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143 Órgano Informativo CUT Antioquia ISSN 1900 - 1843 - Medellín, Noviembre del 2023 - Edición 143
CRISIS DE LA
SALUD en Antioquia
Comite Ejecutivo CUT Antioquia Manuel Ignacio Vaca
Direccion de la revista
Luis Enrique Reyes Pérez
LAZOS DE UNIDAD
Presidente
Vicepresidente
Juan Sebastían Ochoa Secretario
Comité editorial
José William Mosquera Fiscal
Pedro Pablo Barbosa Tesorero
Claudia Leticia Arboleda Dir. Dpto Comunicaciones
Germán de Jesús Marín Dir. Dpto DD.HH y Solidaridad
Deivis Norberto Correa
Dir. Dpto Seguridad Social y Salud en el Trabajo
Antonio Claret García Dir. Dpto Educación
Rita Patricia Callejas Dir. Dpto de la Mujer
Never Ortíz Palacio
Dir. Dpto de la Juventud y Menor Trabajador
Gilberto Torres Espitia Dir. Dpto Organización
Fernando Alcides Pérez Dir. Dpto Relacionales Laborales
Rosa América Peñaloza
Dir. Dpto Asuntos Relacionados con las Multinacionales
Jaime Montoya
Dir. Dpto de Relaciones con Sectores Sociales
Diseño y diagramación: Yamid López
Comision de quejas y reclamos Jesús Efrén Pino Lozano, Ana Eslinda Girón Rivas, Liliana Patricia Burgos Gómez, Danilo Pulgarín Henao, Román Alberto Montoya Pérez, Hector Miguel Quiñones, Mario de Jesús Quiñonez, Willie Ayala Audiverth, Nestor Darío Monsalve, María Elena Rúa, María Rosalba Vasco, Katherine Moreno Gaviria, María Victoria Jímenez, Candy María Fonseca, Ángel Isidro Julio Hernández, Billians Asprilla, John Alexander Machado, Elver Antonio Rivas
CUT ANTIOQUIA Central Unitaria de Trabajadores subdirectiva Antioquia
Contenido Crisis en la Salud SOS por la salud en Antioquia
Comunicado al distrito de Medellín Asdecomm
Se mueven los departamentos en la CUT Antioquia CUT Antioqua Fútbol y pragmatismo democrático
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Edwin Palma
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Importancia de la comunicación CUT Antioquia digital
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En Bancamía votaron la huelga ENS
La huelga a salvo Beethoven Herrera
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CRISIS DE LA SALUD EN ANTIOQUIA Por: Mesa SOS por la Salud en Antioquia
La crisis y la corrupción en el sistema de salud en Colombia se evidencian a través de varias cifras alarmantes. A continuación, presentamos algunos datos relevantes: 1. Desigualdad en el acceso a la salud: Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 4.3% de la población en Colombia no tiene acceso a los servicios de salud, lo que equivale a aproximadamente 2.3 millones de personas. 2. Altos índices de corrupción: Según el Índice de Transparencia Internacional, en 2023 Colombia ocupó el puesto 101 de 180 países en cuanto a percepción de corrupción, con una puntuación de 39 sobre 100.
abrieron 81 investigaciones disciplinarias por corrupción en la contratación de servicios de salud. 5. Falta de infraestructura: De acuerdo con el Observatorio de Salud de la Universidad Nacional de Colombia, menos del 15% de los hospitales y clínicas del país cumplen con los estándares de infraestructura establecidos por la normativa vigente. 6. Deciencias en atención básica: Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en 2022 solo el 56% de los municipios colombianos contaban con atención primaria en salud, lo que evidencia una falta de acceso adecuado a servicios de salud básicos.
3. Desvío de recursos: Según la Contraloría General de la República, entre 2019 y 2023se identicaron irregularidades en la ejecución de recursos por más de 1.1 billones de pesos (aproximadamente 300 millones de dólares) en el sector salud.
