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OACNUDH Honduras

Parte II Observaciones de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el “Proyecto de Código Penal de Honduras”

Introducción La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) agradece el espacio de interlocución brindado por la Gerencia Legislativa del Congreso Nacional de la República y expresa cordialmente su total apertura para continuar con las actividades de asesoramiento técnico en materia de Derechos Humanos sobre el actual proyecto para el nuevo Código Penal de Honduras. El presente documento elaborado a partir del análisis inicial presentado por la OACNUDH en su reciente visita al Congreso Nacional, quiere servir de apoyo para ampliar y dar continuidad a las observaciones realizadas en torno a determinadas figuras delictivas que por su naturaleza puedan entrañar especial complejidad al estar en estrecha vinculación con límites al ejercicio de derechos fundamentales consagrados en la Constitución y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Desde el más absoluto respeto por la autonomía parlamentaria de la que goza el Congreso Nacional, la Oficina reconoce y apoya los significativos esfuerzos que se están realizando en el Poder legislativo Hondureño para presentar una propuesta sólida y respetuosa que garantice el goce y disfrute de los derechos de los y las hondureñas propios de un Estado de Derecho; es por ello que OACNUDH reitera su compromiso de seguir colaborando

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cercanamente con la Gerencia Legislativa del Congreso de la República así como junto con las Comisiones que participen en el presente proyecto de Código Penal.

Tabla de contenido Introducción ...................................................................................................................................................................... 0

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Prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas. Artículo 51 ................................ 2

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Pérdida de la nacionalidad (artículo 42) .................................................................................... 2

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Régimen excepcional de libertad condicional .......................................................................... 3

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Tortura. Artículo 215 ..................................................................................................................... 3

5

Tratos inhumanos por funcionario Público. Artículo 216......................................................... 4

6

Desaparición forzada de personas. Artículo 141 ....................................................................... 5

7

Usurpación. Artículo 375 ............................................................................................................. 6

8

Suspensión de la ciudadanía. Artículo 41 .................................................................................. 7

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Aborto. Artículo 195 ..................................................................................................................... 8

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Femicidio. Artículo 207 en lectura conjunta con el artículo 209 ........................................ 11

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Maltrato de Género. Artículo 208 ......................................................................................... 14

12

Reuniones y manifestaciones ilícitas. Artículo 555 .............................................................. 16

13

Delitos contra el Orden Público. Título XXX ........................................................................ 17

13.1

Atentado. Artículo 572 ................................................................................................................................. 18

13.2

Desobediencia. Artículo 574 ...................................................................................................................... 20

13.3

Perturbación al Orden y Desórdenes Públicos. Artículos 575 y 576 ........................................... 21

13.4

Falta de Alteración del orden público. Artículo 610.......................................................................... 23

14

Asociación terrorista. Artículo 588........................................................................................23

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1 Prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas. Artículo 51 La Propuesta contempla la posibilidad que el penado preste servicios a las víctimas, contribuyendo por ejemplo a reparar el daño, o prestando apoyo o asistencia. El párrafo 5 del artículo 51 indica que estos servicios “no se pueden imponer sin el consentimiento del penado”. La Oficina observa la necesidad de incluir como condición imprescindible la prestación del consentimiento de la víctima también, con el objetivo de velar por que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación que no revictimice las víctimas y cause un nuevo trauma. Una propuesta de redacción que incluya dicho requisito podría ser a través de la modificación del párrafo quinto del mencionado artículo: 5. Los servicios de utilidad pública o las víctimas no se pueden imponer sin el consentimiento del penado, deben respetar en todo caso su dignidad y éste debe gozar de la protección dispensada por la legislación penitenciaria en materia de seguridad social. En caso de la prestación de servicios a la víctima, además del consentimiento del penado se requerirá el consentimiento expreso de la víctima.

2 Pérdida de la nacionalidad (artículo 42) Los Estados tienen obligaciones relativas a garantizar el derecho a la nacionalidad, incluyendo l obligación de no privar una persona de su nacionalidad si esa privación resulta en la apátrida.1 La Oficina insta a que esta obligación sea reflejada en el artículo 42 del Proyecto, de forma que esta pena solo pueda ser dictada en contra de reos con doble o múltiple nacionalidad. Propuesta: “ La pérdida de nacionalidad supone la privación de la nacionalidad a los Hondureños que no lo sean de origen y la imposibilidad de obtenerla durante el tiempo de la condena. Esta pena solo se podrá imponer cuando el condenado tenga doble o múltiple nacionalidad.”

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Convención para reducir los casos de apatridia. Adoptada el 30 de agosto de 1961 por una Conferencia de Plenipotenciarios que se reunió en 1959 y nuevamente en 1961, en cumplimiento de la resolución 896 (IX) de la Asamblea General, de 4 de diciembre de 1954. Ratificada por el Estado de Honduras en 2012.

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3 Régimen excepcional de libertad condicional El artículo 83 del Proyecto contempla la posibilidad de conceder la libertad condicional a reclusos en una serie de casos enumerados y excepcionales. Destacan: 1) el motivo de edad, por personas mayores de 70 años; 2) el motivo de enfermedad muy grave y padecimientos incurables. No obstante, el precepto excluye del régimen las personas penadas por participación en un grupo delictivo organizado. La Oficina congratula el Proyecto por la iniciativa de incorporar canales para garantizar el derecho a un trato digno y humano a todas las personas detenidas o encarceladas.4 Sin embargo, la Oficina considera que a través de esta excepción se restringe de forma inadecuada el derecho a un trato digno y humano a la población reclusa por delitos de pertenencia a grupo delictivo organizado incumpliendo así los estándares internacionales en la materia. Por tanto la Oficina sugiere que el criterio de aplicación del régimen de libertad condicional excepcional por motivos humanitarios se base solo en la condición de salud y dignidad del reo sin exclusiones normativas basadas sobre la naturaleza del delito cometido.

