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PROSPECTIVA

En 2060 México puede ser una potencia con equidad

INVESTIGACIÓN

El desarrollo de biocombustibles en México

LEGALES

Por qué México necesita una ley de asociaciones público-privadas

ADMINISTRACIÓN

Las compras del sector público mexicano por vía electrónica

240 enero 2012

CRISIS MUNDIAL Trabajar para ser austeros, prudentes y constantes Diálogo con Guillermo Güémez


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Dirección General Alejandro Vázquez López Consejo editorial Presidente Mauricio Jessurun Solomou

Entrevista

“Trabajar y ser austeros, prudentes y constantes” CNEC

Cambio de identidad visual

18 24 29

legales

Por qué México necesita una ley de asociaciones público privadas

administración

Las compras del sector público mexicano por vía electrónica

consultoría

Direcciones estratégicas

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COLUMNA

Nueva época, nuevos desafíos

Economía

Crisis financiera (virtual) de la economía mundial (real)

Columna

Lo público, lo privado y lo íntimo

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prospectiva

México en 2060

El desarrollo de biocombustibles en México

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Auditoría ambiental oportunidad para consultores

Dirección editorial y comercial Daniel N. Moser Edición Alicia Martínez Bravo Coordinación editorial Teresa Martínez Bravo Ricardo Luna Millán Corrección de estilo Juan Alberto Bolaños Burgos Blanca Flor Ramírez Solís Diseño y diagramación Marco Antonio Cárdenas Méndez Silvia Rodríguez Flores Citlalli Belén Urbina Cruz Logística y comercialización Laura Torres Cobos Adriana Villeda Rodríguez

tecnología

legales

Consejeros Julio José Argüelles Cárdenas José Antonio Cortina Suárez Francisco Javier García Sabaté Palazuelos Roberto Hernández García Alberto Montoya Martín del Campo Adalberto Noyola Robles Miguel Ángel Reta Martínez Guillermo G. de la Rosa Pacheco Sonia Ruiz Gómez Alejandro Vázquez Vera

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geopolítica

Crisis estadounidense y nuevo sistema internacional

Realización Helios Comunicación +52 (55) 55 13 17 25

Su opinión es importante, escríbanos a consultoria@heliosmx.org Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la Cámara.
Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista Consultoría, Industria del Conocimiento como fuente. Para todo asunto relacionado con la revista, dirigirse a consultoria@heliosmx.org Consultoría, Industria del Conocimiento, revista mensual. Enero de 2012. Editor responsable Julio José Argüelles Cárdenas. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2010-120311323100-102. Número de Certificado de Licitud de Título: 13956. Número de Certificado de Licitud de Contenido: 11529. Domicilio de la Publicación: WTC, Montecito número 38, piso 18, oficina 35, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, Distrito Federal. Imprenta: Helios Comunicación, Carretera federal a Cuernavaca 7144, colonia San Miguel Xicalco, delegación Tlalpan, C.P. 14490, México, D.F Distribuidor: Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, A.C. WTC, Montecito número 38, piso 18, oficina 35, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.


Comisión Ejecutiva CNEC Presidente Mauricio Jessurun Solomou Primer vicepresidente Miguel Ángel Macín Vera Secretario Marco Gutiérrez Huerta Tesorero Salvador Carrasco Gutiérrez Vicepresidentes Ricardo Ignacio Cabañas Díaz Fuentes de Financiamiento Ramón Xavier Carreón Arias Maldonado Fuentes de Trabajo Sector Privado Leonardo Gámez Eternod Afiliación y Servicios Carlos Manuel Lechuga Salcedo Trabajo Sector Público Santiago Carlos Macías Herrera Desarrollo Empresarial Federico Martino Silis Certificación Mauricio Millán Costabile Gestión para el Fortalecimiento de la Consultoría Guillermo G. de la Rosa Pacheco Delegaciones y Responsabilidad Social Empresarial Alejandro Vázquez López Comunicación y Difusión

Director general Julio José Argüelles Cárdenas

En beneficio de todos los consultores

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a revista que tiene en sus manos es una muestra de las acciones que la actual administración de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) realiza en cumplimiento de su Plan Estratégico 2010-2013. Dicho plan tiene por objeto consolidar a nuestra cámara como representante de la consultoría mexicana, promover oportunidades de negocios para sus afiliados y fortalecer su competitividad y desarrollo en un ámbito de responsabilidad social. Los ejes del Plan Estratégico son cuatro: el primero, Posicionamiento y Representatividad, considera la homologación de criterios sobre política de consultoría, la consolidación de la CNEC como líder de opinión y el establecimiento de convenios y alianzas estratégicas con los sectores público y privado. El segundo eje, Imagen y Comunicación, tiene por objeto hacer eficiente la comunicación de la estructura operativa de la cámara, potenciar la comunicación de la CNEC con los afiliados, fortalecer nuestros principales instrumentos de difusión y consolidar la relación con los medios de difusión. Calidad y Desarrollo Tecnológico, el tercer eje, plantea perfeccionar nuestro modelo de certificación ISO 17040 –muy reconocido por nuestros clientes–, desarrollar y ejecutar el programa de desarrollo tecnológico e impulsar la innovación tecnológica de las empresas. Finalmente, el eje Operación Interna y Servicios al Socio propone hacer eficiente la administración interna, fortalecer el apoyo a las delegaciones e incrementar el servicio a los socios. Lo anterior se sostiene con acciones concretas que se pueden conocer en www.cnec.org.mx. Un objetivo implícito en el Plan Estratégico es la atención a todas las empresas de consultoría, para quienes ya son socios y para quienes muy pronto lo serán. Hemos asumido el enorme compromiso y desafío de incorporar a la CNEC a las empresas de las más diversas especialidades, para que se sumen al esfuerzo de consolidar nuestra industria en beneficio de México y, como consecuencia, de cada empresa asociada a la cámara para que encuentre en ella la representación y los beneficios del trabajo colegiado. Los invito cordialmente a participar. Mauricio Jessurun

www.cnec.org.mx enero 2012

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Consultoría para la competitividad La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) define a la actividad de la consultoría como el conjunto de servicios relacionados con la planeación, la evaluación, el proyecto, el diseño, la asesoría y la gestión para el mejoramiento de la competitividad de los sistemas productivos que prestan empresas especializadas. La misión de la CNEC es representar a la consultoría mexicana; ser su voz, presencia y opinión; promover oportunidades de negocios para sus afiliados y fortalecer su competitividad y desarrollo en un ámbito de responsabilidad social empresarial. Su visión es ser una cámara multidisciplinaria, formada por empresas sólidas, con calidad e integridad en sus servicios, líder de opinión y centro de información de la consultoría mexicana, con presencia nacional e internacional, generadora de ideas y acciones que contribuyen al proceso de transformación del país. El compromiso de la cámara es proporcionar a los agremiados servicios de registro, capacitación y certificación documental e empresas, apegados a un sistema de integridad; todo ello de manera oportuna, asegurando la mejora continua de su sistema de gestión de la calidad. Sus objetivos son los siguientes: • Representar y defender los intereses generales de la consultoría. • Ser órgano de consulta y colaboración del Estado. • Promover los servicios de las empresas de consultoría afiliadas, tanto en el ámbito nacional como internacional. • Promover y apoyar la política de desarrollo tecnológico de la consultoría en México a través de su órgano capacitador, el Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico (IMDT). • Fomentar la práctica de los valores basados en los principios de responsabilidad, ética e integridad de la profesión. La CNEC se ha hecho acreedora en siete ocasiones al Premio Ética y Valores en la Industria y su Implementación en Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, que otorga la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

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Cambio de identidad visual La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría ha establecido sus principios y valores a través de su misión y visión; sin embargo, las grandes transformaciones del entorno empresarial nos han llevado a plantearnos nuevos retos en el marco de nuestras responsabilidades y compromisos, los cuales nos exigen actualizar nuestra marca gráfica para que ésta responda a las actividades que hoy realizamos. Si bien la CNEC es una institución multifacética y compleja, no se puede representar en sus signos gráficos todo lo que ella es, por lo cual el punto de partida fue el reconocimiento de sus atributos más relevantes: experiencia; eficiencia, desarrollo y competitividad; representatividad, multidisciplinariedad, liderazgo, concentración de información, e innovación. La marca gráfica que ahora identificará a la CNEC representa estos valores de la siguiente manera: Símbolo. Los elementos concéntricos a partir de puntas de flecha marcan una dirección para representar el liderazgo de la cámara; estas puntas de flecha se orientan hacia el exterior para simbolizar la experiencia y el conocimiento de las empresas de consultoría, así como las posibilidades que ofrecen de desarrollo e innovación en las áreas en que participan. Se utilizaron cinco elementos para representar las cinco áreas de especialidad; el pentágono es el símbolo del ser humano, pero su significado va más allá, pues se considera la cabeza como el elemento superior, la unidad trascendente e intelectual, ya que la consultoría es un trabajo intelectual en el que se utiliza todo el conocimiento y la experiencia de las empresas que forman parte de la cámara. Gama cromática. Hoy en día las empresas, además de cumplir con sus propias metas, tienen un serio compromiso con el medio ambiente y la conservación del entorno; por ello se modificó la gama cromática hacia tonos verdes, tratando de metaforizar esa responsabilidad ecológica. Los tonos grises representan la institucionalidad y formalidad de la CNEC.


Nuevaépoca,

nuevos desafíos

C

onsultoría, Industria del Conocimiento, publicación oficial de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, empieza una nueva etapa con cambios significativos que el lector podrá apreciar. Para mí es un honor y un verdadero gusto presentar a ustedes este número de nuestra revista, el primero de su nueva época. La edición que está en sus manos es la culminación del esfuerzo y trabajo mancomunado de muchas personas, a las que agradezco todo su apoyo. La publicación oficial de la CNEC nació hace más de 20 años, en una primera etapa con el formato de boletín informativo. Con el correr de los años fue evolucionando hasta convertirse en revista, la primera y más reconocida –corresponde destacarlo– en el ámbito de la consultoría en México. En 2011, como resultado de un análisis profundo y autocrítico de su misión y visión, la Comisión Ejecutiva de la CNEC estableció un plan estratégico para el periodo 2011-2013; como uno de sus cuatro pilares, resolvió reformular y revitalizar la imagen de la cámara, con el afán de difundir de manera eficiente y eficaz la consultoría mexicana, considerando a la revista como parte fundamental de este pilar. Por lo anterior, se creó la Vicepresidencia de Comunicación y Difusión. La primera decisión fue renovar la imagen visual de la CNEC, lo cual resultó en el nuevo logo que presentamos con este número de la revista y que caracteriza a la consultoría como una actividad concentradora, representativa y multidisciplinaria que conjuga desarrollo, innovación, liderazgo y experiencia. La Vicepresidencia de Comunicación y Difusión a mi cargo tiene en proceso, además de la revista, la renovación del portal web de nuestra cámara, así como la de los diversos canales de comunicación que tradicionalmente se han utilizado. Además, próximamente comenzaremos las jornadas de ruedas de prensa periódicas y regulares, donde se difundirán las posturas de la CNEC frente a temas específicos de interés para las empresas consultoras.

La revista se renovó radicalmente, de tal manera que empezará a ser un instrumento más completo y rico en contenido, con el compromiso de abrir sus páginas a las múltiples especialidades de la consultoría como servicio profesional. Se conformó un Consejo Editorial con personas reconocidas en su desempeño académico, profesional o gremial y –muy importante– representantes de diferentes disciplinas de la consultoría. Agradezco a los consejeros y a los nuevos editores, pues con su dedicación y trabajo logramos la edición que está en sus manos. En su nueva etapa, la revista cuenta con una estructura integradora de contenidos de las diversas especialidades de la consultoría; una política editorial clara, incluyente y propositiva; también ofrece diversas secciones que recogen los diferentes estilos periodísticos a través de los cuales se presenta información, análisis y opinión de especialistas reconocidos que abordan de manera libre, sustentada y responsable temas de gran interés nacional y para la actividad profesional. La revista siempre estará abierta a las propuestas de todo consultor que quiera ofrecer un punto de vista o una información valiosa, o reflejar una experiencia profesional que pueda ser compartida. Cada propuesta será presentada al Consejo Editorial; con base en las políticas editoriales y en los criterios propios de cada consejero, por consenso o decisión democrática, este órgano resolverá sobre los contenidos de cada edición. La revista está al servicio de los socios y estamos muy dispuestos a atender los comentarios y las críticas propositivas de usted, apreciado lector.

Alejandro Vázquez López

Ingeniero civil y maestro en Ciencias de Gerencia Profesional. Actualmente es vicepresidente de la CNEC, director del Grupo IPISA y profesor de posgrado en Ingeniería Civil en la UNAM. enero 2012

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“Trabajar “ y ser austeros, prudentes y constantes

Guillermo Güémez

Hay una crisis de confianza en Estados Unidos y Europa, y algo de eso se trasmina a los demás países; pero hay casos, como Japón, que se encuentran en un lugar intermedio, y países como China e India que están creciendo muy bien; incluso América Latina, que normalmente era la que se metía en problemas, hoy no lo hace, está sana, no hay crisis de confianza en sus gobiernos. 6•

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L Guillermo Güémez García

Ingeniero civil por la UNAM, se graduó con mención honorífica. Maestro en Ciencias. Subgobernador del Banco de México desde 1995. Miembro de la Junta de Gobierno del Banco Latinoamericano de Exportaciones, de la Comisión de Seguros y Fianzas, y de Casa de Moneda de México. Fue director ejecutivo de la Coordinadora Empresarial para el Tratado de Libre Comercio MéxicoEstados UnidosCanadá.

a inestabilidad económica en Europa y Estados Unidos, la forma en que el contexto mundial afectará a nuestro país y cómo éste está preparado para ello, así como el impacto de la situación económica en el inminente proceso por la elección presidencial son algunos de los temas que aborda Guillermo Güémez, quien fue durante 16 años vicegobernador del Banco de México.  ¿En que condiciones se encuentran hoy en día las economías desarrolladas, en especial la zona euro y Estados Unidos?  Ambas economías se encuentran en serias dificultades. La economía estadounidense tiene un crecimiento relativamente bajo, pero sobre todo posee dos problemas muy serios: un enorme déficit fiscal y una deuda sumamente grande; aunado a esto, tiene un consumo reducido con respecto a su consumo normal y un alto desempleo. La política monetaria de la Reserva Federal ha sido, de inicio, medianamente exitosa, al reducir las tasas de interés prácticamente a cero. Pero una vez que tuvo su efecto esta reducción, la economía volvió otra vez a un crecimiento muy bajo y se ha intentado en dos ocasiones inyectar dinero en cantidades considerables con el objeto de tratar de inducir al gasto, pero no se ha tenido el resultado que se esperaba. La crisis de 2008 se centró finalmente en el consumidor estadounidense, quien perdió una parte muy importante de su patrimonio en el valor de la vivienda, en su inversión en la bolsa y en una tasa de interés muy baja en sus inversiones a tasa fija. Por otro lado, el Tesoro se vio en la necesidad de rescatar al sistema financiero, especialmente el relacionado con la vivienda, aumentando el déficit fiscal y consecuentemente la deuda gubernamental, lo que dificulta hacer programas de expansión fiscal, pues se tendría que ir incrementando todavía más su déficit, lo que políticamente se ha vuelto difícil para el presidente Obama. Entonces, las familias, al recibir algo de dinero, lo han destinado básicamente a pagar deudas, y las instituciones o se lo han regresado a la Reserva Federal o lo han invertido fuera generando, en cierta forma, las apreciaciones que tuvieron en un tiempo los tipos de cambio de las economías en desarrollo. No se ve por dónde puede la economía de Estados Unidos empezar a crecer. En un momento se pudo pensar en que, aumentando la competitividad y productividad de su economía, podrían exportar fuertemente a Europa, pero enero 2012

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Economía

este continente tiene sus propios problemas. Los problemas de Europa fueron muy diferentes, porque no es un solo país, como Estados Unidos; es un conjunto de países que, si bien están unidos en cuanto a su política monetaria, no lo están en cuanto a política fiscal. El conflicto que se presentó en Grecia y que se ha transmitido a otros países, se genera primordialmente en los países denominados “de la periferia”, en parte para contrarrestar la crisis de 2008-2009. Estos países hicieron una serie de gastos, inyectaron dinero a la economía, amén de que ya tenían prestaciones bastante elevadas para las situaciones fiscales en que se encontraban. Grecia está en una circunstancia en la que claramente no puede pagar sus deudas, por lo que es claro que le tienen que hacer algunas quitas. Los que tienen la deuda de Grecia son tanto el Banco Central Europeo, apoyado por los países europeos, como los bancos del continente, y si se da una quita, hay una pérdida en el sistema financiero europeo. Por lo tanto, los países tienen que tratar de rescatar de alguna manera a Grecia, pero también se ven en la necesidad de rescatar a sus bancos. Rescatar al país helénico implica que éste pague menos, por lo que probablemente los países tenedores de la deuda deban ayudar a sus bancos, lo que está contaminando a otros países con altas deudas, como es el caso de Italia y Portugal. Esta deuda sube el costo de financiamiento y genera un círculo vicioso al aumentar el déficit fiscal; y si antes

