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ELECCIONES

Las encuestas electorales en México: rumbo al proceso de 2012

ENTREVISTA

La consultoría como garante de calidad

EDUCACIÓN

Habilidades y actitudes del profesionista del futuro

ÉTICA

Responsabilidad social en las organizaciones mexicanas

241 febrero 2012

La gestión

pública

en América del Norte

Notas sobre una tendencia contemporánea: las alianzas público-privadas


Dirección General Alejandro Vázquez López Consejo editorial Presidente Mauricio Jessurun Solomou Consejeros Julio José Argüelles Cárdenas José Antonio Cortina Suárez Francisco Javier García Sabaté Palazuelos Roberto Hernández García Alberto Montoya Martín del Campo Adalberto Noyola Robles María del Carmen Padilla Longoria Miguel Ángel Reta Martínez Guillermo G. de la Rosa Pacheco Sonia Ruiz Gómez Alejandro Vázquez Vera Dirección editorial y comercial Daniel N. Moser Edición Alicia Martínez Bravo Coordinación editorial Teresa Martínez Bravo Ricardo Luna Millán Corrección de estilo Juan Alberto Bolaños Burgos Alejandra Delgado Díaz Diseño y diagramación Carlos Zariñana Marco Antonio Cárdenas Méndez Logística y comercialización Laura Torres Cobos Adriana Villeda Rodríguez

Realización Helios Comunicación +52 (55) 55 13 17 25

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GOBIERNO

La gestión pública en América del Norte

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CONSULTORÍA El licenciado en Administración como consultor

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Un nuevo panorama para la consultoría

EDUCACIÓN

Habilidades y actitudes del profesionista del futuro

LEGALES

Seguros en México: ¿son realmente seguros?

Su opinión es importante, escríbanos a consultoria@heliosmx.org Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la Cámara.
Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista Consultoría, Industria del Conocimiento como fuente. Para todo asunto relacionado con la revista, dirigirse a consultoria@heliosmx.org Consultoría, Industria del Conocimiento, revista mensual. Febrero de 2012. Editor responsable Julio José Argüelles Cárdenas. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2010-120311323100-102. Número de Certificado de Licitud de Título: 13956. Número de Certificado de Licitud de Contenido: 11529. Domicilio de la Publicación: WTC, Montecito número 38, piso 18, oficina 35, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, Distrito Federal. Imprenta: Helios Comunicación, Carretera federal a Cuernavaca 7144, colonia San Miguel Xicalco, delegación Tlalpan, C.P. 14490, México, D.F Distribuidor: Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, A.C. WTC, Montecito número 38, piso 18, oficina 35, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.

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COLUMNA

ECONOMÍA

Narcotráfico: necesario acabar con el ciclo económico que lo sustenta

ÉTICA

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Responsabilidad social en las organizaciones mexicanas

ENTREVISTA

La consultoría como garante de calidad

ECONOMÍA

Soberanía y seguridad alimentarias

ELECCIONES

Las encuestas en México: rumbo al proceso de 2012


Comisión Ejecutiva CNEC Presidente Mauricio Jessurun Solomou Primer vicepresidente Miguel Ángel Macín Vera Secretario Marco Gutiérrez Huerta Tesorero Salvador Carrasco Gutiérrez Vicepresidentes Ricardo Ignacio Cabañas Díaz Fuentes de Financiamiento Ramón Xavier Carreón Arias Maldonado Fuentes de Trabajo Sector Privado Leonardo Gámez Eternod Afiliación y Servicios Carlos Manuel Lechuga Salcedo Trabajo Sector Público Santiago Carlos Macías Herrera Desarrollo Empresarial Federico Martino Silis Certificación Mauricio Millán Costabile Gestión para el Fortalecimiento de la Consultoría Guillermo G. de la Rosa Pacheco Delegaciones y Responsabilidad Social Empresarial Alejandro Vázquez López Comunicación y Difusión

Director general Julio José Argüelles Cárdenas

Beneficios de las APP

R

ecientemente se ha promulgado la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP). Se trata de un hecho alentador que permite obtener grandes beneficios y desarrollo para nuestro país. Esta legislación abarca aquellos proyectos que, realizados con cualquier esquema, establezcan una relación contractual a largo plazo para la prestación de servicios al sector público o al usuario final, en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por la iniciativa privada. De acuerdo con el decreto, los proyectos deberán estar plenamente justificados, especificado el beneficio social que se busca obtener y demostrada su ventaja financiera. El objetivo es multiplicar la inversión en infraestructura a la vez que se liberan recursos públicos para atender otras necesidades de la sociedad. La aplicación de este instrumento jurídico propiciará una mayor competitividad del país, detonará el empleo, dará certeza jurídica a los inversionistas y aumentará el desarrollo de la infraestructura al reducir las restricciones y garantizar la transparencia en todo el proceso. El sector privado podrá presentar ofertas de interés público que enriquezcan el inventario de proyectos de infraestructura. No menos importante es la adecuación del régimen de distribución de riesgos entre gobierno e inversionista. En el nuevo contexto, merece destacarse la importancia de contar al inicio de cada desarrollo con una gerencia de proyecto para garantizar un proceso ordenado y predecible, que coordine la planeación integral, los diseños y los proyectos ejecutivos y que dé como resultado una infraestructura eficiente, más confiable y construida en los tiempos y costos previstos. Las actividades de diseño y planeación representan aproximadamente 5% del valor total de una obra de infraestructura, el cual puede llegar a 10% al considerar la supervisión. Se trata de un porcentaje menor en las cifras de inversión, pero de alto impacto por los beneficios que otorgan estos servicios indispensables. Invertir bien en planeación y diseño, así como contar desde un principio con una gerencia de proyecto, garantiza una visión integral, una administración oportuna y la conciliación de intereses. Se trata de un nicho de oportunidades relevante para los afiliados a nuestra cámara, que sabrán aprovecharlas con base en sus conocimientos, su experiencia y su probada capacidad profesional. Mauricio Jessurun

www.cnec.org.mx febrero 2012

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La gestión pública en América del Norte

Notas sobre una tendencia contemporánea: las alianzas público-privadas

La nueva gestión pública ha sido la etiqueta de un movimiento global de reforma administrativa; estA TENDENCIA reacciona CONTRA un estilo gubernativo centralizado que, superado por las demandas sociales y económicas de la sociedad que suponía controlar, recurrió a las técnicas de la administración privada para volver más eficiente la práctica diaria de los gobiernos.

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A Carlos Emigdio Quintero Castellanos

Maestro en Políticas Públicas de Gobiernos Locales. Ha trabajado como coordinador de comercio justo en el Equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas A.C. en Guadalajara, y como coordinador de proyectos en la International City & County Association, en su división para América Latina. Forma parte de la Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones.

tres décadas de que este movimiento de reforma administrativa emergiera, quedan muchas dudas sobre sus alcances y consecuencias reales. Sus deficiencias se hacen notar en cuanto a la atomización organizacional y de servicios, la dificultad en la definición de demandas y la necesidad de resignificar valores de eficacia, entre otras. Si el centro del discurso fueran las grandes virtudes que tiene la participación de organizaciones del sector público y social en los casos de éxito para la provisión de bienes y servicios, o para la capacitación y el fortalecimiento del capital humano, sencillamente no diría nada nuevo, ya que la acción pública virtuosa contiene los esfuerzos y recursos de todos los interesados (gobiernos, empresas, organizaciones civiles, comunidades) en un tema. Nuevos tipos de reformas han surgido en la agenda pública, y otros (particulares de la nueva gestión) se han recuperado y enriquecido. Uno de ellos, sobre el cual deseo centrar la atención, es el que engloba los acuerdos público-privados (APP). Dicho tipo de reforma conjuga las virtudes de lo que la nueva gestión pública ha sido y lo que las nuevas reformas administrativas proponen. Aquí valen dos preguntas: ¿qué son los APP?, ¿para qué sirven? En cuanto a la primera, la noción de APP engloba a una serie de estrategias usadas por los gobiernos en las que, a través de alianzas y contratos con una organización privada, se generarán bienes y servicios públicos. Dichos contratos no son únicamente por licitaciones de suministros, obra pública o de proveedores; pueden incluirse, pero no se limitan a estos ejemplos. Todo lo contrario, sus alcances van más allá de lo que tradicionalmente conocemos en México como proveedores de servicios; en función del tipo de alianza, el APP puede enfocarse en la evaluación de un sector de la población, la prestación de un servicio, el cobro de un derecho, la transferencia de un subsidio y un larguísimo etcétera. Los APP conllevan un compromiso profundo, maduro y responsable entre las partes, ya que si es el mero afán de lucro lo que motiva a la organización privada que interviene, podemos “prender focos rojos”, pues habría un alto riesgo del mal uso de una facultad propia del Estado; y si, en cambio, éste considera que la empresa no debe obtener una ganancia por su trabajo, veremos con tristeza parquedad de miras y poca capacidad innovadora en la agencia involucrada. En los APP hay corresponsabilidad entre las partes. febrero 2012

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permeado lo suficiente en los círculos de profesionistas, empresas privadas y organizacionales sociales, me parece urgente el ponerlas en la mesa.

Nueva gestión pública

Crisis gubernamental

Respuestas administrativas

Crisis fiscal Nuevas demandas Nuevas identidades Globalización

Desregulación Agencias unipropósitos Externalización de servicios Privatización Mecanismos de mercado

Problemas

Regulación de profesiones Legitimidad Resultados Costos Participación

Figura 1. Causas y orígenes de la nueva gestión pública El ejercicio virtuoso de este tipo de acuerdos no es algo innato, sino que debe ser aprendido, tanto teórica como prácticamente. Las comunidades de practicantes y de investigadores deben considerar formas de interiorizar el conocimiento útil, que lleve al ejercicio eficaz del APP eficiente y económicamente. Para ello, se puede considerar un breve esbozo comparado entre los marcos institucionales y las bien llamadas “reglas del juego” que norman su desempeño. A este efecto, deseo invitar al lector a revisar algunos contrastes entre dos países de América del Norte: Estados Unidos y México.

Diferencias institucionales entre México y Estados Unidos Quisiera centrar la atención del lector sobre algunos elementos institucionales. El primero es la regulación de las profesiones; el segundo es lo que podríamos considerar los umbrales de entrada de cualquier APP y, entonces, del “mercado” de organizaciones potenciales; como tercer componente, es muy importante tomar en consideración la “oferta” de organizaciones, desde el lado de la sociedad civil. Al ponderar estos factores en perspectiva comparada, espero esbozar dinámicas de los APP y sus problemas para consolidarse en nuestro país. Advierto al lector que lo escrito hasta aquí (y lo que viene adelante) no tiene carácter exhaustivo; habrá aún cuestiones iguales o más importantes al respecto. Subrayo con igual intensidad que los temas planteados se relacionan entre sí, y que hay áreas oscuras donde ni las voces más autorizadas tienen un juicio final. No obstante, eso no debe alejarnos de un acercamiento serio y comprometido; al contrario, creyendo que estas discusiones no han

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En la actualidad es necesario el manejo de un piso mínimo de conocimientos y experiencia certificada en un campo para realizar cualquier oficio, cuando se proviene de disciplinas científicas o comunidades de practicantes. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que la abogada, el médico o la ingeniera a quien recurrimos por un servicio especializado realmente sea abogada, médico o ingeniera? En el caso mexicano hablamos de que, en última instancia, es el Estado el que ofrece dichas certificaciones, ya sea con un documento legal obtenido después de cursar estudios superiores o técnicos, o avalando a las organizaciones gremiales en el país. El estatus de profesional lo da el Estado y, tal como lo otorga, también lo puede quitar. En el caso estadounidense, por otra parte, no es necesaria una autoridad centralizada que certifique competencias y conocimientos; los gremios sancionan a los individuos en su entrada. No hablaré aquí del caso de los abogados, pues demasiados programas televisivos nos muestran que las barras de abogados aplican lo que aquí llamaríamos “exámenes profesionales”. Hablemos de otra profesión, cercanísima a los gobiernos subnacionales: el de los gerentes de ciudad. Cualquier persona puede administrar una ciudad, pero la inmensa mayoría de quienes lo hacen en los gobiernos locales estadounidenses está agrupada en un gremio: la Asociación Internacional de Administradores de Ciuda-


des y Condados (ICMA, por sus siglas en inglés). Esta asociación tiene como misión el promover la excelencia de la gobernanza local en todo el mundo; el instrumento de gobierno que fomentan es el modelo “consejo-gerente”, en el cual el consejo político toma las decisiones y un gerente certificado las instaura. La clave aquí es la certificación. Sin ser la ICMA una organización gubernamental, marca los lineamientos formativos y de práctica que cualquier gobierno debería seguir; por supuesto que un gobierno puede no adoptar el modelo, pero la mayoría lo hace. Esta diferencia es sustancial en los APP estadounidenses. La autorregulación de las profesiones obliga a relaciones de mayor competencia; el mantener el estatus como abogado, médico o gerente de ciudad se vincula con lo que una tercera parte dictamina. La autonomía inherente a dicha facultad permite que la evolución de las competencias, habilidades y conocimientos de un profesionista responda mejor a las contingencias del medio.

UMBRALES DE ENTRADA No quisiera enrarecer la discusión sugiriendo que prácticas de corrupción como el compadrazgo, la elaboración de

imagen relativamente homogénea de las capacidades de las organizaciones gubernamentales. En un mismo ámbito podemos encontrar al Servicio de Administración Tributaria tanto digitalizando cada vez más sus servicios como teniendo graves problemas de rezago administrativo y tecnológico (como en la reforma agraria). En ese sentido, el SAT tratará de internalizar los procesos de digitalización, pues abrirse y colaborar con una empresa para, por ejemplo, diseñar un dispositivo móvil de pago de impuestos le provocará más desconfianza que nada. ¿No podría aprovecharse la empresa para vender información confidencial? ¿Tendría que invitar a empresas nacionales o abrir un concurso internacional? Éstas son preguntas que pueden aparecer en un escenario como el que planteo, y que el SAT ha resuelto en su historia. Pero el trabajo de la reforma agraria está años atrás en cuanto a consolidación digital; ¿qué organización desearía enfrentarse a la maraña de trámites a resolver para digitalizar algún servicio?, la respuesta es: muy pocas. Sospecho que la organización dispuesta ponderaría pronto continuar el APP, y huiría hacia otra administración más receptiva.

Gobiernos con mucha capacidad de respuesta pueden considerar oneroso un APP, mientras que gobiernos con poca capacidad tendrán problemas para atraer organizaciones consolidadas. concursos y licitaciones a modo, el ofrecimineto dinero a funcionarios públicos, etcétera, deban contarse como parte de las restricciones de entrada a organizaciones privadas y sociales en los APP, pues, en primera instancia, son prácticas que deben ser combatidas y, en segunda, incrementan los costos sociales de implantar APP virtuosos. Por ello, considerando tales prácticas como estáticas o inexistentes, ¿qué costos deben afrontar las partes para constituirse un mercado de “aliados”? Uno muy importante es la capacidad técnica de los gobiernos y las organizaciones. Gobiernos con mucha capacidad de respuesta pueden considerar onerosa una relación del corte APP, mientras que gobiernos con poca capacidad tendrán problemas para atraer organizaciones consolidadas. En México tenemos un problema en ese aspecto, ya que la diversidad en los gobiernos es inmensa. Considerando los más de 2,500 gobiernos locales y estatales, y las alrededor de 200 entidades y dependencias de nivel federal, no tenemos una

En Estados Unidos la diversidad de gobiernos es también amplia pero, básicamente, no lo es en función de las capacidades institucionales; los gobiernos locales rurales o de las ciudades medianas que cuentan con procesos de gestión consolidados.