7. Altos costos de los medicamentos: Un informe de la Superintendencia de Industria y Comercio reveló que entre 2019 y 2022 los precios de los medicamentos en Colombia aumentaron en promedio un 45%, lo que diculta la accesibilidad de los tratamientos para los pacientes.
4. Contratos fraudulentos: La Procuraduría General de la Nación reportó que en 2022 se
Estas cifras reejan la grave situación de crisis y
corrupción en el sistema de salud en Colombia, lo que afecta negativamente la calidad de vida de la población y pone en riesgo su derecho a la salud. Por todo lo anterior exigimos el pago ya de más de 90.000 millones de pesos de deuda de savia salud, y Coomeva, para nuestras instituciones. La crisis de salud en Colombia es una situación preocupante que se ha agravado en los últimos años. Uno de los principales problemas es la falta de recursos económicos, que ha llevado a muchos hospitales públicos y privados a la quiebra. El sistema de salud en Colombia enfrenta varios desafíos, como la falta de acceso a servicios de calidad, la desigualdad en la distribución de recursos y la corrupción. Estos problemas han generado una situación insostenible para muchos hospitales, que no cuentan con los recursos necesarios para brindar una atención adecuada a los pacientes. Además, el sistema de aseguramiento en salud también ha contribuido a la crisis. Muchas personas no cuentan con un seguro de salud o deben pagar altas sumas de dinero para acceder a servicios médicos básicos. Esto ha llevado a un aumento de la demanda en los hospitales públicos, que no tienen la capacidad ni los recursos para atender a todos los pacientes. En este contexto, se han registrado varios casos de hospitales en quiebra en todo el país. Estos hospitales enfrentan deudas millonarias, falta de pago a proveedores y empleados, y condiciones precarias de infraestructura. Como resultado, muchos pacientes no reciben la atención médica que necesitan y se ven obligados a buscar opciones en otros lugares,
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El sistema de aseguramiento en salud también ha contribuido a la crisis. Muchas personas no cuentan con un seguro de salud o deben pagar altas sumas de dinero para acceder a servicios médicos básicos.
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lo que genera una sobrecarga en otros hospitales. El gobierno colombiano ha intentado implementar medidas para mejorar la situación, como aumentar la inversión en salud y fortalecer los controles contra la corrupción. Sin embargo, la crisis de salud en Colombia es un problema complejo que requiere de soluciones integrales y a largo plazo. En resumen, la crisis de salud en Colombia y los hospitales en quiebra son síntomas de un sistema de salud que enfrenta numerosos desafíos, como la falta de recursos económicos y la desigualdad en el acceso a servicios. Para solucionar esta situación, se requiere de una acción integral por parte del gobierno y de un compromiso de todos los actores involucrados en el sistema de salud. Rechazamos los despidos masivos en los Hospitales e instituciones de salud, en Antioquia La falta de estabilidad laboral y la vinculación por medio de contratos a término indenido. El pasivo de SAVIA SALUD, en Antioquia, asciende a 793.233 millones de pesos, de los cuales. El 97%, representa las deudas con la red prestadora de servicios de salud, y según el supe salud, nuevamente se observan el incumplimiento de las ordenes nancieras de la prorroga centradas en el plan de pagos a la red de prestadores y proveedores. Por tales motivaciones los sindicatos, SINTRAIPSU, ASMEDAS ANTIOQUIA, ANTHOC ANTIOQUIA, SINTRA HOSPITAL GENERAL le solicitamos, a los entes de control, tomen cartas en el asunto para solucionar esta problemática.
