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Boletín Divulgativo Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público Depósito Legal PP N° pp201203DC728

Año 5 N°25 Noviembre 2018

Sumario “A la justicia hay que buscarla” I Congreso Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, un encuentro de intercambio académico y vivencial Derechos Humanos y la lucha contra el terrorismo Memoria fotográfica

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Editorial “A la justicia hay que buscarla” Arrancamos el año 2018 con un lema de acción ante la búsqueda de la justicia, pues como hemos asumido desde nuestra llegada a la Escuela Nacional de Fiscales el Ministerio Público en agosto del año pasado, consideramos necesaria nuestra participación ciudadana ante el respeto y resguardo de los espacios que velan por la justicia. Desde nuestra casa hemos asumido como una premisa la investigación y la apertura a todas y todos los ciudadanos, pues entendimos que el conocimiento puertas adentro termina convirtiéndose en agua represada, en ese sentido, abrimos las compuertas de la formación para impregnar a todos y todas aquellas que quieran asumir este compromiso. Una gestión abierta a otras instituciones con la premisa de mantener la formación integral de quienes acuden a esta Escuela, teniendo como coordenadas la Justicia y los Derechos Humanos y podemos decir que lo logramos con gran satisfacción. Por celebrar el 2017 y seguir avanzando en el 2018, presentamos la primera sección de este órgano divulgativo una nota informativa sobre la realización del I Congreso Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales (CONAPRO), un encuentro que promueve el intercambio académico y vivencial, espacio de intercambio de saberes para favorecer el debate y construir una red de trabajo psicológico, social y físico en para el acompañamiento y la protección integral de las víctimas, realizado a mediados de diciembre del 2017. Luego, ofrecemos un breve recorrido fotográfico por algunos momentos que vivimos y compartimos desde la diversidad de espacios formativos que ejecutamos, como mesas de trabajo, seminarios, diplomados, cursos, talleres, conversatorios y encuentros con jueces, juezas, fiscales civiles y militares, operadores y operadoras del Sistema de Justicia, servidores y servidoras de salud, funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo, compañeros y compañeras de colectivos a favor de la defensa de los derechos humanos y la mujer, profesionales de la comunicación social, educación y sociología, movimientos sociales, estudiantes de otras escuelas a favor de la defensa pública, así como discentes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. La segunda sección de nuestro Boletín brinda un análisis especializado en el tema del terrorismo y los derechos humanos, por parte del Dr. Fernando Bello, Director de Investigación y Postgrado de la FENFMP, quien nos ofrece en esta entrega reflexiones acerca de esta temática que ha vulnerado a los pueblos hermanos y las naciones durante tantos años. Finalmente, sostenemos nuestro propósito de crear un espacio de formación académica sensible y comprometida con la Venezuela en resistencia y lucha siempre antiimperialista y humanista.

Ileana Ruiz Directora General de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público 2

Comité de Redacción Genny Lara Francis Lugo Milagros Angulo Diseño Gráfico / Diagramación Nayarit Gómez Fotografía Milagros Angulo Genny Lara Ilustraciones Cecilia Zamudio

Autoridades Fiscal General de la República Tarek William Saab

Vicefiscal General de la República Katherine Harrington

Dirección General Ileana Ruíz Angulo

Dirección de Promoción y Difusión Genny Lara

Dirección de Gestión Administrativa Simón Fernández Márquez

Dirección de Investigación y Postgrado Fernando Bello Salas

I Congreso Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, un encuentro de intercambio académico y vivencial El 14 y 15 de diciembre se llevó a cabo en la sede de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (FENFMP), el “I Congreso Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales”, encuentro organizado por la Coordinación Nacional para la Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales (CONAPRO) y nuestra casa de estudios. El evento inició con palabras de instalación a cargo de la Dra. Rosimar González Colmenarez, Coordinadora de CONAPRO y la Licenciada Ileana Ruiz, Presidenta de la FENFMP, esta última enfatizó que “no basta para el aprendizaje el saber escuchar y compartir experiencias de orden conceptual y cognitivo, sino que hay que debatir y construir efectivamente una red con personas que tienen una trayectoria en trabajo psicológico, social y físico en general, para el acompañamiento y la protección integral de las víctimas, por eso este encuentro está organizado en un formato distinto”. Como parte de esta reflexión con el público asistente, se hizo presente la poesía necesaria, por lo cual Ruiz compartió con las y los presentes un poema nacido dedicado al dolor de una madre que perdió a su hijo en manos de un funcionario de la Policía Metropolitana.