Organizaciones de la sociedad civil Para considerar a las organizaciones de la llamada sociedad civil, hay que tomar en cuenta las trayectorias que, en general, presentan ante los gobiernos, es decir, si desean influir en el proceso de la política pública o si, impulsadas por alguna convicción moral, sólo consideran su activismo como un fin en sí mismo. Estos criterios provienen de la discusión impulsada por Arato y Cohen (2000). Por un lado, en Estados Unidos la tradición cívica es mucho más rica que en México. El pluralismo político del país ha permitido la incubación tanto de organizaciones que explícitamente desean intervenir en el sistema polítifebrero 2012

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co, a efecto de lograr un cambio en la estructura y dinámica social, como de aquellas que simplemente participan por considerar que es un deber moral hacerlo, sin privilegiar programas partidistas. Cabe señalar que pueden tener agendas progresistas o conservadoras, pero de fondo hay consensos amplios que legitiman la participación de casi cualquier organización en el proceso político. Por otro lado, el sector social en México raramente participa en la vida pública del país sin tener una agenda particular. No es que el tener una agenda sea ilegítimo en sí, pero sí es ilegítimo que una sola organización se asuma como la voz representativa de toda la sociedad. El caso de los movimientos ciclistas en Guadalajara, Jalisco, es un claro ejemplo de ello, ya que construyen un discurso supuestamente incluyente y crítico, pero no revelan la agenda que persiguen; aun cuando ha habido cambios en la legislación urbana del estado que obligan a los planificadores a reservar espacios y equipamientos para ciclistas, ellos desestiman dichos avances y señalan todo lo que no se ha hecho. Con este tipo de posturas, los movimientos sociales se niegan como actores en la esfera pública de forma instrumental. Ahora bien, esto por sí mismo no está mal, pero sí dificulta la colaboración entre gobierno y sociedad. La demanda ciudadana no se puede definir como aquélla con un interés particular que suponga representar el interés de todos; un gobierno desearía articular acciones con una organización que representara a toda la sociedad, pero eso es falso. No obstante, la tendencia en la mayoría de las organizaciones civiles mexicanas es su presunta representatividad social. Alianzas público-privadas

Relación entre gobiernos e iniciativa privada o social

¿Hay problemas? ¿En qué?

Institucionales Regulación de profesiones Umbrales de entrada Oferta de organizaciones sociales

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Los breves trazos de los componentes institucionales expuestos no cubren en profundidad y justicia toda la problemática. Lo que sí hacen es ayudar a vislumbrar algunos puntos y a clarificar posiciones. En resumen, la regulación profesional es mucho más flexible en Estados Unidos. En México, al ser un espacio de control manejado por el Estado, la adaptación de los profesionales a su medio no es algo tan sencillo, lo que sesga las posibilidades de que oficios innovadores puedan insertarse dentro de programas públicos, pues siempre deberán ser sancionados por un gobierno. Esto implica que, mientras en Estados Unidos las cámaras y los gremios se asocian para servir a sus miembros, en México las mismas cámaras se vuelven uno de los pocos canales institucionales con los cuales un gobierno puede contar para hacerse valer. Esto no es malo para la calidad de la acción gubernativa, pero hace necesario repensar el desempeño de los profesionales al momento de colaborar con los gobiernos. La cuestión de los umbrales de entrada emergentes por las capacidades institucionales es, sí, un serio problema. Las diferencias en cuanto a los alcances y posibilidades de los gobiernos incrementan excesivamente los costos de transacción y favorecen actitudes de rapiña. En la medida en que observemos administraciones más robustas en todo el país, las organizaciones dispuestas a integrarse en APP serán cada vez mayores y viceversa: en la medida en que aumente el número de oferentes de colaboración, más gobiernos buscarán arreglos asociativos. Un caso triste es el papel de la sociedad civil organizada. En mi opinión, cualquier expresión cívica es valiosa, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones: en primer lugar, transparencia en cuanto a metas y demandas; en segundo lugar, transparencia respecto a los agentes públicos a los que representan y por los que abogan. Mientras estas condiciones no se cumplan, los gobiernos desconfiarán de las organizaciones que ofrecen recursos para el bien público.

Provisión de servicios Definición de metas Cobro de derechos Manejo de problemas

Figura 2. Características y obstáculos de las APP 8•

Conclusión

Referencias Cohen, J. y Arato, A. (2000) Sociedad civil y teoría política, México: Fondo de Cultura Económica.


El licenciado en

Administración

como consultor

El objetivo de la consultoría es prestar ayuda en calidad de asesoramiento al empresario para la solución de problemas o la mejora en los procesos de su organización; debido a la falta de visión del empresario, se autoriza y responsabiliza al consultor para resolverlos de manera eficiente y objetiva. La finalidad no explícita de este tipo de profesionistas es enseñar al cliente a evaluar sus decisiones internas. El consultor-administrador debe ser consciente de su función social dentro y fuera de la empresa.

David Urzúa Vega

Maestro en Estudios Organizacionales. Ha sido académico de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM por once años, impartiendo las materias de Creación de empresas, Consultoría y Operaciones.

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a consultoría se define como un servicio prestado por un profesionista en calidad de asesoramiento, lo que implica la toma de decisiones a través de observaciones pertinentes, y tiene la finalidad de ayudar a las organizaciones a la búsqueda de soluciones o al mejoramiento de procedimientos en sus diferentes áreas. La consultoría responde a la necesidad del empresario de mejorar y adaptar su organización a los cambios económicos, políticos y sociales derivados de los diferentes momentos históricos; esto acentúa la importancia de la profesión de consultor en la medida en que ayuda a sentar las bases teóricas de la administración moderna y sirve como enlace entre la teoría y la práctica profesional. El consultor-administrador no sólo debe considerarse un profesional con conocimientos generales, sino también un coordinador capaz de dirigir grupos multidisciplinarios para evitar la competencia con otras áreas especializadas –contaduría e ingeniería, por ejemplo– que son reconocidas por prestar este servicio. Ser un consultor supone la adopción de una decisión valiosa, así como la capacidad de analizar las organizaciones con un enfoque dinámico, como unidades cambiantes de acuerdo con las condiciones internas y externas. No obstante, hay dos cuestiones relevantes que debe plantearse quien quiera ser un consultor: ¿qué tipo de persona puede desempeñar las múltiples funciones requeridas para esta profesión?, y ¿qué cualidades debe reunir? Las cualidades necesarias se pueden clasificar en dos categorías: las intelectuales y los atributos personales (o actitudes). Entre las intelectuales destaca el hecho de que los profesionistas dedicados a la consultoría deben contar con la capacidad de aprender de los demás y saber evaluar lo que otros tratan de decirnos. Cabe subrayar que, como profesionales, tratamos con factores culturales y organizacionales; los primeros deben ser tomados en cuenta por el consultor desde que empieza su labor dentro de la organización, pues es su objetivo resolver los problemas que se susciten en su seno y entre los individuos que la integran, los cuales desempeñan funciones tanto administrativas como sociales plagadas de ritos que conforman la cultura organizacional. Por tanto, para tener éxito, un buen consultor debe contar con las características que se resumen en el cuadro 1.

Como puede apreciarse, el licenciado en Administración está plenamente capacitado para la actividad profesional de consultor, inherente a la naturaleza de los planes de estudio de la carrera, pues la información recibida en las aulas es tan variada que se puede trabajar con otras áreas del conocimiento aplicables en la consultoría. Es decir, el mejor candidato para llevar a cabo las mejoras en una organización es precisamente el encargado de su estudio y, por su preparación educativa, este tipo de profesionista es el indicado. No ha sido hasta fechas recientes que la consultoría se ha considerado en los planes de estudio. El licenciado en Administración tiene por objeto de estudio las áreas, los procesos y la aplicación de recursos de la organización; se enfoca principalmente en sus áreas funcionales: producción, finanzas, mercadotecnia y recursos humanos. Se establece para laborar dentro de la organización con los sistemas ya determinados por ella, sin que sea su preocupación volver eficientes los modelos ya establecidos. Lo anterior se debe, además, a la resistencia al cambio que ejercen los mandos ejecutivos de la organización, así como a carencias culturales.

Funciones del administradorconsultor El desarrollo de la consultoría y su campo de actuación pueden abarcar diversas áreas. Siendo intangible este servicio, el cliente necesita tener la certeza de su necesidad. A su vez, el consultor debe tratar de cumplir y sa-

Cuadro 1. Descripción de los perfiles profesiográficos del consultor y del licenciado en administración Consultor Licenciado en Administración Capacidad para analizar problemas complejos. Conocimiento del proceso de toma de decisiones. Sentido del clima de la organización. Estudio de las organizaciones. Ética. Objetividad y ética. Sentido de la oportunidad para establecer relaciones personales multidisciplinarias. Liderazgo para el manejo de grupos multidisciplinarios.

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ACADEMIA

tisfacer los requerimientos de su cliente por medio de su producto. “En consultoría, el producto es el consejo dado al cliente o, si se destaca la aplicación, cabría decir que el producto final es el cambio que se ha producido realmente en el cliente gracias a la intervención del consultor” (OIT, 1995: 3). Hoy en día, el consultor desempeña diversas funciones en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a una organización; entre dichas funciones se encuentran las siguientes: Defensor: trata de que el cliente participe de manera activa en la solución del problema. Experto técnico: en este rubro, el consumidor es el responsable de determinar su problemática, mientras que el consultor asume un papel directivo; al finalizar la exposición del primero, el consultor le explica la metodología a usar, lo familiariza con el procedi-

varias opciones específicas y, al mismo tiempo, indica sus riesgos. Al final, el cliente evaluará las alternativas más convenientes de acuerdo con sus posibilidades, principalmente en cuanto se refiere a recursos. Especialista en procesos: se enfoca en la dinámica entre personas y grupos que afecta al proceso de solución de problemas y al cambio. Es decir, debe tener un conocimiento de la interacción dentro de los grupos, sus objetivos y sus diferencias, con la finalidad de estructurar estrategias para llevar a cabo cambios sin afectarlos. Estimulador: cuando se actúa de dicho modo, se induce a que el cliente haga preguntas que traigan consigo una reflexión y puedan ayudar a dilucidar, rectificar o cambiar una situación dada. Como se puede observar, en sus diferentes papeles este profesional debe tomar en cuenta y hacer participar al cliente en el proceso de consultoría, y a su vez apoyarse en él para obtener información de primera mano y lograr los cambios necesarios, adecuados y coherentes.

Profesionalización y ética Profesionalizar la consultoría tiene su base, principalmente, en cinco criterios, que regulan y norman no sólo la conducta del especialista en consultoría, sino a todo profesionista que actúe en los marcos sociales y éticos de su profesión:

Los consultores deben hacer muchas elecciones y adoptar decisiones personales sobre qué normas respetar y cómo comportarse ante situaciones particulares miento a seguir y coadyuva en la realización de las recomendaciones. Capacitador-educador: el consultor comienza periódicamente un proceso de capacitación y educación dirigido a la organización o al cliente. Debido a los cambios que habrán de realizarse, es necesario que explique el grado en que se afectará a los miembros de la empresa. Colaborador en la solución de problemas: la función de ayuda se basa en el enfoque sinérgico y de cooperación con el cliente en los procesos de conocimiento y adopción de medidas para resolver el problema, cuidando siempre mantener la objetividad. Identificador de opciones: el proceso de toma de decisiones adquiere valor en el momento en que de ésta depende el logro de los objetivos. Por tanto, el consultor propone

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• Los conocimientos teóricos y prácticos • El concepto de servicio e interés social • Las normas éticas • Las sanciones • La autodisciplina y el control Los consultores deben hacer muchas elecciones y adoptar decisiones personales sobre qué normas respetar y cómo comportarse ante situaciones particulares. De ahí que deban tener una posición de confianza respecto al cliente, ya que éste tiene la creencia de que los consultores nunca exteriorizaran una opinión falsa o sin juicio. Todo consultor que aspire a convertirse en un auténtico profesional debe tener su propia concepción de la ética y de las normas que habrá de respetar permanentemente al prestar sus servicios. La consultoría es una profesión liberal que normalmente no permite la publicidad.

Áreas de oportunidad Dentro de la consultoría existen diversas oportunidades para que el administrador especializado en la materia pueda desarrollarse. Éstas


han sido esbozadas en tres diferentes categorías, de acuerdo con las necesidades de empresario: Ayuda técnica: los consultores proveen este tipo de apoyo con la finalidad de capacitar a los empleados o mejorar sistemas implantados. Actividad comercial (rentabilidad): el consultor especializado en actividades comerciales tiene que ver principalmente con el flujo de efectivo. De un momento a otro, muchas organizaciones enfrentan disminuciones en sus fondos disponibles. Recaudación de fondos y proyectos de inversión: así como las organizaciones necesitan aumentar su flujo de efectivo, también requieren elevar su capital. Las organizaciones más pequeñas frecuentemente requieren ayuda de un consultor para propósitos de crecimiento y expansión. Es muy importante que el administrador-consultor dé una mirada no sólo a la gran empresa, sino también a la empresa micro, pequeña y mediana. “El consultor puede identificarse como un profesionista debidamente calificado en educación, experiencia y habilidad técnica, y que está, por los mismos atributos, en condición de asistir y ayudar desde un punto de vista estrictamente profesional en la localización y solución de diferentes problemas inherentes a la organización, planeación, dirección y control de una empresa” (Evans, 1993: 4). Cabe recordar que, cuando un cliente contrata a un profesionista, en este caso a un consultor, demanda básicamente tres cosas: competencia, responsabilidad y deseo de servicio. La tendencia actual en la consultoría se orienta a una mayor comprensión de las consecuencias sociales de las decisiones gerenciales y hacia un aumento de la responsabilidad social de los directores y gerentes. Si el consultor considera pertinente no tolerar a determinado cliente, no debe dudar en rechazar e interrumpir los servicios que presta. “Las empresas tradicionales se basan en la intuición o se apoyan en los resultados alcanzados, sin considerar las perspectivas o la calidad de los equipos directivos. Hoy en día, este planteamiento no es suficiente para competir y la necesidad de crear un modelo diferente y participativo, que descanse en las decisiones de los entes que integran a las empresas, no sólo en sus cuerpos directivos, está tomando fuerza” (Carazo, 1998). Dichos resultados tienen que estar dentro de un marco ético y responsable que propicie el crecimiento en todas las partes de la organización y, por ende, en los individuos que la integran. En conclusión, la consultoría es un servicio profesional de asesoramiento otorgado por personal calificado y por medio del cual se busca prevenir y solucionar problemas, y volver eficientes los sistemas instaurados con anterioridad en una organización.

La consultoría la puede prestar un ingeniero o un contador, o cualquier profesionista especializado, pero el caso del licenciado en Administración es particular, debido a que puede fungir como consultor en jefe, por su capacidad de trabajo como coordinador de grupos multidisciplinarios. El objetivo de la consultoría es prestar ayuda en calidad de asesoramiento al empresario para la solución de problemas o la mejora en los procesos de su organización; debido a la falta de visión del empresario, se autoriza y responsabiliza al consultor para resolverlos de manera eficiente y objetiva. La finalidad no explícita de este tipo de profesionistas es enseñar al cliente a evaluar sus decisiones internas. El consultor-administrador debe ser consciente de su función social dentro y fuera de la empresa. Referencias Carazo, Luis Ramón (septiembre 1998). “Decidamos como accionistas”. Mundo Ejecutivo : 233. Evans Velázquez, Juan Carlos (1993). “Consultoría administrativa: análisis y perspectivas”. Tesis. México: ITAM. Kubr, Milan (Dir.) (1995). La consultoría de empresas. Guía para la profesión . Ginebra: OIT/Limusa.

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Luis Francisco Sañudo Chávez

Licenciado en Administración de Empresas y maestro en Economía y Dirección de Negocios. Conferencista, facilitador y articulista en áreas afines a su especialidad. Actualmente es consultor independiente en planeación estratégica, cambio organizacional y reingeniería de procesos.

Habilidades y actitudes

del profesionista del futuro Estamos ante el reto de reconstruir un sistema educativo que forme profesionales que, además de desarrollar excelencia en su especialidad, puedan pensar y actuar en escenarios de complejidad; sepan tomar decisiones en situaciones de incertidumbre; tengan capacidad empresarial, aprendizaje e innovación; generen vínculos y compromisos confiables; posean valores personales y sociales, y consideren la particularidad en el conjunto y el sistema en los procesos dinámicos de cambio. 14•

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a velocidad de las transformaciones producidas en el mundo de las empresas y las instituciones, así como en la organización del trabajo, pone en entredicho la formación académica respecto al tipo de competencias requeridas a los nuevos profesionales que se integran a la actividad productiva. Los cambios en las formas de pensar y organizar la producción de bienes y servicios demandan nuevas competencias y destrezas que actualmente la formación universitaria no considera en los planes de estudio ni en la metodología pedagógica del proceso de enseñanzaaprendizaje.

