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DEBEN SER LOS GORILAS, DEBEN SER Y Martín Grande volvió a mostrar cuál es el pie del que renguea. En un espacio de su programa matutino «Despertar» se despachó de lo lindo contra la figura de «Tyson» Fernández quien concurriera ayer a la radio para conversar con las conductoras de un ciclo vespertino de la emisora. Lo que llama la atención es el arsenal descalificatorio que el periodista utiliza para referirse a un político que obviamente no es harina de su costal. El pie de que renguea Grande es su concepción derechista de la política y de la vida. En término caro a los peronistas, padece de «gorilaje» y así lo hace sentir en muchas ocasiones en que se dispone a hacer uso de su natural verborrea. Se aferra a la ley como si ésta fuera la Biblia y en muchos casos parece no comprender que aparte de la letra existe un espíritu de la misma que en realidad constituye su sustancia medular. Observemos la manera en que se refiere a quien fuera su huésped por una hora en la tarde de ayer: «La verdad ese Rodríguez Saa, ¡por Dios! El premio que se saco, ¿Quién lo habrá asesorado en Salta? ¡Dios mío! La cosa es que había gente que podía llegar a meritar votar a Rodríguez Saa por lo que ha hecho en San Luis, que es una cosa fantástica, pero tenerlo de compañero a Tyson Fernández, dejame de hinchar, mejor es tener de compañero un plomo para ir a nadar al mar, mire lo que le digo, un salvavidas de plomo le hubiese hecho mejor en el mar político a Rodríguez Saa que esa cosa que se cargo en los hombros, horrible, mire». Y nos preguntamos, ¿Qué acaso él no fue partícipe en la fórmula de Alfredo Olmedo para la gobernación? ¿Qué le hace pensar que tuvo mejor criterio que Rodríguez Saá para elegir su compañero de lista? Pero lo cierto es que «esa cosa horrible», como tan humildemente lo expresa, tiene como principal defecto para Grande el mirar el mundo desde un ángulo bastante diferente al que tiene él para mirarlo. Y eso al parecer le resulta insoportable. (L.F.) REUNIÓN BREVE PERO CUMBRE Otro nombre que seguramente provoca repentinas urticarias en la delicada piel de algunas personas es el de Milagro Sala. Con la visita que Evo Morales realizó a la vecina provincia de Jujuy se produjo una reunión entre la virulenta titular de la agrupación Tupac Amaru y el mandatario boliviano quienes sin dudas tienen motivos para transitar por idénticos carriles ideológicos y para desarrollar una activa gestión, cada cual en su esfera, en beneficio de los pueblos originarios que en Latinoamérica resultaron tan maltratados por la historia. No trascendió si las autoridades

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oficiales participaron de esa reunión pero tal vez esa presencia no resulte tan significativa cuando son dos personalidades de tanta enjundia las que se sientan a conversar. Cuando Belgrano se encontró con San Martín en Yatasto seguramente holgaba entre ellos la participación de ningún político porque los asuntos a tratar entonces se referían a una praxis y a una filosofía que trascendían el quehacer de los asuntos inmediatos. Del mismo modo aquí, en el encuentro de dos luchadores por los derechos conculcados de los aborígenes, la participación de los funcionarios no parece resultar imprescindible y ni siquiera importante. Podemos imaginar, eso sí, el mutuo entendimiento, la mutua consideración y el respeto profundo que debe haber fluido en la charla entre Milagro y Evo. Sujetos de una manera de ver el mundo que va a trasmano de las grandes corrientes de la historia. A trasmano total de la constitución de los imperios y de la violencia sin límites que los conquistadores ejercieron y ejercen sobre todos aquellos a los que le tocó ser sus conquistados. (L.F.) LA INDIGNIDAD DE SER CLIENTE Y ya que todo sube porque ésa parece constituir la ley imparable que rige toda nuestra economía no parece extraño que nos encontremos con un nuevo incremento en el precio del pan. Nada menos que un 15 % es el guarismo que la Cámara de Propietarios de Panaderías ha establecido como imprescindible de aplicar para el artículo de primera necesidad por excelencia. Lo que se arguye como fundamento para aplicar la suba es simplemente la falta de subsidios oficiales para las empresas dedicadas a este rubro. Según lo declara Martín Petroccelli, presidente de la mencionada Cámara, «tales subsidios quedan siempre entre Molinos y el Gobierno». Lo que nos lleva al cuestionamiento de este tema es el considerar cómo es posible que, en un sistema en el que se promueve tanto la inversión privada y se hace depender de la misma el funcionamiento de toda la economía, el gobierno tenga que acudir a brindar subsidios para todo. Se trata de empresas que, al ofrecer productos de primera necesidad, han de registrar siempre un nivel muy alto de ventas lo que no cabe duda se deriva en ganancias considerables. ¿Por qué entonces tanto acento puesto en los subsidios estatales como condición indispensable para mantenerse en la actividad del rubro? Es lo mismo que nos preguntamos, por ejemplo, acerca de Saeta o de ciertos colegios privados que funcionan a pleno y sin embargo necesitan de la asistencia pública. ¿Se trata acaso de que siempre se debe ganar y sólo ganar sin perder nunca un peso? ¿No es acaso la pérdida un riesgo propio de las inversiones privadas? Lo cierto y concreto es que siempre

