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EN NUESTRA
MEMORIA
MARZO
2018 7° año
Clase especial sobre Derechos Humanos a cargo Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, en el marco del Programa de Clases de DDHH y en la semana del aniversario del golpe genocida de 1976. Miércoles 21 de marzo, 19.00 Aula 109 de la sede de Av. Las Heras 2214 La clase contará además con la participación de Gustavo Varela, miembro de Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e hijo de Oscar Varela, alumno de la FIUBA víctima del Terrorismo de Estado instaurado por la última dictadura cívico-militar.
* Si sabés de algún caso de desaparición en la Facultad que no hubiéramos incluído en la lista, por favor, comunicate con nosotros. Acercate a la SEUBE o escribinos a: derechoshumanos@fi.uba.ar
24 de marzo de 1976
Crónica del 24 de marzo de 1976 en la Fiuba ¡Cómo fué ese día en la Facultad? 42 años después lo revivimos a través del testimonio de Roberto Garófalo, uno de sus protagonistas. 2
*Por Jerónimo Liñán Al caer la tarde sobre el Bajo porteño, el 24 de marzo de 1976, cuando el estacionamiento de la sede de avenida Paseo Colón 850 se llenó de patrulleros y un centenar de policías, Roberto Garófalo, por entonces delegado general no docente de la Facultad de Ingeniería de la UBA, supo que no había forma de resistirse, que no podían hacer nada, que los echaban del edificio. Ya en los meses previos, un malestar general se respiraba sobre los claustros. No hacía dos años del secuestro de Daniel Winer –estudiante de Ingeniería asesinado por la Triple AAA en 1974–, y en los cajones de los escritorios de Personal, donde Garófalo guardaba sus pertenencias, solían encontrarse ataúdes del tamaño de un dedo con amenazas escritas. En las charlas de pasillo, en el día a día de la facultad, el temor se mezclaba con incertidumbre. Los trabajadores más informados vislumbraban un escenario irremediable para la democracia, pero nada se sabía sobre quién derrocaría al gobierno de María Estela Martínez de Perón: si el Ejército, si la Marina, si la Fuerza Aérea; si vendrían a la facultad cuando eso sucediera o si lo dejarían para después. Cuando los policías con cascos, palos y ametralladoras para disparar gases lacrimógenos irrumpieron en la facultad, horas después de que la Junta Militar avasallara el poder político, entendieron de qué se trataba: era un Golpe de Estado. A 42 años de aquella noche, Garófalo recuerda la sensación de impotencia que invadió a cada uno de sus compañeros tras vulnerarse la autonomía universitaria. “Al ver que venían los carros de asalto le dijimos a todos los compañeros que salieran de la facultad. Yo salí del brazo del agrimensor [Jorge Esteban] Roulet, que era el decano en ese momento. Nos fuimos en frente, donde está el Monumen-
to de los Trabajadores, y ahí nos pusimos a llorar. Había compañeros que tenían su vida en la facultad. Yo no quería irme de esa manera. Para mí la facultad fue una parte grande de mi vida. Entré en 1960. Me ordenó, me orientó. Era un trabajo fijo y firme. Y no me olvido nunca de eso”, dice. Días después de la intervención, una resolución decretó el despido de Garófalo, y de otros no docentes de la facultad, entre ellos, Néstor Behrens, quien hoy colabora con la Secretaría de Inclusión, Género, Bienestar y Articulación Social. “Lo único que hicieron conmigo fue echarme. Pero me enchufaron el Artículo 66 de ´Factor Real de Potencial Subversión´. Con eso no podía entrar a trabajar a ningún lado”, explica Garófalo, que en los años posteriores trabajaría vendiendo cosas en la calle, en un kiosco montado en la parte de delante de su casa y en una escuela; hasta su reincorporación en la Comisión Interna de la FIUBA, con la llegada de la democracia. El 24 de marzo de 1976 quedará en la historia argentina como la fecha en que la última dictadura cívico-militar usurpó el poder. En su nombre se cometieron delitos de lesa humanidad, robo de bebés, desaparición de personas. Todavía hoy, Garófalo se pregunta por qué sobrevivió a lo que padecieron tantos otros. “Yo tuve la enorme suerte de que a mí no me tocaron. Muchos me decían que cambiara de recorrido del colectivo, me preguntaban si no tenía miedo. Y yo no cambiaba mi forma de vida, porque creía que no estaba haciendo nada malo”, admite. Cuatro décadas después, Garófalo comprende la dimensión de ese peligro. Cuando el estacionamiento de la sede de la facultad se llenó de patrulleros, ninguno de los que estaba adentro –alumnos, docentes y no docentes– se imaginó lo que vendría.