4 Tortura. Artículo 215 1. El Proyecto de Código Penal señala que es requisito contar con el calificativo de “abusando de su cargo”; elemento que no contiene la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, los cuales el Estado hondureño ha ratificado y que podría añadir una innecesaria confusión traducida a problemas probatorios para los operadores de Justicia encargados de aplicar la ley. Por ello, de manera respetuosa se recomienda eliminar la frase “abusando de su cargo” proponiendo la siguiente redacción: 1. Comete tortura el funcionario o empleado público que, con el fin de obtener

una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que ha cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, o con cualquier otro fin, somete a ésta a condiciones o procedimientos que, por su naturaleza intimidatoria o coactiva, le 3


ocasiona sufrimientos, una situación de humillación, o la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión. 2. El culpable de tortura debe ser castigado con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años e inhabilitación absoluta de quince (15) a veinte (20) años. 3. Con las mismas penas debe ser castigado el funcionario o empleado público de establecimientos penitenciarios o de centros de protección o internamiento de la niñez infractora que comete, respecto de internos, detenidos o condenados, los actos descritos en el numeral primero. 4. Las penas previstas en los numerales 2 y 3 se deben imponer al funcionario o empleado público que, faltando a los deberes de su cargo, permite que otras personas ejecuten los hechos descritos en el numeral primero. 5. La pena de prisión debe ser aumentada en un tercio (1/3) cuando la víctima es menor de dieciocho (18) años, mujer embarazada, persona de avanzada edad o discapacitada. 6. Cuando el delito de tortura sea cometido por particulares con la aquiescencia o a instigación de la autoridad, empleado o funcionario público, se disminuirá la pena de prisión en un tercio (1/3).

5 Tratos inhumanos por funcionario Público. Artículo 216 De igual manera, y para respetar la coherencia de todo el proyecto del Código Penal, es importante que señalar que el requisito de que el funcionario abusó de su cargo para cometer malos tratos no es necesario que se establezca dentro de este tipo penal, ya que no es un requisito que se exija en las Convenciones Internacionales en materia de tortura y malos tratos. Otro elemento importante a considerar es el que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha dejado claro en su jurisprudencia que “en comparación con la tortura, los malos tratos difieren en la gravedad del dolor y el sufrimiento y no requieren la prueba de fines inaceptables. El Comité destaca que sería una violación de la Convención enjuiciar como malos

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tratos conductas en las que también están presentes los elementos constitutivos de tortura”. 2 En tal sentido, siguiendo los estándares internacionales se propone la siguiente redacción modificando levemente el inciso 1 del artículo: 1. Comete el delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes el funcionario público que en el ejercicio de su cargo que causa un menoscabo a la integridad moral de una persona sin que sea tortura en razón de su menor gravedad y alcance de los daños producidos. 2. El culpable de tratos inhumanos debe ser castigado con las penas de prisión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación absoluta de (10) a quince (15) años. 3. Las penas previstas en el numeral anterior se deben imponer al funcionario o empleado público que, faltando a los deberes de su cargo, permite que otras personas ejecuten los hechos descritos en el numeral primer.

6 Desaparición forzada de personas. Artículo 141 Igualmente la definición de la desaparición forzada de personas, no se exige el elemento del abuso de sus funciones por parte de los funcionarios públicos del Estado. La definición de desaparición forzada vigente en el Código Penal, conforme a la Convención, contempla que este delito se dé también a mano de “personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. La propuesta de Código, sin embargo, solo contempla la situación que el particular actúe “bajo la autorización o con apoyo del Estado o de sus autoridades o agentes”, sin referirse explícitamente a las situaciones en las que la conducta se den con aquiescencia. 
 La inclusión de la noción de aquiescencia es importante para reafirmar la responsabilidad del Estado de ejercer una debida diligencia para prevenir, prohibir y castigar la conducta violatoria de los particulares. Desde esta perspectiva, bajo la noción de “aquiescencia” se incluirían supuestos de comisión por omisión por parte de los agentes del Estado, sin la necesidad de 2

Comité contra la Tortura. Observación General 2. Aplicación del artículo 2 por los Estados

Partes. CAT/C/GC/2, 24 de enero de 2008. párr. 10.

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demostrar la existencia de una relación de dirección, dependencia o cooperación entre Estado y particulares. Por todo lo anterior, de manera respetuosa se sugiere: 1) Invertir de forma simbólica el orden de los sujetos activos, poniendo en primer lugar los funcionarios públicos y agentes del Estado. Y, en segundo lugar, el particular que cuente con la autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades, con el fin de enfatizar que por su naturaleza se trata de un delito especial caracterizado por el sujeto activo que lo diferencia de otras conductas típicas como el secuestro. 2) Incorporar a la redacción el elemento de la aquiescencia ya que implica conductas de carácter pasivo de permisibilidad y tolerancia. A modo de ejemplo, se sugiere una redacción como la siguiente: “Comete el delito de desaparición forzada de personas, y debe ser castigado con las penas de (quince) 15 a veinte (20) años de prisión, el funcionario público o agente del Estado, así como el particular que actuando con la autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades o agentes del Estado, priva de libertad a una persona ocultando de cualquier modo su situación de detención o paradero”. 2. Cuando el hecho es realizado por un funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones, se impone, además, la pena de inhabilitación absoluta de quince (15) a veinte (20) años.