CUARTO PODER

el bolsillo del ciudadano debe desangrarse para atender las necesidades empresariales. Como si el hecho de ser cliente significara ocupar en forma indefinida una posición totalmente vulnerable en la cadena de la producción. (L.F.) EDIFICIOS ESCOLARES Poco a poco nos vamos olvidando de la serie de reclamos que efectuaron hace un tiempo los alumnos de numerosos establecimientos educativos de nuestro medio a raíz de las graves deficiencias edilicias del lugar donde cumplen con sus tareas. A primera vista este olvido pareciera hacer creer que ya hubo un principio de solución a las demandas y que todo ha vuelto a transcurrir por los cauces de la normalidad. Sin embargo, no sucede así. En el edificio de la Escuela Técnica Nº 2 se produjo un apagón porque las goteras o las infiltraciones de la humedad penetraron hasta las instalaciones eléctricas e hicieron saltar la llave térmica que protege a las mismas. Este sencillo hecho nos da la pauta del estado en que se encuentra la infraestructura del edificio. Se trata en realidad de un local relativamente nuevo que fue construido y fundado alrededor de 1970. Sin dudas que hubo defectos en la construcción o no se utilizaron los mejores materiales durante la misma de otro modo no se explica semejante deterioro en un edificio que es mucho más joven que muchos otros que funcionan como establecimientos educativos en nuestro medio. No hace mucho se realizó una inversión de un millón y medio de pesos para remozar las instalaciones de esta escuela ubicada en la esquina de Tucumán y Buenos Aires pero los padres de los alumnos denunciaron que estas tareas de refacción no se realizaron de manera adecuada y que, una vez más, los materiales utilizados no resultaron los mejores ni mucho menos. Por tal motivo presentaron una demanda judicial en ese sentido. Este último corte en la energía eléctrica que mencionamos interrumpió la actividad de unos mil alumnos que se encontraban en clase y nos revela que estamos ante un tema que no conviene olvidar ni suponer solucionado del todo por las autoridades. (L.F.) TIRES Y AFLOJES CON LA NACIÓN Resulta al menos curiosa la expresión con que el gobernador Urtubey se refirió a la relación que la provincia de Salta mantiene con el Ministro de Planificación de la Nación, Julio de Vido. Al parecer, dicha relación dista de ser buena y ello se ha reflejado en ciertos hechos que resultan negativos para nosotros tales como demoras de inversiones y retaceos en el envío de fondos necesarios para la realización de obras que se encuentran retrasadas. El gasoducto que debe unir las localidades de Cobos