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Convocatoria de los Organismos de DDHH A 42 años del golpe genocida, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, los organismos de derechos humanos convocamos a marchar hacia la Plaza de Mayo para reivindicar la lucha de los 30.000, como cada año. El Gobierno de Macri y la alianza Cambiemos han incrementado su escalada de ajuste y despidos, profundizando los retrocesos en derechos humanos. La implementación de políticas de miedo y represión a la protesta social no hace más que ratificar la necesidad de una convocatoria masiva en todo el país. En este 24 de marzo, el llamado a la unidad resulta necesario por el reclamo de la libertad de las presas y presos políticos y para denunciar los retrocesos en las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, la lentitud en los procesos judiciales y la pretensión del gobierno del otorgamiento indiscriminado de las domiciliarias a los genocidas. ¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
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Parque nacional en Campo de Mayo Comunicado de los Organismos de DDHH - 01 de marzo de 2018 Los organismos de derechos humanos rechazamos el proyecto del presidente Mauricio Macri presentado esta mañana, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, de crear un Parque Nacional en Campo de Mayo, en el partido de San Miguel. En Campo de Mayo, durante la última dictadura cívico-militar, funcionó uno de los Centros Clandestinos de Detención más grandes de la Argentina. Por allí pasaron al menos 5.000 víctimas y nacieron muchos nietas y nietos apropiados durante el terrorismo de Estado. Las investigaciones acerca de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese regimiento, perteneciente al Ejército Argentino, aún continúan en curso. Los familiares estamos a la espera de juicios que den cuenta de lo que le hicieron a nuestros seres queridos que pasaron por allí y aún buscamos a muchos bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres en ese centro clandestino. Campo de Mayo es un espacio de prueba para juicios de lesa humanidad que están por venir, cualquier modificación puede entorpecer el testimonio fundamental de un sobreviviente. Por otro lado, la justicia continúa recibiendo denuncias de cuerpos enterrados en ese lugar y
frecuentemente se realizan excavaciones para verificar si alguno de esos restos pertenece a nuestros desaparecidos y desaparecidas. En este sentido, la iniciativa se contrapone con lo establecido por la Ley de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado que tiene como objeto la preservación de estos espacios “a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país”. Nos preocupa que una iniciativa tan vinculada a la garantía del proceso de Memoria, Verdad y Justicia no haya sido consultada con los familiares de las víctimas que pasaron por ese centro de tortura y muerte, que hoy el presidente propone como espacio de esparcimiento. Los organismos llevamos más de 40 años bregando por saber cuál fue el destino de nuestros desaparecidos, y el paradero de los nietos y nietas apropiados. Cada Centro Clandestino de Detención guarda pruebas fundamentales para los juicios, pero también para la memoria de un pueblo que en cada intento de retroceso, confirma que no quiere nunca más terrorismo de Estado en su país. Fuente: Organismos
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Excarcelaciones a genocidas Organismos de derechos humanos advirtieron sobre el informe elevado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. Figuran Jorge “Tigre” Acosta y el ex capellán castrense Christian Von Wernich, entre otros.
