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Análisis de coyuntura mensual sobre México

Liébano Sáenz, Martha Tagle Martínez, Adriana Ortiz-Ortega, Carlos Ramírez, Ernesto Hernández Norzagaray, Luis Enrique Mercado, Rogelio Madrueño, Víctor Alejandro Espinoza, Marcos Marín Amezcua.

ISSN: ISSN: 1135-8130 1135-8130

Datamex No. 39. Diciembre 2018 Datamex No. 39. diciembre 2018


ÍNDICE D39 Presentación

D39

001 Liébano Sáenz. Construir sin arrollar.

002 Martha Tagle Martínez.

¿Y después del 50/50, qué? Algunos apuntes para traducir la paridad numérica.

003 Adriana Ortiz-Ortega.

Democracia paritaria, políticas públicas y Cuarta Transformación.

004 005 006 007 008 009

Carlos Ramírez.

Crónicas de la Transición. Presidencialismo: regreso al futuro.

Ernesto Hernández Norzagaray. Viajar a los Pinos.

Luis Enrique Mercado. El presupuesto neoliberal de AMLO.

Rogelio Madrueño.

Corrupción y neoliberalismo. ¿Hacia un cambio de régimen en México?

Víctor Alejandro Espinoza. Democracia en peligro.

Marcos Marín Amezcua. Y en resumen, 2018 fue…

Directora General FOM Lucía Sala.

Director Académico IUIOG Javier Zamora.

Director CESMUE José Francisco Parra.

Coordinadora Institucional CESMUE Luisa Treviño Huerta.

Editora Diana Plaza Martín.

Consejo Editorial

José Varela Ortega, Jorge Olvera García, César Astudillo Reyes, Jannet Valero Vilchis, Javier Zamora, Luis Castro Obregón, Dmitri Fujii, Carlos Camacho Gaos, Arnulfo Valdivia Machuca, Santiago Portilla, Víctor Alejandro Espinoza Valle, José Retana, Iván Álvarez Olivas.

Coordinación Editorial

Marina Cerbón, Edith Contreras, Gerardo González, Guadalupe Mendiola, José Francisco Parra, Diana Plaza, Haydée Vázquez.

CESMUE Centro de Estudios de México en la Unión Europea Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón Fortuny 53, 28010 Madrid, España. Tel +34 917004138 / 68, Fax +34 917003530. cesmue@fogm.es datamex@fogm.es

IUIOG MX Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Capítulo México Av. Chapultepec 480, Piso 1, Roma Norte, Ciudad de México, Tel +5255 72598611 y +5255 72598608. ortegaygassetmx@fogm.es

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D39 PRESENTACIÓN

l número 39 de Datamex recoge 9 artículos que reflexionan sobre el año que finaliza en unos días. No obstante, todos ellos giran en torno a lo que supone o supondrá el cambio de gobierno. Abre nuestro número Liébano Sáenz con Construir sin arrollar, artículo que hace referencia a la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y sus consecuencias. A continuación, Martha Tagle y Adriana Ortiz-Ortega, nos comparten dos artículos sobre los pros de la representación paritaria en las Cámaras y la necesidad de que se traduzca en igualdad sustantiva. En ¿Y después del 50/50, qué? Algunos apuntes para traducir la paridad numérica, Tagle afirma que la clave para poder transformar la política está en que haya “mujeres en el poder con poder”. Por su parte, Ortega en Democracia paritaria, políticas públicas y Cuarta Transformación, analiza en perspectiva de género alguno de los puntos señalados por la nueva administración como centrales. A continuación, Carlos Ramírez en Crónicas de la Transición. Presidencialismo: regreso al futuro, analiza algunas de las acciones del Presidente López Obrador en relación con su forma de gobierno, afirmando que muchas han ido en el “sentido de reforzar el poder centralista y piramidal de la presidencia de la república y con intenciones de desmantelar los espacios de autonomía logrados en años anteriores”. Por su lado, Ernesto Hernández Norzagaray, en Viajar a los Pinos, comparte un análisis sobre lo que supone haber abierto la residencia presidencial al público en lugar de ocuparla. En el hemiciclo del número, Luis Enrique Mercado en El presupuesto neoliberal de AMLO, afirma que éste no representa grandes cambios con los anteriores, por lo que el sistema económico seguirá siendo el mismo. Por su parte, Rogelio Madrueño en Corrupción y neoliberalismo ¿hacía un cambio de régimen en México? Analiza el cambio de régimen político. Cercanos al cierre, Víctor Alejandro Espinoza en “Democracia en peligro”, analiza el conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo versus el judicial, en relación con la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos. Por último, Marcos Marín Amezcua en Y en resumen, 2018 fue… concluye que el año fue “tenso, denso e intenso” debido al periodo electoral en el que una mayoría votó por un cambio de gobierno que debe trabajar de forma urgente. Así, el lector dispone de 9 artículos con los que conocer los principales debates de la vida política y económica de México a un mes de la toma de decisión del nuevo gobierno y en vísperas del inicio de un nuevo año. Le invitamos a leer Datamex.

Diana Plaza Martín.

Datamex No. 39. diciembre 2018

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Construir sin arrollar Liébano Sáenz

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l signo de nuestros tiempos es el cambio. Su impulso viene de muchas fuentes, entre otras, de los votos. La opción de conservar lo que existe se vuelve inviable y disfuncional frente al aliento generalizado de ir por distintas rutas a las conocidas. En este proceso ineludible, siempre es bienvenido lo que mejora; debe preocupar, y mucho, que en el afán de transformar se pierda lo no poco bueno que se ha construido. Por ello no comparto las visiones maximalistas y simplificadoras de que todo lo que existe está mal y por lo mismo, hay que borrarlo del mapa. Y es que, a pesar de los problemas viejos y nuevos, soy de la idea de que es mucho lo que hay que cuidar. Quizá porque mi horizonte temporal remite a un pasado que es deseable, quede atrás para siempre. Justamente por ello, soy parte de lo que ahora parece una minoría, preocupada porque la complejidad institucional de estos tiempos sea vista con desdén o desprecio. La desconcentración del poder, la alternancia, el escrutinio público y social, así como los contrapesos institucionales, son mucho de lo bueno del cambio de las últimas décadas. Los cuestionamientos a prácticamente todos los órganos autónomos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejan la impresión de que los ciudadanos, no solo el grupo ahora en el poder, están castigando al sistema por culpa o insuficiencia de quienes han detentado posiciones de privilegio en lo público y social. Así, por ejemplo, que los partidos no hayan interiorizado un sentido de ética y un compromiso por la democracia, debe ser motivo de

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descalificar a sus dirigentes y órganos de gobierno, no a la institución como tal. La sordera que se daba en algunos casos por parte de quienes encabezaban los distintos gobiernos no invalida lo bueno que se hizo o a los muchos servidores públicos que han cumplido ejemplarmente con su responsabilidad. Vivimos en un contexto en el que es más sencillo condenar y descalificar que reconocer y convalidar. Lo bueno se supone parte de la normalidad, lo malo se potencia y se juzga como si fuera la generalidad. Son tiempos de encono y discordia. Esto hace fácil arrollar, muy difícil construir. El éxito electoral del actual grupo gobernante, de hecho, se asienta en este sentimiento mayoritario en la población y en la popularidad del presidente López Obrador, que se mantiene en sus primeros días de gobierno. Empero, la historia revela que las transformaciones virtuosas no son las de pretendidos momentos fundacionales, sino más bien el acumulado de pequeños y virtuosos cambios. Así México llegó a la democracia electoral que ha hecho posible la llegada al poder de un proyecto de cambio ambicioso y radical; así también México tropezó estrepitosamente en el gobierno del presidente López Portillo en su empeño de arraigarnos al pasado. Los momentos más luminosos de la historia muestran que la hazaña es la suma de muchas voluntades, la inmensa mayoría, anónima. La tragedia se asocia precisamente cuando se deposita en el caudillo el destino nacional, sea López de Santa Anna