y La Lagunilla, la construcción de la ruta Orán-Pichanal y la ejecución de numerosas viviendas en diferentes puntos de la provincia constituyen claros ejemplos de las tareas que el gobierno local no pudo cumplir todavía a causa de las partidas faltantes que el Ministerio de Planificación sencillamente se ha demorado en hacernos llegar. Es muy posible que en el marco de estas «faltas» se encuentre también precisamente la puesta a punto del «caño» que el titular de Energas nos endilga como la verdadera causa de la carencia de gas que padecemos. Con esa dureza para decir las cosas a la que desde hace un tiempo el gobernador nos tiene acostumbrados, Urtubey manifestó que: «el hecho de que en Salta no exista un alcahuete del Gobierno Nacional tiene sus costos, los cuales se ven traducidos en las demoras de inversión y envíos de fondos para obras». Y luego agregó una frase de contenido melodramático que, en otro contexto, pudiera hacer pensar que se trata de cosas no tan terribles y que más bien se encuentran vinculadas a la voluntad o al capricho de los humanos. Dijo simplemente: «De Vido nunca me quiso». (L.F.) UH, QUÉ MIEDO, EL CUCO «Si no hay una solución inmediata, fracasará la temporada de invierno», se dijo por allí en la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines. Uh, qué miedo, el cuco. ¿Y qué después de todo con que fracase una temporada turística? ¿Alguien del sector se va a quedar en la ruina por eso? Pero se habla de «colapso del sistema» como si una desventura temporaria fuera el fin del mundo para quienes cuentan con todo el aparato y las propiedades destinadas al entretenimiento de los foráneos. Pero comparemos esta terrible situación en que se encuentran, por ejemplo, los propietarios de hostales en San Lorenzo, con la que vivieron y van a volver a vivir si no se toman medidas urgentes los vecinos del barrio Ceferino. En los hostales que mencionamos ¿qué se perdió del patrimonio de los perjudicados por el bajón en el suministro del gas? Las ganancias de la semana. ¿Qué se perdió para los comerciantes y vecinos en general del barrio Ceferino? Casi todo menos la vida. ¿Puede haber punto de relación entre ambos desastres? Y sin embargo a la hora de sopesar los acontecimientos resulta que los medios conceden un espacio similar a los que sufrieron uno y otro embate de la suerte o de la desidia de las autoridades responsables. Se habla de los problemas del turismo como si alguna entidad malvada viniera a comerse a los salteños. Tal vez sea tiempo ya de poner las cosas en su justa perspectiva y decir que lo que para algunos no es más que un rasguño para otros significa una herida que tarda demasiado en dejar de sangrar y de doler. (L.F.)

Editor: Alvaro Borella

Jefe de Redacción: Ramón Fernando Lynch - Jefe de Cierre: Gabriel Sánchez - Diagramación y Armado: Lucho Dais, Alvaro R. Borella - Dibujos: Tinto - Cuarto Poder es una publicación semanal que aparece los días sábados. Registro de propiedad intelectual en trámite. Todos los derechos reservados. Las noticias y comentarios aparecidos en esta publicación podrán ser reproducidos total o parcialmente siempre que se cite la fuente. Las notas y comentarios no necesariamente reflejan la opinión de su editor. Email: CuartoPoderSalta@gmail.com


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La prueba de la desigualdad POR ROBERTO CAMARDELLI

En los últimos 10 años Salta ha luchado por posicionarse como unas de las principales plazas turísticas del país llegando a estar en 2010 entre los 5 primeros destinos más elegidos de la Argentina. El esfuerzo de empresarios y gobierno por hacer que la provincia se conozca más que por su famoso Tren a las Nubes fue grande y exitoso relativamente. El turismo es una de las políticas de estado que tuvo continuidad en el tiempo y una de las cuales la mayoría de los salteños están orgullosos debido a la reactivación económica que trajo a la capital salteña y el crecimiento que produjo a los pintorescos pueblos del interior provincial. Ahora bien, a días de comenzada la temporada invernal, la escasez de gas y combustible en las zonas puede afectar el buen desempeño del sector hotelero y gastronómico. Esto es preocupante si se tiene en cuenta que en las localidades aledañas como San Lorenzo y Vaqueros se encuentran cabañas, hostales y hoteles dedicado en mayor parte al turista de gran poder adquisitivo, exigente de buenas condiciones de alojamiento y demandante de servicio personalizado y exclusivo. Por tanto, la escasez de gas junto a cortes de energía intermitentes pone en riesgo la calidad que los establecimientos puede ofrecer al pasajero y resienten así la economía del sector. El presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de Salta, Eduardo Kira, expresó su preocupación al admitir que el turista no se queda en los establecimientos debidos a los cortes y que las reservas de hoteles se están cayendo. El principio de esta crisis se vislumbró en Junio durante el fin de semana largo correspondiente a las fiestas de Güemes y Belgrano, con la escasez de combustible en la capital provincial y zonas aledañas. Desde el sector turismo se informó que la ocupación de la plaza hotelera no pasaba el 60% y se esperaba con gran expectativa la tempo-