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Grecia tendría que gastar menos y recaudar más, lo cual quiere decir poner a la población en una situación sumamente difícil

podían pagar con dificultades, con tasas de interés más elevadas menos podrán hacerlo. Lo que sucede es que las deudas se acortan en plazos y aumentan en tasas. La posición de Grecia y su deuda fiscal son muy precarias. Países como éste podrían salir del problema mediante una devaluación, que consiste en bajar los salarios reales, bajar el nivel de vida de la gente y gastar menos, lo que permite empezar a exportar, o puede hacerse muy atractivo para el turismo al volverse muy barato; así podría empezar a generar con qué pagar. Nosotros lo vivimos en México en alguna ocasión. No obstante, no pueden devaluar porque están en el euro, de ahí que la forma de arreglar el problema para Grecia tendría que ser gastar menos y recaudar más, lo cual quiere decir poner a la

población en una situación sumamente difícil: tengo menos prestaciones, tengo que trabajar más y voy a ganar menos. Políticamente, no es muy fácil, pero por otro lado los países ricos, como Alemania, no ven con buenos ojos tener que rescatar a Grecia a costa de mayores impuestos, por lo que esta confrontación de tipo político dificulta más su rescate. La salida finalmente es que haya una reducción sustancial de deuda para Grecia, pero que este país se apriete fuertemente el cinturón y que dicha diferencia la aporten los países ricos. El resultado de todo lo anterior, tanto en Estados Unidos como en Europa, es que entremos en una etapa de crecimiento relativamente reducido por varios años para estos dos grandes motores de la economía mundial.  Señaló usted que el fisco de EU tuvo la necesidad de rescatar al sistema financiero. Siendo el sistema financiero en gran medida responsable de las crisis recurrentes, ¿no debería el Estado, en lugar de rescatarlo, regularlo para que obtenga ganancias racionales pero sirviendo a la inversión productiva en lugar de dedicarse a la usura y la especulación financiera?  Creo que los reguladores mundiales están enfocándose en una mayor regulación del sistema, como es el caso de Basilea III. No obstante, el rescate –que no es a los accionistas, sino a los ahorradores– es indispensable para evitar que la economía se colapse al perder los ahorradores el producto de muchos años de trabajo. También hay que tener en mente que al aumentar la regulación, los costos de operación Continúa


Economía

de la banca aumentan y consecuentemente el costo de crédito, lo que reduce el crecimiento.  Se habla de “rescate de países”. ¿No se trata, en los hechos, de rescate de los bancos que prestan –extorsionan, me atrevo a decir– a los gobiernos, y terminan siendo los ciudadanos los que pagan las consecuencias de la especulación financiera?  No. Se puede operar de ambas formas: capitalizar a los bancos para que puedan absorber las pérdidas de una quita o bien adquirir las deudas de los gobiernos a tasas muy bajas y luego hacer la quita. En ambos casos se rescata a los depositantes (ahorradores) y a los países.  ¿Cómo afectará a México la situación prevaleciente en el mediano plazo?  Nos tiene que afectar, en la medida en que uno de los motores de la economía mexicana son las exportaciones. Al reducirse el crecimiento de las economías que eran fuertes y representan nuestros principales puntos de exportación, lo más probable es que disminuyan nuestras exportaciones, lo que restringirá el crecimiento de México.

ducir las exportaciones, y eso va a reducir el crecimiento del país. No obstante, la estructura fiscal y monetaria de México está muy sana. La estructura de deuda extranjera está muy bien a largo plazo; tenemos tasas relativamente bajas y la inflación también está baja. El país puede seguir funcionando, pero, obviamente, uno de esos motores va a funcionar a medias.  ¿Cuál es la situación actual del déficit de México y en qué rubros se debe corregir el rumbo?  Está muy sano el déficit. Yo creo que donde deberíamos enfocar nuestras baterías sería en el aumento de nuestra productividad. Yo veo que la única forma sana de hacer crecer el mercado interno es aumentando la productividad, porque al suceder esto, la gente hace más cosas con el mismo trabajo o con menos, tiene un mayor ingreso y puede gastar más. Deberíamos resistir la tentación de intentar hacer gastos anticíclicos gubernamentales, porque éste va a ser un ciclo muy largo. Dado el nivel de inflación que tiene México y el relativa-

un poco, siempre y cuando el déficit se pueda pagar con el crecimiento de la economía, pero considero que vamos a entrar en un ciclo de bajo crecimiento externo por un tiempo largo, por lo que esto podría ser muy arriesgado. Hay algunas personas que han mencionado que será de cuatro años, en un plano optimista, pero ver más allá de cuatro años es muy difícil.  ¿En qué condiciones se encuentra el peso mexicano en el actual escenario económico?  En un escenario de volatilidad tan fuerte de mercado, el peso mexicano va a estar volátil, porque es una moneda que está flotando y sujeta a los vaivenes de los flujos enormes de dinero. Cuando la Reserva Federal liberó una gran cantidad de dólares, una parte vino a México. Cuando hablamos de 600 mil millones de dólares, de los que ingresan 10, 15 o 20 mil millones de dólares a nuestro país, obviamente estas cantidades aprecian al tipo de cambio. Pero si de repente alguien se asusta y saca parte de ese dinero, el tipo de cambio regresa; va a estar volátil el peso,

Dado el nivel de inflación que tiene México, existe la tentación de subir el déficit fiscal Sin embargo, algo podemos compensar aumentando nuestra productividad interna, lo cual se ha logrado en cierta forma; esto se puede apreciar en el hecho de que nuestra participación de mercado en las importaciones estadounidenses ha subido. Si baja el mercado y sube nuestra participación de mercado, no bajan tanto nuestras exportaciones; la realidad es que en el neto se van a re-

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mente bajo nivel de inflación mundial, existe la tentación de subir el déficit fiscal, debido a que se encuentra en niveles más o menos aceptables. Sin embargo, esta estrategia funciona en plazos cortos, porque si empieza a subir el déficit, comienza a subir la tasa de interés a la cual se le presta al gobierno y entonces caemos en un círculo vicioso. Se puede utilizar algo de déficit y hacer que la economía crezca

pero eso no quiere decir que persista una depreciación sistemática de la moneda mexicana. Considero que ésta va a estabilizarse más o menos entre 12 o 13 pesos, pero es sumamente aventurado. La economía está lo suficientemente bien; la inflación está baja. Obviamente, vamos a crecer menos de lo que hemos estado creciendo, pero creo que vamos a crecer más que


Economía

las economías industrializadas. Sin embargo, mientras haya estos movimientos de capital y esta liquidez tan enorme, va a existir volatilidad.  ¿Cuál considera que debe ser la estrategia del Banco de México para hacer frente a la actual situación económica? El Banco de México tiene que estar, primero, muy firme en cuanto a mantener la inflación en el nivel de su objetivo de 3%; ésa es quizá la estrategia más importante en este momento, además de que ése es su quehacer. Sin menoscabo de este objetivo, si el Banco de México pudiera hacer que bajara un poco el nivel del costo del dinero… Es muy importante que no se pierda la credibilidad del banco en el logro del objetivo de inflación.  En cualquier situación, pero especialmente en la actual, ¿no debería ser una obligación, un compromiso de las autoridades bajar el costo del dinero? ¿Puede en nombre de la “libertad del mercado” privilegiarse la usura y la especulación?  Bajo ningún concepto se debe privilegiar la usura y la especulación;

lo que debe hacer el banco central, y lo he repetido múltiples veces, es mantener la estabilidad de precios al menor costo posible. Ésta es la mejor forma en que el Banco de México puede contribuir al desarrollo de nuestro país.  ¿De qué manera afectará la situación económica al entorno electoral del próximo año?  Por desgracia, cuando la situación económica empieza a no ser tan favorable como se hubiera querido, se culpa generalmente al gobierno en turno, aunque no sea el responsable. De igual forma, si el crecimiento económico fuera muy vigoroso, se afectaría favorablemente al partido en el poder. Recordemos la vieja frase que el presidente Bill Clinton tenía puesta en su cuarto de campaña: “Es la economía, estúpido”, que tiene una connotación dual: quiere decir que el problema verdadero es la economía; si está bien, ganamos, y viceversa.

 ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes que obtuvo luego de 16 años en el Banco de México?  El principal aprendizaje es que no hay nada más conveniente que la prudencia. El ser prudente, constante e ir de manera clara al objetivo que ya se publicó y es conocido, así como evitar excesos, lleva tarde o temprano a un éxito permanente y sostenible. Lo que aprendí es que para mejorar la vida de nuestro país hay que trabajar, hay que ser austeros, prudentes y constantes.  Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, considera que recientemente ha existido una crisis de confianza en materia económica. ¿Cuál es su opinión al respecto?  Tiene razón, pero creo que hay que matizar el tema, en el sentido de que no ocurre en todas partes. Ciertamente, hay una crisis de confianza en Estados Unidos y Europa, y algo de eso se trasmina a los demás países; pero hay países, como Japón, que se encuentran en un lugar intermedio, y otros como China e India que están creciendo muy bien; incluso América Latina, que normalmente era la que se metía en problemas, hoy no lo hace, está sana, no hay crisis de confianza en sus gobiernos. Estamos viendo, por ejemplo, que los papeles de deuda de América Latina han mantenido sus niveles de precio, cosa que no sucedía con cada crisis que había. Desgraciadamente, las economías grandes, que son las que normalmente han empujado al mundo, son las que están sufriendo esas crisis de confianza. Entrevista con Gabriel Rodríguez y Daniel N. Moser

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Crisis financiera (virtual) de la economĂ­a mundial (real)

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Esta segunda etapa de la crisis financiera internacional obliga a convocar a un gran acuerdo económico mundial que parta de reconocer que el modelo de desarrollo adoptado en las últimas décadas está agotado y sus bases deben modificarse radicalmente Gonzalo Núñez González.

Doctor en Economía, socio director de AR Transfer Pricing, S.C., asesor del presidente del Colegio Nacional de Economistas, A.C., y miembro del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A.C.

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a mundialización de la economía –intercambios internacionales o comercio de bienes, servicios y capital– entraña un proceso de apertura económica; el proceso de integración pone en cuestionamiento la política económica autónoma, esencialmente la política monetaria, fiscal y comercial de cada país. Un fenómeno colateral de trascendencia es que, gracias a su enorme movilidad para obtener mayores ganancias con menores costos, las empresas multinacionales controlan buena parte de la producción mundial y, en muchos casos apoyadas por las políticas de sus países de origen –que generalmente son los hegemónicos–, adquieren un poder que suele poner en jaque las decisiones políticas de países periféricos. De esta forma, las firmas multinacionales controlan el mercado, en tanto una buena parte de los flujos internacionales de bienes, servicios, tecnología y capitales se vuelven internos a las propias compañías y atraviesan los espacios nacionales. Lo anterior lleva a una nueva dimensión financiera de las empresas, donde los flujos de capital se vuelven autónomos y con un enfoque especulativo ajeno a la economía real de la producción, el comercio y el consumo. En este esquema, los activos industriales se asimilan a los activos financieros y dan pie a inversionistas institucionales, banca de inversión, seguros y fondos que, a través del mercado de valores, se apropian de las empresas en un proceso muy agresivo contra el empleo y el salario. El agresivo proceso de internacionalización de las grandes corporaciones privadas de los países centrales acelera la mundialización, y debido al enorme poder que adquieren, éstas tienen la posibilidad de imponer condiciones a gobiernos nacionales de países periféricos que en ocasiones ven limitada su capacidad de tomar decisiones soberanas sobre sus políticas públicas. Como los intereses de las corporaciones internacionales generalmente no coinciden con los intereses sociales, económicos y políticos de las sociedades de dichos países, suelen generarse conflictos como los que se observan actualmente, canalizados en últimas fechas en el movimiento autodenominado “los indignados”. La inversión extranjera directa constituye una forma más avanzada de la mundialización económica que representa la transferencia de derechos patrimoniales, es decir, de poder económico, que supera las barreras proteccioenero 2012

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nistas y se apropia de recursos naturales y mercados, y que opera como estrategia geopolítica de Estados Unidos y sus principales aliados –y competidores. Al comenzar los años setenta, el aporte de la industria a la generación del PBI en Estados Unidos era dos veces mayor que el correspondiente al negocio financiero. En la actualidad, la proporción se ha invertido y el producto bruto fabril apenas se acerca a 60% del valor computado a las finanzas. Ello explica la desindustrialización creciente de la economía estadounidense, lo que le impide generar suficiente crecimiento para aumentar el empleo y el salario. Con el crecimiento exponencial de los mercados financieros, globalizados y desregulados, los inversionistas se han erigido en auténticos jueces de las políticas económicas de los gobiernos nacionales; así, éstos se ven obligados a someterse a quienes controlan los mercados, si no quieren sufrir fugas de capitales o alzas en las tasas de interés. Dos fenómenos han alimentado este contexto: por un lado, la liberalización de los mercados vía la desregulación y reducción de la intervención estatal y, por el otro, el cambio tecnológico que permite transacciones instantáneas de bajo costo. Ante la posibilidad de ganancias especulativas, que procuran adelantarse a tasas de interés y tipos de cambio, y que provocan las llamadas “burbujas especulativas”, la ingeniería financiera y las telecomunicaciones han acelerado la circulación de los capitales que conforman los nuevos mercados. Es así como la desre-

La inversión extranjera directa constituye una forma más avanzada de la mundialización económica

gulación financiera promovida por organismos internacionales como el FMI y el BM ha sido el marco ideal para garantizar tanto a firmas multinacionales como a inversionistas financieros institucionales su posición dominante en la economía mundial; sin embargo, el ahorro doméstico –formal e informal– aún desempeña un papel importante en los mercados internos que se resisten a la apertura indiscriminada, aunque esta opción tiende a reducirse conforme avanza la globalización. Como lo menciona el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz,

el capital puede fluir libremente por todo el mundo mucho más rápido que la mano de obra. Eso aumenta la capacidad de negociación del capital respecto a la mano de obra, reduce los salarios en relación con su nivel normal y aumenta la desigualdad. Asimismo, es una manera de obligar a los países a reducir sus impuestos sobre el capital e, indirectamente, crea desigualdad en el bienestar de las personas. Producto de este fenómeno, y por contraste, algunos países en vías de desarrollo como Brasil, Rusia, India y China (BRIC) han logrado la conjunción de salarios bajos con alta capacidad tecnológica, lo cual los convierte en importantes competidores en los mercados mundiales de productos manufacturados y participantes potenciales en los mercados financieros. Esta es la razón por la que BRIC, junto con la Unión Europea, han venido insistiendo –aunque tibiamente– en un cambio de sistema financiero mundial que sea más justo, donde se conformen nuevas instituciones globales para regular y supervisar los mercados financieros especulativos como el de los derivados que, junto al sospechoso desempeño de las agencias calificadoras de deuda, han puesto en jaque a la principal moneda de reserva (el dólar), así como el manejo de tasas de interés, que se ha visto afectado por la crisis financiera en Estados Unidos y Europa. A pesar del establecimiento de planes de financiamiento y rescate en Europa, así como de un nuevo ajuste financiero en Estados Unidos, persiste la volatilidad y el temor en los mer-


crisis mundial

Gráfica 1. Deuda bruta del gobierno de países seleccionados como porcentaje del PIB 2005-2010 160

