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NO PEGA CHE

Aroldo Tonini

LA BOLSA O LA VIDA Las bolsas de plástico utilizadas en los supermercados no fueron reemplazadas por las biodegradables que el Concejo Deliberante había establecido como opción alternativa para evitar la contaminación que aquellas producen. La ordenanza que reglamentaba y ordenaba realizar la mencionada sustitución se venció el 4 de diciembre pasado sin que haya sido puesta en práctica, razón por la cual el órgano municipal deberá proceder a la reformulación de una nueva. La falencia principal para el cumplimiento de dicha ordenanza radica en la incapacidad del Ejecutivo Municipal en lo que respecta tanto a la reglamentación como a la vigilancia de la concreción de la misma. Así lo informó el concejal del Frente Salteño, Aroldo Tonini, quien señaló también que las bolsas oxobiodegradables, las cuales podrían haber constituido una opción a considerar en este caso, presentan también elementos contaminante de importancia que tornan imposible su puesta en funcionamiento pues lejos de remediar nada complicarían aún más la situación. El nuevo proyecto que se vislumbra para la solución del problema consistiría en un retiro progresivo de las bolsas usadas en la actualidad a la par de que se realice un estudio sobre el alcance de los daños que ocasionan. Pero Tonini señaló al respecto que ésta ha de constituir una tarea inútil porque la Universidad Nacional de Salta ya ha investigado el tema y ha determinado los factores que hacen necesaria la remoción de dichas bolsas. “Sería un proceso largo e innecesario”, dijo el edil. Hasta tanto se resuelva este asunto, cuya prolongación indefinida desconocemos en sus causas reales, Tonini mencionó que lo que sí habría que estudiar es la aplicación de un mecanismo selectivo de reciclaje en el vertedero y tratar de que fueran las propias fábricas de las bolsas cuestionadas las que se ocuparan de reciclar las mismas. (L.F.)

DECISIONES APRESURADAS Con relación al gran operativo de rescate que la Gendarmería

Llegó Eduardo Duhalde para presentar su nuevo libro “Es hora que me escuchen. El peligro de los narco estados”. La presentación dio inició también a la campaña electoral de su espacio. De todos modos, la vedette del encuentro fue Duhalde y su libro que según Claudio Izaguirre, es una obra que “presenta un panorama completo en relación a múltiples aspectos del tema drogas”. Quien opina es nada menos que Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), en una nota publicada a mediados de junio en el sitio El Ojo Digital. Hay que recordar que Izaguirre tomó notoriedad pública a principios de junio, cuando participó de un debate en vivo en C5N sobre la despenalización de la marihuana y terminó arrojándole un vaso con agua al director de la revista THC, Sebastián Basalo. Izaguirre también fue célebre por asegurar en el programa Mañanas Informales que la marihuana casera “no pega”. En la nota, Izaguirre asegura que el enfoque del libro “pone acento en la demostrada incapacidad de la clase dirigente frente a esta gravísima problemática”. A raíz de esto, destaca una frase del libro, que indica que “el desinterés de los políticos por el tema de las drogas y el crimen organizado es, cuanto menos, una omisión grave e irresponsable». Cuando le toco a Duhalde referirse a esa omisión, espetó que en relación a la lucha contra la droga “en los estados se mezcla la intención con el miedo, porque es gente peligrosa”. Llamó la atención de muchos la publicación del libro, ya que Duhalde ha sido muy cuestionado por este tema. El libro “El Otro”, publicado en 1996 por el periodista Hernán López Echagüe directamente lo acusa de estar involucrado en el narcotráfico de nuestro país. En 1997, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires intentó hacerle juicio a López Echagüe por calumnias e injurias pero luego desistió de sus intenciones tras conocer que el periodista poseía una larga lista de testigos y diferentes fuentes que podían perjudicarlo. Cuando el periodismo le consultó sobre esas acusaciones que suelen lloverle, Duhalde, resignado, declaró que “Decir que soy narcotraficante es lo menos que me hicieron” (L.F.) salteña realizara hace unos días en beneficio de 24 mineros que habían quedado atrapados por el viento blanco en las cercanías de la localidad de Abra Gallo, el responsable de la operación, segundo jefe del Escuadrón 22, Gustavo Colaza, manifestó que las personas que se vieron envueltas en tan terrible situación no mostraron contar con una prepara-

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ción adecuada para afrontar estas situaciones de emergencia. Uno de los aspectos que señaló Colaza es que los camioneros no contaban con la presencia de un líder capaz de controlar las circunstancias y dirigir los pasos correctos a ejecutar en esos momentos. Por tal motivo, cometieron errores que bien pudieron desembocar en un desenlace lamentable. Si ello no ocurrió así fue porque la fortuna

CUARTO PODER

los acompañó de manera considerable al permitir que el encuentro con los rescatistas se concretara antes de se produjera ninguna desgracia personal. “No debieron abandonar nunca el camión, dijo el oficial, porque en tal caso no se hubieran puesto en situación de riesgo y el rescate no se hubiera complicado como lo hizo”. Y agregó: “Se trató de una decisión apresurada pues esa medida sólo correspondía a una última instancia”. El hecho de que se dispersaran y de que fueran encontrados por los efectivos mientras caminaban por la ruta en grupos separados prolongó las tareas de los gendarmes quienes por fortuna, y también gracias a su pericia, lograron completar las mismas de manera satisfactoria. Colaza informó también que los pasos de Sico y Jama continúan cortados del lado chileno y que el tramo de ruta entre Tolar Grande y Socompa se encuentra también intransitable. (L.F.)

PARA ENDULZAR LAS AGUAS Mientras el tema de la contaminación de las aguas en los ríos de nuestra provincia parece encontrarse en un punto de ebullición, el

gobierno ha anunciado que se realizará una gran inversión que tienda a solucionar parte de esta delicada falencia presente en los servicios ofrecidos por las empresas privadas responsables de los mismos. El secretario de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes, confirmó que el Gobierno

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de Salta, a través de Aguas del Norte, invertirá más de tres millones de pesos para terminar con el volcamiento de líquidos cloacales en el río Arenales que atraviesa nuestra ciudad y que constituye la principal fuente de aprovisionamiento del líquido elemento para atender a las necesidades de la capital salteña. Nuevamente observamos que es el Estado, quien supuestamente se liberaba de sus pesadas responsabilidades al otorgar la concesión de la administración de los servicios a empresas privadas, quien debe salir a tapar las goteras que éstas se revelan como incapaces de subsanar. Para cobrar facturas están a la orden del día pero para solucionar los problemas de infraestructura que hacen a su cometido se manifiestan impotentes. Triste realidad de las celebradas privatizaciones que nos iban a transformar la vida en un paraíso. Las obras a realizar contemplan también la situación del Barrio Ceferino pues incluyen la limpieza del lecho del río de escombros que fueron el principal motivo de las inundaciones de diciembre pasado. Según las indicaciones del funcionario, esta vez sí se va a proceder al saneamiento definitivo de este tramo que tanto ha dado que hacer a los vecinos de la mencionada barriada. Ojalá se trate de un procedimiento expeditivo y urgente porque también es cierto que las lluvias futuras no se encuentran demasiado lejos en el tiempo. (L.F.)

EL BUITRE NUNCA SE HARTA Todos sabemos que la cantidad de celulares que se pusieron en circulación durante los últimos años es abrumadora y que tal situación ha de redundar sin lugar a dudas en ganancias multimillonarias para las empresas encargadas de la distribución y control de dichos servicios. No

Editor: Alvaro Borella

Jefe de Redacción: Ramón Fernando Lynch - Jefe de Cierre: Gabriel Sánchez - Diagramación y Armado: Lucho Dais, Alvaro R. Borella - Dibujos: Tinto - Cuarto Poder es una publicación semanal que aparece los días sábados. Registro de propiedad intelectual en trámite. Todos los derechos reservados. Las noticias y comentarios aparecidos en esta publicación podrán ser reproducidos total o parcialmente siempre que se cite la fuente. Las notas y comentarios no necesariamente reflejan la opinión de su editor. Email: CuartoPoderSalta@gmail.com


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obstante ello, salta con frecuencia a la vista el hecho de que hay empresas de este tipo que siempre están utilizando algún recurso non sancto para incrementar aún más los impresionantes dividendos que el sentido común entrevé en toda comercialización de un producto de consumo tan altamente requerido por la sociedad en general. El ex secretario de Defensa del Consumidor, doctor Daniel Paganetti, nos habla de una denuncia que se ha formulado en el ámbito judicial contra empresas de este rubro que vienen realizando un fraccionamiento indebido del tiempo de utilización de servicio por parte de cada usuario. Dice al respecto lo siguiente “Hay aun afectación económica, hay una sustracción de una parte de dinero que no correspondería por parte de las empresas, es decir una habla 10 segundos por ejemplo en una llamada y la empresa le factura un minuto completo. La empresa esta cobrando por 50 segundos en los que no hubo comunicación y al hacerlo de esa

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manera lo hace de forma abusiva y de forma ilegitima obviamente”. Este fraccionamiento por minutos y no por segundos como resultaría razonable realizar en un mundo de humanidad y justicia nos habla de la apetencia desordenada que las empresas privadas manifiestan por acaparar dinero de la forma que sea. Nos hablan de que al fin y al cabo, y así como una célebre frase señala que “el pájaro canta hasta morir”, también es cierto que “el buitre devora hasta hartarse” aunque lamentablemente la realidad parece señalar que nunca se harta. (L.F.)

SITUACIÓN DOMINADA Después de los duros dichos de Mónica Torfe acerca del presidente del Partido Renovador de Salta,

de los diputados nacionales que actualmente posee dicho partido y de la elección de Cristina Fiore como candidata para ocupar una banca en el Congreso para las próximas elecciones, la secretaria de Comercio y Participación Ciudadana salió a exponer la impresión que le causó lo manifestado por su colega política. Con su acostumbrado tono conciliador, fácil de sostener naturalmente desde una posición ganadora, procedió a descalificar a Torfe aduciendo que si ella no se encuentra en posición de aspirar a la candidatura nacional se debe

POR LA GRACIA DE DIOS Con relación a las audiencias públicas para tratar el tema del incremento en el precio del transporte público, la titular de la AMT, ingeniera Adriana Pérez,

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Cristina Fiore

simplemente a que no se animó a presentar una lista en el momento en que debía hacerlo. Y ya con una torsión del lenguaje que hace derivar la expresión hacia las zonas laterales del cinismo agregó: “Quizás tuvo miedo de obtener el mismo resultado electoral del 10 de abril, y echarle la culpa de esto a Zottos, la verdad que creo que no corresponde”. No sabemos a ciencia cierta con qué apoyos contó Fiore para realizar esta escalada y dejar en el camino a una cantidad tan importante de mujeres que desde el seno mismo del Partido Renovador sólo pudieron reclamar a viva voz por la nominación de su candidatura sin alcanzar jamás a realizar actos concretos que tendieran a impedirla. Pero es evidente que recibió apoyos de importancia. Y ahora, con ese gesto casi olímpico que habla de un objetivo alcanzado que ya no va a sufrir modificaciones, se limita a sofrenar a quienes continúan presentando cuestionamientos y protestas por su actuación simplemente diciendo que: “El tiempo de las disputas ha pasado”. Sobria frase que bascula entre lo reflexivo y lo modesto pero que no deja de traslucir la marca de una situación dominada. (L.F.)