rada invernal para remontar el rubro. Una semana y media mas tarde, la situación es la misma, sólo se agregan más demoras en la distribución y menores provisiones para las provincias del Norte. La falta de combustible también la sufrieron otras provincias del interior del país como, Jujuy, Tucumán, San Juan, Santiago del Estero y Mendoza según informaron los medios nacionales. Sin embargo, en Salta se sintió intensamente en las principales ciudades de la provincia. Incluso el gobierno provincial, a través del fiscal del Estado tuvo que iniciar acciones legales para garantizar el suministro de energía. La justicia federal obligó a ENARGAS a que brinde el suministro en cantidad suficiente para proveer a los habitantes de Salta. La crisis energética salteña demuestra una vez más la desigualdad que se vive en Argentina. Así es como los ciudadanos del NOA, zona productora y exportadora de hidrocarburos, gas

y energía eléctrica dependen de la distribución de la Patagonia o del Centro y también del aumento de consumo energético en Capital Federal. No es nada casual que el record de consumo de megavatios- 19. 791 mv - que alcanzó Argentina la semana pasada debido a la primera ola de frío polar que azotó al país se combinara con la falta de combustible en el Norte, con los paros y cortes de rutas de Santa Cruz y se dé en el marco de las elecciones de Jefe de Gobierno en Buenos Aires este domingo 10 de julio. Para asegurar una buena elección y tener a los votantes porteños satisfechos fue mejor sacrificar las provisiones para los estados del norte donde ya hubo probada lealtad al proyecto político nacional con la reelección del Gobernador. Aunque los reclamos de la gente que pusieron en evidencia las falencias en el ámbito energético de la administración local provocaron roces entre Urtubey y los funcionarios nacionales de Ministerio de Planificación. En una provincia donde la industria en general apenas sobrepasa el 40% -42,50% en 2009- en consumo energético se restringe su uso a las empresas y se encarece el producto para los ciudadanos que además deben soportar los cortes por la falta de coordinación entre los gobiernos provincial y nacional con las empresas y por la falta de desarrollo de un plan energético que brinde una solución efectiva al país Las empresas culparon a la nación. La nación culpó a la provincia por falta de inversión en obras de infraestructura, a las empresas por falta de exploración en la zona y a la industria local por el aumento del consumo. La provincia culpó a la Nación y a las distribuidoras locales, acudió a la justicia mientras buscó negociar con las empresas. Mientras tanto, los ciudadanos que ahora padecen y aguantan seguro pensaran dos veces antes de decidir a quien votar.


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FALTA DE GAS

En la cocina no hay olor a gas La falta de gas en la ciudad parece ser un hecho reciente y pasajero, cuando en realidad es una situación cotidiana que tienen que soportar los vecinos de los barrios periféricos de Salta. Las garrafas vacías son de nosotros, el gas es ajeno. FEDERICO ANZARDI