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El caudillismo pertenece a otra época y circunstancia, no siempre modelo de lo deseable ni siquiera de lo eficaz en una perspectiva de largo plazo. La relectura de la Sucesión Presidencial de Madero es un texto pertinente porque él observa que el destino de un país, o de un gobierno o régimen no debía depositarse en una persona, por virtuosa que ésta fuera. El actual grupo en el poder se encuentra ante la encrucijada entre arrollar o construir. Hacer lo primero es la inercia del momento, no solo es fácil, también, popular. Pero ningún gobierno o proyecto político puede sobrevivir sin graves problemas y mucho menos trascender en tales circunstancias. Así, por ejemplo, es fácil suspender la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco, pero dar lugar a la solución ejemplar al problema aeroportuario del centro del país es otra cosa y por ahora ha dejado la lección de su complejidad técnica, financiera, política y social. Una solución, quizás imperfecta, se ha reemplazado por un problema perfecto. Tan es así que no se sabe adónde habrá de llevar, ni que costos financieros, reputacionales y políticos habrá de tener para el país. El presidente López Obrador requiere escuchar y tener más claridad de prospectiva. Tiene un buen equipo, y el

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apoyo abrumador de la población, pero también la reserva creciente del sector inversionista. La firmeza en la conducción es una virtud; también el esfuerzo de todos los días y a todas horas para hacer mejor las cosas. Pero no es suficiente. La transformación que se pretender, por sus alcances y sentido histórico, necesariamente requerirá de entender la economía tal cual es. En cuanto al método, es imprescindible la inclusión, el esfuerzo y participación de muchos, el respeto a la institucionalidad, así como la tolerancia, perseverancia y paciencia.

Liébano Saénz Ortíz Abogado, administrador y analista político. Ha ocupado diversos cargos públicos. Desde hace más de una década publica columnas especializadas de coyuntura política del país en Grupo Editorial MILENIO. Twitter: @liebano Facebook: Liébano_Sáenz Artículo publicado en “Diario Milenio” el 15 de diciembre de 2018.

Á S E MA T E S R ES A S Í TR Posgrados Ortega y Gasset 2019

o Porfirio Díaz. Más aún, la transición del régimen revolucionario ocurrió por un sentido incluyente para darle continuidad y correcciones subsecuentes, como ejemplarmente lo hiciera Lázaro Cárdenas.

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¿Y después del 50/50, qué? Algunos Apuntes Para Traducir La Paridad Numérica Martha Tagle Martínez

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ras las pasadas elecciones y, derivado de un importante recorrido, México se colocó dentro de los primeros países a nivel mundial con mayor número de legisladoras, únicamente antecedido por Rwanda, Cuba y Bolivia. La instauración de un Congreso de la Unión prácticamente paritario (48.2 por ciento de diputadas y 49.2 por ciento de senadoras) marcó un hito sin precedentes en la participación política de las mexicanas. Sin embargo, la paridad de género en el poder legislativo se ha visto mermada por caracterizarse más en términos numéricos que sustantivos. Numéricos porque, por ejemplo, las mujeres no fueron incluidas en los órganos más importantes de toma de decisión como lo es la Junta de Coordinación Política (mejor

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conocida como JUCOPO), misma que está integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios. Ello provocó que las legisladoras ejercieran presión para que más mujeres formaran parte de la Mesa Directiva y para que quedaran al frente de un número importante de comisiones trascendentes y no únicamente aquellas relacionadas

con temas sociales o temas considerados “de mujeres”. Tal y como históricamente ha ocurrido. Tuvieron que pasar prácticamente dos décadas para que la evolución de las cuotas de género al reconocimiento de la paridad de género como principio constitucional en

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2014, se tradujera en invaluables avances para las mexicanas. Avances que desafortunadamente han llevado consigo importantes obstáculos como lo es el sustancial incremento del número de casos de violencia contra las mujeres en política por razones de género. Hechos que limitan el pleno ejercicio de la ciudadanía. Es un hecho innegable que las mujeres están ocupando más y mejores espacios públicos. No obstante, como ya se ha señalado, la toma real de decisiones sigue estando en las manos de unos cuantos. En dicho contexto es que se hace por demás urgente repensar y replantear la manera en que la política se ha llevado a cabo. Ello con el objetivo de convertirla en un espacio abierto, igualitario e incluyente. Un espacio plural donde tengan cabida las múltiples visiones de los hombres pero también de las mujeres. Un espacio que posibilite la transición hacia una democracia paritaria, entendida como un modelo que no únicamente acelere una mayor participación de las mujeres en el espacio público sino que ésta se presente de manera transversal en todos los ámbitos de la sociedad. Logrando con ello que mujeres y hombres gocen de igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos y además haciendo que las responsabilidades se compartan tanto en lo público como en lo privado. Para lograr titánica tarea es fundamental poner en la mesa de discusión diversas acciones que involucren al mayor número de mujeres -y aliados- posible. Únicamente con la suma de esfuerzos será asequible transitar de la paridad numérica a una sustantiva y real que tenga como ejes 1

principales los puntos expuestos. Para ello, a continuación se señalan, de manera muy sucinta, cinco apuntes con la intención de abrir un diálogo en torno a los mismos y de ser factible, su puesta en marcha. En primer lugar, la adopción de uno de los lemas más influyentes del feminismo, “lo personal es político”1 constituye una enorme posibilidad para que la representación paritaria se traduzca en cambios tangibles para las mexicanas. Visibilizar que la mayoría o casi todas las acciones que llevamos a cabo de manera diaria son resultado de una cuestión política permitiría a su vez la transformación de la manera en que se toman las decisiones públicas, incorporando en ellas las visiones y vivencias de las mujeres. Por su parte, es trascendental que el 50 por ciento del Congreso de la Unión avance en la conformación de alianzas plurales y estratégicas entre mujeres de todos los partidos políticos, como lo es la recién creada Banca de Mujeres en la Cámara de Diputados y sólidos ejemplos en diversos países de la región. Alianzas que deberán partir del reconocimiento y trato igualitario entre quienes las conforman, así como de la incorporación de todas las voces que en ellas se expresan.

Teniendo en cuenta lo anterior, es por demás urgente que como legisladoras se adquieran diversos compromisos que permitan anteponer una agenda común -en este caso la vinculada con la igualdad sustantiva y la transformación de la política- por encima de los intereses partidistas o de cualquier índole. Solo así se podrá consolidar una fuerza real que impacte de manera definitoria en la vida de todas las personas. De la misma manera, la transformación de la política no podrá suceder si no se democratiza la vida interna de los partidos políticos. En tanto entidades de interés público y plataformas que posibilitan el acceso de las personas a cargos públicos, los partidos políticos están obligados a modificar la manera en cómo operan, al tiempo de eliminar aquellas prácticas que perpetúan relaciones desiguales de poder y, en consecuencia las expresiones de violencia contra las mujeres. Por último, el empoderamiento político de las mujeres no podrá sostenerse sin que tenga lugar uno de carácter económico. Mientras las mujeres no sean económicamente autónomas y sigan percibiendo salarios inferiores por desempeñar el mismo trabajo que sus compañeros, sus derechos político-electorales seguirán estando condicionados. Mientras que las mujeres sigan siendo las responsables de las tareas domésticas y de cuidado, resultará improbable que puedan incursionar y permane-

cer en el ámbito público. En tal virtud, es indispensable modificar el modelo existente por uno donde se brinden las posibilidades para transformar la situación económica de las mujeres. Como se aprecia, estos cinco ejes conllevan un número importante de retos y desafíos, por ello es por lo que se reconoce la necesidad de incorporar a los movimientos de mujeres que desde la sociedad civil también han hecho posible la existencia de la paridad de género en el ámbito público. Sin ellos, el trabajo de las legisladoras carecería de un pilar fundamental para transformar la política y de alcanzar el objetivo de que haya más mujeres en el poder con poder. Ya alcanzamos el 50/50, ahora nuestro objetivo radica en traducir la paridad numérica en posibilidades reales que mejoren la calidad de vida de las y los mexicanos. Esa es la gran tarea.

Martha Tagle Martínez

Diputada Federal. Facebook: @MarthaTagle.mx. Twitter: @MarthaTagle

Lema acuñado por Kate Millet.

