no penalización si el peligro para la vida o la salud de la mujer fuera grave, o en caso de violación siempre que estuviera judicializada, requiriendo el consentimiento de un representante legal si la mujer era menor, idiota o demente. En el año 1973 dicho decreto se dejó sin efecto por un breve lapso de respiro democrático que radicalmente se cortó en marzo de 1976 con la llegada de la dictadura más cruenta que ha vivido nuestro país, cuando las exigencias del decreto ley de Onganía volvieron a instaurarse, junto a otras medidas que buscaron desarticular las luchas sociales. En una época donde la democracia argentina estaba a merced de los intereses del nuevo sistema económico imperante y donde cualquier foco de lucha o resistencia era cercenado, la pelea por los derechos de las mujeres pasó a la clandestinidad con los riesgos que ello implicaba. Como relata Mabel Belluci en su libro “Historia de una desobediencia” en los años `70 surgieron organizaciones feministas como la Unión Feminista Argentina, el Movimiento de Liberación Femenina y el Grupo de Política Sexual, organizaciones que comenzaron a luchar por los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Las mismas adhirieron a los preceptos teóricos instalados por los feminismos anglosa14
jones con una marcada ideología de izquierda. Cabe destacar que las organizaciones sociales de izquierda y las peronistas en su mayoría mantenían estructuras patriarcales y machistas, lo que motivó a las mujeres a reclamar el reconocimiento de sus derechos en las periferias de estas organizacionnes políticas.
Con el fin de la dictadura en 1984 volvieron a regir las excepciones planteadas en el código penal de 1921, aún vigentes en la actualidad. El regreso de un sistema democrático junto con el fin de las persecuciones políticas e ideológicas, las desapariciones y muertes, dieron lugar a nuevas luchas, reclamos y actores sociales. La valentía demostrada por