informó que hasta el momento sólo se presentaron unos veinte inscriptos por parte de la ciudadanía para participar en las mismas. El exiguo número refleja con mucha claridad que la realización de esta instancia democrática no entusiasma para nada a la población pues ésta sabe que las cosas ya están establecidas de antemano y que concurrir a esas reuniones no va a modificar ni un ápice lo dispuesto con relación al tema. El boleto de ómnibus sufrirá un incremento y ése es el único hecho que se va a ver reflejado en la realidad de manera inmediata. Los otros tres “asuntos graves” que menciona la funcionaria, vale decir, la desastrosa frecuencia con que se efectúa el servicio, la carencia de lugares suficientes donde recargar la tarjeta del usuario y la cuestión de la profesionalidad de los conductores, si bien están en carpeta para su tratamiento, no parecen constituir un obstáculo para que la ingeniera califique de “bueno” el sistema de transporte en general. Y nos tememos que esa valoración positiva no revela la existencia de un apuro demasiado ostensible en la AMT por resolver de una vez por todas ninguna de las tres cuestiones señaladas. Digamos de paso que la escasa frecuencia del servicio acarrea como consecuencia el abarrotamiento de las unidades y la incomodidad generalizada con que la población debe soportar el viaje. Ni qué hablar de lo insuficiente del trazado de los corredores que obliga a la gente a tomar más de un colectivo en numerosas

ocasiones. Pero si la ingeniera dice que el servicio es bueno lo será “por la gracia de Dios” porque seguro, seguro que por la gracia de Saeta no lo es. (L.F.)

MORIR POR LAS REGLAS DE LA MEDICINA Una investigación realizada por el doctor Darío Isasmendi, gerente del hospital de la localidad de El Carril, estaría negando que exista relación entre la irradiación electromagnética de las antenas de telefonia celular y los numerosos casos de cáncer que desgraciadamente padece la población. El estudio consistió en analizar 19 muestras de esta patología, 10 provenientes de personas que en los últimos cinco años no estuvieron expuestas a la mencionada irradiación y 9 que durante el mismo período desarrollaron su vida en las cercanías de los cuestionados artefactos. La comparación entre los casos de uno y otro gurpo revelan lo siguiente: “Las muertes del segundo grupo (vale decir, los expuestos a la irradiación), no registraron relación con la presencia de las antenas y la muestra en total no exhibió una línea conductora en cuanto a la causalidad de decesos, lo que significa que fueron cánceres diversos y en diferentes etapas de la vida”. Lo que nos preguntamos nosotros, simples mortales ajenos a la sabiduría científica, es en base a qué criterio los medios sacan de este estudio la conclusión general de que las antenas no producen cáncer. Si el razonamiento es: “Nueve casos estudiados no revelan que el cáncer sea originado por la radiación luego las antenas no producen cáncer”, no podemos menos que pensar que se trata de una inducción demasiado peligrosa. Por otra parte: ¿Cuáles serían los signos específicos que revelarían en un tejido enfermo la procedencia de su causa? ¿Qué rastros concretos debería dejar la radiación para que se afirme científicamente que fue ella quien causó la enfermedad? Pero si lo dice la ciencia será que no nos queda más remedio que bajar la cabeza y aceptar aquel sublime e inexistente adagio que dictamina que. “Más vale morir de acuerdo a las reglas de la medicina que vivir en contra de ellas”. (L.F.)


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EL TABACO Y LA ECONOMÍA SALTEÑA

Cigarros y capitalismo El año pasado, Salta recibió más de 42 millones de pesos por el Fondo Especial del Tabaco. Es la segunda provincia productora del país. El intendente de El Carril se animó a decir que “En Salta, con el tabaco se estudia, se come y se trabaja.” DOM

“Café y cigarrillos: el desayuno de los campeones”, bromea Jim Jarmusch. Las asociaciones que se hacen con el acto de fumar son varias: Cigarrillos y Bohemia, cigarrillos y nervios, Cigarrillo y enfermedad. Y fumar, para Salvador Benesdra, no es más que un mero vicio romántico. Pocos son los que hablan del cigarrillo como uno de los pilares de la economía y eso es lo que pasa, justamente, en la provincia: cigarrillos y capitalismo. En los municipios del interior salteño el tabaco genera, aunque a veces pasajera y no muy bien remunerada, una gran cantidad de mano de obra. La voracidad de algunos hace que sea bastante común encontrar a menores de edad desarrollando estos trabajos. En el día de ayer, a través de una comunicación telefónica, uno de los empleados del sector ventas del diario El Tribuno, le explicó al Semanario Cuarto Poder, que ellos siguen publicando el «rubro 59». Argumentó que aún desconocen el funcionamiento práctico del decreto que prohíbe la publicación de avisos clasificados de ofertas sexuales. El empleado contó con tranquilidad que «las tres líneas cuestan 6 pesos y el recuadro de 1cm 10 pesos, cada recuadro como mínimo tiene que tener 2cm, y que para cualquiera de los precios se le debe sumar el IVA que es de 10,5 %». Cuando se le consulto sobre la prohibición de publicar tales avisos, el correcto empleado nos manifestó que no saben «cuándo se sacará, no tenemos idea, aún no nos

El dinero es tanto, que las autoridades suelen hacer la vista gorda. Por el Fondo Especial del Tabaco (F.E.T.) el gobierno redistribuyó más de 42 millones de pesos, recibidos en 6 cuotas, de $ 1.641.347, $ 21.694.625 $ 259.054 $ 15.578.399, $ 2.330.341 y $ 576.700 respectivamente. Acaso por estas cifras, Esteban D´Andrea, Intendente de El Carril, reescribió la frase de Ricardo Alfonsín: “En Salta, con el tabaco se estudia, se come y se trabaja”, dijo, sin ruborizarse, en un programa televisivo. El F.E.T., que tiene como objetivo principal brindar una remuneración justa, al productor, se nutre de recursos provenientes de los siguientes conceptos que gravan el precio de venta sin IVA al público

de los paquetes de cigarrillos: un adicional del 0,35% con destino a la obra social, un adicional fijo de $ 0,00272 por atado de 20 unidades y un gravamen del 7%. Los fondos son manejados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a través del Departamento de Tabaco. La ley que rige el funcionamiento del FET dice que esos fondos deben tener como destino a provincias tabacaleras. Los departamentos más beneficiados por estos fondos son los de Rosario de Lerma, la Caldera, Gral. Guemes, Capital y Cerrillos, donde se concentra la actividad en la provincia. Datos oficiales señalan que la superficie sembrada oscila entre las 18.000 y 20.000 hectáreas y que la

producción del año pasado fue, estimativamente, de 1 millón de kilos de tabaco criollo salteño y 23,261 millones de kilos de tabaco Virginia. Estos datos sitúan a Salta como la segunda provincia productora de tabaco, detrás de Jujuy. En Salta, además, se realiza el 60% de la preparación de hojas de tabaco del país. Con estas cifras se entiende la resistencia que genera la ley libre de humo. La dependencia de la economía de muchos municipios en el tabaco es una traba insoslayable.

RUBRO 59

Esperando la orden Hace diez días se firmó el decreto que ilegaliza el denominado «rubro 59», siendo publicado en el Boletín Oficial del día siguiente. Sin embargo, diarios como El Tribuno siguen publicando los avisos porque «aún no nos dieron la orden», asegura un empleado. dieron la orden ni nos dijeron nada al respecto», hace una pausa y prosigue; «el numero de avisos varía. Algunos días salen 10, otros 20 o más y son muy pocos los recuadros». De esta forma el empleado se manifestó totalmente sereno al contar sobre el incumplimiento del diario. Distinto fue el caso del Nue-

vo Diario que ya no publica los «avisos porno», como los llamo un canillita céntrico. El «Diario Chiquito», conocido por sus interminables hojas de clasificados, comprendió que el pasado 6 de julio quedo totalmente prohibido el «rubro 59» por discriminar al sexo femenino e impulsar la trata de personas. Según lo expresado por una vendedo-

ra de avisos publicitarios del Nuevo Diario estos costaban; «las tres líneas 1 peso, las cuatro 1 peso con 50 centavos, las cinco 2 pesos y a partir de las seis líneas 3 pesos». La mayoría, relató, son de tres o cuatro líneas, oscilando aproximadamente entre 50 y 100 avisos dependiendo exclusivamente del día de semana del que se hable.


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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Comida, negociados y trabajo esclavo 45 empleados que brindaban el servicio de Catering en el Hogar Escuela tomaron conocimiento de que ya no prestarán el servicio y que pasó a manos de una empresa, tras una licitación más que dudosa. Las promesas de campaña del gobierno y el negreo más descarado. JULIO QUIROGA

La voz del conductor radial le pregunta a la ministra de Educación, Adriana López Figueroa, si no le parece vergonzoso que haya una persona que gane, por mes, 580 pesos de sueldo. La ministra titubea, hasta que responde: “Y, sí”. Tres semanas atrás Cuarto Poder dio a conocer la tensión creciente entre trabajadores del Hogar Escuela y sus directivos, debido a supuestos maltratos; en el gobierno esperaron a que llegaran las vacaciones para disolver esa tensión de la manera más drástica: 45 empleados, que ganaban menos de $600 pesos, ya no cumplirán sus labores en esta institución. Los hombres y mujeres no fueron notificados de la medida, sino que muchos se enteraron por las declaraciones de la ministro en los medios de comunicación. Estos 45 empleados habían ingresado en Marzo de este año a prestar el servicio de catering, del que ahora se hará cargo la empresa “GB Catering”, de Macarena García Bes. GB Catering ganó la licitación en febrero, pero Antonio Soria, titular de la empresa «Raciones SRL, que se hacía cargo de este trabajo, denunció serias irregularidades en la licitación y vinculó a la empresa ganadora con el entorno del gobernador. Como la justicia no le permitió a GB Catering brindar el servicio, los primeros días las comidas fueron realizadas por personal del ejército, hasta que el gobierno envió a las 45 personas, supuestamente pertenecientes al plan Programa Comunitario de Empleo. La licitación 107/10 aún genera suspicacias, por muchos motivos: El estado mandó a 45 personas a realizar un servicio que Soria llevaba a cabo con 19 y que GB Catering dice que podrá hacer con 14 empleados. Otro motivo, es que la firma de Macarena García Bes cobrará $14 por la prestación del desayuno, almuerzo, merienda y cena, exactamente lo mismo que la empresa le cobraba solo por el almuerzo, en 2001, a los alumnos del colegio Santa María. La página web de la empresa de García Bes funcionó con normalidad hasta el inicio de este conflicto; a partir de entonces no han quedado huellas de la misma. En este contexto, el temor sobre la merma cualitativa y cuantitativa en los menús de los casi 700 chicos de escasos recursos es más que justificado. “La oferta ganadora tiene un precio vil y sospechamos fue puesto sólo para la licitación y cuando se hagan cargo del servicio pedirán una recomposición de precios”, dijo Soria, a comienzos de este año. La ministra, por las dudas, no ha dado ningún detalle sobre una readecuación del monto a pagar. El pasado jueves los 45 em-

