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Martín Grande

MARTÍN “JOSEPH” MC GRANDHY Esto de apreciar o menospreciar a la gente por sus convicciones políticas y de usar un lenguaje despectivo para referirse a quienes no comparten el credo con el que se comulga, es un tema de larga data en la historia universal. Y nuestro medio cuenta por supuesto con serios representantes de esta manera de considerar las cosas. Martín Grande se despachó duramente contra todos aquellos que, podríamos decir, comparten un pensamiento socialista y forman parte de lo que normalmente llamamos la izquierda política. Refiriéndose al tema de la instrucción policial a menores, cosa que está dándose de nuevo en nuestra provincia a pesar del reclamo efectuado al respecto por medios nacionales, Grande consideró que esa oposición sería cosa de “los zurdos de siempre” pero que el adiestramiento de tipo militar destinado a menores no tiene nada de malo para “la gente inteligente”. No estamos cuestionando aquí si está bien o no que se proceda de este modo en el ámbito de las realizaciones, educativos sino la manera de expresarse del periodista. De un plumazo ha tildado a todas aquellas personas con inclinación socialista de “burros”, vale decir, de no inteligentes. Un poco más adelante los denomina “zurditos”, término en el cual resulta totalmente visible, y quien lo pronuncia sin dudas desea que así se comprenda, el menosprecio por quienes adhieren a esa ideología. No se trata ya de desvalorizar pensamientos sino personas, sujetos racionales que en realidad no pierden su dignidad por el solo hecho de opinar de determinada forma. Se puede estar de acuerdo con Grande en muchas cosas de las que dice y opina pero no parece ser aceptable esa manera de sentir y decir tan imbuida del discurso de la antigua oligarquía. (L.F.)

REGUERO DE PÓLVORA Esta mañana nos damos con que alumnos del Centro Polivalente de Artes han tomado una medida de fuerza similar a la que a principios de semana tomaran los chicos del Tomás Cabrera. Los motivos de

tal medida son muy similares a los anteriores, vale decir, reclamos por la situación edilicia del establecimiento. La modalidad de la protesta consistió en el consabido “corte de calle”, con los molestos inconvenientes que de ello se derivan para el tránsito vehicular. El establecimiento en cuestión se encuentra ubicado en la calle Urquiza entre Buenos Aires y Córdoba. Se trata de arterias muy transitadas por lo cual resulta sencillo de imaginar el caos que es capaz de producir un cierre de las mismas. Los reclamos así manifestados, parecen querer extenderse como un reguero de pólvora pues ya se habían adherido anteriormente los estudiantes del Colegio Nacional y de la Ex Técnica Nº 2 Alberto

Einstein. La situación amenaza con desbordarse si el Ministerio de Educación no toma urgentes medidas que subsanen este encadenamiento de problemas y si el Gobierno no acude con todos sus recursos, menos la intervención de la infantería por supuesto, para atender a los reclamos en conjunto. Según la declaración de una alumna: “Nosotros queremos que ellos vean que nosotros juntos podemos hacer algo, que no necesitamos la cabeza de algún profesor que nos este ayudando, porque no es así”. De esta manera, los chicos están manifestando su propósito de afirmar una identidad, de responder a ciertas declaraciones que los desmerecieron y mostrar que son capaces de pensar y actuar por sí mismos. Advertimos así lo peligroso que resulta para un político opinar ligeramente en lugar de promover respuestas satisfactorias e inmediatas a los pedidos de la ciudadanía. (L.F.)

VERDE QUE TE QUIERO VERDE Hay un pasaje del Quijote, terriblemente burlesco y cómico, en el que un personaje realiza ante Sancho la descripción de la belleza de su hija y de su aspirante a yerno. El personaje dice más o menos así: “Mi hija tiene unos ojos hermosos aunque eso no se puede percibir porque siempre están llenos de lagañas por una enfermedad que los hace manar continuamente. Tiene un talle elegantísimo y elevada estatura, lo

CUARTO PODER

que resultaría evidente si no estuviera contraída por una afección en la columna que la obliga a pegar la boca con las rodillas” Su futuro yerno “Sería un bendito si no se diera de puñadas a sí mismo por un ataque de locura que a menudo le viene.” Y sigue describiendo en igual tono los encantos de sus dos amados familiares. Ni más ni menos, la ingeniera Adriana Pérez, poniendo un tono lindante con la felicidad celeste en la voz, describe las maravillas del tren Salta-Gúemes que hace ya tanto tiempo se ha anunciado y todavía dista mucho de aparecer en escena. “No se ve que estén en mal estado las vías, claro que hace mucho tiempo que no se usan, lamentablemente”. “Betania tiene una hermosísima Estación solamente hay que remodelar, pintar, arreglar los baños, todo lo que falta.” El tren está en muy buenas condiciones, es muy cómodo, pero la verdad es que esta verde para los tiempos que teníamos previstos que iban a comenzar”. Y así sucesivamente, todo tiene su “salvo”, su “solamente” y su “de no ser porque”. Lo concreto y real es que la implementación del tren tiene todavía un largo papeleo por

Todo el mundo quedó sorprendido y expectante pues nadie sabía a que se refería. Y resulta que el bombo es un sistema de compresión neumática que permite a la carrocería inclinarse hacia un lado de modo que el piso del coche quede casi a ras con la calzada. Una verdadera maravilla. Cuando la aplicación del sistema se hace frente a una vereda, el escalón se convierte en una rampa, es decir, queda al mismo nivel con el pasajero de modo que éste no tiene más que avanzar hacia el interior. Tal vez parezca exagerado ponderar como una “maravi-

lla” este progreso manifestado en el servicio. Pero la verdad es que, con tantas malas que sobre el mismo hay que decir diariamente, con tanto calvario que los ciudadanos deben soportar pacientemente para hacer uso del transporte público, largas esperas, unidades incómodas y mal diseñadas, continuo abarrotamiento, etc, que se cuente ahora con un dispositivo tan bien pensado para el beneficio común de la gente resulta por lo menos grato y estimulante. (L.F.)

NI PORROS NI MANEJADOS recorrer y un gran número de obras por realizar. Para colmo, la funcionaria reconoce que el coche motor (que de eso se trata), consume mucho combustible, razón por la cual “Siempre el tren es deficitario”. (L.F.)

UN BOMBO PRODIGIOSO En una emisora local, los periodistas se mostraron realmente maravillados por algo que les tocó presenciar en el transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad. En el corredor 8 de AHYNARCA se produjo la incorporación de nuevas unidades para la realización del servicio. Pero el acontecimiento no se refiere a eso sino a ciertas características de los nuevos vehículos. En el momento en que iba a subir una pareja de ancianos, nos relata el periodista, el chofer percibió que el hombre tenía muchas limitaciones motrices por lo que le resultaba imposible dar el paso para ascender. Entonces el chofer dijo “Espere un momento, abuelo, que ya le voy a poner el bombo”.

Ante la protesta iniciada por los alumnos del Centro Polivalente de Artes se hizo presente en el establecimiento la Ministra de Educación, Adriana López Figueroa, quien mantuvo un diálogo con los alumnos a fin de explicarles las medidas que se tomaron para solucionar los inconvenientes edilicios causas del conflicto. La funcionaria manifestó que: “No hay otro predio en el radio del micro centro que pueda concentrar como expresión todos los lenguajes. En este marco es que se decide la edificación del complejo en el Huaico que lleva absolutamente a todos los lenguajes y es, como para que ustedes tengan una idea, una manzana completa de edificios en donde además se generan anfiteatros y salas de exposición que son propias de los intercambios de los lenguajes artísticos”. Por supuesto que el proyecto se presenta como espectacular pero persisten en padres y alumnos las dudas generadas por el hecho de que se trata de un planteo antiguo que hasta el momento nunca se había tratado de concretar. Pero aún suponiendo que esta vez la

Editor: Alvaro Borella

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Adriana López Figueroa

respuesta del gobierno va en serio son numerosos los estudiantes que no aceptan que se los traslade tan lejos y sólo piden que se les repare el edificio que ya tienen. Según los alumnos del Polivante, ni siquiera quieren que les alquilen otro local sino que desean continuar en el mismo, seguramente por razones afectivas. De todos modos, el diálogo fue prolongado y la cantidad de cuestiones que se plantearon se hizo muy numerosa. Lo que sí resalta a la apreciación común de la gente es que los chicos revelan un amplio conocimiento de lo que pretenden y una capacidad expresiva que de ningún modo se condice con los calificativos de “porros” o “vagos” o “manejados” que por ahí les endilgaron. (L.F.)

NOS ESTÁN TOMANDO EL PELO El conflicto con los trabajadores de la salud continúa sin variantes. La Secretaria General de APSADES, Cristina Nesrala, hizo declaraciones después de la reunión semanal que el gremio viene sosteniendo con el Ministerio y manifestó que se fue muy disconforme por cuanto no se avanzó nada sobre la problemática planteada. Por tal motivo, el paro previsto para el 18 de mayo próximo se mantiene firme y va a nuclear no sólo a APSADES sino también a ATE y a CTA. Y si bien se programó otra reunión con el Ministerio para el miércoles siguiente, día del paro precisamente, la gremialista manifestó que la medida de fuerza se va a cumplir igualmente. Es natural que el escepticismo se apodere del

sector cuando son ya muchas las reuniones sostenidas y nada positivo se extrajo de ninguna de ellas. El fastidio de Nesrala queda de manifiesto en sus palabras: “Desgraciadamente seguimos en reuniones estériles en donde se convoca a la gente engañándola. Para hoy estábamos convocados a trabajar con recursos humanos, el pase a planta de los compañeros contratados y las modificaciones que tenemos que hacer en el estatuto de los compañeros ya que hay muchas dificultades dentro de este estatuto”. Sin embargo, la indolencia de las autoridades se

Cristina Nesrala

revela cuando ni los asesores letrados ni el ministro ni tampoco ningún secretario de salud se hicieron presentes. ¿Cómo se puede llevar a cabo un intento de solución si las autoridades convocan a reunión y después no se dignan en aparecer? Bien lo revela la licenciada al decir que “Sentimos en los más profundo de cada uno de los que vamos a las reuniones que nos están tomando el pelo”. (L.F.)

PILARES DE LA SALUD Ante la amenaza de renuncia masiva formulada por los médicos de guardia del Hospital San Bernardo, el gerente de la magna Institución, Dr. Jaime Castellani, dijo a los medios que no es posible que se lleve a cabo una acción de este tipo. Existirían condicionantes de tipo jurídico que impedirían a los que reclaman por su salario abandonar de un día para el otro su puesto de trabajo. La figura del “abandono de persona” entra a tallar en esta

circunstancia como una rémora que no permite a los profesionales médicos apartarse así no más del puesto de Guardia. Según el Dr. Castellani: “En primera medida no pueden renunciar en forma masiva, segundo que una vez que renuncian tienen 30 días para que la Gerencia busque los reemplazantes, si se llegara dar y después ya interviene la justicia en donde yo tendría que hacer, meter un amparo, porque yo no puedo dejar a la población descubierta de la Salud”. Los profesionales reclamantes se encontrarían de este modo inhibidos para tomar aquella medida que consideran capaz de romper la indiferencia del Ministerio. No serían razones humanitarias las que deben hacerlos desistir sino lo ilegal o incluso lo delictiva que podría llegar a ser considerada su actitud por parte de la justicia. No estamos seguros sobre este punto, ni creemos que profesionales de la talla de los médicos del San Bernardo tengan la intención de concretar una medida como la que indicaron. Pero de lo que sí estamos seguros es que los

Pero llevaba en su corazón y en su conciencia el inmenso tesoro de la sabiduría originaria. Su desaparición física dejó desolada a la Comunidad del pueblo diaguita calchaquí pues era su cacique y un luchador incansable por el reconocimiento de sus derechos conculcados. Las circunstancias de su última lucha, la que llevara a cabo por la Comunidad diaguita de La Pailas sometida a un violento desalojo durante diciembre del 2010, provocaron que se descuidara de su salud. Sucede así con esos seres superiores que han abandonado ya todo egoísmo y solamente piensan en los demás.