Comunicado al concejo distrital de Medellín y a la opinión pública de la Asociación de Servidores Públicos de los órganos de control de Colombia
En segundo lugar, nuestra petición se centra en la forma como se han dirigido algunos de ustedes honorables concejales, en varias intervenciones donde se discuten presuntos hechos de corrupción por parte de la Administración de la Ciudad, frente al quehacer diario de los Servidores y Funcionarios Públicos
Hoy en este importante recinto para la discusión y futuro de la ciudad, y como representantes de las Asociaciones de empleados de la Contraloría Distrital de Medellín, A SDECOMM y A SDECCOL Subdirectiva Antioquia, presentamos un cordial y respetuoso llamado a los señores Concejales, con el n de que las discusiones y debates que se llevan a cabo en este espacio, se constituyan en fuente vital para el control político, espacio fundamental dentro de una democracia, donde la discusión sobre el que hacer de la Administración Distrital, pero ante todo el manejo frente a los recursos públicos, siempre se encuentre soportado y evidenciado en hechos claros y especícos, ya que al momento en que se requiera y exija la
intervención de los organismos de control, estos puedan entrar desde su independencia y carácter técnico a realizar las investigaciones y pronunciamientos nales sobre la forma como dichos recursos públicos están siendo manejados por parte de los responsables de dicha actividad. En segundo lugar, nuestra petición se centra en la forma como se han dirigido algunos de ustedes honorables concejales, en varias intervenciones donde se discuten presuntos hechos de corrupción por parte de la Administración de la Ciudad, frente al
quehacer diario de los Servidores y Funcionarios Públicos que integran los diferentes órganos de control del país y especialmente la Contraloría Distrital de Medellín, quienes solicitamos no ser catalogados “cómplices” frente a los malos manejos de los recursos públicos. Es importante resaltar que los servidores públicos que integramos la planta de cargos de la Contraloría Distrital, somos trabajadores incansables y la mayoría llegamos por concurso de méritos a ocupar los cargos que hoy orgullosamente desempeñamos, nos caracterizamos por ser técnicos, estudiosos y rigurosos en el desarrollo de nuestras labores, respetuosos del debido proceso, garantía fundamental del Estado Social de Derecho, que no podemos transgredir o limitar por mandato constitucional, razón por la cual, todos nuestros pronunciamientos y fallos siempre deben estar soportados en la ley y en la Constitución Política, nunca obedeciendo a intereses partidistas o mediáticos. Frente a la prestación de nuestros servicios, efectivamente percibimos un salario, al que tenemos derecho como cualquier trabajador público o privado, tratándose de una garantía constitucional que efectiviza y dignica
derechos fundamentales como la vida, la salud y el trabajo, por ello miramos a nuestros hijos con orgullo, para quienes somos un ejemplo de honestidad, transparencia y trabajo arduo, y estamos convencidos que con nuestro trabajo estamos contribuyendo a construir una mejor ciudad para futuras generaciones. Es importante informar correctamente a la ciudadanía respecto a las funciones desempeñadas por los entes de control scal, pues debe tenerse en cuenta que la misión constitucional de las Contralorías se centra en la vigilancia de los recursos públicos, y en su resarcimiento en caso de que sean afectados y que su intervención será posterior y selectiva por mandato constitucional, misión que la Contraloría Distrital de Medellín, ha cumplido a cabalidad, basta con mirar sus resultados: Ÿ Los recursos que vigila La Contraloría
Distrital de Medellín alcanzan casi 50 billones que es el presupuesto que actualmente manejan los 45 sujetos de Control que operan en el Distrito.