7 Usurpación. Artículo 375 El delito de Usurpación, tal y como está redactado en el Proyecto del Código Penal, establece que la acción delictiva se configura con el despojo, ocupación o la privación de un derecho real legítimo mediante violencia o intimidación en las personas. No obstante, dicha configuración carece de los elementos subjetivos definitorios inherentes al tipo penal relativos a la intención del autor, que caracterizan la naturaleza de dicho delito y su correcta aplicación. Esta ausencia podría provocar poner en riesgo el ejercicio del derecho

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legítimo a la protesta, especialmente en contexto de toma de instalaciones o espacios públicos durante manifestaciones sociales. Del siguiente modo según la doctrina penal reconocida a nivel internacional en línea con la jurisprudencia de los Tribunales Hondureños3, no constituiría usurpación la mera ocupación de un lugar, incluso cuando ésta sea ilegítima. La aplicación de este tipo penal requiere que concurra la intencionalidad del autor de apropiarse del lugar, es decir, permanecer en el lugar con la intención de incorporar dicho inmueble o espacio público a su peculio o patrimonio personal. En este sentido, la OACNUDH, con el debido respeto a la potestad legislativa y dando cumplimiento a su mandato de prestar asesoría técnica a los poderes estatales en materia de Derechos Humanos, sugiere el reforzamiento de este tipo penal y realiza, a modo de ejemplo, la siguiente propuesta de redacción que incorpora el elemento de intencionalidad dolosa: 1. Quien, con violencia o intimidación en las personas, ocupa un bien inmueble o despoje un derecho real inmobiliario ajeno con el ánimo manifiesto de poseer y permanecer en él para su apropiación, debe ser castigado con la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años, sin perjuicio de la imposición de las penas que correspondan por la violencia ejercida.

8 Suspensión de la ciudadanía. Artículo 41 Consagrado en el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el derecho de todo/a ciudadano/a a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegido/a y el derecho a tener a acceso a la función pública se consideran derechos fundamentales que por su significativa trascendencia los Estados tienen la obligación de promover, respetar y no obstaculizar. Según resaltó el Comité de Derechos Humanos de Naciones en su comentario general nº 25 (57) “cualquiera de las condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos amparados por el artículo 25 deberán basarse en criterios objetivos y razonables”. Así mismo, la Comisión Interamericana, siguiendo de cerca la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció la pertinencia de establecer justificación suficiente, objetiva y razonable para que las limitaciones al Derecho a la Ciudadanía se ajustasen al marco internacional de los 3

Corte de Apelaciones Penal San Pedro Sula Exp.0501-2015-00652 NCPP de 30 de marzo de 2016

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Derechos Humanos dentro del respeto y reconocimiento al grado de autonomía del que gozan los Estados.4 A la luz del derecho comparado y otras prácticas internacionales, se contempla la posibilidad de adecuar la imposición de la suspensión de la ciudadanía basandose en criterios de proporcionalidad y necesidad en relación al tipo de conducta típica realizada por el autor y su gravedad. En coherencia con dicha lógica, respetuosamente se sugiere que se considere opción de amortiguar la aplicación automática de la suspensión de todos los derechos vinculados a la ciudadanía incorporando al artículo 571 la siguiente propuesta de clausula: El Juez motivará y fundamentará en el momento de la individualización de la pena si procede la suspensión del sufragio activo y pasivo o únicamente uno de los dos, basándose en criterios objetivos y razonables que guardarán la debida proporción con el delito y la condena.

9 Aborto. Artículo 195 La Constitución de la República de Honduras en su artículo 60 establece la cláusula pétrea de no discriminación y de una política de persecución punible cuando se dé “toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana”. Sobre este importante derecho fundamental para las mujeres hondureñas, el sistema de Naciones Unidas ha reiterado expresamente la necesidad que los estados miembros adopten legislación que lo despenalice el aborto considerando que el acceso al aborto es una cuestión de Derechos Humanos. El Comité́ para la eliminación de la discriminación contra la mujer, en alusión al aborto ha señalado que: “La negativa de (...) la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria.”5 El Comité de Derechos Humanos manifiesta interés en las medidas adoptadas por los Estados Partes “para ayudar a la mujer a prevenir embarazos no deseados y para que no tengan que recurrir a abortos 4

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1999). Caso 11.863, párrafo 102. Y (2003) Caso 11.204, párrafo 90. 5 Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, Recomendación General No. 24, párr. 11.

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clandestinos que pongan en peligro su vida”.6 En este sentido, las estadísticas señalan que los países donde el aborto está totalmente criminalizado presentan mayores y preocupantes cifras de muerte entre mujeres por la práctica de abortos clandestinos y falta de acceso a recursos médicos fiables y seguros. En materia de violación o incesto y supuestos terapéuticos, el Comité CEDAW ha señalado expresamente, en base a jurisprudencia y posicionamientos de los órganos creados en virtud de tratados, que negar el acceso al aborto a las mujeres cuando existe una amenaza a la vida o salud de la mujer, o cuando el embarazo es el resultado de una violación o de incesto, viola los derechos a la salud7 así como puede llegar a constituir tratos crueles e inhumanos o, incluso tortura. La inclusión de la despenalización de las tres causales mencionadas es una práctica común en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo. A nivel mundial únicamente cuatro países contemplan la prohibición absoluta del aborto. Honduras forma parte de esta lista contradiciendo los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos. A la luz del Derecho comparado, la regulación respecto al aborto adopta diferentes sistemas. Encontramos países que, desde una perspectiva garantista, no penalizan de ninguna forma el aborto hasta las 12 semanas del embarazo, como sucede en la Ciudad de México8 y Canadá9, 14 semanas como es el caso de España o hasta las 18 semanas en Hungría cuando una mujer sea incapaz y no se tuvo conocimiento por error médico.

Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 28, párr. 11 (2000). El Comité ha reiterado esta preocupación en sus observaciones finales sobre los informes de algunos Estados Partes durante los últimos años. Véanse, por ejemplo, sus Observaciones sobre los informes de Argentina y Perú, A/56/ 40, párrs. 14 y 20, pp. 32 y 40, respectivamente. 7 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, L.C. v. Perú, CEDAW/C/50/D/22/2009, párr. 8.15. 8 ARTÍCULO 144. Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. ARTÍCULO 145. Se impondrá de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado. Al que hiciere abortar a una mujer, con el consentimiento de ésta, se le impondrá de uno a tres años de prisión. 9 Canada: sección 251 de su Código Penal que “es libre la decisión de la mujer de abortar durante el primer trimestre de embarazo. El aborto debe ser posible, aún después del primer trimestre, cuando la vida o la salud de la mujer se encuentren en peligro de continuar el embarazo. 6

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No obstante, la tendecia común es al menos10, considerar lícito el aborto cuando: 1) Corre riesgo la vida de la madre 2) Inviabilidad o grave enfermedad o malformación del feto 3) Cuando es producto de un acto criminal como la violación o el incesto.

Alemania

Hungría

España

Es posible acceder a un aborto lícito en el primer trimestre de embarazo por: 1. Circunstancias médicas; 2. circunstancias eugenésicas; 3. Circunstancias penales; 4. Circunstancias sociales: siempre que se cumpla con una consejería previa y un período de espera de tres días. Ambos trámites deber ser certificados. Es posible acceder a un aborto lícito en el primer trimestre de embarazo por: 1. Amenaza a la salud de la mujer; 2. Probabilidad de serio defecto o daño del feto; 3. Embarazo es producto de un acto criminal. La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo permite el aborto libre en las 14 primeras semanas; dentro de las 22 semanas si existe "grave riesgo para la vida o salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto"; y en cualquier momento si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida (...) o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable.

Finalmente acogemos de forma positiva que la actual política de salud sexual y reproductiva en su página 42 contemple “elaborar una propuesta de reformas al Código Penal sobre las circunstancias sobre las que se puede practicar el aborto terapéutico”. Es esta misma línea consideramos relevante señalar las recomendaciones realizadas en el EPU 2007 al Estado de Honduras

donde se instó a alinear el Código Penal con el Código de Ética Médica

recomendando legalizar el aborto en caso de violación e incesto así como otras

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También existen países más tolerantes con el aborto donde se amplían las garantías del derecho a la integridad física y moral de la mujer contemplando supuestos de aborto lícito en atención a la salud mental de la mujer, así como también por razones económicas o sociales.

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recomendaciones realizadas al Estado de Honduras donde también se manifestaron preocupaciones sobre la no inclusión de causales de aborto lícito en la legislación penal. La Oficina reitera esta grave preocupación y remarca la importancia, en el marco de la adopción de un nuevo Código Penal, de hacer eco de estas recomendaciones internacionales y establecer una legislación penal en sintonía con los estándares internacionales y respetuosa con los derechos sexuales, reproductivos, la integridad física y moral de la mujer así como su derecho a acceso a la salud.11

10 Femicidio. Artículo 207 en lectura conjunta con el artículo 209 La OACNUDH apoya la inclusión del tipo penal de Femicidio como forma de visualizar una respuesta estatal de carácter penal ante la grave problemática estructural de las mujeres que pierden la vida al ser víctimas de la violencia de género, por odio o menosprecio por su condición de mujer y otras conductas misóginas. Atendiendo al Derecho Comparado y la Convención de Belém do Pará (MESECVI) 12 la propuesta de redacción del tipo penal cumpliría con elementos básicos apropiados que configuran el tipo penal. No obstante, cabría la posibilidad de plantearse un fortalecimiento del tipo a través de: -

Incorporar en el tipo de femicidio la comisión por omisión del funcionario público y eliminar la expresión “que actúa con abusos de sus funciones” de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.

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OACNUDH, Serie de Derechos Sexuales y Reproductivos: Aborto. Página 4. “Los estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos de las mujeres en relación a los servicios de aborto: 1) RESPETAR Los Estados deben eliminar las disposiciones legales que castigan a las mujeres que se han sometido a un aborto o a los médicos que ofrecen estos servicios. 2) PROTEGER Los Estados deben organizar su sistema de salud para garantizar que el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud no impida a las mujeres el acceso a servicios de salud. Por ejemplo, en lugares donde el aborto es legal, si un médico se niega a realizarlo, el sistema de salud debe derivar a la mujer a un servicio de atención médica alternativo. 3)CUMPLIR Los Estados deben tomar medidas para asegurar el acceso de las mujeres a servicios de atención médica adecuados y “eliminar esos obstáculos que se oponen a la prestación de servicios de aborto y que obligan a las mujeres a recurrir a abortos en condiciones de riesgo, incluida la eliminación de los retrasos inaceptables en la prestación de atención médica” 12

MESECVI 15 de Agosto de 2008.

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Realizar un mayor desarrollo taxativo del artículo 209 el cual contiene la definición de “relaciones desiguales de poder basadas en género.” Esto ayudaría a favorecer una mayor comprensión y adecuada identificación y aplicación del tipo penal entre los operadores jurídicos, tengan o no formación específica en género. Dicha revisión, así mismo también resultaría positiva en términos de favorecer el principio de seguridad jurídica, el futuro desarrollo jurisprudencial a falta de órganos jurisdiccionales en Honduras especializados en femicidio y a dar cumplimiento a las obligaciones de los Estados de “eliminar todos los obstáculos de iure y de facto que impidan la debida investigación de los hechos relacionados con las muertes violentas de mujeres y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales”13.