El pibe va caminando por el medio de la calle (de ripio, más vale) con el sol encima, justo, justo arriba; como en los partidos de México 86. La sombra que se forma es pequeña, apenas surgiendo debajo de sus pies. Hace frío pero el pibe anda con una remera de mangas cortas. El cuerpo le estalla de calor por estar cargando esa garrafa en el hombro. Es la misma historia de todas las semanas, a la misma hora. Los vecinos de Villa Floresta se acercan al camión distribuidor de la Garrafa Solidaria que reparte el gobierno provincial y llega al barrio todos los jueves al mediodía. La verdadera crisis energética, la falta de servicios, no se siente tanto en las colas de autos que buscan llenar el tanque que tienen a medias. Tampoco se percibe en los usuarios del centro que sufren frecuentes y rompebolas cortes de luz de una hora o menos. Por más justos que puedan ser los reclamos (de hecho, lo son), todos los padecimientos burgueses de clase media se terminan volviendo una estupidez al lado de lo que pasa en esta misma ciudad, a unos diez minutos de bondi. Mientras uno se queja por “el puto módem Wi Fi que anda mal y no deja ver los mails”, otros se cagan de frío, se las ingenian para hacer durar una garrafa de diez kilos y racionan el agua que tienen y que no les aparece abriendo una canilla. La escasez de gas en Villa Floresta no es novedad. Lo mismo sucede en otros barrios de la capital. Al no poseer una red de gas natural, los vecinos se las tienen que arreglar con garrafas que no siempre alcanzan. La restricción en la venta de la Garrafa Solidaria (una por familia) hace que muchas personas tengan que hacer malabares para prolongar la ración de diez kilos, ya que no les alcanza para comprar en negocios privados, donde el precio se incrementa. “La garrafa me dura lo mismo que me dura en verano, porque no usamos garrafa para calentar agua para bañarse: prendemos fuego. Con el fuego calentamos agua y nos bañamos. A veces para lavar la ropa, también. No usamos el gas, es para cocinar”, asegura Mario Vargas, un vecino que no aparenta los 61 años que acusa, pero se queja de dolor en los huesos. Vargas vive hace treinta años en una de las zonas más altas del barrio, donde no hay agua corriente. Junto a tres personas más, soportan el frío y la falta de recursos para combatirlo. Vargas y su familia deben racionar muy bien la garrafa y no irse al carajo ni derrochar como un bacán: “A veces cocinamos con leña para que no se gaste el gas. Más o me-

nos un mes nos dura, cuidándola. Por supuesto que si cocinás y hacés mate todos los días la garrafa te va a durar quince días”. Cuando efectivamente la garrafa se queda vacía, Vargas pone los 16 pesos que cuesta la Solidaria solamente “cuando la podemos agarrar. Cuando no podemos, tenemos que recorrer y comprar la garrafa en otro lado y por ahí no la encontramos, porque se acabó”. Si no la consigue en el barrio, el hombre se encamina hasta el Parque Industrial, donde también está disponible a un bajo precio. “Después, acá la venden a 22, 25 pesos. No sé cada cuanto viene el camión, no sé si cada mes. La verdad que no lo controlé. Realmente, al camión no lo vemos nosotros. Yo voy dos o tres veces a ver si está y si no hay que ir a otro lado donde esté más cara”. Vargas posee sólo una garrafa en su casa y no está en condiciones de adquirir otro envase para tener la chance de comprar más de una. “Si yo tengo dos garrafas, compro una y mando a otro con otro DNI a comprar otra más. Pero si no tengo, tengo que esperar a que vuelva el camión”, reflexiona casi resignado. “La garrafa viene los jueves. Están vendiendo 30, 35 garrafas y se agotan. La mayoría va a hacer la cola a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, que llega el camión”, dice Silvia, una mujer que lleva adelante una casa de nueve integrantes. “La garrafa nos dura veinte días. Ahora en época de frío nos dura menos porque uno la ocupa para prender el horno o lavar los chicos. Nos está durando quince días”. Silvia nunca fue al Parque Industrial a buscar la Solidaria cada vez que se quedó sin chance de comprarla en su barrio. “Siempre la compré en los negocios, que la venden a 25 y 28 pesos. En el Parque daban diez o doce números nada más. Tengo una sola garrafa. Antes te pedían número de documento. Si tenías dos (garrafas) tenías que ir con el DNI de otro y que no sea el mismo apellido. Ahora dicen que el gas va a escasear. Encima, el jueves pasado no vino la garrafa. Suele faltar. Ellos dicen que no han venido porque han ido a otros barrios a entregar más. Entregan en otros barrios las que tienen que dejar aquí”.