La demanda actual Las exigencias y demandas de la empresa global van adoptando un signo particular. Cada vez más, lo que define el ingreso al mundo del trabajo es un conjunto de cualidades intangibles que se conocen como competencias genéricas. Un recién egresado que sólo pueda exhibir un alto promedio en sus estudios y manejo de idiomas es un profesional comodín en el mercado laboral, ya que poseer las mejores condiciones técnicas en su disciplina es una condición necesaria, pero no suficiente. Y entonces, ¿cuál es la diferencia que constituye la diferencia? Un aviso donde una empresa refresquera lanza el Programa de Jóvenes Profesionales para sus distintas áreas nos brinda la siguiente pista: el perfil requerido se define con los siguientes atributos: integridad, pensamiento sistémico, innovación, colaboración, búsqueda de calidad, flexibilidad, comunicación efectiva, planeación y organización. La primera reflexión que nos viene a la mente es que prácticamente ninguna de estas capacidades (salvo las dos últimas y sólo para algunas disciplinas) está incluida en los diseños curriculares de las distintas carreras universitarias, y sin embargo son las que definen la búsqueda de algunas empresas. Hace unos años podrían haber sido requerimientos para cubrir algún puesto gerencial, pero hoy ya se consideran una condición básica, aun para los recién egresados. Algunas empresas de selección ejecutiva que incorporan todos los años a jóvenes profesionales dictan cursos

de capacitación intensiva cuyo objetivo es cubrir la brecha que existe entre la formación universitaria y los requerimientos de la actividad profesional. Este programa de formación aborda temas tales como la comunicación interpersonal, el trabajo y el aprendizaje en equipo, y un conjunto de competencias que hoy se consideran indispensables para los trabajadores no manuales, es decir, quienes desempeñan tareas basadas en el conocimiento.

El trabajo y la administración del conocimiento Cualquier modo de organizar y administrar la empresa se establece con el propósito de potenciar la productividad del trabajo y su capacidad de generar valor. Así, la empresa tradicional se estructuró y organizó para garantizar la productividad del trabajo manual. Según Peter Druker, el desafío de la empresa del siglo XXI es resolver el problema de la productividad en el trabajo del conocimiento. El trabajo basado en el conocimiento y la innovación es el que adquiere hoy preponderancia en la generación de valor productivo en las organizaciones. Esto define otros modos de organizar las empresas y nos introduce en la problemática de las competencias y características que se requieren del trabajador, en una economía basada en la información y el conocimiento. Guy Le Boterf (2000) caracteriza las competencias de los trabajadores del conocimiento como el saber actuar en un contexto de trabajo específico; sostiene que las empresas necesitan modelos organizacionales con empleados que sepan seleccionar, utilizar, comunicar y compartir información; que puedan tomar iniciativas, decidir, anticipar y proceder al arbitraje entre criterios múltiples; es decir, que sean capaces de enfrentar situaciones caracterizadas por la complejidad y la incertidumbre. Administrar una situación profesional compleja supone saber actuar, y esto implica combinar varios “saberes” y “saber hacer”. También es fundamental la capacidad de movilizar los recursos del entorno: redes profesionales, redes documentales, redes sociales, bancos de datos e instrumentos de trabajo. Se debe ser competente en una red de recursos. Robert Reich (1992), un académico de Harvard que a finales del siglo pasado se desempeñó como secretario de Trabajo de Bill Clinton, en su libro El trabajo de las naciones acuñó el término analistas simbólicos, como un sinófebrero 2012

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nimo de lo que Druker denomina trabajadores del conocimiento. Reich propone tres amplias categorías de trabajo, una de las cuales se refiere a los analistas simbólicos. Los define como expertos en intermediación estratégica, identificación y resolución de problemas. Plantea que todos los analistas simbólicos son profesionales, pero no todos los profesionales son analistas simbólicos. Trabajan con símbolos, datos, palabras, representaciones visuales y orales. Abarcan procesos de reflexión y comunicación, antes que una producción tangible. Simplifican la realidad con imágenes abstractas que se pueden reordenar y alterar, al tiempo que experimentan con ellas, las comunican con otros especialistas y, finalmente, las convierten de nuevo en una realidad. Los instrumentos pueden ser algoritmos matemáticos, argumentos legales, tácticas financieras, principios científicos, observaciones psicológicas acerca de cómo persuadir o entretener, métodos inductivos o deductivos, o cualquier otro tipo de técnica para resolver problemas. Peter Senge (1994) plantea que en un mundo interconectado e interdependiente, con mercados hipercompetidos, con creciente complejidad y dinamismo en los negocios, la administración de la empresa está vinculada al cambio continuo y, por lo tanto, a su capacidad de aprendizaje. Es en este contexto que formula el concepto de las organizaciones inteligentes. Pero las organizaciones no aprenden en abstracto; lo hacen a través de las personas que la constituyen y de su capacidad para integrar, comunicar y administrar el co-

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nocimiento adquirido. Por lo tanto, para que este proceso organizacional de aprendizaje permanente sea posible, es imprescindible que sus integrantes sepan “aprender a aprender”. Esta es la semilla de todas las competencias, ya que de ella nacen las demás. El trabajo reflexivo de aprendizaje no es sólo una manera de incrementar las competencias existentes; es una acción en sí misma que requiere competencias propias. Implica corregir el alejamiento que en la sociedad global se ha establecido entre trabajo y pensamiento, entre acción y reflexión. Es necesaria, dice Donald Schön (Smith, 2011), del MIT, una reflexión en la acción. El profesional del futuro habrá de transformarse en un practicante reflexivo que sepa integrar acción y reflexión, que conciba la transformación y el aprendizaje como disposiciones permanentes con el fin de producir un continuo enriquecimiento de su hacer. Para posibilitar este proceso, Senge propone incorporar y desarrollar las cinco disciplinas del aprendizaje: el pensamiento sistémico, el dominio personal, los mapas mentales, la visión compartida y el aprendizaje en equipo. Esta caracterización de las competencias requeridas para la administración y la productividad del trabajo del conocimiento nos sugieren algunas reflexiones.

El desafío El primer reto es que esta concepción de aprendizaje permanente de las organizaciones y las personas nos conecta con la dimensión humana del ejecutivo. Nada es posible sin el involucramiento, el compromiso y la transformaContinúa


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Bienvenido al cambio

ción de las personas. Para que cambie algo afuera, tiene que cambiar adentro. Estos procesos de aprendizaje se constituyen en procesos de cambio y crecimiento personal, fundamentalmente si analizamos que, de las tres dimensiones que componen una competencia –conocimientos, habilidades y actitudes– son la dos últimas las que desempeñan un papel central en el tipo de competencias descritas. La segunda reflexión está relacionada con el papel del sistema universitario en la formación de los trabajadores del conocimiento. En otras épocas, muchos cambios provenían del ámbito académico; hoy, es el sector empresarial el más dinámico en el campo social. La obsolescencia del conocimiento lleva a que la velocidad de aprendizaje sea la única herramienta adecuada para sustentar y desarrollar las ventajas competitivas de las empresas; éstas, obligadas a mantener su competitividad, generan transformaciones que requieren permanentes actualizaciones de otros sectores, en este caso de la enseñanza universitaria. Estas demandas del mundo laboral nos obligan a pensar en nuevos contenidos curriculares para las carreras de grado y posgrado, así como nuevas metodologías pedagógicas acordes a estos tipos de aprendizajes. Ya no se trata sólo de actualizar programas o diseñar nuevas carreras; se requiere un nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje; reinventar la educación incorporando en forma continua una actualización del conocimiento específico, como un conjunto de saberes y destrezas que posibiliten la efec-

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tividad laboral en ámbitos organizacionales dinámicos y complejos, cruzados por la incertidumbre y los cambios del entorno. El desafío de las nuevas competencias obliga a establecer un sistema productivo basado en la administración del conocimiento y a considerar en su diseño conceptos y valores tales como la diversidad, la versatilidad, la reflexión en la acción, la innovación, la autorregulación responsable, el pensar y trabajar en equipo, la actitud crítica, analítica y creativa para la resolución de problemas y, sin duda, el pensamiento sistémico. Estamos ante el reto de reconstruir un sistema educativo que forme profesionales que, además de desarrollar excelencia en su especialidad, puedan pensar y actuar en escenarios de complejidad; sepan tomar decisiones en situaciones de incertidumbre; tengan capacidad empresarial, aprendizaje e innovación; generen vínculos y compromisos confiables; posean valores personales y sociales, y consideren la particularidad en el conjunto y el sistema en los procesos dinámicos de cambio. Emilio Rosenblueth decía sobre la educación: “Aunque importa el contenido de la enseñanza, importan mucho más las actitudes que se infundan.” Referencias Le Boterf, Guy (2000). Ingeniería de las competencia. México: Gestión. Reich, Robert (1992). The Work of Nations. Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism. Nueva York: Vintage. Senge, Peter et al. (1994). The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization. Smith, Mark K. (2011). Donald Schön: learning, reflection and change, The encyclopedia of informal education. www.infed.org/thinkers/et-schon.htm


Roberto Hernández García

Abogado especializado en construcción y contratación pública. Asesor de empresas en proyectos de Ingeniería y construcción y asesor en arbitrajes nacionales e internacionales de construcción. Socio director de Comad, S. C.

Un nuevo panorama para la consultoría El pasado jueves 28 de abril de 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo presentó en las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública un estudio sobre la consultoría en México, elaborado por Gian Casartelli. La información proporcionada en la reunión fue sumamente esclarecedora y lamentable: a juicio del especialista, el sector de la consultoría en México no solamente es inmaduro, sino inseguro, dada la falta de planeación y la importancia que el sector público, como principal tractor de los consultores, le ha dado al tema. Entre números, gráficas, teorías y aspectos prácticos, me llamó poderosamente la atención una anécdota que el experto contaba sobre un joven mexicano quien, habiendo estudiado en Estados Unidos, en una importante universidad, le pidió consejo, pues pretendía

venir a México a abrir una empresa de consultoría. La recomendación de Casartelli al muchacho fue –palabras más, palabras menos– que era completamente inseguro venir a México y abrir una empresa de consultoría en el ambiente de competitividad que imperaba en el país y, finalmente, le recomendó conseguirse un contacto en una empresa internacional reconocida para tratar de trabajar en esta nación, pues de lo contrario sería poco aceptada su posición, a pesar de la excelente capacitación del joven. Otra consideración que llamó mi atención fue el señalamiento de que en México hay poca gente joven que trabaje en las empresas de consultoría –es un asunto mas de viejos que de jóvenes–, lo cual genera una especie de “cuello de botella”, pues en gran medida los consultores experimentados son los que, además de conseguir el trabajo, analizan la parte fina,

mientras que en el ámbito internacional jóvenes brillantes son los que deben soportar a los experimentados y laborar con ellos en la parte gruesa de los servicios de consultoría. En fin, además de que Casartelli realizó una excelente investigación y un análisis objetivo del sector, también nos hizo pensar que, si bien hay excelentes consultores mexicanos capaces de competir en escala global, en términos generales se trata de un sector inmaduro y poco confiable desde el punto de vista del mercado. Estos parámetros generan problemas de competitividad ante actores internacionales que dejaron de pensar hace muchos años lo que nosotros estamos empezando a considerar. Por tanto, es necesario un cambio de cultura y la profesionalización del sector, como consecuencia no sólo de modificaciones legales, sino de las profundas necesidades de contar con una industria del conocimiento que pueda competir en “ligas mayores”.

Porque el capital humano es lo más valioso de tu empresa, capacítalo CALENDARIO DE CURSOS PRESENCIALES FEBRERO-MAYO 2012

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7 al 10 de Febrero Planeación Estratégica

21 al 23 de Febrero Empowerment

27 al 29 de Febrero Administración de Capital Humano

6 al 8 de Marzo Chance Management

12 al 15 de Marzo Coaching Empresarial

28 y 29 de Marzo Bitácora Electrónica de Obra Pública

18 al 20 de Abril Auditoria Técnica a Obras Públicas

1 al 4 de Mayo Formación de Residentes de Supervisión

24 y 25 de Mayo Administración de Riesgos


Seguros

en México: ¿son realmente seguros?

Alejandro Ocampo Garrido

Licenciado en Derecho. En 1959 se incorporó al Bufete Ocampo, S. C., del cual ha sido socio titular desde 1972. Actualmente es director general de la firma y abogado postulante en actividad profesional.

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Actualmente, si bien existe un sistema implementado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para el registro de los productos de las aseguradoras, y aun cuando dicho sistema es lo suficientemente sofisticado para operarse remotamente desde una computadora, cabe aclarar que esto no garantiza que el producto tenga en sus condiciones y clausulaS la claridad y precisión ideal para quien lo requiere. La anacronía de nuestro mercado radica en la obligación de que el contrato exista en medios impresos, tarea tediosa e ineficaz que, además, incrementa sustancialmente el costo de venta.

A

cerca de los seguros en México nadie disiente respecto a que, en la actualidad, el mercado está ávido de crecimiento, pero carga con un lastre enorme constituido esencialmente por un Poder Legislativo demagógico cuyos integrantes, la mayoría de las veces, son ignorantes en la materia, lo cual da lugar a que se emitan disposiciones que crean serias confusiones entre las aseguradoras y los asegurados. Así, el sector en nuestro país está sometido a una serie de regulaciones que, por tratar de ser protectoras, caen en un exceso que va determinando que a futuro sólo subsistan en el mundo financiero mexicano las grandes empresas, ya que deja fuera de la competencia a aquellas que no poseen un gran potencial económico. La falta de actualización legislativa en materia de seguros en México, así como lo intrincado de sus textos (que por cierto, son aprobados previamente por las autoridades del sector), causan que éstos pocas veces sean claros y precisos, y la mayoría de las veces poco asequibles para los asegurados. Basta preguntar a los miembros de nuestra comunidad si han leído y entendido la póliza de seguro de su automóvil, de gastos médicos o de vida, y resultará impresionante percatarse de que poca gente lo hace antes de contratar un seguro o durante la vida del contrato que, estima, le da protección, pues la mayoría lo lee sólo hasta que tiene que echar mano de él por haber sufrido un accidente. En verdad, es difícil precisar si esto obedece a la falta de conocimientos elementales sobre el tema o, tal vez, a una confianza en que el seguro cubre en automático al contratante cuando ocurre un siniestro, o a una muy extendida cultura de imprevisión que se padece en nuestro país; basten como ejemplo aquellos casos en que, por la falta de lectura y comprensión del los alcances de un contrato de seguro, llegan a comprarse coberturas para regir en la Ciudad de México contra riesgos de tempestades, tsunamis y otros fenómenos poco probables o nulos en la región. Esto da lugar también a que las personas o empresas ignoren las limitaciones a que están sujetos los servicios que contratan, sintiéndose defraudadas al momento en que, con razón justificada, no se cubre el importe que pactó como suma asegurada. De ahí nace una opinión febrero 2012

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En México sólo habrá garantía de obtener lo que se espera del seguro en tanto se establezca una cultura de protección contra riesgos adecuada negativa sobre las aseguradoras por no haber satisfecho las expectativas de quien trató con ellas. También existe quien trata de sacar ventaja, creyendo que el seguro es un instrumento de especulación. De igual manera, ciertas empresas aseguradoras han padecido la ignorancia de algunos de su funcionarios en cuanto éstos niegan un pago al asegurado, aun a sabiendas de que debía cubrírse el importe del siniestro que sufrió, sin tomar en consideración que actuar de un modo tan negativo va en contra de las políticas de una empresa de seguros sana, a la que sólo le acarrea el desprestigio institucional, reduce su clientela y puede llegar a afectar su economía. Esta clase de diferencias entre aseguradoras y asegurados suele dar lugar a controversias y confusiones ente los tribunales judiciales o arbitrales, lo que implica una tragedia para ambas partes, ya que deben recurrir a un tercero, denominado “juez”, para dirimir su conflicto. Ahora bien, cuando esto ocurre, se supone que ese tercero tiene la experiencia necesaria para dar la razón y hacer justicia en favor de la parte a la que asista el derecho. Sin embargo, ocurre que los juzgadores en nuestro país no son peritos ni expertos en seguros, por lo que suelen cometer yerros y equivocaciones que perjudican a aquella parte que debía salir vencedora. En el caso de las instituciones de seguros, las demandas presentadas en su contra suelen estar sustentadas en pólizas confusas y poco entendibles, situación que, en muchos casos, puede inhibir al cliente para llevar su caso ante un juez cuando, en realidad, mientras más confuso y oscuro es un contrato más expuesta está la institución a ser vencida, por la sencilla razón de que la regla general sustentada por nuestros más altos tribunales federales es que, cuando un contrato de seguro es confuso, siempre tiene que ser interpretado a favor del asegurado; sin embargo, esto no es de aplicación automática, sino que esa circunstancia de confusión debe ser expuesta correctamente por el abogado ante el juez para que el demandante tenga éxito y consiga sus propósitos. Estas circunstancias nos han llevado a la conclusión de que, mientras el prospecto de asegurado no lea y en-