Ÿ Así en lo que va corrido de la vigencia se han
activado 126 vigilancias scales, 83 Auditorías; 45 de ellas, Financieras y de
Gestión, en las cuales se evalúa la gestión integral de la Entidad; 26 de Cumplimiento; 2 de Desempeño y 10 Actuaciones Especiales de Fiscalización; cuyos informes denitivos se han remitido al Concejo Distrital de Medellín, por obligación legal. Se han obtenido igualmente Benecios de Control Fiscal en el 2022 fueron por más de $29.000 millones y en el 2023, llevamos contabilizados más de $55.000 millones. Se adelantan actualmente 133 procesos de responsabilidad scal ordinarios y 8 procesos de responsabilidad scal verbales; y se han proferido en esta vigencia fallos con Responsabilidad Fiscal, por valor de $5.568.991.170 y se han recuperado a través de la cesación de la acción scal $1.600.000.000. De tal manera, no podemos supeditar nuestra actuación y la entrega de los resultados del control scal a hechos mediáticos o acusaciones, que en muchos casos no cuentan con los respectivos soportes probatorios, pues se reitera la actuación scal es técnica y debe fundarse en pruebas legalmente obtenidas y ajustadas al debido proceso, por lo que es igualmente imposible pretender que tan pronto se presenta una denuncia como consecuencia la Contraloría pueda presentar resultados inmediatos. Por lo anterior, les solicitamos que la función y el que hacer de una entidad encargada de ejercer el control scal, no sea incluida como parte de los actores dentro de un escenario político y electoral, y si la Corporación, en el ámbito de sus competencias, tiene algún cuestionamiento respecto a la labor scal realizada, o denuncia pública qué realizar, lo haga; siempre de manera razonada, fundada y respetuosa, ante los entes de control correspondientes. Lo anterior, en tanto reconocemos que el Concejo Distrital, como órgano deliberante de la gestión pública local, que representa a la comunidad y tiene a su cargo el control político, cumpliendo un papel fundamental en cada una de las etapas de la gestión pública local, desde la planeación hasta la rendición de cuentas, es el escenario propicio para el debate y la expresión de ideas, pensamientos y
opiniones; cuya libertad se garantiza constitucionalmente, aunque no de manera absoluta, permitiendo limitaciones bajo ciertas circunstancias, de tal manera que la expresión de estas ideas en el ámbito del control político ejercido por la corporación, exige responsabilidad, veracidad y sustento, inuyendo positivamente en el ciudadano, quien percibirá un adecuado uso de la libertad de expresión, fortaleciendo la credibilidad en las instituciones públicas, hoy notoriamente resquebrajada en la ciudad de Medellín. Ahora bien, no podemos desconocer que el control scal tiene falencias, que vienen desde su concepción constitucional, como el caso de la elección, tanto del Contralor General de la Re p ú b l i c a , c o m o d e l o s C o n t r a l o r e s Territoriales, proceso que aún no logra alcanzar los niveles de independencia y rigor técnico planteados desde la Constitución Política, ya que sigue activa la intervención del Congreso de la República, las Asambleas Departamentales y los mismos Concejos Municipales, en el proceso de elección de los Contralores en cada uno de los niveles; y que pese a los múltiples reparos de diferentes sectores, como las Asociaciones de Empleados, fue mantenida en el reciente acto legislativo 04 de 2019, que modicó el control scal en Colombia, elección en la que siguen inuyendo de manera abierta circunstancias político electorales, más que la búsqueda de un real y efectivo ejercicio técnico del control scal, situaciones que indiscutiblemente han podido llegar a afectar la independencia de los órganos de control scal, y su credibilidad, elección en la que en nada intervienen los Servidores Públicos que día a día realizan técnicamente su labor. Debate que no es nuevo y que se ha extendido por los 100 años de existencia de la Contraloría General de la República. Las Asociaciones Sindicales del Control Fiscal venimos presentando propuestas de reforma con tres foros que hemos llamado “Colombia Propone un Nuevo Modelo de Control Fiscal”, realizándose el primero de ellos, el pasado mes de abril en la ciudad de Medellín, y respecto al cual en su momento extendimos invitación a este Honorable Concejo, invitación que hoy reiteramos, pero para presentar un nuevo
proyecto de acto legislativo, en concurso con la Contraloría General de la República, en el que, entre otros asuntos se propone despolitizar la elección de contralores. De modo que Honorables Concejales, es su responsabilidad al momento de efectuar la elección del Contralor, asegurar que este proceso se encuentre desprovisto de cualquier intención política, burocrática o personal, por lo que su trabajo es garantizar que quien sea n o m b r a d o C o n t r a l o r, c u e n t e c o n l a independencia y todo el rigor técnico para poder adelantar su trabajo sin ningún tipo de interferencias externas, frente al manejo y disposición de los recursos del erario Distrital, lo que sin duda alguna conllevará a que se presenten en un futuro debates serios, responsables y respetuosos del control scal, donde no existan colores ni etiquetas políticas, solo el interés por el bienestar de todos los habitantes de la ciudad. Tal y como se puede evidenciar por parte de algunos de ustedes, señores Concejales, que han sido nuestros compañeros en la Contraloría Distrital de Medellín; al interior de la Entidad se ha realizado un trabajo técnico y transparente de cara a la ciudadanía, frente a los deberes que nos han encomendado la Constitución y la ley, no importa si somos de Libre nombramiento y remoción, de Carrera Administrativa, Provisionales o Contratistas.