Casi un centenar de represores integran un listado de presos y presas en condiciones de abandonar las cárceles federales bajo los beneficios de la libertad condicional o la prisión domiciliaria. El listado, en el que figuran genocidas como Jorge “Tigre” Acosta y el ex capellán castrense Christian Von Wernich, fue elaborado por el Sistema Penitenciario Federal y enviado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, según confirmó su presidente, el juez de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos. “No es tarea del sistema definir sobre los casos particulares” de los presos y presas, aclaró Hornos sobre el listado que le llegó a principios de año a ese ente en el que jueces, defensores, fiscales, miembros del Congreso de la Nación y organizaciones de la sociedad civil monitorean la situación de los presos y presas en cárceles federales. Organismos de derechos humanos advirtieron por ésta situación y remarcaron que “es mentira” que mandando a la casa a imputados y condenados por delitos de lesa humanidad se va a solucionar el hacinamiento de los penales. “No son ni el 1 por ciento de la población”, apuntó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud. “El único lugar para un genocida es la cárcel”, insistieron desde Hijos. Hornos confirmó que en calidad del presidente del Sistema de Coordinación recibió a fines de enero pasado un listado en el que el SPF enumeró a 1111 presos y presas en condiciones de recibir la libertad condicional o de cumplir condena en su domicilio; 96 de esos más de mil son
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imputados o condenados por delitos de lesa humanidad, como el Tigre Acosta, como Von Wernich; como “El Turco” Julián Simón, el médico naval Carlos Capdevilla, los ex espías Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti. El SPF envió el nuevo listado con el argumento de responder a un reclamo de la Corte Suprema que buscaba dar “una solución” a la sobrepoblación de la unidad penitenciaria 28, ubicada en Comodoro Py. “No nos corresponde hacer nada con eso, ya lo hemos dicho en otra ocasión, no es tarea del Sistema decidir sobre los casos particulares”, indicó Hornos, quien apuntó que “tampoco” saben la razón por la cual el SPF remitió el listado que ya había enviado en dos oportunidades, por lo menos, durante 2017. Por su parte, Giselle Tepper de Hijos remarcó que “no es posible” la justificación de “ningún beneficio” a genocidas que implique su salida de la cárcel. “El único lugar para un genocida es a cárcel”, insistió. “Nos preocupa el retroceso que implica el mensaje que se le está dando al Poder Judicial, el ‘consejo’ de que se mande a la casa a delincuentes que no son comunes, que se empiece a relativizar nuestro reclamo de cárcel común y efectiva –completó–. Un apropiador no deja de ser apropiador como Hidalgo Garzón no deja de ser un apropiador, un violador como el Tigre Acosta no dejar de ser un violador, no pueden volver a sus barrios”.
Revocan domiciliaria a Etchecolatz
Los vecinos del bosque Peralta Ramos de Mar del Plata festejaron en las esquinas y a bocinazo limpio el fin de una pesadilla que duró 79 días. La Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución del Tribunal Oral Federal 6 que el 27 de diciembre le había otorgado el arresto domiciliario al Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien acumula tres condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, y ordenó su retornó a la cárcel. El juez Gustavo Hornos destacó que sus colegas José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero hicieron “una irrazonable y arbitraria valoración” de los informes del Cuerpo Médico Forense, que tras analizar la situación del ex policía de 88 años concluyeron que está en condiciones de seguir en una unidad penitenciaria con “la debida atención, tratamientos y controles” que sus patologías demandan.
del Servicio Penitenciario Federal pesaban más que las opiniones de peritos expertos del Cuerpo Médico Forense”, para quienes “las patologías que presenta Etchecolatz pueden ser tratadas dentro de la unidad de detención”. La fiscal señaló que en el hospital de Ezeiza “Etchecolatz estaba siendo atendido correctamente y su salud e integridad no estaban en riesgo”. Cuestionó a los jueces por ignorar la advertencia sobre el episodio de 2006, cuando le encontraron armas en la misma casa, y advirtió que por prontuario y contactos “estaría apto y con posibilidades de conservar ascendente o poder para eliminar pruebas o rastros que lo incriminen”. También recordó la cercanía de una de sus víctimas y enfatizó que “el derecho a no tener que soportar la presencia de su agresor no se agota con el encierro y pulsera electrónica”.