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tienda por sí mismo y con diáfana precisión el contrato que se le propone (cosa que, a todas luces, es recomendable hacer aun cuando su agente de seguros le diga las maravillas del producto), estará comprando a ciegas, con todos los riesgos inherentes que ello conlleva pues, desgraciadamente y por su propia naturaleza, las bondades y maravillas del seguro sólo se comprueban cuando se sufre un siniestro. Y esto es también aconsejable para las empresas que no cuentan con un eficiente y conocedor funcionario denominado “administrador de riesgos”, quien es el encargado de buscar y contratar seguros de acuerdo a las necesidades de la empresa. Por todo lo anterior, se puede decir que en México sólo habrá garantía de obtener lo que se espera del seguro en tanto se establezca no solamente una cultura de protección contra riesgos adecuada, sino también la costumbre de leer y analizar con cuidado el contrato que


se adquiera. Del mismo modo, es bueno tener siempre presente que, conforme a la legislación, el asegurado tiene derecho a que la póliza sea modificada por inconformidad dentro de los 30 días a partir de su expedición, en cuyo caso la institución tendrá que subsanar lo solicitado o dar por concluido el contrato, reteniendo únicamente la parte proporcional de la prima del plazo mencionado. Actualmente, si bien existe un sistema establecido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para el registro de los productos de las aseguradoras (es decir, de los contratos que se pondrán a la venta y sin el cual ninguno podrá salir al mercado) y, aun cuando dicho sistema es lo suficientemente sofisticado como para operarse remotamente desde la computadora de quien hace el registro, asignándosele número de expediente, de registro y demás, cabe aclarar que esto no garantiza que el producto tenga en sus condiciones y clausulado la claridad y precisión ideal para quien lo requiere. Aunque ciertamente los acuerdos de seguro requieren de un registro de las autoridades respectivas, la anacronía en nuestro mercado radica en la obligación de que el contrato exista en medios impresos, tarea tediosa e ineficaz que, además, incrementa sustancialmente el costo de venta. Por otro lado, existe la tecnología suficiente para hacer toda la operación de venta y suscripción vía electrónica, además de que existe también la posibilidad de crear la

certeza jurídica entre las partes de los contratos visibles en línea. Por ejemplo, con la propia base de datos que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ha desarrollado para el registro de productos, podría crearse otra base de datos, administrada por la misma autoridad, que contenga las condiciones generales de los seguros, lo cual daría certeza jurídica en el contrato que rige a las partes, además de tener una fuente consultable por cualquier interesado; así, los únicos documentos entregables serían aquellos que tengan el propósito de documentar el pago, como la carátula de la póliza y demás, sin causar confusiones para el asegurado. Esto generaría importantes ahorros en la suscripción y venta de productos, lo cual redundaría en beneficio de todos: desde el cliente hasta la empresa aseguradora, pasando por el agente responsable de la transacción. Sin embargo, las propuestas legislativas son completamente adversas a ello. Habremos entonces de seguir operando con mecanismos caros, difíciles de administrar y completamente anacrónicos que dan lugar a disputas entre asegurados y aseguradoras, que sin duda alguna no desea ninguna de las partes. En conclusión, es el contratante de seguros quien, por sí mismo o a través de expertos entendidos en la materia, puede hacer que el seguro en México sea un seguro de protección real, afín a sus necesidades. febrero 2012

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La aplicación de una nueva solución, método o tecnología en la economía local es tan importante como la creación de nuevo conocimiento. Esto ilustra el papel preponderante que en un país pueden desempeñar los consultores en la difusión de mejores prácticas tecnológicas y organizacionales que ya existen en el mercado.

La consultoría

como garante de calidad Raúl Lozano

Maestro en Gerencia y Estrategia de Negocios. Es especialista en préstamos por parte del BID, donde trabaja desde 2007, así como en proyectos de finanzas, con una extensa experiencia en adquisiciones, asuntos legales y fortalecimiento institucional.

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 ¿Por qué la consultoría es importante para el crecimiento de un país?  Cuando el sector de la consultoría se desarrolla adecuadamente ayuda a multiplicar las posibilidades de acceder a innovaciones y prácticas mejoradas, con lo que se vuelve un gran aliado para mejorar el desempeño, tanto del sector público como privado, y la competitividad del país en general. El estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) plantea la siguiente premisa: “Los servicios de consultoría no son todo, sin embargo, son un acelerador de la productividad.”

la aplicación de una innovación global a un mercado específico. Por esta razón la aplicación de una nueva solución, método o tecnología en la economía local es tan importante como la creación de nuevo conocimiento. Esto ilustra el papel preponderante que en un país pueden desempeñar los consultores en la difusión de mejores prácticas tecnológicas y organizacionales que ya existen en el mercado. La razón principal del problema de productividad depende de las maneras en que la innovación circula en México y en América Latina. Empresas, entidades y dependencias

ción entre la industria consultora y las empresas no se ha investigado mucho en América Latina, mientras que el potencial de la interacción de la industria con el sector público es un ámbito casi desconocido. Por ello el estudio del BID titulado “Desarrollo de la Industria de Consultoría” cita el caso concreto de EU, ya que se trata de un país conocido por su capacidad de generar innovación y sus reiterados incrementos de productividad. En 2009, 7.4 millones de individuos fueron ocupados en el sector Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, quienes contribuyeron al

El gobierno mexicano debe identificar y adoptar prácticas regulatorias adecuadas en materia de contratación de consultores  ¿Cuáles son los argumentos por los cuales el BID ha llegado a esta conclusión y qué casos concretos puede mencionar como respaldo a ésta que, obviamente, se transforma en una sugerencia?  La premisa de la cual partió el estudio realizado por el BID plantea que el desarrollo económico que no se apoya en nuevos conocimientos está sujeto a rendimientos decrecientes y no es sostenible en el largo plazo. Esto lleva a investigar sobre el papel que ejercen los consultores en el desarrollo y diseminación de innovaciones y mejores prácticas tecnológicas y organizativas, en beneficio de la productividad y el crecimiento económico de países como México. Entre las innovaciones se pueden distinguir las globales y las locales. Una innovación global es la invención de un nuevo conjunto de coeficientes de producción vez en el mundo. Una innovación local es simplemente

públicas operan lejos de las fronteras tecnológicas y organizativas. El principal canal consiste en la adopción de innovaciones incorporadas a capital físico importado, mientras que la capacidad de absorción necesaria para tomar ventaja completa de estas innovaciones muchas veces falta, problema que es común en diversos países, inclusive China. Esto explica por qué la productividad está estancada. Por lo tanto, es importante entender que, para su difusión provechosa y rápida, la innovación debe ir por caminos poco explorados, y que abrir estos caminos puede llevar a superar obstáculos que hoy impiden el crecimiento de la productividad. Uno de estos caminos es el de la adaptación y diseminación de innovaciones y mejores prácticas globales mediante los servicios de consultoría. En relación con casos concretos en la región, el valor de la interac-

PIB de ese país con 5.7% (comparado con el 3% aportado en 1980). Un cálculo aproximado para el mismo año indica que 1.9 millones de profesionales (25.6%) fueron ocupados como consultores en 260 mil establecimientos, los cuales aportaron 1.9% al PIB. Como punto de comparación, en 2008 el sector Agricultura, Silvicultura y Pesca contribuyó con 1.1% al Producto Interno Bruto. En términos de ocupación, según el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el subsector Consultoría Administrativa, Técnica y Científica ha resultado el de más rápido crecimiento desde 1995, con un promedio de 10% por año, y se estima que de 2008 a 2018, entre todos los subsectores, éste seguirá siendo el más acelerado en términos de empleo y uno de los mejor remunerados de todo el mercado laboral de aquel país. febrero 2012

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desarrollo

A pesar del explosivo crecimiento de la industria en segmentos tales como servicios de diseño de sistemas de cómputo y consultoría administrativa, hasta hoy no se conoce con cuánto exactamente contribuye la consultoría a la Productividad Total de los Factores (PTF, es decir, la diferencia entre el valor de la producción y el costo de los factores empleados en ella) de la economía de los EU. Estudios especializados sugieren que, desde 1995 hasta el 2000, la PTF creció 1% anual, y 42% de este incremento fue atribuible a inversiones en capital organizativo, es decir, reorganización de empresas, mejora de procesos productivos y sistemas computacionales, y entrenamiento, los cuales se logran generalmente con el apoyo de consultores. De 2000 hasta 2006, la PTF creció 0.92% al año y se estima que los gastos en capital organizacional pudieron haber aportado 54% de este incremento. Así pues, los gastos en capital organizacional o activos intangibles son, en un componente importante, los servicios de consultoría que se emplean para recombinar capital, trabajo y tecnología, y alcanzar niveles de productividad mayores.  ¿Cuáles considera que son los aspectos más relevantes de regulación en el sector?  La regulación en este tema debe tener dos caras: una de control y otra de fomento, ya que es un asunto que amerita un tratamiento especializado por la complejidad de los términos de referencia y el riesgo de desarrollarlo.  En términos de normatividad, ¿qué aspectos, a consideración del BID, es imprescindible sujetar a regulación y por qué?

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 En un estudio realizado por el BID titulado “Adquisición de Servicios de Consultoría: Guías para una regulación eficiente” se identificó que la normatividad federal de adquisiciones no captura la naturaleza compleja de los servicios de consultoría y termina produciendo un ambiente operativo ineficiente para la administración pública, así como para los consultores. Esto contribuye a que el sistema de adquisiciones tenga un nivel de desempeño bajo en términos de calidad de los servicios adquiridos, duración y costo del proceso. De hecho, según datos de la CNEC, en 2008 las 2,348 Licitaciones Públicas de Servicios de Consultoría llevaron a 1,744 fallos adjudicados. Así pues, en muchos casos la regulación desalienta la participación en las licitaciones de algunos de los mejores proponentes (sea nacionales o extranjeros). El objetivo de estas guías fue ayudar al gobierno mexicano a identificar y adoptar prácticas regulatorias más adecuadas en materia de contratación de consultores, alineando las características del reglamento de adquisiciones con las características de la industria y la política del gobierno para impulsar el crecimiento sostenible de la misma industria. A ese respecto, las reformas de 2009 y 2010 a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, y a sus respectivos reglamentos, han traído algunos cambios benéficos, como es el caso de la introducción de la evaluación de propuestas por puntos y porcentajes. También es de considerarse positiva la publicación de los lineamientos que guían la evaluación de las propuestas por puntos o porcentajes diferenciando los servicios de consultoría de acuerdo con características de complejidad e impacto. Si bien estos acontecimientos son indicios puntuales de una voluntad normativa por parte de la SFP para enfocar las adquisiciones en obtener más valor de los servicios, el marco normativo en general por el momento permanece atado a las siguientes dos premisas implícitas: I) Los servicios por adquirirse son sencillos y homogéneos; II) Los funcionarios encargados de la contratación tienen poca discrecionalidad y un régimen de responsabilidades que debe actualizarse para otro tipo de realidades. Por tanto, los contratos son preferiblemente de precio fijo (suma alzada) y sin negociación. Bajo estas premisas permanece el riesgo de que los contratos de servicios complejos y de impacto económico importante, como son los de consultoría, se adjudiquen y se pacten con base en mecanismos que en la práctica quedan dominados por el precio. Continúa


Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería, S.A. de C.V. Ê >LœÀ>Vˆ˜Ê`iÊiÃÌÕ`ˆœÃÊ`iÊv>V̈Lˆˆ`>`Ê ÌjV˜ˆV>‡iVœ˜“ˆV>]Ê«ÀœÞiV̜ÃÊiiVṎۜÃÊÊ ÞÊ}iÀi˜Vˆ>Ê`iÊ«ÀœÞiV̜ð Ê >LœÀ>Vˆ˜Ê`iÊiÃÌÕ`ˆœÃÊiVœ˜“ˆVœ‡ w˜>˜VˆiÀœÃÊi˜Ê«ÀœÞiV̜ÃÊ`iʈ˜vÀ>iÃÌÀÕVÌÕÀ>]Ê œLÀ>ÊVˆÛˆÊÞÊiiVÌÀœ“iV?˜ˆV>Êi˜Ê}i˜iÀ>° Ê œ˜ÌÀ>Ì>Vˆ˜Ê`iÊÃiÀۈVˆœÃÊÌjV˜ˆVœÃÊÊ i˜ÊiÊˆ˜ÌiÀˆœÀÊÞÊiÝÌiÀˆœÀÊ`iÊ«>‰ÃÊÊ iʈ“«œÀÌ>Vˆ˜ÊœÊiÝ«œÀÌ>Vˆ˜Ê`iÊÌiV˜œœ}‰>ÊÊ >v‰˜Ê>ÊœLi̜Ê`iʏ>Êi“«ÀiÃ>° Ê-Õ«iÀۈȝ˜ÊÞÊ>Õ`ˆÌœÀ‰>Ê`iʜLÀ>ÊÊ i˜Ê>ÃÊiëiVˆ>ˆ`>`iÃʓi˜Vˆœ˜>`>Ã

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desarrollo

 ¿Cómo justificar, promover y garantizar la selección por calidad y no por precio?  El reciente estudio realizado por el BID, a solicitud de la SFP, indica que debe haber una proporción directa entre la complejidad de los términos de referencia y el peso mayor que se le dé a la calidad en relación con el precio. En resumen, la selección de una consultoría únicamente tomando en cuenta la calidad se aplicaría sólo para algunos casos.  Este criterio podría implicar que, a menor complejidad, la calidad no es importante. ¿Podría abundar en este concepto y darnos algunos ejemplos concretos de casos que sirvan como referencia del valor que el BID da a ambos parámetros: calidad y precio?  Cuando la imperfección de los término de referencia se debe a un tema complejo o nuevo, la “Guía para una regulación eficiente de la consultoría en México” recomienda recurrir a métodos de selección menos riesgosos para el proyecto, para la entidad y para los consultores. Esto significa adoptar métodos orientados más a las calificaciones, la experiencia y la especialidad de los consultores, y menos al precio del contrato. En relación con adoptar un método de selección basado en calificaciones o calidad, cuando los servicios de consultoría son complejos, de alto valor o de alto impacto económico y social, intercambiar calidad y precio del servicio a través de mecanismos matemáticos es riesgoso y poco aconsejable. En estos casos es más eficiente evaluar sobre la base de las calificaciones del consultor y de la calidad de su oferta técnica, para después

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establecer el precio de la propuesta en una discusión entre cliente y consultor. Existen dos opciones disponibles para esto: la primera consiste en adoptar la Selección Basada en Calificaciones (SBC1), la cual concentra la evaluación en los antecedentes de los candidatos y no tanto en la propuesta metodológica; mientras que la segunda se fundamenta en la Selección Basada en Calidad –Versión BID/BIRF (SBC2), la cual sí concentra la evaluación en la calidad de la propuesta metodológica. En ambos casos, la oferta económica se negocia con el consultor de la propuesta técnica que obtuvo el mayor puntaje y, por tanto, la mejor calidad.  ¿Cuál es la repercusión que el BID encuentra en los gobiernos con respecto a sus estudios, en general y en el área específica de la consultoría? ¿Da el BID –y de qué tipo– seguimiento por iniciativa propia o por solicitud de los gobiernos a los asuntos vinculados con los estudios que elabora?

La normatividad federal de adquisiciones no captura la naturaleza compleja de los servicios de consultoría

 El banco alienta activamente la difusión de conocimiento y experiencias para promover el desarrollo en los países miembros, para lo cual difunde nacional e internacionalmente las principales conclusiones de dichos estudios. En cuanto a la repercusión de éstos, se puede decir que es progresiva, y con respecto a su implantación, ésta es responsabilidad de los gobiernos a quienes el banco asesora con la mejor disposición para apoyar la ejecución de dichos estudios; si es el gobierno de un país miembro, así se le solicita.  ¿Qué considera usted que debe hacerse para llevar adelante las conclusiones del documento del BID sobre consultoría en México?  En principio, formar una visión conjunta sobre el papel de la industria consultora al servicio de una administración pública más ágil, eficiente y orientada al ciudadano, lo cual facilitará llegar a ciertos consensos sobre el tema. Al respecto, el estudio realizado por el BID recomienda adoptar tres direcciones estratégicas: “Coordinación e instrumentación de la demanda”, “Desarrollo del marco regulatorio y la capacidad institucional” e “Integración de la industria consultora al marco de la economía de los conocimientos”. Del mismo modo, en el estudio se plantea la necesidad de desarrollar y poner en marcha una agenda de acciones industria-gobierno, durante la cual se preparen, adopten y establezcan las acciones estratégicas a realizar.  ¿Cuál es su caracterización del consultor como aliado estratégico del cliente?