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2005 Grecia

Italia

2006 Irlanda

2007 Portugal

cados financieros, como consecuencia de que las medidas para restaurar la confianza del consumidor y mantener una fortaleza en la atracción de inversión no han sido satisfactorias. Esta situación se agrava si se considera que, pese al incremento de las deudas soberanas para proveer mayor liquidez en Estados Unidos y la zona euro, el crecimiento económico, la oferta y la demanda se mantendrán por debajo de las expectativas internacionales. Durante la crisis que empezó en 2008, las economías avanzadas sufrieron una fuerte contracción en el crédito productivo y bancario, lo que representó una importante caída en la demanda global y la presencia de altas tasas de desempleo. Frente a ello, las diferentes economías establecieron programas de rescate financiero y de estímulo económico, que a su vez aumentaron significativamente su deuda soberana e incentivaron un círculo vicioso, ya que dichos estímulos agravaron los déficits presupuestarios que antes de la crisis de 2008-2009 ya eran elevados, debido a los problemas derivados de los sistemas de pensiones, a los programas de desempleo y a un gasto excesivo en otros programas y apoyos financieros sectoriales. La situación fue

2008 2009 Estados Unidos

2010

más marcada en países como Grecia, Italia, Portugal y EU, cuyas deudas soberanas superaban 60% de su PIB desde principios de la década del 2000 (véase gráfica 1). En este contexto, y luego de la incertidumbre de una nueva recesión en EUA y Europa, los mercados accionarios retrocedieron y la volatilidad financiera se incrementó, lo que conllevó a que los inversionistas buscaran refugio seguro para su capital en Asia y América Latina. Frente a este escenario, los diferenciales de los bonos soberanos de las economías avanzadas de Europa tocaron nuevos máximos, lo cual tiene la finalidad de atraer inversión y resarcir la pérdida de confianza, siendo los de Grecia, Irlanda, Portugal e Italia los que mostraron mayor volatilidad en los diferenciales de rendimiento de bonos públicos. De esta manera, se prevé que en 2012 los flujos financieros privados dirigidos a Europa alcancen los 109.6 miles de millones de dólares (mmd), 29.2 menos que el promedio observado en 2005-2008; con ello se ubica muy por debajo de los flujos financieros previstos para el Asia no emergente y América La-

tina. En tanto, la expectativa de la inversión extranjera directa (IED) en Europa es de 40.2 mmd en 2012, 34% menos que lo observado durante los años previos a la recesión de 2008-2009, situación que afectará el crecimiento económico de esta zona durante este año. Es importante destacar que, pese al incremento de las deudas soberanas para proveer mayor liquidez en Estados Unidos y la zona euro, la recuperación económica ha sido significativamente limitada. Las expectativas de crecimiento del PIB para ambas regiones económicas serán inferiores a las tasas previas a la recesión de 2008-2009. Además, persiste una tendencia a la baja en la oferta y la demanda, situación que sin duda continuara afectando los niveles de consumo en escala global, así como la generación de nuevos empleos. Las dificultades de financiamiento a favor de la actividad productiva, los altos niveles de desempleo, las medidas de austeridad anunciadas y las continuas tensiones para reestructurar la deuda en Estados Unidos y la zona euro incrementaron las expectativas de una posible nueva recesión económica mundial. Pese a las diferentes medidas fiscales y monetarias de las economías desarrolladas para poder contrarrestar los efectos de la crisis de 2008-2009, no se observa una recuperación plena en la economía real; esta situación impulsó los ya altos niveles de deuda pública de éstas, lo cual resulta preocupante si se considera que los resultados del gasto emprendido para consolidar el crecimiento económico no han sido satisfactorios. enero 2012

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Solamente como un ejemplo de estas medidas contradictorias y arbitrarias, entre 2008 y 2010 12 corporaciones líderes –entre ellas Exxon, Mobile, Wells Fargo, DuPont, Boeing, IBM y General Electric– fueron favorecidas mediante exenciones impositivas con 2,500 millones de dólares por concepto de reembolsos –paquetes multimillonarios de rescate en favor del mercado financiero especulativo en quiebra–, al tiempo que se multiplicó el costo de las guerras y el militarismo; también se hicieron pagos abultados por sobreprecios a aseguradoras y firmas farmacéuticas del sistema de salud, entre otros. Las medidas anteriores constituyen señales inequívocas acerca de cuál es la naturaleza del rescate que ejerce el poder en la mayor potencia mundial. Los efectos macroeconómicos del ajuste fiscal estadounidense para México son claros, pues hoy se tiene una economía fuertemente integrada a Estados Unidos. En 2009 el PIB de este país cayó 2.7%, y el de México cayó 6.1%. De acuerdo con estimaciones preliminares propias, entre 2011 y 2015 el PIB de México crecería 3.3% en promedio, en ausencia del ajuste fiscal estadounidense; sin embargo, con tal ajuste, este crecimiento promedio podría caer a niveles cercanos a 2%, una reducción de más de un punto porcentual anual. Las consecuencias de un efecto de este tipo se aprecian mejor cuando tomamos el periodo 2011-2015 completo y evaluamos la manera en que se afectan variables importantes, como el empleo y el salario real. Entre 2011 y 2015, el ajuste fiscal de Estados Unidos podría evitar la

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creación de cerca de un millón y medio de empleos en México si el salario real permaneciera constante. Alternativamente, podría implicar una reducción de aproximadamente 5% en el salario real para que pudieran crearse dichos empleos. Otra variable que podría afectarse es el tipo de cambio. La caída del PIB de Estados Unidos tiene un efecto negativo sobre la balanza comercial de México al reducir sus exportaciones, lo que impone presiones al tipo de cambio. Aparentemente hay espacio para la política anticíclica, aunque existe un gran temor de llevarla a cabo porque puede propiciar desequilibrios en el largo plazo, como ya pasó en los años setenta y ochenta, y como sucedió recientemente en Estados Unidos y Europa. Sin em-

bargo, una estrategia bien diseñada, con límites bien establecidos, podría evitarnos un severo golpe, ahora más que nunca, inmerecido. La “guerra económica” llevada a cabo para imponer nuevas restricciones a la política social y oxigenar las contradicciones del Consenso de Washington representa un desafío para los países que, al permitir más restricciones al apoyo social, debilitan su propia gobernabilidad. Resulta evidente que cualquier solución a la crisis financiera debe pasar por un acuerdo político entre los diferentes bloques económicos y ser más que un simple reacomodo de variables financieras para evitar el colapso de la economía mundial. Ante la evidencia del fracaso de las recetas ortodoxas de las últimas décadas, desde una perspectiva no ortodoxa se ha propuesto llevar a cabo urgentemente reformas económicas globales como son: declarar las inversiones especulativas de corto plazo como ilegales –a lo que consistentemente se ha opuesto Gran Bretaña–; exigir la constitución de un fondo de estabilización global con 10% de las transacciones financieras; efectuar una reforma monetaria que reconozca la necesidad de conformar una “canasta” de divisas fuertes como moneda de reserva; relanzar la economía real al incrementar la producción a través de nuevas tecnologías que absorban más mano de obra que agreguen más valor; fortalecer y separar la banca de inversión de la banca de desarrollo, para que los fondos que se inyecten vayan a parar a la economía real y no a la especulativa.


Por qué México necesita una ley de asociaciones público privadas

El agotamiento –en la década de 1980– del modelo de desarrollo basado en el financiamiento público y la culminación de los procesos de privatización a finales de los noventa impulsó la búsqueda de nuevos esquemas de desarrollo de infraestructura y de provisión de servicios a la sociedad, en un escenario de escasez de recursos públicos, de imposibilidad de incrementar la deuda pública o el déficit presupuestario y de fuertes presiones para invertir en programas sociales.

E

n México, al igual que en la mayoría de los países, incluyendo muchos de los desarrollados, las necesidades de inversión en infraestructura superan por mucho la capacidad financiera del gobierno para atender dichas necesidades, por lo que es necesaria, conveniente y legítima la participación del sector privado y de la sociedad en su conjunto para que, en forma ordenada y regulada, participe en la atención de dichas necesidades en la forma en que lo permita la ley, sus políticas de desarrollo y el mercado mismo. Esta participación del sector privado en la atención de necesidades colectivas se ha reproducido con mayor o menor intensidad en todos los continentes, en muchos países y en los más diversos sectores. Lo anterior es de la mayor relevancia, ya que si no se realizan las inversiones necesarias en servicios e infraestructura a la velocidad requerida, la economía del país pierde competitividad, entendida ésta como la capacidad de la economía para atraer y conservar inversiones, con los efectos consiguientes en el sentido y la velocidad que se puede imprimir a su desarrollo; éste depende, entre otros aspectos, de las capacidades internas y de elementos externos que pueden influir en acelerarlo o entorpecerlo.

Francisco J. Treviño Moreno

Socio senior de la firma Ríos Ferrer, Guillén Llarena, Treviño y Rivera, S.C. Líder en la estructuración de proyectos de infraestructura.

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La infraestructura es un elemento fundamental para fortalecer la posición de México para competir exitosamente como destino de inversiones apoyadas con capital internacional, que es una de las características que definen al nuevo orden global. Este concepto es fundamental para hacer posible –a un ritmo razonable– la infraestructura que requieren los distintos actores económicos generadores del empleo, el crecimiento económico y el desarrollo. Sin embargo, no es posible que sólo el sector público realice esta infraestructura; resulta necesaria, recomendable y posible la participación de la sociedad. La distribución de la población en México se ha concentrado en las ciudades, donde se produce la mayor parte del PIB nacional. La competitividad del país depende en gran medida de los procesos que se desarrollan en las ciudades, las cuales demandan más y mejores servicios e infraestructura. Las ciudades se han convertido en las unidades pro-

nanciamiento requerido para la construcción, operación y mantenimiento sin incertidumbres; difieren las inversiones del sector público; apoyan la reducción de la deuda pública; trasladan riesgos sustanciales del proyecto al sector privado que, al gestionarlos mejor que el sector público, obtiene mejores resultados con mayor eficiencia económica; mejoran la calidad de los servicios y reducen su costo; finalmente, asignan el mantenimiento y la operación al sector privado. Los esquemas APP tienen su principal fundamento en que, al poner en juego las fuerzas del mercado, cada vez más globalizadas, es posible proveer mejor infraestructura y servicios a la población con una menor utilización de recursos públicos a un menor costo, en menor plazo, con más calidad y con un efectivo traslado de riesgos al sector privado, el cual está dispuesto a tomarlos a cambio de una rentabilidad razonable del capital invertido.

El Programa Nacional de Infraestructura tiene una estrategia que busca optimizar la utilización de los recursos públicos disponibles ductivas que dan sustento al país, por lo que resulta fundamental apoyar su desarrollo con vivienda, infraestructura y servicios, con el objetivo principal de crear empleos estables para que la población pueda acceder a mejores niveles de bienestar. Para lograrlo, el financiamiento es un factor estratégico esencial para el desarrollo económico. Adicionalmente, cabe señalar que se han agudizado las debilidades de los esquemas tradicionales para la realización de obras públicas, en los que el gobierno paga por la compra de activos, en comparación con el concepto de las APP, donde el gobierno paga por la prestación de servicios. Esto trae aparejadas profundas diferencias. Las formas tradicionales de la obra pública, en general, se caracterizan por estar sujetas a restricciones presupuestarias; requieren el desembolso inmediato del monto de la inversión por parte del sector público; afectan el balance del gobierno y, por lo tanto, los “techos” de deuda; el sector público retiene la mayor parte de los riesgos, y no cuentan con recursos asegurados para su operación y mantenimiento Por su parte, las APP, en general, suelen caracterizarse por liberar recursos públicos para su aplicación a la atención de necesidades sociales; además, disponen desde el principio de la totalidad de las fuentes del fi-

Sin embargo, para llevar a cabo de manera efectiva y eficiente proyectos de infraestructura con esquemas APP; atraer tecnología, capacidad empresarial e inversión privadas; mejorar el desempeño de los proyectos; asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la obtención de los resultados esperados en el tiempo y al costo previstos, se requiere un marco legal que otorgue suficiente seguridad jurídica tanto a las empresas del sector privado por lo que se refiere al cumplimiento y exigibilidad de los derechos y obligaciones pactados, cuanto a las entidades públicas promotoras de los proyectos de que se va a proveer el servicio contratado en los términos y condiciones pactados. La amplia bibliografía disponible sobre el tema, el análisis de experiencias de éxito y fracaso en la ejecución de proyectos con esquemas APP en distintas partes del mundo, así como las condiciones particulares del marco jurídico vigente en México permiten concluir que un marco jurídico apropiado es una condición necesaria para desarrollar programas amplios de proyectos con esquemas APP que complementen las inversiones directas del sector público; con esa combinación será posible promover el desarrollo eficiente y acelerado de la infraestructura que se requiere y proveer su conservación y expansión. enero 2012

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ley app

En México, el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 ha planteado la realización de un número de proyectos de infraestructura sin precedente, en diversos sectores, con una estrategia que busca optimizar la utilización de los recursos públicos disponibles y la decidida participación del sector privado en su desarrollo. A pesar de lo anterior, y de la ejecución de numerosos proyectos, se advierte la existencia de amplios espacios de mejora y optimización que deberían ser cubiertos con el propósito de hacer más eficiente la direccionalidad del país en el propósito de incorporar las APP como mecanismo complementario para el desarrollo de infraestructura. El éxito de un programa de APP se funda, en primer término, en la existencia de políticas públicas claras y congruentes que expresen la voluntad del poder público de promoverlo y sustentarlo. Los países que están desarro-

tecnología y capacidad empresarial de alta calidad para el logro de ese propósito. El actual marco jurídico que regula el desarrollo de proyectos de infraestructura con esquemas APP presenta asimetrías, lagunas y obsolescencias que es conveniente modificar. Tan sólo por mencionar algunas de ellas, se destacan las siguientes: El concepto de asociación público-privada no está reconocido en la legislación. Ello provoca confusiones en cuanto al tipo de estructuración jurídico-financiera que se debe aplicar a un determinado proyecto y a la regulación apropiada que le es aplicable. La actual legislación no reconoce el concepto básico de las APP de que no es necesario comprar activos cuando se pueden comprar servicios, concepto que responde en lo general a un modelo de concesión identificado con la

llando programas amplios, como Gran Bretaña, España, Chile, Colombia, Brasil, Perú y México, por citar algunos, han contado con el soporte de políticas claras y apoyo al más alto nivel en forma expresa y continua. El segundo elemento esencial que se convierte en una constante radica en la necesidad de un marco legal que no imponga barreras a la entrada del sector privado en la construcción y explotación de infraestructura y la prestación de servicios mediante esquemas APP; que otorgue flexibilidad a la estructuración del modelo jurídico-financiero apropiado y certeza razonable de que los compromisos asumidos por las partes se cumplirán y que, en su caso, existen mecanismos para exigir su cumplimiento. Por último, resulta fundamental que el Estado cuente con una estructura institucional creíble, capaz de conducir los procesos. Desde esa perspectiva, México ha logrado avances sustanciales en cuanto a la claridad de sus políticas públicas en materia de APP. El Plan Nacional de Infraestructura es el elemento más representativo. En cuanto al segundo de los elementos mencionados, una nueva Ley de APP que mejore sustancialmente el marco legal aplicable a estas asociaciones redundará en el aumento de la competitividad de México para atraer capital,

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DGC, SCT

México ha logrado grandes avances a la claridad de sus políticas públicas de APP

filosofía y estructura del project finance, donde el proyecto tiene identificada una fuente de pago propia, en ocasiones complementada con recursos públicos. Diversas leyes regulan los procedimientos para la estructuración y adjudicación de los proyectos, lo que da por resultado una multiplicidad de parámetros, formas de evaluar y mecanismos que dificultan su administración, la evaluación de su eficiencia y la reincorporación de las experiencias y el conocimiento adquirido en procedimientos previos.


ley app

Un común denominador es que se da tratamiento diferente a situaciones iguales. Aspectos fundamentales de un proyecto, tales como los procedimientos de adjudicación, requisitos para participar, plazos, garantías, mecanismos de salida, indemnizaciones, responsabilidades, cesiones y prórrogas, entre otros, presentan diferencias sustanciales que es conveniente homogeneizar, a efecto de desarrollar un modelo estandarizado. No se aprovecha cabalmente la experiencia del país, ya que por la diversidad de procedimientos utilizados cada dependencia, e incluso cada equipo encargado de hacer un proyecto, desarrolla su propio modelo. Así las cosas, el 10 de noviembre de 2009 el Ejecutivo federal presentó al Senado una iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas. El dictamen del Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno del Senado el 29 de abril de 2010 y aprobado en lo general y en lo particular con 71 votos a favor y 21 en contra. El 12 de octubre de 2010 terminó su proceso de dictaminación y fue turnado a la Cámara de Diputados. Ésta dio entrada a la minuta el 14 de octubre de 2010 y fue turnada a comisiones para su dictaminación. Ahí estamos en este momento. Actualmente, el país lleva a cabo proyectos de asociaciones público-privadas en áreas permitidas por la Constitución, como concesiones en el sector de comunicaciones y transportes, contratos PPS en salud, educación y carreteras, así como en turismo, agua y saneamiento. El proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas aportará a nuestro sistema jurídico, entre muchos otros, los siguientes beneficios: 1. Otorgar a las partes mayor certeza y seguridad jurídicas. 2. Proveer mejores condiciones legales para los distintos actores. 3. Maximizar la gestión económica de la infraestructura. 4. Maximizar el valor del dinero de los recursos públicos aportados por el gobierno a los proyectos. 5. Asegurar que los derechos adquiridos por las partes se podrán ejercer. 6. Fortalecer la transparencia, competitividad y equidad de los procesos de asignación de los contratos. 7. Incrementar la certidumbre de que las obligaciones asumidas por las partes serán cumplidas. 8. Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios en beneficio de los usuarios.