La otra campana Las declaraciones de los vecinos se contradicen con las del personal que despacha las garrafas, que para las doce del mediodía del último jueves no habían vendido más de treinta y aún tenían un camión repleto a disposición. “Hay vecinos que se llevan de a dos garrafas, no tenemos un cupo limitado”, dice el

encargado de cobrar, mientras los demás reciben los envases vacíos y reparten los nuevos. “Hasta ahora vamos vendiendo 25. Siempre vendemos unas 40. Estamos una hora siempre. A veces llegamos un poco tarde. Trabajamos de lunes a viernes con la social y hacemos dos barrios por día: de 9:30 a 10:30 y de 11 a 12. El resto del día es venta privada”, informa, mientras una mujer muy vieja se acerca a preguntar si le pueden vender una garrafa vacía porque no tiene para canjear. Ante la negativa, la anciana se va y la venta continúa tranquila. “Estamos desde marzo y nunca nos pasó quedarnos sin garrafas, siempre traemos 300. Lo que pasa es que no nos cargan de 15 kilos, son todas de 10 kilos. Algunas personas quieren de 15 y no nos están cargando y no podemos traer. Hay días que sí nos cargan pero por ahí nos toca en otro barrio. Hay varias demandas de la gente por esas garrafas. Hay que averiguar bien porque el sindicato no deja llenar las de 15, creo que las van a sacar de circulación a fin de año”, explica el empleado, confirmando la necesidad que tienen muchos ciudadanos de que la Solidaria no sea sólo de diez kilos. “Nosotros tenemos contrato hasta fin de año pero no sé si con este problema de gas, que le van a cortar a las empresas, no sé si nos van a proveer. Nos dijeron que a partir del 25 de julio, más o menos, se va a notar la escasez de garrafas. Nos dijeron que no va a ser un abastecimiento normal”, revela el empleado, para la preocupación de los vecinos. A diferencia de los salteños retratados esta semana en La Nación, sufrientes por no poder comer empanadas en San Lorenzo (el horno sin gas no anda) o la debacle producida por “la tarta de Tica” (“una cordobesa aficionada al golf que vive en el barrio Los Altos y que reemplazó, a último momento, su manjar al horno por unas sopas instantáneas en el microondas”); los vecinos de los barrios más alejados del coqueto microcentro realmente padecen desde siempre los invier-

RECUADRO: Tras el pedido de informes que realizó la Cámara de Diputados a REMSa S.A. acerca del proyecto de la Planta de Fraccionamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Aguaray, su presidente, Ricardo López Arias, respondió que “en el marco del contrato suscripto con la empresa Nitratos Austin SA, aprobado mediante decreto Nº 3288 de fecha 12/08/10 del Poder Ejecutivo Provincial, al día de la fecha, la empresa mencionada no ha informado a REMSa SA respecto a la ubicación de la Planta”. Además, López Arias indica en la nota (incluida en el expediente 26799/11 de la HCD) que “se ha ajustado el suministro de gas pactado” mientras Nitratos informe a REMSa “que se han obtenido todos los permisos” para construir y operar la planta; “que la empresa inicie la construcción dentro de los seis meses contados a partir de las aprobaciones correspondientes” y que se complete la construcción y puesta en marcha de la planta dentro de los 25 meses “contados a partir de las aprobaciones”. También informó que REMSa “no posee mayor información respecto del estado de avance de los estudios económicos y de factibilidad, anteproyecto y proyecto de la Planta”. nos y necesitan una solución mayor a la de la garrafa solidaria a 16 pesos. “La gente está resignada, está acostumbrada. Que mucha propaganda, mucha propaganda pero cuando necesitan no están los políticos”, dice Vargas; y Silvia agrega que los políticos “no se acercan nunca”. Una realidad que parece no cambiar más.