Adriana López Figueroa

pleados que anhelaban con pasar a planta permanente se manifestaron en contra del despido y recalcaron que en ningún momento la encargada del área de Educación de la provincia se comunicó con ellos, tal como había expresado en los medios de comunicación. “Los planes comunitarios de empleo, son personas que pueden ir a incorporarse en las escuelas en donde hay faltante de personal, se los están ubicando de a uno. Se le está ofreciendo alternativas y ellos están haciendo las opciones” (sic), dijo Adriana López Figueroa, que en dicha entrevista además tuvo o un lapsus freudiano o un serio problema de construcción gramatical (porque es evidente que la ministro de educación no tiene una muy buena relación con la lengua castellana), porque cuando el entrevistador le recordó que antes había una empresa (por la de Soria) que pagaba como corresponde a sus empleados, la funcionaria respondió: “… nosotros tenemos la licitación ganada del Hogar Escuela”, pese a que la que ganó la licitación fue Macarena García Bes. Y después añadió: “… Recuerde que nosotros tuvimos un problema hasta con denuncia penal de la persona que había perdido la concesión, esto nos había impedido que la persona pudiera entrar al Hogar Escuela con tiempo y todo, para poder hacerse cargo del mismo. Entonces, alternativamente, hasta que ahora digamos finalmente va a poder ingresar, nosotros teníamos que igual pres-

tar el servicio” (sic). La primera entrevista, brindada el martes de esta semana, desencadenó la protesta de los trabajadores, que se agolparon en las puertas del establecimiento el jueves a la mañana. Otra consecuencia, es que se pudo conocer, al fin, otras aristas de la historia que la Ministra había contado en la emisora con ciertos olvidos y tergiversaciones. El manifestante Silvio Aguirre, por ejemplo, desmintió que él y sus compañeros hubieran aceptado la miserable paga de $600 como integrantes del plan Programa Comunitario de Empleo; por el contrario, aseguró que les habían prometido sueldos que iban de entre $1800 y los $ 2800, según la labor y que fueron esos montos por los cuales muchos de ellos optaron por este trabajo, dejando de lado otras ofertas laborales. Figueroa les había prometido que recibirían esas sumas una vez firmados el decreto de contratación y que, mientras tanto, la suma sería de $580. Aguirre expresó a los medios que en los 5 meses en que prestaron servicios en la institución jamás percibieron el sueldo acordado y detalló que el Ministro les adeuda, aproximadamente, 12 mil pesos por trabajador, o sea, más de medio millón de pesos. Otra denuncia importante señalada por Aguirre marca el uso político que hace el gobierno de los contratados, la forma en que los funcionarios juegan con la desespera-

Malas relaciones Dos semanas antes del inicio de las vacaciones, este semanario informó sobre las irregularidades que denunciaron trabajadores del Hogar Escuela, quienes además pedían la renuncia de los actuales directivos. Los empleados que efectuaron las críticas no son los que pertenecen al plan Programa Comunitario de Empleo, sino los de planta permanente y que están nucleados en ATE. La nota de la delegada de ATE hace hincapié en escenas de abuso de autoridad, de humillación. Como señalamos, el 23 de junio la delegada de Ate en la escuela le hizo llegar al Ministerio una nota pidiendo la remoción de su cargo a la directora de la escuela. “También solicitamos se anule todo lo actuado por la misma en perjuicio de los compañeros expresándose por escrito las debidas disculpas a los mismos. En algunos casos los compañeros a quienes se hace referencia han presentado las correspondientes denuncias y en otros no las realizaron por temor a más malos tratos”, dice la nota que recibió la Ministra López Figueroa. La delegada de Ate también denunció como maniobra irregular el traslado del trabajador Francisco López, traslado que se hizo “por criterio mezquino y basado en supuestos acerca de su vida privada, acusado de ser violento, cuando en momentos en que se gestaba esto, las mismas autoridades que hoy manejan la institución se tomaron de los pelos y a cachetadas por desacuerdos entre sí”, dice Marcó. Y añade que las personas a las que acusa son: Nilda Portal (vice en su momento, hoy directora) y Josefina Stivi Poma (en su momento directora y ahora, vice-directora) El caos del que dio cuenta el semanario aún no tiene fin. Mientras tanto, se espera la designación de una nueva directora, que no busque el nombramiento con el mero fin de poder jubilarse a partir del sueldo de jornada completa, sino que anhele llevar el orden y el progreso de una institución educativa fundamental para el futuro de cientos de chicos. ción: los hicieron trabajar para los comicios de Abril, al parecer con la promesa de pagarles los que les correspondía, algo que, de todos modos, no lograron. Tras la protesta del jueves, López Figueroa realizó un nuevo tour mediático, en el que, al principio, se limitó a reiterar su versión del día martes y a prometer que estas personas no se quedarían sin trabajo. “Lo que nosotros le garantizamos es, una vez destrabado el conflicto y que se haga cargo la empresa que había ganado la licitación, la reubicación en otra unidad educativa, por lo tanto, no perderán sus empleos”, dijo Un par de horas después, Adriana López Figueroa terminó reconociendo la versión de los manifestantes: les habían prometido sueldos superiores y todo dependía de un decreto que había elaborado y que, al parecer, nunca terminó de ser firmado por el gobernador.


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Sábado 16 de Julio de 2011 GABRIEL SÁNCHEZ

Introductoriamente, recordemos que las primarias de agosto serán el “primer paso” para las fuerzas políticas que pretendan competir en las generales de octubre, y para ello deberán superar el piso del 1,5% de los votos válidos emitidos en el distrito correspondiente. Se celebrarán el segundo domingo de agosto en forma simultánea en todo el país y serán obligatorias para todo el electorado, se esté o no afiliado a algún partido político. Se elegirá Presidente y vicepresidente, y se renovará la mitad (130) de la Cámara de Diputados y un tercio (24) de la de Senadores. En nuestra provincia solo estarán en juego 4 bancas de la Cámara Baja. Como dos cuestiones más a destacar, es que los menores de 17 años que cumplan 18 hasta el mismo día de la elección general, estarán habilitados para votar en las primarias, ya que el padrón a utilizarse será el mismo. Por otro lado, las boletas de las agrupaciones tendrán un color que las identifique y llevarán la foto de los candidatos principales. No se podrá colocar imágenes de próceres o líderes fallecidos, como por ejemplo, la de Juan Domingo Perón o Raúl Alfonsín.

A UN MES DE LAS PRIMARIAS

Largaron El viernes 15, comenzó formalmente la campaña electoral para las elecciones primarias de agosto, las que, recordemos, definirán a los candidatos que competirán en octubre. Un recorrido sobre las novedades que introdujo la Ley de Reforma Política acerca de la campaña electoral y que se aplicará por primera vez en estos comicios.

Publicidad La Ley de Reforma Política (LRP) también introdujo modificaciones a la campaña electoral. Con respecto a la publicidad audiovisual, la misma recién comenzará el 25 de este mes y se repartirá equitativa y gratuitamente entre las fuerzas, previo sorteo púbico. Los medios radiales y televisivos tendrán que ceder el 10% de su programación para publicidad electoral, de los cuales, el 50 por ciento se distribuirán en forma igual entre todos los partidos políticos que compitan en las primarias y en la general, y el otro 50 por ciento se distribuirá de acuerdo a la cantidad de votos que cada fuerza obtuvo en las legislativas del año 2009. Los anuncios electorales se emitirán en cuatro franjas horarias, que van desde las siete hasta la una de la mañana y se tendrá en cuenta, para su distribución, la categoría de cargo a elegir; para Presidente y Vice, el 5 por ciento, mientras que para Senadores y Diputados, el 2,5 por ciento respectivamente. Las se-

ñales de alcance nacional o internacional solo emitirán publicidad para la elección de Presidente y Vice. El tiempo máximo de emisión de anuncios electorales en una misma tanda publicitaria no podrá superar los 120 segundos. La duración de los anuncios de las agrupaciones políticas no podrá exceder el tiempo máximo asignado en cada tanda. Tampoco se podrá asignar a ninguna agrupación más del 40 por ciento del tiempo cedido en una misma franja horaria. Los gastos de producción de los anuncios, su duplicación y conexos correrán por cuenta de cada fuerza y una vez notificadas de los

espacios de publicidad que les hayan sido asignados, tendrán un plazo de hasta 48 horas anteriores al horario establecido para la emisión del mensaje, para entregar al obligado el material a emitir. En el caso de las elecciones primarias, los tiempos de asignación de espacios también se regirán por este procedimiento y se distribuirá en forma igualitaria entre las listas de precandidatos para cada categoría de cargos a elegir. Financiamiento Las campañas electorales en nuestro país se financian con apor-

tes privados y públicos. La nueva ley prevé que: para las elecciones nacionales, los fondos correspondientes al aporte público para la campaña electoral se distribuirán en un 50% de manera igualitaria entre las agrupaciones políticas participantes. El otro 50%, será distribuido en proporción a los votos obtenidos por cada agrupación en la elección nacional anterior para la misma categoría. En el caso de las elecciones primarias, se asignará a cada agrupación el 50% de lo que le correspondería en la nacional. Otra novedad es la prohibición de toda donación o contribución a una agrupación política por parte de personas de existencia ideal, o sea, solo podrán hacerlo personas físicas. La ausencia de una ley de presupuesto para el ejercicio 2011 generó un vacío legal, ya que la LRP creó un «módulo electoral» que se determinaría anualmente por la Ley General de Presupuesto y del cual dependen los topes para gastos de campaña y para donaciones a los partidos políticos por parte de particulares. Y dado que la creación de aquel módulo fue posterior a la sanción del Presupuesto para el ejercicio 2010 (pues la Ley fue sancionada a fines del 2009, cuando el presupuesto ya había sido aprobado), aquél nunca llegó a establecerse. (Hay proyectos de ley que estipulan un valor de tres pesos el módulo, y si lo multiplicamos por la cantidad del electorado nacional, casi 30 millones, daría un monto total para la campaña de 180 millones de pesos). Por tal motivo, el Ministerio del Interior determinó, a través de la Resolución 840, los montos globales para el aporte de campaña con vistas a las elecciones primarias. Según el artículo 1º, el monto para el aporte de campaña en la categoría presidente y vicepresidente es de 15 millones de pesos, en tanto que para senadores y diputados nacionales es de 5 y 15 millones, respectivamente. Mientras que para las nacionales de octubre, en la categoría presidente y vice se prevé la suma de 30 millones de pesos, y en la de senadores y diputados 10 y 30 millones, respectivamente. La resolución señala que la Dirección Nacional Electoral determinará en cada caso el aporte de campaña correspondiente a cada agrupación política.