Ambrosio

Jaime Castellani

reclamos que realizan deberían haber sido atendidos hace ya mucho tiempo por quienes tienen a su cargo la responsabilidad política del asunto. Tanto que se cacarea con “la salud de la población”. ¿No es acaso la tarea de estos profesionales una necesidad de primer orden pues son ellos los pilares fundamentales de dicha salud? (L.F.)

AMBROSIO CASIMIRO, IN MEMORIAM Era un joven que no había cumplido aún los treinta años.

Sucedió así con los santos y héroes de la historia que ya nada anhelaban para sí y se encontraban movidos únicamente por el amor y el ansia de justicia y libertad para todos. Una de sus compañeras de lucha, Cristina Pérez, dijo: “El poder sigue dominando. Porque no tendría que existir esto de andar así de un lado para otro. Tendría que haber estado en su casa, comido bien”. Ambrosio no comía ni descansaba bien por eso se agarró una enfermedad respiratoria que no pudo superar. Pero su vida fue hermosa porque estuvo iluminada por el resplandor de lo divino. Hemos perdido a alguien que llevaba dentro de sí lo mejor que puede albergar el hombre: el amor por sus semejantes, por los de abajo, por los que más sufren. Que descanse en paz y Dios lo tenga en su gloria. (L.F.)


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CALIDAD DE VIDA EN SALTA

Igualdad… que nunca nos llega Aunque la calidad de vida de un estado debe interpretarse dentro de su propio contexto hay ciertos indicadores socioeconómicos como el PBG per cápita, el índice de Gini, la cantidad de pobres y la tasa de desempleo que permiten una comparación entre las distintas provincias argentinas. Salta exhibe números bajos en estos indicadores detentando el desempleo y la desigualdad más altos del país. ROBERTO CAMARDELLI

Existen bastantes indicadores que pueden clasificar dentro de los aspectos socioeconómicos de un estado pero hay cuatro muy importantes que observan una estrecha relación y sirven conjuntamente para analizar el nivel de vida de las provincias argentinas como Salta en sus dimensiones socioeconómicas más básicas. Estos son el Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita, el coeficiente de Gini que señala la distribución del ingreso, la cantidad de pobres y la tasa de desempleo. Cada uno de ellos se explica en el Cuadro 1. Si se compara estos indicadores dentro del territorio argentino se obtiene un interesante análisis sobre la calidad de vida de las provincias. Los datos son mayormente proporcionados por la Subsecretaria de Relaciones Económicas con las Provincias siendo el INDEC la principal fuente estadística. Con esos datos, es posible establecer que el PBG per cápita en la provincia de Salta llega a los 6.782 pesos mientras que en San Luis es de 12.785, en Misiones de 5.936 en Tucumán de 6.110, en La Pampa de 14.198 y en Tierra del Fuego supera 29.600 pesos. La provincia con mayor PBG per cápita es Santa Cruz con 38.697

mientras que el último puesto lo obtiene Formosa con 4.936 pesos. El PBG per cápita promedio

entre el conjunto de las provincias argentinas y la Cuidad de Buenos Aires ronda los 13. 784 pesos, lo que se aproxima al PBI per cápita en Argentina para 2010 cuyo monto fue de 14.700 pesos. Sin embargo, se debe saber que en el cálculo del PBG se tienen en cuenta tanto instituciones locales como extranjeras y ambos indicadores se estiman sobre una base distribución de ingreso perfecta (donde todos reciben la misma renta). Por lo tanto, estos datos no se deben tomar con completa exactitud sino como referencia porque cuando se analizan los capitales correspondientes, las distintas instituciones, el dinero producido genuinamente en las provincias y demás consideraciones las cantidades pueden variar. En cuanto al coeficiente de Gini que nos señala la desigualdad en la distribución de los ingresos, Salta es la provincia más desigual del país con un coeficiente de 0,450 mientras que su vecina Santiago del Estero es la más equitativa ostentando un coeficiente de 0,383, seguida de cerca por La Pampa con 0,384. Sin embargo, el promedio general del conjunto nacional es 0,433 lo que demuestra que todavía hay mucha desigualdad en Argentina. Respecto a la cantidad de personas que viven bajo la línea de pobreza, Salta arroja un porcentaje del 12,80%, la superan La Rioja y Río Negro (con 15,10% y 16,10% respectivamente). Tierra de Fuego fue la provincia con menos pobres en 2010 teniendo tan solo 1,90% de gente viviendo sin las condiciones básicas necesarias. Contrariamente, en toda la zona de Litoral argentino se supera la barrera de 20% de población sumida en la pobreza siendo Corrientes con el 23,50% el estado con mayor cantidad de pobres en el país. Por otro lado, la tasa de desempleo en Salta cerró el último trimestre del 2010 en 9.20% siendo la mayor del país. Catamarca (8,5%) Ciudad de Buenos Aires (8,45%) y Santa Fe (8,09%) completaron los niveles más altos de desempleo. En el otro extremo, San

Luis se convirtió en la jurisdicción con menos desempleo exhibiendo el 0,8%. La secundan en el escalafón Chaco (0,90%) Formosa, La Pampa (2,30 % cada una) y Corrientes (3,7%). El promedio general de la nación para el mismo periodo es de 7,30%. Los indicadores que se presentan en este artículo son los que primeros se observan a la hora de querer plantear un panorama sobre la calidad de vida de una sociedad pero no son los únicos. En los últimos tiempos el avance de la temática ambiental y la revalorización cultural ha logrado introducir en los países del mundo nuevos indicadores socioeconómicos relacionados con la contaminación del medio en el que se vive y con la defensa de la diversidad y la tolerancia elevando a fases mucho más complejas las mediciones acerca de la calidad de vida. Argentina en general plantea una calidad de vida media alta, pero tanto la nación como cada unas de las provincias deben atender las múltiples dimensiones que rodean a sus ciudadanos para mantener o mejorar su nivel de vida y desarrollarse como sociedad.

Consideraciones útiles La calidad de vida de un estado es aquella que se puede observar cuando la población del mismo accede a condiciones sociales y económicas básicas de sustentabilidad para vivir y desarrollarse plenamente. En esta expresión gravitan varios conceptos, simples y complejos, que varían según el tiempo y espacio en los cuales una sociedad se encuentra. Estas mismas nociones se resumen en indicadores socioeconómicos ayudando a medir e interpretar el relativo progreso de un pueblo. Para que cumpla una función efectiva, cada indicador socioeconómico debe analizarse dentro de su propio contexto porque es ahí donde se puede observar realmente la percepción de la realidad de sus habitantes, los modos y costumbres que frecuentan y la verdadera calidad de vida que detentan. Sin embargo, dadas ciertas características similares a las cuales los estados del mundo apuntan cuando sus dirigentes persiguen el bien común y sus sociedades buscan progreso y felicidad, también se hacen necesarias las comparaciones entre lugares distintos. Los datos demográficos y aquellos relativos a la producción económica de un estado son los más esenciales para determinar el nivel de vida de un país, región o provincia. Así siempre se recurre para medir a indicadores como el PBI per cápita, la densidad demográfica o el crecimiento poblacional, entre otros.


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HOSPITAL DE NIÑOS

Otra vida se cobra la burocracia El colapso del sistema de salud causa estragos en los salteños. Patricia Gaspar perdió a su nieto, porque en el hospital de niños se reprogramó la aten-

ción para una semana después, a la espera también de que el gobierno aprobara el monto de la operación.

DANIEL MEDINA

Patricia Gaspar está abatida. Está así porque el martes pasado perdió a su nieto Luciano, que tenía solo unos meses de vida. Pero está así, sobre todo, porque el desenlace podría haber sido otro. Luciano nació el 22 de octubre de 2010 en el Nuevo Hospital. Ya tenía un problema de cardiopatía compleja, síndrome de heterotaxia (tenía los órganos cruzados, el corazón al costado derecho). El chico fue operado con éxito y en enero lo llevaron para que le realizaran un ateneo en donde comprobaron que la válvula no estaba funcionando bien; pero en vez de hacerle nuevos estudios de manera urgente, le dieron un turno programado para el mes de mayo. Cuando el viernes de la semana pasada fueron, los médicos detectaron que el bebé ya estaba saturando mucho menos que en febrero algo que era predecible porque ellos ya sabían que no estaba funcionando bien la válvula, y que la sangre no estaba lo suficientemente oxigenada. Los médicos le dieron otro turno para operarlo. “Mandan un expediente pidiendo un presupuesto, porque esta operación es costosa, de alta complejidad, que en Salta se realiza solamente en el Sanatorio El Parque. El costo es más o menos de 50 mil pesos. Al expediente lo mandan el viernes pasado y los profesionales le dijeron “no creo que lo aprueben hoy, pero la

DOM

Vivir para contarla o contar para vivirla. Milagros María Ibarra conoce los secretos de la narración, sabe que además de una forma de expresión puede ser, asimismo, un salvavidas al cual uno se aferra hasta que pase la tempestad. El año pasado, brindó sus talleres en la ex comisaría del menor con chicos con causas judiciales. Este año trabaja en la Organización Para Jóvenes (OPJ) que están contexto de encierro pero en protección con la ley. No tienen causas judiciales, son adolescentes, niñas, que han tenido cualquier tipo de abusos y ya han sido madres. Algunas no tienen más de 12 años. “Son adolescentes que ya son mamás, han tenido abusos, tanto físico como psicológico. Esto es muy claro de ver cuando se hace un trabajo con el relato, porque lo primero que empiezan a contar no es como una construcción”, dice Ibarra. Sostiene que lo más importante que ha aprendido en estos talleres es que pese a que los chicos viven en contexto de encierro, la inteligencia, la creatividad y el lenguaje traspasan los muros. “Lo creativo de las chicas no está encerrado… el relato, el contar, es una forma de salirse con la cabeza del lugar. Hacer esto por lo menos quiere decir que hemos logrado un objetivo importante”, enfatiza, y añade: En la OPJ, las adolescentes

semana que viene tiene que estar”. Y le dan turno para el próximo viernes 13 de mayo cuando era un caso de extrema urgencia. Para mí era de extrema urgencia. Si el bebé estaba morado, si todo indicaba que estaba grave, que estaba mal”, dice Patricia, la abuela. Desde luego, el fin de semana pasado los funcionarios del ministerio no avanzaron con el expediente. Si lo aprobaban, a Luciano lo operarían en Salta. “El lunes llamamos al Grandbourg y no estaba todavía firmado el expediente. El martes al mediodía llamamos y nos dicen que ya estaba firmado pero que todavía faltaba que los médicos pongan el precio”, dice Patricia. Ese martes ocurrió la tragedia. A la tarde de ese día, su madre lo

vio raro, se dio cuenta de que la criatura no levantaba las manitos y al rato tuvo un paro cardíaco. Fue corriendo a la salita de Castañares que le queda cerca de la casa. Patricia recuerda con dolor que durante todo ese trayecto su nieto gruñía, rasguñaba, recuerda que se notaba que sufría, que le dolía mucho. En la salita le pusieron oxígeno y se estabilizó un poco y salieron en ambulancia al hospital. La ambulancia llegó rápido, todo fue urgente, pero ya no había nada que hacer. “Lo que no acepto es el dolor del último momento. Todo eso que se podía haber evitado. Que tenga que pasar por eso una criatura, porque no tiene una obra social, porque no llegó el presupuesto, porque ellos demoraron en ponerle el precio a

TRABAJO CON JÓVENES

La narración gana la partida Los talleres de narración y de animación sociocultural son fundamentales para que jóvenes en contexto de encierro puedan tener un mejor desarrollo. El testimonio de Milagros María Ibarra, especialista en el área. permanecen en el hogar y solo salen a talleres de peluquería, repostería, manualidades; algunas lo hacen para clases en el área pedagógica. Ibarra enseña talleres de animación sociocultural que ayudan mucho. “Son una linda combinación de dinámicas que apuntan más al ser, lo que se quiere ser, lo que se quiere hacer, lo importante es que el chico se proyecte al afuera, y se pregunten cómo se puede ser en el afuera. Especialmente con un hijo, que es mucho más complejo como es el caso de estas adolescentes”, dice y añade: “Lo que yo puedo hacer por estos jóvenes es acercarlos a la realidad, desde lo más simple a lo más complejo, para que el contexto no sea siempre el mismo que ellos conocen. Hay gente que no sabe ni cómo se hace un pato.