 En muchos países de la OCDE, la industria consultora se está revelando como una de las principales palancas de la productividad del sistema económico, registrando desde mediados de los noventa las más altas tasas de crecimiento de todos los sectores. La contribución de la industria resulta más efectiva en países con altos niveles de competitividad empresarial y de orden institucional. La industria consultora, impulsada por el mercado, constituye una de las redes más eficientes para la movilización de innovaciones tecnológicas y organizacionales y de mejores prácticas a través de muchos sectores económicos, inclusive la administración pública.  ¿Qué pasa en otros países, principalmente los desarrollados, con el crecimiento de la consultoría? ¿Cuáles son los casos más representativos y qué destacaría de cada uno de ellos, especialmente como recomendaciones a tener en cuenta en México?  En una reciente publicación del BID se dice que: “El principal canal de innovación y progreso tecnológico en la región es la adaptación de conocimiento importado, mientras que muchas veces falta la capacidad de absorción necesaria para tomar completa ventaja de la transferencia de tecnología. ¿Qué características debe tener una política adaptada a estas condiciones? Debería enfatizar los servicios tecnológicos a las empresas que se originan en laboratorios, universidades, o empresas consultoras y de ingeniería”. Para llenar en parte este vacío, el estudio sugiere que México, por el ta-

La responsabilidad en el resultado es del cliente La responsabilidad en el resultado es del proveedor

Sustitución de personal

Consultores Outsourcing

Actividad normal en el proyecto

Figura 1. Definición de la consultoría maño de su economía y los recursos humanos con los que cuenta, debería emprender un proceso de colaboración entre el gobierno y la industria consultora para formular una estrategia, adoptar una agenda de acciones y, finalmente, expedir una política de desarrollo de esta industria. Se parte de la premisa de que existe un gran interés por parte del gobierno en incrementar la capacidad de absorción de innovaciones y mejores prácticas de la administración pública a través de servicios de consultoría. La política requiere que se propongan instrumentos institucionales adecuados para alcanzar este objetivo, estructurar la demanda de servicios, reglamentar su contratación, e integrar la industria consultora a la economía del conocimiento de México. El diseño de la política como la definición de sus instrumentos es el producto del proceso de colaboración entre gobierno e industria.  ¿Considera el BID que el servicio de consultoría puede estar a cargo de cualquier institución u organización sin que sea una empresa especializada, por ejemplo, universidades o profesionales independientes? ¿Cuál es la experiencia en los países de la región que ha registrado el BID, cuál la evaluación y cuál la recomendación que al respecto puede ofrecer?  La razón principal para el empleo de consultores especializados son sus

conocimientos, ya que estos garantizan la calidad de las decisiones que afectan los intereses de sus clientes. El servicio del consultor, cuando es eficaz, incrementa el valor del proyecto un múltiplo del costo del mismo servicio. La segunda razón por la cual se emplean consultores es por su posición autónoma. Ciudadanos, contribuyentes y votantes exigen que sus proyectos sean preparados por agentes profesionales e independientes. Teniendo en cuenta lo anterior, los servicios de consultoría pueden ser prestados por firmas privadas, expertos individuales o universidades, siempre y cuando tengan los conocimientos y la experiencia necesarios. El BID ha definido el término “servicios de consultoría” como un concepto de dos características: primero, que los consultores se emplean para trabajar en proyectos específicos que se encuentran fuera de las actividades usuales del cliente y con una participación temporal; segundo, que la responsabilidad del resultado final del proyecto (por ejemplo, alcanzar ahorro en sus costos o mejorar la calidad de un servicio público) la conserva el cliente.

Entrevista con Daniel N. Moser

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Soberanía y seguridad alimentarias La disponibilidad de suministro de alimentos se verá seriamente afectada por la producción de biocombustibles, si gran parte de la superficie cultivable en el mundo y otros recursos productivos se desvían de la obtención de alimentos. José Herrera Vizcarra Secretario de Educación y Formación de la Central Campesina Cardenista, y consultor de las comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que atienden asuntos relacionados con el campo mexicano.

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on la política alimentaria dominante en el planeta, producir más alimentos no necesariamente ayuda a ganar la batalla contra el hambre, pues tal política preconiza una visión global de libre mercado y, bajo esta lógica, aborda las necesidades de los pobres como una oportunidad de negocios. Siguiendo esta directriz, los gobiernos de muchos países en desarrollo decidieron renunciar al principio de soberanía alimentaria y someter a sus habitantes a un modelo dependiente de las importaciones de alimentos, con el consecuente abandono del sector rural al que las políticas y los paradigmas del desarrollo industrial asignaron un rol muy limitado en términos de crecimiento y generación económicos. Estos paradigmas no funcionaron, y es tiempo de reconocer que la agricultura y el sector rural constituyen un motor de crecimiento que permite mejorar los ingresos, aumentar el empleo y proveer de alimentos a la población.

ducir localmente evita costos altos de transporte y de comercialización. • No sólo se debe producir más, sino que es necesario producir de manera incluyente y de forma que aumenten los ingresos de los más pobres. • La agroindustria tiene un papel esencial para productores y consumidores; existen desequilibrios de poder en las cadenas agroalimentarias, con un reparto no equitativo de beneficios. • La crisis provocada por el alza en los precios de los alimentos no ha terminado; se prevé continuará esta tendencia. • Los altos precios afectan el acceso suficiente y adecuado de los grupos vulnerables a los alimentos, debido a que los pobres gastan la mayor parte de su ingreso en otras necesidades, a costa de su comida. • En muchos países, son las grandes empresas las que determinan qué, cómo y para quién se produce.

Una alimentación adecuada debe constituir una de las prioridades del país El primer reto de la agricultura mundial es producir los suficientes alimentos para una población creciente, la cual podría alcanzar los 8 mil millones de habitantes en 2025 o 2030; de ese incremento, cerca de la cuarta parte ocurrirá en los países en desarrollo durante los próximos años. Dado que la población urbana en estos países se incrementará en una proporción similar, las implicaciones de la urbanización son significativas para el sistema alimentario. Se estima que la población de las áreas rurales depende, en cuanto a su abasto de alimentos, de su propia producción en más de 60%, y solamente 40% lo adquiere en el mercado. En cambio, la gente que vive en ciudades depende del mercado en cerca de 90% para su abasto. En este contexto, es importante subrayar algunos aspectos vinculados con la soberanía y seguridad alimentaria: • Es la pobreza la que causa que haya hambre en un mundo de abundancia. • Los pequeños productores han sido largamente excluidos de los apoyos institucionales, propiciando la migración rural y la formación de zonas marginadas en las grandes ciudades. • Los pequeños productores contribuyen a la seguridad alimentaria, en particular en áreas atrasadas, donde pro-

• La especulación es un grave problema por el cual la población paga un precio muy alto. Respecto a esto último, la especulación que hicieron los fondos de inversión sobre materias primas agrícolas en los mercados futuros fue un factor significativo para el alza de precios, ya que el exceso de liquidez internacional, combinado con una baja en el rendimiento de los mercados financieros, hizo entrar grandes flujos de capital en los mercados de materias primas agrícolas. Estos fondos especulan con una canasta de alrededor de 20 materias primas y manejan contratos por 400 mil millones de dólares, el doble que a finales de 2005; los efectos de estas prácticas exigen o plantean la necesidad de adoptar medidas para evitar la especulación de alimentos en el futuro. Una medida consistiría en excluir los fondos de riesgo de los contratos con materia prima agrícolas.

Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria Con la soberanía alimentaria se espera que las políticas públicas nacionales logren un nivel de producción en cantidad y contenido calórico y proteico que satisfaga las necesidades febrero 2012

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BIOCOMBUSTIBLES

de toda la población, a escala local, regional y nacional. Así pues, soberanía alimentaria significa que la nación mexicana salvaguarde y se reserve en exclusiva las decisiones relacionadas con la producción agropecuaria y la satisfacción de las necesidades alimentarias básicas del país. Actualmente, el comercio internacional es un escenario de debate entre las potencias, especialmente agresivo en lo concerniente a los intercambios agropecuarios, caracterizados por la sobreproducción (con distintos usos industriales) en los países desarrollados, el aumento de precios, los subsidios y la protección de los mercados. Por su impacto en la inflación, los precios internacionales de los granos más importantes continuarán con la trayectoria alcista iniciada desde 2008. En este entorno cada vez más complejo, las Organizaciones Campesinas de México han asumido el compromiso de luchar por alcanzar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria de la nación. En nuestra Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establece que la soberanía y la seguridad alimentarias consisten en la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos para toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional y en el abasto oportuno, suficiente e incluyente. De acuerdo con esto, una alimentación adecuada debe ser una de las prioridades del país, pues ésta constituye el insumo esencial para la salud y la educación, es el elemento básico de la justicia y representa un indicador de progreso social.

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Sin embargo, para las Organizaciones Campesinas de México, resulta insostenible la cada vez mayor dependencia del exterior para el abasto interno de alimentos, lo que obliga a instrumentar estrategias y acciones para recuperar y reafirmar la soberanía alimentaria del país. Es urgente, pues, elevar la producción agropecuaria para disminuir drásticamente las crecientes importaciones de alimentos, que actualmente se dan en las siguientes cantidades: arroz 70%, cebada 23%, maíz 33%, sorgo 39%, soya 95% y trigo 50%, entre otros. De este modo, qué producir es la primera decisión de soberanía alimentaria y atañe prioritariamente a la satisfacción de las necesidades básicas de la población: carne, leche, huevos, pescado, maíz, frijol, arroz, trigo, verduras y frutas. La meta consiste en incrementar la disponibilidad de alimentos, para avanzar en el mediano plazo hacia una dieta mínima promedio de 2,750 calorías y 80 gramos de proteína al día para toda la población. Para cumplir con este objetivo será necesario producir la cantidad de alimentos que ésta demanda. Con una parte importante de las familias mexicanas enfrentada a rezagos ancestrales en materia de alimentación, la transformación de las necesidades en demandas requiere el impulso a los programas de empleo, una mejor distribución del ingreso y un desarrollo económico sustentable que genere bienestar. Por ello, un propósito fundamental de las políticas públicas debe consistir en re-


ducir la elevada incidencia de pobreza alimentaria en los hogares del país, que equivale a 20% del total nacional, y a 38% en el sector rural. A lo anterior se debe agregar que el número de mexicanos en situación de pobreza alimentaria aumentó de 13 a 20 millones en el 2010. Por otro lado, la desnutrición afecta a 20% de las mujeres en general, y es especialmente aguda en las embarazadas, en las que este índice aumenta 30%, lo que repercute en los recién nacidos, quienes carecen de los nutrientes elementales para su desarrollo. La pobreza alimentaria, íntimamente relacionada con los problemas de salud, además de disminuir las capacidades físicas e intelectuales de la población, requiere gastos médicos y sociales crecientes. Por todo lo anterior, es tiempo de reconocer que la agricultura y el sector rural deben ser un motor de crecimiento que permita la autosuficiencia alimentaria y contribuya a elevar los ingresos de los trabajadores.

Factores que vulneran la seguridad alimentaria La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define la seguridad alimentaria como el acceso económico, físico y social de toda la población, y en todo momento, a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan las necesidades adecuadas. En este sentido, la seguridad alimentaria es un objetivo de política pública que se orienta en tres direcciones: • Seguridad alimentaria del individuo o la familia. • Seguridad alimentaria local o regional. • Seguridad alimentaria Nacional. El acceso a una alimentación adecuada y suficiente depende tanto de la existencia y disponibilidad de alimentos (producción nacional e importaciones) como de la capacidad económica de los individuos para adquirirlos, por tanto, producir más no es suficiente para superar los problemas de alimentación nacionales. Para lograr una adecuada seguridad alimentaria es necesario que la gente tenga capacidad de compra, de ahí que todas las medidas que permitan incrementar la productividad, elevar el nivel de ingreso y mejorar su distribución contribuirán a obtener tal seguridad.

Seguridad alimentaria individual Este problema se ha ubicado generalmente en el contexto nacional y se ha esquivado su fundamento real: la seguridad alimentaria individual o social. En la realidad, son los individuos, los grupos sociales y las familias quienes sufren la insuficiencia alimentaria , la desnutrición temporal o la endémica, y no la sociedad en su conjunto. Así, las políticas públicas, los acuerdos de integración económica regional y las negociaciones multilaterales deben ser evaluadas por los impactos en la seguridad alimentaria de los individuos. El Instituto Internacional de Investigación de la Política Alimentaria (IFPRI) describe los siguientes indicadores de seguridad: • Producción alimentaria per cápita. Es la medida de habilidad de un país para alimentar a su población. • La relación del total de exportaciones con las importaciones de alimentos. Habilidad de un país para financiar sus importaciones con los ingresos de sus exportaciones totales. • Calorías per cápita y proteínas per cápita. Son medidas utilizadas para estimar los niveles de consumo y, por lo tanto, la disponibilidad alimentaria a nivel nacional. La inseguridad alimentaria estructural a largo plazo ocurre en los hogares. Millones de individuos, gran parte en países en vías de desarrollo, carecen de seguridad alimentaria. La causa fundamental es la pobreza, a pesar de que exista una oferta amplia de alimentos en los mercados nacionales y mundiales.

El cambio climático y la seguridad alimentaria El cambio climático continuará empeorando las condiciones de vida de agricultores, pescadores y de quienes viven de los bosques, poblaciones ya de por sí vulnerables y en condiciones de inseguridad alimentaria. En el futuro, aumentarán el hambre y la malnutrición; las comunidades rurales, especialmente las que viven FEBRERO 2012

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BIOCOMBUSTIBLES

en ambientes frágiles, se enfrentarán a un riesgo inmediato y creciente de siniestros en las cosechas, de pérdida de ganado así como a la reducida disponibilidad de productos marinos, forestales y provenientes de la acuicultura. Los episodios climáticos (sequías e inundaciones) extremos serán cada vez más frecuentes e intensos, y tendrán un impacto negativo en la disponibilidad de alimentos, el acceso a éstos, su estabilidad y su utilización, así como en los bienes y oportunidades de los medios de vida tanto en zonas rurales como urbanas.

Impacto de los biocombustibles en la seguridad alimentaria Las metas políticas de la mayoría de los países desarrollados para sustituir los combustibles fósiles son muy ambiciosas, y no parecen estar directamente relacionadas con la rentabilidad y competitividad económica. El cumplimiento de estas metas resultaría en un aumento nunca visto en la demanda de productos agrícolas destinados a la producción de biocombustibles; por ejemplo, para lograr una mezcla de 10% en la gasolina, Estados Unidos tendría que transformar la mitad de la producción de maíz en etanol utilizando 15% de su superficie agrícola, y la Unión Europea tendría que ocupar casi tres cuartas partes de su área cultivada para sustituir apenas 10% de gasolina y de diésel. La sustitución del petróleo en el mundo es todavía sumamente baja (1%); sin embargo, los biocombustibles han sido ya un factor importante en la crisis alimentaria actual por la demanda de granos (principalmente maíz) para la obtención de etanol. De lo anterior se desprende que los países industrializados, que son al mismo tiempo los grandes consumidores de combustibles, no llegarán a porcentajes significativos de reemplazo de los combustibles tradicionales con base en su propia producción agrícola. En este escenario, la disponibilidad de suministro de alimentos se verá seriamente afectada por la producción de biocombustibles, si gran parte de la superficie cultivable en el mundo y otros recursos productivos se desvían de la obtención de alimentos. Se estima que si sólo 15% de la superficie mundial cultivable de maíz se destinara a la producción de etanol, el volumen disponible de este grano disminuirá 20%, equivalente a 150 millones de toneladas, siete veces más de lo que México produce en un año.

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De este modo, continuaría la subida de los precios agrícolas, lo que alteraría seriamente la estabilidad de la seguridad alimentaria.

Necesario cambio de estrategia Según reporta Guillermo Knochenhauer (2011), el conjunto las importaciones alimentarias de México ha crecido el cuádruple en 15 años y, en varios productos, la dependencia del país es masiva y casi absoluta; por ejemplo, del consumo actual de maíz amarillo se importa 81%, 73% de arroz, 52% de trigo y 90% de oleaginosas. El simple cálculo de caídas probables en la producción mundial de granos por desastres ambientales (situación que no se ha presentado de manera catastrófica) ha bastado para alentar su encarecimiento especulativo y hasta su uso como instrumento de chantaje político. Por ello, resulta necesario acabar con las importaciones masivas de alimentos, para lo cual se necesita reestructurar 90% del gasto público rural en favor de los campesinos. Un tercio de ellos aportarían mucho más al mercado nacional si tuvieran acceso a semillas, biofertilizantes, almacenes y caminos, asistencia técnica, así como a créditos de avío, refaccionarios y pignoraticios. Los dos tercios restantes practican una agricultura de subsistencia; a ellos hay que apoyarlos, de manera que las comunidades rurales más pobres alcancen a cubrir por sí mismas su déficit productivo y puedan asegurar su propia alimentación. Referencias Knochenhauer, G. (2011) Para avanzar, viraje al presupuesto, Central Campesina Cardenista, http://www.cccardenista.net


RÍOS-FERRER, GUILLÉN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C.