El debate sobre su arresto domiciliario llegó a Casación por las apelaciones de la fiscal Ramos y del abogado Pablo Llonto. La representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó al TOF 6 por su “arbitrariedad y falta de fundamentación” y advirtió sobre “la gravedad institucional” que implica poner en juego “la responsabilidad internacional del Estado Argentino”. Dijo que Martínez Sobrino, Panelo y Canero “sólo seleccionaron partes de los dictámenes médicos y tergiversaron las conclusiones a fin de avalar sus posturas”, alertó, y cuestionó que para esos jueces “los informes de los médicos
Llonto advirtió sobre la escasez de fundamentos y cuestionó que “si el tribunal alega cuestiones humanitarias en general debería brindar el mismo trato a todos los presos que no han cometido delitos de lesa humanidad” y también sufren afecciones. Calificó de “escándalo jurídico” el otorgamiento de “privilegios a individuos por el sólo hecho de haber pertenecido a las fuerzas armadas” y destacó que el encierro de Etchecolatz era necesario para “no poner en riesgo o causar daños a los testigos-víctimas”. 7
Asesinato de Facundo Ferreira El jueves 8 de marzo, Facundo Ferreira, de solo 12 años, fue asesinado por una bala policial en Tucumán. El asesinato del niño Facundo Ferreira, de 12 años, en la ciudad de Tucumán el pasado jueves, es un hecho gravísimo que exige una investigación exhaustiva no sólo de parte del Poder Judicial sino también de las autoridades políticas provinciales, responsables de conducir a las fuerzas de seguridad y de evitar situaciones de este tipo. En un contexto de versiones encontradas e informaciones periodísticas maliciosas, la reacción del gobierno provincial que convalida sin más la versión policial constituye un nuevo mensaje que promete impunidad a los efectivos policiales sin importar la forma en que actúen. Esto se alinea con la postura del gobierno nacional después de los asesinatos de Rafael Nahuel y Juan Pablo Kukoc. Al mismo tiempo, este amparo político sin condiciones a los policías que matan y las operaciones de prensa que buscan descalificar a las víctimas ejercen una fuerte presión sobre los funcionarios judiciales que deben investigar lo sucedido. En paralelo a la discusión de la responsabilidad penal del policía que disparó, es necesario poner en discusión el uso de la
fuerza letal y revisar un conjunto de aspectos políticos, institucionales y administrativos sobre cómo actuaron los efectivos. No puede haber niños muertos por balas policiales. Garantizar eso es responsabilidad del gobierno provincial. Por su parte, el gobierno nacional tiene una función política de garante respecto a la vigencia y el respeto de los derechos humanos en el país y de la promoción de políticas de seguridad democráticas. La policía tucumana viene siendo denunciada desde hace años por diversos casos de violencia en los que se combinan la dureza, la corrupción y la ineficiencia. Esas prácticas no han sido desterradas. A esta larga tradición provincial se suma hoy un discurso que sintoniza con el del gobierno nacional y promueve la violencia policial. De este modo, lejos de cumplir un rol positivo en el establecimiento de criterios básicos para un funcionamiento profesional de las policías en todo el país, el gobierno nacional ampara y brinda argumentos para que se reproduzcan y perpetúen las prácticas que garantizan la impunidad policial en diversas provincias.
Secretaría de Inclusión, Genero, Bienestar y Articulación Social - Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Av. Paseo Colón 850, 1er. piso, Ciudad de Buenos Aires. Tel: 528-50754 / 50755 Mail: derechoshumanos@fi.uba.ar www.ingeniería.uba.ar