Fuera de lo televisivo, vos tenés que acercarlos a la realidad. Y la única forma es que ellos puedan tener contacto desde lo social participando en distintas actividades”. Ibarra se inició como especialista en el área de estimulación temprana. Empezó trabajando con los hijos de las mamás que estaban en tratamiento por adicciones. Por su formación, lo musical y lo narrativo están más a flor de piel y es la impronta que le da a su trabajo. Al ser consultada sobre si sintió alguna diferencia al trabajar con menores con causas penales, como el año pasado, y con las mamás de este año, respondió que no observa en estos chicos nada distinto. “Responden con muchas ganas a las actividades pedagógicas, didácticas… Han estado en muchas situaciones

una vida. No hay derecho, todo el mundo tiene derecho a vivir… No puede haber turnos programados para gente que está grave. Para mi eso es una porquería”, dice Patricia . La mujer recalca que en el último informe ya le habían dicho que estaba mal, que podía darle un paro y ni siquiera quisieron dejarlo internado. “Ellos se perdieron 50 mil pesos, yo perdí la vida”, dice. Pese al sufrimiento la abuela manifiesta que no va a iniciar acciones legales. “No les quiero hacer juicio porque puedo dejar sin atención a otros chicos que quizás los necesiten, porque para colmo son todos médicos buenos en lo que hacen, son todas inminencias en sus clínicas. Capaz que ellos van a poder hacer algo por esos niñitos que pueden pagar. Yo no les puedo quitar esa oportunidad a esas criaturas, yo no quiero hacerles daño”, dice. La semana pasada, Cuarto Poder explicó en una nota el por qué del colapso del hospital de niños y el San Bernardo. La falta de políticas del gobierno solo permite que se haga más insalvable la brecha entre ricos y pobres, que en muchos casos es la brecha entre la vida y la muerte. El caso de Patricia y su nieto se repite todos los días. “Ir a un hospital público es ir a rogar que te atiendan”, dice Patricia, que después de la entrevista tiene que ir al cementerio, a enterrar a su Luciano. Ella llora y es imposible encontrar una palabra de consuelo. de riesgo social, son personas marginales. Me cuesta encontrar la diferencia porque capto como que hay un denominador común: son jóvenes que no encuentran la forma de incluirse en la sociedad”, dijo. Aunque acepta que el Estado debería invertir más en estas áreas, sostiene que lo más difícil es captar profesionales que tengan sobre todo el deseo de participar, con ganas de cambiar las cosas, de lo contrario se cae en la lógica de un sistema puramente disciplinar sin cambios. Y, desde luego, el trabajo es muy estresante y a muchas personas en algún momento las termina agotando. Sin embargo, Ibarra insiste en que este trabajo brinda satisfacciones enormes. Dice que escuchó el testimonio de Mauricio, el joven que pasó 14 años en este tipo de instituciones y que lo que más la impactó fue cuando Mauricio recordó a un par de profesionales que lo miraron sin prejuicios y lo ayudaron a crecer. “Yo apunto mucho al perfil humano, y a veces en este tipo de instituciones no se encuentra el perfil adecuado para que puedan ser mirados de otra manera”, dice. Milagros Ibarra ha tenido la suerte de encontrarse con algunos de sus ex alumnos y porque la recordaron y la trataron con respeto, siente que ha causado en esos jóvenes un impacto similar al que esos profesionales especiales causaron en Mauricio.


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SALTA FORESTAL

Daños colaterales Hoy, algunos legisladores amenazan con investigar la entrega de Salta Forestal a manos de la empresa privada del diputado nacional Alfredo Olmedo. En esta nota, las repercusiones más nefastas de ese negociado: la historia de un hombre común, que prestó más de 20 años de servicio y que quedó sin nada cuando se hizo el traspaso. DOM

Cuando se habla de Salta Forestal, inmediatamente se asociaron palabras como “negociado”, “Alfredo Olmedo”, “Juan Carlos Romero”, “complicidad del Estado”; pero sobre todo se piensa en números: en las 336.000 hectáreas que el gobierno casi regaló a Olmedo, en la capacidad productiva de 1200 toneladas de carbón vegetal y 2000 postes mensuales, en los millones que Olmedo gana y en los céntimos que paga al estado por usufructuar tanta tierra. Los números están bien para conocer la dimensión de la estafa. Pero no permiten dar cuenta de la dimensión humana. Justamente, esto fue lo que aportó el miércoles pasado, en la Universidad Nacional de Salta, se presentó Joaquín Burgos quien le dio a esas tierras 30 años de su vida a esas tierras.

El hombre En 1976, se enteró que iba a reabrir una fuente de trabajo en el departamento Anta. Fue, para él, como una bendición de Dios: se presentó, ingresó como encargado de oficina personal. En ese momento tenían las oficinas en Salta Capital, en avenida Belgrano al 1300.

“Yo me iba para allá mensualmente, para hacer efectivos los pagos, hasta que nos centralizaron las oficinas en el centro de la explotación, ya en comunicación directa y todo muy bien. Aprendí a trabajar, me perfeccioné”, cuenta. Para Joaquín, Salta Forestal tuvo tres etapas. La primera va desde su génesis, hasta 1992, año en que empezaron a surgir problemas, mala organización, un descontrol total y el Estado se retiró y dejó esas tierras prácticamente sin trabajar. La tercera empezó en el 2000, con la privatización. Entre el 88 y el 92 trabajó en la tesorería. A él le tocó pagar las indemnizaciones de las 500 personas que perdieron sus trabajos. “Cuando le dieron de baja a esa gente, nos dejaron a cuatro personas para “mantenimiento”. Esos cuatro trabajamos hasta el año 2000. Teníamos que autoabastecernos, aunque ya estaba todo cerrado, todo parado, no había ningún movimiento. Nos dieron la opción para que se contrate a otros obreros para que hagan trabajos y se inscribieron como contratistas y ellos hacían el trabajo de elaboración de carbón y con el porcentaje que se les cobraba nos pagábamos el sueldo”, recuerda y aña-

de: “se contrató gente que hacía postes, nosotros le conseguíamos el mercado para que los muchachos puedan vender”. Así llegaron hasta el 2000, año en que Salta Forestal pasó a manos privadas. El convenio lo firmaron el vicegobernador Walter Wayar y el ministro de la Producción, Guillermo Jakúlica, y los empresarios Alfredo Olmedo y Néstor Virgilio Cervera. En ese momento, los funcionarios aseguraron que la prioridad era garantizar la continuidad de esta fuente de trabajo, en una zona donde habitan unas 2500 personas. Sin embargo, la empresa Eco Desarrollo al poco tiempo de absorber 30 obreros empezó a despedirlos, de dos en dos. “Yo por suerte quedé hasta el último: en diciembre de 2001 me tocó la baja. Ahí se me cerraron todas las puertas y se me acabó la historia de Salta forestal” La reducción del personal se llevó a un extremo: 1992 eran 500 los hombres que se ganaban la vida ahí, hoy toda la empresa funciona con 8 operarios. El trabajo no es estable: los toman con el carácter de contratado, por dos o tres meses y así como los toman, los dejan. En medio del traspaso de los trabajadores estatales a Eco Desa-

JOAQUÍN V. GONZÁLEZ

Gaona también asentada Desde el pasado 4 de abril pasado, cientos de vecinos de la población de Gaona, en Joaquín V. González, tomaron terrenos que pertenecen al Ferrocarril General Belgrano y delimitaron 185 lotes urbanos frente a la Ruta Nacional Nº16. FACUNDO SOKOLIC

La semana pasada este medio informó sobre el asentamiento Libertad en la zona sereste de la ciudad. Durante la semana, www.cuartopoder salta.com.ar relevó las noticias sobre el asentamiento en el Grand Bourg que obligó a las autoridades a ofrecer a los vecinos terrenos en la localidad de Atocha. Ahora la noticia es Gaona, distante 233km al Sureste de la capital salteña y parte del Municipio de El Quebrachal. Y no porque la noticia sea reciente, sino porque desde hace más de un mes terrenos que pertenecen al Ferrocarril General Belgrano fueron ocupados por vecinos que padecen las mismas problemáticas que el sin techo capitalino. En el caso de Gaona, el 4 de abril pasado parte de la población decidió tomar terrenos que pertenecen al Ferrocarril General Belgrano exigiendo respuestas a sus necesidades. Y como primera medida ellos mismos delimitaron 185 lotes urbanos frente a la Ruta Nacional Nº16 y cuyo fondo queda próximo a las vías, aunque a una distancia prudencial. Se trata de casi 205 familias con niños en edad escolar. Gente que vivió siempre en Gaona, nacida y criada en ese lugar. La mayoría de las personas trabaja como

peones rurales y también realizando changas en campos de empresas agrícolas. Las mujeres en su gran mayoría son amas de casa y algunas poseen planes sociales o pensiones por discapacidad porque, vale insistir, la falta de políticas laborales profundas provocan una situación local preocupante.

Desarrollo desigual y combinado Gaona es uno de los lugares también afectados por los desmontes indiscriminados en el Departamento de Anta donde la soja hace estragos, aunque no es el monocultivo la única actividad económica importante. Muy próxima a esta

zona se encuentra Eco Desarrollo Salta s.a. (empresa sojera), en manos de Alfredo Olmedo y de George Soros, beneficiarios directos de la estafa pergeñada por Romero y compañía; la multinacional Liag (empresa algodonera), del alemán Johnny Kahlbetzer; y también Inversora Juramento s.a. (empresa ganadera) de Jorge Brito, dueño del Banco Macro. Estas empresas de tanto en tanto son beneficiadas por cifras millonarias que llegan desde Nación en carácter de premios o bien de subsidios para “proteger el medio ambiente”. No obstante el panorama de crecimiento económico empresarial, no hay progreso que le llegue a la población, muestra de ello es

Joaquín Burgos

rrollo, el gobierno le garantizó a la empresa de Olmedo la posibilidad de pagar sueldos más bajos, rebajando de categoría de los trabajadores que se habían desempeñado ahí durante más de dos décadas. “Yo estoy un poco defraudado por eso, dolido, porque he sido perjudicado. Porque al pasar a esa empresa nos han encuadrado en otro convenio, que me afectó mi remuneración. Incluso me tocó cobrar unas chauchas por indemnización… También fui perjudicado por mi jubilación. Tengo una jubilación mínima”, dice el hombre. Pese a esto, Joaquín Burgos todavía tiene un extraño cariño por esas tierras. “Ahí aprendí a trabajar, formé mi hogar, me casé, tengo 5 hijos, es un grato recuerdo para mí esta empresa”, dice este hombre. El gobierno optó por dejar de lado a estas personas y respaldar un negociado enorme, que recién ahora, por diferencias políticas, podría ser investigado. Quizá no sea demasiado tarde para enmendar los daños que ha provocado en tantas personas, como Joaquín Burgos

el alto nivel de desempleo y de trabajo informal existente en el departamento. Como si esto fuera poco, en Gaona se presenta una fuerte demanda de terrenos para familias jóvenes, pero como respuesta se obtiene poca oferta, al margen de que los lotes disponibles son financieramente inalcanzables para el segmento que los necesita. Es por eso que en gran parte de las viviendas se observa que habitan entre dos, tres, y hasta cuatro grupos familiares en situación de hacinamiento ya conocida por el gobierno municipal. Tal situación, sin embargo, no recibió respuestas del estado provincial que no dispone la construcción de más viviendas en la localidad. Por si esto fueras poco, las personalidades políticas de la región atentan contra las soluciones: Pedro Sández y el intendente Nardo García (investigados en la Justicia por manejos irregulares en Tolloche e irregularidades en la adjudicación directa de viviendas IPV al hermano del jefe municipal) ignoraron el reclamo que lleva años. No conformes, agravaron la situación de rechazo y descontento debido a que en plena campaña política reaparacieron con viejas promesas incumplidas. En definitiva, las demandas de los habitantes de Gaona son varias pero todas apuntando a un mismo lado: solicitan al Estado viviendas construidas por el IPV, o bien módulos habitacionales, o bien la legalización y escrituración de estos lotes para que ellos puedan comenzar a construir sus propias viviendas. Es decir, demandan hacer valer un derecho constitucional.