Asociaciones Público Privadas

RÍOS-FERRER, GUILLÉN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA S.C., desde 1989, brinda servicios de asesoría jurídica a entidades públicas, empresas, oficinas gubernamentales e instituciones financieras de Norteamérica, América Latina, Asia y Europa. Los socios de la Firma, cuentan con reconocida experiencia nacional e internacional en las áreas de su especialidad. La Firma ha asesorado a los gobiernos de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia y Ecuador. Ha participado en estudios para el Banco Mundial, la International Finance Corporation, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaria de Integración Económica Centroamericana y la Comisión de Telecomunicaciones de Centro América. Ha prestado asesoría jurídica a un número importante de dependencias del gobierno federal y de diversas entidades federativas.

Ricardo Ríos Ferrer rrios@riosferrer.com.mx David Guillén-Llarena dguillen@riosferrer.com.mx Francisco Treviño Moreno ftrevino@riosferrer.com.mx Roberto Ríos Ferrer rifer@riosferrer.com.mx Julio Rivera de los Reyes jrivera@riosferrer.com.mx

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Infraestructura y servicios públicos

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“Ríos Ferrer, Guillen-Llarena, Treviño y Rivera, S.C.” Av. Insurgentes Sur 1605 Piso 12, Col. San José Insurgentes. México, D.F. 03900 Tel. 52 (55) 59 80 03 50

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Narcotráfico: necesario acabar con el ciclo económico que lo sustenta 36•

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Alberto Montoya Martín del Campo

Doctor en Políticas Públicas sobre la Revolución Tecnológica. Académico de la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A.C.


S El eje primordial del análisis y la estrategia de supresión del sistema del narcotráfico debe ser financiero, ya que éste es el principal vehículo para su operación, por lo cual se hace indispensable una legislación que permita bloquear de manera efectiva el ciclo económico delictivo; cuestión que debe ser, necesariaMENTE, de carácter internacional.

uperar el deterioro social y la violencia creciente del crimen organizado requiere identificar, tanto dentro como fuera de nuestro país, las raíces de este grave problema para poder actuar sobre ellas; por eso, para su eventual erradicación, es condición indispensable reconocer la naturaleza económica, política y geopolítica del narcotráfico. Al igual que en los Estados Unidos, las acciones que el gobierno mexicano aplica para combatir el narcotráfico no han tenido éxito en el pasado ni lo tendrán en el futuro, debido a cuatro razones principales: 1. Las extraordinarias utilidades que produce la economía criminal, controlada en último término desde Estados Unidos en sus fases de consumo, trasiego y lavado de dinero, lo que seguirá generando necesariamente una oferta, tanto en ese país como en México y otras partes del mundo. 2. El poder corruptor universal que, en su generación y legitimación, tienen dichas utilidades sobre la sociedad y las instituciones públicas, lo cual incluye la violencia intrínseca para la resolución de disputas por negocios y mercados. 3. La imposibilidad de resolver el problema del narcotráfico con tácticas militares, pues se requiere de una estrategia integral dirigida a eliminar el origen de esta actividad criminal. 4. El interés geopolítico estadounidense en promover el establecimiento de un estado policial en México (subordinado militarmente a EU) con el propósito de mantener y profundizar la sujeción económica, comercial, alimentaria, energética, mediática, industrial y política del país.

Naturaleza económica del sistema criminal El origen del consumo de drogas tiene como base cultural la búsqueda de estados alterados de consciencia, que van de la alienación social al hedonismo y la evasión, y se insertan en el marco de las condiciones subjetivas, valores y formas de vida. Durante los últimos cuarenta años, se ha observado una persistente demanda de diversos estupefacientes en Estados Unidos, por parte de una sociedad que, febrero 2012

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NARCOTRÁFICO

El sistema criminal es capaz de corromper, teniendo solamente el límite de su propio poder económico, que se amplía y reproduce de manera geométrica mediante su consumo, busca alcanzar nuevas emociones y modificar sus estados sensoriales y de percepción. El origen de estas necesidades subjetivas ha sido objeto de numerosas investigaciones filosóficas, sociológicas y psicológicas. El consumo creciente de estupefacientes en ese y otros países es un fenómeno social relacionado con valores vinculados a una cultura materialista e individualista, la cual propicia la violencia, la enajenación y la deshumanización, aspectos que algunos consideran expresiones de decadencia social. Además, la actividad económica criminal por la que se satisface dicha demanda de estupefacientes debe ser considerada un sistema, ya que integra un conjunto de elementos que funcionan de manera interrelacionada, lo que permite su permanencia y el aumento de su producción. Por tanto, pretender aislar el fenómeno o eliminarlo desde la esfera de su operación sin desmontar la integralidad de su proceso de valorización económica es una estrategia intrínsecamente insuficiente y destinada al fracaso, como se ha demostrado en México. No obstante la importancia que se ha otorgado a la denominada “guerra” contra el narcotráfico en las políticas públicas del gobierno federal, el hecho es que el ciclo que se inicia con una inversión y termina en la obtención de una utilidad no ha sido perseguido desde la lógica económica que conlleva. La condición principal para el funcionamiento del sistema criminal son las grandes rentas que genera, y que se convierten en riquezas extraordinarias acumuladas por los organizadores de sus actividades, por ello, es imposible terminar con éste si no se logra romper y detener la reproducción del ciclo económico que lo sustenta. Dicho ciclo debería ser el hilo conductor de cualquier estrategia que verdaderamente tuviera el objetivo de des-

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mantelar la actividad criminal, sin embargo, en México esto no es así: desde 1989 (año en que se criminalizó el lavado de dinero) a la fecha, sólo se han emitido 26 sentencias contra acciones de este tipo, de donde se infiere que la mayor parte de las ganancias del narcotráfico en el país logran completar el proceso de inversión-obtención de utilidades. Algunos de los argumentos para la venta de los bancos mexicanos a inversionistas extranjeros fueron los severos cuestionamientos por su supuesta (y en algunos casos comprobada) participación en el lavado de dinero, situación que, una vez que la mayoría de aquellos que operan en México han pasado a ser propiedad de firmas transnacionales, prácticamente ha dejado de ser objeto de crítica; no obstante, es indudable que el lavado de dinero ha estado presente en México durante las últimas tres décadas, como lo indica la cada vez mayor diversificación de ramas y sectores del narcotráfico en todo el territorio nacional. Además, no se debe perder de vista que es en Estados Unidos donde se origina y acumula la parte más significativa de esta actividad; cualquier estrategia debe tomar este hecho como punto de partida. Por ello, es indispensable hacer un análisis del sistema nervioso del narcotráfico que permita llegar hasta sus raíces. Aun cuando el rastreo del origen de las armas decomisadas a los narcotraficantes en México conduce principalmente hacia los Estados Unidos, el eje primordial del análisis y la estrategia de supresión del sistema del narcotráfico debe ser financiero, ya que éste es el principal vehículo para su operación, por lo cual se hace indispensable una legislación que permita bloquear de manera efectiva el ciclo económico delictivo; cuestión que debe ser, necesariamente, de carácter internacional. Continúa


NARCOTRÁFICO

De la misma manera, ante la evidencia de la magnitud del consumo en ese país, se requiere un análisis comparado de los fenómenos sociales, económicos y de procuración de justicia en Estados Unidos, lo que implica identificar las organizaciones criminales estadounidenses, así como sus condiciones de producción y su extensión hacia México.

Poder corruptor universal Como ya se ha indicado líneas más arriba, el poder del narcotráfico no está en su armamento, logística, capacidad de fuego u organización, sino en su capacidad de acumulación de riqueza acelerada y la magnitud de las ganancias que genera para los sujetos que lo controlan. Las condiciones que requiere el sistema de la economía criminal para su funcionamiento son: • Generación de tasas de utilidad muy altas, hecho que motiva su permanencia y el continuo ingreso de nuevos sujetos en busca de tales ganancias, por lo cual la estrategia de acabar con un grupo criminal tiene como efecto inmediato la creación de otro o de varios que lo sustituyen. • Vulnerar y corromper de manera necesaria al sistema de derecho de la sociedad, puesto que el acceso a los consumidores requiere la compra de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad o jurisdicción la aplicación de justicia. • Implementar la violencia, ya que ninguno de sus contratos se puede litigar por el sistema de derecho y procuración de justicia de la sociedad. • Tener un alcance transnacional e implicaciones geopolíticas. Por ello, el sistema criminal es capaz de corromper, teniendo solamente el límite de su propio poder económico, que se amplía y reproduce de manera geométrica.

Ante la actual situación, UNA solución integral Dada la intensificación de la violencia y la consolidación de la economía criminal con su secuela de corrupción, el curso de acción que aquí se propone incluye, entre otras, las siguientes acciones: 1. Exigir la transparencia del sistema financiero y su cooperación (pues todas las transacciones terminan ine-

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vitablemente en él) para poder confiscar los bienes del sistema económico criminal por mandato legal. 2. Promover una amplia toma de consciencia nacional sobre la naturaleza económica del narcotráfico y de la necesidad de generar una estrategia integral, que aborde el tema desde sus diversos ángulos, comenzando por el económico y financiero. 3. Trabajar intensamente en la prevención del consumo, lo que dota de suma importancia a la formación ética, especialmente entre los jóvenes, con respecto la violencia. 4. Exigir plena responsabilidad de los organismos políticos sobre la utilización de la fuerza pública, ya que ningún acto de este tipo se justifica por el hecho de ser realizado al amparo de las atribuciones otorgadas por la ley a las instituciones. 5. Terminar tajantemente con la apología del crimen, la cultura de la violencia y la promoción de los valores que alimentan el sistema de la economía delictiva (lo cual se hace de manera directa o indirecta a través del cine, la radio y la televisión), por medio del establecimiento de consejos ciudadanos que vigilen los contenidos mediáticos, y cuyas recomendaciones sean de carácter vinculatorio con las autoridades de la Secretaría de Gobernación. 6. Involucrar a la sociedad en la responsabilidad preventiva del consumo de drogas, por medio de las instituciones escolares, los gobiernos municipales y las organizaciones de carácter civil. 7. Modificar las leyes aprobadas para la extinción de dominio, con el fin de que todos los bienes confiscados, en lugar de ser convertidos en bienes públicos, se canalicen a los proyectos de las organizaciones civiles y de grupos juveniles, lo cual detonaría oportunidades para crear ingresos y reduciría el consenso que apoya al sistema criminal, motivando al mismo tiempo la participación de la sociedad. 8. Establecer una amplia agenda de trabajo en las universidades mexicanas sobre el sistema de la economía criminal que incluya la investigación social sobre este fenómeno, así como la evaluación de las instituciones encargadas de impartir justicia y las propuestas para su mejoramiento. Éste es un resumen del trabajo original. Si desea obtener la versión completa, puede solicitarla a consultoria@heliosmx.org


Daniel N. Moser

Editor y periodista

La desconexión Acaba de anunciar la ONU que el mundo está al borde de otra recesión económica. Desde la última en 2008, los principales responsables de la misma han sido los encargados de atender sus consecuencias, y sólo han aplicado paliativos, sin abordar sus causas de fondo. A la par de los organismos internacionales controlados por los países centrales, las famosas “calificadoras” (¿quién las calificará a ellas?), empresas privadas con obvios intereses particulares, ejercen –sin representatividad, legitimidad, ni legislación que las regule– un poder de facto sobre gobiernos que se someten a sus calificaciones y recomendaciones. Hay excepciones. En 2008, luego de una rebelión popular, Islandia se negó a rescatar a los bancos: los dejó caer, aplicó la justicia y envió a la cárcel a banqueros y gobernantes que habían provocado descalabros financieros. Algo muy distinto sucede en España, Grecia o Italia, en cuyos gobiernos influyen, e incluso participan, figuras procedentes de las “calificadoras” Lehman Brothers o Goldman Sachs. Debido a la movilización ciudadana, Islandia es hoy un país próspero. Cierto es que esa nación posee una economía significativamente menor y que no tiene

mayor impacto internacional, pero ello no quita validez a las medidas aplicadas con éxito en 2008. Los países sudamericanos trabajan por hacer realidad una integración efectiva en términos políticos y económicos. Esa región vive un proceso activo de integración que le está permitiendo enfrentar la crisis mundial con resultados positivos –muy positivos, si se comparan con los de Europa y Estados Unidos–. La economía regional logró seguir creciendo a partir del mercado interno y mejorar los principales indicadores sociales y económicos. Esta suerte de distanciamiento o desconexión de Islandia y Sudamérica respecto a los centros mundiales de toma de decisiones no significa aislamiento. Priorizaron el cumplimiento de objetivos nacionales. Samir Amín, reconocido estudioso de las relaciones entre los países centrales y periféricos del sistema económico mundial, desarrolló la teoría de la desconexión. En ella formula la hipótesis de que, para un desarrollo efectivo, los países periféricos deberían elaborar una propuesta propia basada en un intercambio equitativo entre sí y replantear su relación de dependencia económica con los países centrales. Amín considera necesario que los países periféricos tengan control sobre ciertas

condiciones esenciales: la primera de ellas es la reproducción de la fuerza de trabajo (que incluye garantizar la soberanía alimentaria y la distribución equitativa del ingreso); la segunda es la existencia formal de entidades financieras nacionales que sean relativamente autónomas de los flujos del capital transnacional, para garantizar la capacidad nacional de orientar su inversión; la tercera, el dominio local del mercado, preferentemente reservado a la producción nacional, por lo menos selectivamente; la cuarta condición consiste en tener un dominio local de los recursos naturales, lo cual supone, más allá de su propiedad formal, la capacidad del Estado para explotarlos o reservarlos; y como quinta y última condición, tener el dominio local de las tecnologías inventadas en el país o, si son importadas, que puedan reproducirse rápidamente sin tener que importar siempre los insumos esenciales. Como lo demuestran las experiencias de Islandia y Sudamérica, obtener un margen de independencia del sistema mundial, con base en la toma de decisiones soberanas, rinde frutos positivos. México, que hoy mantiene un intercambio comercial de casi 90% sólo con Estados Unidos, debería considerar seriamente sumarse a la experiencia sudamericana. No es fácil, pero tampoco imposible.


Las encuestas electorales en México:

rumbo al proceso de 2012 Ricardo de la Peña

Sociólogo con estudios de maestría y diplomados en Análisis Político y en Economía Aplicada. Es autor de diversos libros y artículos especializados, como Mexican public opinion research y Cómo acercarse a la sociología.

