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REVISTA DE LA FACULTAD DE

DERECHO

No. 30 Aテ前 2014


REVISTA DE LA FACULTAD DE

DERECHO No. 30 | Aテ前 2013


CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD Gabriel Calzada Álvarez Rector Ottavio Benfatto Vicerector Ricardo Castillo Secretario General Ramón Parellada Tesorero Vocales Manuel Ayau G. Federico Bauer Juan Mauricio Bonifasi Diana Canella de Luna Luis Fernando Samayoa

CONSEJO DE LA FACULTAD DE DERECHO Milton Estuardo Argueta Pinto Decano María José Lamuño de Mendoza Secretaria Gilberto Chacón Torrebiarte Representante Docente Ana Rocío Monzón Woc Representante Estudiantil DIRECTORIO DE LA REVISTA Coordinación Maria Lilian Franco Díaz-Durán Búsqueda y Adquisición de Artículos Mauricio Duarte Lau, Florencio Ademir Gramajo Lucas, Ana Rocío Monzón Woc, Luis Arturo Palmieri Nuñez, Paulina Rodríguez De León. Email: revista@ufm.edu Copyright 2013 Facultad de Derecho, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala

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CONTENIDO Editorial El vínculo entre Derecho y Tecnología / 5 Por: Maria Lilian Franco

Derecho y Tecnología Principios de Una arquitectura de Red Abierta / 12 Por: Licda. Paula Andrea Pando Arias Cibernética y Delito / 15 Por: Lic. José Rolando Alvarado Lemus IURISTEC la plataforma electrónica / 22 Por: Licda. Ana Beatriz Ponce Ibargüen y Lic. Juan Pablo Gramajo Castro

Propiedad Intelectual Amending the TRIPS agreement to include a disclosure obligation for patents utilising traditional knowledge / 28 Por: Licda. Bindhu Holavanahalli

Derecho Internacional The Polysemy of Jus Cogens: Jus Cogens in the ICJ, IACHR and ECHR / 740 Por: Lic. Christian González

Derecho Internacional y Arbitraje Laudo en caso CIADI No. ARB/07/23 ‘Railroad Development Corporation (RDC) c. Guatemala’ Por: Sebastián López Escarcena 55


EDITORIAL


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EDITORIAL El vínculo entre Derecho y Tecnología En el siglo XXI la tecnología ha generado avances innumerables y se ha convertido en una herramienta esencial para el ser humano, a efecto de que éste pueda desarrollarse correctamente en los distintos ámbitos donde se desenvuelve. El Derecho, al igual que muchas otras ciencias y disciplinas, no ha escapado del impacto producido en la sociedad por el avance de las tecnologías de la información. Por una parte el Derecho, conceptualizado como un conjunto de normas, ha empezado a regular algunos elementos de la tecnología. Como evidencia, se puede observar que en el ámbito del Derecho Internacional se ha discutido el uso de Internet. Por otro lado, la tecnología también ha transformado al Derecho, pues recientemente existen ordenamientos jurídicos en los que ya se han regulado los delitos informáticos. Otro ejemplo claro, se observa en el Derecho Procesal en el cual las formas de presentar pruebas, las notificaciones, el registro de las audiencias se hace por medios electrónicos, reflejando una adaptación a la revolución tecnológica. En igual sentido, es posible observar que el Derecho Público ha incorporado nuevas tendencias y prácticas relacionados con el acceso a la información y la publicidad de los documentos, resoluciones y sentencias judiciales. Por último el Derecho Privado, no es la excepción, pues también ha sufrido cambios producto del impacto de la tecnología. En este sentido, se observa que se ha configurado una nueva era mediante la evolución del comercio electrónico y los contratos en línea. La tecnología se ha convertido en un vehículo que agiliza y facilita las transacciones internacionales. En otras palabras la tecnología no solo ha transformado al Derecho sino que se le considera un instrumento al servicio del Derecho. En virtud de los avances tecnológicos es menester analizar el impacto de las nuevas tecnologías en el Derecho Guatemalteco y la transición que poco a poco se está dando en la legislación y la forma de presentar la jurisprudencia. Es un hecho notable que muy poco se ha escrito acerca del tema, por lo que teniendo en cuenta que la Revista de la Facultad de Derecho constituye una publicación de alto nivel académico junto al Equipo Editorial hemos decidido que la presente edición aborde como tema principal el Derecho y Tecnología. Con esta edición nos replanteamos que el mundo de hoy exige profesionales preparados y un marco académico que incentive el desarrollo y la innovación en la forma de obtener conocimientos jurídicos. Nuestra Revista a partir del año 2013 tiene un mayor alcance y más personas pueden tener acceso a ella puesto que las ediciones anteriores fueron digitalizadas por lo que expresamos nuestro agradecimiento al equipo de la Biblioteca Ludwing Von Mises que colaboró con nosotros para que todas las ediciones anteriores de la Revista de la Facultad puedan ser consultadas en digital. Finalmente, agradecemos a los autores por su tiempo y dedicación en la redacción de los artículos porque con su conocimiento fortalecen la preparación de sus colegas, pero sobre todo aportan al de los alumnos de nuestra facultad. - Maria Lilian Franco Díaz-Durán

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DERECHO Y TECNOLOGÍA


PRINCIPIOS DE UNA

ARQUITECTURA DE RED ABIERTA

Por: Licda. Paula Andrea Pando Arias1 Una de las primeras lecciones que se aprenden en la carrera de derecho es la importancia de la interpretación de la ley; el Artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial establece que: “El idioma oficial es el español, Las palabras de la ley se entenderán acuerdo al Diccionario Academia Española…” En virtud de esto, cada vez que debo exponer un tema o explicar un concepto, a lo primero que acudo es al sitio web de la Real Academia Española (RAE). El mismo establece respecto a la Internet que: “red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación.” Esta definición técnica nos abre la puerta a tratar de entender que la Internet, hoy en día, es tanto un mecanismo de radiodifusión global, un mecanismo para la difusión de información mundial como un medio de colaboración e interacción entre individuos y sus computadoras sin consideración de su ubicación geográfica. La Internet es tanto un conjunto de comunidades como una colección de tecnologías. El éxito de este mecanismo se debe, en gran medida, a la convergencia que logra al satisfacer las necesidades básicas de una comunidad mientras utiliza a la comunidad de una manera efectiva para impulsar su infraestructura hacia adelante. Esta infraestructura ha 1 Asociada en Consortium-Rodríguez, Archila, Castellanos, Solares & Aguilar, S.C. febrero 2011 a la fecha. Computer and Communications Law LLM, Queen Mary School of Law, University of London. 2013. Posgrado Actualización en Derecho Mercantil Contemporáneo, Universidad de San Carlos de Guatemala. 2012. Business Lawyering Diploma, Georgetown University Law Centre. 2011. Abogada y Notaria, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. 2010

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sido impulsada estableciéndose como un mecanismo para la difusión de la información. Básicamente, esto significa que cualquier persona, en cualquier lugar puede encontrar cualquier cosa. Esta característica de ‘difusión de la información’ ha establecido a la Internet como el más grande y creciente medio de expresión del siglo 21. En 2011, más de 2,2 millones de personas estaban usando la Internet, redefiniendo así el concepto tradicional de ‘medios de comunicación masivo’ -que hasta entonces solamente aplicaba a la radio, la televisión y los periódicos-. Este mecanismo de difusión ha conllevado a grandes implicaciones sociales que van desde el cambio del poder comunicativo de las personas (i. e. las redes sociales y las innovaciones tecnológicas han permitido una facilidad de uso y acceso a texto y vídeos por parte de los usuarios que los ha convertido no sólo en receptores de noticias e información, sino también creadores de las mismas) hasta las reacciones de muchos gobiernos que se someten a mayores esfuerzos para tratar de restringir y controlar el uso de la Internet en relación al acceso a la información y la comunicación que pueden tener los usuarios (i. e. La censura de la Internet en la República Popular China se lleva a cabo con base a distintas leyes y reglamentos administrativos creados por el gobierno desde el año 1996 para lo cual construyeron un firewall que filtra el contenido que se publica). Para entender el porqué de la idea figurativa de la red como el nuevo medio de comunicación masivo, la ‘Internet Society’

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ARQUITECTURA DE RED ABIERTA


ha declarado: “La Internet como la conocemos encarna una idea técnica subyacente clave, basada en la creación de una arquitectura de red abierta.” La concepción de una arquitectura de red abierta tiene como uno de sus dos principios más importantes la ‘neutralidad de la red’ (net neutrality). Este principio se basa en un paradigma de la red que argumenta a favor de los proveedores de redes de banda ancha, que considera que éstos deberían ser considerados completamente por separado de la información que se envía a través de sus redes. En esencia, la neutralidad de la red permite que el usuario final pueda elegir la información que desea acceder y evita que los Proveedores de Servicios de Internet (ISP por sus siglas en inglés) bloqueen el acceso a los sitios web por lo que no se da prioridad a ninguna información sobre otra.

establecido anteriormente sobre la naturaleza de la red como un territorio o comunidad que carece de fronteras, surge la necesidad del reconocimiento de una sola ‘jurisdicción en línea’. Es decir, dentro de la red se reconoce que no se pueden establecer delimitaciones geográficas que claramente establezcan dónde empieza el territorio o soberanía de un estado y dónde termina.

Según explican algunos autores, una red neutral es aquella que “está libre de restricciones en las clases de equipamiento que pueden ser usadas y los modos de comunicación permitidos, que no restringe el contenido, sitios y plataformas, y donde la comunicación no está irrazonablemente degradada por otras comunicaciones.” Por lo tanto, se debe entender que la apertura de la infraestructura y la neutralidad de la red han sido los pilares para la expansión de la Internet como la conocemos al día de hoy y la no aplicación de este principio podría significar una desaceleración en el desarrollo de la misma, ya que este principio implica que “una red de información como la Internet es más eficiente y útil para el público cuando está menos enfocado en un público en particular y en su lugar atento a múltiples usuarios”.2 El segundo principio más importante es el de ‘jurisdicción en línea’ (online jurisdiction). Para entender este tipo de jurisdicción se debe tener presente que significa este concepto en sentido amplio y en sentido estricto, para que el mismo no sea confundido con el concepto de competencia. En sentido amplio, jurisdicción se refiere a la función de administrar justicia. En sentido estricto, se refiere al ámbito territorial donde los organismos gubernativos ejercen sus funciones o el espacio territorial donde el estado ejerce su soberanía. Derivado de lo

Sin embargo, se debe recordar que los efectos y repercusiones de las actividades en línea al final sí recaen sobre un usuario final que es una persona física individual, quienes sí cuentan con derechos y obligaciones reconocidos dentro de su territorio. En un esfuerzo para ir aclarando estas situaciones, organizaciones como OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y la UIT (Unión Internacional de Telecomunicación) llevan más de doce años de desarrollar y revisar las directrices aplicables a las relaciones que se desarrollan en la red. Derivado de lo anterior, podemos extraer dos bases o ideas fundamentales de una arquitectura de red abierta: ‘acceso libre’ e ‘irrelevancia del ámbito geográfico’. Acceso libre no debe entenderse como la capacidad de acceder a la Internet sin costo alguno, sino como la libertad de elección que los usuarios finales tienen de entrar, visitar, usar y salir de los ISP sin que la información a la que desean acceder sea obstaculizada. La irrelevancia del ámbito geográfico reconoce que las comunidades en línea interactúan entre sin necesidad de conocer la ubicación de los otros individuos o los servidores, identificando así la naturaleza sin fronteras de la Internet.

2 Ver http://www.ocf.berkeley.edu/~raylin/whatisnetneutrality. h t m [accesado 25 de Julio 2012]

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En la actualidad, existe un reconocimiento implícito por parte de todos los internautas que mientras interactúan dentro de esta comunidad en línea, en la que todos son iguales, deben obedecer las reglas establecidas dentro de la misma. Se hace una especie de homologación cuando un usuario accede a la red al mundo análogo sobre las implicaciones que tienen los nacionales de los distintos países cuando viajan a un país extranjero.

intelectual, privacidad y otros) deben ir en concordancia con los principios fundamentales de la Internet. Para poder ir en concordancia y con base a dichos principios, se necesita primero dar a conocer los mismos y educar a los legisladores en la materia, ya que la simple “tropicalización” de leyes de otros países tiene un resultado más caótico en el mundo virtual del que ya tiene la implementación de este mecanismo de creación de normas en el mundo análogo.

Cuando alguien es ciudadano del país A y decide viajar al país B, una vez que el individuo del país A ingresa a las fronteras del país B, sabe que está ligado a las leyes y reglamentos de dicho país, y que deberá actuar dentro de las costumbres aceptadas dentro de ese territorio. El ciudadano del país A puede usar lo que sabe de las leyes y regulaciones de su propio país como una guía para regir su conducta (además de su sentido común), pero debe aprender, adaptarse y actuar consecuentemente a lo que preside dentro del territorio extranjero.

En Guatemala, contamos con la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, ésta es la única normativa en la material del derecho informático y las tecnologías de la información y la comunicación. La mayoría de usuarios guatemaltecos al día de hoy siguen utilizando la defensa de ignorancia de la ley en su diario actuar dentro de la red. El objetivo de este artículo es crear conciencia de la existencia de este mundo paralelo, sus principios, existencia de normas, costumbres y prácticas globales para evidenciar la desactualización dentro de nuestro sistema legislativo en la materia. Los esfuerzos legales y reglamentarios, así como las iniciativas de los gobiernos para mitigar los riesgos (tales como los riesgos para la protección de la infancia, la propiedad

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CIBERNÉTICA Y

DELITO Por: Lic. José Rolando Alvarado Lemus1 “Sócrates: Y ¿no es verdad que a cada una de estas técnicas le ha sido concedida por la divinidad la facultad de entender en un dominio concreto, porque aquellas cosas que conocemos por la técnica del timonel, no las conocemos por la medicina? Ion: Seguro que no”2 El texto pre-transcrito constituye uno de los varios testimonios documentados sobre la noción de “cibernética” en la filosofía griega, donde consta que Platón, en Ion, de la primera serie de sus famosos diálogos, utilizó la palabra Kybernetes, refiriéndose a la técnica del timonel o al arte de pilotear la nave. De esa noción sobre la técnica o arte del timonel (Kybernetes), inicia la discusión y evolución de lo que el matemático Norbert Wiener, en 1948, denominó “cibernética” para designar su nueva propuesta, en aquella época, sobre el control y comunicación en las máquinas y organismos vivos. Wiener, en su libro “Cybernetics, or control and communication in the

1 Abogado litigante, asesor bancario, catedrático universitario, asesor legal de la Iniciativa de Ley de Delitos Informáticos No. 4055 del Congreso de la República de Guatemala. Co-autor del Libro Cibercrimen. Capacitado en delitos cibernéticos por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América y por el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática para Guatemala (CSIRT-gt). Socio fundador de la firma de Abogados Corpolegal. 2 BARBOSA, O., Evolución de una idea: De la cibernética a la cibercultura. La Filosofía griega y la cibernética. Cuadernos de filosofía latinoamericana. Colombia. Editorial Universidad Santo Tomas, 2004, página 176.

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animal and the machine”, publicado en el citado año, indicó: ±“Hemos decidido llamar a toda la materia referente al control y teoría de la comunicación, tanto en la máquina como en el animal, con el nombre de cibernética”. 3 Cuando una conducta criminógena se realiza haciendo uso de un sistema informático, por medio de internet o de las nuevas tecnologías de la información, la denominamos utilizando el prefijo “ciber” o “cyber”, refiriéndonos así, a la cibernética junto con el delito. Así surge la figura jurídica que esta en boga, denominada “cibercrimen”. y otras figuras o términos como “ciberespacio”, “ciberdelincuente”, “ciberespionaje”, “ciberterrorismo”, “ciberocupación”, y una lista interminable de figuras jurídicas relacionadas con la cibernética, internet o con las nuevas tecnologías de la información. Previo a tratar el tema de los delitos cibernéticos, vale la pena profundizar sobre la relación de la cibernética con el Derecho. Con relación a la cibernética, muchos autores han afirmado que su definición es muy compleja, ya que algunos la consideran como una ciencia, y otros, como un conjunto de ideas que permite la discusión y análisis interdisciplinario para poder realizar analogías entre las matemáticas, la biología y la electrónica, entre otras ciencias y disciplinas. Anthony Stafford Beer, considerado como un teórico, académico y consultor destacado en la cibernética organizacional, disertó en el acto de su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid, 3 WIENER, N., Cibernética y sociedad. Traducción de José Novo Cerro. Colección Índice, Ciencia. Buenos Aires. Editorial Sudamericana, 1969, página 15.

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España, el 26 de octubre del 2001, y planteó una pregunta muy concreta: ¿Qué es Cibernética?. Cuando Beer expuso ampliamente la respuesta a esa interrogante y luego de indicar la gran dificultad de su definición, mencionó el carácter interdisciplinario de la cibernética, manifestando que dicha ciencia tiene sus orígenes a principios de la década de 1940, cuando un grupo de científicos destacados se reunió en México para tratar varios temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Al respecto dijo: “Está bien documentado cómo llegaron a descubrir precisamente a causa de su gran eminencia en diferentes campos que les resultaba difícil hablar entre sí de nada serio. De modo que decidieron elegir un tópico que no fuera la especialidad de ninguno pero que le interesara a todos. Y su eminencia fue realmente importante por otra razón: no tenían nada que probar. Decidieron entonces examinar la naturaleza del control.”4 La cibernética se concentra en las funciones de control y comunicación. Norbert Wiener es considerado el padre de la cibernética. Wiener, en su citado Libro sobre la Cibernética, la describe como la “ciencia del control y la comunicación en los animales y en las máquinas”. Norbert Wiener no inventó el término cibernética, su mayor logro fue comprender la aplicación de esa ciencia a su contexto, y así, de un ejemplo antiguo del timonel, tomado de la filosofía griega, comprendió las bases fundamentales

de Kybernetes (cibernética) en cuanto a control y comunicación, extrayendo las nociones de gobernanza, control y comunicación, contribuyendo así en el desarrollo de la filosofía de la tecnología. La cibernética estudia los procesos de comunicación y de control de sistemas (objeto complejo cuyos componentes se relacionan entre sí, como pueden ser los sistemas biológicos, mecánicos y artificiales). Cuando el objeto de una rama de la ciencia jurídica tiene relación con el objeto de la ciencia de la cibernética, entonces debemos estudiar ambas ciencias de manera conjunta. Por ejemplo: Un sistema informático “designa todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o unidos, que aseguran, en ejecución de un programa, el tratamiento automatizado de datos.”5 Entonces, si ese sistema informático es utilizado como un instrumento de una acción ilícita, es decir, el sistema, por un acto humano, trasciende en la esfera jurídica, debemos, obligadamente, vincular el estudio de la cibernética y el crimen, y la forma de comprensión de dicha relación o vinculación, es cuando utilizamos la composición de términos, como un lenguaje interdisciplinario, relacionándolos así: CIBER-CRIMEN. Siguiendo con el ejemplo en cita, cuando hacemos el estudio conjunto jurídico-cibernético, debemos estudiar el aspecto cibernético para comprender el funcionamiento del sistema y estructura interna, y determinar su empleo en la conducta ilícita, así como, el conocimiento del intercambio y circulación de información; de igual manera, debemos estudiar el aspecto jurídico del caso concreto, para comprender y establecer su tipicidad, anti-juridicidad y culpabilidad. Como sabemos, en la actualidad existe una notoria vinculación entre el Derecho y la Tecnología. De esa relación, surge el Derecho Informático y sus módulos de estudio: Informática jurídica, contratación electrónica, cibercrimen, entre otros importantes temas de estudio.

- Norbert Wiener 4 PIEDRA, D., “Definición de cibernética”, publicado en Acimed, marzo, 2011, páginas 271 y 272.

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En el presente artículo nos vamos a circunscribir al estudio de los delitos informáticos. Sobre esos delitos, actualmente Guatemala no tiene una regulación que incluya, integralmente, una política para combatir el cibercrimen. 5 Es la definición de sistema informático que proporciona el Convenio sobre Cibercriminalidad, Budapest, 23 de noviembre del 2001.

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Para lograr una regulación adecuada sobre cibercrimen, debemos contar con una ley de carácter especial que regule aspectos como: (1) La conceptualización de los delitos cibernéticos; (2) La prevención y sanción de esos delitos; (3) La creación de un ente de prevención, tratamiento y respuesta ante ataques cibernéticos; (4) Medios de investigación y prueba electrónica, con procedimientos que garanticen la conservación de la evidencia digital; (5) La cooperación internacional y asistencia jurídica mutua; y, (6) La creación de una fiscalía especializada para combatir estos delitos, entre otros importantes aspectos.

cibernético o delito informático, de la manera siguiente: “Acción u omisión, típica, antijurídica y culpable, que se realiza por medio de un sistema que haga uso de las tecnologías de la información o un componente de éste o que lesione la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información.”8

En Guatemala, existe una Iniciativa de Ley de Cibercrimen, que es la número 4055 del Congreso de la República, que contiene una normativa integral sobre la materia de cibercrimen. Dicho Proyecto de Ley, luego de haber obtenido el dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, aún se encuentra en trámite en el Pleno del Congreso de la República.

Delitos Cibernéticos Los delitos cibernéticos, delitos electrónicos o delitos informáticos (computer crimes), han sido definidos de distintas maneras. De acuerdo con el concepto típico, Tellez Valdés los define como “actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin”6. El mismo autor en cita indica cuál es el concepto típico de los delitos informáticos, indicando que son: “las conductas típicas, antijurídicas y culpables en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin”. Por su parte, María de la Luz Lima al referirse a los Delitos Informáticos, que ella denomina “Delitos Electrónicos”, indica: “delito electrónico en un sentido amplio es cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace uso de la tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un sentido estricto, el delito informático, es cualquier acto ilícito penal en el que las computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea como método, medio o fin.”7 En el Libro Cibercrimen, de los autores Rolando Alvarado y Ronald Morales, se proporciona la definición de delito 6 TÉLLEZ, J., Derecho Informático, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1987, página 105. 7 LIMA, M., Delitos Electrónicos. Academia Mexicana de Ciencias Penales, Editorial Porrúa, México, página 100.