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9. Facilitar que los derechos y las obligaciones de las partes funcionen con armonía También permitirá disponer de fórmulas de salida para el sector privado en caso de terminación anticipada en condiciones equitativas; mejorará los mecanismos de obtención de los bienes inmuebles y los permisos requeridos para la ejecución de los proyectos; hará posible desarrollar un ordenamiento autocontenido que promueva la eficiencia de la gestión de los proyectos de infraestructura llevados a cabo con esquemas de APP; finalmente, permitirá proteger los derechos de los usuarios de la infraestructura o receptores de los servicios y establecer sus obligaciones. En materia de certeza y seguridad jurídicas, la nueva Ley de APP aporta los siguientes elementos: 1. Se regula en calidad de ley la ejecución de contratos para la prestación de servicios y la realización de la infraestructura requerida. 2. Cuando el proyecto involucre el otorgamiento de concesiones, autorizaciones o permisos, se mantienen los elementos esenciales tales como los requisitos para su otorgamiento y causales de revocación, conforme lo dispuesto en las leyes específicas. Sólo estos temas quedarían sujetos a los mecanismos jurisdiccionales administrativos. 3. La regulación de los contratos quedará contenida en un mismo ordenamiento. 4. La materia contractual quedará claramente diferenciada de la materia concesional, las autorizaciones y los permisos necesarios para la ejecución del proyecto. 5. Se establece el requisito para las sociedades desarrolladoras que su objeto social sea exclusivamente el desarrollo del proyecto. Al quedar aislado su patrimonio, el proyecto queda protegido respecto de otras obligaciones que lo pudieran afectar. El proyecto otorga flexibilidad a los procesos. El sector público y la iniciativa privada acordarían contractualmente los términos y condiciones para desarrollar un proyecto, la distribución de riesgos entre las partes, así como sus respectivos derechos y obligaciones. Los incumplimientos de la parte contractual quedarían sujetos a las penas convencionales acordadas por las partes. Se introduce la posibilidad de convenir mecanismos de resolución alternativa de controversias (mediación y arbitraje), los cuales


CFE

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no se aplicarían en caso de actos de autoridad (concesiones, autorizaciones y permisos. El proyecto brinda flexibilidad para la ejecución de los proyectos, al facultar a las autoridades a negociar las compraventas y pagar precios por encima de los valores de los avalúos del Indaabin (previo estudio que demuestre que los beneficios obtenidos son mayores a la erogación adicional). Por otro lado, se crea la posibilidad de que los desarrolladores de los proyectos adquieran los bienes. El proyecto de Ley de APP regula las condiciones para la renegociación o actualización de las condiciones del contrato durante la vida del proyecto, siempre y cuando las partes no modifiquen la distribución de riesgos originalmente pactada. Los esquemas APP serán opcionales; las dependencias y entidades podrán seguir utilizando las figuras tradicionales de contratación y concesión de obras y servicios. El límite máximo del plazo de toda clase de concesiones se establece en 50 años. Los avalúos podrán llevarse a cabo a través del Indaabin o de sociedades de crédito autorizadas. La ley promoverá mayor eficiencia, pues regula el uso de mecanismos flexibles para la evaluación y adjudicación de los proyectos. En su reglamento prevé la existencia de una metodología para determinar la conveniencia de realizar un proyecto con esquema de APP. Respecto de la declaratoria de utilidad pública, solamente procede juicio de amparo indirecto. Los recursos para impugnar los fallos de las adjudicaciones en ningún caso suspenderán los procedimientos. La impugnación respecto del acto de expropiación solamente podrá versar sobre el monto de la indemnización o la titularidad del bien, sin que pueda suspenderse la ocupación del bien ni, por ende, la construcción de la infraestructura.

Los derechos de la sociedad desarrolladora podrán cederse, darse en garantía o afectarse de cualquier manera con la previa autorización de la dependencia convocante. Esta medida facilita a las desarrolladoras la obtención de financiamiento. En el proceso de discusión del proyecto de ley se han formulado la más disímbolas opiniones y criterios. Esto es positivo; es parte del juego democrático y de la decantación de acciones que afectan o pueden afectar a la población. Dos temas que han sido recurrentes en ese ejercicio crítico son los siguientes: 1. ¿Se justifica el uso de infraestructura pública en la generación y el desarrollo de proyectos privados estratégicos? Un elemento fundamental de las APP es que buscan mejorar la eficiencia de los servicios públicos, acelerar inversiones, prestar mejores servicios a la población y liberar recursos públicos para destinarlos a la atención de otras necesidades de la población, todo ello con la colaboración del sector privado mediante una asociación de largo plazo. 2. ¿En las APP se sustituye al Estado por la iniciativa privada en la prestación de servicios públicos? En México, el régimen de concesión mediante el cual el Estado otorga a particulares el derecho a prestar servicios públicos, realizar obras públicas o explotar bienes públicos tiene una tradición centenaria. Infinidad de proyectos se han hecho con este régimen. La filosofía que las sostiene es que, ya sea por incapacidad o por conveniencia, el Estado se asiste de los particulares para el cumplimiento de sus fines. En este contexto, si por una parte es clara la necesidad de más infraestructura y mejores servicios, y también es evidente que el Estado no puede ni podrá obtener todos los recursos que se requieren para acelerar el desarrollo y mejorar la competitividad del país, crear empleos e impulsar a toda la población a mejores niveles de vida, es su obligación buscar las fórmulas que permitan atender de mejor forma las necesidades de la sociedad, y las APP son una herramienta, un elemento indispensable para fortalecer una política pública y hacerla eficiente. La Cámara de Diputados tiene la palabra; el Ejecutivo federal ya hizo su tarea, y la colegisladora (la Cámara de Senadores) también. enero 2012

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Lascompras del sector público mexicano por vía electrónica

Se presenta aquí un análisis del tema de las compras electrónicas del sector público mexicano con base en información proporcionada por integrantes de la Comisión de Compras de Gobierno y Abasto de la Confederación de Cámaras Industriales, especialmente por los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname), con la advertencia de que –por tratarse de un proceso en curso– algunos de los comentarios podrán no ser válidos en un futuro cercano, en la medida en que los responsables del sistema CompraNet van corrigiendo deficiencias y mejorándolo. 24•

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Edgar R. Ubbelohde Rosaldo

Presidente de la Comisión de Compras de Gobierno y Abasto de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. edgarubb@cmsa.com.mx


L

as normas federales relativas a las compras de sector público en general son la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las compras de Pemex relacionadas directamente con sus actividades sustantivas, de conformidad con el artículo 27 constitucional, están reguladas por la Ley de Petróleos Mexicanos. En un nivel jerárquico superior a esas leyes están las disposiciones contenidas en los nueve vigentes capítulos de compras del sector público de nueve tratados de libre comercio con 39 países. Sobre el tema general de compras del sector público (o, como también se les llama, “compras de gobierno”) han existido diferentes criterios, a veces encontrados, tanto en México como en muchos otros países. Por un lado, se interpreta que el sector público tiene la obligación de lograr una compra eficiente, en las mejores condiciones de precio, oportunidad y financiamiento disponibles en el mundo. Por otro lado, se entiende que las compras del sector público deben promover el desarrollo nacional regresando al ciclo económico interno los recursos fiscales que de él provienen, utilizando lo más posible bienes y servicios de origen nacional. Esta aparente disyuntiva ha tenido diferentes respuestas en el tiempo y en distintos países. En Estados Unidos ha existido históricamente la política de buy American, que se reforzó con una ley de 2009 en la que se dispuso que todos los proyectos que involucraran recursos fiscales o apoyos financieros federales debían tener un cien por ciento de contenido nacional de productos manufacturados. La excepción expresa es la de proyectos convocados bajo la cobertura de tratados como nuestro TLCAN. Así, vemos que en ese país –y en otros lugares– la política de compra local o nacional reconoce la excepción derivada de tratados o acuerdos, pero no permite normalmente utilizar productos de naciones con las que no se mantienen tratados. En el caso mexicano, ya la Constitución señala que los recursos económicos del gobierno se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; que se realizarán adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y de obra mediante licitaciones públi-

cas o, cuando no sean idóneas, conforme lo establezcan las leyes, pero siempre acreditando la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. En cuanto al balance entre la compra eficiente y la promoción del desarrollo nacional, nuestras leyes relativas a adquisiciones y obras públicas en general, así como las específicas para el sector petrolero, nos han marcado la pauta: preferir los bienes y servicios nacionales, suficientemente competitivos, hasta donde nos lo permitan los tratados de libre comercio. Podemos así realizar procedimientos de contratación exclusivamente nacionales cuando se trate de contrataciones menores o cuando se apliquen las reservas previstas en los tratados. Y podremos exigir determinadas proporciones de contenido nacional en ciertos proyectos mayores del sector público. Nuestros principales socios comerciales lo reconocieron en las negociaciones y así lo pactaron en los tratados. La realización de procedimientos electrónicos modernos parecería favorecer la eficiencia del proceso de compra, así como promover la competencia entre proveedores o contratistas, tanto nacionales como extranjeros. Para los proveedores y contratistas puede ser muy económico participar vía electrónica, en vez de sufragar gastos de viaje e invertir dilatados periodos para acudir presencialmente a las diferentes fases del proceso licitatorio. En caso de empresas de menor tamaño, la licitación electrónica puede significar la diferencia entre participar o no, ya que muchas veces las Mipyme no disponen de personal suficiente para trasladarse a diversos lugares, y aun en empresas grandes, el ahorro puede ser sustantivo. Además, la licitación electrónica permite participar en procedimientos que ocurren en diversos lugares simultáneamente o con poco tiempo de diferencia entre uno y otro. Estas y otras ventajas inherentes al moderno procedimiento de licitación electrónica serían suficientes para justificar su aplicación generalizada. ¿Cuáles son, entonces, las objeciones, los obstáculos o las críticas? La reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28/05/2009, introdujo el nuevo concepto de CompraNet, ahora en versión 5.0, como un sistema electrónico de información pública gubernamenenero 2012

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Creative Commons

Compras

tal sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado –entre otros– por los programas anuales en la materia de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. El sistema, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrollan procedimientos de contratación. El sistema 5.0 reemplazó gradualmente al CompraNet 3.0. A partir del 1 de enero de 2011, todos los procedimientos de contratación se deben realizar en CompraNet 5.0. El artículo 10 transitorio del decreto de reforma, publicado el 28 de mayo de 2009, ordenó que las adecuaciones al sistema CompraNet debían estar concluidas en un plazo no mayor a un año. En webcompranet/informacion-y-ayudas/CompraNetPresentaci%C3%B3nGeneral.pdf aparece una comparación que ilustra las diferencias relevantes entre las versiones 3 y 5: por los relevantes cambios que representó pasar de la versión anterior a la actual –de mucho mayor alcance–, fue necesario un esfuerzo de capacitación a compradores y a proveedores, aún no concluido. En http://cen.funcionpublica.gob.mx/file.php/1/Licitantes.pdf se encuentra una guía de CompraNet 5 para licitantes, de 141 páginas, que se une al esfuerzo de capacitación que ofrece la misma SFP y varias organizaciones privadas. Para tener acceso a CompraNet se requiere un registro previo, gratuito, de la persona física o moral. El licitante sig-

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nará electrónicamente sus documentos con su firma electrónica avanzada, emitida por el SAT. Se registra inicialmente el “usuario raíz”, con facultades de administración, que podrá autorizar a usuarios adicionales. Ya registrado, el usuario podrá obtener información sobre licitaciones próximas, en curso o realizadas, así como manifestar su interés por participar en una futura operación, recibir recordatorios, opinar sobre proyectos de convocatorias, participar a distancia en juntas de aclaraciones, consultar el acta correspondiente a la junta, enviar su propuesta técnica y económica, consultar el acta de apertura de propuestas, participar en la modalidad de oferta subsecuente de descuentos, consultar el acta de fallo, consultar la información del contrato, etcétera. CompraNet también se utiliza para que los compradores soliciten información sobre sus productos o servicios a los proveedores potenciales, en el marco de estudios de mercado o precio. La consulta de expedientes (junta de aclaraciones, propuestas, fallo, contratos) no se circunscribe a procedimientos en que el licitante haya participado. La crítica muy generalizada de los proveedores es que perciben el nuevo sistema CompraNet 5 como menos “amigable” que el anterior, CompraNet 3. Con frecuencia se escucha que es más fácil buscar las convocatorias en el DOF que en CompraNet. Una solución obvia será la más intensiva capacitación de los usuarios. La mayoría de las quejas se refieren a la insuficiente o errónea información que aparece en las consultas (faltan nombres de participantes, faltan montos cotizados por cada licitante en cada partida). Podría tratarse de un error del interesado que consulta, podría ser una deficiencia de los compradores o una dificultad del sistema. Una petición bastante común es que se conserven las licitaciones mixtas, para que quienes lo deseen acudan de forma presencial. La impresión generalizada en el sector industrial es en el sentido de que los plazos fueron demasiado breves para tan ambicioso proyecto, lo que explica en parte las dificultades experimentadas en la aplicación del nuevo sistema. Finalmente, debe destacarse una petición de la industria en el sentido de que se registre el contenido nacional de los productos adquiridos en procedimientos nacionales, conforme a lo dispuesto por el acuerdo publicado por la Secretaría de Economía en el DOF del 14 de octubre de 2010.


Daniel N. Moser

Editor y periodista

Lo público, lo privado y lo íntimo Cualquier sociedad que aspire a vivir en una democracia consolidada, que vaya más allá de formulismos, lugares comunes y el tan imprescindible como insuficiente ejercicio del voto, debe tener claro un tema relevante y escasamente debatido: la clara distinción entre lo público, lo privado y lo íntimo. Es común que se distinga entre lo público y lo privado; sin embargo, en términos políticos resulta necesario incluir la categoría de lo íntimo. Debemos preguntarnos qué asuntos (actividades, decisiones o preferencias) deben permanecer estrictamente en el ámbito de lo privado o lo íntimo y cuáles deben someterse al escrutinio público. El primer paso para llegar a una respuesta más certera es establecer la condición del individuo involucrado. ¿Se trata de un funcionario público; de un personaje de la política, de los negocios, del espectáculo o el deporte, o de un ciudadano “de a pie”? El segundo paso es establecer si su actuación tiene repercusiones que afecten a la sociedad y en qué medida lo hacen, ya que –desde una óptica extremista– podría argumentarse que toda acción de cualquier individuo tiene algún tipo de efecto en la comunidad. Pero no es mi pretensión –ni éste el espacio

para ello– ingresar en el terreno de las disquisiciones filosóficas y psicosociológicas. El caso concreto de François Mitterrand viene a cuento y es citado por Ernesto Garzón Valdés, uno de los intelectuales que han reflexionado sobre este tema. Siendo presidente de Francia, en 1981 François Mitterrand supo que tenía cáncer, pero exigió a su médico que lo ocultara obligándolo a firmar informes falsos sobre su estado de salud. Así lo contó el doctor, a la muerte del presidente, en un libro cuyos 40 mil ejemplares fueron retirados de la circulación por orden de un juez, que lo estimó un atentado contra la intimidad del presidente muerto. El escándalo terminó en mayo de 2004 ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que condenó a Francia no por violación a la privacidad, sino por lo contrario: por violación de la libertad de expresión, en decisión unánime de siete magistrados. Parece evidente que cuando un individuo ejerce funciones que involucran de manera significativa a millones de ciudadanos –el del presidente de un país es un caso emblemático– el ámbito de lo privado resulta obligadamente un asunto de interés público y debe ser conocido por la sociedad. Ahora bien, ¿qué hay de lo íntimo? Puede decirse en este caso que, sufriendo un presidente una enfermedad como el cáncer,

que podría ser terminal, es necesario que sea de conocimiento público por sus obvias implicaciones políticas; sin embargo, también debe decirse que las formas en que el mandatario desee comunicarlo, y aun el nivel de detalles que deba divulgar, serán estrictamente del ámbito de lo íntimo. Todos los poderes –públicos y privados– deben someterse al escrutinio de la sociedad; se trata de un requisito imprescindible de transparencia que consolida a un sistema genuinamente democrático, porque, entre otras razones, las acciones de las figuras públicas sirven de modelo. ¿Con qué calidad moral exigirle a un ciudadano de a pie que no le dé una “mordida” a un agente de tránsito, cuando en las altas esferas de la actividad pública –entre funcionarios y particulares– se ejerce la corrupción como práctica corriente? En un mismo sentido, aunque aparentemente resulte contradictorio, transparentar acciones privadas de individuos públicos y salvaguardar la intimidad son actos necesarios para fortalecer la cohesión social y un sistema democrático auténtico. El poder público debe ser el único capacitado para regular el manejo legal y legítimo de la información distinguiendo con claridad el ámbito de lo público, lo privado y lo íntimo. Es una tarea pendiente sobre un asunto polémico.