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Democracia paritaria, políticas públicas y Cuarta transformación Adriana Ortiz-Ortega

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l inicio de la administración gubernamental encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y las medidas que propone generan amplios debates en medios escritos e impresos. Cada día y en distintos horarios se evalúan con moderado optimismo las reformas, retos y posibilidades que enfrentará la Cuarta Transformación. Gran parte de la atención se dirige a evaluar qué tipo de izquierda ha llegado al poder en México; si su llegada es producto de la institucionalización de la competencia política, de la acumulación política democrática, pero también, del descrédito en la forma de gobernar previas. Otros factores que se ponderan son el limitado crecimiento económico, las crisis económicas de finales de los noventa e inicios de este siglo, así como el escepticismo frente a las reformas estructurales debido al

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bajo impacto en la mejora de las condiciones de vida de la población. Las reflexiones sobre la naturaleza y alcance del cambio son mixtas, diversas y muestran la dificultad de establecer consensos en torno a las propuestas de políticas públicas que sostendrán al gobierno Morenista. Por ende, es allí en el análisis de la naturaleza del cambio, del modelo económico, de los déficits del sistema político democrático mexicano o del impacto de la normalización electoral que se erigen las alternativas para sacudir las bases del poder. Más específicamente y en palabras de López Obrador, de los privilegios y errores que sostuvieron al “antiguo régimen”. Pese a la gran circulación de ideas en curso, llama la atención la ausencia de reflexión sobre el impacto de los cambios en política pública en la vida de más de la mitad de la población, las mujeres. Por ende, parece oportuno alimentar esta discusión en dos vertientes, primero, enunciando de manera mínima cómo, desde los cien compromisos planteados en la toma de protesta, se pueden contener las voces, necesidades y puntos de vista de las mujeres. Segundo, manifestando la importancia del tratamiento de los grandes asuntos nacionales con perspectiva de género, por parte de las propias mujeres que acceden al poder vía cargos de elección popular. 2

En otras palabras, la representatividad de más de la mitad de la población en las Cámaras ha alcanzado un récord histórico que es producto del bono político democrático que las propias mujeres en calidad de protagonistas políticas han gestado durante más de treinta años. Es por ello, por lo que pueden desde el legislativo, alzar la voz frente a un poder Ejecutivo que, al menos hasta ahora, se muestra desinteresado en abordar lo que se conoce como la agenda de género que México ha suscrito a través de compromisos internacionales. Reconocer la necesidad de avanzar en rutas paralelas, es una oportunidad de develar que el “Antiguo Régimen” está apuntalada por el privilegio masculino, y que la Cuarta transformación podría dejar estas bases sin sacudir. En esta dirección, el manejo de la perspectiva de género, entendida como método para captar la distribución desigual de ventajas y oportunidades entre hombres y mujeres de los recursos sociales, parece relevante. Debemos recordar que el giro a la izquierda en América Latina poco ha estado vinculado a la agenda de la igualdad. Es decir, si miramos los resultados de los gobiernos de izquierda en América Latina veremos ajustes en términos del ejercicio de autoridad, de reformas constitucionales emprendidas y de políticas económicas y sociales impulsadas, así como de incremento del gasto social,

El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) concluyó que México ocupa el primer lugar en representati-vidad de las mujeres en los parlamentos entre los países miembros de la OCDE. Resultado de los comicios del pasado 1 de julio 241 mujeres ocupan un curul en la Cámara de Diputados, de un total de 500 integrantes de la Cámara baja. En la Cámara de Senadores de un total de 128 escaños, 63, es decir el 48% es ocupado por muje-res. En los Congreso locales la situación no es diferente pues de un total de 1,113 curules, 542 son ocupados por mujeres, es decir, el 49 por ciento. Podría decirse que la dificultad de que las mujeres establezcan una presencia pública radica en que a nivel municipal la representación de las mujeres es baja, o que en el poder judicial sólo el 39% son juezas y magistradas contra un 61% de hombres que ejercen esos cargos. 2

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fomento de la participación económica del Estado o implementación de políticas redistributivas. Sin embargo, los analistas identifican también que, la llegada de distintas versiones de la izquierda al poder en poco más de una decena de países en América Latina no ha resultado en la inclusión de las diferencias de género, raza o etnia en la agenda de izquierda3 ; o resultado en un dialogo inclusivo con los grupos y movimientos que avanzan el tratamiento de desigualdades, brechas de género, preferencias sexuales o etnia. De allí que pueden ser vistas estas izquierdas como agentes preservadores del estatus quo y los privilegios en materia de sexualidad e igualdad4 . Para profundizar en este análisis bastaría revisar los países donde ha gobernado la izquierda que incluye Venezuela, Chile, Brasil, Argentina, Panamá, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Paraguay, El Salvador y, recientemente México. Es en este contexto y con miras a alimentar el debate que se deben establecer visores claros que permitan poner énfasis en qué implicaría adoptar una perspectiva de género en cada uno de los compromisos propuestos. Sólo de este modo se podrán estable3 4

cer mecanismos de conciliación presupuestaria y de articulación de las políticas públicas evaluables. Es con miras a avanzar en esta dirección que aquí se incluye una propuesta mínima. Cabe destacar que ésta fue turnada el primer día y de forma ciudadana al presidente en sus oficinas abiertas al público ex profeso, así como en las oficinas de Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación. El propósito de realizar esta entrega fue, por un lado, hacer visible la perspectiva de género mediante la entrega, por otro, conocer cuál puede ser la respuesta del Ejecutivo a estas cuestiones. Una observación importante es que, para resaltar la ausencia de una perspectiva de género en el tratamiento de las políticas públicas sustantivas a la Cuarta Transformación, al texto original presentado en la toma de protesta por el presidente se le incluye el subrayado de lo que de manera mínima se debe tomar en cuenta desde una perspectiva de género. Aquí se muestran los primeros cincuenta y un compromisos (en memoria de que las mujeres son el 51% de la población), sin aportar comentario o crítica que puede ser materia de otro artículo: 1. Los programas de gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas originarios de las diversas culturas del país. La opresión, pobreza y marginación que llevan a cuestas será revertida y las desigualdades entre hombres y

Torrico Mario, editor (2017), Introducción, ¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? Gobiernos y políticas públicas, FLACSO-México. Zaremberg Gisela y Claudio Dávila, (2018) Género, Conservadurismos y Violencias Estatales, proyecto institucional de investigación.

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mujeres de género atendidas a través del diseño de políticas que, desde diferentes ámbitos, contribuirán a generar acciones a favor de las mujeres, a cambiar los estereotipos de género y a definir un nuevo concepto de justicia para tratar igual a los/as iguales. 2. Se atenderá a las y los mexicanos sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, preferencias sexuales, partidos, sectores económicos o culturales, pero se aplicará el principio que, por el bien de todas y todas, primero los pobres. 3. Se mantendrán las estancias infantiles de la Secretaria de Desarrollo Social y se regularizarán los CENDIS. Estos contarán con programas de respeto a los derechos de niñas y niños y se les asignará presupuesto garantizado. Los mismos pasarán a formar parte de la secretaria del Bienestar y de Educación Pública. 4. Las y los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de familias de escasos recursos económicos recibirán becas educativas. 5. Todas y todos los estudiantes de los Colegios de Bachilleres, escuelas técnicas, vocacionales y preparatorias públicas recibirán una beca de 800 pesos mensuales. 6. Trescientos mil jóvenes en condiciones de pobreza que ingresen o estén estudiando en universidades tendrán derecho a una beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales, sin importar su sexo, preferencia sexual, estado civil. Si se trata

de estudiantes mujeres con hijos(as) la mensualidad se aumentará de manera correspondiente. 7. En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas con carreras acordes a cada región del país para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 mil estudiantes de nivel superior. En dichas carreras se incluirá el análisis y comprensión de los diferentes roles y responsabilidades, relaciones, necesidades y visiones de hombres y mujeres, así como otras pertinentes como son las encontradas entre grupos étnicos, clase y edad. 8. Se protegerá el patrimonio cultural de México, prestando atención a las contribuciones de las mujeres. Se impulsará la formación artística desde la educación básica y se apoyará por igual a creadores y creadoras, promotoras y promotores culturales. 9. Se promoverá la investigación científica, tecnológica y de innovación promoviendo las carreras científicas de las mujeres. Se apoyará a estudiantes y académicas (os) con becas y estímulos en bien del conocimiento orientado a la atención de los problemas nacionales con perspectiva de género. El Conacyt coordinará el Plan Nacional de Desarrollo para la innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional. 10. Se cancelará la reforma educativa; se establecerá en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación gratuita en todos los niveles para niñas y niños, privilegiando la igual-

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dad en el acceso a las áreas del conocimiento. 11. Se impulsará el plan para apoyar a las y los damnificados de los sismos con trabajo, vivienda y servicios públicos. Estos programas prestarán particular atención a las necesidades de hombres y mujeres mayores de edad, con problemas de salud y discapacidad. 12. Se Implementará un programa de mejoramiento urbano en colonias marginadas de la frontera norte. Este mejoramiento incluirá el Transporte Naranja para mujeres, alumbrado en zonas apartadas y la instalación de líneas de emergencia para reportar casos de violencia de género. 13. Se garantizará atención médica y fármacos gratuitos, y ubicar unidades médicas en las zonas más pobres. Dichos programas incluirán la salud reproductiva y la prevención y atención del embarazo adolescente y la violencia de género. 14. Se bajarán los sueldos de las y los altos funcionarios del poder ejecutivo, legislativo así como judicial y se aumentará proporcionalmente los de las y los trabajadores de base y sindicalizados.

