueden arrancar de sus entrañas para convertirlos en mercancía. Por eso restituir el territorio no es otorgar una tierra improductiva a los PPII, ni entregarles un título cuyo valor sólo se aprecia en la cultura occidental. Restituir el territorio de los pueblos indígenas es hacer retornar la vida colectiva de los seres humanos y el ambiente a condiciones en que se puedan desarrollar plenamente. En este sentido los derechos de los PPII no constituyen beneficios del progreso como se concibe en el gobierno de Santos, sino derechos preexistentes al Estado colombiano. Por eso los pueblos indígenas siguen resistiendo al embate de las locomotoras con la misma fuerza que lo hicieron frente a los golpes asestados por la colonización española.


Intervencion Onic