JUAN CARLOS ZABALZA

“Desnudar al pseudo progresismo” “Queremos desnudar al pseudo progresismo, representado por el gobierno nacional”, así se manifestó el senador provincial y candidato a diputado nacional por Santa Fe, Juan Carlos Zabalza, durante su visita a la capital salteña. El dirigente del Frente Amplio Progresista, Juan Carlos Zabalza, visitó la ciudad donde fue recibido por los integrantes de la lista a diputados nacionales por la provincia de Salta: Antonio Soria del Partido Socialistas, María Laura Postiglione de Libres del Sur y Ramiro Escotorini de la CTA. También participaron del encuentro el diputado provincial de

Libres del Sur, Carlos Morello, y el primer candidato del FAP por Tucumán Rodolfo Succar. En diálogo con los medios de comunicación locales, el dirigente socialista expresó que “el Frente Amplio Progresista es una suma de voluntades políticas integradas por diversas fuerzas que buscan ocupar el espacio de un proyecto nacional progresista. Queremos desnudar al pseudo progresismo, que a nuestro entender está representado por el gobierno nacional”. Zabalza destacó que el FAP reúne “dos elementos esenciales en la Argentina de hoy: capacidad de gestión y hones-

tidad, porque Hermes Binner ha gobernado tanto la ciudad de Rosario como la provincia de Santa Fe y no hubo un solo caso de corrupción”. Por su parte, el candidato a diputado nacional Antonio Soria disparó que “con Hermes Binner se termina la teoría del “roban pero hacen”, tantas veces escuchada en nuestro país”. La visita se dio en el marco de una recorrida de Juan Carlos Zabalza por el noroeste del país, donde participó de actos de lanzamiento y conferencias de prensa en las capitales de las provincias de Tucumán, Jujuy, Salta y Catamarca.

Juan Carlos Zabalza


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AUDITORÍA A LA POLICÍA PROVINCIAL

Asuntos internos El estudio que la Auditoría General de la provincia hizo sobre la policía revela irregularidades de todo tipo desde hace tiempo. Contrataciones directas injustificadas, facturas en las que no coincide lo detallado con el producto adquirido y órdenes compulsivas para revisar los vehículos en el taller. Además, una burocracia que no funciona y que, evidentemente, la actual gestión no ha podido resolver. DOM

La Auditoría General de la provincia puso su lupa sobre la policía de la provincia, organismo que depende de la Secretaría de Seguridad. Evaluó las partidas, bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso, los procedimientos seguidos para su adquisición y/o contratación y el cumplimiento de la normativa aplicable entre enero de 2007 y diciembre de 2008. Además de las serias irregularidades detectadas, la auditoría detalla el laberíntico burocrático que tiene la policía en su seno, y que tiene mucho que ver con algunos errores encontrados en la contabilidad. El organigrama establecido por el Decreto Provincial Nº 551/93, dice que la Cabecera de la Provincia de Salta cuenta con una Jefatura, una Secretaría General, una Sub-Jefatura, cuatro Direcciones Generales ( Seguridad, Investigaciones, Planeamiento y Drogas Peligrosas), cuatro Direcciones (Instrucción Policial, Comunicaciones, Asesoría Letrada y Administración), y Seis Departamentos (Personal, Inteligencia, Operaciones Policiales, Logística, Judicial y Bienestar Policial). Este laberinto puede explicar el extravío de papeles y la falta de comunicación. También, la parsimonia con la que parece actuar el área. Por ejemplo, el circuito administrativo que se sigue para realizar las contrataciones, tiene todos estos pasos: 1. El Departamento Logística (D-4) a requerimiento de las Dependencias o por sí mismo inicia el pedido de compra de bienes mediante nota ante comando de jefatura. 2. Autorizado el trámite es derivado a Dirección de Administración – División Teneduría de Libros – para la imputación presupuestaria preventiva del gasto. 3. La Dirección Asesoría Letrada General dictamina sobre el encuadre legal de la contratación conforme a la normativa vigente. 4. Departamento Logística eleva las actuaciones a la Secretaría de Seguridad para las autorizaciones del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 5. Si se trata de una Licitación Pública, la misma es autorizada mediante Resolución Ministerial, si es Concurso de Precios, lo autoriza el Secretario de Seguridad (En todos los casos intervienen previamente los asesores jurídicos y contables del Ministerio o de la secretaría). 6. Autorizado el inicio del trámite de contratación, el Departamento Logística procede a publicar el llamado, invita a proveedores inscriptos y comunica a Unidad Central de Contrataciones, Unidad de Sindicatura Interna y Escribanía de Gobierno (para el caso de las

licitaciones). 7. En el día y hora establecidos se procede al acto de apertura de sobres, con presencia de funcionarios y proveedores. 8. Se confecciona el cuadro comparativo de precios, informe técnico y acta de preadjudicación y notificación a proveedores. 9. Se procede al ajuste de imputación presupuestaria preventiva e informe técnicos contables y jurídicos. 10. Se eleva a la Secretaría de seguridad para la gestión del dictado del Instrumento legal de Adjudicación. 11. Se procede a las notificaciones de la adjudicación (Departamento Logística), y a la confección de las Órdenes de Compras (División Teneduría de Libros – Dirección de Administración). 12. Se entregan las Órdenes de Compra a proveedores y se procede a la recepción de mercaderías y a la conformación de facturas (Departamento Logística). 13. Emisión de Órdenes de Pago (División Teneduría de Libros), Pago (Tesorería General de la Provincia), rendiciones (División Teneduría). 14. En todos los expedientes va interviniendo el Órgano de Control Interno unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Todos estos pasos deberían, al menos, redundar en un mejor control que deje de lado las irregularidades, las suspicacias. Sin embargo…

Los detalles El informe señala que la policía gastó en 2008 $ 18.762.799, de los cuales, $ 4.051.110 fueron destinados a bienes de consumo; $ 9.132.132 en bienes de uso y $ 5.579.556 en Servicios no Personales. ¿En qué se gastó la plata? $ 38.610 para comprar 508 colchones ignífugos, $ 2.157.730 para uniformes y borceguíes, $ 699.105 en cubiertas, cámaras y protectores para automóviles y $ 124.632 en lubricantes. El mantenimiento de las unidades le cuesta a la policía $ 234.483 anual. Los montos más significativos se destinaron a la compra de armamento ($1.500.000) 10 camionetas y 15 autos por $ 1.895.000 y 15 notebook, 42 impresoras matriaciales y otras 22 de chorro de tinta por $ 723.654. Los auditores observan varios errores en los procedimientos. Por ejemplo, que “en el expediente Nº 44-157.436/08, las publicaciones ( Boletín Oficial y diario de alcance provincial) no fueron hechas con los

Pablo Kossiner

diez días hábiles de anticipación que exige el artículo 24 del Decreto Nº 1658/96 Reglamentario de la Ley Provincial Nº 6.838”, o que en otro expediente se sugiere aumentar en 650 la compra de pantalones, y en 228 la de borceguíes, pero en ninguna parte de las actuaciones consta que existan las razones de interés público debidamente justificadas que hagan procedente el incremento de las prestaciones, tal como lo exige el artículo 43 del Decreto Provincial Nº 1.448/96. Asimismo, se marca que por lo general se envían vehículos a reparación, pero en los expedientes no se encuentra adjunta la autorización de reparación de los móviles. Esta irregularidad se repite de manera constante y los lectores ya habrán podido apreciar el monto presupuestado para el mantenimiento de esas unidades. Veamos un ejemplo que textualmente citan los auditores: “En Expediente Nº 44162.011/07, además de no encontrarse autorización de mantenimiento de ninguno de los móviles comprendidos, si bien en la nota de elevación por la administración de ANTIS SA con el detalle de las facturas impagas referentes al servicio de postventa de vehículos con un total de $ 14.558.08 se hace alusión a que las facturas se encuentran sin la mano de obra, en todas ellas se observan facturados diferentes importes por el servicio Mano de Obra Taller. En Expediente Nº 44169.430/08, si bien en la nota de

elevación por la administración de ANTIS SA con el detalle de las facturas impagas referentes al servicio de postventa de vehículos con un total de $ 47.924,69 se hace alusión a que las facturas se encuentran sin la mano de obra, en todas ellas se observan facturados diferentes importes por el servicio Mano de Obra Taller”, especifica la auditoría. Otra irregularidad que se repite es que los cuadros comparativos de precios no suelen tener firma alguna (parecen dibujados); además, que muchas veces las empresas terminan entregando los productos cuando quieren, sin que se les aplique sanción alguna. Este punto resulta importante: “En expediente Nº 44-171.227, según Nota de Elevación de la Sección Control Patrimonial de fecha 1º de Abril de 2009 (fs.455), se resalta que se recepcionaron dos vehículos de color distinto al convenido, y que tampoco coinciden el número de motor ni chasis de la facturas Nº 00800007062 y 088-00007063 con los que corresponderían a los internos policiales Nº 864 y 872.” Se denuncia, asimismo, que en algunos casos no se hicieron licitaciones públicas, sino que se argumentó urgencia para adquirir ciertos productos, si bien jamás se indicó en qué consistía esa urgencia. De todos modos, la Auditoría optó por no ahondar en la investigación de esos cabos sueltos y aprobó el estudio recalcando que, salvo por un par de expedientes, no hay irregularidades demasiadas graves.


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SUBE EL BOLETO

Combatiendo el capital Ante el intento de aumento del precio del boleto de los corredores de SAETA, la Asamblea de Estudiantes Universitarios que lucha desde hace varios años contra los distintos incrementos volverá a manifestarse hoy en la auFEDERICO ANZARDI

Tras las declaraciones que Adriana Pérez, titular de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), hizo en todos los medios durante las últimas semanas parece casi inevitable que el precio del viaje en colectivo aumente, sólo en la categoría común, de 1,50 a 1,75 en los próximos días. Hoy se llevará a cabo la audiencia no vinculante en el micro estadio Delmi para “conocer la opinión de los vecinos” (Pérez dixit). “No vinculante” significa que si los ciudadanos que se hayan anotado para opinar al respecto se muestran de forma unánime en contra del aumento, el gobierno no les va a dar bola. Quizás, esto explique el bajo interés que despertó la convocatoria. Hasta el miércoles 13, sólo seis personas se habían inscripto, entre ellas, el Defensor del Pueblo, Álvaro Ulloa y el concejal Raúl Romeo Medina. Al día de hoy esa cifra se había aumentado a 21, pero son muchos ya los que manifiestan que los nuevos participantes son, casi, rentados

Paraíso empresarial Los argumentos de Adriana Pérez para justificar el aumento se basan en el incremento de sueldos que percibieron los choferes de los colectivos. Lo curioso del caso es que parte de ese incremento lo subsidia el gobierno nacional, mientras el provincial debe subsidiar el incremento de los aportes previsionales que ese aumento supone. Lo más curioso aún es que los empresarios, en gran parte, están exentos de este tipo de obligaciones que, naturalmente, le corresponden. Según la información brindada por la propia funcionaria, en enero de 2010 el personal percibía un sueldo total (que incluye premios, adicionales y viáticos) de $ 3.582; mientras que desde abril de este año se incrementó un 70 por ciento, llegando a un total de 6.074,69. Sin embargo, los subsidios no terminan allí. Según el último presupuesto provincial, 33.346.188 pesos van para SAETA en concepto de “Transferencia al sector Público Empresarial para financiar gastos corrientes”. Además, percibe 18.502.608 en concepto de “Transferencia al sector Público Empresarial para financiar gastos de capital”; y 77.000.000 en concepto de Sistau, que es el subsidio que Nación entrega a las empresas de transporte. En total, son 128.848.796 pesos. Todos datos hoy desactualizados porque en una reunión que mantuvieron el día de ayer dirigentes de Libres del Sur (marcharon directamente a la AMT a repudiar el aumento para no legitimar, dicen, con su presencia un simulacro de participación en donde ya está decidido el aumento), con la presidente de la AMT, Pérez aseguró que los 33 millones presupuestados “para financiar gastos corrientes”, ya no alcanzan y que, por lo tanto, esa cifra deberá incre-mentarse a 50 millones. El discurso ambiguo que se le acusa a Pérez tiende a aparecer cuando les da la razón a los vecinos a la hora de hablar de las frecuencias o el estado de las unidades y no hacerlo cuando éstos aseguran que el incremento del boleto es, por lo menos, cuestionable. El jueves 13, la funcionaria aseguró que sólo dos de las ocho empresas que operan los corredores funcionan “muy

diencia no vinculante que se realizara en el micro estadio Delmi. En tanto, Adriana Pérez continúa justificando un aumento que engrosa los gastos públicos destinados a convertir en redituables a los emprendimientos privados.