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S O iV CT U D O PR

IN D iC E

D E

C RE C iM iE N TO

PO R

SE C TO R

A Ri ST U D IN

En muchos países de la OCDE, la industria consultora se está revelando como una de las principales palancas de la productividad del sistema económico; registra desde mediados de los noventa las más altas tasas de crecimiento de todos los sectores. La contribución de la industria resulta más efectiva en países con altos niveles de competitividad empresarial y de orden institucional. enero 2012

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E

productividad

l objetivo del presente trabajo es diseñar direcciones estratégicas, crear una agenda de acciones y generar una política de apoyo al desarrollo de la industria consultora en México con el fin de maximizar, a través de sus servicios, la capacidad de absorción de innovaciones de la administración pública y, como resultado, incrementar su eficiencia. En concierto con la industria consultora, las instituciones políticas deben crear para la administración pública accesos eficientes a los distintos segmentos industriales. A partir de esta premisa, nuestro estudio comienza con un diagnóstico de los impedimentos y oportunidades que hoy enfrentan el gobierno y la consultoría para, con base en éste, sugerir los elementos de una visión sobre la forma en que aquélla puede contribuir al fortalecimiento de la economía mexicana y proponer una estrategia para su desarrollo. La estrategia propuesta estará concentrada en tres direcciones que gobierno y consultoría pueden definir y desarrollar juntos: 1. La sistematización en la definición y el manejo de la demanda por parte del gobierno de servicios innovadores que respondan a sus programas de desarrollo económico. 2. La adopción de una normatividad adecuada a la contratación de servicios de consultoría con las características requeridas por la administración pública, así como la capacitación y el fortalecimiento de los funcionarios dedicados a la contratación y el uso de servicios. 3. La integración de la consultoría, en calidad de intermediaria, al marco institucional de la economía del conocimiento, tanto en México como en el mundo.

Para llevar a cabo las acciones incluidas en cada dirección estratégica, el gobierno y la consultoría –siempre de común acuerdo– han de preparar e implementar una agenda de acciones que les permita diseñar y ensayar una política para el desarrollo de la industria que considere las necesidades del gobierno. Durante la fase de diseño, la agenda de acciones funcionará como laboratorio en el que se discutan y definan el objetivo, las direcciones estratégicas y los instrumentos de la futura política para el desarrollo de la industria. En una segunda fase, el gobierno aplicará estos instrumentos y los ajustará de acuerdo con los resultados que se obtengan. Al final, en la fase de implantación, el gobierno expedirá la política conveniente. Tratándose de una industria joven, con un mercado caracterizado por asimetrías informativas, sobre todo para los servicios más complejos e innovadores, la necesidad de cooperación y diálogo estructurados entre gobierno, administración pública y proveedores será permanente.

Diagnóstico La industria consultora mexicana se encuentra, desde hace varios años, en sus primeras etapas; hechas las debidas proporciones en términos de producto interno bruto (PIB), ésta resulta mucho más pequeña en relación con la de Estados Unidos. Ello se debe a que, por mucho tiempo, los bajos niveles de competencia empresarial y la estructura centralizada del sector público no han requerido un uso extenso de servicios de consultoría profesional independiente, por lo que, hasta hoy, el potencial de difusión de innovaciones de la industria y su contribución a la productividad ha permanecido inexplorado. En México, la demanda de servicios de consultoría del gobierno federal, calculada en 2.0 billones de dólares en 2009, es de alcance limitado e inestable. Por su parte, la demanda en Estados Unidos se estima en alrededor de los 100 billones de dólares. El componente de servicios profesionales en las compras del gobierno federal mexicano es de 2.5%, marcadamente inferior al de EU, de 18 por ciento. Dependencias, entidades, empresas consultoras y asociaciones entrevistadas en México para este estudio sugieren que el mercado del sector público no puede considerarse eficiente en niveles de alcance, profundidad, calidad y resultados de los servicios. La falta de visión y la carencia de leyes y reglamentos en la materia (así como de un marco institucional adecuado y de una política

La demanda de servicios de consultoría del gobierno federal es de alcance limitado e inestable. 30•

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productividad

de gobierno sobre el empleo estratégico de la consultoría en la administración pública) han propiciado un entorno operativo rígido que no permite al sector público tener accesos eficientes a servicios con la profundidad y calidad necesarias en la preparación e implementación de planes de desarrollo, lo que contribuye, mediante proyectos con preparación y diseño insuficientes, a las bajas tasas de retorno. Desde de la segunda mitad de los años noventa hasta el 2008, en Estados Unidos se ha incrementado el uso de servicios profesionales externos por parte del gobierno federal a una tasa de 10% anual. Es razonable esperar que en México la demanda de estos servicios presente un desarrollo similar al asumir el tema de la productividad del sector público como eje central en el debate político. El servicio de consultoría profesional crea desafíos concretos para el sector público, el más común de los cuales es distinguir entre consultores y entender lo que éstos hacen. En la actualidad, se observa poca experiencia por parte de las instituciones en la contratación y en la utilización de estos servicios. Con frecuencia, la complejidad de los proyectos hace difícil para el funcionario público superar el desbalance de información con el consultor, lo que complica la apreciación del valor de la asesoría. Superar este rezago informativo requiere una cooperación entre consultor y funcionario que el actual marco normativo de adquisiciones no estimula. Se estima que, en 2008, unas 30 mil unidades económicas del subsector Servicios Profesionales y Científicos estaban dedicadas a servicios de consultoría, pero la gran mayoría de estas unidades, probablemente 90%, era llevada por un solo profesional. En 2009 se encontraban registradas 450 compañías en la Comisión Nacional de Empresas Consultoras (CNEC), las cuales empleaban entre 12 y 15 personas en promedio; sin embargo, sólo 50 de estas empresas tenían arriba de 100 empleados, mientras que 20% de todas las registradas no tenían más de cinco. Frente a la demanda inestable y superficial del gobierno, y al inadecuado marco normativo, las empresas consultoras se limitan a adoptar estrategias de corto plazo. La industria es estructuralmente débil por su baja inversión en capital profesional. Esto, aunado al tamaño de la economía y el déficit en infraestructura física y tecnológica, crea una situación que afecta la competitividad del país.

El gobierno no ha formulado una política de integración de la industria consultora a los planes de desarrollo, ni ha planteado utilizar la demanda del sector público como un instrumento que pueda contribuir al desarrollo de ésta. No se lleva a cabo, todavía, un diálogo bien articulado entre la industria consultora y el gobierno sobre aspiraciones y temas comunes, tales como la competitividad, la productividad y el papel que desempeñan los profesionales y expertos independientes al respecto. La exposición a la competencia internacional pone a México frente a la exigencia de incrementar el rendimiento de su aparato económico, incluyendo la eficiencia de los servicios públicos. La política económica debe concentrarse en apoyar a industrias tales como la consultoría, cuyos servicios y productos incrementen la productividad de otros sectores.

Visión Ante esta demanda, ¿qué clase de industria consultora se quiere tener en México? ¿De qué manera podrá una industria joven e innovadora contribuir a incrementar la productividad de la administración pública? Estas preguntas aún no han llegado a la mesa del debate político; no obstante, de la CNEC y de otras firmas consultoras se desprende un marco de valores y nociones que ya guían a la industria, y que han ayudado a fundamentar las direcciones y los instrumentos de la política que se recomiendan en este trabajo. Si bien la visión aquí planteada es, en primer lugar, producto de la misma industria, es necesario que el Estado la involucre enero 2012

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productividad

(que actualmente no existe) de la demanda, para que las empresas puedan formular sus estrategias, dimensionar su oferta y movilizar sus recursos profesionales. Adicionalmente, el seguimiento de la evolución de los programas ofrece al gobierno central un instrumento relativamente simple pero efectivo para medir el avance, el éxito y los resultados, así como para ajustar e impulsar sus programas.

Dirección B: normatividad adecuada y la tome en cuenta al formular su política de impulso y utilización de los servicios.

Direcciones estratégicas Se identifican tres direcciones estratégicas encaminadas a impulsar el desarrollo de la consultoría, de acuerdo con la visión de una industria globalmente conectada y a condición de contextualizar todos los problemas que se le propongan. Las direcciones estratégicas propuestas incluyen: una demanda por parte de la administración pública razonablemente confiable, un marco normativo adecuado a la naturaleza de estos servicios y estable, y una industria consultora integrada al robusto marco de la economía del conocimiento profesional y experto. Estas direcciones constituyen el embrión del aparato institucional que deberá consolidarse a mediano plazo, y que se convertirá en el instrumental del gobierno mexicano para el desarrollo de la industria consultora.

Dirección A: demanda confiable La administración pública debe expresar, instrumentar y manejar la demanda de servicios de acuerdo con los planes de desarrollo, programas de inversión y reformas que el gobierno propone al comienzo de su mandato y durante él. Para este fin, el gobierno creará un organismo de coordinación que reúna los requerimientos de servicios profesionales, de acuerdo con las exigencias de entidades y dependencias sectoriales, para monitorear el avance en la preparación de programas de inversión y modernización de los aparatos públicos. Esta información dará el panorama

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El gobierno debe efectuar las acciones que permitan al mercado funcionar eficientemente, a saber: 1. Diseñar una política normativa para la contratación de consultoría, dirigida a obtener servicios innovadores mediante la calificación de los proponentes y la calidad de su oferta; la regulación adecuada ayudará a reducir las fallas del mercado (incluyendo las prácticas de corrupción) y, al mismo tiempo, a incentivar la participación de las firmas más calificadas. 2. Movilizar una vanguardia de funcionarios profesionales y dedicados, responsables de la contratación y el manejo de los servicios. 3. Fortalecer los órganos de control, para que éstos concentren su atención en la evaluación del desempeño y los resultados obtenidos a través de los servicios.

Dirección C: industria integrada El gobierno debe adoptar una política coherente que integre a la industria consultora en el marco de las políticas de impulso a la transformación de los resultados científicos e investigaciones en conocimientos aplicables; en particular, se debe reconocer la función institucional de la industria como intermediaria independiente en innovaciones y mejoras prácticas, y apoyar la vinculación de la industria con las instituciones que la alimentan de talento profesional y experto, necesario para sustentar su desarrollo.

Agenda de acciones Para que las tres direcciones estratégicas planteadas en el estudio sean efectivas, se recomienda realizarlas simultáneamente con una agenda de acciones elaborada entre gobierno e industria. El terreno en el cual se debe avanzar es nuevo, por lo que requiere experimentación e implica procesos de descubrimiento cuyo costo la industria por sí sola no puede soportar, y cuyos alcances e impactos el gobierno y la administración pública no conocen. La probabilidad de éxito es mayor si se adopta un proceso conjunto de elaboración de los instrumentos que, en cada paso, permita decidir de manera informada y llegar a acuerdos de visión y voluntad. Es importante subrayar que la agenda no estará focalizada en los resultados que pudieran obtenerse de la política a


productividad

Si el gobierno federal lograra un incremento de productividad del 15%,significaría para el país un ahorro de 11.5 billones de dólares en términos de sus compras de 2009 diseñar (los cuales, por otra parte, no pueden ser conocidos ex-ante), sino en la organización y ejecución conjunta del proceso de formulación de dicha política. En la primera etapa del proceso, el objetivo buscado es acordar y diseñar los instrumentos más adecuados de la política; en la segunda, aplicar los instrumentos, evaluar sus resultados y calibrarlos nuevamente de acuerdo con éstos. El éxito de la agenda precisa un soporte político de alto nivel, por lo que deberá identificarse un “campeón” responsable de la productividad, convencido de la urgencia y complejidad de incrementar la productividad de los servicios públicos y de la contribución que la consultoría profesional y experta puede hacer para alcanzar este objetivo. Para la agenda de acciones se formará un grupo estratégico de trabajo (GET) conformado por los representantes de los distintos segmentos de la industria y por sus usuarios principales dentro de la administración pública. Éste se encargará de identificar y recomendar las direcciones estratégicas y sus alcances, además de desagregarlos en acciones específicas coherentes. A la cabeza del GET, se encuentran la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Economía como coordinadores. El GET presentará el alcance de la agenda al campeón, el cual obtendrá del gobierno la orden de proceder. Una vez logrado el apoyo gubernamental, en la Unidad Técnica Central se formarán grupos de trabajo, uno por cada dirección estratégica, los cuales ejecutarán las actividades de cada directriz, es decir: estudios, investigaciones, propuesta de reforma de las normas etcétera. Dependiendo de las recomendaciones y del plan de trabajo acordado, la implementación de la agenda de acciones podrá tomar hasta dos años; este lapso permitirá evaluar el progreso de las acciones incluidas en cada una de las direcciones estratégicas, los resultados de las reformas y la robustez de la infraestructura institucional, de acuerdo con los indicadores adoptados.

Elementos de una futura política La agenda de acciones producirá los instrumentos que permitirán el manejo de la demanda, la política y la regulación de las contrataciones, así como la capacitación y habilitación de los funcionarios responsables. Puestos a prueba durante la fase de implementación, éstos se calibrarán de acuerdo con su desempeño y constituirán el punto de partida de la política de gobierno en apoyo al desarrollo de la industria y el acceso eficiente a los servicios que ésta ofrece.

Para estimular respuestas adecuadas de parte de la oferta, será necesario que las entidades coordinadoras, tales como la SE y la SFP mantengan actualizados los instrumentos de supervisión y coordinación de la demanda y, al mismo tiempo, asistan a las dependencias en la estandarización de los procesos que les permiten expresar y administrar la demanda de servicios. Para ello, es también importante que, concluida la etapa de implementación de la agenda, el gobierno y la industria continúen colaborando entre sí. El equilibrio alcanzado entre ellos será la clave del éxito de la política. Por otro lado, la complejidad de las innovaciones obliga a la contratación de servicios de consultoría sobre la base de conocimientos imperfectos (selección adversa), por lo que la política y los reglamentos sobre contrataciones deberán evolucionar, conjugando el objetivo de las dependencias de adquirir servicios innovadores y de calidad con la visión y los incentivos que motivan a las empresas consultoras; por tanto, se requerirá una normatividad cuyas premisas se plantean en la dirección estratégica B. Entre más adecuadas sean las reglas y más profesionales sean los funcionarios responsables de las contrataciones, menos afectados por actos de corrupción serán los procesos de contratación. Por último, se deberá seguir fortaleciendo la capacidad, la autonomía técnica y la colegialidad en la toma de decisiones (por ejemplo, en las adjudicaciones) de aquellos funcionarios responsables de la contratación de consultorías. De igual manera, será importante la capacitación de los directivos de las dependencias y entidades para identificar las necesidades de uso de los servicios de consultoría en la preparación de sus proyectos. Editado por Helios, con base en el documento de Gian Enrico Casartelli, publicado originalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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México en 2060

Alberto Montoya Martín del Campo

Doctor en Políticas Públicas sobre la Revolución Tecnológica. Académico de la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A.C.