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Molina Salgado cita una clasificación de los delitos informáticos, de la manera siguiente: • Como Instrumento o Medio. En esta categoría se encuentran las conductas criminógenas que se valen de las computadoras como método, medio o símbolo en la comisión del ilícito. • Como fin u objetivo. En esta categoría encuadramos a las conductas criminógenas que van dirigidas en contra de la computadora, accesorios o programas como entidad física.9 Los delitos informáticos deben clasificarse atendiendo al “bien jurídico” que específicamente se trata de tutelar. En ese sentido, se proporciona la siguiente clasificación: 1. Delitos contra la Integridad. En esta categoría podemos encuadrar: (a) Daño informático. (b) Falsificación informática. (c) Fraude informático.10 8 ALVARADO, R., y MORALES, R., Cibercrimen, Editorial Ius, Guatemala, primera edición. 9 MOLINA, J., Delitos y otros ilícitos informáticos en el Derecho de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México, 2003, página 19. 10 Dentro de la categoría de “delitos contra la integridad” encuadramos al delito de “fraude informático” debido a que el fraude informático implica, de una u otra manera, alteración de datos o del sistema, lo cual consideramos que afecta la integridad. Sin embargo, no tenemos ninguna objeción para

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2. Delitos contra la Disponibilidad. Dentro de esta categoría podemos citar el delito de Violación a la Disponibilidad. 3. Delitos contra la Confidencialidad: (a) Espionaje informático. (b) Acceso ilícito. (c) Reproducción de dispositivos de acceso. e , (d) Interceptación ilícita. 4. Delitos de pornografía infantil. Todas aquellas conductas tipificadas como Pornografía Infantil, reguladas en el Código Penal o en la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas, o en cualquier otro cuerpo normativo, siempre y cuando se realicen por medio de un sistema que utilice tecnologías de la información.

común, mismos que pueden ser los programadores que violan o utilizan controles protectores del programa o sistema; los analistas de sistemas, que generalmente son los únicos que conocen la operación completa de ellos; los analistas de comunicaciones, que diseñan la seguridad del sistema de comunicaciones; supervisores que tienen conocimiento integral de las operaciones y debilidades del sistema de seguridad; personal técnico y de mantenimiento, que suele tener libre acceso a los centros de cómputo y conoce los sistemas operativos y bases de datos, etcétera.

5. Delitos contra la Propiedad Intelectual. Todas aquellas conductas tipificadas como violatorias a los derechos de propiedad intelectual, regulados en la Ley de Propiedad Industrial y Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, o en cualquier otro cuerpo normativo, siempre y cuando se realicen por medio de un sistema que utilice tecnologías de la información. Flores Salgado señala como elementos del tipo penal, que se deben considerar para denominar a un delito como “delito electrónico”, los que textualmente se citan a continuación: 1. El bien jurídico tutelado mediante la sanción de los delitos informáticos es la pureza técnica que presupone la informática y el resguardo de los medios involucrados en la computación electrónica. 2. El elemento objetivo es todo atentado que signifique dañar o desviar el correcto uso de la máquina, con la finalidad de causar un perjuicio que redunde en un beneficio moral o material para sí o para otro, por el uso indebido de una computadora sin la correspondiente autorización. 3. El elemento subjetivo debe estar constituido por el dolo o la culpa con que actúa el sujeto activo del delito informático.

5. El sujeto pasivo en los delitos informáticos se puede constituir por las entidades bancarias, como víctimas frecuentes por la creciente utilización de las transferencias de fondos de forma electrónica, donde se movilizan cantidades importantes de dinero mediante símbolos electrónicos, como único tipo de registro.11 También podemos mencionar que, el sujeto pasivo, es toda víctima que sufre cualquier tipo de lesión, mediante el uso de un sistema que utilice tecnologías de la información.

Ámbito de aplicación de un cuerpo normativo de Cibercrimen

4. Con relación al sujeto activo de los delitos informáticos se ha observado que, por lo general, son personas de un determinado nivel de inteligencia y educación, superior al

Se vuelve compleja la aplicación de una normativa que sanciona actos realizados en un espacio virtual o, que en la jerga cibernauta, se denomina “ciberespacio”, debido a que no constituye un espacio físico o geográfico.

encuadrar al fraude informático dentro de una categoría de delitos contra el “patrimonio”, debido a su naturaleza de afectación patrimonial.

11 FLORES, L., Derecho Informático, Editorial Patria, primera edición, México, 2009, páginas 132 y 133.

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Marc Goodman define al ciberespacio diciendo que: “se trata de un ambiente intangible; no es un mundo de átomos y células, sino digital. Los bytes no tienen peso, olor ni color y viajan a la velocidad de la luz.”12 La Internet, entendida como una red informática mundial utilizada como un medio internacional de comunicación, no tiene límites políticos; sin embargo, todos los actos realizados a través de esa red no deben vulnerar los derechos de las personas, tales como la propiedad, la dignidad o el honor, entre otros, ni entrañar violación de la ley, la moral o las buenas costumbres. El autor, Ramón Gerónimo Brenna, al comentar sobre la Internet explica que: ésta consiste en un espacio no territorial, no geográfico y que, por su sola existencia genera interrogantes y problemas al mundo legal conocido, fuertemente atado a lo geográfico por la cuerda de las soberanías.13

Lo que realmente trasciende, en la esfera jurídica, es la determinación del lugar de origen y de producción de las consecuencias jurídicas del acto ilícito, debido a que, esos lugares, sí constituyen parte de un espacio territorial, donde existen normas de derecho emanadas por el Estado a través de un ente legislativo. El único aspecto que sí merece atención, en cuanto a los límites de la soberanía de un Estado, es cuando un investigador, por sus buenos oficios, profundiza o accede en las redes o sistemas de otro Estado; por ejemplo, a raíz de la investigación de un ataque cibernético, por ejemplo DDoS (Ataque de Denegación de Servicio Distribuido), que en ocasiones utiliza botnets (malware), el investigador debe acceder a sistemas o redes que pueden estar ubicados en otro territorio. Todos estos inconvenientes podrían solucionarse con una adecuada normativa en materia de “cooperación internacional” o “asistencia jurídica mutua”.

Al final de cuentas, Internet es una red de informática mundial que se utiliza como un “medio de comunicación”, formada, tal como la define el Diccionario de la Real Academia Española, por la conexión directa entre computadoras u ordenadores, mediante un protocolo especial de comunicación. Debe tenerse presente que, jurídicamente, territorio no es sinónimo de espacio geográfico, debido a que el territorio comprende todos los lugares a los que se extiende la soberanía del Estado, lo que debe incluir las redes, sistemas y ordenadores vinculados al Estado de Guatemala. Para los efectos del presente trabajo, no es conveniente profundizar en la interminable discusión de los alcances extensivos de la soberanía del Estado sobre la Internet, o sobre la existencia de una “soberanía digital”, que algunos atribuyen a los Estados, debido a las asignaciones de dominios para cada país (lo cual, a nuestro juicio, no puede utilizarse como referencia para establecer límites en esta materia). Algunos Estados como Colombia, por ejemplo, han declarado que los dominios con el sufijo de su país (por ejemplo: .co para Colombia, .gt para Guatemala) constituyen bienes de interés público, para que el mismo no sea comercializado, por considerar que identifica a un país o región.

12 GOODMAN, M., Cibercriminalidad. Penales. México 2003, página 8. 13

Instituto Nacional de Ciencias

BRENNA, R., Informática y Derecho, Buenos Aires, 2001, página 37.

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El concepto de Ciberespacio no debe crear confusión en cuanto a la determinación del lugar de origen del delito o del lugar donde surte sus efectos. Internet tiene, obligadamente, una infraestructura física ubicada en determinado lugar, y es precisamente en ese lugar de ubicación donde podemos establecer el origen del delito o sus consecuencias. Dentro de la Teoría General de la Ley Penal, que nuestro Código Penal regula, específicamente en los artículos 4 y 5, y que constituye el ámbito espacial de validez de la ley penal, se estudia el ámbito de aplicación de la ley por actos realizados dentro y fuera del territorio nacional, por parte de autores o cómplices, como una manifestación de la soberanía del Estado.14 14 El artículo 4 del Código Penal de Guatemala, Decreto 17-73 del Congreso de la República, regula la “territorialidad de la ley penal”, de la forma siguiente: “Salvo lo establecido en tratados internacionales, este Código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en

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En ese sentido, en materia de Delitos Informáticos o Cibercrimen, debe tomarse en consideración el siguiente ámbito de aplicación de la ley: • Cuando el sujeto activo origina u ordena la acción delictiva dentro del territorio nacional. En este caso, el sujeto activo se ubica dentro del territorio nacional y origina la acción delictiva haciendo uso de redes y sistemas que utilizan tecnologías de la información, independientemente del lugar en el cual surta efectos.

para proteger el bien jurídico especial denominado “información”, en sus atributos de integridad, disponibilidad y confidencialidad. De esa manera, el Estado de Guatemala cumplirá, parcialmente pero con un avance notorio, con su obligación de brindar seguridad jurídica, especialmente en todos aquellos actos que se realizan por medio de Internet o de las nuevas tecnologías de la información, como es el caso del comercio electrónico y toda información que circula por el ciberespacio.

• Cuando el sujeto activo origina u ordena la acción delictiva desde el extranjero, produciendo efectos en el territorio nacional. En este caso, la acción delictiva opera a la inversa del caso anterior, surtiendo efectos en el territorio nacional. • Cuando el origen o los efectos de la acción se produzcan en el extranjero, utilizando medios que se encuentren en el territorio nacional. En este caso, el origen o los efectos de la acción delictiva se producen en el extranjero, pero se utilizan medios o equipos ubicados en el territorio nacional. • Cuando se caracterice cualquier tipo de complicidad desde el territorio guatemalteco. La ley penal establece que son cómplices, entre otros, quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito o quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes, para obtener la concurrencia de éstos en el delito. De manera que, para poder caracterizar cualquier tipo de complicidad desde el territorio guatemalteco, debemos sujetarnos a lo que establece el artículo 37 del Código Penal.15

Bibliografía • “Cibercrimen”, Guatemala, 2012. ALVARADO, ROLANDO y MORALES, RONALD • “Informática y Derecho”, Buenos Aires, 2001. BRENNA, RAMÓN • “Derecho Informático”, México, 2009. FLORES SALGADO, LUCERITO

En el contenido del Proyecto de Ley de Cibercrimen aquí mencionado, se establece que, cuando el origen o los efectos hayan sido producidos en el extranjero, serán competentes los Tribunales guatemaltecos en caso de que en el extranjero no se hubiere dictado sentencia firme por el mismo hecho o el sujeto activo hubiere evadido la persecución penal en tribunales extranjeros. De conformidad con lo indicado, se evidencia que el delito cibernético debe regularse en una ley de carácter especial,

• “Cibercriminalidad”, México, 2003. GOODMAN MARC

lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción.”

• “Derecho de Internet”, Buenos Aires, 2004. NAVA GARCÉS, ALBERTO ENRIQUE

15 El artículo 37 del Código Penal de Guatemala, establece que son cómplices: “1º Quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el delito. 2º Quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. 3º. Quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito; y, 4º Quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partìcipes para obtener la concurrencia de éstos en el delito.”

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• “Delitos Electrónicos”, México. LIMA MALVIDO, MARÍA DE LA LUZ • “Delitos y otros ilícitos informáticos en el Derecho de la Propiedad Industrial”, México 2003. MOLINA SALGADO, JESÚS ANTONIO

• “Aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet”, Madrid 1994. RIPERT y J. BOULANGER CIBERNÉTICA Y

DELITO


IURISTEC LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA Por: Licda. Ana Ponce de Ibargüen1 y Juan Pablo Gramajo Castro2** I. Origen de IURISTEC El problema En Guatemala, existe un gran problema hoy día, el cual consiste en el desconocimiento de los criterios judiciales imperantes en el Organismo Judicial así como la falta de unificación de los mismos, a nivel de Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia, Salas y Cortes. Este problema afecta en forma directa a: (i) abogados, pues no pueden predecirle a su cliente sobre las resultas de algún proceso en que fuere parte, o de la forma en que el Derecho es aplicado por el órgano jurisdiccional correspondiente; (ii) estudiantes de Derecho, quienes reciben una educación imperfecta, ya que estudian en su mayoría, de la letra muerta en la ley, y los criterios judiciales los conocen del estudio de algunas cuantas sentencias que puedan conseguir con mucho esfuerzo y dedicación sus catedráticos; (iii) jueces y magistrados del Organismo Judicial, quienes cada día, tienen un sobrecargo de expedientes por resolver, 1 Abogada y Notario; Directora de Publicación IURISTEC. Maestría en Jurisprudencia Comparada, New York University. Catedrática titular Análisis Económico del Derecho, Universidad Francisco Marroquín. 2 Abogado y Notario; Director de Redacción IURISTEC. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, Universidad Francisco Marroquín. Catedrático auxiliar de Derecho Romano, Filosofía del Derecho, Lógica Jurídica, Análisis Económico del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Francisco Marroquín.

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y, al no contar en forma expedita con los criterios emanados de sus propios juzgados o salas en resoluciones pasadas, o de sus colegas, la administración de justicia se vuelve un proceso más lento; (iv) el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala, el cual tiene una incidencia en el desarrollo económico del país. A este respecto, el Dr. Edwin J. FEULNER, en su artículo “The Rule of Law” (El Estado de Derecho) publicado en el 2013 Index of Economic Freedom3, nos dice que la libertad económica reside en el empoderamiento del individuo, la no discriminación y la apertura a la competencia; y agrega que ninguno de estos requisitos puede existir en una sociedad que carece de un Estado de Derecho efectivo. En las gráficas que aparecen a continuación, el Dr. FEULNER demuestra la importancia del Estado de Derecho en el crecimiento económico y prosperidad de una nación (chart 1); y nos evidencia la fuerte relación entre la generación de empleo, inversión y el estado de Derecho (chart 2).

3 Disponible en: consultado el 12/8/13

http://www.heritage.org/index/book/chapter-2,

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Chart 1

Chart 2

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II. IURISTEC: la solución Hace aproximadamente cuatro años, un grupo de abogados decide aportar alguna solución al problema antes expuesto, a través de la creación de una plataforma electrónica mediante la cual se recopila, resume, clasifica con criterios inteligentes de búsqueda, analiza por expertos y comenta por la comunidad jurídica, las resoluciones ejecutoriadas y públicas emanadas del Organismo Judicial. De esta forma, se darían a conocer los criterios judiciales predominantes en la administración de justicia y, paulatinamente, se irían unificando los mismos por parte del órgano jurisdiccional. Después de analizar las diferentes formas de ejecutar este proyecto, especialmente la forma en que se ha hecho en otros países4, surge este año IURISTEC5.

El equipo de IURISTEC El primer paso, sería la búsqueda de inversionistas, que valoraran la importancia de contar con esta herramienta jurídica para el fortalecimiento del Estado de Derecho, y que le apostaran a invertir en un proyecto como IURISTEC. Nos da mucha satisfacción y orgullo mencionar que tenemos actualmente catorce inversionistas, conformados en su mayoría por bufetes y varios empresarios.

Posteriormente, nos tocó la tarea de conformar el Consejo Editorial de IURISTEC y al equipo de expertos, quienes analizarán y emitirán su opinión en relación a las resoluciones judiciales contenidas en la plataforma electrónica. Es un honor para IURISTEC contar para la realización de esta tarea con juristas miembros de los bufetes siguientes: (i) Aguilar, Castillo Love; (ii) Archila & Asociados; (iii) Arenales & Skinner Klee; (iv) Arias & Muñoz; (v) Consortium; (vi) Mayora & Mayora; (vii) Moller Abogados (viii) Mosquera & Ricci; (ix) QIL Abogados. Este Consejo Editorial, es el órgano científico de dirección de la publicación y son quienes velan por el cumplimiento de los objetivos de la misma, su política científica editorial y las normas de publicación. Establecen medidas que posibiliten aumentar el valor añadido, proponen autores y temas para las siguientes apariciones de la publicación, analizan los artículos recibidos y emiten opinión sobre los mismos. Los juristas expertos, han sido elegidos por tener un profundo conocimiento de una rama del derecho, con capacidad de análisis y síntesis, en las siguientes áreas especialmente: (i) Constitucional: en general, Constitucional y Derecho Administrativo, Procesal Constitucional; (ii) Civil: familia, civil en general, contratación; (iii) Mercantil: comerciantes y auxiliares; títulos de crédito, empresa, y demás cosas mercantiles, Propiedad Industrial; (iv) Laboral, con énfasis tanto en ley nacional (individual y colectivo) como normas internacionales; (v) Fiscal; (vi) Penal; (vii) Administrativo; (viii) Procesal Civil y Mercantil y leyes conexas ; (ix) Arbitraje y (x) Financiero: banca, seguros. El equipo de sumariantes de las resoluciones judiciales, es de suma importancia también, y son aquellos abogados entrenados previamente y supervisados por el Director de Redacción, en realizar sumarios de las resoluciones, quienes tienen conocimientos específicos de diversas ramas del Derecho, trabajando algunos de ellos dentro de la redacción, o fuera de la misma (en este último caso, será porque les interese confeccionar los sumarios, pues es una forma de mantenerse actualizados respecto de la jurisprudencia).

4 Véase, entre otros: http://thomsonreuters.com/, lexisnexis.com/en-us/home.page. Consultado el 13/8/13

http://www.

5 Un especial agradecimiento al equipo de expertos de Heurística de la Universidad Francisco Marroquín, por su apoyo incondicional para hacer de IURISTEC, una realidad.

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En cuanto al proceso de recopilación de las resoluciones judiciales, las facultades de Derecho de Universidad Francisco Marroquín, Universidad Rafael Landivar, Universidad del Istmo y Universidad Mesoamericana, han mostrado gran interés en participar en este proyecto, a través de la creación de pasantías mediante las cuales los alumnos que muestren interés, recopilen las resoluciones. Además, dichos

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estudiantes tendrán la oportunidad de escribir artículos de análisis jurisprudencial, los cuales se publicarán en la Revista Universitaria IURISTEC. IURISTEC cree y valora el uso de la tecnología, y es por ello, que ha puesto especial énfasis en la contratación de GLIFOS6 para desarrollar su plataforma electrónica, empresa guatemalteca que se ha especializado en desarrollar y exportar productos de software para manejar colecciones de documentos. Entre sus principales clientes se encuentran la Universidad de Texas en Austin, la academia responsable de entregar los premios Emmy (The Academy of Television Arts & Sciences), la Lyndon B Johnson Presidential Library, y la Universidad Francisco Marroquín. “La plataforma de IURISTEC se implementó sobre GLIFOS – digital archive, la cual ofrece funcionalidad única para interactuar sobre documentos digitalizados. Por ejemplo: (i) permite que los usuarios refieran y compartan fragmentos específicos de los documentos digitalizados en su foro de discusión o inclusive en las redes sociales, (ii) permite que la comunidad de usuarios corrija de forma colaborativa los errores de reconocimiento automático de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés), y (iii) ofrece la capacidad de localizar documentos en base a sus metadatos y el texto completo sobre el reconocimientos automático o manual de sus caracteres. Al mismo tiempo, la plataforma de IURISTEC reside completamente en la nube, lo cual garantiza una alta disponibilidad de servicio y excelentes tiempos de respuesta.

Su implementación sobre los estándares Web más recientes (HTML 5, XML, XSLT) facilita su acceso desde diversos navegadores, sin que los usuarios tengan que estar instalando y actualizando productos de software en sus computadoras”7.

¿Qué ofrece IURISTEC? Con los avances tecnológicos, el individuo tiene actualmente un exceso de información, debiendo invertir tiempo en la selección de aquélla que realmente le deje un valor agregado para el fin por el cual, la busca. Por lo que no se trata de saturar la plataforma con un exceso de información inútil, y es por ello, que IURISTEC, se ha dado a la tarea de ofrecer a sus usuarios: (i) Información ágil. Desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, podrá accesar a www.iuristec.com.gt y hacer las búsquedas respectivas. (ii) Información confiable. Bajo la dirección de la Dirección de Publicación y Dirección de Redacción de IURISTEC, garantizamos al usuario que la información que obtenga de nuestra página, ha sido recopilada, sumariada, clasificada y comentada con los criterios más estrictos, objetivos e imparciales, que generan confianza en el uso de esta información. (iii) Información inteligente. El diseño de los motores de búsqueda en la página electrónica de IURISTEC, los criterios de clasificación y los métodos de análisis por expertos y comunidad jurídica, utilizando tecnología de punta, enriquece nuestra plataforma para poder accesar a la misma, en forma amigable y expedita.

6 “Premios obtenidos: Archives Next: Most Innovative Archives on the Web - 1st place (United States of America, 2010); Joint Conference on Digital Libraries: Best Project Presentation (United States of America, 2009); Arroba de Oro: Best Overall Website (Guatemala, 2005); Best Education Website (Guatemala, 2005); Best Government Website (Guatemala, 2006); Central Bank and Monetary Authority of Guatemala website: www.banguat.gob. gt; South by Southwest 98: Best Music Industry Website (United States of America, 1998).”, entrevista con Rodrigo ARIAS, gerente general de GLIFOS.