Es entonces cuando vuelvo a pensar: a la justicia no hay que esperarla, hay que salir a buscarla. Por su parte, la Dra. Rosimar González Colmenarez, Coordinadora de CONAPRO, señaló que el objetivo principal del congreso es “maximizar las herramientas de calidad, en pro de seguir concientizando en la ardua labor, que nos corresponde al momento de atender por primera vez a una persona. Una persona – que pudiera ser cualquiera de nosotros o de nuestros familiares, nuestras querencias – que viene a nuestra casa con una maleta llena de eventos, llena de tragedias, de tristezas, desconsuelo, y llena de amargas vivencias, pero a su vez, aún conserva un espacio único y exclusivo para ser ocupado por el Ministerio Público”. Es importante destacar, que el grupo de participantes estuvo conformado por invitados especiales como Directores y Directoras Generales y de línea del Ministerio Público, el Pbro. Dr. Carlos Alberto Boully Gómez, rector de la Universidad Católica Santa Rosa, así como también funcionarios y funcionarias de la Defensa Pública, la Policía Nacional Bolivariana, fiscales y abogadas y abogados adjuntos y demás profesionales que llevan a cabo labores relacionadas con la atención a la víctima.

En relación a las temáticas que se trataron, destacaron, la victimología: un enfoque integral de atención a la víctima; la personalidad de la víctima descrita desde una perspectiva contextual, psicoemocional y vivencial; orientación jurídica para la atención de grupos especialmente vulnerables; abordaje social de las víctimas; entre otros. En ese sentido, la actividad correspondió efectivamente con el lema de una gestión defensora de la justiciaylosderechoshumanos,desde una metodología del intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes, razón por la cual se concluyó con la realización de mesas de trabajo que permitieron a los asistentes perfeccionar políticas y acciones de atención y asistencia de manera oportuna y eficaz a personas afectadas por una situación delictual. Con la realización del I Congreso Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, la FENFMP culminó sus actividades académicas del año 2017, quedando la institución, comprometida con esa sensible iniciativa, que beneficia de forma directa el desarrollo institucional, a través de la educación de sus servidores y servidoras, y a su vez, el bienestar de nuestras comunidades.

Dirección de Secretaría General Andrea Purica

Ante la Justicia: Cada día que pasa Regina siente que la justicia está cerca y lejana. Ella dice: “Es como buscar un divino tesoro enterrado en la profundidad de la tierra, que vas cavando y cavando, algunas veces te cansas y otras sientes que ya estás cerca de tenerla”. Hace algunos años le mataron a su hijo en una de las calles de su barrio, desde ese momento su vida transcurre en un ir y venir por las casas que dicen administrar justicia, moldeadoras de su existir a base de sinsabores, creadoras de desesperanzas y alimentadas de impunidad. Entre altas

y bajas vive Regina con tristeza a veces y esperanzas otras. En una oportunidad me encontré con ella en los fríos pasillos de los tribunales y dejó en mí una sabia reflexión. A la justicia no hay que esperarla, hay que salir a buscarla. Y me expresó lo siguiente: “Algunas veces he pensado abandonar estas gestiones para lograr justicia en la muerte de mi hijo, pero al recordarlo y pensar que merecía vivir, un impulso avasallante se apodera de mí y me obliga a seguir por la senda buena, hacia el camino de la esperanza”.

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Memoria fotogrรกfica 2017

Alianzas

Mesas de Trabajo

Graduaciรณn

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Derechos Humanos y la lucha contra el terrorismo Por: Fernando Javier Bello Salas En los estándares internacionales la comunidad de Estados ha hecho frente al flagelo del terrorismo a través de la coordinación de esfuerzos en su definición, tipificación, persecución y castigo. En el sistema de Naciones Unidas existen 12 convenciones sobre terrorismo, entre otros instrumentos conexos, y aun cuando para el año 2018, no existe consenso en cuanto a su definición, la ONU a través del último Informe del Grupo de Alto Nivel, constituido para tal fin, propuso definirlo como: “Cualquier acto, además de los actos ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la SC Res. 1566 de 2004, destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. La ONU en sus antecedentes más remotos ha aprobado una serie de instrumentos en la lucha contra el terrorismo, siendo uno de los más importantes la Resolución 1373, de fecha 28 de septiembre de 2001, adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad. De igual forma, se destacan las resoluciones 1267, 1456, 1540 y 1566, que contienen disposiciones sobre las medidas propuestas por los Estados para combatir el terrorismo a nivel mundial. A tal efecto, amerita mayor atención lo dispuesto en la Resolución 1373, a través de la cual se asume como voluntad unánime el imperativo de instar a los Estados Miembros a adoptar una serie de medidas destinadas a reforzar su capacidad jurídica e institucional para combatir las actividades terroristas, entre las que figuran las siguientes: Tipificar como delito el financiamiento del terrorismo; Congelar sin dilación los fondos de las personas que participen en la comisión de actos de terrorismo; Denegar cualquier tipo de apoyo financiero a grupos terroristas; Prohibir la provisión de refugio o de cualquier tipo de 6