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esde finales del decenio de 1980, las encuestas han estado presentes como un actor importante en los procesos electorales; ello como consecuencia de una reducción de costos y de un acceso creciente a las tecnologías que posibilitan la realización de estos estudios en forma rápida y económica, así como de la pluralidad creciente de la sociedad mexicana, tanto en lo relativo a la existencia de procesos electorales competidos (donde las encuestas juegan un papel relevante a modo de vía de información para las élites y el público en general) como en la diversificación y liberalización del espacio mediático nacional. Para la elección presidencial de 1988 se contó con apenas unas cuantas encuestas y ninguna casa encuestadora difundió más de una medición nacional. Para 1994 se dispuso de casi una veintena de encuestas nacionales y al menos cuatro agencias contaban con series que daban cuenta de los cambios a lo largo del proceso. En el año 2000 las mediciones publicadas fueron más de sesenta, casi una decena de series de mediciones bajo responsabilidad de diferentes casas encuestadoras. Ya para 2006, el número de encuestas nacionales mediante entrevistas personales a domicilio superó el centenar, se emplearon diversas series y aumentó la cantidad de firmas generadoras de esta información. Para el


Hace 20 años el debate sobre las encuestas electorales se centraba en la pregunta de si era posible hacer en México este tipo de investigación con resultados válidos; se argumentaba que los mexicanos no dicen la verdad por razones culturales o políticas, por lo que era imposible aplicar con éxito estas herramientas propias del Occidente democrático. Sin embargo, los esfuerzos de medición de las preferencias electorales y de divulgación de sus resultados en 1988 dejaron en claro que es posible realizar este tipo de investigación en nuestro país y que sus resultados pueden ser exitosos. proceso electoral federal por venir es factible que incluso se utilicen reportes públicos de encuestas cotidianas de seguimiento que permitirán al electorado seguir el pulso de las preferencias y su dinámica en tiempo real. Por ello, resulta importante la preservación de los espacios mediáticos que dan cabida a información sobre preferencias electorales, producto de ejercicios demoscópicos. Esto viene a cuento porque, a pesar de la relativa apertura con que se ha venido avanzando a lo largo de los últimos 15 años, no dejan de advertirse asechanzas ante las cuales hay que estar pendientes. Pasando a aspectos técnicos, hace 20 años el debate sobre las encuestas electorales se centraba en la pregunta de si era posible hacer en México este tipo de investigación con resultados válidos; se argumentaba que los mexicanos no dicen la verdad por razones culturales o políticas, por lo que era imposible aplicar con éxito estas herramientas propias del Occidente democrático. Así, uno de los primeros ensayos basados en encuestas electorales que se difundió buscaba “poner a prueba la utilidad y confiabilidad de los sondeos de opinión pública”, ello a pesar de que ya entonces se disponía de múltiples resultados de investigaciones por encuesta sobre el fenómeno político de corte académico y de que muy diversas empresas llevaban años realizando estudios serios sobre asuntos político-electorales. Sin embargo, los esfuerzos de medición de las preferencias electorales y de divulgación de sus resultados en 1988 dejaron en claro que es posible realizar este tipo de investigación en nuestro país y que sus resultados pueden ser exitosos, y dejaron abierta a la discusión la manera en que deben ser realizados tales estudios. Fue así como la última década del siglo pasado dio ocasión a un debate que entonces parecía central: ¿dónde debe abordarse a las

personas a entrevistar como parte de la muestra para un estudio sobre preferencias electorales? El debate confrontaba dos opciones de entrevista personal: en la vía pública o en la vivienda. Quienes apoyaban la opción de la vía pública argumentaban que ello facilitaba el mantenimiento del anonimato del informante, indispensable para obtener datos fidedignos. Por el contrario, quienes preferían la entrevista en la vivienda, advertían la falta de evidencia de que una aproximación directa al domicilio provocara sesgos y que, por el contrario, posibilitaba un diseño muestral más riguroso. El debate propició la realización de experimentos para medir las diferencias introducidas por el método de aproximación. La discusión pareció saldarse en lo fundamental en ocasión de la elección presidencial de 1994: más allá de sus conocidas virtudes en cuanto a rigor, diversos estudios realizados en vivienda tuvieron además resultados muy certeros al compararlos con los datos reales, lo que refutaba el argumento del supuesto sesgo introducido por esta forma de aproximación. Ahora bien, con el arranque del siglo surge un nuevo diferendo respecto a los métodos de aproximación: el debate sobre la pertinencia de las encuestas telefónicas para la medición de las preferencias electorales. Las críticas al empleo de este método se basan en dos consideraciones: la imposibilidad de lograr una cobertura cabal del universo de los electores mediante entrevistas telefónicas, dado el reducido alcance del propio sistema de comunicación, y la existencia de sesgos derivados de una baja tasa de respuesta en encuestas de este tipo, con respecto a las efectuadas “cara a cara”. Estas críticas, empero, deben acotarse, ya que la cobertura lograda en algunas entidades, municipios o delegaciones es hoy en día tan elevada como en muchas naciofebrero 2012

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encuestas

nes donde la encuesta telefónica es práctica regular y, a medida que aumente la cobertura, la exclusión de un segmento relevante del electorado se irá diluyendo. De hecho, hay ocasiones en que la aproximación por vía telefónica pareciera resultar mejor que otras técnicas. Tal vez uno de los aspectos en que más se ha avanzado y, al mismo tiempo, en que más pendientes quedan por resolver es el de los diseños muestrales involucrados en los estudios para conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. Hace dos décadas era común que las encuestas sobre el tema difundidas partieran de un diseño muestral escasamente riguroso, y que adoptaran métodos arbitrarios o difusos de selección de unidades primarias y procedimientos de cuotas para la selección de personas. Ello era acorde con la lógica de aproximación en vía pública y con supuestos de “representatividad” de las muestras por un reparto regional o estatal de casos que coincidiera con los pesos demográficos de estas divisiones.

procesos de selección aleatoria entre los residentes con regresos hasta lograr el contacto. Falta aún mucha investigación sobre el impacto efectivo que estos métodos tienen en los resultados de los estudios, pues no deja de haber cuestionamientos a eventuales sesgos derivados de alguno de los dos métodos de elección del informante. Pareciera haber un acuerdo en que las muestras para estudios nacionales sobre preferencias electorales no han de ser menores a mil casos, tomados regularmente de al menos cien unidades distintas, pero los márgenes de error que se suelen reportar no corresponden necesariamente a los diseños utilizados. En la mayoría de los casos, se reporta una precisión estimada como si fuera un muestreo aleatorio simple, cuando en ningún caso lo es. La búsqueda de exactitud de las mediciones por encuesta previas respecto a los resultados oficiales de las elecciones enfrenta diversos problemas, entre ellos, el error intrínseco al carácter muestral del ejercicio; los giros

Uno de los aspectos en que más se ha avanzado es el de los diseños muestrales Pero ya para entonces se notaban también avances importantes, pues se reconocía la necesidad de sujetar el diseño a los principios del muestreo probabilístico. De hecho, varias series de encuestas publicadas en 1994 asumían un diseño probabilístico, al menos en sus primeras etapas, aunque no necesariamente en la selección de vivienda e informante dentro de una unidad en muestra. Puede afirmarse que en el nuevo siglo existe un claro consenso entre los principales investigadores de la opinión pública en el país sobre el recurso a procedimientos de selección aleatoria de secciones electorales, tomadas como unidades primarias de muestreo. Así, se asume que una muestra efectivamente nacional no puede excluir en el diseño el ámbito rural, y debe asignar una probabilidad conocida y mayor a cero a todas y cada una de las unidades comprendidas en el marco muestral. En lo que aún no existe consenso es en cómo resolver el problema de la selección del informante en la vivienda. Al respecto, lo mismo se recurre a entrevistar al primer ciudadano contactado, a la elección de alguno de los presentes mediante algún método aleatorio, o a rigurosos

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posibles en las intenciones de voto entre el momento de la entrevista y la celebración de los comicios; los problemas derivados de la indefinición de intención de voto por un contendiente específico, y el problema de detección de los votantes reales dentro del universo de los electores. Se ha buscado disminuir el primero de ellos mejorando los procedimientos de selección de las muestras y logrando un tratamiento más riguroso y apegado a los principios científicos de los datos. En cuanto a los giros posibles en las intenciones de voto, éstos se han tratado de enfrentar mediante modelos de “ajuste” de los datos observados, aunque es escaso el avance efectivamente logrado en la materia, dado el reducido número de eventos y los cambios en el formato de la competencia electoral a lo largo de los últimos años. Por lo anterior, los esfuerzos por desarrollar tales modelos se han orientado a tratar dos problemas distintos: los “indecisos” y los “votantes probables”. Hasta mediados de la década antepasada, la mayoría de los investigadores atendían el problema de los llamados “indecisos”, entendiendo por tales lo mismo a quienes resContinúa


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encuestas

pondían “no sabe” a la pregunta de intención de voto, como a quienes no respondían o decían que su voto es secreto, e incluso a quienes afirmaban que no votarían por ninguno de los contendientes. La búsqueda de soluciones para este problema llevó a desarrollar modelos diversos para su tratamiento. El más simple posible, y a la vez el más utilizado, era distribuirlos en forma idéntica a la de los “definidos”, lo que muchas veces resultó acertado, aunque no por ello sustentado. A pesar de esta coincidencia, lo que se requiere es decantar la población para detectar a estos “votantes probables”, para lo que no existe convenio ni sobre procedimientos de detección ni sobre los requerimientos a cumplir en estos ejercicios. En infinidad de ocasiones, mediante la construcción de escenarios alternativos de participación, modelos de análisis discriminante y otras técnicas estadísticas, se buscaron modelos de asignación más sofisticados. Sin embargo, a raíz del proceso electoral del año 2000, se tomó conciencia de que el problema había sido planteado de manera inversa: no se trataba de cómo distribuir a los “indefinidos” para incluir a todos los ciudadanos en el cálculo, sino de cómo excluir a quienes probablemente no votarían para llegar a estimaciones relativas a los “votantes probables”. Es así como, desde ese año, la mayoría de las agencias de investigación recurren a modelos de detección y filtrado de los “votantes probables” dentro del universo de electores. Entre los procedimientos más utilizados para su detección cabría distinguir los modelos de filtrado de casos mediante reactivos específicos y los modelos de asignación de probabilidad con base en variables observadas. Hay quienes sostienen que debería arribarse a un algoritmo que permita la detección, aun cuando éste sea complejo. Pero hay también quienes sostienen que los modelos han de ser casuísticos, imposibles de sujetar a un modelo general riguroso. Quienes aspiran a encontrar un procedimiento general suponen que su carencia es producto de limitaciones en el desarrollo de la investigación y, factiblemente, de las propias herramientas disponibles. Por su parte, aquellos que rechazan su existencia advierten que cualquier algoritmo sería limitado e inadecuado en ocasiones, por lo que el único recurso válido es el encuentro en cada situación de las variables relevantes. El debate está abierto y será tema

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recurrente en las próximas reuniones de los profesionales del campo. Otro punto en el que se polemiza es el alcance y la validación de los modelos. La posición más simplificadora y pragmática supone que éstos son recursos exclusivamente destinados a aproximar las estimaciones de intención de voto a los resultados esperables, y que su evaluación debe verse a la luz de la coincidencia entre estimaciones y resultado electoral. La posición más rigorista advierte que estos modelos deberían cumplir diversas condiciones para su validación, entre ellos, que al decantar casos o asignar probabilidades la proporción de “votantes probables” respecto al electorado corresponda aproximadamente con la tasa de participación; que el perfil derivable del proceso de decantación o asignación de probabilidades sea próximo al perfil de los votantes reales; y que la distribución de intenciones de voto sea suficientemente próxima con el resultado de los comicios. Pasando al tema de los cuestionarios, aunque no existe un consenso sobre la estructura idónea de estos instrumentos, y en el entendido de que sus contenidos suelen variar dependiendo de los objetivos e hipótesis del investigador, pareciera haberse arribado a algunos puntos de concordancia que resultan primordiales: recurrir a boletas y urnas para aplicar la pregunta relevante sobre la intención de voto; la pertinencia de incluir reactivos que permitan un análisis más acucioso de las respuestas relevantes y que posibiliten además el desarrollo de modelos más complejos, y la distinción entre respuestas sobre intención de voto del ciudadano y respuestas sobre otros aspectos. Así, la investigación por encuesta sobre preferencias electorales es un campo vivo, que cumple su función de copartícipe responsable en la construcción y consolidación de la democracia en México.


La búsqueda del buen camino en el consenso para resolver definitivamente nuestra problemática parece haber terminado con la aparición de una herramienta referencial que nos servirá de guía para acciones concertadas y racionales en todos los países, para acometer todas las aristas de la problemática actualmente creciente: la norma internacional ISO 26000. Enrique Díaz Cerón Maestro en Administración y Consultoría. Es profesor e investigador en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como en el área de Posgrados, Investigación y Educación Continua de la UIC.

Responsabilidad social en las organizaciones mexicanas Hacia la evolución ética y productiva de la comunidad nacional

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esde hace varias décadas se habla de responsabilidad social, al inicio casi exclusivamente con relación a los deberes del Estado; sin embargo, más recientemente (quizá no más allá de 20 años atrás) la discusión se llevó al ámbito de las empresas y otras organizaciones como las universidades o las de iniciativa meramente ciudadana. La toma de conciencia fue mundial pero paulatina; a partir de la detección de innumerables imperfecciones éticas en el comportamiento organizacional hacia las comunidades humanas y la naturaleza, se fueron dando esfuerzos al respecto (más bien inconexos y muchas veces poco estructurados) basados más en las buenas intenciones que en la planificación, la concertación y la participación de todos los sectores nacionales, y en los que, obviamente, no se atendieron por no ser evidentes los problemas resultantes de la interacción económica, social y cultural en escala internacional. Por fortuna, surgieron muchas voces para sistematizar las acciones y aprovechar las experiencias. Finalmente, en 2010, la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) publicó la norma internacional ISO 26000 que ofrece una guía metodológica general, adaptable a todos los países (y dentro de ellos, a cualquier tipo de organización), para establecer programas integrales de responsabilidad social y avanzar así hacia el desarrollo de una nueva ética organizacional que considere, respete y aporte beneficios a la revitalización de la naturaleza, a la convivencia social y, en particular, a los seres humanos que constituyen la parte toral de cualquier organización, trátese de empleados, clientes, proveedores, maestros, alumnos, causantes, derechohabientes, hombres, mujeres, niños, ancianos, indígenas, discapacitados, etcétera. Una señal de alarma sobre la descomposición ética con relación a la población y al medio ambiente la aportó el centenar de científicos que constituían el llamado Club de Roma, a finales de la década de los sesenta; en particular, la publicación de su informe The limits to growth (Los límites al crecimiento) en 1972, y que hoy podemos considerar como profético, preocupó desde entonces a los sectores ilustrados en muchos países. En esa misma época, el filósofo alemán Hans Jonas precisó oportunamente, en lo que pudiera denominarse

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una actualización ética trascendental, el concepto y sus repercusiones. Su obra maestra definitoria, Das Prinzip Verantwortung (El principio de la responsabilidad), provocó profundas reflexiones y mejoró el grado de conciencia sobre la problemática y la necesidad imperiosa de la autocrítica, sobre todo ante la llegada avasalladora de nuevas tecnologías al corazón de la vida social, económica y cultural. En ella, Jonas considera que el hombre es el único ser que es consciente de su responsabilidad, y que asumir ésta es su deber ineludible. Toda decisión que el hombre toma, supone, la hace consciente de las repercusiones que implica para la sociedad y para la naturaleza, en el presente y el futuro. También la escritora francesa Viviane Forrester ha expuesto claramente su preocupación sobre el devenir de los seres humanos al constatar que una descuidada tecnificación y modelos educativos irresponsables sólo pueden ocasionar injusticias en la distribución de la riqueza, en la apertura de las oportunidades de empleo, en el acceso a la educación e, incluso, en la participación individual y de grupo en la evolución de las culturas. Sus discursos ante el Foro Económico Mundial de Davos y, sobre todo, sus libros El horror económico y Una extraña dictadura aportan temas de reflexión ineludibles en torno a cualquier programa de responsabilidad social. Del mismo modo, confluyen aquí las ideas del filósofo canadiense contemporáneo Charles Taylor sobre el multiculturalismo y las comunidades diversamente integradas en lo que él llama “política del reconocimiento”. En particular, el libro El multiculturalismo y la política del reconocimiento (donde Taylor plasma sus ideas y recomendaciones) puede resultar interesante para todo aquel que acepte el reto de diseñar un programa de responsabilidad social. Por último, y con relación a una ética enfocada en lo ambiental, se puede abrevar en las múltiples declaraciones del ex presidente de Estados Unidos, Al Gore, entre otras muchas voces de la multitud planetaria de ambientalistas.

La confirmación A lo largo de los años, las estimaciones de los pensadores mencionados se han ido evidenciando y no han resultado exageradas; antes bien, en algunos aspectos (como el del deterioro ambiental) han resultado conservadoras. Por lo que toca a las afectaciones humanas, éstas son también


cada día más preocupantes. No hemos cumplido con el planeta ni con nosotros mismos, hemos sacrificado lo trascendental por lo superfluo. Podemos atrevernos a decir que el panorama es apocalíptico, puesto que ya hemos rebasado en once años el plazo que el Club de Roma estimó como fecha extrema para impulsar las soluciones a problemática tan compleja: el año 2000. Sin embargo, afortunadamente ya existe una voluntad de mejora generalizada en los países avanzados desde hace al menos dos décadas, y hoy podemos afirmar que la consciencia ha llevado a la búsqueda de soluciones.