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15. Se aumentará la pensión a las y los adultos mayores en todo el país (1,274 pesos mensuales).

22. Se fomentará la actividad pesquera para mejorar la vida de las comunidades costeras y ribereñas.

16. Se dará apoyo económico para 1 millón de personas con discapacidad.

23. En los próximos dos años hombres y mujeres, de acuerdo con sus capacidades físicas, plantarán árboles frutales y maderables en 1 millón de hectáreas.

17. Más de 2 millones de jóvenes desempleadas y desempleados serán contratados para trabajar como aprendices en actividades productivas en el campo y la ciudad (ganarán 3,600 pesos mensuales). Se prestarán servicios de guarderías a las adolescentes con hijxs o embarazadas y habrá programas de educación sexual.

24. La fusión de Diconsa y Liconsa en una sola empresa para el abasto y la distribución de alimentos de consumo popular: Segalmex tendrá como beneficiarios a hombres y mujeres que deberán acudir para el abasto de alimentos.

18. Se construirán caminos de concreto en municipios olvidados de Oaxaca, Guerrero y otros estados y se asignarán las tareas tomando en cuenta las labores domésticas y de cuidado que realizan las mujeres.

25. Se otorgarán créditos a la palabra y sin intereses a ejidatarias, comuneras y pequeñas propietarias para la adquisición de novillonas, vacas y sementales, así como a hombres en las mismas categorías.

19. Las y los pequeños productores del campo, ejidatarios y comuneros recibirán un apoyo económico semestral para la siembra de alimentos.

26. Las y los artesanos, dueños de talleres, tiendas y pequeñas empresas también recibirán créditos sin tantos trámites.

20. Al iniciar el próximo año se pondrá en marcha un programa de entrega de fertilizantes para que no se dañen los suelos en el cual serán beneficiarios hombres y mujeres sin distinción.

27. Se transferirá a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral.

21. A las y los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche se les comprarán estos alimentos a precios de garantía en almacenes o depósitos de Diconsa y Liconsa.

28. No aumentará el precio de las gasolinas, el gas, el diésel y la luz, solo se le aplicará el componente de inflación. 29. Los apoyos que otorgue el gobierno a las mu-

jeres y hombres del pueblo se entregarán de manera directa, sin intermediarios, para evitar “moches”, corrupción y manipulación política. 30. Se creará el Banco del Bienestar para que hombres y mujeres puedan cobrar la ayuda del gobierno. 31. El incremento del presupuesto para financiar los programas del bienestar, que tendrán en cuenta las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, se obtendrá de ahorros por no permitir la corrupción y gobernar con austeridad. 32. No aumentarán los impuestos más allá de lainflación ni la deuda pública. 33. Se respetará la autonomía del Banco de México y de sus políticas (incluidas las de perspectiva de género) para evitar que haya inflación o devaluaciones. 34. No habrá amiguísimo, nepotismo e influyentismo. Serán transparentes la nómina y los bienes de las y los funcionarios, y se harán pocos viajes al extranjero. 35. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno. 36. Solo tendrán secretarios(as) particulares las y los funcionarios del gabinete ampliado. 37. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos.

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38. Se suprimirán todas las estructuras y los programas duplicados para ser centralizados en una sola unidad o coordinación. 39. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno. Toda la publicidad contratada combatirá los estereotipos de género. 40. Las y los secretarios de Estado no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas o inversionistas vinculados a la función pública. 41. Ningún funcionario o funcionaria podrá ocupar en su domicilio a trabajadores(as) al servicio del Estado. 42. Ninguna funcionaria o funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles o detener el tráfico ni pasarse los altos o estacionarse en lugares prohibidos. 43. No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente. 44. No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo.

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45. Solo tendrán choferes (hombres o mujeres) las y los secretarios y subsecretarias (os).

invitadas a sumarse a la Cuarta Transformación desde toda su diversidad y contribuciones.

46. Salvo plena justificación, las y los policías y militares no estarán al servicio de funcionarios(as) o particulares.

Indiscutiblemente estamos ante una problemática que no sólo toca al Ejecutivo, sino al conjunto de la sociedad, en particular, la informada y empeñada en sostener que la seriedad del tratamiento y análisis sobre los grandes problemas nacionales, como puede ser la seguridad nacional, relación con Estados Unidos, topes salariales para funcionarios, descentralización de la administración pública, o la posibilidad de brindar empleo a migrantes por sólo mencionar algunos ejemplos puede realizarse sin tomar en cuenta la división social o sexual del trabajo entre hombres y mujeres.

47. Se eliminarán partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente, colaboradores(as) y familiares. 48. Se cuidarán los bienes de las oficinas a disposición de servidores(as) públicos(as) para proteger el patrimonio colectivo. 49. Se evitarán gastos innecesarios en el extranjero. Las únicas oficinas del gobierno serán las embajadas y los consulados. 50. Se tratará con amabilidad a las y los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar. 51. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la ONU. Como puede verse, estamos ante una transformación que brinda la oportunidad de avanzar desde la inclusión o, como en los casos de otras izquierdas en el poder, cerrando las compuertas para las voces de las mujeres. En ambos casos, más de la mitad de la población cuenta con mecanismos, políticas, leyes e instrumentos para resistir, o, preferentemente, ser

Adriana Ortiz-Ortega Coordinadora de la maestría en políticas públicas del Instituto Universitario y de Investiga-ción Ortega y Gasset, fundadora desde 1993, de Cincuenta y Uno por Ciento AC, investi-gadora integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Twitter: @AdrianaNOrtizO

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Crónicas de la Transición. Presidencialismo: regreso al futuro Carlos Ramírez

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i bien, algunos sectores sociales consideraban que el desorden nacional desde la primera alternancia en el 2000 era producto de un debilitamiento del poder ejecutivo por la democratización de las instituciones y los nuevos equilibrios en las tomas de decisiones, el saldo de mayoría absoluta presidencial y legislativa del partido del presidente de la república está causando preocupaciones: no se han visto sólo decisiones más centralizadas y verticalistas, sino que se ha regresado a las tensiones autoritarias. Nadie, por cierto, debiera considerarse sorprendido. Si algo demostró López Obrador en su lucha disidente desde que abandonó el PRI en 1988 para iniciarse en la disidencia sistémica fue, sin duda, su enfoque personal y no alguna definición ideológica o de sistema alternativo. Rompió con Cárdenas y con el PRD por no ajustarse a su modelo caudillista. Fundo su partido cuando se percató que el juego político de tribus en el PRD le impedía un ejercicio verticalista