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(iv) Red jurídica. Los aportes, comentarios y análisis que podrán hacer los usuarios de IURISTEC al final de cada resolución judicial, a través de los espacios especialmente diseñados para ello, o en el blog de IURISTEC, en donde se podrán discutir las resoluciones más emblemáticas, será la base para la creación de una red jurídica. IURISTEC servirá de plataforma de enlace mediante la cual, tendremos estudiantes y catedráticos de Derecho, abogados, jueces, magistrados y demás funcionarios públicos, contadores, 7 Opinión de RODRIGO ARIAS, gerente general de GLIFOS, al preguntarle cuáles son las características distintivas tecnológicas de la plataforma electrónica IURISTEC.

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auditores, banqueros, financieros y cualquier interesado en el quehacer jurídico, interactuando en línea, comentando, intercambiando opiniones, analizando los criterios judiciales, mediante un debate respetuoso y del más alto nivel académico. La plataforma en línea IURISTEC busca recopilar, principalmente, resoluciones judiciales. La Ley del Organismo Judicial (Decreto 2-89 y sus reformas; en adelante, LOJ) clasifica las resoluciones judiciales en Decretos, Autos y Sentencias (art. 141). Según el referido artículo, los primeros “son determinaciones de trámite”; los autos “deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite”, por lo cual “deberán razonarse debidamente”; y las sentencias “deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso”, incluyéndose también como sentencias “aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley”. En consecuencia, tanto los autos como las sentencias resuelven asuntos que pueden ser de interés para la comunidad jurídica, por lo que IURISTEC incluirá ambos tipos de resoluciones. Inicialmente, las resoluciones más accesibles al público –y, por tanto, a la investigación de IURISTEC– son las sentencias emanadas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, las cuales han manejado desde hace algún tiempo la publicación tanto de Gacetas impresas como de plataformas electrónicas de consulta. Sin duda existen criterios jurídicos de mucho interés en las sentencias del Tribunal de Casación y del máximo órgano de la justicia constitucional, especialmente por cuanto la ley les atribuye, en determinadas condiciones, el carácter de doctrina legal. Sin embargo, aún sin abordar aquí la discusión teórica y filosófica en torno a las fuentes del Derecho (que es importantísima y a la que hemos dedicado otros escritos), baste decir que el día a día del ejercicio profesional en el país hace necesario el conocimiento y estudio de resoluciones originadas en órganos jurisdiccionales más diversos, por el simple motivo de que hay muchas materias y procesos que no son susceptibles de casación, y que muchos amparos son denegados sin entrar a conocer su fondo. De esta manera, el criterio decisorio de los asuntos muchas veces se pronuncia en la segunda instancia. Quizá por eso el Organismo Judicial ha venido aumentando su esfuerzo por difundir algunas resoluciones de las Salas de la Corte

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de Apelaciones, y IURISTEC se propone hacerlo de modo más amplio y sistemático, abordando además su análisis y discusión. Además de sentencias, se prevé recopilar otros documentos de acceso público que sean de interés para la comunidad jurídica que busca conocer el criterio sostenido por órganos del poder público, tanto jurisdiccionales como administrativos. Así, por ejemplo, podrían incluirse en la base de datos también dictámenes de la Procuraduría General de la Nación, de la Inspección General de Trabajo, por mencionar sólo algunos. La clasificación del material se llevará a cabo con base en metadatos que faciliten su búsqueda a través de la página en línea, y su manejo por parte del usuario. Así, por ejemplo, las sentencias se clasificarán conforme un número de identificación asignado por la base de datos (que facilite su futura referencia o cita), el órgano jurisdiccional que la dictó, número de expediente, parte actora, parte demandada, objeto del litigio, resultado (con lugar, sin lugar, revoca, confirma, modifica, casa, etc.), fecha, voces jurídicas, documentos relacionados. Similares datos se usarán para clasificar los “sumarios” o resúmenes de las sentencias elaborados por la redacción de IURISTEC.

La plataforma incluirá una función mediante la cual el mismo usuario podrá crear directorios y subdirectorios que le permitan organizar los documentos que haya encontrado en sus búsquedas, en una sección personalizada de la página, para facilitar su futura referencia y acceso. Esto será de ayuda en la investigación con fines académicos y de ejercicio profesional.

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A través de los sumarios de resoluciones judiciales, se busca presentar de forma resumida los datos básicos de cada resolución, un directorio de los temas jurídicos abordados en ella, y los criterios jurisdiccionales que en ella se sustentan. Esto con el fin de que el usuario pueda formarse una idea general del contenido jurídico de la sentencia antes de leerla en su totalidad, por lo cual no se resumen los hechos del caso ni las pruebas aportadas, sino haciendo referencia abstracta a unos y otras únicamente en tanto y en cuanto sean relevantes para expresar el criterio jurídico. Los sumarios buscan identificar y exponer los criterios jurídicos contenidos en las resoluciones, abstrayendo los elementos particulares del caso. Se busca un punto intermedio entre, por un lado, la condensación sucinta del criterio en un texto que sería más propio de un artículo en una ley (o similar a las regulae iuris que enunciaban los juristas antiguos y medievales a partir de su análisis de casos) y, por otro, la expresión detallada y extensa propia de las partes considerativas de las sentencias. Desde luego que el estudio y la investigación jurisprudencial requieren el examen pormenorizado de las sentencias, con sus hechos y pruebas, para que el jurista pueda determinar, a partir de todos los datos disponibles, si es aplicable a otros casos, evaluando sus similitudes y diferencias, ejerciendo su análisis crítico respecto de la argumentación y razones, y demás operaciones que conducen a que un precedente jurisprudencial se considere aplicable o no a otro caso, a que se lo descarte como erróneo, se corrijan o maticen algunas de sus implicaciones, se llegue a la misma conclusión mediante diferentes argumentos o motivos, etc. Es ésta la labor propia del jurista que se plasma en la argumentación del abogado, en la motivación del juez, en la exposición del doctrinario. En tal sentido, IURISTEC pretende ser una herramienta de apoyo a la labor del jurista guatemalteco en todas sus dimensiones: la publicación de las resoluciones no implica necesariamente concordar con el criterio y sentido de las mismas, y los sumarios pretenden facilitar su estudio pero no sustituir la labor de análisis propia de cada jurista. Todo esto, mediante un interfaz tecnológico que haga más cómoda y sencilla la investigación. Teniendo a disposición este material, y la facilidad de su búsqueda y organización, es de esperar que se produzca un mayor interés por el estudio del Derecho guatemalteco en cuanto tal, es decir: no un estudio de la legislación nacional

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a la luz de conceptos y teorías importados acríticamente de otros contextos jurídicos, sino un acercamiento a la realidad jurídica nacional plasmada en la labor jurisdiccional que aplica, interpreta e integra la ley, a través del cual el jurista guatemalteco puede y debe abordar el estudio científico de su entorno real, para describirlo, comprenderlo, criticarlo, proponer mejoras, etc. Parte de ese resultado podrá verse en la misma página de IURISTEC, cuando el avance del tiempo y del estudio permitan ofrecer a los usuarios publicaciones doctrinales tales como artículos académicos, monografías, u otros tipos de estudios, así como vídeos de entrevistas y conferencias con expertos en diversos temas jurídicos que comenten, ya sea alguna resolución particular de interés, o un tema general con relación a varias resoluciones en que se aborde. Otra sección de IURISTEC que a futuro se pondrá en marcha será la de legislación, en la cual se ofrecerán al público los principales cuerpos normativos del país en texto fiel a sus fuentes oficiales, complementados con las Exposiciones de Motivos y Dictámenes Legislativos de sus anteproyectos y reformas, que permita profundizar en la formación de la normativa legal para desentrañar y examinar críticamente su contenido.

Especial invitación Si el apreciado lector ha llegado a este punto del artículo, consideramos que de alguna forma, hemos captado su interés, por lo que por este medio, le extendemos la más cordial invitación para formar parte de IURISTEC, ya sea como un potencial inversionista, o para formar parte de nuestro equipo de juristas o sumariantes, proponer alguna alianza estratégica que sea de mutuo beneficio, o como futuro usuario8. Sin importar cualesquiera de las formas antes dichas de participación, tenga la completa certeza que con la inversión de tiempo o dinero en IURISTEC, estará dejando un gran legado para Guatemala, pues sin lugar a dudas, tendrá un efecto positivo en el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.

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Contáctenos: ana@iuristec.com.gt ; juanpablo@iuristec.com.gt

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By: Licda. Bindhu Holavanahalli1 “All wish to possess knowledge, but few...are willing to pay the price.” - Juvenal

Abstract This article proposes that the World Trade Organisation Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) should be amended to introduce a mandatory requirement that patent applications claiming inventions that utilise traditional knowledge (TK) associated with genetic resources (GRs) disclose: country of origin or source of the TK, content of TK, evidence of prior informed consent (PIC) and evidence of benefit sharing with the holders of the TK. This disclosure obligation is a means of addressing biopiracy which is the unauthorised use of GRs and of TK associated with GRs.

Rationale for Disclosure Biopiracy The world’s biodiversity provides an important resource from which to derive economically valuable products.2 1 Final year student at the University of Western Australia, Bachelor of Laws and Bachelor of Science (Physiology) at the conclusion of 2013. Working experience in the Australian Consumer and Competition Commission and is currently employed at the law/patent attorney firm ‘Wrays Intellectual Property’ in Perth, Western Australia. 2 For example, in 1994, the value of undiscovered pharmaceuticals in tropical rainforests was determined to be $3 – $4 billion to private pharmaceutical companies and $147 billion to society as a whole – See R Mendelsohn and M Balick, ‘The value of undiscovered pharmaceuticals in tropical forests’, 1995, 49(2), Economic Botany, 223 – 228. A profile of industries that use biodiversity – namely the Pharmaceutical, Biotechnology,

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The practice of seeking these natural resources and obtaining information on their potential use is known as bioprospecting.3 Bioprospecting is invariably undertaken in areas containing the greatest biological diversity, which often correspond geographically to the location of developing countries.4 The extensive TK of indigenous and local communities (ILCs) is valuable in discerning which biological extracts may yield commercially viable results.5 Outsiders may utilise this TK Seed, Crop Production, Botanical and Natural Product industries indicated that the total value of these industries was $804 billion in 2007 – Wynberg R and Laird SA, ‘Bioprospecting: Tracking the Policy Debate’, 2007, 49(10) Environment, 20 3 See eg. Shiva V, Biopiracy- the Plunder of Nature and Knowledge (South End Press, 1997); See also Mgbeoji I, Global Biopiracy: Patents, Plants, and Indigenous Knowledge (University of British Columbia Press, 2006) 4 Mgbeoji I, above n2 - The bioprospecting states (which correspond accordingly with developed countries) have been referred to as ‘the North’ in negotiations and providing states are referred to as ‘the South’. 5 There have been several estimates of the value of TK to the pharmaceutical industry in particular. One study suggested that if royalty payments were paid to developing countries at a rate of 20% for pharmaceuticals based on medicinal plants, the royalties due to developing countries would reach $5.1 billion – See Rural Advancement Foundation International - United Nations Development Fund, Conserving Indigenous Knowledge: Integrating two systems of Innovation. An independent Study by the Rural Advancement Foundation International (Rural Advancement Foundation International, 1994); See Zerbe ‘Contested Ownership: TRIPS, CBD and implications for Southern African Diversity’ [2002] Prospectives on Global Development and Technology 294

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without obtaining PIC from the ILCs and without proper compensation. The biological extracts, or associated TK, can form a platform upon which to create inventions, which may be patented in different jurisdictions. A patent creates a monopoly over the commercial use of that resource.

• The patent of a method of extracting an antifungal agent from the neem tree whose antifungal properties were known to TK.10

This results in a prospective economic benefit to the outsider and a detriment to the local community who may lose the right to commercially exploit their knowledge, or control the way in which their TK is used.6 Several high profile ‘biopiracy’ cases have brought the issue into the popular consciousness, including7: • An attempt to patent the wound healing properties of turmeric;8 • The development of a Hoodia extract diet drug based on TK that revealed the appetite suppressant qualities of Hoodia;9

6 Shiva V, above, n2. For example in Australia, the recent attempt by Texan Cosmetics company Mary Kay to patent the extract of the Kakadu Plum for use in cosmetic products was heavily opposed by the Mirrarr people who had used the Kakadu plum as a food and medicinal product for many years. The Mirrar people were concerned that a patent, if granted would limit their own traditional use of the plant and hamper their own commercial ventures utilising Kakadu Plum. See Robinson D, ‘Traditional Knowledge and Biological Product Derivative Patents: benefit-Sharing and Patent Issues Relating to Camu-Camu, Kakadu Plum and Acai Plant Extracts, 2010(April), Traditional Knowledge Bulletin Topical Issues Series, 1 If the community does not have any intention of commercialising their knowledge, they still may be deprived of a prospective benefit if the commercialisation of their knowledge leads to a financial gain to the provider. 7 Though there have been many reported cases of biopiracy from around the world, it is beyond the scope of this thesis to go into any great detail about the individual cases. The list is for illustrative reasons only. See Robinson D, Confronting Biopiracy: challenges, cases and international debates (EarthScan, 2010), Shiva V (Above n2) and Mgbeoji I (Above n2) 8 A US patent that was granted for the ‘wound healing properties’ of turmeric was revoked for lack of novelty, after it was revealed through the opposition procedure that several Indian scientific studies had been published outlining the wound healing properties of turmeric, and were therefore considered as prior art. This patent was revoked because the issue gained national importance in India, where turmeric had been used in traditional Ayurvedic medicine for several thousand years, and because the opposition had a significant financial backing from the government. Smaller local communities may not have the knowledge or resources to bring a revocation action if a patent has already been granted pursuant to current patentability criteria – Robinson D Above n6 at 157-158. 9 The Hoodia plant had been used by the San people in South Africa as an appetite suppressant, and this knowledge was well documented. A South African scientific organisation patented the active ingredient and entered into an agreement with UK pharmaceutical giant Phytopharm to develop a diet drug, without prior consent from the San people for the use of their knowledge. A benefit sharing agreement was entered into after the fact, but the terms have largely been considered by scholars as inequitable. See further discussion in Chapter 3, also see Vermeylen S, ‘Contextualising ‘fair’ and ‘equitable’: The San’s reflections on the Hoodia Benefit –Sharing Agreement (2007) 12 Local Environment 423.

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Biopiracy is a vexed issue.11 A study into industry stakeholders revealed that bioprospecting was not a widespread practice, and rarely resulted in patentable inventions.12 However, there may be several unknown instances of biopiracy because of the power imbalance between outsiders seeking to exploit TK and ILCs; and the information gap this creates. This article will not evaluate the extent of biopiracy, but will examine mandatory disclosure as a proposed solution.

10 See Marden E, ‘The neem tree patent: international conflict over the commodification of life’, (1999), 22(2), Boston College International and Comparative Law Review, 279 11 Some academics have argued that there is little evidence to suggest that biopiracy in reality even exists given the move to synthesis of organic materials and away from acquiring genetic resources from natural sources – Firn R, ‘Bioprostecting – Why is it so unrewarding?’, (2003) 12(2) Biodiversity and Conservation, 207. It is also argued that the current patentability criteria prevent true cases of misappropriation of TK. See APEC Study Centre, Genetic Resources and Growth TRIPs and CBD, 2009 at pg 8. This argument fails to address the situation where TK has been obtained from local peoples without prior informed consent. A denial of the existence of biopiracy also fails to acknowledge the information and power gap between the parties which may contribute to what is known. Additionally, the term ‘biopiracy’ has been held to refer to a wide range of activities, and is therefore imprecise. It has been suggested that a meaningful solution to ‘biopiracy’ cannot be introduced without agreeing on the breadth of the term – see Sarnoff J and Correa C, ‘Analysis of Options for Implementing Disclosure of Origin Requirements in Intellectual Property Applications’ (UNCTAD/DITC/ TED/2005/14, UNCATD, January 2006) However, though there are cases which are on the border of the term biopiracy, it is suggested that there are cases which are clearly in the realm of misappropriation that can be meaningfully addressed without settling on a precise definition of the term. 12 Queen Mary Intellectual Property Institute, ‘Report on Disclosure of Origin in Patent Applications’ (European Trade Commission, 2004) – The study focused on small to medium actors within the European Biotechnology community, with a small number of responses.

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Relationship between TRIPS and the Convention on Biological Diversity (CBD) TRIPS describes the patentability criteria for all inventions. The patent applicant need only demonstrate novelty, inventive step and utility to gain protection for inventions.13 The objectives of the CBD include promoting fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilisation of GRs14, and the principle of PIC when acquiring GRs and associated TK.15 Some developing countries16 argue that there is a conflict between the implementation of the two instruments as patent protection may be awarded to foreign entities that have accessed GRs and/or TK without proper consent or sharing benefits with the country of origin or ILCs.17 Developed countries however argue that the objectives of TRIPS and the CBD cover different fields and do not conflict.18 13 Ibid. 14 Convention on Biological Diversity, (opened for signature June 5 1992) 1760 UNTS 79, (entered into force 29 December 1993), Art 1

They suggest that TRIPS furthers the objectives of the CBD because it provides the vehicle for commercialisation, which delivers the benefits that the CBD purports to share.19 Adherence to the provisions of the CBD is not detrimental to obtaining a patent right, therefore the latter argument lacks force. Though the agreements appear to be independent on the surface, the way in which they are implemented will likely lead to inconsistency.20 There is a close link between TK and GRs as the CBD only addresses TK ‘associated with GRs,’21 and most proposals tackling biopiracy deal with these concepts together. The inconsistency between the CBD and TRIPS has gained renewed interest after the adoption of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization, agreed to by conference of the parties to the Convention on Biological Diversity in October 2010 (The Nagoya Protocol).22

15 Convention on Biological Diversity, Art 15.1 establishes state sovereignty over genetic resources, and Article 15.5 requires PIC from the access providers. Article 8(j) encourages members utilise traditional knowledge with the approval and involvement of holders and to fairly and equitably share benefits arising out of their utilisation. 16 See e.g. Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, India, Peru Thailand and Venezuela - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge, WTO Doc IP/C/W/403 (24 June 2003); Peru – Council for TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights - Article 27.3(b), Relationship between the TRIPS Agreement and the CBD and Protection of Traditional Knowledge and Folklore, WTO Doc IP/C/W/447, (8 June 2005) 17 Carr J, ‘Agreements that divide: TRIPS vs CBD and proposals for mandatory disclosure of source and origin of genetic resources in patent applications’, (2008), 18, Journal of Transnational Law and Policy 131 – 150; Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua and Peru – Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Review of the Provisions of Article 27.3.b - Proposal on Protection of the Intellectual Property Rights Relating to the Traditional Knowledge of Local and Indigenous Communities WTO Doc IP/C/W/165, (03 November 1999); Cuba, Honduras, Paraguay and Venezuela Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Review of Implementation of the Agreement under Article 71.1 - Proposal on Protection of the Intellectual Property Rights of the Traditional Knowledge of Local and Indigenous Communities, WTO Doc IP/C/W/166, (05 November 1999) 18 See e.g: Australia - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, WTO Doc IP/C/W/310 (02 October 2007); See comments by Canada and Australia - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Minutes of Meeting - Held in the Centre William Rappard on 8 - 9 and 31 March 2005; WTO Doc IP/C/M/47, (03 June 2005), para. 55 and 66 ; Japan - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Review of the Provisions of Article 27.3(b) - Japan’s View, WTO Doc IP/C/W/236 (11 December 2000); See Korea’s comments in Council for TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights - Minutes of Meeting - Held in the Centre William Rappard on 1 - 2 December 2004, WTO Doc IP/C/M/46, (11 January 2005) ; United States - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, WTO Doc IP/C/W/257 (13 June 2001); United States - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Review of the Provisions of Article 27.3(b) - Further Views of the United States, WTO Doc IP/C/W/209 (03 October 2000)

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19 United States - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge, WTO Doc IP/C/W/434 (26 November 2006); United States - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, WTO Doc IP/C/M/30 (13 June 2001). Additionally, Convention of Biological Diversity, Art 16 provides that access and transfer terms shall recognise and be consistent with the effective use of intellectual property rights, and therefore developed nations argue that the CBD explicitly confines itself to operation outside the ambit of TRIPS. They therefore conclude that there can therefore be no conflict. 20 Carr J, Above n16; Rosendal K, ‘The Convention on Biological Diversity: Tensions with the WTO TRIPS Agreement over Access to Genetic Resources and the Sharing of Benefits’ in Oberthür, Sebastian and Thomas Gehring Institutional Interaction in Global Environmental Governance - Synergy and Conflict among International and EU Policies (MIT Press, 2006), pp 79 - 103 21 Convention on Biological Diversity, Art 8(j) provides: Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilisation of such knowledge, innovations and practices. It therefore refers only to traditional knowledge ‘associated with genetic resources’. 22 Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (ABS) to the Convention on Biological Diversity, opened for signature on 29 October 2010, not yet in force

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The Disclosure Requirement – Brief History The disclosure requirement has primarily been discussed in three fora – The WTO, WIPO and the CBD. Content of the Obligation The disclosure requirement was first suggested in 1997 by India when it initially raised the issue of inconsistency of TRIPS with the CBD.23 The 2001 Doha Ministerial declaration provided TRIPS with the mandate to consider the relationship between TRIPS and the CBD. Paragraph 19 of the Doha declaration provides that the TRIPS council in its work programme must have regard to the relationship between the TRIPS Agreement and the CBD, and the protection of TK and folklore.24 India and Brazil thus proposed that applicants disclose the origin or source of GRs and associated TK utilised in connection with the invention, along with evidence of PIC and benefit sharing as a precondition to patent issue.25 Under the proposal, it was sufficient that the PIC and benefit sharing obligations under the providing country’s legislation were followed,26 however if the providing country did not have access regulations, the applicant would be required to formally declare that access had occurred with the consent of the authority in charge of the geographical origin of the GRs and associated TK.27