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Propuestas estratégicas para que México sea potencia económica en la globalización con equidad social y soberanía. En este artículo, el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A. C. plantea una reflexión sobre la coyuntura histórica de México, que va más allá de las elecciones de 2012, con el interés de contribuir al debate sobre el futuro de México en los próximos 50 años.


l método del pensamiento estratégico nacional requiere capacidad de reflexión basada en el análisis racional de las causas y en la fundamentación ética de las finalidades, lo cual permite fundamentar políticas de Estado que no respondan a criterios partidistas ni excluyan ningún interés. Este pensamiento estratégico se concibe como una respuesta autónoma ante la geopolítica y la geoeconomía global, para dar respuesta efectiva y con una perspectiva nacional de corto, mediano y largo plazo a los graves desafíos internos y externos que enfrenta la nación mexicana. El pensamiento estratégico nacional requiere promover y vincular la generación de saberes expertos, prácticos y públicos que permitan fundamentar el diseño y promover el consenso hacia un proyecto nacional de desarrollo; que sustente la formulación e implantación de políticas de Estado y la promoción de la cohesión social entre diversos actores sociales, políticos, públicos, privados y académicos de nuestra nación. El análisis de la coyuntura nacional y de los escenarios que se elaboran sobre la base de los estudios analíticos permite dar fundamento a las decisiones presentes, con el propósito de construir un futuro más ético, libre, justo y racional. El pensamiento estratégico nacional se considera un bien público, lo que requiere un aprendizaje social y la construcción de compromisos de acción éticos.

Desafío histórico El desafío histórico de México al inicio del siglo XXI tiene como elemento sustantivo externo al proyecto hegemónico estadounidense que fue expuesto por Thomas Jefferson con toda claridad hace más de dos siglos: “Nuestra Confederación –dice esta carta en lo conducente– debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del Norte como la del Sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles desde luego. Por el momento aquellos países se encuentran en las mejores manos, y sólo temo que éstas resulten débiles en demasía para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población progrese lo suficiente para ir arrebatándoselos, pedazo a pedazo”.2 La doctrina Monroe se propuso sustituir al imperio español por la dominación de Estados Unidos sobre todas y cada una de las naciones de América.

Dos siglos después (1993), al argumentar a favor del TLCAN, el entonces vicepresidente Al Gore sostenía que este tratado era la “mayor adquisición” de Estados Unidos desde la compra de la Louisiana.

El anárquico sistema internacional Pensar el futuro de México no puede consistir en una adaptación pasiva a la globalización. La realidad geopolítica y el método para un pensamiento estratégico a largo plazo exigen la definición de los intereses nacionales y la afirmación del derecho al desarrollo como condición para un proceso de vinculación justa con el mundo. Los hechos históricos recientes confirman la conclusión de Paul Kennedy sobre las causas del auge y la decadencia de las grandes potencias, que él sintetiza de esta manera: “Existe una dinámica para el cambio impulsada principalmente por sucesos económicos y tecnológicos que repercuten en las estructuras sociales, los sistemas políticos, el poder militar y la posición de los estados individuales y los imperios.” De ahí deduce que continuará habiendo una dinámica de poder mundial impulsada por el cambio tecnológico y económico –que genera un ritmo desigual de crecimiento económico entre los países–, el cual a su vez influye a largo plazo en el poder militar y la posición estratégica de los estados. Concluye que el sistema internacional es siempre anárquico y no hay autoridad más grande que la nación-Estado soberana y egoísta. El comportamiento de las grandes potencias después de la caída del Muro de Berlín, de la desaparición de la Unión Soviética y de las decisiones que se han tomado –o se han dejado de tomar– en la ONU y su Consejo de Seguridad ratifican de manera rotunda el análisis histórico de Kennedy.

Concepto de economía política Ante el avasallamiento de la ideología del liberalismo económico de las corporaciones globales, es pertinente recordar que Adam Smith concibe la economía política como un pacto social para crear y distribuir la riqueza: “La economía política, considerada como rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador, propone dos objetos distintos: primero, proveer ingresos (revenue, ganancias, rentas) abundantes para la subsistencia de la gente, o, más adecuadamente, permitirles el proveer tales recursos de subsistencia por sí mismos; segundo, aportar al Estado o enero 2012

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méxico

comunidad (commonwealth) ingresos (revenue, ganancias, rentas) suficientes para los servicios públicos. El propósito es enriquecer tanto a la gente como al soberano”.3

Sustancia del capitalismo tributario-dependiente mexicano El capitalismo mexicano desarrollado en las últimas tres décadas se puede definir como tributario y dependiente; cuando se le compara con otras formas de capitalismo en el mundo, está situado en un extremo de irracionalidad, desigualdad e injusticia. El paradigma mexicano se caracteriza por la sustitución del pacto nacional constitucional y su correspondiente economía política por una economía política tributaria y dependiente; se ha impuesto a la mayoría de los mexicanos una alianza corporativa transnacional que tiene como propósito disolver la soberanía y el Estadonación mexicano para convertirlo en un apartheid de América del Norte a través de la inserción dependiente y subordinada del desarrollo de México a los intereses de las empresas globales, nacionales y extranjeras, y a la hegemonía estadounidense. El proyecto globalizador en México se desarrolló mediante el desmantelamiento del Estado constitucional con una reforma neoliberal; a través de la imposición de un pacto social de subordinación al poder transnacional, en el que no existe equidad entre los derechos y deberes de las corporaciones globales con el Estado mexicano, y con la sustitución de las políticas públicas constitucionales –en la economía, la sociedad,

la política y la cultura– por el liberalismo de las corporaciones globales.

Resultados de la economía política tributaria y dependiente de México Si se comparan los resultados alcanzados por México de 1932 a 1982 en cuanto a crecimiento económico y poder adquisitivo del salario con los obtenidos de la subordinación del desarrollo nacional al pacto de poder transnacional desde 1985, se demuestra que fueron superiores cuando se aplicaron políticas más cercanas a los mandatos de la Constitución de 1917 (véase tabla 1).

Sectores productivos tributarios y dependientes Los resultados en lo sectorial se pueden resumir así: a) sustitución de la banca nacional por la extranjera, que fue rescatada por los mexicanos a un costo de más de 100 mil millones de dólares, no aporta crédito a tasas competitivas para la inversión productiva y fija tasas muy altas de interés; b) ahorro nacional y de los trabajadores administrado por la banca extranjera; c) desindustrialización y dependencia industrial creciente; maquilización, pérdida de empresas y de cadenas industriales; d) déficit comercial sistémico que convierte a México en potencia importadora, ante la ausencia de una política industrial y de exportación, ya que se sostiene con exportaciones de crudo, maquila y remesas, así como de la narcoeconomía; e) pérdida de la soberanía agroalimentaria y nutricional; f) pérdida de soberanía y creContinúa

Tabla 1. Empleo, inversión, crecimiento, salarios e inflación en México 1934-2009 COSOFO SEXENIOS

Coeficiente

Salarios mínimos reales

Inflación

Índice

Tasa media anual

PIB Tasa de crecimiento medio anual

Inversión pública Como porcentaje del PIB

Inversión fija bruta por habitante Tasa de crecimiento medio anual

1934-1940/LCR

96

37

5.50

4.48

3.04

n.d.

1940-1946/MAC

95

33

14.60

6.13

3.86

14.41

1946-1952/MAV

96

27

9.90

5.75

5.26

3.93

1952-1958/ARC

90

39

5.80

6.37

4.86

1.78

1958-1964/ALM

87

55

2.30

6.69

6.05

5.27

1964-1970/GDO

85

80

2.60

6.84

6.14

5.72

1970-1976/LEA

70

97

12.80

6.16

8.53

3.80

1976-1982/JLP

65

91

30.20

6.16

11.23

3.41

1982-1988/MMH

0

64

92.90

0.18

6.38

(-6.48)

1988-1994/CSG

21

40

16.90

4.70

4.23

6.73

1994-2000/EZPL

36

29

22.00

3.57

3.05

3.24

2000-2006/VFQ

16

29

4.80

2.25

3.82

0.26

2006-2012/FCH

(-13)

17

4.62

(-1.60)

3.20

0.10

FUENTE: Dr. Ricardo Carrillo Arronte. Balance y perspectivas del desarrollo mexicano: Rectoría del Estado. CNE, Querétaro, 19 de febrero de 2010. aregional.com, con información de INEGI, SHCP, Banxico, IMSS, ISSSTE, CONAPO e IIE-UNAM/José Luis Calva.

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méxico

Las decisiones estratégicas nacionales recuperan la soberanía económica y política ciente dependencia energética, que la hace insostenible en el corto plazo; g) política científica, tecnológica y de desarrollo de la ingeniería signada por una concepción colonizada que impide la formación de masas críticas nacionales.

Pacto distributivo y de inversión nacional El pacto distributivo y de inversión nacional impide alcanzar altas tasas de crecimiento por varias razones: a) pérdida del poder adquisitivo del salario y disminución de su participación en el producto interno bruto, que aumenta la pobreza y reduce el mercado interno; b) gran injusticia del pacto fiscal, pues la recaudación se sustenta en el IVA y el ISR de las personas físicas, sin contribución equitativa de las mayores corporaciones y personas con mayores ingresos, lo que limita los recursos públicos para impulsar el desarrollo; c) uso de la renta petrolera para cubrir el vacío recaudatorio de las grandes corporaciones y no para inversión nacional, y d) un gasto público orientado al gasto corriente y a garantizar los obligaciones financieras del Estado, tanto externas como internas, así como a garantizar mercados a las corporaciones globales en detrimento de las empresas de capital nacional y de menor tamaño. Lo anterior es la causa de la incapacidad del país para generar los empleos decentes que requiere la sociedad, de la pérdida de empleos formales, tanto en el sector primario como en la industria, y del creciente desempleo, subempleo e informalidad. Esta situación es angustiosa e inhumana para más de siete millones de jóvenes excluidos de la educación y el empleo por este pacto productivo y distributivo. Todo ello se traduce en inequidad de acceso a la educación básica, una planeación educativa y del gasto público que reproduce la desigualdad, la pérdida de identidad del proyecto nacional y la ausencia de una política de Estado para aumentar la calidad de docentes y alumnos. La seguridad social tiende a la privatización, al control del ahorro y del sistema de seguridad social por entidades financieras internacionales, a la degradación de la seguridad social y a la necesaria hipoteca a cargo de la sociedad

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(carga fiscal) a futuro. La consecuencia general hace de México una de las sociedades más desiguales del mundo.

Pérdida multidimensional de soberanía Las condiciones económicas, sociales y políticas conducen a la subordinación geopolítica de México. Esto se manifiesta en la pérdida acelerada del poder y la soberanía nacionales ante otras naciones y poderes económicos fácticos, internos e internacionales, cuya causa es la pérdida de autonomía económica, que constituye la esencia del actual paradigma. Esta condición provoca una migración motivada por la coacción económica y social sobre millones de campesinos y sectores urbanos, lo que ha conducido a la migración forzosa, a la pérdida de población y del “bono demográfico”, a desajustes sociales en las familias y comunidades y a la pérdida de capacidades humanas nacionales. En este contexto, la economía criminal (o narcoeconomía) cubre vacíos de la economía política y se constituye en un factor alentado por una estrategia externa de subordinación geopolítica de México a Estados Unidos. La economía criminal, su violencia y poder corruptor de las instituciones del Estado, auspiciada desde el exterior, está conduciendo de manera acelerada a la pérdida de soberanía militar, judicial y policiaca.

Nuevo proyecto de desarrollo de México en el siglo XXI Si se da continuidad a la actual economía política, que se implantó en contra de la letra y el espíritu de los mandatos fundamentales de la Constitución de 1917, México no podrá alcanzar en el futuro el promedio de crecimiento de 6.5% del PIB que tuvo durante medio siglo. Un renovado proyecto de desarrollo nacional requiere establecer las finalidades que debe proponerse la nación mexicana en el siglo XXI; acordar los criterios ético-políticos para transformar la realidad nacional, y definir las decisiones estratégicas nacionales indispensables para fortalecer el poder nacional, recuperar la soberanía económica y política, y establecer otro pacto social de la nación ante su propia realidad y la realidad internacional.


méxico

Finalidades que debe proponerse la nación mexicana en el siglo XXI En la globalización, México debe ser potencia mundial sobre la base de capacidades propias, con justicia social, democracia, libertad y equidad. Ser potencia equivale a la capacidad de la nación mexicana de satisfacer las necesidades de toda la población con fundamento en el trabajo, los recursos, instituciones y capacidades productivas nacionales. Los fines que debe proponerse México en el siglo XXI son: a) ser una sociedad justa, libre y soberana en el siglo XXI y atajar la amenaza de convertirnos en un apartheid estadounidense; b) recuperar y mantener la autodeteminación del Estado-nación y fortalecer el poder nacional ante las fuerzas de la globalización; c) realizar los fines y compromisos históricos de fondo plasmados en la Constitución de 1917 actualizados en el marco de los derechos humanos; d) eliminar la desigualdad y las distintas formas de pobreza y exclusión social con políticas de Estado, en el marco de un pacto social, con objetivos y metas alcanzables en el tiempo, y con corresponsabilidad pública, privada y social; e) ser potencia mundial por sus propios méritos, con un paradigma distinto de crecimiento y con base en capacidades propias (organismos del Estado en las áreas estratégicas señaladas en la Constitución, y empresas de capital nacional); f) superar la actual condición de país maquilador y dependiente del extranjero en materia de industria, alimentación, financiamiento, comercio, información y tecnología, como condición para garantizar libertades, garantías individuales, derechos humanos, equidad e inclusión social; empleo, ingresos y seguridad social; y g) establecer una relación de interdependencia con otras naciones y una relación humana, libre de toda dominación, con todas ellas.

Criterios ético-políticos

ca, social, económica y políticamente al Estado nacional con su pluralidad de intereses y valores, para hacer posible el desarrollo; d) el fortalecimiento del Estado-nación mexicano, con su realidad pluriétnica y pluricultural, es condición necesaria para superar la actual coyuntura histórica con la guía del imperativo ético de la justicia; e) el Estado moderno mexicano debe ser democrático, social, constitucional, liberal, cosmopolita y ético, y se debe impedir su control por plutocracias monopólicas.

Decisiones estratégicas nacionales Las decisiones estratégicas nacionales indispensables para fortalecer el poder nacional, recuperar la soberanía económica y política y establecer otro pacto social de la nación ante su propia realidad y la realidad internacional son las siguientes: a) fortalecimiento del poder nacional sobre la base de la Constitución y los derechos humanos; b) recuperación de la soberanía económica y denuncia de los tratados internacionales que se le opongan; c) restablecimiento de la rectoría del Estado sobre el desarrollo; d) recuperación de las responsabilidades del Estado para el desarrollo económico y la equidad social; e) establecimiento de límites y controles a las inversiones extranjeras; f) desarrollo del mercado interno; g) nuevo pacto social y económico para aumentar salarios por arriba de la inflación y para redistribuir los aumentos pactados de productividad; h) nuevo pacto fiscal para los capitales nacionales y extranjeros; i) nuevas alianzas económicas y políticas con América del Sur. Notas 1 El Centro de Estudios Estratégicos Nacionales es una asociación civil fundada en 1999 para desarrollar el pensamiento estratégico nacional y darle organicidad, permanencia e institucionalidad. En el CEEN participan universidades, organizaciones empresariales, sindicatos, organizaciones campesinas, colegios profesionales, centros de investigación y ciudadanos, en un trabajo colegiado, abierto y plural. 2 Carta de Thomas Jefferson a Stuart, diez años después de la independencia de EUA. Enero 25 de 1786. Véase Fuentes Mares, José (1964) [1951]. Poinsett. Historia de una gran intriga. 4ª ed. México: Jus, p. 30. 3 Adam Smith [1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, en Enciclopaedia Britannica (1993), Londres p. 204.

Los criterios ético-políticos que sustentan estas finalidades son los siguientes: a) las personas deben ser consideradas fines en sí mismos, y no un recurso para la economía; b) los derechos humanos concebidos de manera integral e indivisible según las recientes reformas constitucionales, así como las garantías individuales y las libertades de expresión, pensamiento, opinión y reunión, constituyen criterios ético-políticos mínimos aceptables para el siglo XXI; c) los mexicanos tenemos el derecho y el deber de fortalecer étienero 2012

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El desarrollo de

biocombustibles

L

en México

a producción de biocombustibles es un tema considerado controversial por algunos, ya que se cuestiona su sustentabilidad. Sin embargo, es una realidad que para aprovechar las virtudes de los biocombustibles es necesario superar los grandes retos sociales y ambientales que trae consigo el uso de estos energéticos.

Su desarrollo nacional Al considerar los biocombustibles como una oportunidad de desarrollo sustentable, el gobierno mexicano se ha enfocado principalmente en la producción de biocombustibles líquidos, tales como el etanol y el biodiésel. El primero de ellos se produce a partir de los azúcares y almidones que se encuentran en vegetales como la remolacha azucarera, la caña de azúcar y el maíz, entre otros. El biodiésel se obtiene a partir de las grasas animales o vegetales que se encuentran en el girasol y la soya, entre otros.