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del poder. Y en Morena se ha convertido en el jefe único. El caudillismo político y personal como político de oposición se ha transformado en un modelo de reconstrucción del presidencialismo mexicano que ha atravesado toda la vida nacional desde las primeras tribus indígenas originarias comandadas por el Tlatoani. Nada resume el enfoque personal de la presidencia mejor que la frase sobre montos salariales en la administración pública: “nadie puede ganar más que yo”, el yo presidencial. Era muy fácil construir una propuesta en función de montos salariales con nuevas unidades de medición; pero no, quiso dejar en claro que el yo implicaba la reconsolidación de la pirámide priista del poder, en cuya punta ha estado siempre el Presidente de la República. El presidencialismo mexicano ha sido sucedáneo de la ausencia de estructuras democráticas de gobierno y de poder. Y no es nuevo: viene de lo Tlatoani de los indígenas, el virrey y jefe político de los tiempos de la colonia española, el presidente de la república del federalismo independentista, las figuras dominantes del largo periodo 1833-1911 - Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez y Porfirio Díaz, tres gobernantes en setenta y ocho años de vida política- y el caudillismo personal y de partido de 1917-2018. Alrededor de la figura dominante con poderes absolutos del presidente de la república se construyó el andamiaje del sistema político. El presidencialismo mexicano tradicional priista llegó a su punto culminante en julio de 1988 con las elecciones presidenciales en las que el PRI, ante la avalancha opositora y la desarticulación de sus alianzas de poder, sólo pudo acreditar en la contabilidad oficial hasta la feDatamex No. 39. diciembre 2018 004 Carlos Ramírez

cha no creíble, el 50% de los votos. La oposición había pasado de leal (categoría política acuñada por la politóloga Soledad Loaeza para señalar a la oposición que no aspiraba a la alternancia en el poder presidencial) hasta 1982 a alternativa a partir de la expropiación de la banca en septiembre de ese 1982. Así, la oposición en busca de la alternancia se dividió en la conservadora del PAN y la progresista del Partido Comunista Mexicano y los disidentes del PRI. La primera alternancia ocurrió dentro del PRI: los neoliberales derrotaron en 1981 a los progresistas y la modernización económica de mercado necesariamente impactó en la estructura política del poder. La desarticulación de la estructura presidencial de partido dominante por impulsada por los neoliberales del PRI y los conservadores del PAN. Del 2000 al 2018 se dio un proceso de cesión de espacios de poder del Estado a organismos autónomos con más influencias ciudadanas que institucionales. A nivel constitucional existen seis organismos autónomos del Estado que antes estaban bajo la férula presidencial: el Banco de México (BANXICO); el Instituto Federal Electoral (IFE); la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFETEL) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL). Asimismo, hubo instancias laterales del Estado en materia energética para evitar la centralización en el manejo de los recursos petroleros. El presidencialismo unitario y centralista se fue desmembrando a favor de la sociedad. Paulatinamente se fueron creando instancias de observación ciudadana so-

bre abusos o excesos del presidencialismo y del Estado, además de la urgencia de democratizar áreas decisivas para la sociedad. Dos puntos fueron decisivos en materia de organización ciudadana autónoma del Estado, del gobierno y del presidente en turno: la educación y la corrupción. En la primera se logró presionar al gobierno de Peña Nieto para impulsar una reforma educativa que rompiera los controles autoritarios del gobierno sobre los maestros y en la segunda se llegó a avanzar en la conciencia de una fiscalía autónoma anticorrupción. Los primeros pasos de López Obrador han ido en el sentido de reforzar el poder centralista y piramidal de la presidencia de la república y con intenciones de desmantelar los espacios de autonomía logrados en años anteriores. El primer paso fue recuperar para el partido del presidente en turno la mayoría absoluta legislativa y acercarse a la mayoría calificada para modificar la Constitución. Las primeras leyes aprobadas por Morena como mayoría absoluta han ido en el sentido de recuperar la centralidad presidencial. A favor de ello funciona el hecho de que López Obrador y sus principales colaboradores salieron de las filas del PRI populista y presidencialista cuando el neoliberalismo de mercado económico y político construyó el modelo salinista de Estado autónomo de la sociedad. El regreso del presidencialismo estará atado de manera exclusiva al poder personal y liderazgo social de López Obrador y dependerá de la mayoría absoluta de Morena en la Cámara de Diputados; es decir, tiene un plazo mínimo de tres años para avanzar y esperar el resultado de las elecciones legislativas federales del 2021 que cambiarán o reforzarán las bancadas. Y el horizonte tampo-

co irá más allá de la elección presidencial del 2024 porque López Obrador no se reelegirá (ya lo declaró) y el candidato de Morena cualquiera de los aparecen como prospectos carecerá de la fuerza personal como para profundizar en el presidencialismo. A México le esperan años de retroceso democrático por la reconstrucción del presidencialismo piramidal y absolutista, y otros más para revertir ese modelo autoritario una vez que pase la ola lopezobradorista.

Carlos Ramírez Hernández Periodista, escritor, analista y autor desde 1990 de la columna Indicador Político. Maestro en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Director del Diario Indicador Político y del sitio web noticiastransicion.mx. Twitter: @carlosramirezh Facebook: @indicadorpolitico1

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Viajar a los Pinos Ernesto Hernández Norzagaray

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a representación del poder casi siempre es mayúscula, ostentosa, apabullante, desmesurada, inalcanzable para los simples mortales y puede llegar también alcanzar ruindad y vulgaridad en el ejercicio del poder. Así, ha sido casi siempre, el poder está lejos de la humildad y la sencillez cotidiana de la calle. Se manifiesta en sus sedes, escenarios y discursos para los grandes públicos. Todo es grande y luminoso. Llegando a empequeñecer al quien lo detenta; y es que flota en la atmósfera como una forma de ser y hacerse sentir entre los gobernados. Quizá, por eso, cuando cualquier ciudadano llega hoy a Los Pinos “abierto al público”, y atraviesa el enrejado de hierro forjado y transita asombrado por la larga calzada Molino del Rey empequeñece entre su arboleda y, antes de salir del asombro, lo detiene en seco un lema amenazador, desafiante, intimidante: ¡Al Presidente nadie lo toca!, plasma-

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do en la fachada del edificio principal del Estado Mayor Presidencial y resguardado por dos bustos. Esa frase remite irremediablemente al 18 de febrero de 1913, a los diez días de la bien llamada Decena Trágica, cuando en el salón de acuerdos de Palacio Nacional, una runfla de soldados golpistas y desleales al gobierno democrático de Francisco I. Madero intentaron infructuosamente detenerlo y llevárselo con destino desconocido. La verdad, lo lograron momentos después cuando intentaba huir y fue asesinado, junto con el vicepresidente Pino Suárez, la tarde del 22 de febrero del mismo año. Sin embargo, en aquel preciso momento tenso aparece la figura, hasta entonces desconocida, del capitán oaxaqueño Gustavo Garmendia Villafagne, quien siendo oficial del Estado Mayor y miembro de la seguridad del presidente, interviene decidido y grita destempladamente: ¡Al Presidente nadie lo toca!, mientras desenfunda su pistola y dispara contra el mayor coronel Teodoro Jiménez Riveroll y uno de sus subalternos hace lo propio contra el mayor

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Pedro Izquierdo, quienes mueren en el acto en medio del escándalo -Garmendia Villafagne logra huir y se incorpora a las fuerzas obregonistas contra el huertismo pero, el 12 de noviembre de ese mismo año, recibe un balazo en una pierna y muere desangrado en la toma de Culiacán. Este pasaje de nuestra historia heroica ha quedado como ejemplo de gallardía y lealtad militar a la figura presidencial, aquella que devino en imperial, pulimentada con lo grandioso de su parafernalia. Esa frase contundente no es, entonces, una valentonada militar sino ejemplo a seguir por los encargados de la seguridad personal del presidente de la República. Hoy, por cierto, en el limbo, ante la indecisión de López Obrador de aceptar o no los servicios del Estado Mayor y regresar o no a los cuarteles, para que presten los servicios asignados constitucionalmente al ejército y qué no eran lo que hoy son, con la nueva ley federal de Seguridad Interior. Los Pinos además de que fue una zona de extrema seguridad, es el lugar dónde están ausentes las coníferas del imaginario colectivo, y esa ausencia luego sabemos remite a una nostalgia y a cierta cursilería por el pueblo que llevaba por nombre La Huerta Los Pinos en el municipio de Tacámbaro. Y es que el presidente Lázaro Cárdenas, que fue el primer residente, quiso congraciarse con su esposa y madre de sus hijos: Amalia Solórzano, poniendo a la residencia oficial el nombre abreviado de ese pequeño pueblo michoacano.