Nota de Tapa

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NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Sández…el caporal nativo Esta semana, la denuncia de negociados por miles de hectáreas en Toloche engendró acusaciones cruzadas y amenazas de todo tipo entre legisladores. Teodoro

Argañaraz, uno de los damnificados arremete con crudeza contra el diputado Pedro Sández que fue el centro de las controversia durante la semana.

DOM

Pepe Guardiola estaba equivocado. No es Maurinho el amo, sino el diputado Pedro Sández. Al menos por ahora, porque las denuncias mediáticas y la posibilidad de que se investiguen los negocios inmobiliarios con las tierras de Toloche lo pueden relegar a un segundo o tercer plano en la política local, en ese limbo donde se espera que el tiempo, el silencio y el olvido le permitan emerger de nuevo. Los que prometen no olvidar, sin que importe cuántos días, meses o años pasen, son los damnificados, los que están a punto de perderlo todo.

Teodoro Parece un vaquero de película yanqui: con un sombrero de cuero, en el que hay dos pins (uno del Che Guevara, el otro de una virgen), Teodoro Argañaraz, uno de los perjudicados por las tierras de Toloche, dialogó con Cuarto Poder en la madrugada del miércoles. Argañaraz es además un colega: trabaja como periodista en una radio en la que no se cansa de denunciar lo que en unos minutos explicará una vez más. No siempre fue periodista. Trató de trabajar en el campo y fue empleado municipal, en el Quebrachal, trabajó junto con Sández desde que éste fue presidente del bloque; hasta que lo echaron por diferencia ideológica. El hombre tenía cáncer y necesitaba un transplante, pero nadie se apiadó. En el Quebrachal vive desde 1976 y fue el plan de colonización de Roberto Romero, en 1986, el que lo impulsó a invertir en Toloche. “En el ’86, Sández, que era senador, nos informó que había un plan de Roberto Romero para hacer el primer plan de colonización”, dice. Cuenta, asimismo, que conformaron una agrupación de productores de Quebrachal, agrupación que impulsó el mismo Sández como estrategia para que la gente del valle no se quede con todo Toloche, sino que permanezca en manos de gente de Anta. “Ya desde esa época Sández cometía travesuras que fue desarrollando a lo largo de 27 años de vivir de la política… Pedro “tito” San-

Teodoro Argañaraz

dez, con el regreso de la democracia tuvo una trayectoria que no se puede emparentar con las cosas transparentes ni con las cosas del trabajo”, sentencia Teodoro y recalca que desde aquella época ya Pedro Sández tenía testaferros: familiares, amigos, gente de su entorno político que en vez de ponerse a trabajar vendieron. (Argañaraz sostiene que los testaferros de Sández vendieron rápido; dice, también, que el legislador pagó una deuda de juego con uno de estos lotes y con un caballo brasileño muy bueno para las carreras). En Toloche, Teodoro empezó a trabajar la tierra tras el decreto 113/87, en el cual se realizaron los lineamientos y se reconocieron los pastajeros. El 18 de mayo de 1988 se firmó un contrato individual y el 16 de mayo de 1989 informaron el nombre de los beneficiarios entre los que estaban los miembros de una

comunidad aborigen. “Ahí nosotros empezamos a cumplir con nuestros compromisos que eran: tomar la posesión, deslindar cada uno de los lotes, hacer la mensura y el plano iba a cargo de la provincia de Salta y nosotros hacíamos el trabajo de picadas. Contratamos topadoras y comenzamos a trabajar. Teníamos que alambrar 5 hectáreas por año, en 10 años teníamos que tener 50 hectáreas desmontadas y con cerco. Pero la provincia tenía que hacerse cargo de perforaciones para cuatro lotes en las cabeceras y hacer una perforación de agua, cosa que no hizo. Para colmo, cuando nosotros nos ponemos a desmontar y nos ponemos a sacar los palos para hacer postes, no nos permitían hacer eso de recursos naturales”, explica. El boicot del estado fue sistemático: no les daban agua, no los dejaban producir. “¿De dónde íba-

mos a sacar los recursos? Éramos pequeños productores, no multinacionales. Éramos gente de Quebrachal”, dice. “La idea era construir un nuevo pueblo que se iba a llamar La Esperanza. Hablábamos y soñábamos con don Roberto Romero con las viviendas, porque íbamos a ir a vivir ahí… hablábamos de escuelas, de salas de primeros auxilios, cosas que quedaron en la nada.” Al único que le fue bien por aquellos años fue a Sández, que además ocupó el cargo de intendente entre 1987 y 1991. “La peor intendencia de la historia de Quebrachal, desde 1930 hasta la fecha, lo peor que hubo como intendente se llamó Pedro Sández”, enfatiza Teodoro. Después, en 2006 empezó a ir a la zona un abogado, supuestamente para relevar los trabajos que se debían hacer en la zona. “Este doctorcito iba armando el mapa de lo que iba a ser la corporación inmobiliaria”, dice. Hoy quieren desalojar a todos, tanto a los que hicieron obras como a los que no. Los puesteros dijeron haber recibido presiones y amenazas del diputado Sández para que dejen el lugar. La apuesta de Teodoro es que la denuncia mediática y judicial logre frenar el negociado en el que hay involucrados varios funcionarios más. No tiene muchas esperanzas en la comisión investigadora que se plantea en la legislatura. Teodoro anuncia que la semana que viene van a sacar una solicitada, para la cual él y los demás damnificados y vecinos de la zona están juntando recursos. En esa solicitada piensan dar lujos de detalle del negocio inmobiliario de las 60 mil hectáreas por el lote 37 en Toloche. Pese a que son las 7.15 de la mañana, Teodoro habla con mucha vehemencia, se lo ve fresco y saludable: tiene 53 años. El 7 de enero de 2010 fue transplantado de hígado y acaso esta experiencia le da el aura de los que aprecian la vida, vida que –resalta- no teme arriesgar por propagar su verdad. “Yo no le tengo miedo a Sandez, yo solo tengo miedo de defraudar a Dios”, dice.


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MINERÍA EN SALTA

El subsuelo ajeno Según los datos presentes en un informe del año pasado de la Secretaría de Minería provincial, es en la actividad minera en donde se manifiesta con crudeza el continuismo neoliberal sustanciado por el menemismo en 1.993. Cubiertas bajo un paraguas de impunidad mediática que la lejanía geográfica de los emprendimientos mineros posibilitan; y gracias al desconocimiento generalizado de las leyes de la entrega, el saqueo es posible.

de litio en el mundo para el desarrollo de las nuevas tecnologías. En EEUU, por ejemplo, ya se explotaba litio en Clayton Valley con valores comparables a los obtenidos en salares de nuestra Puna por los geólogos argentinos. En consecuencia, resulta claro que esta sustancia, indudablemente estratégica, debía estar en manos del Estado. Ello podía concretarse a través de la creación de un ente provincial que tuviera por objeto la exploración y eventual explotación de los yacimientos que se descubrieran y posibiliten al Estado provincial participar del manejo de la mayor cantidad posible de reservas de litio que existen en los salares emplazados en el territorio provincial. Los especialistas consultados informan que hay ejemplos al respecto desde hace mucho tiempo a lo largo del país. En nuestra provincia, por su parte, estaba la antecesora de REMSa, La Casualidad S.A. que había sido creada mediante escritura Pública N° 1229 el 19 de diciembre de 1.985) ¿Porqué no se actuó en el momento oportuno? Es la pregunta responder. Genealogía del saqueo

Ricardo Salas, secretario de Minería de la Provincia. NICOLÁS DEL BARCO

De las consideraciones del mencionado informe de la secretaría a cargo del Licenciado Salas, se desprende que el rol de la política minera provincial vuelve a formularse de conformidad con la lógica de “coloniaje económico minero”, ligeramente matizado con pequeños emprendimientos cuyo éxito o fracaso van ligados de la mano de dios. Con el actual boom del litio, es posible predecir que el escenario va a cambiar allí donde tenían lugar explotaciones de boratos, sulfatos y cloruros a pequeña escala y algo rudimentarias. Ahora que franceses, canadienses, holandeses y chinos han clavado sus ojos en los salares de la puna, los infaltables especuladores locales (que en los últimos dos años solicitaron no menos de 100 minas cubriendo con derechos legales hasta el último rincón del salar) seguramente transferirán sus minas a las grandes mineras, o bien a otros intermediarios que pretenderán venderlas a las mismas. Y girará así la rueda de la fortuna donde al final ganaran unos cuantos dólares los especuladores, otro tanto los intermediarios, para al final del juego ser los grandes inversores quienes se quedarán con las ocho o diez minas que tengan expectativas de ser rica en litio. ¿Qué pasará entonces con los pequeños mineros que producían en el salar en el cual entrarán las multinacionales? Serán muy presionados por la expansión minera y

terminarán vendiendo sus propiedades. Entrega y saqueo La matriz energética comienza a cambiar en el mundo, y del uso de combustibles orgánicos, cada vez son más los países que optan por la energía eléctrica. Este hecho hizo renacer el interés por el litio, materia prima esencial para un sinfín de dispositivos y en especial por su utilidad en las baterías. Los especialistas destacan su alta “densidad energética”: menos volumen y peso almacenan más energía. Todo el mundo sabe esto, como también que esa mineral comienza a escasear reflejándose en su precio que ha llegado hasta los 3.000 dólares la tonelada. En nuestra provincia eso puede evidenciarse conforme al registro de minas de litio solicitadas desde enero del 2.008 a la fecha. El informe de la secretaría de minería indica que se han solicitado 104 minas que suman un total de 200.800 hectáreas. De esos totales el ente provincial REMSa S.A obtuvo sólo tres minas que, juntas, suman 4.071 hectáreas. Se trata de la Mina Gran Victoria en Los Andes- TINCALAYU- Salar de Hombre Muerto (985,76 hectáreas); Mina Analy también en Los AndesARITA- Salar de Arizaro (1.347,69 hectáreas) y Mina Marynes en Los Andes- Salar de Arizaro- Arita (2.339,76 hectáreas). Esto quiere decir que, en nuestra provincia, el ente minero provincial participará con sólo el 3,2% del boom del litio, Conviene recordar que REMSa S.A. consti-

tuye un ente provincial facultado para explorar yacimientos. Fue creado por la gestión Urtubey a través del Decreto Nº 2050/08 el día 08-05-2008. En los considerandos del decreto, se declara que la provincia declara su interés por “propiciar la reactivación de la explotación de hidrocarburos mediante la puesta en producción de todas aquellas áreas que se encuentren libres; las abandonadas en estado de reversión, como así también de aquellas que reviertan en el futuro por las causas que fueran”. En ese marco, “REMSa S.A. es una sociedad con participación estatal mayoritaria, que tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros o asociada a terceros, a toda actividad industrial, comercial, de servicios y transporte relativo a la explotación de minerales e hidrocarburos….” En el caso del litio, REMSa evidencia una clara carencia del sentido de la oportunidad porque no supieron anticiparse a lo que irremediablemente iba a ocurrir. Algunos especialistas consultados afirman que existían estudios geológicos que indicaban la presencia de litio y potasio en los salares de la puna. Uno de ellos fue el realizado en 1.980 por Fabricaciones Militares y estuvo a cargo de los geólogos J. Daroca, R. Amengual y E. Ramallo bajo el título “Evaluación de Salmueras de Litio en los salares de la Puna”. Allí se informaba sobre las características litológicas y resultados de litio y potasio en Hombre Muerto, Ratones, Centenario, Pastos Grandes, Pocitos, Pozuelo, Rincón y Arizaro. Por aquel entonces ya se preveía la importancia estratégica que tendría la demanda