La OACNUDH ofrece ejemplos sobre cómo se ha tipificado en otras legislaciones14 ; también ofrece una posible definición reforzada de los artículos 207 y 209 a la luz de los estándares que incorpora el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (Protocolo de Femicidio/Feminicidio): Definición del PCP

“A efectos de este título, y atendidas las circunstancias del hecho, se entiende por relaciones desiguales de poder basadas en género, la instrumentalización de la mujer que reproduce una situación de sometimiento, inferioridad o Artículo subordinación al hombre por la condición de ser mujer, cualquiera que sea el 209 ámbito y contexto en el que se cometa el hecho o la vinculación existente entre el autor y la víctima” Definición “A efectos de este título, y atendidas las circunstancias del hecho, se entiende del artículo por relaciones desiguales de poder basadas en género, la instrumentalización 209 de la mujer que reproduce una situación de sometimiento, inferioridad o sugerida subordinación al hombre por la condición de ser mujer, cualquiera que sea el OACNUDH ámbito y contexto en el que se cometa el hecho o la vinculación existente entre Artículo el autor y la víctima cualquiera que sea el ámbito o contexto en el que tenga 209 lugar, dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal o comunidad; ya sea cometida por parte de cualquier persona o que perpetrada o tolerada por agentes del Estado.Dado que las relaciones de género se configuran socialmente la característica distintiva reside en la influencia de las condiciones socioculturales que ocurren este tipo de crímenes, por lo que deben ser interpretados en contextos más amplios que el individual.” 13

Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (Protocolo de Femicidio/Feminicidio), página 4 14 Un estudio pormenorizado sobre la tipificación del delito de Femicidio en Derecho comparado de América Latina puede encontrarse en el siguiente link: http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf

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Artículo 207 femicidio del PCP

1. Comete delito de femicidio quien mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder basadas en el género. El delito de femicidio debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. 2. La pena debe ser prisión de veinticinco (25) a treinta (30) años cuando concurra cualquiera de las circunstancias del delito de asesinato. 3. Cuando el hecho se comete por funcionario o empleado público que actúa con abuso de sus funciones, se debe imponer, además, la pena de inhabilitación absoluta por quince (15) a veinte (20) años. 4. El delito de femicidio se castigará sin perjuicio de las penas que correspondan por los atentados cometidos contra la integridad moral, libertad ambulatoria, libertad sexual, patrimonio o el cadáver de la mujer.

Artículo 207 femicidio sugerido por OACNUDH

1. Comete delito de femicidio quien mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder basadas en el género. El delito de femicidio debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años cuando concurran una o varias de las circunstancias siguientes: 1) Cuando el sujeto activo del delito mantenga o haya mantenido con la víctima una relación de pareja, ya sea matrimonial, de hecho, unión libre o cualquier otra relación afín en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación íntima o sentimental; 2) Cuando el delito esté precedido de actos de violencia doméstica intrafamiliar, exista o no antecedente de denuncia; 3) Cuando el delito este precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o persecución de cualquier naturaleza; 4) Cuando el delito se comete con odio o cuando se hayan infligido lesionados infamante, degradante o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida; 5) Cuando el delito se comete en situaciones de conflicto armado como estrategia de guerra, opresión o conflicto étnico; 6) Cuando el delito se comete en relación al pago de una dote;

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7) Cuando el delito se comete en relación a la identidad de género y con la orientación sexual (femicidio lesbofóbico); 8) Cuando el delito se comete vinculado al infanticidio femenino y la selección de sexo; 9) Cuando el delito se comete con prácticas dañinas tales como la mutilación genital femenina u otras; 10) Cuando el delito se cometa motivado por la condición de prostituta de la víctima o por otras ocupaciones estigmatizadas. 11) Cuando el delito se comete por otros actos violentos u omisiones deliberadas o negligentes que estén o hayan estado vinculadas a relaciones desiguales de poder basadas en género. 2. La pena debe ser prisión de veinticinco (25) a treinta (30) años cuando concurra cualquiera de las circunstancias del delito de asesinato. 3. Cuando el hecho esté cometido o permitido por un funcionario o empleado público se debe imponer además, la pena de inhabilitación absoluta por quince (15) a veinte (20) años. 4. El delito de femicidio se castigará sin perjuicio de las penas que correspondan por los atentados cometidos contra la integridad moral, libertad ambulatoria, libertad sexual, patrimonio o el cadáver de la mujer.

11 Maltrato de Género. Artículo 208 Es importante señalar que el maltrato de género se entiende como un fenómeno progresivo y mayoritariamente habitual especialmente en ciertos contextos como los familiares y laborales, según se ha reconocido en diferentes pronunciamientos internacionales. En este sentido, establecer la diferenciación entre ejercer ocasionalmente o habitualmente violencia o maltrato por razones de género puede llegar a no ser una fórmula del todo apropiada para el reconocimiento del fenómeno de ciclo y escalada de la violencia que sufren las víctimas de este delito de maltrato de género. En este sentido la Relatora Especial de la ONU ha señalado que la violencia contra la mujer se produce porque se permite que prosperen otras formas de discriminación, existiendo en Honduras un clima de alarmante impunidad tal y como se aprecia de la desproporcionalidad en cuanto al número de denuncias y sentencias condenatorias. Cifras dadas a la Relatora 14