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La nostalgia entonces remite curiosamente a lo mayúsculo, 110 mil metros cuadrados, 14 veces más grande que la Casa Blanca estadounidense, la de Washington, la buena, no la de Lomas de Chapultepec, que como sabemos fue producto del tráfico de influencias del último inquilino de la residencia de Los Pinos. La familia Peña Nieto, como todas las que antecedieron, ha dejado su impronta de su paso por la residencia oficial, lo que supone una representación con un toque nobiliario con toda su parafernalia de lujos, escándalos, excesos, corruptelas. Incluso, está ahí la sospecha, en tanto no se demuestre lo contrario, que antes de desalojarla desvalijaron este patrimonio nacional concesionado temporalmente a quien detenta el cargo de presidente de la República. Y es que cuando se transita por el interior de las llamadas casas Lázaro Cárdenas o Venustiano Carranza, sorprenden los grandes espacios vacíos, es notoria la ausencia de mobiliario en las recamaras, lo mismo en los gabinetes de la cocina; no se diga la ausencia de las obras de arte que seguramente decoraban los grandes muros y espacios. Quizá, lo explique que fue una decisión administrativa para despojar a la casa de cualquier esbozo de intimidad personal o familiar y dejar simple y llano el poder frío en su magnificencia. Lo grandioso de la arquitectura y del entorno exuberante. No obstante, esa posible intencionalidad,

choca con el imaginario colectivo y remite irremediablemente a la banalidad que caracterizó a la pareja Peña-Rivera con su prole.

esos espacios arbolados y es obligado asistir todo mexicano interesado en la cosa pública o simple interés en la historia de México.

Un acto que no sólo sería la excepción a la regla, sino la confirmación del patrimonialismo que caracterizó a la pareja presidencial. Vamos, el patrimonialismo del llamado nuevo PRI que tanto presumió Peña en el momento de acceso al poder y qué resultaron verdaderos bribones que hicieron grandes fortunas al amparo del poder con la complicidad de los miembros de las instituciones de justicia. Quizá, por eso, la vuelta a lo sencillo, a lo terrenal de López Obrador, es ante todo un triunfo cultural sin precedente sobre la magnificencia del poder sea nacionalista o neoliberal, priista o panista incluso, un aviso mayor para los morenistas, que asumieron cargos de representación en los estados y municipios queriendo seguir con las mismas prácticas patrimonialistas. Esa vuelta a lo básico oxigena el poder al tiempo que lo trivializa sin restar fuelle, como lo estamos viendo tanto en las decisiones políticas de quitar las pensiones vitalicias a los expresidentes, como bajar los salarios y las remuneraciones de diputados, la alta burocracia y los magistrados del Poder Judicial. Aun con todo, por encima de esa humanización del ejercicio del poder, pervive la magnificencia del poder en

Ernesto Hernández Norzagaray

Doctor por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Es colaborador de SinEmbargo.mx, Noroeste, Ríodoce, Aldea 21 y 15 Diario. Faceboock: ernesto.norzagaray

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El presupuesto neoliberal de AMLO Luis Enrique Mercado

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stá bien claro que la 4T no está en el Paquete Económico que ayer presentó el gobierno en la Cámara de Diputados. El Presidente de la República desperdició esta oportunidad, en la que tiene mayoría en ambas Cámaras, para hacer una transformación completa en las finanzas públicas del país. El Paquete Económico para 2019 es más o menos lo mismo que los paquetes de los gobiernos priistas y panistas de los últimos seis sexenios: le quito aquí
y le aumento allá. Este paquete económico en realidad es una copia chafa de lo que en su momento hicieron Pedro Aspe, José Ángel Gurría, José Antonio Meade, Luis Videgaray.

López Obrador es el primer presidente, desde los primeros tres años de Ernesto Zedillo, en tener mayoría en el Congreso, lo que le permitiría aprobar lo que necesitara. Después de esa fecha, ningún mandatario volvió a tener mayoría en el Congreso y por eso no pudieron hacer grandes cambios en las finanzas públicas. Lo que podría esperarse de un transformador como pretende ser Andrés Manuel López Obrador es que su primer paquete económico planteara un nuevo pacto fiscal, entendiendo que esto abarca los ingresos y los egresos. Pero nada: en los ingresos, donde la parte gruesa es lo tributario, se queda sin más cambios que algunos aumentos en las retenciones; en egresos, la misma fórmula de siempre, aunque, si se quiere, con decisiones más de fondo. Es decir, los presupuestos priistas trataban de que a todo mundo le tocara algo; si algún rubro se le bajaba era muy poco y a los que se les aumentaban tampoco eran grandes incrementos. 
El único cambio en verdad importante en el presupuesto de egresos para 2019 es que queda claro el énfasis: se les desploma el presupuesto a ciencia y tecnología, 13.6%; a protección ambiental, 48%; a justicia, 11.6%, a seguridad nacional 11.7%, a todos los órganos autónomos, como Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, el INE, el IFT, el INAI. Y algo muy preocupante, la inversión en infraestructura baja al nivel que se tenía en 2016. Los aumentos se ven en Turismo, Bienestar, Energía, Defensa Nacional, Trabajo y Previsión Social, Educación Pública y Desarrollo Agrario.

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Mucho subsidio, muchos programas sociales y muchos caprichos en obra pública, Ese es todo el cambio y para nada es transformador. Es decir, en esencia, la continuidad de los presupuestos de Neoliberalismo. Otro aspecto preocupante del Paquete Económico 2019 son las proyecciones en las que se basa. Po ejemplo, estiman un crecimiento de 2%, cuando podríamos apostar que no llegaremos a esa cifra, lo que supone que los ingresos serían menores que los estimados. Esperan una inflación de 3.4% cuando casi es seguro que estará, cuando menos, un punto porcentual arriba de eso. La verdad es que se les hizo bolas el engrudo. No supieron o no se atrevieron a usar la mayoría legislativa para plantear un nuevo Pacto Fiscal y presentaron un Paquete Económico que es inercia de los de los últimos sexenios, aunque enfatizando algunos rubros. Por lo demás, no hay nada por qué entusiasmarse y sí, mucho de qué preocuparse.

Luis Enrique Mercado Sánchez Periodista especializado en economía y finanzas. Fue fundador de El Economista, diario que dirigió 20 años. En la actualidad es presidente y director general de los diarios Imagen y El Centinela del Pueblo. Colaborador en el programa de los martes de Eduardo Ruiz-Healy en Grupo Radio Fórmula. Twitter: @jerezano52 Facebook: Luisenriquemercado. Artículo publicado en “Diario Excélsior” el 17 de diciembre de 2018.

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Corrupción y neoliberalismo. ¿Hacia un cambio de régimen en México?

Rogelio Madrueño

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l nuevo gobierno en México se ha propuesto un cambio de régimen político que permita un nuevo arreglo económico capaz de superar las tres décadas de crecimiento mediocre del ingreso por habitante y el lastre de inseguridad y violencia que azota al país. El primer discurso de AMLO ha iniciado con una crítica mordaz al modelo económico neoliberal, y a la corrupción como una de sus principales derivas o disfunciones. Esta afirmación ha levantado una revuelta entre los defensores de las bondades del libre mercado y los partidarios de la crítica gubernamental. Particularmente, es interesante el punto de

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vista de los primeros que ven una exageración maniquea de ese discurso, al tiempo que refuerzan la idea de que todo sistema, liberal o estatista es intrínsecamente corrupto. La pregunta es ¿quién tiene razón? El sistema neoliberal: características y génesis. El neoliberalismo es una ideología basada en prácticas económicas y políticas que buscan poner en el centro de la actividad económica al individuo y su libertad de acción, a través de un entorno en el cual la figura clave es el mercado y el comercio libre, así como la defensa de los derechos de propiedad. Este conjunto de factores son los que desencadenan la prosperidad económica del individuo, las empresas y los países. En consecuencia, el mercado debe ocupar el mayor espacio posible dentro de la actividad económica mientras que el Estado debe jugar un papel mínimo, no intervencionista, regulador de sectores clave, y subsidiario de los más desfavorecidos del sistema. Ahora bien, el neoliberalismo hay que entenderlo en su contexto histórico: irrumpe en el sistema económico internacional durante la década de los ochenta del siglo XX, aunque sus raíces provienen de posguerra mediante la influencia de figuras clave como los austriacos L. von Mises y F. Hayek. En este sentido, el arribo del neoliberalismo es fruto de los excesos del estatismo y de las políticas de corte keynesiano, que fueron abriendo paso a la ideología neoliberal como alternativa económica y política. Mucho se ha hablado del experimento neoliberal en Chile a principios de los setenta, pero ciertamente esta doctrina