23 See India - Committee on Trade and Environment - Cluster on Market Access - Item 8: The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biodiversity, WTO Doc. WT/CTE/W/65, (Sept. 29, 1997), paras 7, 12-14 and 16 24 World Trade Organisation Ministerial Declaration [Doha Declaration], 14 ILM 668, WT/MIN(01)/DEC/1, (14 November 2001) para 19 25 India, Brazil and Others - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge, WTO Doc IP/C/W/356, (24 June 2002); Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, India, Peru, Thailand, Venezuela - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge 26 Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, India, Peru, Thailand, Venezuela - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge 27 Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity - Summary of Issues Raised and Points Made - Note by the Secretariat - Revision, WTO Doc IP/C/W/368/Rev.1; para 74 (8 February 2006)

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The EC proposed an alternative which only required the disclosure of geographical origin of GRs and associated TK if known, arguing that because many states did not have access laws, evidence of PIC and benefit sharing was not appropriate.28 The latest form of the disclosure requirement proposed by developing nations29 incorporates the internationally recognised certificate of compliance (IRCC) created by the Nagoya Protocol.30 It requires the disclosure of origin or source of the GRs and associated TK utilised in connection with the invention; and the provision of an IRCC as evidence of compliance with national access regulations.31 If the providing country does not issue IRCCs, then a declaration that the applicant has complied with national access laws will be sufficient to discharge the obligation.32 Therefore, evidence of PIC and ABS is limited to when the providing country has access regulations which incorporate these elements. Consequences of failure to comply Some proponents of the mandatory disclosure obligation submitted that disclosure should be a precondition to the grant of the patent and if a failure to comply was revealed after the grant of the patent, it should be revoked.33 The EC submitted that failure to comply with the disclosure requirement should result in sanctions outside patent law, and should not constitute a ground for patentability nor 28 European Communities and their Member States - Council for TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights, WTO Doc IP/C/W/383, (17 October 2002) 29 Brazil, China, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Peru, Thailand, the ACP Group, and the African Group - Trade Negotiations Committee - Draft Decision to enhance mutual supportiveness between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity, WTO Doc TN/C/W/59 (19 April 2011) 30 The Nagoya Protocol, Art 17.3 31 Brazil, China, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Peru, Thailand, the ACP Group, and the African Group - Trade Negotiations Committee - Draft Decision to enhance mutual supportiveness between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity, Above n33 32 Ibid. 33 India, Brazil and Others - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge, Above n29; Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, India, Peru Thailand and Venezuela - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge, Above n20; India - Minutes of Meeting - Held in the Centre William Rappard on 18 - 19 February 2003, WTO Doc IP/C/M/39, (21 March 2003) para 232; Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, India, Peru Thailand and Venezuela - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge, Above n20 para 1

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affect the validity of a granted patent.34 Norway submitted that the requirement would act as a formal prerequisite to the grant of a patent, but would not affect the validity of a granted patent.35 Opposition to Disclosure Developed countries, which tend to be the leading bioprospectors, led by the US and Japan oppose a disclosure requirement. They submit that the CBD and TRIPS are not inconsistent; the disclosure requirements introduce uncertainty into the patent system; disclosure may lead to significant administrative burdens for patent offices; and that disclosure would be ineffective in ensuring compliance with PIC and access and benefit sharing (ABS) legislation.36 Instead, the US contended that a purely contractual approach through appropriate national ABS regulations would promote PIC and ABS without burdening the patent system. Alternatives to amending TRIPS – WIPO The disclosure requirement has also been discussed in the context of WIPO’s Patent Cooperation Treaty (PCT) and Patent Law Treaty (PLT). Switzerland proposed an amendment to the PCT and the PLT which would expressly enable contracting parties to introduce a mandatory disclosure of origin requirement for inventions that directly used GRs and associated TK.37 34 European Communities and their Member States - Council for TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights, Above 32 35 Norway - General Council - Trade Negotiations Committee - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Relationship between the TRIPS Agreement, the Convention on Biological Diversity and the protection of traditional knowledge - Amending the TRIPS Agreement to Introduce an Obligation to Disclose the Origin of Genetic Resources and Traditional Knowledge in Patent Applications, WTO Doc IP/C/W/473, (14 June 2006) 36 United States - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge, Above n23; United States - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Article 27.3(b), Relationship between the TRIPS Agreement and the CBD, and the Protection of Traditional Knowledge and Folklore, WTO Doc IP/C/W/449 (10 June 2005); Japan - Council for TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights - The Patent System and Genetic Resources, WTO Doc IP/C/W/472 (13 June 2006) 37 Proposals by Switzerland regarding the declaration of Genetic Resources and Traditional Knowledge in Patent Applications, WIPO Doc PCT/R/WG/4/13, (May 5 2003) Applicants would be required to disclose the origin of GRs and associated TK at the national phase of the application. The application would not proceed until such disclosure was furnished, however, a failure to comply discovered after the grant of a patent would only result in civil/criminal sanctions but not affect the validity of the patent. The amendment to the PCT would involve amending regulation

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The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC) is currently undertaking text based negotiations with the objective of developing an international legal instrument to ensure the effective protection of TK, GRs and traditional cultural expressions (TCEs). It is considering the disclosure requirement as the focus of its Draft Articles on GRs.38 Draft Article 3 contains an amalgamation of the current proposals (as outlined above) as options.39 CBD The Nagoya Protocol (NP), adopted in 2010, is a binding instrument addressing the issue of ABS pursuant to the CBD’s third objective.40 The NP requires users of GRs to acquire PIC from the access provider and enter into a valid ABS agreement with that provider.41 The protocol also encourages PIC and ABS agreements between users and holders of TK.42 Developing countries unsuccessfully argued in favour of introducing patent offices as mandatory checkpoints for compliance within the provisions of the NP.43 This would function similarly to a disclosure requirement.

51bis(1) to include the source of genetic resources and associated traditional knowledge as matters with respect to which national patent offices may require declarations in relation to international patent applications. Patent offices would then be able to introduce the disclosure requirement without contravening Article 27(1) of the PCT which prevents countries from requiring information in an international application additional to that which is already provided for in the PCT. The proposal also involved the requisite changes to the PLT to ensure mutual compatibility – See Patent Law Treaty, Art 6. The proposal does not use the term ‘traditional knowledge’ because Switzerland argued that it is a term that has been fraught with definitional difficulty across various fora. Instead, it adopts the phrase ‘knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity’. 38 Consolidated Document Relating to Intellectual Property and Genetic Resources [Draft Articles on GRs], WIPO Doc WIPO/GRTKF/IC/20/REF/ FACILITATORS TEXT, WIPO IGC, (February 22 2012). For a general overview of the discussions at WIPO IGC, see Bubela T and Gold R, ‘Genetic Resources and Traditional Knowledge: Case Studies and Conflicting Interests’ (Edward Elgar Publishing, 2012) pp 31 - 62 39 Draft Articles on GRs, Above n42, Art 3 40 The Nagoya Protocol, Art 1 and Art 15.1 41 Ibid Art 6.1 The access provider is generally deemed to be the state under Article 6(1), unless an Indigenous or Local Community has an established right to grant access to such resources under Article 6(2). 42 Ibid Art 7. This article only obliges parties in accordance with domestic law to take measures as appropriate with the aim of ensuring PIC or approval and involvement is obtained from ILCs. 43 See summary of negotiations in Nijar SG ‘The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing of Genetic Resources: An Analysis’, (Centre of Excellence for Biodiversity Law, 2011), pg 18 - 19

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Focus of this article Though the term ‘associated TK’ is included in most proposals, the focus of the current literature on the topic of disclosure and the proposals themselves has been on GRs used in connection with inventions.44 The use of TK has been commented on, but the different issues raised by the disclosure of TK, given the provisions of the NP and the WIPO IGC Draft Articles have not yet been extensively studied. The operative difference between the discussion on disclosure of GRs and that of TK is that GRs are owned by the providing state,45 where as TK belongs to ILCs.46

2. Disclosure of the content of TK used in connection with the invention; 3. Disclosure of whether TK used in connection with the invention was obtained with the PIC of its custodians; 4. Disclosure of whether an ABS agreement has been validly entered into with the custodians of the TK Together these four categories will be referred to as ‘the disclosure requirement’.

This article will argue in favour of mandatory disclosure of TK associated with GRs and discuss issues specific to the disclosure of TK in patent applications. The ongoing discussions at the WIPO IGC, TRIPS and the CBD will form the basis for the analysis. The disclosure requirements will take the form of: 1. Disclosure of origin and source of TK used in connection with the invention; 44 Though the term ‘associated TK’ is included in most scholarly discussion, the actual issues with respect to disclosure that are raised in the literature focus on GRs. A small selection of previous work includes: WIPO, ‘Technical Study on Disclosure Requirements in Patents Related to Genetic Resources and Traditional Knowledge’, Seventh Ordinary Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, (UNEP/CBD/COP/7/INF/17, 15 December 2003); McManis C, ‘Intellectual Property, Genetic Resources, and Traditional Knowledge protection: thinking globally, acting locally (2003) 11 Cardozo Journal of International and Comparative Law 547; Gisberger M ‘Transparency measures under Patent Law regarding Genetic Resources and Traditional Knowledge’ (2004) 7(4) The Journal of World Intellectual Property 451; Dutfield G, ‘Thinking Aloud on Disclosure of Origin’, (Occasional Paper 18, Quaker United Nations Office, October 2005); Laurie G ‘Should there be an Obligation of Disclosure of Origin of Genetic Resources in Patent Applications? – learning Lessons from Developing Countries’, (2005), 2(2), SCRIPT-ed, 265; Fernández-Ugalde JC, ‘Tracking and Monitoring of International Flows of Genetic Resources: Why, How and, Is it worth the Effort? in Ruiz M and Lapena I, (Eds.) A Moving Target: Genetic Resources and Options for Tracking and Monitoring their International Flows, (ABS Series No.3, IUCN Environmental Policy and Law Paper No 67/3, 2007).; Shimbo I et. al. ‘Patent protection and access to genetic resources: developing countries and patent offices have shown differing approaches to patent specification disclosure requirements and benefit sharing’ (2008) 26(6) Nature Biotechnology 645; Muller R M, Disclosure of Origin and Legal Provenance: The Experience and Implementation Process in South America, (Policy Brief No 7, International Centre for Trade and Development, June 2010) 45 The Convention on Biological Diversity, Art 15; The Nagoya Protocol, Art 6(1) 46 Mathur A ‘Who Owns Traditional Knowledge’ (2003) 38(42) Economic and Political Weekly 4471; With the introduction of state-based schemes to document traditional knowledge, many states have asserted ownership of traditional knowledge – See Reddy S Making Heritage Legible: Who Owns Traditional Medicinal Knowledge? (2006) 13(2) International Journal of Cultural Property 161

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Why TRIPS? Though the disclosure requirement was conceived in 1997, there has been little progress in implementing it despite intensive debate across the WTO, WIPO and the CBD. The choice of forum has allowed opponents of the requirement to impede the advancement of discussions by debating which forum is most appropriate to consider requirement rather than focusing on the implementation of the requirement itself.47 Biopiracy involves the unauthorised use of resources accessed in one jurisdiction to gain patent protection in another jurisdiction. Any effective disclosure proposal must therefore require all states to adopt the requirement into

47 The parallel pursuit of a solution in the WTO, WIPO IGC and CBD has placed the three fora in tension, and this tension creates a dysfunctional dynamic which results in a policy development blockage that is exploited for other ends. A lack of progress in one forum is used to justify action in another, and thus the disclosure issue becomes a bargaining chip in a greater game. See Oldham P and Burton G, ‘Defusing disclosure in Patent Applications’ (20 October 2010), Available from the Social Science Research Network at http://ssrn.com/abstract=1694899 (last accessed 24 September 2012)

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national patent law without allowing bioprospecting nations to opt out.48 The TRIPS agreement can achieve these objectives because it is a binding instrument that describes the minimum requirements to qualify for patent protection. Therefore any amendment to TRIPS would require members to amend their national law in accordance with the amendment. All major bioprospecting nations are bound by TRIPS49, which is an advantage that any new instrument formulated to address biopiracy will likely not have. The Doha Ministerial declaration, which provides the mandate for negotiations on a range of subjects,50 provides for the TRIPS council to discuss the relationship between the CBD and TRIPS and to consider the adequate protection of TK51. This is a foundation for the implementation of the disclosure requirement. What TK? TK may identify a GR, but the way in which that resource is utilised can vary. It may be: 1. Knowledge or materials that the applicant solicited either 48 Major Bioprospecting nations have vigorously argued against the introduction of a disclosure requirement, and therefore it is unlikely that the requirement would be adopted into national law if these states were given a discretion as to implementing the requirement. See United States - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge, Above n23; United States Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Article 27.3(b), Relationship between the TRIPS Agreement and the CBD, and the Protection of Traditional Knowledge and Folklore, Above n40, Japan - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Patent System and Genetic Resources, Above n40; Statement by United States - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Minutes of Meeting Held in the Centre William Rappard on 4 - 5 June 2003, WTO Doc IP/C/M/40 (22 August 2003) at para 128 – 132. It was also stated that disclosure requirements at national law become ‘useless’ when misappropriation occurs outside the country, and therefore national measures must be complemented by international mechanisms – See Venero B, ‘Addressing the Disclosure Requirement at the international level - The role of the TRIPS Agreement’ in Disclosure Requirements: Ensuring Mutual Supportiveness between the WTO TRIPS agreement and the CBD, (IUCN, ICTSD, CIEL, IDDRI, QUNO, 2005), pg 29 - 35 49 All members of the WTO are members of TRIPS. See current membership list on http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, (last accessed 7 September 2012) 50 The Doha declaration was agreed to at the WTO’s fourth ministerial conference in Doha, Qatar, in November 2001, Above n28 51 Ibid. Paragraph 19 of the declaration provides that the TRIPS council in its work programme must have regard to “the relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity” and “the protection of traditional knowledge and folklore.” This has been interpreted as allowing for states to discuss the disclosure proposal as a mechanism mutually reinforcing the relationship between TRIPS and the CBD.

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directly from the provider, or through a third party that may have directly pointed to the invention, but did not form the inventive step itself.52 2. Knowledge or materials that the applicant solicited either directly from the provider, or through a third party that may have led the applicant to the invention without a direct relationship to the nature of the invention as claimed.53 The disclosure requirement is attached to the grant of a patent, which in turn is attached to the invention rather than the inventive process. Therefore the underlying objectives of patent law would suggest that TK in the second category should not activate a disclosure obligation. ABS schemes outside of patent law may require that prospectors adhere to certain conditions of access, but it is outside the scope of patent law to police these schemes unless these ventures directly result in a patentable invention. In the interests of clarity, a very direct relationship will be required between the GRs, TK and invention.54 There have been several formulations of the terms used to describe the nexus between the GR, associated TK and the claimed invention.55 Under the Draft Articles on GRs, the phrases under consideration are ‘directly based on’ or ‘immediate use’;56 ‘involves’57 and ‘concerns or uses’58. The latter two 52 For example, in the Hoodia case, the San People’s traditional knowledge identified the appetite suppressant qualities of the Hoodia drug. A process for extracting the active ingredient responsible for these appetite suppressant qualities was patented by the CSIR. – Wynberg et al, Indigenous Peoples, Consent and Benefit Sharing: Lessons from the San-Hoodia case (Springer, 2009). In this example, the TK is not necessarily involved in the inventive step, or in describing the invention, but was instrumental in pointing the applicant to investigate the source of the active compound. 53 In the 1950’s, pharmaceutical company Eli Lilly was made aware of the traditional use of the plant Rosy Periwinkle as an anti-diabetic. The plant was originally thought to be native to Madagascar, but by the 1950’s, it had spread to six continents. After research and development, Eli Lilly obtained a patent for two active ingredients vincristine and vinblastine, which were effective anti-cancer agents. – Reid J, ‘Biopiracy: The Struggle for Traditional Knowledge Rights, [2009-2010] 34 American Indian Law Review 77. Here, the traditional knowledge pointed to the bioactivity of the product, but the traditional use of the plant was unrelated to the patented use. 54 Communication from the European Communities and their Member States - Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, WTO Doc IP/C/W/383, (17 October 2002), 55 Technical Study on Disclosure Requirements in Patents Related to Genetic Resources and Traditional Knowledge, Above n48, page 35 for a summary of different formulations obtained from various submissions and international instruments. 56 Draft Articles on GRs, Above n42, Art 3.8 57

Ibid. Art. 3.9

58 Ibid. Art 3.11. This section will apply even when the inventor has altered the material.

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phrases may encompass both the first and second category described above and therefore may be excessively broad. To emphasise the direct relationship between the GR and TK and the invention claimed, without unduly narrowing the scope of the requirement, the term ‘based on’59 may be most appropriate.60

What should be disclosed? Origin Where TK is accessed through physical contact with the communities or through databases with restricted access61, source and origin will be easily identified. The concept of geographical origin presents difficulty where the TK is sourced from one community but may be found in other communities spanning jurisdictional borders. Where the providing community is one of many holders of that knowledge, it should only be mandatory to identify the origin of the community that offered the knowledge to the applicant, as the applicant may not understand how widely the TK is known. The concept of PIC is not attached to the TK itself, but to the sharing of it with a third party. Therefore the community responsible for sharing the knowledge will be the community from whom PIC must be sought, and by extension should be the community identified through the disclosure of origin requirement.62 However applicants should be encouraged 59 This is the language utilised in the Directive of the European Parliament with respect to the disclosure of biological materials. Directive 98/44/EC of the European Parliament and the Council of July 6, 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, WIPO Document No WIPO/GRTKF/ IC/1/8, (26 April 2001), Annex 1, para 27 60 One must be careful not to introduce too direct a relationship, as it may push the threshold into the realms of co-inventorship. 61 To prevent unauthorised access and accidental publication of information, Japan has proposed that the traditional knowledge database proposed only be open to restricted IP addresses – see Japan – The Patent System and Genetic Resources, Above n134. India has long been a proponent of such documentation initiatives and has established a TK database available to patent offices to conduct searches, as have China and the Republic of Korea – see http://www.wipo.int/tk/en/databases/tkportal/ (last accessed 25 September 2012) 62 Nijar G ‘Incorporating Traditional Knowledge in an International Regime on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing: Problems and Prospects’ (2010) 21(2) European Journal of International Law 459. PIC is deliberately separated from the fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilisation of the TK. Nijar suggests that PIC must be obtained from the providing community, but benefits may be delivered to a public fund administered by the state/states if there is more than one community that holds this knowledge. Art 5 of The Nagoya Protocol requires parties to ensure that benefits that arise from the utilisation of TK are shared in a fair and equitable manner with indigenous and local communities holding

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to disclose information regarding the geographical breadth of that knowledge, if known, as this may assist patent examiners in locating relevant prior art. It will also be necessary to identify the community that provided the knowledge to prevent the misappropriation of TK.63 TK is often developed through the exchange of ideas between communities over an extended period of time.64 To eliminate the difficulties of identification, the focus must be on the communities responsible for sharing the knowledge rather than on the web of contributors to the evolution of that knowledge for the same reasons as outlined above. Therefore, in the context of TK, mandatory disclosure of origin must require applicants to disclose the Country of Origin if known, and if not known declare that this is the case.65 If it is not known, the source of the TK must be disclosed, along with any identifying information about the holders of the TK. Content In proposing a mechanism that offers protection to TK, it is important to respect the cultural framework within which TK exists.66 Customary law often places restrictions on who

such knowledge. Therefore the benefits arising from the utilisation of TK are attached to the TK itself rather than the act of sharing it with a third party. 63 This complexity is not present with GRs. Ruiz M, The International Debate on Traditional Knowledge as prior art in the patent system: Issues and options for Developing Countries, (2002), Centre for Environmental Law, accessible from http://www.ciel.org/Publications/PriorArt_ManuelRuiz_ Oct02.pdf, (last accessed 25 September 2012); The Protection of Traditional Knowledge – Revised Objectives and Principles, WIPO Doc No WIPO/GRTKF/ IC/8/5 (April 8 2005), para 3. 64 Subramaniam S. And Pisupathi B. Traditional Knolwedge in Policy and Practice: approaches to development and human well being (United Nations University Press, 2010) Pg 31 – 70 65 Note that it is not being proposed in this paper that applicants undergo onerous research missions to ascertain ILCs and TK if this information is not already known to them. It is argued that a requirement with such an obligation will discourage patent applicants, which is not the objective of the disclosure requirement. 66 Indigenous representatives have recognised the need for positive protection mechanisms of TK to be developed with respect to customary law – Coombe R The recognition of Indigenous Peoples’ and Community traditional Knowledge in International Law, (2001-2002) 14 St Thomas Law Review 275; Taubman, T, Saving the Village: Conserving Jurisprudential Diversity in the International Protection of Traditional Knowledge, in Maskus, K and Reichman J International Public Goods and Transfer of Technology: Under a Globalised Intellectual Property Regime (Cambridge University Press, 2005); The Nagoya Protocol, Art 12.1 states that implementing the obligations of the Protocol, parties must take into consideration the customary laws, community protocols and procedures of the local and indigenous communities with reference to TK.