Daniel basurto

Egresado de la Universidad Anáhuac, y especialista en Derecho Ambiental por la UP. Desde 1987 ha ejercido profesionalmente en el campo del Derecho Ambiental. Es profesor de estudios de posgrado en la Escuela Libre de Derecho y la UP.

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Al respecto, la Secretaría de Energía (Sener), con los patrocinios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la GTZ (Cooperación Técnica Alemana), llevó a cabo el estudio “Potenciales y viabilidad del uso de bioetanol y biodiésel para el transporte en México”, el cual presenta un diagnóstico de las posibilidades del bioetanol y el biodiésel como combustibles para el transporte en nuestro país (Sener, 2011a). De conformidad con dicha investigación, “existe una oportunidad importante para que México emprenda la producción de etanol a gran escala”. Con base en criterios como la disponibilidad de una tecnología madura, los costos, las necesidades de inversión, la superficie requerida, el índice de energía neta, las emisiones y la mitigación de gases de efecto invernadero se seleccionó la caña de azúcar como el cultivo más promisorio de inmediato. Sin embargo, estos últimos años se han emprendido varios proyectos inclinados a la producción de bioenergéticos a partir de la Jatropha curca, la cual tiene como


Con el fin de reducir las emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero a la atmósfera, así como alcanzar una mayor seguridad energética, México se ha dado a la tarea de fomentar el desarrollo de los bioenergéticos, en particular de los biocombustibles líquidos. ventajas ser una planta endémica y no ser comestible, a diferencia de la caña de azúcar. Por otra parte, el estudio señala que la producción de biodiésel a escala comercial puede ser factible en México en el mediano plazo. De acuerdo con el Programa de Introducción de Bioenergéticos (Sener, 2011b), se estima un potencial de producción de bioenergía que oscila entre 2,635 y 3,771 pentajoules al año. En el sector agroindustrial de la caña de azúcar, se ha calculado un potencial de generación de electricidad, a partir del bagazo de caña, superior a 3,000,000 MWh al año.

Beneficios y regulación El desarrollo de este tipo de recursos trae consigo diversas ventajas económicas y ambientales, entre las que se encuentran las siguientes: • Fomento de la seguridad energética ante el futuro agotamiento del petróleo. • Ahorro de combustibles fósiles y reducción en la importación de dichos combustibles. • Reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero a la atmósfera. • Desarrollo de las zonas rurales y generación de empleos. El interés de México por los bioenergéticos ha resultado principalmente en la elaboración de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (2008) y su reglamento (2009). De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2°, fracción II de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB), se entiende por bioenergéticos aquellos “combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las actividades agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, domésticas, comerciales, industriales, de microorganismos, y de enzimas, así como sus derivados, producidos por procesos tecnológicos sustentables que cumplan con las espe-

cificaciones y normas de calidad establecidas por la autoridad competente”. Dicha ley tiene por objeto la promoción y el desarrollo de los bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y al desarrollo sustentable como condiciones que permitan garantizar el apoyo al campo mexicano. Cabe recalcar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 178 y 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la producción de insumos para bioenergéticos se encuentra limitada por los principios de seguridad y soberanía alimentaria.1 Las autoridades relevantes en la materia son principalmente las secretarías de Energía, de Agricultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para llevar a cabo actividades de producción de insumos para bioenergéticos o de los propios bioenergéticos, se requiere la obtención de permisos de la autoridad competente en la materia o, en ciertos casos, de un simple aviso.

Producción a partir del grano de maíz Por lo que se refiere al permiso para la producción de bioenergéticos a partir del grano de maíz, la autoridad competente es la Sagarpa, que expide dicha autorización sólo cuando existen inventarios excedentes de producción interna de maíz para satisfacer el consumo nacional.2 Esta secretaría resuelve, en un término de quince días hábiles, la procedencia de las solicitudes de permisos para la producción de bioenergéticos a partir del maíz, y los permisos que otorga tienen una vigencia de un año prorrogable.3 En el caso de uso de maíz importado para la producción de bioenergéticos, sólo se requiere dar aviso a dicha dependencia.4 Para la producción de insumos de bioenergéticos con el uso de cultivos agrícolas –distintos al maíz–, se requiere dar un aviso de siembra a la Sagarpa, así como manifestar que se cultivará exclusivamente en suelo agrícola y no se realizará el cambio de uso de suelo forestal a agrícola.5 enero 2012

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Biocombustibles

2,635 a 3,771

petajoules al año: estimación del potencial de producción de bioenergía.

3,000,000

al año: potencial de generación de MWh electricidad a partir del bagazo de caña.

Respecto a la producción, el almacenamiento, transporte y distribución por ductos, así como a la comercialización de bioenergéticos, la Sener es la autoridad encargada de otorgar y revocar los permisos para llevar a cabo dichas actividades; ésta emite su resolución dentro de los 20 días hábiles siguientes al de la recepción de la solicitud y los permisos que otorga tienen una vigencia de 30 años prorrogables. Por su parte, la Semarnat evalúa, y en su caso autoriza, en materia de impacto ambiental las instalaciones para las actividades arriba mencionadas.6 Asimismo, vigila que no se realice el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola.7 Finalmente, cabe subrayar que sólo se mencionaron los principales permisos y avisos en la materia, lo cual nos muestra la complejidad del proceso para llevar a cabo actividades de siembra de insumos para bioenergéticos y de producción de dichos energéticos.

Identificación de áreas de oportunidad Para aprovechar las virtudes de los biocombustibles, es pertinente superar los retos sociales y ambientales que la producción y el uso de estos energéticos traen consigo. En efecto, los biocombustibles pueden constituir una amenaza para la seguridad alimentaria. En los países en vías de desarrollo, los cultivos destinados a la producción de biocombustibles compiten con los destinados a la alimentación, lo cual puede contribuir al aumento de los precios de los alimentos y a las hambrunas. Por otra parte, se tienen que resolver los conflictos potenciales entre la producción de bioenergéticos y la protección del medio ambiente. A menudo, la producción de dichos energéticos implica mayor uso de fertilizantes y pesticidas –lo cual afecta la calidad del agua y del suelo–, así como un cambio de uso de suelo de forestal a agrícola –lo cual constituye una amenaza para la biodiversidad.

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Por tanto, la producción de biocombustibles se tiene que enfocar en materias primas no alimenticias, tales como la Jatropha curca. A continuación se identifican las principales áreas de oportunidad para el desarrollo de los biocombustibles en México: • Reducir el elevado costo de la producción de los biocombustibles. • Fomentar el desarrollo del capital humano. • Impulsar la investigación y el desarrollo. • Mejorar la información respecto de los biocombustibles y facilitar su acceso. • Preservar los medios de subsistencia y el bienestar de los grupos más vulnerables y asegurar su seguridad alimentaria. • Garantizar la protección del medio ambiente y en particular de la biodiversidad, así como la calidad de los suelos y del agua. Referencias Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (2008). Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero. Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2009. Secretaría de Energía (2011a). “Potenciales y viabilidad del uso de bioetanol y biodiésel para el transporte en México”, publicado en noviembre 2006 y disponible en: http://www.sener.gob.mx/res/169/Biocombustibles_en_Mexico_ Estudio_Completo.pdf (última revisión, 11 de enero). Secretaría de Energía (2011b). Programa de Introducción de Bioenergéticos. Disponible en: http://www.sener.gob.mx/res/0/Prog%20Introd%20Bioen.pdf (última revisión, 11 de enero de 2011). Notas 1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, fracción X de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB), se entiende por seguridad alimentaria “el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población”. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, fracción XI de la LPDB, se entiende por soberanía alimentaria “la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional”. 2 Véase el artículo 11 fracción VIII de la LPDB. 3 Véase el artículo 21 del Reglamento de la LPDB. 4 Véase el artículo 20 del Reglamento de la LPDB. 5 Véase el artículo 24 del Reglamento de la LPDB. 6 Véase el artículo 13 fracción II de la LPDB. 7 Véase el artículo 13 fracción IV de la LPDB.


Auditoría

ambiental oportunidad

para consultores

Las actividades para la ejecución de una auditoría ambiental requieren el desarrollo de diversas destrezas y habilidades que permitan al consultor emitir un dictamen adecuado en el que se evidencie tanto la calidad de la auditoría como la integridad del consultor, en aras de una mejora en la competitividad.

Guillermo de la Rosa Pacheco

Doctor en Derecho, abogado litigante y consultor desde 1967. Alfonso hitckman Vicepresidente de Delegaciones Sedi temoluptat ut Social aut eaen la y Responsabilidad cuptas modis at et quis andebit, CNECE. Miembro de la Barra omniendi cus unt labo. Occulla Mexicana Colegio de Abogados boriand elesto beristis Ommos yde la Sociedad Mexicana de doluptatur ma aut Et laccull Criminología. estio.Or aut landaest, non et e.

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E

l jueves 29 de abril de 2010, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales. Veamos en qué medida esa regulación permite el desarrollo de destrezas y habilidades del consultor dedicado a la realización de auditorías ambientales. La información requerida por el consultor se encuentra en la normatividad aplicable, que enunciamos a continuación


para destacar los aspectos que interesan a la finalidad de este artículo. • La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos • Tratados internacionales. Normas ASTM • Código Penal del Distrito Federal • Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento • Programa Nacional de Auditoría Ambiental • Procesos para la obtención de un certificado • Sistema de Reconocimientos y Estímulos • Normas mexicanas (NMX) y Normas oficiales mexicanas (NOM) • Medidas de control y seguridad Con las últimas reformas a la Constitución, se determinó que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar (quinto párrafo del artículo 4º). El artículo 25 reza en su primer párrafo que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. El artículo 27 regula la propiedad de tierras y aguas, y establece el dominio directo de la nación sobre todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos. Las actividades monopólicas están prohibidas como regla general. En el artículo 73 se establecen las facultades del Congreso para legislar en diversas materias y actividades, entre ellas las mencionadas en la fracción XXIX, inciso 2 –para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales– y en la fracción XXX-G –para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección ambiental y de preservación del equilibrio ecológico. En lo que respecta a tratados internacionales, son de destacarse los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral de América del Norte, que en su artículo 5, fracción i, inciso f, promueve las auditorías ambientales, y en su artículo 16, la creación de comités consultivos, lo cual resulta atractivo para la actividad consultora. El Código Penal del Distrito Federal distingue dos tipos genéricos de delitos: aquellos contra el ambiente (artículos 343 a 346) y los delitos contra la gestión ambiental (artículos 347 a 347 quintus).

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el título primero, capítulo IV, sección VII, referida a autorregulación y auditorías ambientales, establece en su artículo 38 que los productores, empresas u organizaciones empresariales pueden desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental para mejorar su desempeño. La Secretaría del Medio Ambiente, conforme lo dispone el artículo 38 bis, elaborará los términos de referencia que establezcan la metodología para la realización de las auditorías ambientales. Establecerá, además, un sistema de aprobación y acreditación de peritos y auditores ambientales. Por su parte, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulaciones y Auditorías Ambientales dispone en el artículo 2 la existencia de tres figuras, a saber: a) auditor ambiental, que es la unidad de verificación en materia de auditoría ambiental; b) auditor coordinador, persona que tiene como función planear y dirigir una auditoría ambiental, y c) auditor especialista, persona que tiene como función evaluar al menos una de las materias específicas establecidas en el artículo 8 de ese reglamento: aire y ruido, agua, suelo y subsuelo, residuos, energía, recursos naturales, vida silvestre, recursos forestales, riesgo ambiental, gestión ambiental y emergencias ambientales. En dicho reglamento se define a la auditoría ambiental como el examen metodológico de los procesos de una empresa respecto de la contaminación y el riesgo ambiental; el cumplimiento de la normatividad aplicable, de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería, e incluso de procesos de autorregulación para determinar su desempeño ambiental con base en los requerimientos establecidos en los términos de referencia y, en su caso, las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger al ambiente (artículo 2, fracción IV). La autorregulación es “el proceso voluntario mediante el cual, respetando la legislación y normatividad vigente que se aplique, la empresa se establece un conjunto de actividades y se adoptarán normas enero 2012

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ambiente

Las empresas que participen de forma voluntaria en el programa deberán asumir los costos en los que incurran durante su permanencia en él

complementarias o más estrictas, a través de las cuales se mejora el desempeño ambiental y se obtienen mayores logros en materia de protección ambiental, cuya evaluación podrá efectuarse a través de la auditoría ambiental” (artículo 2, fracción V). En el reglamento se contempla un Programa Nacional de Auditoría Ambiental, que resulta de sumo interés para los consultores interesados en este tema, ya que consiste en una serie ordenada de actividades necesarias para fomentar la realización de auditorías en la materia. El programa está orientado a las empresas en operación que, por su ubicación, dimensiones, características y alcances, puedan causar efectos o impactos negativos al ambiente o rebasar los límites establecidos en las disposiciones aplicables en materia de protección, prevención y restauración al ambiente (artículo 6). Dicho programa estará integrado como sigue: I. La planeación estratégica para identificar aquellos sectores productivos cuya operación tiene una alta incidencia en el medio ambiente, y hacia los cuales se dirigirán principalmente las acciones, los instrumentos, mecanismos, sistemas y procesos previstos en las fracciones siguientes. II. Acciones de promoción y fomento para la certificación de las empresas, así como el establecimiento de centros regionales de apoyo a la pequeña y mediana empresa a través de los mecanismos de coordinación a que se refiere el artículo 5 del reglamento. III. Instrumentación del proceso para la obtención de un certificado a través de la auditoría ambiental.

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IV. Mecanismo de evaluación a través de indicadores de desempeño de las empresas e indicadores de gestión del programa. V. Sistema de reconocimientos y estímulos para las empresas que voluntariamente participen en el programa y alcancen los diferentes niveles de desempeño ambiental establecidos en los términos de referencia que para tal efecto se expidan. VI. Proceso de aprobación y evaluación de auditores ambientales determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los interesados en incorporarse a dicho proceso; deberán en su caso observar lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y lo establecido en los términos de referencia que para tal efecto se expidan. VII. Instrumentos operativos para su ejecución, como son los términos de referencia, formatos, manual de uso del certificado y del sello, y programas de capacitación en materia de auditorías ambientales. Las empresas que participen de forma voluntaria en el programa deberán asumir los costos en los que incurran durante su permanencia en él, derivados de la contratación del auditor ambiental que requieran, del cumplimiento de los planes de acción y del mantenimiento del desempeño ambiental. Como se puede apreciar en lo expuesto en este trabajo, el campo de actividad para los consultores es muy amplio y requiere la profesionalización para un adecuado desempeño.


Crisis estadounidense y nuevo sistema internacional multicéntrico

Marcelo Gullo

Licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencia Política. Graduado en Estudios Internacionales. Maestría en Relaciones Internacionales, con especialización en Historia y Política Internacional.

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En Estados Unidos, por primera vez desde 1865, hay una contradicción entre los intereses de la alta burguesía y los intereses del Estado.