bien”, y que estos flojos desempeños pueden perjudicarlas de cara a la licitación que se realizará en 2013. Pero defiende sin tapujos a los empresarios cuando se habla de los aumentos. Defiende que se utilice un presupuesto público para cubrir los gastos de un emprendimiento privado. Algo parecido a que un almacenero recurra al Estado para pagarle la obra social de sus empleados. Además, Pérez también utiliza a su favor la comparación del boleto salteño con el de otras grandes ciudades. En Córdoba, por ejemplo, el boleto cuesta 2,50. Tucumán incorporó hace pocos meses el cospel, que cuesta 2 pesos. Capital Federal posee un servicio muy subsidiado que ubica el precio mínimo en 1,10. Sin embargo, las protestas aparecen cuando el usuario nota que los 25 centavos de más pueden convertirse (entre ida y vuelta) en un peso, si es que necesita tomarse más de un corredor por día. El anuncio de volver a aumentar otros 25 centavos en marzo de 2012, llevando al boleto a los 2 pesos, provoca aún más indignación en una clase trabajadora que no percibe incrementos salariales.


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Fracaso democrático…éxito privado D.A.

Las Audiencias Públicas no Vinculantes, representan, evidentemente, una modalidad que ha fracasado. Fracaso que, en lo particular, puede medirse por la escasa credibilidad que promueve entre la ciudadanía como herramienta de participación; y, en lo general, porque tales instrumentos no logran resolver los problemas, ni permiten alcanzar los objetivos que motivaron y se persiguieron con su creación. Conviene, para demostrarlo, detenerse en los fundamentos de la Ley Nº 6.835 de Creación de los Entes Reguladores de Servicios Públicos, que incluye la obligación de convocar a las audiencias públicas previamente al dictado de normas por parte de los primeros, ley cuyo espíritu atraviesa, también, la Ley Nº 7.322 de Creación de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Organismos que, en tanto Tribunales Administrativos, constituyen, según los fundamentos de la Ley Nº 6.835 “una alternativa estructural del Poder Ejecutivo, en ejercicio de su potestad gubernativa, para intentar dar una solución al creciente grado de conflictividad social que, naturalmente, no puede ser respondido por la Justicia, cuya estructura y procedimientos no fueron pensados para tales índices de conflictividad.” Si el logro de tal objetivo es altamente discutible a la luz de la historia reciente, la inmensa mayoría de los sectores de la sociedad civil tiene por certeza que las audiencias públicas no cumplen sus propósitos fundacionales: constituirse en el espacio en donde las opiniones de todos los sectores ayuden a perfec-

Martín Yañez y Juan Tejerina (referentes de Libre del Sur) entregando 10.000 firmas que se oponen al aumento del boleto de Transporte Público.

cionar, y hasta interrumpir, la prescripción de una norma cuya potestad de dictado corresponde a ese Tribunal Administrativo. No sólo porque la figura “no vinculante” limita objetivamente las opiniones de los distintos sectores, sino también porque el equilibrio entre las necesidades económicas y financieras de las licenciatarias y concesionarias prestadoras, la expansión y conservación de los servicios, y el acceso de los usuarios al mismo (Artículo 2 de la Ley 6.835) se ha roto a favor de los primeros a la hora de readecuar las tarifas. En ese marco, las Audiencias Públicas hasta hoy llevadas a cabo no han logrado otro de los objetivos perseguidos con su implementación: ser el lugar en donde la participación de la ciudadanía “legitime democráticamente la norma”. Un primer paso tendiente a recomponer, en parte, el evidente divorcio entre el espíritu y la forma de esta práctica, entre los objetivos planteados y sus resultados prácticos, supone reglamentar mecanismos de participación que, independientemente de las voluntades y las intenciones personales, garantice que los fines declarados puedan concretarse a través de espacios de participación efectiva. Aspecto indispensable para efectivizar principios constitucionales como los dispuestos en el Artículo 42 de la Constitución, según el cual “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la rela-

ción de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control (…) para mitigar los efectos negativos que implican la profundización del divorcio no menos evidente entre la ciudadanía y las instituciones del Estado mismo.” A las especificaciones técnicas hasta aquí manifestadas, debe agregarse que estas línea no esconden su abierto estímulo por equilibrar la actual asimetría de poder que existe entre los actores económicos privados y la amplia franja de sectores medios, asalariados y desocupados que padecen las situaciones de injusticia que esa asimetría provoca.

Cosa de estudiantes El frío polar que se instaló en Salta durante los primeros días de julio se hizo sentir de manera notable el lunes 4. Precisamente durante esa helada jornada, por la tarde, la Asamblea de Estudiantes Contra el Boletazo (conformada por universitarios de diversas carreras) no tuvo mejor idea que reunirse al aire libre, en la glorieta de la plaza 9 de julio. Es dura la vida del cronista. A comerse dos horas con el frío, sentado en el piso y con poco abrigo. Todo sea por la causa. De movida, recibo una copia de los folletos que los chicos, casi todos militantes en diferentes partidos (MST, PO, Libres del Sur), repartieron en distintos puntos de la ciudad. Allí se ven claramente sus reclamos: el principal es que el precio del boleto no aumente. Además, exigen la apertura de los libros contables, la rescisión de los contratos a las distintas empresas que operan los corredores, conseguir una tarifa estudiantil durante todo el año (no sólo en los meses del ciclo lectivo); y tres mil becas estudiantiles de transporte a cargo de SAETA. Para los chicos de la Asamblea, aún se puede impedir que el boleto aumente. Creer fue siempre lo que los diferenció de otras personas, escépticas, quizás más entregadas y propensas a aceptar la realidad que quiere proponer el gobierno provincial. Con las distintas movilizaciones que realizaron consiguieron, por ejemplo, lograr que el Troncal y el Transversal transiten los fines de semana e impidieron (al menos momentáneamente) antiguos intentos de aumento. En esta oportunidad, los estudiantes se reunieron para definir los pasos ante la marcha que se realizó el jueves 7 y la audiencia de hoy.

“Hay un proverbio oriental que dice que hasta el viaje más largo arranca con el primer paso”, dice otro de los estudiantes, acurrucado por el frío que atraviesa la glorieta, cuando el debate ya lleva más de una hora y son casi cincuenta los que participan. Y continúa: “En el 2004 los estudiantes fuimos reprimidos cuando se aprobó SAETA. Dos años más tarde, cuando armamos esta campaña, éramos catorce chicos. Desde ese momento hasta ahora tenemos una vasta experiencia. El ante año pasado y el año pasado al gobierno le costó subirles el boleto a los estudiantes. Eso es fruto de esta experiencia. De hecho, ahora no nos lo van a aumentar. No es que estemos en otro lado, estamos acá pero reflexionamos sobre esto y nos dimos cuenta de que si nos movilizamos y hacemos ciertas cosas podemos ganar la disputa por el aumento. Creo que esto nos demuestra que podemos ayudar y decirle a la gente que nos tenemos que oponer al aumento del boleto”. Este sábado, en el micro Delmi, los estudiantes llevarán nuevamente su reclamo, se harán oír y se expondrán al maltrato de la policía, a pesar de que el boleto estudiantil no subirá. “La Asamblea en realidad es para todos, no sólo para defender los intereses de los estudiantes”, comenta uno de los chicos, después de dos horas de debate, cuando la noche y el frío pegan más que nunca. “Hay vecinos de diferentes barrios que están cagados de odio con el aumento del boleto y van a participar de la campaña. Se acercaron a decirnos que van a hacer reuniones en su barrio”, dice una chica. Seguramente van a estar esperando que el resto de los salteños se les sume.


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CONTRA EL LITIO EN GINEBRA

GRAL. MOSCONI

Buscando ayuda ajena

Liberen los fondos

En Ginebra, comunidades indígenas de la Puna jujeña y salteña expusieron ante el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU la grave situación que provocan las actividades mineras en sus pueblos. También denunDistintos medios virtuales latinoamericanos, comprometido en la lucha contra la megaría, informaron que el martes 12 de julio arribaron a Ginebra representantes de 33 comunidades indígenas de la Puna Jujeña y Salteña. Hasta el jueves expusieron ante el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU la grave situación que provocan las actividades mineras en sus pueblos y el empantanamiento en el que se encuentra una acción de amparo que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia por la explotación de litio en territorio de las comunidades sin previa consulta a las mismas. Los representantes declararon que el recurren a esta instancia internacional luego de agotar las instancias en Argentina. La delegación abandona en el día de ayer la histórica ciudad europea. Hay que recordar que el 24 de Noviembre de 2010 fue presentada la Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina por incumplimiento de la obligación de consulta y participación en pedimentos de exploración y explotación de litio de conformidad con el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de OIT y Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU. Respecto de esta acción, el líder indígena que es parte de la delegación, Clemente Flores, manifestó «Con esfuerzo presentamos la demanda ante la Corte suprema, tanto de las comunidades como el equipo técnico de apoyo. El gobierno sigue sordo a todo esto. En Jujuy por ejemplo sacando una ley que declara al litio como mineral estratégico, esto es una burla a las comunidades. Los medios de comunicación locales tratan de confundir a las comunida-

DIANA ESCOBAR

Al respecto, Leonarda Chavarría, cacique de la comunidad Lucero del Alba (Salvador Mazza) declaró en Canal 7 de Salta, que tomaron la institución porque “es nuestra y no de las autoridades y esta es la única manera de demostrarlo para que nos escuchen”. Asimismo informó que se habían reunido con el secretario de Gobierno Maximiliano Troyano y el representante de personería jurídica, pero que no obtuvieron respuestas favorables, ya que ni siquiera reconocieron la decisión de las comunidades de destituir al actual presidente del IPIS Enrique Arello que, según sostienen, ya no los representa. Al respecto Troyano les dijo, que “solo lo podían intimarlo a través de una nota y recién, luego suspenderlo” colocando, de esta manera, obstáculos legales al acuerdo masivo de los caciques, e ignorando que han hecho un gran esfuerzo para viajar desde sus comunidades

ciaron el empantanamiento en el que se encuentra una acción de amparo que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia por la explotación de litio en territorio de las comunidades, sin previa consulta a las mismas.