Especial sobre la violencia contra la Mujer en su visita a Honduras en 2014 indicarían que Ministerio Público había recibido más de 16.000 denuncias de violencia contra mujeres. Aproximadamente, el 74,6% de las denuncias [totales que se recibían] se referían a violencia doméstica y violencia intrafamiliar y [que tan solo]134 fallos condenatorios. La mantener la diferenciación entre ocasionalmente y habitualmente que recoge el presente artículo en el Proyecto de Código puede generar poner en un mayor riesgo de que se repita de manera reiterada el maltrato. De acuerdo con la Relatora Especial la violencia por razones de género traspasa los ámbitos públicos y privados y abarca desde formas de violencia íntima e interpersonal hasta formas estructurales, sistemáticas e institucionales de la violencia. Un enfoque holístico para comprender la violencia requiere que la violencia contra la mujer se sitúe en un continuo a fin de captar las diversas formas y aspectos que adopta. De acuerdo a las razones anteriormente descritas se propone la siguiente redacción: Propuesta: Maltrato de género. 1. Quien en el marco de relaciones desiguales de poder basadas en el género ejerce violencia física o psíquica sobre una mujer, debe ser castigado con las penas de prisión de uno (2) a dos (4) cuatro años y multa de cien (100) a trescientos (300) días o prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas por el mismo tiempo. 2. Se agravará en un tercio (1/3) la pena cuando el maltrato se realiza: a) Sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad o discapacitada necesitada de especial protección; b) En presencia de menores; c) Utilizando armas o instrumentos peligrosos: d) En el domicilio de la víctima; o e) Incumpliendo los mecanismos de protección aplicados en base a la legislación contra la violencia de género. En el caso de concurrir dos o más de las circunstancias anteriores, se debe imponer la pena superior en dos tercios (2/3). Lo dispuesto en este artículo se aplicará salvo que el hecho esté castigado con mayor pena en otra disposición de este Código.

A modo de resumen, se expone respetuosamente los cambios sugeridos:

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Eliminar la palabra “ocasionalmente” en el inciso 1 y únicamente mantener las penas anteriormente recogidas para maltrato habitual.

El segundo inciso no sufre modificaciones

El tercer inciso se elimina en su totalidad, dejando el último párrafo únicamente.

12 Reuniones y manifestaciones ilícitas. Artículo 555 El artículo 555 establece el delito de “reuniones y manifestaciones ilícitas” en la acción típica de promover, presidir, dirigir o participar en reuniones y manifestaciones ilícitas. En este sentido el artículo establece que se considerará reunión y manifestación ilícita aquella que se convoque para cometer delitos (sin especificar cuáles) y cuando sus participantes porten armas de fuego, explosivos u otros objetos igualmente peligrosos. La oficina expresa sus reservas en consideración a la amplia formulación y vaguedad de los elementos que configuran el tipo penal. Tal y como está formulado este precepto, la falta de concreción pone en riesgo principio de legalidad de las leyes penales así como del principio de seguridad jurídica y podría implicar consecuencias graves de restricción del ejercicio legítimo de derechos fundamentales tales como el de reunión, manifestación, participación política y libertad de expresión a través del efecto de la disuasión por potencial criminalización. Para limitar las conductas y restringir el margen de discrecionalidad e interpretación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como de los operadores de justicia, respetuosamente se sugiere incluir un mayor número de elementos configuradores, incluyendo: 1) Restringir los supuestos y circunstancias bajo los que se considerará manifestación o reunión ilícita 1) elevar el estándar a delitos graves 2) Reforzar el grado de participación u autoría requerido Con efectos ilustrativos, se sugiere considerar la siguiente propuesta de redacción15:

15

Basada en resoluciones y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de España; eg. STC 96/2010, de 5 de noviembre; STC 301/2006, de 23 de octubre, La STC 66/1995, de 8 de mayo.

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1. Son reuniones o manifestaciones ilícitas: a) Las que se convocan con la finalidad de cometer delitos graves y

violaciones de derechos protegidos de carácter fundamental; y b) Aquellas a las que concurren sus participantes portando armas de fuego, artefactos explosivos u otros objetos igualmente peligrosos;

2. Para que concurra el supuesto a), será necesario que existiera una planificación del supuesto delito. Para que concurra el supuesto b) se exige que sean los promotores o asistentes los que lleven las armas u objetos, no personas ajenas a la reunión o manifestación. 2. Quienes promueven, dirigen o presiden las reuniones o manifestaciones a las que se refiere el numeral anterior, deben ser castigados con la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. Los meros intervinientes en aquéllas deben ser castigados con la pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a doscientos (200) días. 3. Las penas anteriores se deben imponer sin perjuicio de las que correspondan por los concretos delitos que se puedan cometer.

13 Delitos contra el Orden Público. Título XXX Los tipos penales que se establecen en tutela al orden público deben de atender al concepto de orden público definido en el marco de un sistema democrático. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha señalado que el orden público en clave democrática se debe entender como

“las condiciones que aseguran el funcionamiento

armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”16. Los estándares internacionales señalan que cuando algún derecho se debe restringir a la luz de la protección del orden público, la seguridad, la salud o de la moral públicas o la protección 16

Corte I.D.H., La colegiación obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva 0C-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, No. 5, párrafo 64.

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de derechos y libertades de los demás estas restricciones deben poseer un fundamento jurídico (estar “prescrita por la ley”, lo que implica que la ley debe ser accesible y estar formulada con la suficiente precisión) y “ser necesaria en una sociedad democrática”, además deben “demostrar su necesidad y adoptar únicamente las medidas que resulten proporcionales a la consecución de los legítimos objetivos para lograr una protección constante y eficaz de los derechos del Pacto”17. En atención a las conductas típicas del presente capítulo será necesario analizar el elemento típico de las mismas a la luz de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, con la finalidad de verificar que las mismas sean orientadas al mantenimiento del orden público de acuerdo a los requerimientos de una sociedad democrática.

13.1 Atentado. Artículo 572 En atención a los elementos del tipo penal de los delitos establecidos en el Capítulo de Delitos contra el Orden Público, la Oficina sugiere que se adecuen los tipos penales y se desarrolle la definición de autoridad (que no se encuentra reflejada en la actual propuesta de código Penal) así como la de funcionario público (que si bien se encuentra definida podría perfilarse una definición más precisa). En ese sentido, se propone incluir las definiciones que a la luz de la legislación comparada prevé el Código Penal Español: Artículo 24 Código Penal Español: Definición de Autoridad: A los efectos penales, se entenderá como autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. Definición de Funcionario Público: Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.