El único tributo que le queda a una provincia por la extracción de los minerales, es la denominada regalía minera fijada en un mezquino 3% sobre el valor “boca mina” del mineral extraído. La provincia aceptó ese valor al adherirse a la normativa de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, a través de la firma del Acuerdo Federal Minero el 6 de mayo de 1.993. Por entonces era gobernador Roberto Ullos y Director del Minería el actual Secretario de Minería: Ricardo Salas. Conviene aclarar que se entiende por valor “boca mina” aquel que surja de las ventas o negocios jurídicos realizados por el contribuyente, o del precio del mercado nacional o internacional, el que fuera mayor según que los mismos sean sobre el mineral boca mina o, en el caso de productos elaborados sobre el precio en la primera etapa de comercialización, descontándose los costos agregados desde su extracción hasta la puesta en condiciones de venta en dicha etapa. Esos descuentos corresponden a transporte de boca de mina, trituración, molienda, concentración y beneficio planta de tratamiento y transporte a fundidoras (por lo general fuera del país). Queda claro, entonces, que realizados esos descuentos jamás la provincia podría cobrar el 3% fijado. ¿Cómo se determinó ese valor del 3% a partir de la Ley 24.196, si antes de ella en Salta, por ejemplo, era 3 veces más alta? La explicación la dan los que al pie de el artículo 22 de la ley de Inversiones manifiestan que para la determinación de ese porcentaje máximo que las provincias podrán cobrar por el mineral extraído, se consideraron los niveles de competitividad internacional existentes en la materia. Seguramente consideraron para el cálculo las variables de los países centro africanos, donde las grandes mineras multinacionales generan sangrientas e interminables guerras para ver cual de ellas se quedan con los diamantes o el oro y en donde las regalías suelen pagarse con armas. Los datos estadísticos provistos por la Secretaría de Minería indican, primero, que las únicas producciones corresponden a los “mi-


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nerales no metalíferos” y “rocas de aplicación”. En segundo lugar, indican que las regalías tributadas a las arcas provinciales están lejos de ser espectaculares o acordes con el longevo historial minero de Salta. Es bueno reconocer, también, que el grueso de la producción y por lo tanto de la recaudación provienen de áreas heredadas de la ex gobernación de Los Andes. Así, en el año 2.008 se recaudo la suma de 638.060$, mientras en el 2.009 recaudaron 378.500$. La caída en la recaudación pudo deberse a la merma en la producción de boratos que pasó de 338.000 toneladas en el 2.008 a 163.067 en el 2.009. Cifras que consideradas en conjunto resultan exiguas para una provincia que se precie de minera. Destrucción de las explotaciones metalíferas La producción de minerales metalíferos años atrás, alcanzó relativos éxitos. Por ejemplo, en la explotación de uranio en Mina Don Otto en el valle del Tonco (San Carlos) la Comisión Nacional de Energía Atómica extrajo alrededor de 180.000 toneladas de minerales nucleares con una ley de 1 kilo de uranio por tonelada entre 1.978 y el segundo cuatrimestre de 1.979. El cierre de la mina a fines de 1.979 obedeció a una medida apresurada de su titular, que consideraba que la ley de 600 gramos por tonelada no justificaba su explotación y convenía que la CNEA volcara todos sus esfuerzos en el yacimiento Sierra Pintada en Mendoza. En pocos años se comprobó que tal decisión fue terriblemente desacertada, fundamentalmente, para el sostenimiento del Plan Nuclear Argentino. Ese cierre trajo aparejado el traslado de profesionales y técnicos a la estación Sierra Pintada y mina Gigante en Córdoba. Más de 300 obreros, en su mayoría nativos de Cachi, Molinos y San Carlos, debieron volver a sus quehaceres de pastoreo y labranza. Un año antes, Fabricaciones Militares había cerrado el establecimiento azufrero “La Casualidad”, donde quedaron sin trabajo alrededor de 200 hombres. El cierre se debió también a una apresurada decisión del directorio de la empresa que consideró que resultaba menos caro comprar azufre a Japón que lo obtenía como derivado del petróleo. Ese cierre afectó grandemente al departamento de Los Andes. Finalmente, y más allá de las perdidas económicas para la provincia y el abandono de la explotación de dos minerales estratégicos que independientemente de las márgenes de rentabilidad cumplen objetivos no mensurables económicamente, hubo cientos de personas que perdieron sus trabajos. Sólo en estas dos minas quedaron en la calle más de 500 operarios. Hay que reparar que según el informe de la secretaría de minería, en el año 2.009 todas las minas de la provincia ocupan 550 operarios.

Facsímil Listado Cheques Diferidos desde Febrero a Agosto de 2006.

Facsímil de la nota donde el Síndico General recomienda al Fiscal actuar.

FRAUDE AL PATRIMONIO ESTATAL

¿Y será la Justicia? Lo anticipamos la semana pasada. La Sindicatura General de la Provincia detectó “indicios razonables de irregularidades que podrían configurar perjuicio al patrimonio del Estado Provincial” en el Hospital San Bernardo durante la gerencia a cargo del actual Subsecretario de Salud, Juan José Esteban, en 2006. Recomienda a la Fiscalía actuar de oficio para condenar a los responsables. La Justicia, aún no aparece. R.L.

La semana pasada Cuarto Poder (Nota de tapa Nº 871) anunció que la Sindicatura General de la Provincia detectó maniobras financieras por millones de pesos en el Hospital San Bernardo durante el año 2.006, mientras la gerencia de ese nosocomio estaba a cargo del actual Subsecretario de Salud Juan José Esteban. Según el expediente 0010288-18657/2010-0, durante ese periodo auditado -que tiene como principal responsable al Dr. Esteban, gerente por licencia del titular Jaime Castellani en aquel añoocurrieron actos delictivos contra el erario público como libramientos de cheques sin causa, depósitos de fondos sin nota de ingreso respaldatoria, depósitos de dinero de origen desconocido que no permiten presumir –prima facie- la existencia de una maniobra financiera con valores (cheques diferidos. Ver Facsimil) del estado provincial, triplicado de facturas, facturas del proveedor que no identifican el remito a la que pertenecen, inapropiado sistema de archivo de remitos y facturas en el servicio farmacia, inexistencia de conciliaciones mensuales entre la documentación contenida en servicio de farmacia y lo registrado por el Sector Cuentas Corrientes, entre otros. Las pruebas están y son suficientes para juzgar y condenar a actuales funcionarios de la salud pública y ex directivos del Hospital San Bernardo. En el Código Procesal Penal existe una figura que se llama Notitia Criminis, que es cuando se tiene conocimiento de un hecho de perjuicio contra el erario público. Según el informe de la

Sindicatura General de la Provincia el hecho estaría constituyendo un delito y estaría identificado el autor del mismo: el Dr. Juan José Esteban quien ocupaba el cargo de Gerente del Hospital durante el ejercicio 2006. Citemos un ejemplo del contenido del informe y las observaciones formuladas: “Se presume indicios razonables de irregularidades que podrían configurar perjuicio al patrimonio del Estado Provincial, por lo que, en virtud de lo dispuesto por el apartado 7mo. Del artículo 19- A de la Ley 7103, corresponde poner en conocimiento del Poder Ejecutivo Provincial y del Sr. Fiscal de Estado”. Por las pruebas y documentos que tenemos delante de nuestros ojos, no se hizo nada hasta el día de hoy para defender el patrimonio del Estado. En la nota que publicamos la semana pasada (página 5) titulábamos “NOTITIA CRIMINI. AQUÍ NO PASÓ NADA”. Y es realmente una Noticia Críminis porque la denuncia tiene verosimilitud y existen elementos, pruebas y más que indicios que hagan presumir al Fiscal del hecho delictivo para que pueda actuar un Juez de Turno. “Poner en conocimiento al Fiscal” En una nota fechada el 8 de septiembre de 2010, el Síndico General de la provincia de Salta, Gustavo De Cecco, le comunica al Ministro de Salud Pública Dr. Luis Gabriel Chagra Dib que, de acuerdo a las constancias que obran en la Sindicatura General y en cumplimiento del articulo 22 de la Ley 7103, el informe final fue remitido en noviembre de 2006 al Sr. Gerente General del Hospital de Autogestión San Bernardo, al Sr. Ministro de Hacienda y Obras Públicas y al Sr. Ministro de Salud

Pública, acompañando copias certificadas de dichas actuaciones. También aclara al ministro Chagra Dib, que “la nota de elevación del mencionado Informe Final Nº 160/ 06, (…) expresaba: Recomiendo poner en conocimiento al Sr. Fiscal de Estado la situación detectada en esta auditoría y tomar las medidas necesarias a fin de deslindar las responsabilidades administrativas que pudieron corresponder”. Hay indicios de fraude a la administración pública y perjuicio patrimonial al fisco pero está fallando la Justicia. En el artículo 2 de la resolución nº 141 de la Sindicatura General, que dispone la realización de una Auditoría en el Hospital de Autogestión San Bernardo para evaluar la situación financiera del ejercicio 2006, establece los nombres del equipo que finalmente realizó la auditoría: “Cra. María Guadalupe Arias, Cra. Nelba Alzueta, Cra. María del Milagro Caro Outes, Cra. Juliana Garcia, Dra. Mirta D´agata, Sra. Graciela Isasmendi, Sr. Mario Contreras”. Luego de publicarse la noticia, en los pasillos del Hospital San Bernardo, se asiente todo y se comenta que al detectarse las irregularidades en la auditoría, si bien la justicia no actuó, tras el hecho fue removido del cargo un SubGerente y un contador fue trasladado hacia otro organismo. Mientras que a otro funcionario “lo mandaron” al tomógrafo para que siga ocultando irregularidades. De todas formas, lo más importante es que los documentos de prueba de daño están. Contra eso no hay nada que se pueda ocultar ni medicina que pueda curar el mal de malversar lo ajeno. Como dice un cantante español, “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.


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NUEVA LEY DE DROGAS

Un tropezón no es porrazo Elecciones de por medio, se viene otro debate transversal en el Congreso: la modificación a la ley de estupefacientes. Después de las marchas que el sábado pasado se hicieron en todo el mundo, incluida Salta, a favor de la despena-

lización del consumo de la marihuana… Cuarto Poder indaga sobre el debate que involucrara a los diputados nacionales por nuestra provincia y las principales propuestas del proyecto de ley que ya está en el Congreso nacional

JULIETA LUCERO

Cuestión polémica si las hay, la votación probablemente se convierta en un voto transversal, en la que cada diputado y senador nacional obre con la conciencia por delante y el bloque por detrás. Para el presidente de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Freiler, bajar este debate al recinto podría resultar «piantavotos», en referencia a que muchos no se atreverán a votar a favor de una modificación por temor a perder porcentaje de votantes en octubre. Otros disienten. La diputada nacional por Libres del Sur y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Victoria Donda cree que el proyecto terminará de «sacarles las caretas» a aquellos que sólo tienen discurso progresista, pero cuyas acciones luego no condicen con sus palabras.