des, dicen que es una gran fuente de trabajo y no es así». Integraron la Delegación Rodrigo Solá, abogado de las comunidades y Clemente Flores, representante indígena, quien afirmó: «vamos a plantear la defensa del territorio de las comunidades de las Salinas Grandes, del medio ambiente y el uso del agua. Contarle que no se respetan los derechos de las comunidades, que el Estado no cumple con la Constitución y los tratados, que nos sigue marginando, excluyendo del derecho a la tierra, y a plantear el caso que hemos presentado ante la Corte Suprema por la explotación del litio sin consultarnos a las comunidades. La demanda surge por la intrusión de las empresas en nuestro territorio. Logramos reunirnos y acordar 33 comunidades, todas desconocían que era el litio, que agua se iba a utilizar, con qué métodos» La idea de acceder a instancias internacionales se concretó luego de agotar las instancias en Argentina, donde según declaraciones de los propios comuneros: «no nos

están dando respuesta, hicimos los pasos nacionales, pedimos información en la provincia y no nos contestaron, presentamos el recurso en la Corte y tampoco está resolviendo todavía, así que ahora intentaremos desde lo internacional. Los problemas en el territorio siguen, las perforaciones siguen, el agua dulce subterránea sigue saliendo a la superficie y eso nos preocupa. No tenemos tanto tiempo para esperar a que la Corte resuelva, sabemos que tienen muchos casos pero nosotros necesitamos una respuesta urgente porque las empresas avanza en los territorios y nos van a provocar daños para siempre». Las comunidades agradecieron, finalmente, a distintas organizaciones que posibilitaron el viaje entre las que se encuentran: ENDEPA, Asesoría Jurídica de ENDEPA, Prelatura de Humahuaca, Avina, Red Puna, Autoconvocados de Tilcara, Red de Asistencia Jurídica contra la Mega Minería, Maestría de Derechos Humanos de la UNSA y el SERPAJ.

COMUNIDADES TOMARON EL IPIS

Clientelismo cacical El edificio del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPIS), fue ocupado el miércoles pasado por representantes de más de 40 comunidades que habitan el norte de la provincia, en reclamos de tierra, agua, salud, entre otras necesidades básicas. y que se están manteniéndose con sus propios recursos, por lo cual no pueden esperar eternas e inciertas medidas legales. Los más de 40 caciques aseguran que el actual presidente del organismo ya no los representan y que “hace todo a espaldas de las comunidades junto con el INAI” (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). En entrevistas con Canal 7 de Salta, Leonarda Chavarría señaló además que piden por sus compa-

JULIO ROJAS (CORRESPONSAL EN SAN MARTÍN)

El representante de los desocupados de Mosconi, José “Pepino” Fernández, inició una serie de marchas y protestas el mismo día que se inauguró la Expo Mosconi. Fernández acusa a la provincia y a la municipalidad de Mosconi de retener fondos para la construcción de diversas obras que realizan los desocupados. En declaraciones a Cuarto Poder afirmó: “…venimos a reclamar que la plata está depositada en el Banco Nación y se desvaloriza y no nos envían ni destraban los pagos a pesar de que cumplimos con la certificación de obras. También la provincia nos debe $300.000 en concepto de obras públicas y son fondos de reparación y no tenemos respuestas, mientras el IPV nos deben de las casillas y de la Adenda, que son adicionales por la suma de todos los materiales cuando se había cotizado la bolsa de cemento a $12.50 y actualmente está a $46…”. Esta situación, según declaró, mas la retención de facturas que realizaría el municipio contra el sector, ha provocado que distintos proveedores no les otorguen los materiales para continuar con la obras. La bronca se expresa aún más porque se trata de fondos nacionales y no pertenecen ni al IPV, ni a la provincia, afirma “Pepino”, a la vez que aclara que fueron conseguidos a través de las conocidas medidas de protestas que protagonizaron en el norte. Desafiando a la burocracia, sugirió a los funcionarios provinciales que controlen las obras cuando lo consideren necesario. El dato curioso de la medida iniciada por los desocupados, fue que se instalaron al costado de la Ruta 34 con pancartas que responsabilizaba al gobernador de la provincia por la desnutrición, desocupación y la pobreza justo cuando Urtubey llegaba a esa localidad para participar de la Expo Mosconi. Ante las pancartas, el mandatario ordenó a una cuadrilla de policías que sugirieran a los manifestantes que retiraran el incómodo cartel.

ñeros que están siendo procesados por manifestarse en las rutas cercanas a sus comunidades, y que están cansados de la “discriminación que se les hace a los hermanos” pese a las leyes nacionales e internacionales que reconocen sus derechos. Por otra parte, Aurelia Cardozo reclamó que el intendente de Embarcación les prometió colocarles agua durante la campaña electoral y que, luego de ser elegido, les respondió que ellos no tenían ni siquiera tierra propia, así que mucho menos podían exigir una instalación cloacal”. “Pedimos por vivienda, salud, por que los vocales que están dentro del instituto no nos representan y las necesidades son muchas” señalo Aurelia Cardozo. Asimismo, los caciques que aún se encuentran tomando esta institución, evaluaran si se quedan hasta el lunes, a la espera de respuestas concretas a sus urgentes necesidades y a la espera de el actual presidente abandone el IPIS.


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DESMONTES EN SALTA

Ya no me gusta www.cuartopodersalta.com.ar, publicó entre fines de junio y el 8 de julio distintos “Detalles de Aviso” publicados en el Boletín Oficial. El último de esos artículos se tituló “El gobierno de Salta sigue desmontando” y fue uno de los más leídos en nuestro portal. En él se informaba sobre dos convocatorias a audiencias públicas como paso previo a dos desmontes en Anta, más precisamente en las localidades de El Quebrachal y Las Lajitas. La información empezó a navegar por el espacio virtual y generó la reacción de una lectora que se comunicó con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, logrando un interesante intercambio de opiniones con personal de ese ministerio e indagando sobre cuestiones que hoy Cuarto Poder intenta evacuar. R.L.

Nuestra lectora, que según su perfil de facebook reside en la provincia de Córdoba, nos informó que la lectura de nuestra nota le había generado preocupación, por lo que decidió “divulgarla cuanto fuera posible, y entre otros sitios también la compartí en el muro del ministerio de ambiente de Salta. Allí tuve una conversación interesante. Pegué el enlace una vez y no lo vi más, por lo que volví a compartirlo preguntando si lo habían borrado”. Aplaudimos la participación de la comunidad de lectores virtuales como “Peque” que difunde una noticia, instala un tema, lo pone a consideración de una cartera ambiental y logra esta respuesta: “Salta Ministerio Ambiente: Hola! Te cuento que NO lo borramos, siempre aprovechamos la información que nos envía la gente porque consideramos que es muy valiosa y que al ambiente lo cuidamos entre todos. Ahora mismo informamos al área correspondiente. Te cuento que estuvimos analizando el expediente y esos desmontes están en zona verde así que esta todo dentro de la ley y se esta cumpliendo con el correcto procedimiento donde uno de los pasos es llevar a cabo la audiencia pública. Es muy importante destacar que está buenísimo que manden esta información así podemos responderte, como en este caso, que las cosas se están haciendo bien. Gracias!

Ya no me gusta El Ministerio no habla con eufemismos. Citando textualmente las palabras del funcionario que comentó la inquietud de nuestra lectora en el muro, dice “estos desmontes están dentro de la ley”. Pero a la vez que informa, califica de tendencioso nuestro trabajo: “También Agradecemos a quienes publican este artículo - aunque estaría bueno que nos consulten también antes, así la nota no es tan tendenciosa ya que «Siguen desmontando» porque están trabajando siguiendo la legislación salteña! Esta nota y tu comentario nos ayuda a difundir las audiencias públicas, así va mucha gente a trabajar con nosotros y a enterarse de cómo se trabaja!”. La usuaria de Facebook agradeció la comunicación e hizo preguntas que también dejó para nuestro equipo periodístico, no sin antes realizar una serie de preguntas cruciales: “Habría que indagar cuán permisiva es la ley entonces, pues ya sabemos lo que demora, si es que se hace, la renovación de bosques. No tenía idea de las categorías «verde», «amarilla» y «roja», ni de qué

dependen. ¿Hay un límite, un «hasta acá desmontamos y nada más»? ¡Gracias por la información!”

La hora de la indagación Cuarto Poder hizo un esfuerzo por comunicarse con la Secretaría de Política Ambiental de la provincia que había redactado la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia. La sorpresa fue enorme. La mayoría de los que habían trabajado durante todo el año 2.008 en la elaboración de la ley, ya no lo hacen. ¿La razón? Todos habían ingresado a la gestión provincial de la mano de la antropóloga Catalina Bulliobasich, una académica de la Universidad Nacional de Salta comprometida históricamente con las comunidades aborígenes del país y con el respeto por el medio ambiente. La antropóloga había ingresado a la gestión provincial convencida de que la gestión de Urtubey tendría una política distinta a la Juan Carlo Romero que, durante una década, había hecho de los desmontes una seña de identidad. El tratamiento de la Ley de Ordenamiento Territorial la desencantaría rápidamente. Los cortocircuitos empezaron pronto, y también pronto, Bulliobasich renuncio al cargo. La secretaría quedó a cargo de otra académica, Susana Camardelli, que comandó al equipo técnico convocado por Bulliobasich hasta diciembre del 2.008, mes en el que se trataba la ley en la legislatura salteña. Cuarto Poder pudo entrevistarse con una persona que conformó ese equipo y que prefirió mantener el anonimato.

La ley y la trampa Esos ex funcionarios lo que explican es que el proyecto original elaborado por la Secretaría fue modificado y aprobado en la Cámara de Senadores, antes de que se tratara en la Cámara de Diputados. El ideólogo de esas modificaciones era el por entonces ignoto senador por Anta, Alfredo Olmedo, actual diputado nacional y sojero que se hizo famoso en los últimos años por su campera amarilla y prejuicios de todo tipo que diversos medios nacionales y provinciales presentaron como ideas de campaña. Para entonces las expectativas del equipo técnico de esa secretaría era que diputados aprobara el proyecto original y no el enviado por senadores. “cambiaron tres artículos y dejaron intacto todo el resto de nuestro proyecto. Pero esos tres artículos eran claves y su sola modifica-

ción supuso la modificación del espíritu de la ley”, enfatizó. Nuestro informante explica las diferencias con enorme paciencia, y vuelve a enfatizar que las contradicciones que existían entre el proyecto de ley preparado por la Secretaría de Política Ambiental y el aprobado por Senadores el 11 de diciembre de 2008 (luego aprobado por la legislatura) eran, efectivamente, claves. El primero de los artículos en cuestión era el número 12 de la ley que se estaba tratando. En el proyecto original redactado por el equipo técnico de la secretaría se leía: “Determinase como sectores de muy alto valor de conservación de bosques nativos las áreas de ribera de los cursos de agua superficiales de la provincia en una extensión de mil (1.000) metros de cada lado de los Ríos Bermejo, Pilcomayo y San Francisco, en una extensión de doscientos cincuenta (250) metros a cada lado de los ríos principales y una extensión de cien (100) metros a cada lado de los ríos secundarios…”. Por su parte, en el proyecto enviado por Senadores a Diputados y que finalmente se aprobaría, la redacción final contempló como “…sectores de muy alto valor de conservación de bosques nativos las áreas de ribera de los cursos de agua superficiales de la provincia en una extensión de quinientos (500) metros…”. El artículo 12 definía a estos márgenes como “sectores de muy alto valor de conservación”, que en realidad se definen como zonas de Categoría 1 tal como se la define en el artículo 9 de la Ley 26.331 y que en los soportes cartográficos se identifican con el color rojo (no desmontables). Todas las zonas de la Categoría 1, según ese análisis técnico, ameritaban su persistencia como bosque a perpetuidad aun cuando puedan ser habitados por comunidades indígenas o ser objeto de análisis científico entre otras cosas por la protección de cuencas que ejercen, que es al caso de las riberas de los ríos que el artículo 12 dispone. El artículo 14 y el artículo 15 también fueron modificados. El artículo 14 tenía como objeto de discusión las zonas contempladas como de Categoría 2 (color amarillo) que representaban “sectores de mediano valor de conservación” y que podían destinarse a tipos de aprovechamientos sostenibles, turismo, recolección e investigación científica e incluso el aprovechamiento de sus recursos maderables