asistencia o apoyo a terroristas; Intercambiar información con otros gobiernos en relación con cualquier grupo que cometa o se proponga cometer actos de terrorismo; Cooperar con otros gobiernos a fin de investigar, detectar, arrestar, extraditar y enjuiciar a personas que participen en la comisión de dichos actos; y, tipificar como delito en la legislación nacional el suministro de apoyo activo o pasivo a quienes cometan actos de terrorismo y enjuiciar a las personas culpables de ese delito. Atendiendo a la complejidad del problema se debe partir por reconocer que la respuesta de los Estados debe ser multiforme, siendo para ello necesario el concierto en la definición y adopción de estrategias globales en la lucha y persecución penal, valorando la presencia de los elementos existentes, y que a su vez imprimen una respuesta acuciante, como política sistemática en la prevención y lucha contra el terrorismo, siendo para ello necesario, conocer y enfrentar las causas y los factores que lo facilitan, de una manera conjunta y articulada, y no aislada desde el plano local, esto es, la política de cada Estado debe ir de la mano con la comunidad internacional, tomando en consideración que el referido flagelo criminal, es de naturaleza pluriofensivo y trasnacional. El 30 de abril del año 2012, fue sancionada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con el objeto de prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo atendiendo a lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, entre cuyas disposiciones en el artículo 4 define, entre otros términos, los siguientes: “1. Acto terrorista: es aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de

intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional”. Asimismo, señala los tipos de actos terroristas agrupados en siete literales que desde el ordenamiento jurídico interno se corresponde con los cánones internacionales. Merecen igual mención, los términos jurídicos determinados de: Organización terrorista, prevista en el numeral 17 eiusdem, la cual se define como: “grupo de tres o más personas asociadas con el propósito común de llevar a cabo, de modo concurrente o alternativo, el diseño, la preparación, la organización, el financiamiento o la ejecución de uno o varios actos terroristas.” Esta última definición deja sentado el espíritu del legislador en reconocer las fases o formas de participación en la concreción de un acto terrorista fraguado desde la empresa criminal y no desde la individualidad. Desde la educación popular y pedagogía crítica somos contestes en reafirmar que la lucha contra el terrorismo no debe enfocarse desde el aspecto bélico sino como una política global contra la empresa criminal, organizada y trasnacional. Por ello en la adecuación de los ordenamientos jurídicos, que exige la progresividad del Derecho, se deben tipificar los delitos o crímenes, así como la transformación de las instituciones del sistema de justicia que adecuaran su actuación al andamiaje jurídico que se desprenda de la norma para cumplir el cometido de la persecución penal, siendo para ello importante los aportes que se generen desde la academia. Corolario, se comparte el criterio que la prevención y lucha contra el terrorismo debe considerar como punto de partida, la colaboración internacional entre los Estados y sus gobiernos respectivos, para progresar con elementos tangibles, en el perfeccionamiento de los instrumentos legales, que deben servir eficazmente para reforzar los instrumentos de cooperación entre las autoridades a cargo de su persecución y sanción.

Especialista en Derecho Penal Internacional - Universidad Latinoamericana del Caribe (ULAC). Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas -Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG). Corredactor por Venezuela del VI Informe sobre Educación en Derechos Humanos. Compilado, editado y elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos (IIDH) San José de Costa Rica. Libro « Reten de Catia: caso 11.669. ISBN N° 9802250961. Depósito Legal N° IF446200630010074. CaracasVenezuela. Docente. Actualmente ejerce la función de Director de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público

Fernando Javier Bello Salas Abogado

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Boletin 25 31012018 (2)  
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