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may access, share or benefit from TK.67 The PIC gained from holders of TK may therefore extend only to certain uses of TK in compliance with customary law.68 Though the disclosure obligation will apply to TK in the public domain, the difficulty in identifying the custodians of TK increases with its publication. The combination of these circumstances indicates that the dissemination of TK must be minimised as the extent of publication is inversely proportional to the level of protection available.

from a mere theoretical possibility of access75, to where the public could acquire the information by consulting sources available to it. The summary of responses indicated that information that was barred by confidentiality restricting the dissemination of that knowledge would not be considered as prior art.76

The proposals specify that information supplied in accordance with the disclosure obligation should be published with the publication of the patent.69 This is consistent with the objectives of patent law.70 One option in the Draft Articles on TK suggests that IP offices must maintain TK in confidence unless it has been disclosed as prior art.71 This approach will apply without issue to GRs72 , but the publication of TK could lead to inequity. Prior art is the sphere of knowledge that is considered when discerning whether an invention is novel or inventive.73 A WIPO study determined that the concept of ‘prior art’ across most jurisdictions was characterised by accessibility to the public, availability in written or some other form and availability prior to the filing date of the application.74 The meaning of ‘publicly available’ ranged between jurisdictions, 67 Lewinski S, Indigenous heritage and intellectual property: genetic resources, traditional knowledge and folklore (Kluwer Law International, 2004) 68 These restrictions may focus on the purposes for which the knowledge is used or on the way in which that knowledge is publicised. 69 Brazil, China, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Peru, Thailand, the ACP Group, and the African Group - Trade Negotiations Committee - Draft Decision to enhance mutual supportiveness between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity WTO Doc TN/C/W/59 (19 April 2011) 70 It has been suggested that the essence of the patent system is transparency and disclosure and that the grant of a patent, and the effective exercise of patent rights, are founded on the principle of sufficient disclosure - Examination of issues relating to the interrelation of access to genetic resources and disclosure requirements in intellectual property rights applications, WIPO Doc No WIPO/IP/GR/05/01, (January 31 2005) para 74 71

Draft Articles on GRs, Article 12 Option 1,

72 The Convention on Biological Diversity, Art 15 establishes State sovereignty over genetic resources. Though the access to GRs to which TK is attached may raise concerns with respect to inequity as ILCs may feel they have a right to determine access to GRs, disclosure of the origin of GRs is unlikely to give rise to the same concerns of inequity. 73 Draft Substantive Law Treaty, WIPO Doc SCP/10/2, (30 September 2003), Art 8 74 Information provided by members of the Standing Committee on the Law of Patents (SCP) Concerning the Definition of Prior Art: Brief Summary, WIPO Doc SCP/6/INF/2, (2 November 2001)

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The invention may be based on either publicly available or confidential TK. Only the first category would be classed as an incorrectly granted patent as confidential TK would not qualify as prior art. Then, should confidential TK should be disclosed to the patent office, and if disclosed whether this TK should it be relevant to the determination of novelty? It is difficult to distinguish freely accessible TK from TK restricted by customary law. Confidential TK may still be misappropriated through a patent grant if, for example, the applicant does not have the authority from the ILC to obtain a patent over that knowledge. Therefore the content of TK that is offered to the patent office as part of a disclosure obligation must remain strictly confidential to ensure that the terms on which PIC was granted to utilise TK are not unwittingly violated.77 The patent system is a ‘first to file’ rather than a ‘first to invent’ system. Therefore though confidential TK may be the first to describe a product or process, a patent applicant will be entitled to the patent as long as they are the first to 75 Such that there were no factors that severely restricted access to the information - Ibid 76 Ibid, para 10 77 Note the EU objection to Objective 3 of principle 3 of the Draft Articles on GRs, which states that it is necessary to recognise that some holders of TK may not want their knowledge documented. The EU bases their objection on the quid pro quo rationale of patent law – that monopoly protection is given on the basis of the resulting disclosure – Report on the twentieth session, WIPO IGC, WIPO Doc No WIPO/GRTKF/IC/20/10, (July 13 2012), para 68. However, the TK here is only relevant prior art rather than the invention as claimed itself. The TK is not the subject of patent protection.

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file for protection of the invention.78 But the lack of patent protection for TK is not due to the negligence of the holders, but because of TK’s incompatibility with the system. A lack of scientific terminology describing TK may prevent its patentability.79 Due to the socio-economic circumstances of many ILCs, patent protection is not a viable option. Additionally, patent protection can conflict with indigenous notions of communal property.80 Applicants may therefore take advantage of TK’s incompatibility with patent protection to apply for the monopolisation of previously unknown/ confidential TK. To prevent this kind of misappropriation, confidential TK must also be considered as relevant to the determination of novelty.81 The form of TK may affect its status as prior art in certain jurisdictions. For example, undocumented knowledge from foreign jurisdictions is not relevant to the question of novelty or inventiveness in the US.82 TK may exist in fixed or un-fixed, and documented or un-documented forms.83 It has been proposed that the definition of ‘prior art’ be clarified to include all forms of information including nondocumented knowledge from foreign jurisdictions to ensure acknowledgement of all TK across all jurisdictions.84 78

This is provided that any previous use of the invention is secret.

79 Dutfield suggests that the non-scientific terminology utilised by TK holders in describing their TK can be ‘translated’ by outsiders into chemical terminology which has a greater chance of being patented. Though both may describe a similar result, the western origins of the patent system lead to a patent expressed in scientific terminology as more likely to be patented. Dutfield G, ‘From Traditional Medicine to Modern Drugs’ in Bubela T and Gold R Above n42, pg 102 - 106 80 Patent protection identifies an author of the invention, whereas TK is often attributed to the community and the community’s ancestors. Commodifying the knowledge and treating it through the western conception of property may therefore conflict with this notion. See e.g. Gibson J, ‘Intellectual Property Systems, Traditional Knowledge and the Legal Authority of Community 2004 26 European Intellectual Property Review 280 81 It is important to note that where an inventor provides authorisation for a third party to gain patent protection for his invention, that third party should be able to pursue such protection. However, this is extremely unlikely in the context of TK as providing a third party permission to patent communal knowledge is likely to contravene the indigenous understanding of property in knowledge. 82 Patent Act 35 USCS §102(a) states that a person shall be entitled to a patent unless the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent 83 List and Brief Technical Explanation of various forms in which traditional knowledge may be found, Above n73 84 Ruiz M Above n139; Kadidal S, ‘Subject-Matter Imperialism? Biodiversity, Foreign Prior Art and the Neem Patent Controversy’, (1996-1997) 37 IDEA 371; Proposals were also heard to introduce a clarification of the term ‘prior art’ during the discussions on developing a Substantive Patent Law Treaty

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A directly effective way of ensuring that disclosed TK is relevant in the determination of patentability may be to specify that TK revealed through the disclosure mechanism must be considered when determining novelty and inventive step, without categorising such TK as prior art. This may avoid the issues with public availability of TK to which confidentiality obligations are attached; and would also require the consideration of disclosed TK regardless of its form. Proof of Legal Acquisition The current international framework that governs the use of TK is deficient in the protection it offers against the misappropriation of TK. Article 7 of the Nagoya Protocol requires the ‘approval and involvement’ or PIC of ILCs. The phrase ‘approval and involvement’ however does not require fully informed permission prior to the dissemination of TK. It may include approval after-the-fact. Therefore, TK may be legally accessed without proper PIC from the holders of the knowledge. The provisions of the NP also make it unclear as to whether there is a requirement to share benefits with ILCs for commercial applications of TK. Therefore proof of legal acquisition in accordance with the Nagoya Protocol does not necessarily equate to a proof of legitimate acquisition from ILCs. Therefore patent applicants should declare that utilised TK was accessed both in compliance with applicable access regimes in the jurisdiction of access; declare that the PIC of the relevant ILC was sought and that a fair and equitable ABS agreement with the ILC was concluded. A requirement such as this in international patent law will overcome different access and benefit sharing requirements in different jurisdictions. The concept of PIC (or approval and involvement) treats ILCs as homogenous communities capable of producing one viewpoint with respect to the utilisation of TK, but this is not necessarily the case. Consultation should be undertaken with the representative organisations of the ILCs.85 The - Draft Report, Standing Committee on the Law of Patents Ninth Session, WIPO Doc No SCP/9/8 (28 May 2003) 85 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Art 19 provides that “States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions

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variability of self-defined authorities for some indigenous groups makes it difficult to determine who is authorised to provide consent on behalf of the community.86 The lack of recognised governance structures creates difficulty in determining a body that is truly representative of the ILCs.87 The fluidity of knowledge can make the determination of the relevant community itself difficult.88 Engaging in capacity building efforts to establish authoritative representative bodies, independently of access requests, will be important in ensuring true PIC is achievable from ILCs. Negotiations must also be conducted in a way that takes into account the decision making processes in the communities as the imposition of a western style of negotiation may result in inequity.89

revealed after the grant, consequences should lie outside the patent system because benefits arising from the commercialisation of TK may not flow to the ILCs if patent protection is not awarded. Patent offices would not be required to assess the accuracy of disclosure statements to prevent administrative burdens. Therefore, there is a reliance on applicants to provide correct information. Negligent failures therefore should also be treated with consequences to ensure applicants take due care. These consequences should lie outside patent law as again, benefits flowing from patent protection may form the basis of benefits flowing to contributing ILCs. The requirement to implement proportionate sanctions outside of patent law should be incorporated within the amendment to TRIPS to ensure members implement effective deterrents.

Consequences of a failure to disclose The low socio-economic status of most ILCs means that expensive litigation is not feasible for ILCs to enforce the disclosure obligation. Therefore it was suggested that a lack of disclosure should prevent the registration of a patent. However, if a failure to provide accurate disclosure was in order to obtain their free, prior and informed consent before adopting and implementing legislative or administrative measures that may affect them.” Decision making structures should have legitimacy and credibility within indigenous communities – see expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, Progress report on the study on indigenous peoples and the right to participate in decision-making, Report to the Human Rights Council, para 101. 86 Rosenthal J, ‘Politics, Culture and Governance in the Development of Prior Informed Consent in Indigenous Communities’, 2006, 47(1), Current Anthropology, 119; Brown, M F, ‘Facing the state, facing the world: Amazonia’s native leaders and the new politics of identity’, (1993) 33(307) L’Homme, 26 at 126–128; Dutfield DA and Posey G, Above n180; Greene S ‘Indigenous People Incorporated? Culture as politics, culture as property in pharmaceutical bioprospecting’, (2004), 45 Current Anthropology 211. 87 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, A draft guide on the relevant principles contained in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, International Labour Organisation Convention No 169 and International Labour Organisation Convention No 107 that relate to Indigenous land tenure and management arrangements, UN Doc E/C.19/2009/CRP.7 (undated), p 21. 88 Identifying the relevant social unit with which to collaborate can be challenging – choosing whether it is the clan, the entire language group, or all those who inhabit the bioregion may be a difficult distinction to draw. Though ethnographic studies to determine the extent to which knowledge is held in common across different areas/communities may be academically appealing, this is not always practical option - Rosenthal J Above n85 at 119 89 The San Hoodia case is an excellent demonstration of where the western style of negotiation disadvantaged the ILC. Vermaylen argues that the San were not accustomed to the decision making hierarchy that was used in the negotiation process. Additionally, the pressures that were placed on ILCs to come to a consensus within a small timeframe did not allow full consultation to take place. Vermeleyan S. Above n8; See Australian Human Rights Commission,

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Conclusion The disclosure proposal outlined in this thesis attempts to balance the interests of TK holders and patent applicants. It has contributed to the scholarship by considering the specific issues that disclosure raises in the context of TK through an evaluation of recent developments of the WIPO IGC and the CBD. Many scholars contend that though a disclosure requirement will not solve the issue of biopiracy or the misappropriation of TK, it will assist by providing a checkpoint mechanism.90 The disclosure requirement has been introduced in some regions over the past 15 years. 90 Dutfield states that though no proposal will prevent all misappropriation of TK and GRs, it has the potential to link the acquisition and deployment of important business assets, which will assist in preventing some cases of misappropriation – Dutfield G, Above n49

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However, the limited volume of patents to which it applies makes it difficult to evaluate its effectiveness.91 The tensions between developing and developed countries on disclosure will make an amendment to TRIPS difficult. However, international consistency, achievable only through an amendment of TRIPS, is necessary to ensure research investment is not influenced by differences in access and disclosure protocols across jurisdictions.92 The discussion of disclosure in patent law will increase stakeholder awareness of the importance of PIC and ABS, resulting in fewer negligent failures to engage with ILCs and national governments to comply with access requirements. If the importance of the involvement of ILCs on issues involving their knowledge is recognised through the patent system, the world’s biodiversity can be utilised in a way that is mutually beneficial to both users and providers of TK associated with biodiversity.

91 Hoare AL and Tarasofsky RG, Asking and Telling – Can ‘Disclosure of Origin’ requirements really make a difference?, (2007), 10(2), The Journal of World Intellectual Property, 149 92 Ibid. The complex access regimes of Chile have shown reluctance for research and development in Chile when compared with neighbouring regions.

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Por: Lic. Christian González1 Introduction This paper shows the fragmentation of jus cogens under international law by comparing and contrasting the way the International Court of Justice, (hereinafter ICJ), the InterAmerican Court of Human Rights (hereinafter IACHR) and the European Court of Human Rights (hereinafter ECHR) deals with jus cogens in three fundamental aspects: identification, status as category and as a norm, and theoretical approach. Additionally, it gives an ontological account that explains the fragmentation of jus cogens by portraying it as culture.

Court of Human Rights; IV) Jus Cogens in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, V) Fragmentation of International Law and Jus Cogens; and Conclusions.

Finally, it takes a prescriptive approach that intends to end this fragmentation by using jus cogens as a hermeneutical key for the harmonization of norms of international law. Most importantly, it implements the fiduciary theory of jus cogens that gives a good foundation of jus cogens beyond positive, natural or public law as well as formal and substantive criteria for identifying norms of jus cogens. The last section summarizes the most important conclusions of the paper.

a) Indeterminacy of Its Definition There is “no generally accepted and workable definition of jus cogens”3 in the international legal system. In its origin the notion was anchored in the tradition of natural law. The first comprehensive discussion consists of a 1937 article by Alfred von Verdross4, where he argued that “no juridical order can . . . admit treaties between juridical subjects, which are obviously in contradiction to the ethics of a certain community”5 underscoring by this that jus cogens are the supreme ethical values of a certain legal community. He

The paper is structured as follows: I) What is Jus Cogens; II) Jus Cogens in the Jurisprudence of the International Court of Justice; III) Jus Cogens in the Jurisprudence of the Inter-American

I. What is Jus Cogens? “Even if the normative category of jus cogens were to be an empty box, the category was still useful: for without the box, it cannot be filled.”2

2 Andrea Bianchi, Human Rights and the Magic of Jus Cogens, 19 (3), EJIL, 491. 3 Markus Petsche, Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order, 29 Penn St.Int’l L. Rev, 243.

1 Lawyer and Notary, Magna Cum Laude, (Rafael Landivar University, Guatemala); Certificate in Inter-American Legal Studies (University of the Pacific, McGeorge School of Law); LL.M Magna Cum Laude in International Human Rights Law (University of Notre Dame, USA), currently a Visiting Professional at the Inter-American Court of Human Rights (San José, Costa Rica).

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4 Although according to Paul B. Stephan the earliest reference to jus cogens that one can find in the Westlaw database is the article “Commercial Arbitration –international and Interstate Aspects, 43 Yale L.J.716,727 n.34 (1934)”. See Paul B. Stephan, The Political Economy of Jus Cogens, 44: 1073 Vand. L. Rev, 1081. 5 Markus Petsche, Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order, 29 Penn St.Int’l L. Rev, 243.

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defined peremptory law as the “ethical minimum recognized by all the states of the international community.”6 Modern international law took a positive law approach based on the perspective of the Vienna Conference participants,7 which crystallized on article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. That approach defines a jus cogens norm as “a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.”8 This definition however does not have a substantive basis and it leaves certain ambiguity to the concept of jus cogens.9 b) Hierarchical Supremacy Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties expresses that “a treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law,”10 thereby recognizing a hierarchical order of the international legal system. This is an idea advanced by Hans Kelsen11 in the twentieth century, who believed that “as public order trumps private ordering in municipal law, something in international law might trump state-tostate ordering achieved through international agreements.”12 The functionality of this notion, of course, depends on the conceptual clarity of jus cogens, a clarity that as I show below, does not exist.

6 Alfred Von Verdross, Forbidden Treaties in International Law, 31 Am.J.Int’l L. 571. 7 Markus Petsche, Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order, 29 Penn St.Int’l L. Rev, 253.

c) Lack of Proper Procedure for Jus Cogens Determination The Vienna Convention on the Law of Treaties (hereinafter “VCLT”) does not provide any substantive definition of the concept of jus cogens, but it does talk about the process by which jus cogens norms are to be determined. Although Article 53 “lays down the requirement according to which a peremptory norm of international law must be accepted by the international community of States,”13 it remains silent with regard to the modalities and the extent of the required acceptance.14 While some authors claim that jus cogens norms are necessarily rooted in custom or that “the emergence of jus cogens and the rationale for its introduction in the realm of international law is to give substantial feature to existing norms, not to emerge as completely new ones,”15 it is not inconceivable that jus cogens norms can emerge from other sources than the ones listed in article 38 of the ICJ statute.16 d) Lack of Proper Theoretical Foundation of Jus Cogens Article 53 of the VCLT affirmed the existence of jus cogens as a corpus of non-derogable international norms, but it did not expressly ground them in principles of natural law, state consent, public order or any other theory of legal obligation.17 In addition, its content remains unclear and neither the International Law Commission nor the Vienna Conference on the Law of Treaties developed a list of peremptory norms, although both made reference to the norms against genocide, slave trading, and use of force other than in self-defense.18 In conclusion, this first part has shown how jus cogens remains like an empty box under general international law, because there is no working definition of jus cogens, there is no clarity as to its hierarchical status, it lacks a proper procedure for its determination and it also lacks theoretical foundations.

8 Vienna Convention on the Law of Treaties. 1969. Done at Vienna on 23 May 1969. Entered into force on 27 January 1980. United Nations, Treaty Series, vol. vol. 1155, p. 331. 9 One of the implications of the approach mentioned is that “it is the common will of the International community of States that decides whether or not a given rules has a peremptory character”. See Markus Petsche, Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order, 29 Penn St.Int’l L. Rev, 254. 10 Vienna Convention on the Law of Treaties. 1969. Done at Vienna on 23 May 1969. Entered into force on 27 January 1980. United Nations, Treaty Series, vol. vol. 1155, p. 331.

13 Markus Petsche, Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order, 29 Penn St.Int’l L. Rev, 243. 14

Id at 244.

15 Predrag Zenovic, Human rights enforcement via peremptory norms-a challenge to state sovereignty, 15 (Riga Graduate School of Law). 16 Markus Petsche, Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order, 29 Penn St.Int’l L. Rev, 244.

11 See Hans Kelsen, Limitations on the Functions of the United Nations, 55 Yale L.J. 997, 1007.

17 Evan J. Criddle & Evan Fox-Decent, A Fiduciary Theory of Jus Cogens, 34 Yale J. Int. Law, 338.

12 Paul B. Stephan, the Political Economy of Jus Cogens, 44 Vand. L. Rev, 1082

18 Dinah Shelton, Normative Hierarchy in International Law, 100 Am.J. Int’l L. 302, 2006.

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In the next three sections I will examine the way the empty box of jus cogens has been filled by three judicial bodies of international law: the ICJ, the IACHR and the ECHR. I will also examine whether this gives light to the weaknesses of jus cogens under international law or if it brings more darkness. I will identify the norms of jus cogens in each judicial body, the status of jus cogens as a category and as a norm, and the theoretical approach of the courts.

II. Jus Cogens in the Jurisprudence of the ICJ a) Norms of Jus Cogens in the Jurisprudence of the ICJ In the Jurisprudence of the ICJ, only four norms have the status of jus cogens, which are as follows: 1) Prohibition of torture;19 2) Prohibition on genocide;20 3) Prohibition on the use of force;21 and, 4) Right to self-determination.22 b) Jus Cogens as a Weak Category In general, the ICJ has been very reluctant to use the terms jus cogens. For instance, in its 1996 Advisory Opinion on the Legality of Use or Threat of Use of Nuclear Weapons it preferred the neologism of “intransgressible principles of humanitarian law” to avoid referring to jus cogens.23 This is “further attested to by the Court’s alternative use of the notion of obligations erga omnes,”24 which was used for instance in the Advisory Opinion on the Israeli Wall25 and in the Barcelona Traction case.26 This shows that jus cogens

for the ICJ is a weak category with little possibility of exerting significant influence in the decisions of that tribunal. c) Jus Cogens Non-Procedural, Non-Hierarchical In the case of Germany v. Italy, the ICJ, relying on the interpretation of the European Court of Human Rights in AlAdsani, maintained that “a state is not deprived of immunity by reason of the fact that it is accused of serious violations of international human rights law or the international law of armed conflict.”27 It claimed that the rules of State immunity are procedural in character and are confined to determining whether or not the courts of one State may exercise jurisdiction in respect of another State and that “the fact that a rule has the status of jus cogens does not confer upon the Court a jurisdiction which it would not otherwise possess.”28 In the Arrest Warrant case, the ICJ upheld the immunity of a foreign minister before national courts, even if charged with war crimes and crimes against humanity, so long as he was still holding office. It, thus, rejected the argument brought forward by Belgium that the jus cogens character of the offences at issue required an exception.29

19 Mary Ellen O’Connell, The International Legal System, 166 (Foundation Press, 2010) 20 Reservations to the Genocide Convention, Advisory Opinion of 28 May 1951, International Court of Justice Reports 1951, 23, See also Activity on the Territory of the Congo (Dem. Rep. Congo v. Rwanda), 2006, I.C.J 6, 31 (Feb 3). 21 Military and Paramilitary Activities (Nicar. V. U.S.), 1986 I.C.J 14 (June 27) (separate opinion of President Nagrenda Singh at 153). 22 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa), Advisory Opinion, 1971, I.C.J 16 (June 21) (Separate Opinion of Judge Ammoun at 89). 23 Andrea Bianchi, Human rights and the Magic of Jus Cogens, 19 (3), EJIL, 502. 24 The relationship between jus cogens norms and obligations erga omnes has been formulated in the following terms: It is recognized that while all jus cogens norms also have the character of erga omnes obligations, the reverse is not necessarily true. Not all erga omnes obligations have the character of peremptory rules of international law. See Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the International Law Commission, Appendix, A/CN/4/L.682/Ad.1, at 14.