económica ya era visible en organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, a mediados de esa década, a través de las denominadas cartas de intención (de las que México formaba parte). Finalmente, este enfoque se instala como doctrina de choque (conocida como Consenso de Washington) en buena parte de la economía mundial posterior a la crisis de la deuda, a través de políticas de estabilización macroeconómica, liberalización comercial y económica (desregulación, privatización, subcontratación), así como flexibilización del mercado de trabajo. En este proceso, se asumía que el cambio de incentivos institucionales iría en detrimento de los buscadores de rentas vinculados a la intervención económica estatal y de la corrupción que generaban. A partir de la entrada del paradigma neoliberal se modificaron estructuras económicas, financieras e institucionales del grueso de países, pero ¿cuáles fueron sus efectos en materia de extracción de rentas y corrupción? ¿Qué nos dice la evidencia empírica? J. Gerring y S. Thacker, académicos de la Universidad de Boston, proveen un análisis cuantitativo bien argumentado metodológicamente, que nos ayuda a esclarecer en buena medida la relación entre política económica neoliberal y corrupción política. En particular, se examinan dos hipótesis: (i) que las políticas neoliberales orientadas al mercado (comercio, inversión, regulación y tamaño del sector público) están asociadas con niveles bajos de corrupción política, y (ii) que la intervención estatal

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en la economía produce mayor corrupción. Para probar estas hipótesis se utiliza una muestra de 181 países en un periodo de intensa expansión neoliberal. Los resultados de este análisis muestran aspectos interesantes. Entre ellos destacamos que ―en sintonía con la idea neoliberal― existe evidencia para decir que las políticas de libre comercio e inversión, así como las cargas regulatorias bajas y efectivas están estrechamente relacionadas con niveles bajos de corrupción política. No obstante, no existe evidencia sólida para plantear un vínculo entre tamaño del sector público y corrupción política. Esto implica que la hipótesis de primacía del mercado no se sostiene por sí sola y que un gobierno grande e intervencionista (medidos por el gasto público) no es necesariamente más corrupto. Más aún, la reducción de la corrupción no significa un mero ejercicio de buena gobernanza, sino que intervienen otros factores. Uno muy relevante la redistribución del ingreso, que no debería estar conflicto con políticas favorables al mercado. Estos resultados entran en coincidencia con la evidencia histórica de las últimas décadas. Países que adoptaron al pie de la letra el recetario neoliberal en un entorno de crisis financieras agravaron la recesión económica y los problemas sociales de sus economías. Incluso, se puede señalar que en un periodo de intensa globalización económica, y en especial financiera, las economías nacionales que han logrado sortear mejor la competencia internacional e impulsar el crecimiento económico per cápita,

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han sido aquellas en donde el Estado ha desempeñado un papel conductor relevante, o bien en donde la regulación y la redistribución han sido más eficaces. Esto muestra que no existe una receta única y que las bondades y desatinos de las políticas neoliberales en materia de corrupción y bienestar tienen un fuerte componente estructural e institucional. ¿Dónde estamos y hacía dónde vamos? México, como es bien sabido, abrazó las recomendaciones de libre mercado, pero también un nuevo conjunto de prácticas corruptas, las cuales no han traído mayor crecimiento del ingreso por habitante, ni tampoco menor desigualdad y corrupción. De hecho, el país entró en una espiral de impunidad y corrupción, cuyo costo ha estado en constante aumento desde el año 2000, lo que sitúa a México en el lugar 135 de 180 países, según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional en 2017. Es decir, el abuso de autoridad, los conflictos de interés, el fraude, la malversación de fondos, y el enriquecimiento ilícito, entre otros, se han convertido en una pesada losa y una trampa para el bienestar. Recordemos que México es un campeón internacional en materia de flujos financieros ilícitos. Los defensores del neoliberalismo han llegado a plantear que la solución es una dosis más fuerte de libre mercado y desregulación para salir del bache. Sin embargo, pensar

que con el arreglo institucional de los últimos años se puede dar marcha atrás a una historia de fracasos, no suena muy plausible. Desde luego, un retorno al estatismo setentero tampoco es la idea. No suena descabellado, por tanto, la búsqueda de un equilibrio entre mayor intervencionismo estatal y políticas de mercado. De hecho es la mejor fórmula para impulsar los denominados bienes públicos (nacionales, regionales y globales) en los que México tiene un compromiso internacional. Y esa parece ser la vía que desea explorar AMLO. Está claro que las resistencias son inherentes a los cambios de paradigmas. Lo importante es no caer en escenarios polarizantes que lleven a la parálisis y al estancamiento. Mas bien, es necesario fomentar el diálogo y la negociación para revertir el deterioro económico y social. El reto es mayúsculo e implica un ejercicio de buen juicio y prudencia por el bien de las nuevas generaciones.

Rogelio Madrueño Doctor en Economía Internacional y Desarrollo (Universidad Complutense de Madrid). Maestro en Relaciones Internacionales (Instituto Ortega y Gasset). Licenciado en Economía por la UNAM. Es investigador asociado del Ibero-America Institute for Economic Research de la Universidad de Göttingen, Alemania y coordinador de investigación de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) correo-e: rmadrueno@gmail.com Twitter: @RogerMadrueno

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Democracia en peligro Víctor Alejandro Espinoza

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ara los detractores del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la democracia mexicana se encuentra en peligro por la crítica que aquél ha llevado a cabo acerca de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como sabemos la SCJF recientemente aprobó la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicas, mientras que TEPJF declaró la validez legal de los resultados de la elección de gobernador del estado de Puebla. Los partidos opositores a AMLO, PRI, PAN, PRD, MC presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJF por la nueva ley de remuneraciones de los servidores públicos, que establecía que nadie podía ganar más que el Presidente de la República. El salario de AMLO es de 108 mil pesos. Los ministros pusieron el grito en el cielo. Y llegaron a afirmar que requerían ganar altos salarios para no caer en la tentación de corromperse. Pero lo que resultaría gravísimo, si se confirma la información, es que hayan sido los mismos ministros quienes le redactaron a los partidos el recurso de inconstitucionalidad.

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La oposición aprovechará cualquier coyuntura para atacar a AMLO. Lo paradójico es que su defensa de los privilegios del Poder Judicial es antipopular. Son bastante limitados políticamente. Con tal de golpear a AMLO son incapaces de evaluar que, por esa vía, aumentará su repudio popular. Son cortoplacistas: es una victoria pírrica la que han obtenido. La prueba de las urnas no la podrán soportar. No me imagino que en los actuales procesos electorales que se llevan a cabo en el país, algún candidato de estos cuatro partidos defienda públicamente las altas remuneraciones de quienes trabajan en el Poder Judicial bajo el argumento de que están defendiendo a la democracia. Es un suicidio, pero son incapaces de preverlo. La oposición a AMLO, que no solo se integra por los partidos referidos, sino por un amplio sector de comentócratas y autonombrados representantes de la sociedad civil, sostienen que el actual diferendo con el Poder Judicial pone a México en la antesala de una crisis institucional. La democracia se encuentra en peligro, gritan en sus columnas. AMLO “es un peligro para el país, se los dijimos pero no nos hicieron caso”. Esto va a ser el caos. Se atreve

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a cuestionar el sacrosanto salario de los ministros. Pronto convocarán a la tercera marcha fifí. Entrevisté a una médica que ha trabajado por años en la SCJN. Lo que me describió es de verdad grosero y ofensivo para la mayoría de los mexicanos. No solo son los altos salarios, bonos y otros apoyos en efectivo; es la cantidad de personal al servicio de los ministros. Prácticamente no se preocupan ni del servicio doméstico o reparaciones de casa: todo está incluido. Esos son los privilegios que no están dispuestos a perder. Se enriquecen con el cargo. Equilibrio de poderes no debe ser de ninguna manera que alguno de los tres no pueda señalar irregularidades, corruptelas, actos inmorales o injusticias (como esta de las altas remuneraciones). Es como utilizar el argumento de la autonomía de algunos órganos o de universidades públicas para no rendir cuentas a nadie y operar sus cuantiosos recursos con la finalidad de lu-

crar de manera privada o ejercer el poder de forma autoritaria. Más en un sistema presidencialista como el nuestro, la obligación del presidente es fijar las principales políticas para combatir los problemas. La pobreza en la que vive la mayoría de los mexicanos justifica ampliamente las políticas de austeridad que ataquen los privilegios. Creo que los miembros del Poder Judicial, y sobre todo los ministros, han perdido el piso y vivir en un mundo de confort no les permite ver a su alrededor. Lo preocupante es que con esos principios construidos por excesos ejerzan su actividad principal que es dispensar justicia. Quien siempre vive rodeado de lujos se olvida que la democracia es el gobierno de muchos. Y que la mayoría tiene derecho a exigirles cuentas. Eso no vulnera los principios de la democracia o de la división de poderes. Simplemente todos los funcionarios deben estar sujetos al escrutinio publico. La ley en la que se amparan es injusta. Se debe cambiar. El nuevo gobierno cuenta con la legitimidad para hacerlo.