Nueva ley El octubre pasado, las diputadas Donda y la cordobesa Cecilia Merchán, también por Libres del Sur, presentaron un proyecto para modificar la Ley de Estupefacien-

tes 23.737 sobre la despenalización de la tenencia de drogas. El proyecto fue girado a las comisiones de Prevención de Adicciones y control del Narcotráfico y a Legislación Penal, la primera presidida por Fabián Peralta, del GEN santafesino e integrada por el único salteño en ambas comisiones, José Vilariño, en el bloque Frente para la VictoriaPJ. El punto fundamental del proyecto es la derogación del artículo 14 de la ley vigente, y modificatorias, que explica que

«será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal».

El debate público Hace unas semanas, en la Feria del Libro de Buenos Aires, se

llevó adelante la mesa de debate «La despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal». Con la presencia de más de 300 personas, de la charla participaron el ex Secretario de Lucha Contra las Adicciones de la provincia de Salta, Gustavo Farquharson; el ya mencionado presidente de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Freiler; el director de la Revista Barcelona, Pablo Marchetti; el director de de la Revista THC, Sebastián Basalo y la diputada Donda. Tras una presentación del panel, abrió el debate Basalo, que expuso, entre otros, el caso William Vargas González, «que fue torturado por agentes del servicio penitenciario en Mendoza mientras estaba cumpliendo una condena injusta por tener siete plantas de marihuana para su consumo”. Freiler fue el segundo en hablar y criticó a sus colegas que «en nombre de la salud pública, muchos de ellos criminalizan a jóvenes por el solo hecho de consumir algún tipo de estupefacientes en lugares públicos”. A su turno, Farquharson, que fue candidato a diputado provincial

La década Infame

Entre peronismo

Las primeras leyes y normas relacionadas al consumo y comercialización surgieron con la sanción misma del Código Penal en 1921. El artículo 204 prohíbe «el suministro de sustancias medicinales distintas o en cantidades o calidades diferentes a lo prescripto médicamente». Por esos años la cocaína y la morfina podían adquirirse bajo receta en las farmacias, que estaban autorizadas a tener hasta dos kilos de lo que por ese entonces se denoAgustín P. Justo minaba «cocó» en los burdeles capitalinos. Eran penados aquellos que vendían sin receta médica, no los consumidores. Dos años después, se comenzó a sancionar a quienes vendían fuera de los ámbitos establecidos por la ley, o sea, por fuera de las farmacias. La Ley que permitió esto fue la 11.300, promulgada durante la presidencia Marcelo T. de Alvear. La primera vez que se penaliza la tenencia fue en 1926, con la Ley 11.331. El texto explica que aquel en posesión de sustancias narcóticas sin autorización para venderlas y sin poder justificar las razones de la tenencia estaba violando el Código Penal. Había que probar que estaban siendo utilizadas bajo un tratamiento autorizado. A comienzos de lo que se denominó la Década Infame, la Cámara del Crimen de Capital Federal avaló el carácter constitucional de la penalización de la tenencia simple y consideró que los tratamientos médicos eran sólo una excusa por parte del usuario. En el ’32, la Policía Federal dictó un edicto contra las intoxicaciones de cualquier tipo y creó normas que permitieron imponer su criterio moral en la calle.

Durante la dictadura de Onganía, en 1968, se aprobó la Ley 17.567, que castigaba la tenencia de cantidades «que excedan las correspondientes a un uso personal». Tenía que ser indudable para las autoridades que no se iba a comercializar. Por esos años, en el marco del Código Civil, el consumo se convirtió en sinónimo de enfermedad, cuestión que permitió la internación compulsiva de los «toxicómanos» creándose la primera institución especializada, Fondo de Ayuda Toxicológica, Juan Carlos Onganía dependiente de la Facultad de Medicina de la UBA. A nivel internacional, el gobierno de los Estados Unidos crea la DEA, agencia antidrogas de ese país. Mientras el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Richard Nixon, calificaba a la heroína como «el primer enemigo público no económico», en la Argentina José López Rega afirmaba que «las guerrillas son los principales consumidores de drogas en la Argentina, por lo tanto la campaña antidrogas será auténticamente una campaña anti guerrilla». En 1974 se extremaron las políticas. La Ley 20.771 estableció penas de uno a seis años por tenencia simple, aún destinados a uso personal. El usuario no es un enfermo, sino que se convierte en enemigo político. Durante la última dictadura, en 1.978, la Corte Suprema se pronunció en lo que se dio a conocer como Fallo Colavini. El mismo ratificó la sentencia a dos años de prisión en suspenso para Ariel Colavini, a quien se le habían encontrado dos cigarrillos de marihuana, por considerar que “el uso de drogas representa un peligro para la ética colectiva”.


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CRÓNICA DE LA MARCHA EN SALTA en las últimas elecciones, contó su experiencia en Salta con la Secretaría creada en 2007. El ex funcionario remarcó que se necesita tratar la despenalización, porque las adicciones son un problema integral, tanto de salud como social, y «no se puede tratar las adicciones con el encarcelamiento». Además, volvió a criticar al Ejecutivo provincial por la falta de interés en el área, manifestada en la asignación de un presupuesto irrisoriamente insuficiente. El mediático director de la Revista Barcelona y ahora habitué del programa de televisión Duro de Domar, Pablo Marchetti, contó con humor su experiencia como consumidor de cannabis. El cierre le tocó a Donda, que explicó que despenalizar no es lo mismo que legalizar. La diputada afirmó que con el nuevo proyecto «no se va a poder comercializar y producir libremente, solamente se va a evitar que los adictos y consumidores vayan presos, ya que de las causas que se abren por infracciones a la ley de drogas, de 12.000 solo fueron abiertas 3 por comercio de estupefacientes y el resto por tenencia”. En Salta el debate atraviesa varios escalafones. No sólo se trata de moral y buenos modales para algunos o de libertades individuales para otros, sino también de cuestiones tan graves como es la radarización de la frontera y los altos índices de consumo de alcohol y su relación con el abuso de las drogas. A pesar de ello, ya se conoce como ciertos diputados nacionales por Salta encararán la discusión en el Congreso oponiéndose abiertamente al proyecto.

Volando vengo, volando voy SIMÓN BAEZA

La cita era a las 15, pero a las 15.05 no se divisaba ningún protagonista de la polémica marcha. Diez minutos después, un grupo de ocho o diez veinteañeros, algunos con remeras verdes y símbolos característicos de las hojas, se agruparon no en torno al busto del fundador de la ciudad de Salta, sino casi llegando a la calle Rivadavia. Uno de ellos, con grandes auriculares, ironizaba “¿se habrán colgado?”. Entre medio de las risas, uno muy serio murmuró “yo ni a palos me escracho solo”. A las 15.20 una trafic color vino tinto estacionó al frente de la puerta del palacio legislativo. De ella bajaron los organizadores de la marcha, quienes en un banco colocaron una bandera cuya consigna, adornada con unas hojas verdes, rezaba “sembremos conciencia”. Recién entonces los veinteañeros del frente se animaron a cruzar. Nadia, una de las organizadoras, busca alguna fuente de energía para poder enchufar los equipos del DJ, mientras Mauricio, otro organizador, tiende sobre el banco algunos ejemplares de la revista T.H.C. (de la cultura canabica). Alrededor de las 15.30 cuatro oficiales de las fuerzas policiales se acercaron para pedir explicaciones. Amablemente, Nadia y Mauricio informaron: “Nos vamos a reunir en la plaza y de aquí vamos a hacer una marcha pacífica hasta el parque San Martin”. Diez minutos después, llegaron los primeros camarógrafos y algunos músicos con sus instrumentos. Había alrededor de 30 personas. Malabares, banderas, música y perros. La marcha estaba superando con creses a la del año anterior, en donde solo se congrega-

ron unas 20 personas. En diferentes entrevistas los organizadores revelaron los diferentes objetivos de la marcha en el día mundial de la marihuana. “Nosotros estamos en contra del narcotráfico. Lo que planteamos es el posibilidad de poder cultivar en nuestras casas”. A su turno, Mauricio comentó “Seria muy importante que se modifique la ley. Sobre todo el articulo de tenencia simple. Cuatro mil usuarios al año van en cana por tenencia simple”. A minutos de las seis de la tarde, en la plaza había casi cien personas. A diferencia de otras marchas, este era un grupo heterogéneo: desde personas que bregan por la libertad de expresión, pasando por otros interesados en el autocultivo, hasta los desinteresados que asistieron para fumar impunemente en pleno centro y bajo la mirada policial. Pasada las 18 horas la policía irrumpió. El oficial Martín Eduardo Leguizamón junto a Jorge López, de la dirección de control, exigieron cortar la música por falta de autorización municipal. Las

silbatinas no se hicieron esperar y los ánimos se caldearon. Afortunadamente no hubo que lamentar incidentes. A raíz del suceso, Tomás Eliaschev, redactor de la revista THC, presente en la marcha, comento “Salta es una provincia muy conservadora. En Buenos Aires se lo sabe a causa del impresentable diputado Olmedo y Urtubey no es muy distinto. De todas formas me alegra ver a toda esta gente joven reunida expresándose a favor de su libertad”. Seguidamente, en una segunda intervención, la policía procedió a sustraer una pipa. Los jóvenes se impacientaron y exigieron la devolución del artefacto. En un acto de arrojo el oficial Leguizamon reintegro la pipa a su dueño y las aguas se aquietaron nuevamente. La estadía se estaba volviendo ríspida, por lo que Nadia y Mauricio arengaron a los 130 presentes para comenzar la peregrinación hacia el parque de la libertad, como Mauricio llamaba al Parque San Martín. Entre malabares, batucadas y banderas, la humeante peregrinación comenzó su recorrido. Por Mitre avanzaron hasta calle Belgrano, descendiendo por está, hasta calle Lavalle, desembocando en el parque San Martin. En el parque San Martin, a las 19 se cerró la marcha con un curioso discurso. Noelia, parada en la fuente del parque, expreso “¡Acá estamos los que ponemos la cara!”. Luego continuo “Queremos pruebas científicas de los beneficios de esta planta milenaria, no queremos ser mas perejiles, estamos en contra del narcotráfico. No hacemos apología, queremos leyes más eficaces y justas”.

Democracia de fin siglo XX

Nuevo milenio

Con la vuelta a la Democracia, vuelve la idea de del usuario como enfermo, alejándose así del pasar punitivo que había sufrido los últimos años. Así, el Estado se orienta a la prevención. En el ’86, se registra otro fallo importante: el Bazterrica. Basándose en el artículo 19 de la Constitución Nacional -»las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados»-, la Corte SupreRaúl Alfonsín, Carlos Menem ma declaró la inconstitucionalidad del artículo seis de la Ley 20.771, del ’74. Con el menemismo, y mientras Estados Unidos creaba la Oficina Nacional de Política de Drogas, en la ONU se firma la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que pone el foco en lo represivo nuevamente y marca el terreno para una nueva ley argentina. Durante el gobierno de Carlos Menem se sancionó la actual Ley 23.737, del año 1989. La nueva norma vuelve al lopezreguismo e incrimina el uso personal con prisión de un mes a dos años. La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), es el organismo que tiene a cargo la asistencia a las personas que usan drogas y el control de los eslabones para la producción de drogas. Fue creada con esa ley y funciona en la actualidad. Esta Secretaría es la encargada de la primera encuesta nacional, de 1999, en la que se estima que para ese año había unos 600 mil usuarios de droga en el país.