What this shows is that for the ICJ, jus cogens are nonprocedural norms, and that they do not consider norms of international law to have a hierarchical status. The first inference can be drawn from the fact that the ICJ does not believe that a jus cogens norm can trump a procedural norm,

27 Jurisdictional Immunities of the State (Germany. v. Italy: Greece Intervening.), 2012 I.C.J. Para 95 (February 3)

25 Id.

28 Id at 96.

26 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Judgment (1970) I.C.J 3, 32.

29 Christian Tomuschat and Jean-Marc Thouvenin, the Fundamental Rules of the International Order, 24 (Martinus Nijhoff Publishers, 2006).

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such as jurisdiction suggesting that a jus cogens norm is something other than a procedural norm.

of humanity”33 that “constitute intransgressible principles”34 which sounds more compatible with natural law traditions.

On the other hand, if a jus cogens norm cannot trump the norm of immunity, a rule of customary international law, the logical implication is that either it is not hierarchically superior or that there is no hierarchical organization of the norms of international law. d) Positive Law Theoretical Approach Generally, the ICJ has dealt with jus cogens from the standpoint of positive law,30 grounding it under the prism of state consent. In the case of Belgium v. Senegal the Court stated “in the Court’s opinion, the prohibition of torture is part of customary international law and it has become a peremptory norm (jus cogens)”.31 That prohibition is grounded in a widespread international practice and on the opinio juris of States. In addition to being introduced into the domestic law of almost all States,32 it also appears in numerous international instruments of universal application. Noting in particular, it appears in the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the 1949 Geneva Conventions for the protection of war victims, the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966, and General Assembly resolution 3452/30 of December 9, 1975 on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Generally the Court has dealt with jus cogens from the standpoint of positive law, but sometimes the Court has described norms of jus cogens as “elementary considerations 30 I acknowledge that it would also be possible to read the perspective of the ICJ under the prism of Dialogic Ethics. Dialogic ethics is a historically responsive answer to differing ethical backgrounds that situate contrary and contrasting senses of the good. Thus we could read that the requirement of the Court for consent in the case of jus cogens does not a fortiori makes this perspective a positive law approach. It could be the postmodern approach of natural law where conflicting views of the world and systems of value are reconciled through the dialogue between states. The outcome would be the norms of jus cogens. I don’t expand this approach on the paper presented because it presents big challenges, such as the inequality between states and a demand to present a counter narrative against the Hobbesian state of nature that portraits relationship between states in continunal jealousies and posture of gladiators that merit a paper of its own. See Ronald C. Arnett, Communication Ethics Literacy: Dialogue and Difference, 79 (Duquesne University, 2009).

However, if we combine the previous sections with has been said here, I think that the most legitimate conclusion is that the ICJ grounds jus cogens on positive law. Furthermore, since, for example, in the case of torture the prohibition is grounded in a widespread international practice and on the opinio juris of States it seems to make jus cogens into a kind of super-custom.35

III. Jus Cogens in the Jurisprudence of the IACHR a) Norms of Jus Cogens in the Jurisprudence of the IACHR The IACHR has been quite active in identifying norms of jus cogens. So far it has identified the following 14 rules: A. Prohibitions, including - Prohibition on slavery36, Prohibiti

33 Military and Paramilitary Activities (Nicar. V. U.S.), 1986 I.C.J 14 (June 27) at 112. 34 Id.

31 Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal). Judgment ( 2012) I.C.J 33, 99.

35 William A. Schabas, Antigone, Jus Cogens and the International Court of Justice, available at: http://humanrightsdoctorate.blogspot.com/2012/07/ antigone-jus-cogens-and-international.html.

32 Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal). Judgment ( 2012) I.C.J 33, 99.

36 I/A Court H.R., Case of Aloeboetoe et al.v.Suriname. Judgment of September 10, 1993 (Reparations and Costs), Series C No. 15, Para 57.

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on torture37 and cruel, inhuman and degrading treatment,38 Prohibition on genocide,39 Prohibition on crimes against humanity40 (including massacres41 and the prohibition on self-amnesties for crimes against humanity42), Prohibition on Extra-Legal Executions43, Prohibition of the forced disappearance of persons44 (including the related duty to investigate them45); B. Substantive Rights, including- Right to life,46 Right to personal integrity,47 Right of equality and nondiscrimination,48 Right to have rights49 (The ability to enjoy rights inherent to the human person50); and, C. Procedural Rights, including State responsibility for the acts of the 37 I/A Court H.R., Case of Myrna Mack Chang v.Guatemala. Judgment of November 25, 2003 (Merits, Reparations and Costs), Series C No. 101, Para 49. See also I/A Court H.R., Case of Maritza Urrutia v. Guatemala. Judgment of November 27, 2003 (Merits, Reparations and Costs), Series C No. 103, Para 92, and I/A Court H.R., Case of Bayarri v. Argentina. Judgment of October 30, 2008 (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs), Series C No. 187, Para 81. 38 I/A Court H.R., Case of Caesar v.Trinidad and Tobago. Judgment of March 11,2005 (Merits, Reparations and Costs), Series C No. 123, Para 100. 39 I/A Court H.R., Case of Plan de Sanchez Massacre v.Guatemala. Judgment of April 29,2004 (Merits), Series C No. 105, Para 26. 40 I/A Court H.R., Case of Plan de Sanchez Massacre v.Guatemala. Judgment of April 29,2004 (Merits), Series C No. 105, Para 26. 41 I/A Court H.R., Case of Moiwana Community v.Suriname. Judgment of June 15,2005 (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs), Series C No. 124, Para 30. 42 I/A Court H.R., Case of Almonacid Arellano. Judgment of June 15, 2005 (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs), Series C No. 155, Para. 153. 43 I/A Court H.R., Case of the Gomez-Paquiyauri Brothers v. Peru. Judgment of July 8, 2004 (Merits, Reparations and Costs), Series C No. 110, Para 76. 44 I/A Court H.R., Case of Gomes lund et al. (“Guerrilha do Araguaia”) v.Brazil. Judgment of November 24, 2010 (Merits, Reparations and Costs), Series C No. 219, Para 22. See also I/A Court H.R., Case of Chitay Nech et al.v. Guatemala. Judgment of May 25, 2010 (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs), Series C No. 212, Para 193. 45 I/A Court H.R., Case of Tiu Tojin v.Guatemala. Judgment of November 26,2008 (Merits, Reparations and Costs), Series C No. 190, Para 91. 46 I/A Court H.R., Case of Las Palmeras v.Colombia. Judgment of February 4, 2000 (Preliminary Objections), Series C No. 67, Parr 57 page 2. See also I/A Court H.R., Case of Bamaca-Velazquez v. Guatemala. Judgment of November 25, 2000 (Merits), Series C No. 70, Para 27. 47 I/A Court H.R., Case of Barrios Altos v.Peru. Judgment of March 14, 2001 (Merits), Series C No. 75, Para 10. 48 I/A Court H.R., Case of Mapiripan Massacre v. Colombia. Judgment of September 15, 2005 (Merits, Reparations and Costs), Series C No. 134, Para 115. See also I/A Court H.R., Case of Atala Riffo and Daughters v. Chile. Sentencia de 24 de Febrero de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), Series C No. 239, Para 79. 49 For an interesting discussion of the importance of the right to have rights see Hannah Arendt ( 1958) The Origins of Totalitarianism, 299 ( Harcourt Brace, 1958) in which Hanna Arendt appeals to the right to have rights as the one true human right and as the prerequisite of all other rights. It is the right to belong to a political community. 50 I/A Court H.R. Advisory Opinion Oc-17/2002 of August 28, 2002, Requested by the Inter-American Commission on Human Rights. Para 2.

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organs of the Executive, the Legislature and the Judiciary,51 Duty to investigate grave facts against humane treatment such as torture and sexual violence,52 Right of access to justice,53 Duty to investigate forced disappearances.54 b) Jus Cogens: Procedural-Substantive, Hierarchical In contrast to the non-hierarchical and substantive nature of jus cogens in the ICJ, the IACHR considers jus cogens norms as outdoing any other norm notwithstanding its nature. It also considers norms in hierarchical terms, in which jus cogens is at the top of the pyramid. For instance, Antonio Cancado Trindade, the most influential advocate of finding jus cogens norms while he was a judge at the IACHR, as he himself acknowledges55 presented a concurring opinion in the Advisory Opinion n. 18 of the IACHR on “The Juridical Condition and the Rights of Undocumented Migrants” in which he stated that: (…)In my understanding, it is in this central chapter of International Law, that of the international responsibility (perhaps more than in the chapter on the law of treaties), that the jus cogens reveals its real, wide and profound dimension, encompassing all juridical acts (including the unilateral ones), and having an incidence (including beyond the domain of State responsibility) on the very foundations of an international law truly universal.56 In addition he presented a dissenting opinion in the Germany v. Italy case of the International Court of Justice which represents the IACHR approach, where he contended that the court made “a groundless deconstruction of jus cogens, depriving this latter of its effects and legal consequences.”57 51 I/A Court H.R., Case of The Last Temptation of Christ (Olmedo-Bustos et al.) v.Chile. Judgment of February 5, 2001 (Merits,Reparations and Costs), Series C No. 73, Para 4. 52 I/A Court H.R., Case of Las Dos Erres Massacre v. Guatemala. Judgment of November 24,2009 (Preliminary Objections,Merits, Reparations and Costs), Series C No. 211, Para 140. 53 I/A Court H.R., Case of Goiburu et al.v. Paraguay. Judgment of September 22, 2006 (Merits, Reparations and Costs), Series C No. 153, Para 131. 54 I/A Court H.R., Case of Tiu Tojin v.Guatemala. Judgment of November 26,2008 (Merits, Reparations and Costs), Series C No. 190, Para 91. 55 Antonio Augusto Cancado Trindade, Jus Cogens: The Determination and the Gradual Expansion of Its Material Content in Contemporary International Case-Law, 5, available at: http://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado. LR.CV.3-30.pdf. 56 Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants, Advisory Opinion OC-18/03, Inter-am. Ct. H.R. (Ser. A) No.18, at 70 (Sept 17, 2003). 57 Dissenting Opinion of Judge Cancado Trindade. Jurisdictional

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He challenged the formalist distinction made by the court between procedural (State Immunity) and substantive (jus cogens) to conclude that “jus cogens stands above the prerogative or privilege of State Immunity, with all the consequences that ensue therefrom, thus avoiding denial of justice and impunity.”58

In fact, since the two sessions of the conference proposed by the UN General Assembly following the ILC recommendation to codify jus cogens, in 1968 and 1969, “the jus cogens proposal proved polarizing, as the shadow of the Cold War defined the debate. The United States and its allies criticized the ILC’s draft article and sought to water it down by setting strict limits to what would qualify as a jus cogens norm”.61 Therefore, one of the considerations we have to make is whether the approach of the IACHR is the right one or if the over use of jus cogens is banalizing its purpose. To me, the latter is true because the court gives the character of jus cogens norms to particular provisions without explaining the procedure to reach that outcome. In addition it is hard to articulate what jus cogens is having in mind the diversity of norms of jus cogens, such as prohibitions, substantive rights and procedural rights.

- Antonio cancado Trindade

c) Banalization of Jus Cogens by its Over-Use? Some authors believe that “one of the major threats posed to the concept of jus cogens is the tendency by some of its most fervent supporters to see it everywhere”59 because the concept can be used as an ideological tool. In addition, since it does not require the consent of states, it is very likely that States won’t delegate its sovereignty when it is very ambiguous which obligations will they acquire in the future.

d) Natural Law Theoretical Approach The IACHR has understood jus cogens in natural law terms. That is, as deriving either from a transcendental power or from a universal natural law of reason. 62 The Court claims that jus cogens are a “superior order of legal norms, which the laws of man or nations may not contravene (…)”63 and “rules which have been accepted as being necessary to protect the public morality recognized by them.”64 The jus cogens norms are for the court, “inherent to the human person.”65 For instance, regarding the principle of non-discrimination, the court believes that it is a jus cogens norm that derives “directly from the oneness of the human family and (…) linked to the essential dignity of the individual.”66 When dealing with jus cogens, the court has rested the concept of jus cogens in the laws of humanity, the requirements of the public conscience67, or the universal 506.

Moreover, one of the reasons the United States didn’t became a party to the Inter-American Convention on Human Rights has to do with jus cogens. As some authors claim “reference to jus cogens may have been instrumental in reaching out to the United States, not a party to the Inter-American Convention on Human Rights”.60 Immunities of the State (Germany. v. Italy: Greece Intervening.), 2012 I.C.J. Para 296 (February 3) 58 Id at 315. 59 Andrea Bianchi, Human Rights and the Magic of Jus Cogens, 19 (3), EJIL, 506. 60 Andrea Bianchi, Human rights and the Magic of Jus Cogens, 19 (3), EJIL,

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61 Paul B. Stephan, The Political Economy of Jus Cogens, 44: 1073 Vand. L. Rev, 1087 62 Evan J. Criddle & Evan Fox-Decent, A Fiduciary Theory of Jus Cogens, 34 Yale J. Int. Law, 338. 63 Domingues v. United States, Case 12.285, Inter-Am. C.H.R., Report No. 62/02, OEA/Ser.L/V/II.117,doc.5 rev. 1, 49 (2003). 64 Id. 65 Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants, Advisory Opinion OC-18/03, Inter-am. Ct. H.R. (Ser. A) No.18, at 95-96 (Sept 17, 2003). 66 Id. 67 Antonio Augusto Cancado Trindade, Jus Cogens: The Determination and the Gradual Expansion of Its Material Content in Contemporary International Case-Law, 9, available at: http://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado. LR.CV.3-30.pdf.

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juridical conscience68 and affirmed that jus cogens norms are “necessarily objective in nature.”69 All the previous notions have a clear natural law root.

IV. Jus Cogens in the Jurisprudence of the ECHR a) Norms of Jus Cogens in the Jurisprudence of the ECHR In the Jurisprudence of the ECHR so far only three norms have reached the status of jus cogens: Prohibition on Torture,70 Prohibition on refoulement,71 and Prohibition on Genocide.72 b) Jus Cogens: Non-procedural, Non-Hierarchical In the case of Al-Adsani v. The United Kingdom, the ECHR furthered the criteria that jus cogens norms do not trump procedural norms, portraying by this jus cogens norms as being substantive. In other words: Notwithstanding the special character of the prohibition of torture in international law, the Court is unable to discern in the international instruments, judicial authorities or other materials before it any firm basis for concluding that, as a matter of international law, a State no longer enjoys immunity from civil suit in the courts of another State where acts of torture are alleged.73 The Court has argued that “the peremptory character of an international rule may not provide a basis for the jurisdiction of the Court, which is always grounded in the consent of the parties.”74 This criterion is very similar to the one of the ICJ according to which jus cogens are substantive norms that cannot trump procedural norms, in other words: jus cogens are norms with a special status but not hierarchically superior to other norms. 68 I/A Court H.R., Case of Plan de Sanchez Massacre v. Guatemala. Judgment of April 29,2004 (Merits), Series C No. 105, Para 22. 69 /A Court H.R., Case of Mapiripan Massacre v. Colombia. Judgment of September 15, 2005 (Merits, Reparations and Costs), Series C No. 134, Para 115. 70 ECHR, Case of Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom. Judgment of 17 January 2012 (Application no. 8139/09) (Chamber), para 266. See also ECHR, Case of Al-Adsani v. The United Kingdom. Judgment of 21 November 2001 (Application no. 35763/97) (Grand Chamber), para 60. 71 ECHR, Chajal v. United Kingdom. Judgment of 15 November 1996 (Application no. 22414/93) (Grand Chamber), para 41.

c) Positive Law or Public Order Theoretical Approach Because the scarce references to the meaning and foundations of jus cogens in the jurisprudence of the ECHR, it is not clear whether its theoretical approach is based on positive law or on public order theories. What is established is that jus cogens norms are, for the court, the fundamental values of democratic society. In this respect, it has said that “within the Convention system it has long been recognized that the right under Article 3 not to be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment enshrines one of the fundamental values of democratic society.”75 We also know that for the court, jus cogens norms do not provide jurisdiction because they do not trump consent (the basis for jurisdiction): “the peremptory character of an international rule may not provide a basis for the jurisdiction of the Court, which is always grounded in the consent of the parties.”76 These affirmations most likely exclude a natural law approach. We can infer from them that jus cogens is subsumed under the broader category of consent, which would make the theoretical approach of the ECHR similar to the ICJ approach, namely that jus cogens is “grounded in a widespread international practice and on the opinio juris of States.”77 The conclusions of the previous three sections are that, in respect to the list of norms of jus cogens, the ICJ has identified four norms. It considers jus cogens as weak category that is neither procedural nor hierarchically superior to other norms of international law such as customary international law. Theoretically, it is viewed from the prism of positive law. As to the jus cogens norms in the jurisprudence of the IACHR, it has identified fourteen norms, the court considers jus cogens norms as outdoing any other norm notwithstanding its nature. It also thinks of legal norms in hierarchical terms, in which jus cogens is at the top of the pyramid. Finally, while the ECHR has identified only three norms of jus cogens, it also considers jus cogens as a weak category that it is

72 ECHR, Case of Jorgic v. Germany. Judgment of 12 July 2007 (Application no. 74613/01) (Chamber), para 68.

75 ECHR, Case of Al-Adsani v. The United Kingdom. Judgment of 21 November 2001 (Application no. 35763/95) (Grand Chamber), para 59.

73 ECHR, Case of Al-Adsani v. The United Kingdom. Judgment of 21 November 2001 (Application no. 35763/95) (Grand Chamber), para 61.

76 Andrea Bianchi, Human rights and the Magic of Jus Cogens, 19 (3), EJIL, 502.

74 Andrea Bianchi, Human rights and the Magic of Jus Cogens, 19 (3), EJIL, 502.

77 Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal). Judgment ( 2012) I.C.J 33, 99.

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neither procedural nor hierarchically superior to other norms of international law. In addition, by exploring the way the ICJ and the ECHR have dealt with the issue of State immunity I showed how “the difficulty of relying on the inderogable character of peremptory norms to sweep away lower ranking rules of international law has turned into an overall failure.”78 Finally by revealing the over-use of jus cogens by the IACHR I pointed out how “the primacy of jus cogens risks being identified with a rhetorical tool of dubious utility and little practical impact.”79

V. Fragmentation of International Law and Jus Cogens “Who will identify the fundamental values of the International Community and by what process?” 80 Since the “review of the literature as well as the jurisprudence reveals confusion over the rationale for jus cogens norms and their source, content, and impact,”81 in the following section I propose to give a coherent account of jus cogens. I intend to do so by portraying jus cogens as a culture and as a hermeneutical key and finally by proposing a fiduciary theory of jus cogens as a fit theoretical model for the international courts. a) Jus Cogens as Culture How can one explain that the most fundamental rules of law, that is the jus cogens norms, are not the same in the two most important regional systems of human rights and the most important judicial body of the universal system of international law? In the first chapter we presented jus cogens as an empty box, as an abstraction that will be filled with the values of a community. Lawrence Rosen can help us understand how abstractions work in law when he ascertains: When we hear a court speak of the conscience of the community, the 78 Andrea Bianchi, Human rights and the Magic of Jus Cogens, 19 (3), EJIL, 501. 79 Id.

reasonable man, or the clear meaning of the statute, when we watch judges grapple with parenthood as a natural or functional phenomenon, or listen to counsel debate whether surrogate motherhood or a frozen embryo should be thought of in terms of ownership, we know that the meaning of these concepts will come not just from the experience of legal officials or some inner propulsion of the law but from those broader assumptions, reinforced across numerous domains, that characterize the culture of which law is a part.82 Therefore, the way jus cogens is understood and filled depends on the concerns of each and every epistemic legal community. Since the history of America is not the same as the history of Europe, the norms of jus cogens will be different in every regional system. In other words: The naturalness of the norms of jus cogens, as seen from the foregoing, can be explained only by specific historical situations, and certain stages in the development of human society which engender appropriate political and other demands.83 The dictatorships of Latin America, the way the cold war was lived, the role of the state, and the weakness of civil society among others explains why some norms such as State responsibility for the acts of the organs of the Executive, the Legislature and the Judiciary, the duty to investigate grave facts against humane treatment such as torture and sexual violence and the right of access to justice are so sacred for the Inter-American System of Human Rights and are not as important for the European system. Therefore, the meaning of jus cogens will come from the epistemic communities within which this concept is embedded. Paul Stephan has articulated this difference by pointing out to the fact that the move to jus cogens is highly consequential: In a world of judicial independence and robust civil institutions, the move to jus cogens becomes enormously consequential. Empowering non-state actors and judges to wield a doctrine that trumps state consent takes on meaning once the exercise of this power in opposition to state preferences becomes possible. Seen in this light, the rise of jus cogens becomes one more piece of evidence for the claim that the end of the Cold War and the rise of globalization resulted in the hollowing out of the state.

80 Andrea Bianchi, Human rights and the Magic of Jus Cogens, 19 (3), EJIL, 507.

82 Lawrence Rosen, Law as Culture, 6 (Princeton University Press, 2006).

81 Dinah Shelton, Normative Hierarchy in International Law, 100 Am.J. Int’l L. 292, 2006.

83 Markus Petsche, Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order, 29 Penn St.Int’l L. Rev, 252.

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What results is, in effect, the privatization of international law, a shift in authority over international lawmaking from political actors to other interested persons (…).84 In addition, the fact that there is a minimum “overlapping consensus”85 in certain norms of jus cogens supports my argument. It shows the existence of certain shared concerns or values, the few that can be called universal not in an a-historical sense but in an epochal sense. They are universal concerns or universal problems of our epoch.