Finalmente, nuestra invitación es a trabajar de manera incansable y conjunta por nuestra ciudad, a recuperar la conanza del ciudadano, garantizando el cumplimento de los nes esenciales del Estado, y por tanto la satisfacción de los intereses colectivos, dejando en alto el nombre de Medellín, no solo como la ciudad más innovadora, sino la más transparente, con altos indicadores de gestión pública. Juntas Directivas ASDECOMM y ASDECCOL Subdirectiva Antioquia.
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s o d a i c o s A
SE MUEVEN LOS DEPARTAMENTOS DE LA CUT La departamentos de la CUT Antioquia, de Educación, de Salud y seguridad en el Trabajo y de Derechos Humanos trabajan en actividades que mejoren la calidad de vida de los trabajadores en el Departamento. El departamento de Educación realizará, en asocio con la ESAP, un seminario para entender la importancia de la reforma agraria en nuestro país.
El departamento de Salud y seguridad en el trabajo se reúne los últimos jueves de cada mes para educar a los asistentes en temas que mejoren ese campo en las empresas. Y el departamento de DDHH continua realizando los mítines y estudio de la realidad que les permite protestar y visibilizar las problemáticas de los trabajadores en Antioquia.
Fútbol y pragmatismo democrático Por: Edwin Palma, viceministro de Trabajo.
En septiembre de 2022 al tomar posesión en el cargo de Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, heredé uno de los conictos laborales más antiguos del país, el que mantienen la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) con la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Es un conicto con alcance internacional, pues hay una queja vigente ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT (suspendida por ahora) y una investigación administrativa por una posible negativa a negociar el pliego de peticiones que presentó el hoy sindicato Acolfutpro, buscando ejercer el derecho fundamental a la negociación colectiva con quienes deben denir algunas condiciones de trabajo de sus representados. Desde octubre del año pasado, con la decisión del Ministerio del Trabajo de desengavetar la investigación, han sido muchas las conversaciones en las que he participado, incluso con participación de un delegado de la Fifa y otro de la OIT que nos han contado sobre las múltiples experiencias de negociación de
condiciones de trabajo entre las ligas y las federaciones con organizaciones sindicales de futbolistas en todo el mundo. Colombia es la excepción, ha sido difícil avanzar y me atrevo a decir que esto ocurre por la histórica cultura antisindical dominante, que genera desconanza entre los actores y en segundo lugar por falta de pragmatismo (democrático) que impide los acuerdos y que puede ser causado principalmente por el desconocimiento de toda la doctrina internacional del trabajo, que, por ejemplo, en el reciente informe de la “Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo” consideró el diálogo social como un “bien público” y señaló que cuando éste funciona como debería: “promueve la participación, la justicia y la legitimidad. Encuentra soluciones equitativas y duraderas para los problemas más exasperantes del mundo del trabajo y que, por lo general, son bien acogidas por quienes participaron en su elaboración.” La “patronal” (la Dimayor y la FCF) han sostenido durante años y siguen defendiendo que no están obligados a negociar porque no
son los directos empleadores de los futbolistas. De acuerdo con los convenios internacionales y sus recomendaciones, se equivocan. Incluso, en una de las sesiones de trabajo, las respuestas de ellos a un cuestionario bien dirigido por el delegado de la OIT llevaban a concluir que tanto la Federación como la Dimayor sí denen condiciones de trabajo que eran susceptibles de negociar colectivamente. Por ejemplo, el calendario de torneos. Otro de los argumentos que ha planteado “la patronal” es la falta de legitimidad de la asociación de futbolistas que hasta hace poco no era una organización sindical. Esto se descartó. El convenio 87 de la OIT (Art. 10) y la interpretación del Comité de Libertad Sindical en el Caso 2481, le