A

partir del final de la Guerra de Secesión, en 1865, existió en Estados Unidos una armonía perfecta entre los intereses del gobierno y los de la alta burguesía; esta consonancia puso en marcha un gran proceso de industrialización impulsado por el Estado y protegido de la competencia externa por fuertes restricciones tarifarias y paraarancelarias, así como por subsidios tanto encubiertos como desembozados. Este proceso de industrialización generó una enorme inmigración europea que retroalimentó la creación y el crecimiento permanente de un mercado interno y generó un verdadero círculo virtuoso de crecimiento, el cual, a su vez, consolidó aun más la originaria unión de intereses en esa nación: aquello que era bueno para la alta burguesía estadounidense lo era también para su Estado. El análisis histórico objetivo no deja duda alguna de que, después de finalizar la guerra civil, Estados Unidos adoptó decididamente como política de Estado el proteccionismo económico y que, gracias a este sistema, protagonizó uno de los procesos de industrialización más asombrosos de la historia, por su rapidez y profundidad. En 1875, los aranceles para productos manufacturados oscilaban entre 35 y 45%. Recién en 1913 hubo una disminución de los aranceles, pero la medida fue revertida apenas un año más tarde, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. En 1922, el porcentaje pagado sobre los bienes manufacturados de importación subió 30%. En 1925, la tasa arancelaria promedio sobre los productos manufacturados era de 37%, y en 1931, de 48 por ciento. Estados Unidos fue, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, el bastión más poderoso y hogar intelectual de las políticas proteccionistas. Convertido, luego de esta guerra y con los aparatos industriales de Europa y Japón seriamente destruidos, en la más grande potencia industrial del mundo y en la economía de más alta productividad, Estados Unidos –tal como lo había predicho el presidente Ulises Grant– adoptó el libre cambio y se transformó ahora en bastión intelectual del libre comercio, después de haber usufructuado el proteccionismo económico y de haber obtenido de él todo cuanto pudo darle.1

Con la adopción del libre comercio, Estados Unidos obtuvo enormes beneficios durante 30 años; sin embargo, es preciso aclarar que, como lo había hecho Gran Bretaña en su momento, Estados Unidos actuó también con una deliberada duplicidad, pues mientras predicaba el libre comercio seguía manteniendo para muchos productos una enorme protección paraarancelaria que hacía de su mercado una fortaleza inexpugnable. Pasada la Segunda Guerra Mundial, este país se esmeró, a través de sus más prestigiosas universidades, en sostener para las otras naciones los principios de libre cambio y de libre actuación del mercado; sus grandes teóricos condenaron, por contraproducente, cualquier intervención del Estado en la economía. Imprimiendo las apariencias de un principio científico universal de economía en esa ideología de preservación de su hegemonía –tal como en su momento lo había hecho Gran Bretaña–, logró con éxito persuadir de su pertinencia a muchos otros estados que, así, se constituyeron pasivamente en mercado para sus productos industriales y permanecieron como simples productores de materias primas. En la década de 1970, la completa recuperación industrial de Alemania y Japón, tolerada por Washington durante la Guerra Fría por una necesidad geopolítica imperiosa, hizo que Estados Unidos no pudiese obtener del sistema de libre comercio todos los beneficios que había planificado; sin embargo, esto no representó un grave peligro para su economía, ya que ésta seguía siendo altamente competitiva en numerosos rubros. El sistema económico mundial construido por esta nación para su entero beneficio sólo entraría en crisis cuando, en la misma década, se produjera el gran aumento de los precios del petróleo. Se originó entonces el fenómeno inédito de la estanflación –inflación con recesión–, y se dio la aparición de los petrodólares y la preeminencia –desde entonces hasta nuestros días– del capital financiero y especulativo sobre el capital industrial.

Cuando el cazador cae en su propia trampa Con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca –acontecimiento que sella la alianza de la élite político-militar estadounidense no ya con la vieja burguesía industrial del país, enero 2012

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Estados unidos

sino con la burguesía financiera internacional–, Estados Unidos adopta como doctrina de Estado el neoliberalismo. Para salir de la crisis económica, la élite política, intelectual y militar de Estados Unidos creyó que se debía fomentar una nueva división del trabajo en escala internacional, en la cual se reservaría para sí la producción de la alta tecnología –que exigía gigantescos gastos en investigación que sólo este gran estado podía subsidiar– y la creación de cuatro grandes monopolios, a saber: 1. Los que operan en el campo del control de flujos financieros de envergadura mundial. 2. Los que operan en el acceso a los recursos naturales del planeta, en este caso en alianza con el poder británico. 3. Los que operan en el campo de la comunicación y sus medios. 4. Los que operan en el campo de las armas de destrucción masiva.2 Con estas medidas, la élite estadounidense pensó poder anular los logros de la industrialización externa devaluando el trabajo incorporado a sus producciones, al tiempo que sobrevaluaba el pretendido valor añadido de las actividades llevadas a cabo por los nuevos monopolios, con lo que se produciría entonces una nueva jerarquía –más desigual que nunca– en el reparto del ingreso mundial, subyugando a las industrias de la periferia y reduciéndolas al estatus de actividades menores.3

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En los albores de la década de 1980, y dentro del esquema de esa nueva división internacional del trabajo, inicia en Estados Unidos un lento proceso de desindustrialización cuando la alta burguesía, en busca de una plusvalía mayor, comienza a transportar la producción manufacturera a los países asiáticos. Cierto es que este proceso de traslado de empresas estadounidenses fuera de sus fronteras ya se había producido con anterioridad en América Latina, por ejemplo; así, durante las décadas de 1960 y 1970, numerosas empresas de EU habían instalado factorías para la producción de bienes industriales principalmente en Brasil, Argentina y México; pero entonces las empresas se trasladaban para fabricar productos destinados a la venta en esos mismos mercados. El giro dado a partir de los ochenta es absolutamente diferente, ya que las compañías comienzan a fabricar, con trabajo extranjero barato, productos que luego se venderán en el propio mercado de Estados Unidos. Antes de dicha década, lo que era bueno para la alta burguesía industrial estadounidense era bueno para el Estado; luego de esos años, y hasta nuestros días, lo que es bueno para el capital industrial estadounidense no es bueno para su pueblo, que ha comenzado a sufrir los efectos del desempleo endémico, y no es bueno para el país, que sufre un déficit comercial crónico. Por eso, a nuestro entender, la crisis que atraviesa hoy Estados Unidos –al margen de cualquier recuperación posible de su economía–, más que una crisis monetaria, es una crisis estructural de poder ya que, por primera vez desde 1865, hay una contradicción entre los intereses de la alta burguesía y sus intereses estatales, lo cual no había pasado nunca.

Un error en la concepción estratégica Paradójicamente, la élite política y militar estadounidense, influida principalmente por el pensamiento estratégico de Alvin Toffler –cuya idea sustancial se basa en el traspaso del poder en nuestros días a la tecnología de punta–, fomentó y apoyó a la alta burguesía en su traslado industrial. El pensamiento de Toffler –que en principio es cierto– posee, sin embargo, un error, y éste es que, desde el punto de vista de la construcción del poder nacional, la edificación de un complejo aparato tecnológico no debía realizarse en desmedro del aparato industrial; adoptar uno no debería signi-


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Estados unidos

ficar desechar el otro. No obstante, partiendo de la idea de que el poder consiste exclusivamente en la posesión de tecnología de punta, Estados Unidos comenzó a especializarse –a través de un gran impulso estatal proveniente del complejo militar-espacial– exclusivamente en ella, y desechó su aplicación a la industria básica común, con lo que perdió progresivamente el liderazgo industrial. Conviene recordar que, dado que las compañías privadas no podrían haberlo hecho nunca por sí mismas, el Estado subsidió dicho desarrollo tecnológico; las computadoras y la internet, por mencionar sólo algunos ejemplos, fueron realizados, en principio, para el complejo aeroespacial-militar estadounidense; se trataba, pues, de un subsidio “encubierto” otorgado a las compañías tecnológicas privadas de ese país. Ahora, si bien es cierto que el ejercicio del poder pasa por el dominio de la alta tecnología, lo que no se contemplaba en el análisis realizado por la inteligencia estadounidense es que se estaba convirtiendo a ese país en una sociedad exclusivamente dedicada a los servicios, y que éstos, naturalmente volátiles, estaban desplazando a la más estable e inelástica producción industrial, la cual, a su vez, es aún la principal fuente de empleo permanente, y mucho más amplia en cuanto a su capacidad de absorber personal de la más variada gama de capacitaciones. De este modo, a medida que Estados Unidos se desindustrializaba, perdía uno de los escalones de su poder nacional. Desde ese momento, y a partir de la supremacía de su moneda, empezaron a “vivir de prestado”.

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Desde la llegada de Ronald Reagan, con la balanza comercial cada vez más desfavorable, la economía de Estados Unidos comenzó a sostenerse de una incesante emisión monetaria, utilizada para importar todos los productos industriales de consumo; estos dólares terminaron dinamizando la economía de las potencias rivales, mientras que en su propio territorio cada vez más trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. El desempleo no tomó dimensiones dramáticas de inmediato, ya que un porcentaje de los desempleados industriales fueron absorbidos por el sector de servicios, pero con el paso del tiempo los servicios, de demanda sumamente elástica, también han ido desapareciendo, provocando que el desempleo se vuelva crónico. Ése es el origen profundo de la crisis de poder estadounidense. Los problemas financieros que hoy vemos son una consecuencia y no la causa. La verdadera procedencia estructural de dicha crisis está en el traslado de la producción industrial de Estados Unidos al Asia, porque la plusvalía que obtenía así la alta burguesía era enorme en comparación con la que podía obtener dentro de su territorio. Resulta evidente entonces que, desde el punto de vista político y económico, Estados Unidos ya no es lo que fue al terminar la Segunda Guerra Mundial, ni lo que imaginó que podía ser luego de la desaparición de la Unión Soviética. Referencias 1 Aunque, todavía en 1960, Estados Unidos mantenía un arancel promedio de 13%. 2. El esquema de la nueva división internacional del trabajo pensada por la élite estadounidense y la conceptualización de los cuatro grandes monopolios la hemos tomado del gran economista egipcio Samir Amin. 3. Al respecto véase: Amin, Samir, El hegemonismo de Estados Unidos y el desvanecimiento del proyecto europeo, Madrid, El Viejo Topo, 2001, pp. 40 y 41.


Presencia mexicana en Centroamérica El pasado 14 de octubre de 2011 se publicó en el Diario de Centroamérica, órgano oficial de la República de Guatemala, el Reglamento de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, cuya redacción fue encomendada por el Banco Interamericano de Desarrollo a la firma mexicana de abogados Ríos-Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño y Rivera, S.C., afiliada a la CNEC. (Redacción)

PricewaterhouseCoopers, la más prestigiosa

PricewaterhouseCoopers México se posicionó como la firma de consultoría en negocios más prestigiosa del país, mientras que Deloitte resultó ser la más conocida, según los resultados en iniciativa de “Diálogos logísticos, de negocios y tecnológicos” de la novena encuesta ejecutiva Evolucionando México, la cual se enfocó en el área de consultoría de negocios y estratégica, y se llevó a cabo de julio a octubre de 2011, con la participación de más de un centenar de directores y gerentes de empresas industriales, comerciales y de servicios instaladas en el país. (CAR&logisticsPR)

Certificación en CITI Como parte de la iniciativa México First, la organización NYCE pactó una alianza con la empresa española Softwcare, con el fin de generar una certificación para los consultores integrales en gestión de tecnologías de información (CITI) que sean capaces de brindar la asesoría necesaria para implantar las mejores prácticas basadas en estándares ISO y en normas mexicanas. (Terra)

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Consultores de talla internacional En una competida licitación internacional, la firma de abogados mexicana RíosFerrer, Guillén-Llarena, Treviño y Rivera, S.C., afiliada a la CNEC, fue seleccionada como asesora legal de la International Finance Corporation, filial del Banco Mundial, para realizar la estructuración de este proyecto en un esquema de asociación público-privada. (Redacción)

Consultoría en la modernidad

40 años de fomento y fortalecimiento

En noviembre de 2011, la Federación Panamericana de Consultores celebró su 40 aniversario. Durante este tiempo, el organismo ha fomentado y fortalecido el desarrollo de las empresas de consultoría del continente, promovido el crecimiento y la rentabilidad de aquellas firmas representadas por sus asociaciones afiliadas, así como conducido y facilitado la gestión adecuada con las agencias de desarrollo y las gubernamentales, identificándose con clientes y consultores para agregar valor a sus proyectos. (Redacción)

De acuerdo con un estudio realizado por la consultora Near Technologies, tres de cada cuatro proyectos de consultoría en sistemas que se realizan en España para compañías de gran tamaño están relacionados con esquemas de seguridad para combatir los riesgos que trae consigo la exponencial proliferación de dispositivos móviles y redes sociales. (http://www.cibersur.com)


Destino incierto Los ojos de India Susana Negro Buenos Aires, Planeta, 2011 (TH Novela).

India vive con desconcierto el avance de la colonización británica sobre sus tierras. El cultivo del algodón, el comercio de especias, tejidos y otras artesanías son el modo de vida de muchas familias que verán, impotentes, cómo se diluye el control sobre sus propiedades y sus oficios en favor de los ingleses, decididos a imponer sus propias reglas. El clan Prakachiralli, sin embargo, se mantendrá fiel a su férrea tradición. Kantal, la matriarca, depositaria de esas tradiciones, es la encargada de transmitirlas, así como de buscar alianzas y concertar los matrimonios más favorables para sus descendientes entre las familias que pertenezcan a su misma casta. Savitri, incorporada a la casa Prakachiralli como prometida de uno de los varones del clan, cuando solo contaba seis años de edad, se transformará en una viuda de por vida al morir su futuro marido. Es entonces cuando Kantal decide enviarla a servir a la mansión del matrimonio Barwick, una pareja de opulentos ingleses llegados a India para explotar la producción de tintes. De esta suerte, Savitri se convierte en testigo y cómplice de la pasión que acabará con la calma aparente que disfrutan sus amos gracias a su situación privilegiada, asentada en mitad de un mundo y unos personajes que bregan por sostener su identidad y sus creencias. Las revueltas, la lucha de castas, la incomprensión entre dominadores y dominados, el lujo y la suntuosidad que amenazan la sencillez de la tradición hindú... Tal como sucede en novelas legendarias como la clásica Pasaje a la India, de E. M. Forster, o la más reciente El Dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy, Los ojos de India nos relata un periodo fascinante de la historia universal en el cual la cultura mítica de todo un país www.margencero.com/articulos/resenas/ojos_india.htm

Un fenómeno tan inexplicable como terrorífico Zig Zag José Carlos Somoza Madrid, Plaza y Janés, 2006 (De Bolsillo).

Elisa Robledo es profesora de Física teórica en la Universidad Alighieri de Madrid. Es una mujer joven, inteligente, de belleza impresionante, modesta… casi perfecta. Ella guarda un secreto terrible, un secreto que se remonta a diez años atrás, pero que no ha dejado de atormentarla desde entonces. Hasta esa mañana de marzo de 2015 cuando comprende que tendrá que huir para salvar su vida y que necesitará la ayuda de su único amigo, un colega de su departamento, Víctor Lopera, físico también. Junto a él, Elisa comenzará a recordar las claves de lo sucedido cuando era alumna del prestigioso científico David Blanes, cuyos análisis, basados en la “teoría de cuerdas”, quizá harían posible contemplar el pasado de la humanidad, convertirla en testigo de la crucifixión de Cristo o vislumbrar la Tierra en pleno periodo Jurásico, pero que acabaron ofreciendo un resultado insospechado y escalofriante. Ahora, años después, Elisa intentará evitar el peligro letal que se cierne sobre ella y todos los que estuvieron relacionados con aquellos experimentos. Un peligro fruto de una implacable persecución... Una novela que coloca al lector frente a las puertas –temibles y fascinantes– del horror. www.lecturalia.com/libro/121/zigzag enero 2012

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La American Management Association y la Federación Internacional de Ingenieros Consultores establecieron Alianzas Estratégicas en materia de capacitación con la CNEC, lo que permitirá ofrecer a los consultores mexicanos los cursos más completos en desarrollo de capital humano y contratos de obra pública. El Ing. Mauricio Jessurun, presidente de la CNEC, participó en la Conferencia Anual de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores “Recursos locales, perspectivas globales”, que se celebró en Davos, Suiza, del 2 al 5 de octubre de 2011. El Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico de la CNEC lanzó la convocatoria para conformar su nueva plantilla de capacitadores. La meta central es contar con un equipo de capacitadores del más alto nivel para su esquema.

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La CNEC estrechó lazos de colaboración y trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las secretarías de la Función Pública, Energía, Salud, Economía y Comunicaciones y Transportes, así como con Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad a través de las Jornadas de Consultoría que organizó con funcionarios de cada dependencia a lo largo de 2011 y que representaron un foro de debate y expresión de los temas más importantes de la industria del conocimiento.

CoordinaCIÓN de Comunicación y Difusión de la CNEC

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Felicita a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) por esta nueva etapa editorial de su revista Consultoría, Industria del Conocimiento, y le desea el mayor de los éxitos como la primera y mejor revista de consultoría en México. Grupo IPISA reconoce a la CNEC su papel de portavoz de las empresas consultoras en nuestro país.

www.grupoipisa.com.mx Supervisión del diseño y de la obra de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.

Supervisión del diseño de las vialidades urbanas concesionadas del Distrito Federal.

MISIÓN

SER LA MEJOR OPCIÓN PARA NUESTROS CLIENTES EN EL CAMPO DE LA CONSULTORÍA EN INGENIERÍA CIVIL, LA CONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO INMOBILIARIO, OFRECIENDO EN CADA PROYECTO UN VALOR AGREGADO A TRAVES DE: CALIDAD TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA SEGURIDAD


Consultoría 240