This argument has been proposed by the theory of international public order which claims that the international community of States, like the subjects of the domestic legal system, shares a number of common (moral) beliefs and interests which constitute the basis of the normative system.86 In conclusion, jus cogens is culture. As culture, it is embedded in a concrete world, with concrete values and concerns. This explains is polysemic nature. b) Jus Cogens as a Hermeneutical Key “Jus cogens concept contains the possibility of multiple functions, not all of which have the benign effects of the vision currently in fashion in some circles in Europe and the United States.” 87 84 Paul B. Stephan, the Political Economy of Jus Cogens, 44: 1073 Vand. L. Rev, 1097. 85 According to Charles Taylor, John Rawls talks about an overlapping consensus. That is, different groups, countries, religions, communities, civilizations, while holding incompatible fundamental views on theology, metaphysics, human nature, etc., would come to an agreement on certain norms that ought to govern human behaviour. Each would have its own way of justifying this from out of its profound background conception. See Charles Taylor, Conditions of an Unforced Consensus on Human Rights, Paper presented at Bangkok Workshop, March 1996, 1.

It was shown that only the IACHR believes in the hierarchical superiority of jus cogens and implies from that the conclusion that jus cogens supersedes any other norm notwithstanding its substantive or procedural character. Because of this I agree with Andrea Bianchi, who proposes the following: Rather than focusing on the hierarchical superiority of the rule and its mechanical application, regard should be had to implementing effectively its underlying values, taking context duly into account. The way in which the ILC has envisaged the consequences of a serious violation of a peremptory norm of international law seems to be inspired by such considerations, as well as the attempt, made by the Trial Chamber of the ICTY in the Furundzjia case, to spell out the consequences of the violation of the prohibition of torture at both inter-state and individual levels.88 The criterion employed by the International Law Commission has been harmonization. They argued that “irrespective of the special status or the designation (“fundamental”) enjoyed by some norms, conflicts between rules of international law should be resolved in accordance with the principle of harmonization, that is, by bearing in mind that in the event of a conflict, the norms should be interpreted as compatible to the extent possible.”89 c) Beyond Good (Natural Law) and Evil (Positive Law): A Fiduciary Theory of Jus Cogens I believe that neither the positive law approach of the ICJ nor the natural law approach of the IACHR are good theoretical foundations for jus cogens. I do not believe the former because it relies on state consent and “states rarely (if ever) express an affirmative intent to transform ordinary customary norms into peremptory law, and it is unclear what forms of state practice (if any) would support an inference of implied intent”90, the latter because it leads to controversies, ambiguity and to “conflate law and morality, confusing parochial and relativistic ethical norms with objective principles of legal

88 Andrea Bianchi, Human rights and the Magic of Jus Cogens, 19 (3), EJIL, 504.

86 Markus Petsche, Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order, 29 Penn St.Int’l L. Rev, 245.

89 Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the International Law Commission, Appendix, A/CN/4/L.682/Ad.1, at 15.

87 Paul B. Stephan, the Political Economy of Jus Cogens, 44: 1073 Vand. L. Rev, 1103

90 Evan J. Criddle & Evan Fox-Decent, A Fiduciary Theory of Jus Cogens, 34 Yale J. Int. Law, 340.

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right and obligation”91 and is unable to reconcile substantive limits on state action with the concept of state sovereignty.92 The work of Evan J. Criddle and Evan Fox-Descent offers a third way and a better foundation for jus cogens: a fiduciary theory of jus cogens. According to this theory “the state and its institutions are fiduciaries of the people subject to state power, and therefore a State’s claim to sovereignty, properly understood, relies on its fulfillment of a multifaceted and overarching fiduciary obligation to respect the agency and dignity of the people subject to state power. One of the requirements of this obligation – perhaps the main requirement- is compliance with jus cogens.”93 Peremptory norms arise from a state-subject fiduciary relationship rather than from state consent.94 It also goes beyond natural law accounts of jus cogens “which depend on vague notions of “the international conscience” or a “superior order for legal norms.”95 Although it relies explicitly on a moral idea of dignity, “its reliance is not on dignity in the abstract, but on the legal significance of dignity within the juridical secure confines of a full-blooded legal relationship –the state-subject fiduciary relationship.”96 The authors provide an example to illustrate how jus cogens might flow from the fiduciary model of the state: the prohibition against slavery. The first assumption is that there is a state-subject fiduciary relationship that authorizes the state to secure legal order on behalf of every agent subject to state power. This entails every agent to acquire rights that can enshrine and protect his respective interests. Each agent must be treated as a person because each agent is an equally valid subject of the fiduciary authorization of public authority.

91

Id at 343.

92 Id. 93 Id at 347. 94 Id. 95 Id. 96 The idea that the state is in a fiduciary relationship with its people traces its origins to the republican idea of popular sovereignty that rose to prominence in the seventeenth century during the English Civil War, and is reflected in constitutional documents such as the 1776 Pennsylvania Declaration of Rights All power being…derived from the people: therefore all officers of the government, whether legislative or executive, are their trustees and servants, and at all times accountable to them. See Evan J. Criddle & Evan Fox-Decent, A Fiduciary Theory of Jus Cogens, 34 Yale J. Int. Law, 348

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Because slaves are denied the capacity to possess legal rights, a state that enforces slavery cannot claim to have secured legal order for the purpose of guaranteeing rights on behalf of each agent. It follows that if a state supports slavery, it does so in contravention of its most basic fiduciary obligation to ensure that each agent subject to its powers is regarded equally as a person capable of possessing legal rights.

Since the fiduciary principle regards every individual as an equal co-beneficiary of legal order, the fiduciary state must provide for every individual’s secure and equal freedom. Thus, the fiduciary state is duty-bound legally to protect every individual against all forms of arbitrary discrimination and not just slavery.97 The fiduciary theory of jus cogens is also helpful because it proposes formal and substantive criteria for identifying peremptory norms. The formal criteria is as follows: a) they must embody general and universalizable principles; b) they must be public so that states can know them and adjust their policies and actions; c) compliance must be feasible; d) the subject matter of the norm should be clear and unequivocal: e) the norms should be internally consistent as well as consistent with the wider set of jus cogens norms; f) the norms should be prospective rather than retroactive in nature; and g) the set of peremptory norms should remain stable over time so that states can plan their actions in conformity.98

97 Evan J. Criddle & Evan Fox-Decent, A Fiduciary Theory of Jus Cogens, 34 Yale J. Int. Law, 356. 98 Id at 362.

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The substantive criterion is the following: a) Integrity. Peremptory norms must have as their object the good of the people rather than the good of the state’s officials; b) formal moral equality, meaning that peremptory norms must treat persons as moral equals; c) solicitude: peremptory norms must be solicitous of the legal subject’s legitimate interests. Solicitude demands that the state take seriously the legitimate interests of its subjects99; d) fundamental equal security which distinguishes peremptory norms from non-peremptory norms.100 Norms that are indispensable to the fundamental and equal security of individuals qualify as peremptory norms , and e) rule of law, a norm will count as jus cogens if respect for it is indispensable to the state’s ability to secure legality for the benefit of all.101 The fiduciary theory demolishes the rationale of the erga omnes obligations used by the ICJ. Instead of saying that “a state’s peremptory duty to refrain from acts of genocide, slavery, and racial discrimination are “obligations of a State towards the international community as a whole”102 it advances the argument that a state is bound to extend protection to these rights because “these norms are constitutive of the fiduciary authorization of state sovereignty”.103

Conclusions In the first section I compared jus cogens to an empty box by showing that there is no working definition of jus cogens, no clarity as to its hierarchical status, and no proper procedure for its determination and its lack of theoretical foundations. Then, in the next three sections, I showed how the ICJ, the IACHR and the ECHR have filled the box of jus cogens: The ICJ has identified four norms; they have considered jus cogens as a weak category that is neither procedural nor hierarchically superior to other norms of international law such as customary international law. Theoretically, it is view from the prism of positive law.

cogens norms as outdoing any other norm notwithstanding its nature. They also conceive legal norms in hierarchical terms, in which jus cogens is at the top of the pyramid. Finally, the ECHR has identified only three norms of jus cogens, it also considers jus cogens as a weak category that it is neither procedural nor hierarchically superior to other norms of international law. I also stressed two additional fundamental facts: the failure of the hierarchization of jus cogens under the jurisprudence of the ICJ and ECHR, and the dubious utility and little practical impact of jus cogens under the jurisprudence of the IACHR. The fifth section is both an ontological and deontological account of jus cogens in international law. On the one hand, by explaining jus cogens as culture, I have explained why the different courts have filled the box of jus cogens radically different. On the other hand I intend to solve the problem of fragmentation of jus cogens on international law, the failure of the hierarchization of jus cogens under the jurisprudence of the ICJ and European Court of Human Rights, and the dubious utility and little practical impact of jus cogens under the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights by making jus cogens an hermeneutical key which provides tools to make jus cogens a norm- harmonization process and more importantly by applying the fiduciary theory of jus cogens which provides a better foundation of jus cogens beyond positive, natural or public law and formal and substantive criteria of identifying norms of jus cogens.

As to the jus cogens norms in the jurisprudence of theIACHR, they have identified fourteen norms, the court considers jus 99 Evan J. Criddle & Evan Fox-Decent, A Fiduciary Theory of Jus Cogens, 34 Yale J. Int. Law, 363. 100 Id at 366. 101 Id at 367. 102 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Judgment (1970) I.C.J 3, 32. 103 Evan J. Criddle & Evan Fox-Decent, A Fiduciary Theory of Jus Cogens, 34 Yale J. Int. Law, 384.

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LAUDO EN CASO CIADI NO. ARB/07/23

‘RAILROAD DEVELOPMENT1 CORPORATION (RDC) C. GUATEMALA’ 1

Este trabajo fue publicado en Chile, en el Anuario de Derecho Público de la Universidad Diego Portales correspondiente al 2013.

Por: Sebastián López Escarcena2

Resumen: Railroad Development Corporation con Guatemala es la primera disputa de inversión fallada en el fondo conforme al mecanismo de solución de controversias del Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana. Es un caso interesante en los hechos, como la mayoría de los arbitrajes internacionales de inversión, pero su laudo no innova mayormente en la interpretación y aplicación del derecho respecto de lo ya planteado por otros paneles arbitrales en controversias de esta naturaleza.

el razonamiento seguido por éste en la interpretación de los artículos correspondientes a la protección contra la expropiación y al trato mínimo internacional del tratado respectivo. Palabras clave: inversión extranjera; expropiación; trato mínimo internacional

Introducción El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica3, Estados Unidos y la República Dominicana (CAFTA-DR, en sus siglas en inglés) fue celebrado el 2004 y entró en vigencia dos años más tarde.4 Siguiendo al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, EE.UU. y México (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés)5, el CAFTA-DR tiene un capítulo destinado a la promoción y protección de las inversiones extranjeras, el cual recoge muchas de las disposiciones del NAFTA, así como de los capítulos de inversión de otros tratados de libre comercio (TLC) celebrados por EE.UU.6 3

El presente comentario resume los hechos del caso y lo pedido por las partes litigantes, y estudia la aplicación del derecho internacional de la inversión por el tribunal, particularmente 2 Profesor de derecho internacional e investigador de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. PhD (Edinburgh), LLM (Leiden), Abogado y Licenciado en Derecho (Católica de Chile). Correo electrónico: rlopeze@uc.cl

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Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

4 Disponible en castellano en http://sice.oas.org/Trade/CAFTA/CAFTADR/ CAFTADRin_s.asp (última visita el 15 de abril de 2013). Panamá celebró el 2007 un tratado de libre comercio bilateral propio con EE.UU., pero aún no ha entrado en vigor. 5 Disponible en castellano en http://www.nafta-sec-alena.org/sp/view. aspx?x=343 (última visita el 15 de abril de 2013). 6 Por ejemplo, TLC Chile-EE.UU. y EE.UU.-Singapur del 2003; TLC AustraliaEE.UU. y EE.UU.-Marruecos del 2004; TLC Omán-EE.UU. del 2006; y TLC Corea del Sur-EE.UU. del 2007. Los TLC celebrados por EE.UU. están disponibles en inglés en http://www. ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements (última visita el 15 de abril de 2013).

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Una de las características principales de estos TLC es que permiten al inversionista extranjero, nacional de una de las partes del acuerdo internacional respectivo, buscar el arreglo de un conflicto con el Estado anfitrión, también parte del tratado en cuestión, mediante un mecanismo de solución de controversias que contempla el arbitraje internacional como una de las alternativas posibles. Railroad Development Corporation (RDC) c. Guatemala es el primer caso entre un inversionista extranjero y un Estado anfitrión resuelto por un laudo, en virtud del procedimiento arbitral contemplado en el Capítulo 10 del CAFTA-DR, que agrupa sus disposiciones de inversión. No obstante, ¿reconoce este laudo los principios jurídicos identificados y desarrollados en otros arbitrajes internacionales, en el contexto de controversias inversionista-Estado derivadas de tratados bilaterales de inversión (TBI) o capítulos de inversión de otros TLC? El comentario que sigue sintetiza los hechos en los que se basó la controversia entre RDC y Guatemala, así como lo solicitado al panel arbitral correspondiente por las partes en litigio y lo fallado al respecto en el laudo, centrándose en la interpretación del tribunal del derecho aplicable a los alegaciones sobre violaciones a la protección contra la expropiación y al trato mínimo internacional que ofrece el CAFTA-DR.

El Laudo RDC es una empresa privada estadounidense dedicada a los ferrocarriles, que controla la Compañía Desarrolladora Ferroviaria S.A., empresa privada guatemalteca que funciona como Ferrovías Guatemala (FVG).

En 1997, la República de Guatemala llamó a una licitación pública internacional para instalar, reinstalar y utilizar infraestructura ferroviaria y otros bienes anexos, a fin de proveer un servicio de trenes dentro de su territorio. RDC se presentó a esa licitación y se la adjudicó a través de dos contratos de usufructo celebrados con Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), empresa estatal que operó el sistema ferroviario de ese país hasta que fuera clausurado en 1996. RDC se comprometió a volver a hacer funcionar dicho sistema, contra el pago de los montos correspondientes acordados. El Congreso de Guatemala aprobó estos contratos, cuyo decreto respectivo fue publicado en el diario oficial del Estado centroamericano. En 1999, FVG y FEGUA celebraron un nuevo contrato de usufructo relativo al mismo negocio, el cual nunca fue aprobado por el Congreso de Guatemala. Cuatro años más tarde, un cuarto contrato fue celebrado entre FVG y FEGUA, y modificado por las partes meses después.7 En cumplimiento de los acuerdos señalados, FVG reinstaló durante 1999 el servicio de trenes entre Ciudad de Guatemala y otras tres ciudades ubicadas en dirección al Mar Caribe. Por años, el tonelaje transportado aumentó gradualmente, hasta que FVG y FEGUA tuvieron un primer desacuerdo de importancia el 2005. Ese mismo año, FVG inició dos arbitrajes domésticos contra FEGUA por incumplimiento de contrato, en los que la primera alegó que la segunda no había desalojado a las personas que habían ocupado de hecho los terrenos por donde debían pasar las nuevas vías, ni hecho los pagos contractualmente previstos. FVG alegó, asimismo, que unos días antes de que se presentaran las demandas arbitrales, FEGUA le solicitó al Procurador General de la Nación que investigara las circunstancias en las que se concluyó el cuarto contrato antes mencionado. El Procurador General emitió su dictamen un mes después que FVG hubiere presentado sus demandas, señalando que dicho contrato debía ser declarado nulo por ser lesivo para los intereses nacionales, según la legislación interna de la República de Guatemala.8 7 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, laudo de fecha 29 de junio de 2012, párrafos 1 y 30-3. Las decisiones judiciales de tribunales internacionales en arbitrajes de inversión están disponibles en http://www.italaw.com/ (última visita el 15 de abril de 2013). 8 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, laudo de fecha 29 de junio de 2012,, párrafo 34-6.

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En diversas oportunidades, tanto antes como después de presentar tales demandas arbitrales, RDC y FVG intentaron llegar a un acuerdo con Guatemala para lo cual, incluso, se reunieron con su Presidente de la República, quien estableció una comisión para estudiar el asunto en la que estaba representada FEGUA. La comisión se reunió hasta que el Presidente declaró lesivo para los intereses del Estado el contrato celebrado con FVG, a través de un acuerdo gubernativo publicado el 2006 en el diario oficial de Guatemala. Esta declaratoria presidencial de lesividad se basó en el dictamen del Procurador General de la Nación y permitió a Guatemala iniciar un proceso contencioso administrativo sobre nulidad del contrato en cuestión. Un año después de dicho acuerdo gubernativo, RDC presentó una solicitud de arbitraje en contra de la República de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), a nombre suyo y de FVG, en virtud del Capítulo 10 del CAFTA-DR.9 Tanto en el memorial de demanda como en la réplica, RDC alegó que con la declaratoria presidencial de lesividad Guatemala no sólo habría afectado gravemente sus intereses sino que habría violado dicho tratado, al incumplir las obligaciones internacionales de protección contra expropiación, de trato nacional, de trato mínimo internacional, y de protección y seguridad plenas que éste contempla. En el memorial de contestación y en la dúplica, en tanto, Guatemala solicitó que se rechace la acción ejercida por RDC por carecer de todo fundamento. Después de confirmar su jurisdicción, el panel arbitral integrado por Andrés Rigo Sureda, Stuart Eizenstat y James Crawford resolvió, en su laudo del 29 de junio de 2012, que Guatemala había violado el trato mínimo internacional establecido en el Artículo 10.5 del CAFTA-DR, por lo cual debía pagar a RDC una indemnización superior a los US$ 10 millones.10 El tribunal, sin embargo, rechazó las alegaciones de incumplimiento de las disposiciones relativas a la protección contra la expropiación, 9 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, laudo de fecha 29 de junio de 2012 , párrafos 1 y 37. Ver también, en general, Onwuamaegbu, Ucheora, “Using Treaties to Define Rules of Procedure in Investor-State Arbitration: The CAFTA Example”, en ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 23/1, (Oxford University Press), 2008, 36. 10 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de fecha 29 de junio de 2012, párrafos 1-29 y 283.

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al trato nacional, y a la protección y seguridad plenas (PSP), las dos últimas sin mayores explicaciones.11

La Expropiación Indirecta En el presente laudo, los aspectos que guiaron al tribunal en su interpretación del Artículo 10.7 del CAFTA-DR, relativo a la protección contra la expropiación, fueron cuatro: (a) el carácter de la acción gubernamental; (b) el propósito de la medida estatal; (c) las expectativas de inversión; y (d) el impacto económico de la conducta de Guatemala. No obstante dicha disposición del CAFTA-DR, siguiendo al Artículo 1110 del NAFTA, simplemente indica que: 1. Ninguna Parte expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, sea directa o indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización […], salvo que sea: a) por causa de un propósito público; b)de una manera no discriminatoria; c) mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de una indemnización de conformidad con los párrafos 2 al 4; y d) con apego al principio del debido proceso y al Artículo 10.5. Nada dice esta disposición respecto al carácter de la acción gubernamental, el propósito de la medida estatal, las expectativas de inversión, o el impacto económico de la conducta del Estado anfitrión. Donde sí aparecen estos elementos es en el Anexo 10-C, que debe necesariamente leerse a continuación al Artículo 10.7 ya transcrito. Este anexo declara que: Las Partes confirman su común entendimiento que: 1. El Artículo 10.7.1 intenta reflejar el derecho internacional consuetudinario concerniente a la obligación de los Estados con respecto a la expropiación. 2. Un acto o una serie de actos de una Parte no pueden constituir una expropiación a menos que interfiera con un derecho de propiedad tangible o intangible o con los atributos o facultades esenciales del dominio de una inversión. 3. El Artículo 10.7.1 aborda dos situaciones. La primera es la 11 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, laudo de fecha 29 de junio de 2012, párrafos 153-5 y 237-8.