permite a Acolfutpro defender los intereses laborales de sus agremiados. Además, ese argumento ya no aplicaría pues recientemente la asociación pasó a convertirse en sindicato, con el derecho de proponer negociaciones de primer y segundo nivel. (Y también la huelga). La fobia (¿o el desconocimiento?) de la “patronal” a los conceptos “pliego”, “negociación”, “convención” ha logrado que la discusión se dilate en el tiempo y no hayan podido iniciarse las conversaciones, pese a los grandes esfuerzos que como Ministerio hemos hecho y las constantes manifestaciones de “buena voluntad” por parte de ellos. Desde el otro lado, mucho tiempo transcurrió para que la asociación civil decidiera convertirse en una organización sindical. Sienten, (a mi juicio), que, con las decisiones del gobierno (no solo de Mintrabajo, sino de la Superintendencia de Industria y Comercio) “tienen el sartén por el mango”. Circunscriben el escenario al viejo Código Sustantivo del Trabajo y sus rituales y no inician la negociación sino se habla de “20 días de arreglo directo”, “negociación colectiva”, “pliego de peticiones” o “deposito” del acuerdo. ¿Falta de pragmatismo (o de voluntad política) de ambos lados? Ya la jurisprudencia colombiana, conforme a deniciones internaciones, ha señalado con detalle que la negociación colectiva como derecho no se circunscribe exclusivamente ni a pliegos de
peticiones, ni a convenios colectivos sino “que incluye todas las formas de negociación que se den entre trabajadores y empleadores y que tengan el n de regular las condiciones del trabajo mediante la concertación voluntaria, la defensa de los intereses comunes entre las partes involucradas en el conicto económico laboral, la garantía de que los representantes de unos y otros sean oídos y atendidos, así como la consolidación de la justicia social en las relaciones que se den entre los empleadores y los trabajadores”. (Cfr. C063/08) Hoy, el conicto jurídico se está alargando y los problemas de los futbolistas siguen sin resolverse o se agravan al no lograrlo mediante la concertación voluntaria y de pronto terminarán ventilándose en otras instancias no laborales. Necesitamos que las partes tengan voluntad
política y construyan conanza sobre sus históricas disputas mutuas para lograr un acuerdo. El país, el diálogo social, el espectáculo del fútbol, el derecho del trabajo y, sobre todo, los futbolistas (y las futbolistas) ganarían mucho con un acuerdo de fondo sobre los temas que aquejan a los trabajadores de esta industria, así no se titule “convención colectiva de trabajo”. En otro conicto, el de Rappi con sus trabajadores sindicalizados, lo que parecía imposible ha ido funcionando, ya hubo acta de inicio, un acta parcial de acuerdo, hay conversaciones e intercambio de información productivo y esperamos que las partes lleguen a un acuerdo nal, revisable en el tiempo y que ojalá llegue a ser ejemplo para la región y el mundo. Esperamos iniciar un proceso parecido con los actores, actrices, productores y guionistas y
sus empleadores. El acuerdo logrado esta semana en Estados Unidos nos mostró el tamaño y la novedad de las necesidades de estas personas trabajadoras y que es posible lograr real protección en su trabajo ante la revolución de las TIC. Fíjense, estos asuntos laborales colectivos son de común ocurrencia por todo el planeta. Mientras en Colombia parecen asunto de extraterrestres, en otras naciones son asuntos cotidianos de una sociedad democrática y viva.
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s o d a i c o s A
IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL El departamento de comunicaciones de la CUT Antioquia ofreció sus charlas de comunicación digital para todos los sindicatos aliados a la Central. ¿Para qué sirve la comunicación digital? Ese fue el tema del último taller de comunicaciones con el que se pretenden dos cosas: sensibilizar sobre la
importancia de transformar las comunicaciones en la era digtal y cómo debemos hacerlo. Con el liderazgo de Rosalba Vasco y Claudia Arboleda, llevamos el conocimiento en comunicaciones a todos los trabajadores del Departamento. El último taller será el jueves 7 de diciembre.