17

Comité de Derechos Humanos. Observación General no. 31 sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta (2004)

18


En lo que corresponde concretamente al delito de Atentando, se recomienda mantener los elementos del tipo que establece el proyecto de código, que a diferencia del código penal vigente incorpora la resistencia grave (de forma activa) lo que permitiría excluir la resistencia pacífica o desobediencia civil del ámbito penal y adicionar en los elementos del tipo la finalidad de la acción, a la luz de la legislación comparada y el respeto al principio de legalidad que los estándares internacionales establecen. Observando el Código Penal Costarricense, en atención a la finalidad de la acción, establece el tipo penal de atentado: “Será reprimido con prisión de un mes a tres años el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público para imponerle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.” En ese sentido, se recomienda incorporar como elementos del tipo penal, la finalidad de “imponerle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones a la autoridad o funcionario público”. En relación a la pena, se recomienda, a la luz del Código Penal vigente, mantener la pena de reclusión únicamente cuando concurran los elementos que el proyecto del Código agrava: 1. Se verifica con violencia y portación de armas de fuego, artefactos explosivos u otros objetos igualmente peligrosos. 2. Prevaliéndose el culpable del ejercicio de funciones públicas. En lo que corresponde, a la duración de la pena de prisión, atendiendo a la legislación comparada (Costa Rica y Uruguay) donde la pena máxima no excede de tres años de reclusión, se observa que la pena que presenta el proyecto del Código resulta muy grave, pudiéndose llegar a fijar la pena máxima en ocho (8) años, cuando se incrementa en un tercio en los supuestos que el proyecto de Código agrava. En ese sentido, se recomienda mantener la pena establecida en el Código Penal vigente de uno (1) a tres (3) años de reclusión. Redacción propuesta de Artículo 572. Atentado Quien acomete a autoridades o funcionarios públicos, los intimida gravemente o hace resistencia activa grave contra ellos, cuando están en el ejercicio de las funciones de su cargo o como consecuencia del mismo, con la finalidad de que se abstengan del desempeño legítimo de sus funciones, debe ser castigado como autor de un delito de atentado con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años. En supuestos anteriores si el atentado se verifica con armas de fuego, artefactos explosivos o prevaleciéndose el culpable del ejercicio de funciones públicas, las penas deben ser incrementadas en un tercio (1/3). 19


Propuesta de definición e inclusión de Disposición Común al Título XXX A los efectos penales , se entenderá como autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.

13.2 Desobediencia. Artículo 574 En atención a las debilidades que la conformación del tipo penal presenta de acuerdo al principio de legalidad, se requiere que se fije taxativamente cuales serían las conductas cuya falta de cumplimiento harían incurrir en el delito de desobediencia, ya que se observa una vaguedad en la definición del tipo de órdenes. En ese sentido, a la luz de la legislación comparada costarricense se recomienda que se sustituya el verbo rector “desobedecer” por la acción de “quién no cumpla órdenes legítimas en todos sus extremos”. En relación al tipo de ordenes cuyo incumplimiento será punible, se debe considerar a la luz de los principios que los estándares internacionales fijan, las órdenes necesarias, cuyo incumplimiento implique una grave afectación a la protección de la seguridad nacional, seguridad u orden público, la salud o moral públicas o el respeto a los derechos de los demás. En el mismo sentido que el delito de atentado, se considera que en atención al principio de legalidad es necesario definir a quienes se consideran como autoridad y funcionario público, tomando dichas nociones del Código penal español. La redacción del delito de igual manera, permitiría tipificar conductas como la resistencia pasiva, o puramente defensiva o neutralizadora. En ese sentido y atendiendo siempre al principio de taxatividad, se recomienda establecer expresamente que estas conductas estarían excluidas del tipo penal. Redacción Propuesta: Quién, sin estar comprendido en el artículo anterior, no cumpla órdenes legítimas en todos sus extremos, consideradas graves en atención a la 20


afectación que puedan generar a las necesidades de justicia, seguridad, salud y el respeto a los derechos de los demás, emanadas de autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones, será castigado con una pena de prisión de seis meses (6) a un (1) año. A los efectos penales, se entenderá como autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Se excluyen del tipo penal las conductas que se refieran a la resistencia pasiva, o puramente defensiva o neutralizadora.

13.3 Perturbación al Orden y Desórdenes Públicos. Artículos 575 y 576 En atención a los elementos del tipo de estos dos delitos se recomienda suprimir el tipo penal de perturbación al orden público, ya que en atención a la legislación comparada, los elementos que el tipo penal presenta corresponden o se asemejan más al tipo de “desordenes públicos”. En ese sentido, se recomienda que los supuestos establecidos en el tipo de desórdenes públicos, correspondientes a las amenazas, quedarían incluidos con penas de multas. En el mismo sentido a los anteriores tipos penales (atentado y desobediencia), el delito de perturbación al orden, violenta el principio de legalidad al no establecer taxativamente que conductas se consideran punibles por perturbar el orden público, ni definir la finalidad de la comisión de la perturbación. Se recomienda, en relación al numeral 1) establecer expresamente las conductas punibles. Atendiendo a la legislación comparada, española, se podría definir perturbar, como ejecutar actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas o causando grave peligro para integridad de las personas o a la integridad de bienes públicos o privados con la finalidad de alterar la paz pública. Se considera, que no es necesario detallar una serie de conductas punibles como ser: producir daños, obstaculizar las vías públicas con peligro grave para quienes por ellas circulan, o invadir 21