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No alcanza lo mismo

PANORAMA NEGRO

Dame más gasolina Al resabido argumento de que la falta de combustibles obedeció a un conflicto gremial en la provincia de Santa Cruz, se suma ahora los datos que dan cuenta del sorprendente incremento del parque automotor en la provincia. Un aumento que de continuar desarrollándose en medio de una matriz energética que no aumenta sus inversiones, hace presagiar una enorme crisis de abastecimiento para el futuro inmediato. JOSÉ GONZÁLEZ ROMANO

La teoría “Santa Cruz” fue la preferida del ministro Loutaif que atribuyó la escasez de combustible a conflictos gremiales en Santa Cruz, provincia que produce el 20 por ciento del petróleo que se procesa en Argentina y cuna de YPF, que es el gran proveedor de nafta de nuestra provincia. Al respecto, el ministro Loutaif declaró que el 80% de las estaciones de servicios son de YPF, el 15% de Refinor y el 5% restante se reparten entre otras marcas, “razón por la cual desequilibrada la oferta de YPF, desequilibra todo el sistema”, enfatizó el ministro. Acorde al enunciado del gobernador Urtubey, Loutaif negó que los problemas de la semana tengan relación con la privatización de la empresa YPF y resaltó que el desabastecimiento “no se soluciona con una refinería nueva, sino consiguiendo petróleo para que las refinerías que ya están, en lugar de trabajar con el 40 por ciento de su capacidad, trabaje el cien por ciento”. Con respecto a la ex empresa estatal YPF, hay que decir que fue la empresa “argentina” que más dinero ganó en el primer trimestre de 2011. La información fue consignada por el oficialista diario Página 12 (28/5/11), a través del análisis económico de Alfredo Zaiat. En un minucioso trabajo acerca de los ejercicios contables de grandes compañías que cotizan en Bolsa se describe ese favorable balance económico. El Instituto Argentino de Mercado de Capitales, dependiente de la Bolsa de Comercio, realiza habituales informes sobre los balances trimestrales y anuales de las cotizantes. De ahí se deduce que en los primeros tres meses del 2011, considerando un total de 83 empresas que cotizan en bolsa, los resultados acumulados al primer trimestre de 2011 registraron un saldo neto positivo de 7346 millones de pesos. Esto implicó un aumento nominal

del 41,3% respecto de las ganancias acumuladas en el mismo trimestre de 2010. Como se puede ver, las mayores ganancias no garantizan la normal provisión del combustible y en ello mucho tiene que ver la falta de inversiones que garanticen una mayor oferta del producto.

Exceso de demanda La falta de inversiones se complejiza aún más en medio de un sorprendente incremento del parque automotor provincial. Ese elemento es el que explica el faltante de nafta con un incremento de la demanda que supera ampliamente a la oferta. Los datos al respecto son bastantes importantes. En principio, hay que decir que las petroleras desmintieron que se esté produciendo un desabastecimiento en el sector. Según voceros de YPF, consultado por la producción del programa “La Otra Campana” que se emite por Cable Express y conduce el periodista Martín Sánchez; en el primer semestre de este año la venta de combustibles creció en la Argenti-

na un 6,2% respecto al primer semestre del año pasado. La tabla de variaciones indica que YPF creció un 10,1%. Shell 7,6% y Esso 0,8%, mientras que Petrobras decreció alrededor del 10%. Según datos aportados por la Secretaria de Energía de la Nación el incremento de combustible para la provincia existió. Salvo en el caso del gasoil común (en el año 2.010 se enviaron a la provincia 62.695 mts3, contra 60.113 mts3 del presente), todos los otros combustibles experimentaron un crecimiento. El gasoil Premium, por ejemplo, paso de 5.894 mts3 en el 2.010, a 7.253 mts3 en el 2.011. La nafta Super también aumentó con respecto al año anterior: de 29.211 mts3, pasamos a 31.297 mts3 en el 2.011; mientras en el caso de la nafta Super Premium el incremento fue de 3.318 mts3 (5.228 mts3 en el 2.010 y 8546 mts3 en el 2.011). En términos globales, de los 103.028 mts3 que llegaron a la provincia en el 2010, hemos pasado, en lo que va del año, a los 107.209 mts3: lo cual supone 107.209.000 litros de combustible.