Tras el arribo mediático de la pasta base de cocaína, con el cada vez más visible consumo urbano en los jóvenes, se deja de considerar a la Argentina como país de paso. En el 2003 se realiza la Primer Conferencia Nacional de Políticas de Drogas, organizada por la Asociación Civil Intercambios en el edificio Anexo del Congreso de la Nación. Dos años después, la Ley 26.052 desferaliza la investigación de los delitos menos, antes atribuidos a la Justicia Federal. Durante la presidencia de Cristina Fernández se crea en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja, para proponer reformas y actualización legislativa, que aún no se vio. El último gran salto de visibilidad del debate fue con el caso Arriola, en 2009. El 25 de agosto la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley 23.737, que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal, sólo aplicable a aquellos casos que no afecten derechos o bienes de terceras personas. Si bien este último fue un gran paso, aún sigue habiendo problemas de interpretación en los fallos. Es aquí donde ya no alcanza con que la Corte Suprema se expida, sino que se hace necesario que el Congreso trate el proyecto para que de una vez por todas haya una nueva ley.


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BECAS DEL CONCEJO DELIBERANTE

Entre la ayuda y la polémica En la Sesión Ordinaria del miércoles 11 de mayo, se aprobó la nómina de estudiantes beneficiados con la media beca que otorga el Concejo Deliberante. Se trata de beneficios destinados a es-

tudiantes que asisten a establecimientos privados que firmaron convenios con el Cuerpo Deliberativo, y que la concejal Lambrisca puso en duda por no ajustarse a reglamento

JOSÉ GONZÁLEZ ROMANO

En nuestra página web (www.cuartopodersalta.com.ar) consignamos la crónica de aquella sesión, en donde se registraba la polémica generada por la concejal Lambrisca que manifestó que el otorgamiento de muchas de las becas no se ajustaron a las exigencias de la Ordenanza que rige el reglamento. Las repercusiones siguieron días después. El concejal Aroldo Tonini, compañero de bancada de Lucrecia Lambrisca, señaló que ésta “se excedió y deberá medir sus palabras”, manifestando de que existe un malestar generalizado entre los concejales en torno a las continuas agresiones y cuestionamientos que hace Lambrisca sin fundamentos. En ese marco, Cuarto Poder analizó la letra del reglamento correspondiente, presente en la Ordenanza 10102 y 13825. El 11 de mayo se aprobó el Proyecto de Resolución y los anexos I y II referentes al otorgamiento de Becas de la Municipalidad de la Ciudad de Salta para los establecimientos privados adheridos al Régimen. El dictamen fue elaborado por la Comisión de Acción Social y Becas del cuerpo deliberativo y comprende la primera nomina de beneficiarios. El artículo primero dispone remitir al Departamento Ejecutivo Municipal la nómina de colegios, institutos y/o academias adheridas al Régimen de Becas establecido para el corriente año para su conocimiento y posterior aplicación de la exención y condonación por el periodo fiscal 2011 de la Tasa General de Inmuebles, Impuesto Inmo-

biliario, Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene y Tasa de Propaganda y Publicidad. Colegios adheridos Diecisiete son los colegios adheridos que recibirán la exención y condonación correspondiente. Ellos son el Instituto General Güemes, Colegio Santa Teresa de Jesús, ISICANA, Colegio José Manuel Estrada, Colegio de la Divina Misericordia, Colegio del Milagro, Colegio Américo Vespucio, Instituto Gifted Children, Colegio San Juan Bautista, Instituto Privado Domingo Savio, Instituto Perito

Francisco Moreno, Colegio Adventista Bartolomé Mitre, Colegio Madre Teresa de Calcuta, Colegio Santo Tomás de Aquino, Cultural Británica e Instituto Ramón Carrillo. Asimismo se dispuso aprobar la nómina de beneficiarios de medias becas que concurren a esos establecimientos, la que fue incluida como Anexo II del proyecto y suma un total de 253 beneficiarios. Debemos señalar al respecto, que pasó para la semana que viene el tratamiento de los expedientes que corresponden a postulantes para una media beca que asisten a la Universidad Católica de Salta.

Reglamento de becas La Ordenanza N° 10.101, sancionada en el año 2000, establece en su artículo 2º lo siguiente: Establecer el régimen de becas de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, para estudiantes de cualquier nivel o ciclo de enseñanza legalmente establecido, que por razones económicas o falta de recursos no pueden iniciar y/o continuar sus estudios en establecimientos privados, reconocidos oficialmente, correspondiente a períodos lectivos, ubicados dentro del ejido municipal, que se regirá por lo dispuesto en la presente Ordenanza y normas regla-


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mentarias, que a tales efectos se establezcan. En su artículo 3°, por su parte, señala que en todos los casos, “será facultad del Concejo Deliberante aprobar y ordenar la nómina de los becarios propuestos a los Establecimientos privados adheridos al régimen. Establece también que para el otorgamiento de las becas del presente Régimen, deberán observarse los siguientes requisitos (Art. 5º): a) Por ningún motivo este tipo de Becas implicará pago o egresos de fondos por parte del Municipio; b) Las Becas otorgadas tendrán carácter de personal é indelegable para cada postulante y exclusivamente para los estudios invocados. c) Los postulantes deberán: 1) Tener residencia habitual en el ejido Municipal y estudiar en establecimientos privados de enseñanza ubicados en esta jurisdicción municipal. 2) Comprobar imposibilidad económica o falta de recursos para iniciar o continuar sus estudios. 3) Demostrar su condición de alumno regular y dedicación al estudio, a través de sus calificaciones y comportamiento como estudiante en el período lectivo anterior; con excepción de aquellos que se inician en un determinado nivel de estudio. d) Las Becas se otorgaran por cada periodo lectivo, razón por la cual en ningún caso los postulantes podrán invocar derecho alguno sobre renovación automática del beneficio que se les otorgara en periodos anteriores. e) Establecer en su caso, las personas mayores de edad (padres, tutores etc.) que serán responsables para todos los efectos que correspondan, en representación de los becarios. Se indica también que en caso de que la cantidad de postulantes en condiciones supere a la de becas disponibles, para el otorgamiento se consideran las siguientes prioridades: a) Gravedad de la situación económica de cada postulante; b) Haber gozado de igual beneficio en el periodo lectivo inmediato anterior, siempre que se trate del mismo nivel o ciclo de estudio y que su dedicación para con los estudios así lo justifique. c) Los integrantes de las familias más numerosas. El reglamento, según lo establece esta ordenanza, deberá estar a cargo de la Comisión de Acción Social y Becas del Concejo Deliberante. Dicho Reglamento deberá prever como mínimo lo siguiente: a) Determinar los responsables que tendrán a su cargo el estudio y análisis socio-económico de los postulantes. b) Establecer pautas sobre el rendimiento a observar por los becarios en sus estudios, determinándose para ello sector o dependencias del Organismo que tendrán a su cargo dicho seguimiento. c) Fijar calendario de fechas para la presentación de las solicitudes de becas, la realización de los estudios socio-económicos de los postulantes, la comunicación a los establecimientos privados y elevación al Concejo Deliberante de los becarios propuestos. En tanto la Ordenanza N°13825 establece crear en el ámbito de de Hacienda del Departamento Ejecutivo Municipal, el Registro Exencionario de Entidades Educativas Privadas de Educación Sistemática y Parasistemática, adherentes al sistema de becas, estableciendo una serie de requisitos a cumplir para aquellas instituciones interesadas en figurar en el registro. Prometemos seguir el tratamiento que tengan las becas otorgadas para los solicitantes que estudian en la Universidad Católica de Salta, para la semana que viene.

ESCUELA TOMÁS CABRERA

La Ciudad de las artes A las ocho de la mañana del día lunes 9, la infantería arremetió contra cerca de 80 estudiantes del Colegio secundario Tomás Cabrera. Los menores de edad protestaban cortando la calle Leguizamón y la semana terminó como había empezado: con estudiantes de escuelas vinculadas a las artes cortando calles en reclamo por las pésimas condiciones de los edificios escolares. LEÓN PAREDES

Desde el año pasado, los estudiantes terciarios de la Escuela Tomás Cabrera vienen organizando un centro de estudiantes que aun no tienen. Una de los ejes que impulsa el anhelo, se relaciona con un proyecto que según algunos docentes tiene más de 20 años de antiguedad. El proyecto es la “Ciudad de las Artes” y consiste en la construcción de un complejo artístico múltiple, en donde tendrían un espacio las instituciones de educación artística de la provincia. ¿Que relación tiene eso con el centro de estudiantes y lo ocurrido el pasado lunes? Que el centro de estudiantes es para los estudiantes, la herramienta capaz de llevar adelante la lucha por ese proyecto que terminaría con las pésimas condiciones edilicias: estufas viejísimas y peligrosas, espacios áulicos reducidos, vidrios rotos, puertas que no cierran y talleres que no respetan normas de seguridad (las instalaciones eléctricas tienen cables al aire cercanos a lugares donde se trabaja con agua para la cerámica, las amoladoras y soldadoras. Suelen trabajar en un patio al aire libre y próximo a un taller en donde se realizan grabados con ácido nítrico – altamente inflamable por las posibles chispas producidas por las maquinas mencionadas). Cuando el lunes los estudiantes terciarios se enteraron de las medidas tomadas por los adolescentes del secundario, y compartiendo las demandas en torno a la necesidad de mejoras edilicias, se solidarizaron y participaron del corte del lunes. A lo largo de esta semana y durante toda la semana que viene, el terciario, con un amplio apoyo docente, realizará jornadas culturales para visibilizar la problemática y exigir que el gobierno no “duerma” el expediente del proyecto que se prometió a la comunidad artística salteña. Los estudiantes sostienen que no quieren tomar medidas de fuerza por el momento, que sólo quieren encarar la lucha con las herramientas que conocen y en las que son buenos: el arte. La gota que colmó el vaso Los sucesos del lunes tuvieron un disparador distinto al de las históricas demandas por mejoras edilicias. La gota que colmó el vaso fue la prepotencia del vice-director de la institución (Giménez) que les habría comunicado a los estudiantes secundarios que no serían beneficiarios de las computadoras del programa nacional “Un alumno, una computadora”. El suceso se combinó con las históricas demandas por los problemas edilicios y desde entonces la rueda se echó a andar. El proceso prosiguió con marchas durante la semana, y culminó hoy con un nuevo corte de calles, esta vez por parte de los estudiantes del Centro Polivalente de Artes ubicado en la calle Urquiza entre Buenos Aires y Córdoba.

Pero volviendo a lo ocurrido en el Tomás Cabrera, las soluciones que solicitaron padres y alumnos del secundario tuvieron que ver con las refacciones del actual edificio, o el traslado a uno propio (recordemos que el actual establecimiento pertenece a la escuela República de la India), que contemple las necesidades de los estudiantes. Tal como le manifestaron a funcionarios del ministerio y a la prensa, la Ciudad de las Artes es muy lejos (está planificada para la zona aledaña al Parque el Huaico) y además es una solución a largo plazo, “queremos soluciones inmediatas” reclamaban tanto jóvenes como padres. Durante la semana, los estudiantes se mostraron dispuestos a retomar medidas de fuerza. Para algunos, esa radicalidad pudo tener relación con la presencia de algunos militantes de la Corriente Clasista y Combativa entre los padres de los estudiantes. Situación funcional al gobierno que buscaba dividir para quebrar la resistencia estudiantil. Fue lo que pareció ocurrir el día miércoles, cuando algunos padres y estudiantes marchaban, mientras la Ministra de Educación, Adriana López Figueroa, se reunía con padres que no querían que sus hijos marcharan por temor a nuevos actos de represión. Según la ministra, quien no quiso volver a charlar con los padres y estudiantes que marchaban, esos padres estaban mucho más “prestos al diálogo”. Posteriormente fue el mismo vice-director de la escuela quien declaró las diferencias existentes entre los sectores estudiantiles y sus padres.