instalaciones o edificios, ya que estas quedarían subsumidas dentro de los elementos del tipo ya descritos. De igual manera, en caso que dichas conductas configuren por sí mismas, otros delitos, por ejemplo daños o lesiones, siendo las conductas típicas mediantes las cuales se llevó a cabo la perturbación, las mismas serían valoradas a la luz de un concurso ideal según lo dispuesto en el artículo 68 del referido proyecto de Código penal, encontrándose. Ya se encuentran ya salvaguardados los bienes jurídicos protegidos. En lo que referente a la pena, se recomienda establecer únicamente la pena de multa, ya que las conductas típicas mediantes las cuales se llevó a cabo la perturbación- en concurso(lesiones, daños) ya establecen por sí mismas penas de prisión. De igual manera, a la luz de legislación comparada, por ejemplo la legislación costarricense, para dicha conducta típica se establece la pena de multa. Redacción propuesta: Desórdenes Públicos Quienes actuando en grupo alteran la paz pública, ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas o causando grave peligro para integridad de las personas o a la integridad de bienes públicos o privados, serán castigados con pena de multa de cien (100) a doscientos (200) días, sin perjuicio de las penas que corresponda por los otros delitos cometidos con ocasión de la perturbación. Se aplicará la misma pena de multa a: 1.) Quién mediante violencia o intimidación atemoriza a una población o parte de ésta. Si se crea un grave peligro para la vida, la salud de las personas o el patrimonio, la pena de multa a imponer se incrementará en un tercio (1/3), salvo que los hechos estén castigados con pena más grave en otras disposiciones de este Código. 2. Quien públicamente difunde noticias o rumores falsos que atemoricen a la población o parte de ésta, y de este modo cree un peligro para la vida, la salud de las personas o el patrimonio, salvo que los hechos estén castigados con pena más grave en otras disposiciones de este Código.

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En relación al numeral 2) del referido artículo que establece: “Deben ser castigados con la pena de multa prevista en el numeral anterior quienes perturban gravemente el orden en un Tribunal o Juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en oficina o establecimiento públicos, en centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales”, se recomienda trasladar dicha acción a la sección de faltas, incorporándola en la falta de alteración del orden público tipificada en el artículo 608, graduando la cuantía de la multa según la gravedad de la falta. De igual manera se recomienda que, en el mismo sentido, el delito anterior, se sustituya el verbo rector de “perturbar” gravemente por “alterar el orden mediante actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas”.

13.4 Falta de Alteración del orden público. Artículo 610 Quienes alteran levemente el orden de un Tribunal, o la celebración de actos públicos, espectáculos deportivos o culturales o reuniones numerosas, deben ser castigados con la pena de multa de veinte (20) a cuarenta (40) días. Deben ser castigados con la pena de multa de cuarenta (40) a ochenta (80) días quienes alteran el orden gravemente, mediante actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas en un Tribunal o Juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en oficina o establecimiento públicos, en centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales.

14 Asociación terrorista. Artículo 588 En continuidad con lo expuesto en el documento previamente facilitado por esta Oficina, donde se señalaban las reservas de la Oficina con respecto a la utilización de tipos penales vagos y excesivamente amplios, se considera que la adopción del tipo penal de la Propuesta del Código Penal podría vulnerar el principio de legalidad y seguridad jurídica conforme a la actual redacción que recoge el Proyecto de Código Penal. La Oficina sugiere respetuosamente la siguiente doble propuesta:

23


-

En primer lugar, la sugerencia de incorporar al proyecto de ley una definición penal de terrorismo que recoja los principales elementos configuradores de terrorismo reconocidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, relatores especiales y Tratados y Convenciones contra el terrorismo. Dicha disposición de manera transversal al Título aportaría mayores elementos de jucio e interpretación a los operadores jurídicos a la hora de aplicar delitos tan graves.

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Y en segundo lugar, se ofrece a prestar asistencia técnica-legal para reflejar las Convenciones y Protocolos ratificados por Honduras (13 hasta la fecha) en materia de lucha contra el terrorismo. Lo cual, supondría un progreso palpable en la implementación de sus compromisos internaciones adquiridos por la firma de tratados y protocolos internacionales.

En cuanto a la definición, pese a que que no existe un consenso internacional sobre la definición de terrorismo, proponemos la siguiente propuesta basada en la realizada por el Relator CDH, en la Práctica 7: “Se entenderá por terrorismo todo acto o tentativa de acto en que: El acto: a) Está constituido por toma de rehenes intencionada; o b) Se proponga causar la muerte o lesiones corporales graves a una o más personas o a partes de la población; o c) Entrañe el recurso a la violencia física con efecto mortal o contra una o más personas o partes de la población; y El acto o la tentativa deben ejecutarse con la intención de: a) Provocar un estado de terror entre la población en general o partes de ella; u b) Obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer algo o abstenerse de hacerlo; El acto: a) Debe corresponder a la definición de delito grave contenida en la legislación nacional promulgada con el propósito de ajustarse a los convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo o a las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas al terrorismo; o b) Debe contener todos los elementos de delito grave definido por la legislación nacional.

Como se puede apreciar, el párrafo tercero contempla la necesidad de análisis de la legislación internacional y su positivización en legislación nacional a través de los tipos penales concretos relativos, por ejemplo, a secuestros de aeronaves, apología del terrorismo, financiación etc. que indican dichos instrumentos jurídicos. 24


Para este trabajo, la OACNUDH de nuevo ofrece su apoyo técnico en términos de orientación, análisis, redacción y acompañamiento.

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Pcp ii parte v 5 octubre 2016  

Parte II Observaciones de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el “Proyecto de...

Pcp ii parte v 5 octubre 2016  

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