Víctor Alejandro Espinoza Director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte. Doctor en Sociología Política. Investigador titular del Colegio de la Frontera Norte e Investigador Nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Articulista semanal del Diario Frontera y la Crónica de Baja California, Diario Monitor Económico de Baja California, Ágora de Baja California, Zona Franca de Guanajuato, 15 Diario de Monterrey; entre otros. Correo-e: victorae@colef.mx. Twitter: @victorespinoza_ Página WEB; www.colef.mx/victoralejandroespinoza/ Artículo publicado en “Diario Frontera” y la Crónica de Baja California. el 12 de diciembre de 2018.

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Y en resumen, 2018 fue… Marcos Marín Amezcua

2018

fue un año tenso, denso e intenso. Afortunadamente. La derrota apabullante del PRI, que supone a su proyecto a perpetuarse y a su decrépita clase política, la mayor derrota electoral en toda su historia, va cancelando su continuidad en la Presidencia, a la que imaginó eterna. Sin embargo, solo es un trasvase de élites, que no necesariamente sea más popular la clase política entrante, pero se muestra más dispuesta a impulsar un proyecto de izquierda que afectará hasta donde sea posible gestionarlo, los intereses del PRI. 2018 supone ser una reacción popular muy lejana a un irracional odio al PRI. Esto del odio se ha dicho de forma sosa, infantil, despechada simplemente para no conceder al electorado la capacidad innegable demostrada para identificar su malestar y dirigir su reflexión y su intención de voto perfectamente claras, hacia las urnas. Y para no admitir los errores del PRI desde el priismo. Exactamente como sucedió el 1 de julio y en una demostración de rechazo al resultado elaborada desde el PRI en 2018, justo como lo hizo en 2000, cuando perdió por primera vez la presidencia de México.

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009 Marcos Marín Amezcua

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Con esa participación y esa respuesta de los electores, perdió el PRI y se encumbró un partido de reciente conformación, pero con una larga trayectoria de izquierda en su principal representante, Andrés Manuel López Obrador, arrinconando al PRI.

errar en suposiciones o no vayan confeccionando escenarios equívocos que suponen plantear ideas tales como que se dude de porqué se echó al PRI o se sostenga que estábamos mejor con su desempeño. Porque su continuidad se antojaba insostenible.

Obrador, posibilidad lejana aunque no descartable. Aun así considérese que en 2024 el presidente contará con 71 años. Durante el sexenio veremos si Morena se hace con las 17 legislaturas necesarias para avalar reformas constitucionales, o no.

2018 significa una debacle estrepitosa del PRI. Esta vez se trata de un triple fracaso: por su gestión, dejando al país con un endeudamiento irresponsable de 10 billones de pesos, duplicando la deuda externa; por sus reformas estructurales fracasadas gracias a su mala planeación y la corrupción impune que las acompañó y por su clase política que es la más perseguida por Interpol, prófuga por desfalco y nexos con el crimen organizado. Todo ello implicó el empobrecimiento generalizado aunado a la entrega de los recursos naturales a manos extranjeras. Definitivamente, era inaceptable su continuidad y no es posible añorar su gestión. Y los votos en su contra, perfectamente justificados y explicables, no soportados solo por el odio al partido como acusan pueriles los priistas, ajenos y no dispuestos a entregar cuentas, hicieron valer el desacuerdo ciudadano con una gestión imposible de aplaudir y cuyas características se han enunciado en este párrafo. La gestión priista significa fracaso, incapacidad de articular un mejor modelo de país que no se sostenga en el despojo ni en el endeudamiento y en definitiva, la derrota del PRI supone que su proyecto de regresar y perpetuarse haciendo todo para no ser echado del gobierno, nuevamente –desde golpetear al INE hasta los bots en redes sociales o acallar opositores– fue un rotundo fracaso. Nuevamente perdió la presidencia de México.

2018 implica que hay un trasvase de élites. No necesariamente se produjo un relevo de clases sociales al frente del Estado, si bien cabe esperar cambios y la tunda, el batacazo electoral al PRI en los tres niveles de gobierno fue contundente, por la irrupción de Morena, pero también por los triunfos opositores como el del PAN en Puebla o Movimiento Ciudadano en Jalisco. Entre todos acorralaron a un PRI rechazado por el 76% de los electores, cosa jamás vista. El PRI perdió el voto en el extranjero por tercera vez consecutiva. Esto molesta al PRI, pero la respuesta es sencilla: entonces haberlo hecho mejor, así hubieran repetido y hoy estarían de plácemes. Pero les quedó grande México.

2018 implica no plantear como eje discursivo serio y analítico que López Obrador lleva 18 años de campaña, pues pudo haber perdido por tercera vez. Habría que plantearse en cambio, porqué teniendo el PAN todo para ganar –el fastidio justificado ciudadano, la mala gestión del PRI y de Peña Nieto con su frivolidad e ignorancia a flor de piel atentatorias a los intereses del pueblo de México, los números desastrosos entregados por el PRI y el pánico a López Obrador– no pudo ganar las presidenciales. Lógico: las campañas se construyen y abanderan causas sociales mayoritarias, no se decretan, como sucedió. La causa de su derrota se llama Ricardo Anaya: inexperto, autoritario, impositivo, sordo al reclamo popular, impuso su propia candidatura fracturando a su endeble partido, incapacitado tal instituto político para crear ciudadanía y construir alternativas viables e interesantes al elector promedio y no solo a sus filas –un vicio recurrente en sus justificaciones de derrota– y por ende, sorda a los reclamos nacionales.

2018 significa también que quien efectúe estudios políticos sobre México, deberá tener muy claro el panorama al que nos condujo el PRI en su catastrófico sexenio, para no

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López Obrador accedió a la Presidencia con 30 millones de votos, duplicando sus números de 2012 con 16 millones más, pero, en efecto, esta es una masa volátil y voluble. Que nadie se equivoque: no es una masa sólida, hay un voto de confianza a su propuesta –y presumiblemente no votaría PRI solo por votarlo de nuevo– pero si la oportunidad no la desempeña de manera racional, razonable, perderá esos apoyos. Al grado de poderse perder las intermedias de 2021, que solo elegirán diputados federales, aún reteniendo Morena el Senado por no estar sujeto a elección. En todo caso, en 2018 Morena no cuenta con 17 legislaturas estatales como para poder imponerse reformas constitucionales que requieren su aval. Ninguno de sus proyectos pasaría sin la oposición e incluso, la de momento negada reelección por el propio López

2018 implicará valorar estudios de comportamiento ciudadano. Un empoderamiento consolidado en redes sociales capaces de presionar decisiones y autoridades, así como de responder a bots gubernamentales en su origen y financiamiento. Como los utilizados por el PRI contra sus adversarios. Supone todo ello definir con claridad los alcances de un ejercicio público significativo en pro de causas colectivas.

En resumen, al cerrar 2018 solo puede señalarse que hubo un cambio de gobierno y que un nuevo sexenio empieza. Que no hay rivales a López Obrador que puedan contender exitosamente en una presidenciales de 2024 y que todos los partidos, incluido Morena, deben empezar ya a construir esas candidaturas. Si es que se quiere liderazgos, contrapesos y relevos. Ardua tarea no iniciada como debería.

Marcos Marín Amezcua

Licenciado en Derecho. Maestro en Estudios de México y Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Conferencista y docente universitario. Columnista de El Imparcial de Madrid.

Twitter: @marcosmarindice

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010 José Ramón López Rubí C. Datamex No. 23. Octubre 2018

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DATAMEX Diciembre 2018  

Publicación del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

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