En Bancamía votaron la huelga. Estas son las razones Por: Escuela Nacional Sindical El pasado 1 de septiembre se realizó la votación por tribunal o huelga en Bancamía. Más de 1500 trabajadores acudieron al llamado de las organizaciones sindicales ACEB y Asenco, de ellos más de 1300 escogieron la opción de huelga enviando de esta manera un contundente mensaje a la administración de la entidad bancaria. A esta situación se llegó después de no lograr, hasta el momento, ningún acuerdo frente al pliego de peticiones. Las organizaciones sindicales han denunciado que a muchos trabajadores se les intentó constreñir para que no acudieran a votar. Aun así, casi la mitad de los 3100 trabajadores atendieron las comunicaciones de los sindicatos y no se dejaron presionar por algunos jefes intermedios y por los comentarios de la administración. Según Carlos Raúl Moreno, presidente de Asenco y también directivo de Aceb, a las y los trabajadores de Bancamía les pusieron una meta pequeña en la semana previa a la votación, si la cumplían, no era necesario que fueran el viernes, día de la votación. Otra de las maneras de tratar de impedir que asistieran a las urnas fue hablándoles abiertamente de la retención de salarios en caso de ocurrencia de la huelga. “El banco desarrolló una campaña en ocasiones abierta y en otras sutil, procurando alejar a los trabajadores de las urnas”, dijo el dirigente sindical. Tres razones de inconformidad en Bancamía Las organizaciones sindicales presentes en Bancamía han dicho que son, al menos, tres los puntos que no permiten llegar a un arreglo. Las tres peticiones son fundamentales para las y los trabajadores y los sindicatos no están dispuestos a aceptar las ofertas hechas por la administración pues van en contravía de los intereses de quienes venden su fuerza de trabajo para esta entidad que
Lo que viene en la negociación Según Carlos Raúl Moreno, el mensaje enviado por los más de 1.300 trabajadores es contundente en el sentido que muestra el descontento generalizado que se vive al interior de Bancamía. La administración no debe echar en saco roto dicho resultado ya que el mismo mostró un apoyo decidido por parte de las y los trabajadores al
CUT ANTIOQUIA Central Unitaria de Trabajadores - CUT Antioquia
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Las organizaciones sindicales seguirán empeñadas en dialogar con la entidad y mostrarle la conveniencia de llegar a un arreglo directo
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hace parte de la Fundación de Micro nanzas de la Multinacional española BBVA. El primer punto tiene que ver con el incremento salarial. Bancamía solo está ofreciendo un incremento del 0.8% por encima de la inación. Pero ese mismo incremento es el que está proponiendo para otros temas económicos como el rodamiento de los asesores que se tienen que desplazar y ahí la situación se pone más difícil, pues el precio de los combustibles ha subido considerablemente y de aceptar la oferta de aumento, implicaría que tuvieran que sacar dinero de su bolsillo para subsidiar las operaciones de la entidad. Otro de los puntos tiene que ver con lo que dice Carlos Raúl Moreno, “la política comercial insensible” de Bancamía. Las y los asesores de la entidad, por más que se esfuercen, no cumplen las metas altas que les ponen en lo que tiene que tiene que ver con colocación de productos. “Hemos venido pidiendo es que haya una sensibilización o una modicación de estas políticas comerciales”, dice el presidente de Asenco. Y el último de estos tres puntos gruesos es el que tiene que ver con los horarios. Los trabajadores y trabajadoras han pedido a Bancamía que se mejore la jornada laboral, por ejemplo, las organizaciones sindicales han dicho que la jornada laboral de los sábados no tiene sentido, pues es poco productiva. También le exigen a la entidad que no se extiendan los horarios en las fechas de cierre ya que son estresantes para las y los trabajadores. De igual manera, hay otros temas que preocupan a las organizaciones sindicales y sobre los cuales han venido haciendo exigencias, por ejemplo, le han pedido a Bancamía que fortaleza el protocolo de violencia y acoso en el lugar de trabajo para evitar ese tipo de situaciones en las ocinas. Según las organizaciones sindicales, hay casos de repetidos de abuso sexual y la entidad no ha mostrado voluntad efectiva para solucionar el problema de raíz.