Hasta el momento las soluciones aportadas por el gobierno, no han dejado contentos ni a padres ni a los estudiantes secundarios, por lo que las resoluciones de la asamblea de estos últimos continúan siendo la de seguir con las medidas de fuerza.. El gobierno y la represión El mismo lunes, el Gobernador salió a prometer la construcción de un complejo en donde funcionaría en el futuro el Tomás Cabrera. Un día después, la Secretaria de Gestión Educativa, María Eugenia Caro, especificaba que en el complejo estarían incluidos el Instituto de Formación Docente, la Escuela de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, la Escuela de Música “José Lo Giudicce”, el Instituto Superior de Profesorado de Arte y la Orquesta Infanto–Juvenil. Los anuncios tendientes a aminorar el costo político que supuso la intervención policial en el corte del lunes habían empezado. Entre el martes y el miércoles, por ejemplo, el ministro Kosiner garantizó a la prensa que abriría la investigación para dar con quienes dieron la orden de reprimir. El Comisario Flores, encargado del operativo, es él mismo que dirigió la represión a estudiantes universitarios y secundarios que en enero del 2.010 se manifestaban en contra del aumento del Boleto impuesto por SAETA. En ese marco, la represión sufrida por lo estudiantes el lunes pasado parece estar lejos muy lejos de lo que podría considerarse un error.


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Historia de un fracaso DANIEL AVALOS

Salta Forestal es mucho más que el ejemplo desmesurado del negociado y la corruptela provincial. Es, en realidad, todo un símbolo. Un fragmento de la historia nacional reciente que, acaecida en una provincia, la nuestra, y en un periodo particular, ayuda a colorear los detalles de una totalidad nacional que, a la vez, le otorgó sentido: el triunfo del neoliberalismo. Por ello es, también, la historia de un fracaso en el cual, sin embargo, todavía vivimos. Por eso, para historiarla no conviene prescindir de los elementos de la totalidad nacional que la posibilitaron. Una totalidad que primero debió ajustar cuentas con paradigmas que atravesaron gran parte de la realidad de nuestro país durante el siglo XX. Esos paradigmas podían visualizarse claramente en el decreto de diciembre de 1974, mediante el cual se constituyó Salta Forestal S.A. Por él, la provincia y Fabricaciones Militares convenían formar la sociedad. La primera aportaba 339.371 hectáreas de tierras; la segunda, $32.500.000 que garantizarían el registro legal de la empresa y las inversiones que permitieran cumplir sus objetivos: “Aprovechamiento integral del bosque…”, a fin de generar “una base de operaciones de incalculables efectos multiplicadores para la economía de la provincia y [que] hará un significativo aporte a un objetivo fundamental de la Reconstrucción y Liberación Nacional, cual es el del autoabastecimiento siderúrgico”, a través, precisemos nosotros, de la producción del carbón vegetal que debía emplearse en los Altos Hornos Zapla (Boletín Oficial, 27/ 12/75, pág. 200) Es cierto, nada decía allí sobre las cuestiones ambientales. Pero hay que tener sentido histórico, porque, para criticar una conducta, uno tiene que intentar ponerse en el exacto lugar en donde se produjo tal conducta, recoger todo lo que entonces se conocía y sobe todo aquello que no se conocía. Y lo que entonces se conocía poco y nada era, justamente, la problemática ambiental. Mucho más traumático, en cambio, es reconocer que el que firmó ese decreto por la provincia, fue la persona que por decisión de la viuda de Perón y del esotérico López Rega había desalojado del gobierno provincial a Miguel Ragone. José Mosquera era parte de la derecha peronista para quien Ragone y todo lo que tuviera olor a comunismo era cosa juzgada. Y, sin embargo, ese aspecto de la política de entonces importa poco al objeto de este análisis. Porque de lo que Mosquera, representante de un peronismo en descomposición, no podía prescindir era de ciertos lineamientos generales que por entonces atravesaban a todas las fuerzas de carácter antiliberal: el papel central del Estado en el diseño de las políticas económicas, y la reivindicación de que la economía debía estar al servicio de la soberanía nacional a partir del manejo de los recursos estratégicos de la nación. Tal paradigma se sumergía entonces en una crisis terminal. No sólo por la descomposición política de aquellos tiempos, también por la emergencia de una ideología que durante cincuenta años había estado confinada a ciertos sectores académicos del primer mundo: el neoliberalismo. Y lo que el neoliberalismo haría en adelante sería ajustar cuentas con todo lo que supusiera estatismo y, particularmente, con todo lo vinculado a lo nacional y popular. La venganza fue terrible. La dictadura arremetió primero eliminando físicamente a los miles de cuadros que habían hecho de lo nacional y popular una bandera de lucha; el alfonsinismo de la democracia recuperada se declaró impotente para detener la embestida de los actores económicos que reivindicaban el libre mercado; mientras que el menemismo, finalmente, fue el abanderado de esos actores y sus valores. Justamente del menemismo provinie-

ron dos de las herramientas jurídicas fundamentales para el posterior desarrollo histórico de Salta Forestal: la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado. La primera, en nombre de la crisis, disponía la suspensión de subsidios y transferencias estatales a las empresas y sociedades del Estado profundizando su descapitalización; la segunda autorizaba la intervención de las mismas a fin de elaborar criterios y cronogramas para la posterior transferencia de lo público a lo privado. Roberto Augusto Ulloa empleó ambos instrumentos. En 1993, declaró sujetas a privatización diversas empresas, incluida Salta Forestal (Decreto 60 del 23/ 01/93). Un año después, dispuso su privatización (Decreto 754 del 25/04/94). La estrategia neoliberal fue exitosa y el eslogan de la dictadura se impuso: achicar el Estado era engrandecer a la nación. Desde entonces, lo que la nación requería, dijeron, era al agente privado. A él correspondería generar la suficiente riqueza que se derramaría sobre una sociedad sedienta de confort. La hora de los privados había llegado, y lo que haría Juan Carlos Romero sería seleccionarlos. Allí aparece Olmedo. En 1997, conforma la firma ECODSARROLLO S.A.; en 1998, presenta un proyecto de licitación por Salta Forestal que el gobierno provincial declara de interés público (Decreto 1140/98); en 1999, el gobierno le otorga la licitación (Resolución 188/99 del Ministerio de la Producción y el Empleo) para, finalmente, tomar la posesión del predio en julio del 2000. El monstruo había nacido, y ocurrió lo que muchos sabíamos que iba a ocurrir. Lo sabíamos porque somos salteños, y los salteños sabemos mucho de las reglas que rigen nuestra existencia: las promesas nunca se cumplen. La novedad de hoy es que podemos confirmarlo por boca de un actor principal: Alfredo Olmedo padre. Y esto porque ocurrió otra de las cosas que caracterizan a esta provincia: las pruebas suelen aparecer cuando se dan agresivas internas entre los bloques de poder. Es lo que está ocurriendo hoy: diversos sectores del poder parecen dispuestos a disputar el control de la tierra y entonces los documentos aparecen. Entre ellos, uno que reproduce la voz del mismo Olmedo. Fue redactado en el 2006 y dirigido al Ministerio de la Producción y el Empleo con el objetivo de que el gobierno autorice a ECODESARROLLO S.A. a modificar el plan de inversión original porque la empresa había cedido parte del predio a la inmobiliaria Cervera. Era justo, entonces, para Olmedo invertir menos de lo que había prometido al principio. Para el gobierno de Romero, también. Del alegato de Olmedo se deduce que, después de seis años de explotar el predio, el emprendimiento estaba lejos de representar uno estratégico. Porque para serlo precisaba cumplir con una serie de requisitos que los economistas suelen considerar insoslayables: aportar a la creación de empleos, dinamizar la economía regional y contribuir en materia de investigación y desarrollo. Ya mucho se ha escrito sobre lo primero y lo segundo. Todos los estudiosos del proceso han concluido que la generación de empleo se contrajo; todos también saben que lo único que ha dinamizado la soja son ciertos servicios casi siempre reducidos a la proliferación de restaurantes. Olmedo ha tenido la gentileza de confesar que tampoco aportó mucho a la investigación. Lo hizo cuando declaró en ese informe que, de los 16 millones de pesos que debía invertir (el contrato original contemplaba 26 millones), sólo 100.000 estaban destinados a “Experimentos, Investigación y Extensión. Un 0,62% del total, contra casi el 77% (12 millones) destinado al rubro “Agricultura a Secano y Desmontes”. De allí que, a seis años de su nacimiento, sólo pudiera reivindicar un convenio en curso con el INTA, una visita de dos días de estudiantes universitarios a cargo de la hoy sospechada decana de Ciencias Naturales de la UNSa por el desvío de fondos de la Ley de Bosques, Adriana Ortín, y unas cuantas visitas de “renombradas personalidades del medio”, que incluían a periodistas de suplementos como “Clarín Rural”, o conducto-

res radiales de programas como “Panorama Rural”. Salta Forestal, insistamos, es un símbolo de un país en donde todo se precariza, salvo pequeños enclaves cuyos propietarios acumulan riqueza ilimitadamente. Detallar rigurosamente esa concentración es más difícil porque las fuentes de primera mano son inaccesibles. No queda otra, entonces, que apelar a las fuentes secundarias que, en historia, resultan ser aquellas que no provienen de los directos protagonistas del drama, sino de personalidades que potencialmente tienen conocimiento del mismo. El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Santiago Godoy, es uno de ellos. En una sesión de noviembre del 2009, mientras defendía un proyecto de ley de su autoría en el que solicitaba el pago del 10% del valor de la producción anual total para todos los emprendimientos privados que ocuparan tierras del Estado, manifestó que la producción de soja por hectárea era de tres toneladas. El valor comercial de esa producción era por entonces de 970 dólares. Godoy aventuraba, con prudencia, que Salta Forestal podía tener 30.000 hectáreas en producción. Adivinemos ahora la reacción del Olmedo ante esa afirmación. Diría que no es así, que todo es parte de una operación política. Conviene entonces creer lo que él mismo declaró en el documento ya citado del Ministerio de la Producción y el Empleo, cuando declaró que, para la campaña 2006/07, su emprendimiento contaba con 8.500 hectáreas de superficie a sembrar. Seamos benevolentes. Confiemos en la honestidad de Olmedo padre. La ingenuidad no nos impedirá, sin embargo, asombrarnos de las cifras que esos datos arrojan. Las 8.500 hectáreas eran capaces, en el 2009, de producir un valor de comercialización de 8.245.000 dólares; es decir, casi 33 millones de pesos. Si uno resta el 27% a pagar por retenciones (casi 9 millones de pesos), el remanente anual es de 24 millones. ¡Ocho millones más de lo que Olmedo se comprometía a invertir en 50 años! Si los costos de producción y comercialización alcanzaran el asombroso porcentaje del 50% de esa cifra, las ganancias serían aún monstruosas. Si la realidad es más acorde a los dichos de Godoy en aquella sesión parlamentaria, la imaginación no nos alcanzaría para dimensionar la fortuna de esa familia. La precariedad social de la región de Anta es la condición de posibilidad del éxito de Olmedo. Y el éxito del modelo de país y de provincia que ha posibilitado ese éxito empresarial, es la razón que explica una provincia terriblemente injusta. Las palabras de Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina siguen teniendo una vigencia lacerante: “Cuanto más codiciado por el mercado mundial, mayor es la desgracia que un producto trae consigo al pueblo latinoamericano que, con su sacrificio, lo crea”. Cuarenta años después de escrito ese libro, la máxima debería modificarse para peor. Y es que ese pueblo cada vez crea menos esa riqueza, desplazado como está del trabajo por las modernas tecnologías que lo expulsa del campo sin que ello suponga riesgos de acumulación para el empresario. Después de todo, ya lo sabemos, ese pueblo no consume esa producción que alimenta la prosperidad de algunos empresarios chinos y de muy pocos caporales nativos. Hay que hacer algo. Habría al menos que empezar a multiplicar las páginas que pongan al descubierto cómo en la victoria de los poderosos está implícita la derrota de los pueblos. Sólo así, tal vez, ese pueblo pueda despojarse de los valores impuestos por el modelo que lo ha sometido. Y sólo así podrá indignarse y decirles a los poderosos… sencilla y poderosamente ¡¡no!!

Semanario Cuarto Poder  

Edicion 872