y no maderables según el Proyecto de Ley original redactado por la Secretaría de Política Ambiental. La novedad que introdujo el proyecto aprobado por los senadores es que definen a estas zonas como “aquellas que poseen una pendiente superior al 15%....”. Las denominadas “pendientes” no son más que las inclinaciones del suelo. Para entender mejor esta situación conviene pasar al análisis del otro artículo de discusión, el artículo 15, en donde las disidencias en torno al tema de las pendientes también está presente. Ese artículo se detenía en las zonas clasificadas como Categoría 3 e identificables en los soportes cartográficos con el color verde (desmontables). Se trata de “sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los criterios de la presente ley”. En el proyecto elaborado por la Secretaría de Política Ambiental se diferencian dos áreas: Áreas con Limitaciones Moderadas, que se corresponden inicialmente a zonas de hasta un 5% de pendiente y el estudio del suelo correspondiente; y Áreas sin limitaciones, las cuales corresponden inicialmente a zonas de hasta un 5% de pendiente y el estudio de suelo correspondiente. Ahora bien, en el proyecto aprobado por Senadores los niveles de pendiente varían sustancialmente e introducen una nueva área que de dos pasan a ser tres: Áreas con Limitaciones Moderadas, que corresponderían a zonas de entre un 7% y hasta un 15% de pendiente; Áreas con Limitaciones Medias, que corresponderían a zonas entre un 5% y un 7% de pendiente; y Áreas sin Limitaciones, las cuales corresponderían a zonas de hasta un 5% de pendiente. Según el ex funcionario, en aquel diciembre del 2.008, ellos calculaban que respetando la letra y los porcentajes del proyecto original las hectáreas a desmontar rozarían el 1.600.000 ha, entre desmonte total o selectivo, mientras que con las modificaciones realizadas por el Senado y finalmente aprobado esa cifra superarían los 4.000.000 ha. Actualmente esas cifras se han visto superadas y la mayoría de los funcionarios que trabajaron en la elaboración de la ley, ya han renunciado a una secretaría que según dicen, les iba restando día a día las expectativas con las que habían ingresado.


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ANTENAS CELULARES

Radiofrecuencias, renta y corrupción Las antenas de telefonía móvil no salen de escena en estos días. De golpe, el interés por las noticias ligadas a este drama que preocupa a los salteños ganó espacios gráficos, radiales y hasta televisivos. El debate se profundiza más allá Era cuestión de tiempo. La polémica por las antenas de telefonía móvil, sus efectos en los seres humanos y su ubicación, derivó en una importante inversión empresarial que compró operadores públicos para desviar el eje de la discusión. Su mensaje terrorista pretende instalar el fantasma de la desaparición de la tecnología para imponer una dicotomía falaz: si reclamamos el respeto por las leyes y la salud pública… nos quedamos sin señal telefónica. La problemática se expandió de golpe en los medios de comunicación y salpicó a intendentes, concejales, jueces y diversas oficinas públicas. Desde el intendente Miguel Isa hasta la jueza de la corte, Cristina Garros Martínez, se metieron en el baile junto a la Procuración General de la Provincia y medios de comunicación de toda calaña. Salvo rentadas excepciones, la preocupación es generalizada. Las pretensiones de los vecinos de las antenas son lógicas; la aceptación del descontrol que relatan públicamente los funcionarios oxidados del municipio, no debiera ser tolerada. En Salta capital hay 313 antenas de telefonía celular, 52 soportes o torres registradas y sólo 16 expedientes en trámite. La irregularidad es la norma en el rubro. Cuarto Poder evidenció la ubicación de los aparatos y las situaciones irregulares en distintas comunas. Hoy le presentamos el caso puntual de una torre de 45 metros instalada en un terreno estatal que funciona como plaza.

Historia de plaza La historia arranca el 28 de mayo de 2001 y deriva en la resolución 456 del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, hoy IPV. El funcionario que firma dicho instrumento, Julio César Palombini, por esas horas presidente del IPDUV, fue procesado por la supuesta comisión de actos en contra de la administración pública. La citada resolución tiene un anexo que no es otra cosa que un contrato de locación con ribetes que rallan la ridiculez. Las partes del acuerdo son: Julio César Palombini en nombre de los salteños, y Alberto Marcelo de Carli, en nombre de Telecom Personal S.A. El motivo del trato, la instalación de una torre de 45 metros de altura en la matrícula Nº102.801, propiedad estatal situada en Parque Belgrano. En ese soporte, la empresa que contrató con los salteños puede permitirle al resto de las operadoras de telefonía conectar sus aparatos sin más límite que sus necesidades técnicas. El contrato dice en su cláusula primera que la propiedad que el IPV le entrega a Telecom Personal a cambio de una triste suma de dinero, tiene 150 metros cuadrados de superficie. La ordenanza que regula la instalación de antenas, la

del interés trivializador de algunos sectores que ya no saben cómo hacer para parar la pelota. Hoy, presentamos el caso de una antena que por ocupar una plaza pagó 150$ durante 10 años y hoy funciona sin contrato.

Facsimil del Contrato de Locación de Inmueble

Nº12.077, señala en su artículo 5 inciso 6, que “los predios donde se instalen este tipo de estructuras soporte tendrán como mínimo 20 metros de frente y 500 metros cuadrados de superficie”. Si alguien argumenta que la ordenanza es posterior al contrato, debe saber que la misma manda en su artículo 11, inciso 3, que en un plazo de seis meses posteriores a su promulgación, todas las estructuras existentes se adecuen a la norma. De arranque, a Telecom le faltan 350 metros cuadrados para lograr la habilitación municipal que debería negarle y no le niega el Secretario de Planeamiento Municipal, Gabriel Chiban. Más allá de violar la normativa vigente bajo el amparo de quien debiera velar por nuestro bienestar, la empresa y el funcionario que entregó este terreno del IPV, insultan la inteligencia de los salteños con el monto que supo percibir el estado por el usufructo del bien en cuestión. El contrato se firmó a 10 años y por 18 mil pesos. Las matemáticas indican que Telecom pagó, por adelantado, 150 pesos por mes para arruinar una plaza y atemorizar a los vecinos despreciando nuestras leyes al extremo. Está claro que el negocio real no quedó plasmado en el contrato del que estamos dando cuenta. Hoy, un par de vivos quiere

renovar el acuerdo vencido el 28 de mayo de este año y cargar un poco de crédito a su favor. Mientras, el IPV se niega a contestar si renovará o no este “negocio” que no hay forma de sostener con lógica y responsabilidad. Otra violación normativa que comete la antena de Telecom instalada en una plaza de Parque Belgrano perteneciente al IPV, tiene relación con el artículo 5 inciso 8 de la ordenanza ya mencionada. Dice textual: “en el predio se deberá construir un vallado de mampostería e instalar cartelería de seguridad e identificación de la prestataria del servicio, en la forma y dimensiones que establezca la reglamentación de la presente ordenanza”. La torre de la que hablamos está rodeada solo por un alambrado sin carteles de seguridad, y con un hueco por el que las personas pasan sin problemas. En el interior del predio, hay transformadores con ventiladores y cables por doquier al alcance de los niños que allí juegan al fútbol o disfrutan de los juegos de la plaza. Pero no sea tremendista, si le pasa algo a alguien allí adentro, el contrato nos cubre en su cláusula décima que dice: “la locataria se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran causar a terceros y al locador, sus instalaciones o que fueren ocasionados por

su personal en el uso, mantenimiento y explotación del espacio cedido y el equipo instalado”. Seguramente este último señalamiento deja tranquilo al secretario de planeamiento Gabriel Chiban, que hace tiempo tendría que haber clausurado esa torre y sigue torciendo las normas para caer siempre de pie. Si alguien muere en ese predio, más allá del contrato de Palombini con Telecom, el intendente Miguel Isa estaría bastante complicado. Hoy esta antena funciona en todo su esplendor sin un contrato que le permita usar ese terreno estatal y sin que el estado diga nada. Edesa, la empresa de energía, debería saber que un usuario de un inmueble, sin contrato, no puede acceder a dos medidores de corriente trifásica. Adriana Krumpholz, quien estaría de playa en playa recorriendo Cancún, tendría por lo menos que explicar por qué esa estructura sigue funcionando en un terreno nuestro sin pagar un peso. La escena se repite en muchos rincones de nuestra ciudad pero los operativos para tranquilizar a la gente ya comenzaron a crecer, sobre todo en sectores de comunicación oficial. Por estas horas, para hombres como Martín Grande, un testimonio a favor de las antenas violando leyes vale fortunas.


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LAS FUENTES INFORMATIVAS

La cocina de la noticia Cuarto Poder realizó una primera aproximación a las prácticas periodísticas locales, indagando en un terreno que despierta múltiples enigmas: las fuentes utilizadas por el periodismo para la producción de la noticia; en esta oportunidad, 21 periodistas en actividad respondieron las pre-

guntas. Los medios donde ejercen el periodismo dichos actores son El Tribuno, Cable Express, Canal 9, Cadena Máxima, FM Pacifico, FM La Cigarra, Canal 11, Somos Salta (Cablevisión), FM Noticias, FM Cielo, Diario Punto Uno, Nuevo Diario y Cuarto Poder.