pliego de peticiones y signica que son necesarios los cambios. Por su parte, Juan Francisco Sánchez, presidente Nacional de ACEB, dijo en un video en la red social X que Bancamía pretende celebrar los resultados del 1 de septiembre “nos parece que es un acto de mala fe” dijo el dirigente. Aseguró que la entidad interrió en la posibilidad de que las y los trabajadores denieran libre y espontáneamente que hacer con el conicto. Armó que el sindicato está haciendo todo lo que está a su alcance para llegar a un acuerdo directo y evitar “la catástrofe” de que el conicto sea llevado a un tribunal. Así las cosas, queda claro que las organizaciones sindicales seguirán empeñadas en dialogar con la entidad y mostrarle la conveniencia de llegar a un arreglo directo para que las y los trabajadores se sientan más a gusto trabajando en Bancamía.
Por: Betthoven Herrera Economistas - Columnista Portafolio
La Corte Suprema de Justicia ha publicado la sentencia SL-1680 después de una votación muy cerrada, lo cual demuestra la trascendencia política y jurídica de la decisión sobre un asunto tan neurálgico como la huelga. El fallo arroja luz frente a situaciones dudosas creadas por fallos precedentes, con un enfoque limitante del derecho de huelga. Dicho fallo dene la huelga como derecho humano fundamental, reconoce la posibilidad de huelgas en servicios públicos esenciales y elimina los requisitos en las huelgas diferentes a la contractual, además de ampliar la tipología de huelgas permitidas en Colombia. La Corte establece que “El ejercicio del derecho a la huelga, por ser un derecho humano de contenido social, no supone el cumplimiento de un debido proceso establecido en favor del sujeto pasivo de la protesta, dado que la huelga no es una sanción”. (…) La huelga en sus distintas modalidades y objetivos es un derecho fundamental, cuya restricción solo puede ser impuesta por el legislador. (…) y “es un medio de presión legítimo del que disponen los trabajadores y sus organizaciones para defender sus intereses sociales y económicos, sin el cual la libertad sindical sería un simple recurso retórico”. El fallo distingue entre actividad y servicio y concluye que si bien la salud es considerada como un servicio público esencial, no toda huelga en ese sector está proscrita y precisa que: (…) el derecho de huelga no es que esté prohibido a todo el personal de las EPS o IPS, o a todos los profesionales de salud, pues su restricción recae estrictamente sobre aquellos servicios cuya interrupción ponga en peligro la salud y vida de las
personas…” La Corte concluye que las huelgas diferentes a la de negociación colectiva no demandan los mismos requisitos pues “…no es válido, a través de un ejercicio hermenéutico, extender los procedimientos de la huelga contractual a otras modalidades de conicto colectivo”; en referencia al Artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo que establece la votación mayoritaria para decretar la huelga y al artículo 445 ( la huelga no puede realizarse antes de 2 días ni después de 10 días hábiles). Esos requisitos solo aplican a conictos colectivos surgidos de una negociación colectiva al interior de una empresa, pero no a huelgas de solidaridad o imputables al patrono. La Corte recoge las recomendaciones de la OCDE acerca de “reexionar sobre alternativas a la prohibición total de huelgas en los servicios esenciales (por ejemplo, huelgas condicionadas a un requisito de servicio mínimo)” y revisar los procedimientos dado que “las condiciones del derecho de huelga a veces Movilización son endemasiado contra de las masacres estrictas”. Y concluye la Corte que “Vale agregar que respecto al sector salud es un hecho notorio que en Colombia los derechos laborales de estos servidores atraviesan por una crisis derivada de problemas estructurales en el sistema de salud y de corrupción, que se caracterizan por una cartera morosa en los pagos de sus sueldos, precarización de las fuentes de empleo, sobrecarga de trabajo, insuciencia de insumos de trabajo y altos índices de estrés laboral”.
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