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expropiación directa, en donde una inversión es nacionalizada o de otra manera expropiada directamente mediante la transferencia formal del título o del derecho de dominio. 4. La segunda situación abordada por el Artículo 10.7.1 es la expropiación indirecta, en donde un acto o una serie de actos de una Parte tienen un efecto equivalente al de una expropiación directa sin la transferencia formal del título o del derecho de dominio. a) La determinación de si un acto o una serie de actos de una Parte, en una situación de hecho específica, constituye o no una expropiación indirecta, requiere de una investigación factual, caso por caso, que considere entre otros factores: (i) el impacto económico del acto gubernamental, aunque el hecho de que un acto o una serie de actos de una Parte tenga un efecto adverso sobre el valor económico de una inversión, por sí solo, no establece que una expropiación indirecta haya ocurrido; (ii) la medida en la cual la acción del gobierno interfiere con expectativas inequívocas y razonables en la inversión; y (iii) el carácter de la acción gubernamental. (b) Salvo en circunstancias excepcionales, no constituyen expropiaciones indirectas los actos regulatorios no discriminatorios de una Parte que son diseñados y aplicados para proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad y el medioambiente. El Anexo 10-C responde a las instrucciones de la Ley de Promoción del Comercio del 2002 , cuya Sección 210212 (b) (3) estableció como uno de los objetivos de negociación de EE.UU. asegurar que a los inversionistas extranjeros no se les otorgue en ese país más derechos que los otorgados por la legislación interna estadounidense a los inversionistas locales. ¿La razón? Según esta ley, porque EE.UU. ofrece un alto nivel de protección para la inversión, equivalente o mayor al requerido por el derecho internacional.13 Dicha ley fue una reacción a las primeras demandas arbitrales internacionales presentadas por inversionistas extranjeros en contra de los Estados partes del NAFTA, cuestionando el

ejercicio de su poder regulatorio en virtud del mecanismo de solución de controversias del Capítulo 11 de dicho tratado.14 Con posterioridad al 2002, EE.UU. modificó sus modelos de TBI y los capítulos de inversión de sus TLC para cumplir con lo exigido por la Ley de Promoción del Comercio.15 Esto llevó a que los tratados de inversión de ese país incluyan la aproximación de Penn Central al problema de las expropiaciones regulatorias, desarrollada a propósito de la interpretación y aplicación de las Enmiendas Quinta y Vigesimocuarta de la Constitución de EE.UU.16 De acuerdo al derecho estadounidense, la ocupación física permanente de la propiedad o la destrucción de un 100% de su valor como resultado de una regulación, requieren indemnización.17 Fuera de estas situaciones, una investigación ad hoc es necesaria para determinar si una medida regulatoria constituye expropiación. Los tres factores que deben guiar esta investigación, articulados en Penn Central, son (a) el impacto de la regulación en el demandante; (b) la extensión de su interferencia con expectativas específicas de inversión; (c) y el carácter de la acción gubernamental.18 Justamente son los mismos 14 Ver, e.g., Tribunal arbitral NAFTA (Böckstiegel, Brower y Lalonde): Ethyl Corporation c. Canadá, arbitraje conforme a reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL, por sus siglas en inglés), Laudo de jurisdicción de fecha 24 de junio de 1998. 15 E.g., TBI entre EE.UU. y Uruguay del 2004; y TBI entre EE.UU. y Ruanda del 2008. Ambos TBI de EE.UU. están disponibles en inglés en http://www.ustr.gov/ trade-agreements/bilateral-investment-treaties/bit-documents (última visita el 15 de abril de 2013). Ver también, supra nota 5. 16 Ver Corte Suprema de EE.UU.: Penn Central Transportation Co. c. New York City, Sentencia de fecha 26 de junio de 1978. El concepto de expropiación regulatoria proviene de Pennsylvania Coal. Ver Corte Suprema de EE.UU.: Pennsylvania Coal Co. c. Mahon, Sentencia de fecha 11 de diciembre de 1922. Ver también Shenkman, Ethan, “Could Principles of Fifth Amendment Takings Jurisprudence be Helpful in Analyzing Regulatory Expropriation Claims under International Law?”, en New York University Environmental Law Journal, 11/1, (New York University School of Law), 2003, p. 174.

12 Trade Promotion Act, en inglés. Disponible en http://www.bilaterals. org/IMG/pdf/TPAA_2002.pdf (última visita el 15 de abril de 2013).

17 Ver Corte Suprema de EE.UU.: Loretto c. Teleprompter Manhattan CATV Corp., Sentencia de fecha 30 de junio de 1982; y Corte Suprema de EE.UU.: Lucas c. South Carolina Coastal Council, Sentencia de fecha 29 de junio de 1992. Ver también Been, Vicki, y Beauvais, Joel, “The Global Fifth Amendment: NAFTA’s Investment Protection and the Misguided Quest for an International “Regulatory Takings” Doctrine”, en New York University Law Review, 78, (NYU Law Review), 2003, 30, pp. 61-2.

13 Ver Trade Promotion Act, Sec. 2102 (b) (3). Disponible en http://www. bilaterals.org/IMG/pdf/TPAA_2002.pdf (última visita el 15 de abril de 2013).

18 Ver González de Cossío, Francisco, Arbitraje de inversión, (Editorial Porrúa), 2009, pp. 214-5.

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elementos que aparecen mencionados en el Anexo 10-C del CAFTA-DR, y en virtud de los cuales el tribunal analizó el reclamo de expropiación indirecta en RDC.19 Sin perjuicio de los sucesivos párrafos que el laudo le dedica al estudio de este tema en relación a los hechos del caso, es poco lo que contribuye RDC al desarrollo jurisprudencial del derecho internacional; a través de lo que se ha denominado en doctrina como un sistema de precedente blando o de facto y que el laudo recoge implícitamente.20 Al respecto, el tribunal reconoce la importancia del efecto de la medida estatal correspondiente en la propiedad del inversionista afectado por ella. Siguiendo la tendencia mayoritaria de la jurisprudencia internacional en disputas de inversión, RDC señala que para que haya una expropiación indirecta se requiere la privación sustancial del uso y los beneficios de la inversión.21

En apoyo de esta postura, el panel menciona arbitrajes del NAFTA, como Pope & Talbot, Metalclad y Fireman’s Fund22 , así como arbitrajes de TBI, como TECMED, CMS y Telenor.23 En lo sustantivo, no es mucho más lo que agrega el laudo al derecho internacional de la expropiación. En cuanto a la controversia misma, el tribunal resolvió que la declaratoria de lesividad del Presidente de la República de Guatemala no constituyó una expropiación indirecta, al no tener por efecto privar al demandante de su inversión. Como indica el laudo, los contratos con RDC y FVG se mantuvieron vigentes, el demandante continuó en posesión de la infraestructura ferroviaria y otros bienes anexos, y siguió recibiendo los pagos asociados a los contratos con RDC. 24

El Trato Mínimo Internacional Cabe señalar que rara vez la jurisprudencia estadounidense concluye que una regulación destruye el 100% del valor de la propiedad, o que se presentan los factores de Penn Central. Ver Alexander, Gregory, The Global Debate over Constitutional Property: Lessons from American Takings Jurisprudence, (University of Chicago Press), 2006, en p. 206; y Montt, Santiago, State Liability in Investment Treaty Arbitration: Global Constitutional and Administrative Law in the BIT Generation, (Hart Publishing), 2009, en p. 219. 19 Sobre la expropiación indirecta en el derecho internacional de la inversión, ver en general Robert-Cuendet, Sabrina, Droits de l’investisseur étranger et protection de l’environnement: contribution à l’analyse de l’expropriation indirect. (Martinus Nijhoff Publishers), 2010; y Nikièma, Suzy, L’expropriation indirecte en droit international des investissements. (Presses Universitaires de France), 2012. 20 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de fecha 29 de junio de 2012, párrafo 217. Ver también Commission, Jeffrey, “Precedent in Investment Treaty Arbitration. A Citation Analysis of a Developing Jurisprudence”, en Journal of International Arbitration, 24/2, (Kluwer Law International), 2007, 129; Schreuer, Christoph, y Weiniger, Matthew, “A Doctrine of Precedent?”, en, The Oxford Handbook of International Investment, (Oxford University Press), 2008. Ver en general las presentaciones de Judith Gill, Lucy Reed, Zachary Douglas, y J. Romesh Weeramantry en la Conferencia sobre Arbitraje Internacional, realizada en la Corte Suprema de Singapur el 20 de enero de 2010, disponibles en ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 25/1, (Oxford University Press) 2010. 21 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de fecha 29 de junio de 2012, párrafo 151. Ver también Newcombe, Andrew, y Paradell, Lluís, Law and Practice of Investment Treaties: Standards of Treatment, (Kluwer Law International), 2009, en pp. 344-5.

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Al igual que el Artículo 10.7 del CAFTA-DR, su Artículo 10.5 también se inspira en una disposición del NAFTA: el Artículo 1105. Y como en el caso de la protección contra la expropiación, la disposición sobre trato mínimo internacional del CAFTADR recoge las modificaciones introducidas por EE.UU. a los TLC celebrados con posterioridad a la Ley de Promoción del Comercio, y a las primeras demandas arbitrales dirigidas en contra de los estados parte del NAFTA conforme a su Capítulo 11. Es por eso que en el Artículo 10.5 del CAFTA-DR no sólo se 22 Ver Tribunal arbitral NAFTA (Derbaird, Greenberg y Belman): Pope & Talbot. Inc. c. Canadá, arbitraje conforme a reglas UNCITRAL, Laudo parcial de fecha 26 de junio de 2000; Tribunal arbitral NAFTA (Lauterpacht, Civiletti y Siqueiros): Metalclad Corporation c. México, caso CIADI No. ARB(AF)/97/1, Laudo de fecha 30 de agosto de 2000; y Tribunal arbitral NAFTA (Loewenfeld, Saavedra y van der Berg): Fireman’s Fund Insurance Company c. México, caso CIADI No. ARB(AF)/02/1, Laudo de fecha 17de Julio de 2006. 23 Ver Tribunal arbitral TBI España-México (Grigera, Fernández Rozas y Bernal): Técnicas Medioambientales TECMED S.A. c. México, caso CIADI No. ARB (AF)/00/2, Laudo de fecha 29 de mayo de 2003; Tribunal arbitral TBI Argentina-EE.UU. (Orrego, Lalonde y Rezek): CMS Gas Transmission Company c. Argentina, caso CIADI No. ARB/01/8, Laudo de fecha 12 de mayo de 2005; y Tribunal arbitral TBI Hungría-Noruega (Goode, Allard y Marriott): Telenor Mobile Communications A.S. c. Hungría, caso CIADI No. ARB/04/15, Laudo de fecha 13 de septiembre de 2006. 24 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de fecha 29 de junio de 2012, párrafo 152.

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mezclan protecciones convencionales, como el trato justo y equitativo (TJE) y la PSP25, sino que se explica la relación de éstas con el derecho internacional consuetudinario, en los siguientes términos: 1. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas. 2. Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe que el nivel mínimo de trato a los extranjeros según el derecho internacional consuetudinario es el nivel mínimo de trato que se le otorgará a las inversiones cubiertas. Los conceptos de “trato justo y equitativo” y “protección y seguridad plenas” no requieren un tratamiento adicional o más allá de aquél exigido por ese nivel, y no crean derechos substantivos adicionales. La obligación en el párrafo 1 de otorgar: a) “trato justo y equitativo” incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles, o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo; y b) “protección y seguridad plenas” exige a cada Parte otorgar el nivel de protección policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario. 3. La determinación de que se ha violado otra disposición de este Tratado, o de otro acuerdo internacional, no establece que se ha violado este Artículo. Como respecto de la disposición sobre protección contra la expropiación del CAFTA-DR, su Artículo 10.5 debe ser leído junto a un anexo, el 10-B, que señala: Las Partes confirman su común entendimiento que el “derecho internacional consuetudinario” referido de manera general y específica en los Artículos 10.5, 10.6, y el Anexo 25 Sobre el TJE, ver en general Tudor, Ioana, The Fair and Equitable Treatment Standard in the International Law of Foreign Investment, (Oxford University Press), 2008; y Kläger, Roland, ”Fair and Equitable Treatment” en International Investment Law, (Cambridge University Press), 2011. Para las otras protecciones de los tratados de inversión, ver en general Newcombe, Andrew, y Paradell, Lluís, Law and Practice of Investment Treaties: Standards of Treatment, (Kluwer Law International), 2009; Sornarajah, Muthucumaraswamy, The International Law on Foreign Investment (Cambridge University Press), 2010; y Dolzer, Rudolf, y Schreuer, Christoph, Principles of International Investment Law, (Oxford University Press), 2012.

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10-C resulta de una práctica general y consistente de los Estados, seguida por ellos en el sentido de una obligación legal. Con respecto al Artículo 10.5, el nivel mínimo de trato a los extranjeros del derecho internacional consuetudinario se refiere a todos los principios del derecho internacional consuetudinario que protegen los derechos e intereses económicos de los extranjeros. En RDC, tres Estados del CAFTA-DR, que no eran parte de la controversia, hicieron presentaciones que fueron recibidas por el tribunal y comunicadas a los litigantes.26 EE.UU. señaló que el Artículo 10.5 del CAFTA-DR expresa la intención de las partes del tratado de incorporar el trato mínimo requerido por el derecho internacional consuetudinario como el estándar aplicable, guiando así la interpretación de dicha disposición.27 El Salvador agregó que la jurisprudencia de otros tribunales internacionales en disputas de inversión sólo es relevante para interpretar el TJE incluido en el CAFTA-DR, en la medida que se refieran a éste como parte del derecho internacional consuetudinario, y no como un estándar autónomo.28 Finalmente, Honduras coincidió sustancialmente con las apreciaciones ya hechas por EE.UU. y El Salvador.29 En su análisis del trato mínimo internacional, el panel arbitral no sólo citó el Artículo 10.5 y el Anexo 10-B, sino que los relacionó con el preámbulo y el Artículo 1.2 del CAFTA-DR, destacando la orientación del tratado hacia la transparencia y previsibilidad que debe haber en el trato dado al inversionista extranjero por el Estado anfitrión.30 El tribunal comenzó refiriéndose a Neer, un caso resuelto en 1926 por la Comisión General Estadounidense-Mexicana de Reclamaciones31, cuya 26 Ver Art. 10.20.3 del CAFTA-DR. Sobre los amicus curiae en disputas internacionales, ver en general los artículos de Brigitte Stern, Eloïse Obadia, y Florian Grisel y Jorge Vinuales, disponibles en ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 22/2, (Oxford University Press) 2007. 27 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de fecha 29 de junio de 2012, párrafo 207. 28 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de fecha 29 de junio de 2012. párrafos 208-10. 29 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de fecha 29 de junio de 2012. párrafo 211. 30 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de fecha 29 de junio de 2012. párrafos 212-5. 31 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de

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decisión contempla una conocida declaración: […] el trato de un extranjero, para que constituya un incumplimiento internacional, debe equivaler a un atropello, a mala fe, a una inobservancia deliberaba del deber, o a una insuficiencia de acción gubernamental tan alejada de los estándares internacionales que un hombre razonable e imparcial puede fácilmente reconocer su insuficiencia.32 En la jurisprudencia y doctrina internacional se ha entendido, generalmente, que esta descripción se refiere al trato mínimo internacional aplicable a todo tipo de conductas estatales. Sin embargo, dicha declaración fue efectuada para un caso de denegación de justicia por el poder judicial, y sólo sería aplicable a una situación similar. En todos los otros casos, en particular respecto de aquéllos referidos a la responsabilidad del Estado por los actos del poder ejecutivo, los elementos de Neer serían circunstancias agravantes, pero no necesariamente constituirían el hecho internacionalmente ilícito.33 Es preferible, por tanto, recurrir a la descripción efectuada el mismo año por la Comisión General Estadounidense-Mexicana de Reclamaciones en Roberts, que habla de un trato “conforme a los estándares normales de civilización”.34 La mayoría de los casos del derecho internacional de la inversión se vinculan con actos

administrativos o legislativos en los cuales la fórmula Neer sería inaplicable.35 RDC optó por seguir a ADF en esto36, aceptando el carácter evolutivo del derecho internacional consuetudinario reconocido en Mondev37, que citó la Nota de Interpretación emitida el 2001 por la Comisión de Libre Comercio del NAFTA (CLC), un órgano compuesto por representantes de las tres partes del tratado y facultado para adoptar declaraciones vinculantes relativas a éste.38 En dicha nota, la CLC declaró que el Art. 1105 del NAFTA establece el estándar de trato mínimo a extranjeros que contempla el derecho internacional consuetudinario, y que el TJE de esa disposición no exige un estándar que supere o vaya más allá del exigido por el derecho internacional.39 Mondev y decisiones posteriores en arbitrajes de inversión del NAFTA han aceptado la interpretación de la CLC sin mayor resistencia, reconociendo al mismo tiempo la naturaleza dinámica del estándar internacional.40 En relación al contenido actual del trato mínimo internacional, RDC adoptó expresamente la posición de Waste Management 241, similar a la elegida por la Corte Internacional de Justicia en ELSI42, que sigue a su vez a Neer: el estándar se infringe por conducta estatal arbitraria, gravemente injusta, discriminatoria o que conlleve una falta tal del debido proceso,

fecha 29 de junio de 2012. párrafos 216-7. 32 Comisión General Estadounidense-Mexicana de Reclamaciones: L. F. H. Neer y Pauline Neer (EE.UU.) c. México, Decisión de fecha 15 de octubre de 1926, párrafo 4. Disponible en Reports of International Arbitral Awards, 4, (Organización de las Naciones Unidas), 1926, 60. 33 Ver Paulsson, Jan, y Petrochilos, Georgios, Neer-ly Misled?, en ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 22/2, (Oxford University Press) 2007, 242, en pp. 242-5 y 247. Paul Neer era el administrador de una mina en el noroeste de México. En 1924, fue asesinado por un grupo de hombres armados. La investigación judicial interna que siguió no fue suficientemente “vigorosa y efectiva”, como reconoció más tarde el gobierno de ese país. No obstante, al aplicar el estándar antes descrito, la Comisión General Estadounidense-Mexicana de Reclamaciones concluyó que el poder judicial mexicano no había violado el derecho internacional. Ver Paulsson, Jan, y Petrochilos, Georgios, Neer-ly Misled?, en ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 22/2, (Oxford University Press) 2007, p 243-4. 34 Comisión General Estadounidense-Mexicana de Reclamaciones: Harry Roberts (EE.UU.) c. México, Decision de fecha 2 de noviembre de 1926, párrafo 15. Disponible en Reports of International Arbitral Awards, 4, (Organización de las Naciones Unidas), 1926, 77. Ver Paulsson, Jan, y Petrochilos, Georgios, Neer-ly Misled?, en ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 22/2, (Oxford University Press), 2007, 242, en pp. 245-7 & 253-7. Roberts se relaciona al maltrato en prisión de un nacional de EE.UU. en México. Ver Paulsson, Jan, y Petrochilos, Georgios, Neer-ly Misled?, en ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 22/2, (Oxford University Press) 2007, p 246.

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35 Ver Paulsson, Jan, y Petrochilos, Georgios, Neer-ly Misled?, en ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 22/2, (Oxford University Press) 2007, 257. 36 Ver Tribunal arbitral NAFTA (Feliciano, de Mestral y Lamm): ADF Group Inc. c. EE.UU., caso CIADI No. ARB(AF)/00/1, Laudo de fecha 9 de enero de 2003, párrafo 179. 37 Ver Tribunal arbitral NAFTA (Stephen, Crawford y Schwebel): Mondev International Ltd. c. EE.UU., caso CIADI No. ARB(AF)/99/2, Laudo de fecha 11 de octubre de 2002, párrafo 125. 38 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de fecha 29 de junio de 2012, párrafo 218. 39 Disponible en inglés en http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ topics-domaines/disp-diff/nafta-interpr.aspx?lang=eng (última visita el 15 de abril de 2013). 40 Ver, e.g., Schreuer, Christoph, “Fair and Equitable Treatment in Arbitral Practice”, en Journal of World Investment & Trade, 6/3, (Brill Publishers) 2205, 357, p. 363. 41 Ver Tribunal arbitral NAFTA (Crawford, Civiletti y Magallón): Waste Management, Inc. c. México, caso CIADI No. ARB(AF)/00/3, Laudo de fecha 30 de abril de 2004, párrafo 98. 42 Ver Corte Internacional de Justicia: Elettronica Sicula, S.p.A. (EE.UU. c. Italia), Sentencia de fecha 20 de julio de 1989, párrafo 128.

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que su resultado ofenda a la justicia procedimental.43 En la aplicación concreta de dicho estándar de trato mínimo internacional a los hechos del caso, el tribunal se centró en la inexistencia de bilateralidad de la audiencia y la excesiva discrecionalidad en el ejercicio del procedimiento que permitió al Presidente de la República de Guatemala declarar lesivo el contrato con el inversionista extranjero, por ser contrario a los intereses nacionales.44 Para el panel arbitral, el Estado anfitrión actuó de manera contradictoria e incoherente hacia el inversionista extranjero.

Su conducta fue, en las palabras de Waste Management 2 que el tribunal cita, “arbitraria y gravemente injusta”.45 Por este motivo, el laudo condenó a Guatemala al pago de una indemnización reparatoria del daño provocado a RDC.46

Conclusión

de solución de disputas de inversión del Capítulo 10 del CAFTA-DR. Esto es evidente no sólo en las escuetas menciones que hace el tribunal a importantes protecciones convencionales como el TJE, el trato nacional y la PSP, sino también lo es respecto del poco innovador razonamiento seguido por el tribunal en torno a las alegaciones de expropiación indirecta ilegal y de violación del trato mínimo internacional. En cuanto al derecho internacional de la expropiación, RDC reitera el principio del efecto privativo de la medida estatal en la propiedad del inversionista extranjero respectivo, pero no lo vincula con los factores de Penn Central que incluye el CAFTA-DR a través de su Anexo 10-C. RDC sí relaciona el principio del trato mínimo con el derecho internacional consuetudinario, reconociendo el carácter evolutivo de este estándar, aun cuando opta por una definición más apegada al canon tradicional de la protección de los extranjeros en el derecho internacional que a las interpretaciones contemporáneas del derecho internacional de la inversión. Con todo, este es un laudo que vale la pena tener en consideración, principalmente por el reconocimiento que hace el tribunal sobre la importancia del precedente blando o de facto de los arbitrajes de inversión provenientes de TBI y otros TLC. RDC pasa así a formar parte de esta colección de decisiones judiciales, integrando los laudos provenientes del Capítulo 10 del CAFTA-DR al desarrollo jurisprudencial del derecho internacional de la inversión.

La importancia de RDC es más bien anecdótica. Obviamente, para las partes en la controversia el laudo fue relevante. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho internacional de la inversión, vale decir para quienes se dedican académica o profesionalmente a esta área de la disciplina jurídica, RDC no pasa de ser el primer caso resuelto conforme al mecanismo 43 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de fecha 29 de junio de 2012, párrafo 219. 44 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de fecha 29 de junio de 2012., párrafos 220-1 & 233-5. 45 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de fecha 29 de junio de 2012., párrafo 235. 46 Ver Tribunal arbitral CAFTA-DR (Rigo, Eizenstat y Crawford): Railroad Development Corporation c. Guatemala, caso CIADI No. ARB/07/23, Laudo de fecha 29 de junio de 2012., párrafos 235, 259-81 & 283.

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