El despertar de la conciencia En 1997, el Protocolo de Kioto reunió las voluntades nacionales de la mayoría de los países, y ha servido de disparador para proyectos mundiales que ya están generando algunos resultados en la búsqueda de revertir la degradación. Costa Rica es la nación latinoamericana que más se ha distinguido por los buenos resultados de su política ambiental y la interacción de su ciudadanía con la naturaleza. La Unión Europea también declaró medidas comunitarias oportunas para lograr la evolución del nivel de vida de sus ciudadanos, en armonía con la salvaguarda del medio ambiente y las diversas prácticas culturales de su extensa geografía, simultáneas al equilibrio entre el desarrollo económico y la atención a las necesidades de

información de todos los sectores sociales; todo ello en el marco de un nuevo modelo de sociedad, donde las recientes tecnologías de la información y la comunicación forman una parte importante del andamiaje. Desde 1993 se definió la vía multilateral para lograrlo en el llamado Libro Blanco de Delors, presentado en la reunión de la Comisión Europea en Lisboa, Portugal. En cuanto a nuestro país, desde hace unos tres lustros varias organizaciones empresariales tomaron la iniciativa de explorar soluciones de responsabilidad social para la ya entonces resentida problemática nacional; de ahí que podamos decir que en algunas empresas mexicanas la conciencia de la responsabilidad social ya está madura pero, lamentablemente, no se ha generalizado. La búsqueda del buen camino en el consenso para resolver definitivamente nuestra problemática parece haber terminado con la aparición de una herramienta referencial que nos servirá de guía para acciones concertadas y racionales en todos los países, para acometer todas las aristas de la problemática actualmente creciente: la norma internacional ISO 26000. Dicha norma (dividida en Gobernanza organizacional, Derechos humanos, Prácticas laborales, Medio ambiente,

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Prácticas operacionales justas, Aspectos relacionados con los consumidores, y Participación con la comunidad y su desarrollo) define a la responsabilidad social como: “Responsabilidad de una organización sobre los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y en el medio ambiente a través de un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tenga en cuenta la expectativa de las partes interesadas; esté en conformidad con las leyes aplicables y sea consistente con las normas internacionales de comportamiento; y esté integrada a través de la organización y sea puesta en práctica en las relaciones de ésta.” Es la primera norma técnica en la historia de la ISO que se concibió y elaboró mediante un enfoque verdaderamente participativo, con las aportaciones generosas de unos 500 expertos gubernamentales, empresariales, científicos, educadores, representantes de las ONG más importantes y consultores reconocidos. Los trabajos se extendieron por más de ocho años y en ellos participaron normaliza-

más buena voluntad que metodología confiable, basados en opiniones, reivindicaciones y experiencias limitadas casi siempre a los espacios intramuros. Rara vez se podía contrastar el proyecto propio con otros ajenos; faltaba la referencia. Con el advenimiento de la norma internacional ISO 26000 se dispone ya de un marco referencial completo y de una guía detallada para llevar a cabo acciones realmente efectivas en la materia. Brasil y Suecia encabezaron el esfuerzo internacional para la concepción y elaboración de la ISO 26000 y son países de vanguardia en cuanto a su implantación. México participó como país observador. El 26 de noviembre de 2010 se presentó oficialmente la norma en nuestro país y se realizó el primer acto formal y académico sobre ella; ahí pudimos detectar una buena disposición de numerosas empresas nacionales y extranjeras establecidas en México por adoptar la norma en breve, aunque la presencia de las instituciones educativas y de investigación fue más bien escasa, lo que debe revertirse mediante un llamado urgente a su indispensable concurso en la causa. Más

Quizá no haya actividad profesional donde la responsabilidad social sea tan importante como la del consultor dores de 90 países. Podríamos afirmar que es una de las normas que se realizó verdaderamente a conciencia. En ella se recomienda puntualmente a las organizaciones del mundo actual cómo estructurar y evaluar sus esfuerzos para analizar su actuación y resolver las repercusiones inherentes en lo económico, lo social y lo ambiental; incluso es posible extender su acción terapéutica al frágil tejido cultural, el cual se encuentra muy afectado en algunas comunidades nacionales.

preocupantes aún fueron las declaraciones de las autoridades federales, quienes centraron sus intervenciones en recalcar que la norma no sería certificable y, por ello, no tendría observancia obligatoria para ninguna empresa; y no abordaron en su discurso su responsabilidad mayor de promoverla, apoyarla y, sobre todo, adoptarla plenamente dentro de sus funciones y ámbitos de competencia, que tanto lo requieren.

La brújula de referencia

Quizá no haya actividad profesional donde la responsabilidad social sea tan importante como la del consultor; la definición y el apego cotidiano a un código deontológico son centrales en su trabajo; la responsabilidad social debe ser una de sus áreas de interés, cualquiera que sea su especialidad. Con la disponibilidad de la norma ISO 26000 se han abierto nuevas y diversas opciones de actividad para el consultor, ya que sus intervenciones pueden representar un factor de aceleración en el establecimiento de la práctica de la responsabilidad social en las organizaciones mexicanas.

La existencia de la norma ISO 26000 es una oferta generosa para todas aquellas organizaciones empresariales y gubernamentales que desean cumplir con la superior obligación de respetar y responder a su entorno comunitario, al medio ambiente que los alberga y, específicamente, a la comunidad humana que forma parte de ellas. Hasta ahora, como ya se ha mencionado, las buenas intenciones de hacerlo se habían quedado en la etapa declaratoria o en la realización de algunos proyectos concebidos con

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El consultor


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México genera TI, pero las usa poco

Firma del decreto de la Ley de Asociaciones Público-Privadas En una ceremonia realizada en Los Pinos, el presidente Felipe Calderón promulgó la Ley de Asociaciones Público-Privadas, ordenamiento que, dijo, permitirá potenciar sensiblemente la construcción de proyectos de infraestructura en todo el país; dará seguridad y certeza jurídica a las empresas que quieran participar en proyectos de infraestructura complejos, y liberará restricciones que impedían la mezcla eficiente de recursos públicos y privados. (La Crónica de Hoy)

IBM dona Consultoría en Administración de Proyectos a ONG

IBM presentó en México el programa “Trailblazer Grants”, el cual donará consultoría y servicios para mejorar la comunicación y colaboración de las ONG de diversas comunidades. A través de soluciones que incluyen la oferta de software, el proyecto busca extender las habilidades de las instituciones sin fines de lucro para que éstas atiendan mejor a sus grupos de interés; gradualmente, implementará la consultoría en Estrategias para Uso de Medios Sociales, Concesiones de Licencias Lotus Live, y Liderazgo y Colaboración. (www.addictware.com.mx)

Deloitte, líder en Consultoría de Capital Humano La empresa logró la máxima calificación por sus prácticas de gestión de capital humano en la clasificación “Human Capital Management Consulting Marketplace 2011-2014”, llevada a cabo por el Kennedy Research Consulting & Advisory, que considera que la fuerza de Deloitte radica en su capacidad para vincular la estrategia de capital humano con la del negocio, en

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Consultoras internacionales ubican a nuestro país en el cuarto lugar mundial en exportación de tecnologías de la información (TI), además de posicionarlo en el sexto escalón más atractivo en el mundo para la provisión de servicios de soporte en la materia y procesos de negocio. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la industria de TI reportó un crecimiento de 14% para el cierre de 2011. (http://www.eluniversal.com.mx)

Repuntarán mercados de venta de deuda

traer nuevas ideas a los clientes, y en ofrecer la totalidad de sus servicios de consultoría a los usuarios. El estudio se apoya en encuestas realizadas a clientes de empresas de consultoría y provee datos sobre el crecimiento de las demandas y condiciones de mercado, entre otros. (www.misfinanzasenlinea.com)

Los mercados de venta de deuda repuntarán en los próximos dos o tres años, conforme los bancos busquen deshacerse de carteras de deuda morosas que no producen intereses, aseguró la firma KPMG. Este comportamiento será el resultado de casi tres años de estancamiento económico, tras lo cual muchos mercados comienzan a sentir la presión de la creciente deuda, según una

reciente revisión en la materia llevada a cabo por la empresa. Por su parte, México presenta una reducción general en el número de créditos morosos que no producen intereses en comparación con 2010, debido a la modesta recuperación económica del país y las prácticas crediticias más estrictas establecidas por la banca después de la crisis de 20082009. (El Economista)


De izquierda a derecha: Salomón Presburger Slovik, presidente de la Concamin; Bruno Ferrari García de Alba, secretario de Economía; Mauricio Jessurun Solomou, presidente de la CNEC; Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco; Vicente Yáñez Solloa, vicepresidente ejecutivo de la ANTAD.

Premio “Ética y valores” para la CNEC Por octava ocasión, la Concamin otorgó a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría el premio “Ética y valores en la industria”, dentro de la categoría “Cámaras y asociaciones”. El acto de premiación tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y fue inaugurado por el secretario de Economía, Bruno Ferrari (en representación del presidente Felipe Calderón), quien aseguró que, frente a las turbulencias financieras en Europa y la recesión económica en Estados Unidos, México está preparado para salir adelante, y

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destacó el compromiso entre empresarios y autoridades. En el marco de la Reunión Anual de Industriales, que llevó por lema “La ruta del progreso industrial: nuestra visión, nuestras propuestas, nuestras acciones” y a la que acudieron más de 500 empresarios, el presidente de la Concamin, Salomón Presburger, junto con el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y el presidente ejecutivo de la ANTAD, Vicente Yáñez Solloa, hicieron entrega del reconocimiento a Mauricio Jessurun Solomou.

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Premio a la Investigación “Nabor Carrillo” 2010 La revista Consultoría Industria del Conocimiento tiene el honor de felicitar a la Dra. Sonia Elda Ruiz Gómez por haber recibido el premio a la investigación “Nabor Carillo” 2010, otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México el pasado 18 de noviembre en el 26° Congreso Nacional de Ingeniería Civil, como reconocimiento a su trayectoria profesional y sus aportaciones al gremio en México. Por más de 34 años, la Dra. Ruiz Gómez ha sido investigadora en el campo de la ingeniería sísmica en el IIUNAM, así como profesora de la Facultad de Ingeniería de la misma institución. Su trabajo se ha enfocado en desarrollar líneas de investigación en confiabilidad con disipadores de energía estructural, vulnerabilidad sísmica. Sus contribuciones sísmica de estructuras en estas áreas han merecido considerando su deterioro amplios reconocimientos. estructural con el tiempo, y Actualmente, preside la análisis y diseños de estructuras Comisión de Ingeniería Civil

Delegación Guanajuato La delegación de la CNEC en Guanajuato realizó su primera asamblea mensual de 2012 y la Sexta Jornada de Consultoría. Durante la asamblea, el Consejo Directivo presentó un informe de las actividades desarrolladas durante noviembre, diciembre y enero. El consejero nacional, Octavio Aguilar Salmerón, dio a conocer los pormenores de la asamblea nacional, celebrada en la Ciudad de México, y César Alvarado Adaya, vicepresidente de

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Capacitación, informó sobre los cursos que organizará su cartera durante el primer semestre del año: 1. REVIT Architecture 2011 “Express” 2. Equipos de trabajo altamente motivados 3. Introducción al coaching directivo 4. Planeación de proyectos y Microsoft Office Project Al finalizar la asamblea se entregaron reconocimientos y

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de la Academia de Ingeniería y nos honra participando como consejera editorial de esta publicación. ¡Felicidades Dra. Ruiz Gómez!

certificados a las doce empresas que obtuvieron la certificación documental emitida por la Cámara. En la Jornada de Consultoría participaron el Observatorio Urbano de León, del cual es parte la CNEC en el estado, y el Observatorio Ciudadano de León, donde participan empresarios de nuestra cámara. Al finalizar, se entregaron reconocimientos a los representantes de ambos organismos.


Ópera El ocaso de los dioses

Museo Soumaya Integrante de la Fundación Carlos Slim, A.C., el Museo Soumaya abrió sus puertas al público en 1994. Se trata de una institución cultural sin fines de lucro que tiene por vocación coleccionar, investigar, conservar, difundir y exponer testimonios artísticos de México y Europa principalmente. Su objetivo es promover el conocimiento y disfrute de la obra estética por medio de la realización de diversas actividades: exposiciones permanentes y temporales, catálogos y publicaciones mensuales, espacios lúdicos, conferencias, ciclos de cine, programas interactivos, entre otros. El espacio donde se encuentra perteneció al conquistador Hernán Cortés; fue además un molino durante la era virreinal y, más tarde, la fábrica de papel más importante de Latinoamérica: Loreto y Peña pobre, que en los años noventa se transformaría en un espacio con centros comerciales y otros espacios destinados a la cultura. Entre las secciones del museo se encuentra la sala Antiguos Maestros Europeos, con una colección de espléndidos trabajos de las escuelas italiana, francesa, germana y española,

que van de los siglos XV al XVIII. El arte novohispano y sudamericano también forma parte de la muestra, con interesantes obras que incluyen pinturas, esculturas, marfiles, estofados y objetos del ajuar doméstico virreinal. El museo cuenta también con una colección del maestro Auguste Rodin, la segunda más grande del mundo fuera de Francia; se trata de esculturas que marcaron el advenimiento de la modernidad. También se exhiben obras emblemáticas del Impresionismo francés y del retrato y paisaje mexicanos en el siglo XIX. Asimismo, las vanguardias mexicana y europea están presentes con artistas de la talla de Picasso, Dalí, Siqueiros o Rivera; dos murales de Rufino Tamayo marcan el inicio y el final de la visita a un espacio que ofrece al público nacional y extranjero el recorrido por seis siglos de arte.

Con la temporada 2011-2012 de En vivo desde la Metropolitan Opera House de Nueva York, se abre una ventana al mundo de la ópera. Esta vez, el nuevo ciclo de El anillo del Nibelungo, de Richard Wagner, alcanza su culminación con esta monumental producción en la que (bajo la dirección de Robert Lepage y con James Levine a la batuta) la soprano Deborah Voigt protagoniza a Brunilda y el tenor Gary Lehman interpreta a Siegfried, la pareja de desventurados amantes condenados por el destino. Nueva producción 11 de febrero 2012 a las 11:00 h Auditorio Nacional Transmisión en vivo desde la Metropolitan Opera House

Horario Plaza Carso De 10:30 a 18:30 h Abierto todos los días Horario Plaza Loreto Lunes a viernes de 10:30 a 18:30 h Sábado hasta las 20.00 h Martes cerrado Entrada libre

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La geografía de lo imaginario Atlas descrito por el cielo Goran Petrović, México, Sexto piso, 2008.

Este libro es un auténtico festín de la imaginación, una de las obras más originales que cualquier lector podrá tener jamás en sus manos. Goran Petrović (Kralijevo, Serbia, 1961) despliega un mundo incalculablemente más rico y seductor que el que habitamos en nuestra vida diaria a través de dos líneas narrativas: por un lado, la de un grupo de personajes que, para escándalo de sus vecinos, deciden retirar el techo de su vivienda (una casa en la que, como iremos comprobando, no faltan objetos llenos de una magia muy particular que sirven de talismán, desvelan aspectos insospechados de la realidad y ocultan muchos secretos); y por otro, el catálogo de una serie de cuadros inventados, cuyas descripciones son magnificas fábulas que funcionan como ecos o comentarios de las aventuras de los protagonistas. El lector poco habituado a las audacias literarias corre el peligro de quedar anonadado ante las transgresiones que acumula Petrović en un texto que apenas sobrepasa las 200 páginas: una acción que no avanza, sino que parece trazar una constante espiral, un universo en el que los muertos y los vivos se escriben cartas y algunos árboles dan diamantes en lugar de frutos, unos personajes sin pasado ni futuro, instalados en el juego sin fin. Aquellos que, por el contrario, hayan disfrutado de autores de la estirpe de sus abuelos literarios, Jorge Luis Borges e Italo Calvino, o de los compatriotas de Petrović, Milorad Pavić o Danilo Kîs, se sentirán como en casa en este maravilloso atlas. Fuente: http://www.notodo.com/libros/842_goran_petrovic_atlas_descrito_por_el_cielo.html

De qué lado masca la iguana Los culpables Juan Villoro, México, Almadía, 2007.

Los culpables cuenta siete historias sobre la deslealtad y las corrientes subterráneas que desata. Quien engaña o es engañado (y lo sabe) es su propio doble, porque guarda un secreto que lo obliga a vivir con un estándar difuso: es alguien distinto que pasa su vida representando al que era antes. Está dividido, o como se dice en la calle con sorprendente sabiduría etimológica: trae al diablo –el “diablo” es, por su raíz griega, el que divide. Así, las historias del volumen cuentan, traspasadas por una sola posición ética, el ciclo de división y reintegración de una serie de personajes que se han quedado solos porque han dejado de ser quienes eran y no encuentran al que son. Un mariachi tiene que cruzar la frontera final: reconciliarse con la talla más bien normal de su sexo. Un futbolista, en el único gesto humano que le permitió su carrera de máquina de servir balones, sacrifica la gloria de su equipo en un gesto de amistad peregrino y arbitrario. Dos hermanos salvan el abismo que les dejó un lío de faldas escribiendo un guión que los transforma en monstruos. Un agente viajero, cuya estabilidad emocional depende de que su enésimo vuelo llegue a tiempo, lee en la revista de la aerolínea el relato de su fracaso matrimonial y decide hacer de su situación un tropo: que el aterrizaje sea una caída. Un actor casi angélico utiliza sus habilidades para intervenir en lo real. Un hombre paga una antigua y minúscula deslealtad sexual hacia su amigo sacrificándole una doncella en el cenote sagrado de Chichén Itzá. Todos prodigan o reciben actos vicarios de justicia que los dejarán “tablas” con la realidad. Fuente: http://www.letraslibres.com/revista/libros/los-culpables-de-juan-villoro?page=full

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Consultoria 241  

Revista Consultoría mensual de CNEC mes de febrero número 241

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