ANDREA VERDÚN SAJAMA

En esta primera oportunidad, la mirada se centró en el manejo de fuentes, en cuya fortaleza se asienta la credibilidad o no de la noticia, y un punto clave para la construcción de la misma. Para ello se realizó una encuesta que intenta cuantificar el tipo de fuentes a las que recurren los diversos medios locales, tanto radiales como televisivos y gráficos. En total fueron 13 los medios consultados; cabe destacar que dentro de algunos de ellos se desarrollan distintos programas: por ejemplo, en Cablevisión o Canal 9. La breve encuesta estuvo conformada por cinco tipos de respuesta: “nunca”, “poca frecuencia”, “mediana frecuencia”, “mucha frecuencia” y “no sabe/no contesta”. Así, mientras que “mediana” y “mucha frecuencia” delatan que el comunicador recurre a determinado tipo de fuente, “nunca” y “poca” evidencian que en nula o menor medida recurren a determinada fuente. Cada ítem intentaba identificar la frecuencia con la que los periodistas recurren a las seis opciones de fuentes que existen (testigos presenciales, notas oficiales de prensa, políticos, funcionarios, cartas de lector o mensajes que envía la gente al medio, confidenciales) para construir las noticias que conforman la agenda mediática y la opinión pública. Entre los periodistas encuestados, se recurrió a aquellos que ocupan diversos roles en la cadena de noticias: movileros, conductores de radio y televisión, productores, redactores y algunos que realizan más de una de las actividades mencionadas. En principio, y a partir de la

ecuesta realizada, resulta evidente una directa conexión de los medios locales con fuentes ligadas al gobierno u oficiales, ya que más de la mitad de los periodistas, el 67%, admite recurrir con mediana frecuencia (29%) y mucha frecuencia (38%) a notas oficiales de prensa. Lo sorprendente es que el 90% de ese sector admitió recurrir directamente a funcionarios (un 33% con mediana frecuencia y un 57% con mucha frecuencia) antes que a otro tipo de fuentes. Asimismo, resulta importante destacar que el 95% de los consultados (un 38% con mediana frecuencia y un 57% con mucha frecuencia) asegura recurrir a testigos

presenciales a la hora de informar, admitiendo incluso que “el contacto con la gente siempre está”, o que “en una protesta vamos primero con los protagonistas y después con el funcionario a buscar respuestas”. En este caso, llamamos “testigos presenciales” a aquellas personas miembro de la comunidad implicadas en un hecho noticiable, como protagonista del mismo o como testigos ocasionales, que no son ni políticos, ni funcionarios. Por ejemplo, desde el personal que reclama un aumento salarial hasta el curioso ocasional que ha precensiado un accidente de tránsito. Por otro lado, es importante tener en cuenta que un 57% dice

recurrir a fuentes confidenciales (un 43% con mucha frecuencia y un 14% con mediana frecuencia). Por “fuentes confidenciales”, y de acuerdo al texto del comunicador social Cesar Arrueta, se entiende que son aquellas que se revelan de manera anónima para aportar datos que por otra vía no pueden circular en el espacio público. En este caso, consideraremos la palabra del Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Hector Borrat, quien en su libro El períodico, actor político afirma que “…el manejo de este tipo de fuentes puede desembocar en un riesgo aún peor: el de publicar mensajes desinformativos que le han llegado como si fuera información filtrada.” Estas tendencias, para algunos, se relacionan con la dependencia que existe con la publicidad oficial, lo cual lleva a que las rutinas de trabajo periodísticas se desarrollen desde fuentes ligadas al Gobierno. Esta situación resulta amenazante para la libertad de información y el libre ejercicio de la tarea informativa, ya que condiciona la tarea periodística a la hora de seleccionar el material, en tanto siempre se tendrá en cuenta los intereses del Gobierno, puesto que el medio necesita de la pauta para sutentarse ecnonómicamente. Aspecto este que no impide celebrar el alentador dato sobre la consulta constante a testigos presenciales en determinados hechos. Sin embargo, sería aún más alentador para avanzar hacia una democratización de la información en la cual el pueblo se viera representado por los medios masivos de comunicación, que se tuvieran en cuenta los pedidos de la gente en el caso de las cartas de lector, los mensajes telefónicos y los de texto.


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La contraofensiva POR DANIEL AVALOS

En política, el conocimiento de los planes y las motivaciones que anidan en los distintos actores… es siempre incierto. Entre otras cosas porque esos mismos actores suelen encargarse de que gran parte de las cosas sobre las cuales basan su acción, yazcan ocultas en maniobras de distracción o en silencios fabricados. De allí la importancia crucial de eso que Antonio Gramsci denominó “inteligencia intuitiva”: la capacidad del político que, sin un conocimiento preciso de la situación, vincula rápidamente hechos aparentemente extraños entre sí para diseñar sus movimientos. El analista de la política debería, también, desarrollar esa competencia. Y debería hacerlo porque tampoco cuenta con un conocimiento exacto de los planes y las motivaciones de los actores cuyos movimientos y conductas intenta explicar. En el caso de Salta, por ejemplo, nos ayudaría a indagar en un aparente misterio: el silencio romerista en medio de un escenario en donde las fuerzas que aspiran a ganar bancas en el Congreso Nacional, oficialismo y radicalismo local, hacen ruidos de distintos tipos. Convendría no relacionar ese mutismo con la carencia de voluntad política para disputar una de las cuatro bancas en juego. Y es difícil, también, desentrañar las razones de ese silencio en medio del, justamente, silencio de quienes lo protagonizan. Hay que pedir ayuda, entonces, a la teoría. Y es que la teoría siempre ha significado un esfuerzo para elaborar un conjunto de enunciados sobre una dimensión social particular que nos permita organizar y relacionar hechos aparentemente aislados, apelando para ello a la descripción de una cantidad posible de combinaciones que permitan predecir el manejo que la política hace de los hombres, los recursos o los silencios. La teoría, así, puede aportar un hilo de luz sobre aquello que está oculto, dependiendo de la determinación del analista el seguir esa luz con el objetivo de iluminar la escena en su conjunto. He aquí una hipótesis sobre las razones del misterio: el romerismo prepara su contraofensiva y el silencio que ejercita, por estos días, indica una subterránea preparación para la disputa que se avecina… y de cuyo resultado dependerá el éxito o no de la maniobra. Prescindamos, por ahora, de explicar las características de esa contraofensiva para detenernos, antes, en identificar las características de ese romerismo. Algunos elementos indican que lo que en Salta emerge es, en realidad, un neorromerismo. La revitalización de una fuerza política que abraza un cuerpo organizado de ideas y valores que, instalados provincialmente por Juan Carlos Romero, ahora son administrados por personalidades que actúan con autonomía del fundador. Un estado mayor conjunto que, en los tiempos de Romero, ocupaban el rol de segundas líneas y que a fuerza de las circunstancias asumieron

la dirección política de esa fuerza cuyo estilo político es distinto al del romerismo original. Es comprensible, después de todo, sin el control del Estado desde el triunfo de Urtubey, ese neorromerismo nunca pudo comandar las ofensivas frontales que tanto gustaban practicar a Romero: el golpe poderoso y letal que de una sola vez desarmara al adversario. Por ello mismo Javier David, Romeo Medina o Guillermo Durand Cornejo han desarrollado una flexibilidad mayor que los aleja de las conductas típicas de los “halcones” y sus crónicas intolerancias hacia lo ambiguo. Lo que esos neorromeristas no han modificado, sin embargo, es la firme decisión de atar sus destinos al endiosamiento del mercado, la idealización de los agentes económicos privados y la demonización de las intervenciones “artificiales y no deseadas” del Estado en el mundo de la economía. Esa fuerza se prepara, entonces, para contraatacar. Significa algo muy simple: si durante años debieron replegarse para conservar las pocas fuerzas que la arremetida urtubeicista amenazaba con aniquilar, ahora el razonamiento parece ser de que es el momento adecuado para desplegar un esfuerzo global que les permita salir de la defensiva. La maniobra es factible por dos razones: lograron acumular algo de fuerza durante el periodo precedente y, fundamentalmente, porque la fuerza de los adversarios va decreciendo. Precisemos rápido: esa contraofensiva no tendrá por objetivo aniquilar políticamente al adversario, y sí, a partir del voto ciudadano de octubre, conquistar una banca en el Congreso Nacional que acreciente sus posibilidades de presentarse en el futuro inmediato, ante los salteños, como el camino central para reemplazar al urtubeicismo. Octubre es clave para el logro de ese objetivo. Y lo es porque otros dos factores son funcionales a la pretensión: la magnitud de sus recursos son acordes a las pretensiones perseguidas; y esa auspiciosa variable fortalece su voluntad de acción. Lo primero puede medirse en términos matemáticos: los casi 60.000 votos cosechados en Capital durante las elecciones de abril representan el nada despreciable 6,3% del total de padrón electoral de toda la provincia, que en abril fue de 812.881 ciudadanos. Un 6% que se transforma en casi 10%, si el porcentaje de electores fuera del 70%, tal como lo fue en abril. Es cierto, esos porcentajes no garantizan un diputado nacional. Por ello mismo, conviene analizar el segundo de los elementos indispensables a la hora de evaluar las chances de lo que, exageradamente y en términos bélicos, podríamos denominar “el combate de octubre”: la voluntad de esa fuerza para desplegar un esfuerzo global que les permita cumplir el objetivo matemático al que hoy no llegan. Para aproximarnos a esa dimensión subjetiva de los actores sociales, la matemática ya no nos sirve. Allí conviene indagar en la fortaleza de los motivos que predispondrían a los protagonistas desplegar el mayor de los esfuerzos.

La realidad parece favorecerlos en este plano. Y para confirmarlo recurramos a los axiomas de un estratega como Perón que, en sus años gloriosos, escribió:“las fuerzas negativas de la incapacidad suelen superar en la conducción política (…) a toda previsión, porque los aciertos se neutralizan pronto, en tanto los errores se capitalizan siempre”. Traducido, lo que Perón quizo decir es que los errores del adversario suelen aportar más a la victoria que los aciertos propios. Por ello mismo, la voluntad del neorromerismo parece ir creciendo de manera directamente proporcional a los errores de sus adversarios que parecen empecinados en dilapidar las ventajas con las que arrancaron: el contundente triunfo de Urtubey en abril y las posibilidades reales de que Alfonsín traccionara los votos suficientes para que en Salta el radicalismo soñara con disputar una banca. El armado de las listas en esas fuerzas atentan contra esas ventajas, porque minan las voluntades partidarias que siempre garantizan el compromiso colectivo e individual que las disputas electorales precisan. Kosiner y Fiore, por ejemplo, no entusiasman a muchos capitanes de su frente y la designación de la segunda, incluso, comienza a deshilachar a un PRS que a veces parece más dispuesto a jugar en contra que a favor. Es cierto, cuenta la lista oficial con los impresionantes recursos estatales y el estratégico acuerdo con los intendentes que, indudablemente, garantizarán el triunfo en octubre, pero que pone en duda la contundencia de abril. La situación del radicalismo es aún peor: la elección de un extrapartidario como Biella pareció destinada a asegurar recursos financieros para una contienda que, sin embargo, ha dejado una larga lista de heridos y desencantados que, como todos los desencantados, casi siempre suelen optar por la inacción. El neorromerismo, en silencio, se frota las manos. Se ha formado rápidamente una representación del escenario y la porción de él que le puede pertenecer. Siente que el momento favorable ha llegado y en silencio diseña los objetivos estratégicos y los movimientos adecuados para alcanzarlos. Puede, incluso, que cuente con otro elemento que lo favorezca: la autoproclamación de Urtubey de ser un político de proyección presidencial convencido de que su capital simbólico es ser la superación del estilo pendenciero que la oposición atribuye al Gobierno nacional. Con ese tipo de proyección, a Urtubey le convendría contar, en su territorio, con un caudal de votos mayor al del político a quien anhela destronar. Nada gratificaría más a Urtubey que Cristina sacara un porcentaje menor al suyo en las elecciones generales de octubre. Nada…salvo la satisfacción de saber, para sus adentros, que un resultado de ese tipo no sea la obra del destino, sino la consecuencia perfectamente monitoreada por su supuesto genio político.

Semanario Cuarto Poder  

Edición 881

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