El incremento, sin embargo, es insuficiente en relación a la cantidad de vehículos que circulan por la provincia. La producción de “La otra campana”, a partir del relevamiento de los datos presentes en el Registro del Automotor de la Municipalidad de Salta, aportó datos sorprendentes. En la actualidad existen en la provincia 191.130 vehículos. Lo cual resulta que cada automóvil, a lo que va del año, consumió 3 litros de nafta por día. Volviendo al tema del parque automotor, hay que decir que sólo en el año 2010 se patentaron 11.381 y sorprendentemente en los primeros seis meses del presente año (hasta el 29 de junio) se patentaron 7231 vehículos. Las proyecciones indican que en este año podrían inscribirse 15 mil vehículos sólo en la capital, lo que significaría un aumento del 8,11 % de crecimiento con respecto al parque automotor registrado hasta el año 2010. Las terminales automotrices y las concesionarias dieron a conocer los resultados de su actividad durante junio, e informaron de nuevos records, anunciando además perspectivas de mayor crecimiento. Salta no fue la excepción y según los datos publicados en la web de A.C.A.R.A. (organismo que agrupa a las agencias de autos), sólo en Salta se patentaron en el mes de junio de este año 1325 unidades, un 26,43% más con respecto a igual mes del año pasado que llegó a las 1048 unidades. En mayo el patentamiento alcanzó las 1.374 unidades. Las cifras difieren con las proporcionadas por la Municipalidad en tanto los agencieros informaron que en el 2.011 se patentaron 8.474 unidades, contra las 6.469 del año pasado, es decir un 30 % más. Es de celebrar estos índices, ya que muestran una fuerte expansión del consumo, en especial de las clases medias y altas. Pero lo que también evidencia es la fragilidad del sistema energético argentino. Una pinchadura en la rueda del camión que trae combustible desde la Patagonia, significa un retraso que ocasiona desabastecimiento cuando tenemos en nuestro propio territorio provincial una refinería parada, la de Aguaray, porque no es rentable ponerla a producir. El dato de que desde hace años se vienen batiendo records de patentamiento de autos nuevos, es bueno, pero evidencia falta de planificación en la política energética nacional y provincial. ¿De dónde saldrá el combustible que esos autos necesitarán?


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EN LA PROVINCIA DE FABIO ZERPA.…

El Tribuno tiene razón El Gobierno y la Policía de Salta emitieron un comunicado acusando al diario de Limache de hacer apología del delito. El comunicado intentaba desmentir al matutino por haber informado detalladamente respecto a la falta de móviles con que sobreviven las

comisarias de toda la provincia. Además de acusar al diario de impulsar el delito; la policía y el gobierno afirman que el diario tiene “una opinión tendenciosa”. Escasos precedentes sobre un análisis de los medios de comunicación desde la policía.

DR. ABEL VAPORANO

Pocas veces desde el retorno de la democracia, la policía provincial avalada por el gobierno político, opinó si una noticia era “negativa” o “positiva”. Pocas veces pudo la policía provincial -con el apoyo de un ministro que además es candidato- afirmar lo que afirma: que un diario “alienta a los malechores para cometer ilícitos contra la sociedad”. Lo cierto es que desde que el Falcon azul profundo se actualizó en corsitas blancos, se escuchó pocas veces decir oficialmente que el “Gobierno de la Provincia y la Policía de Salta” “consideran” que el trabajo periodístico de colegas salteños con nombres y apellidos es en realidad “esta opinión tendenciosa”, que “puede provocar desestabilización social”. La verdad es que pocas veces un gobierno pudo mostrar tanta contradicción, al decirle estas cosas a un diario mientras reconoce en su mismo comunicado que “prontamente inyectaremos en la seguridad (90) móviles nuevos (tramite de licitación avanzado); (10) serán destinados a ampliar la asignación de móviles en el Valle de Siancas y los (80) restantes serán destinados al servicio del Sistema de Emergencias 911 y Dependencias Policiales del área de Capital y del interior de la Provincia”. O sea que después de acusar de apología del delito, el gobierno admite lo que denunciaron los periodistas!. Como si no bastara, para mostrar que ahora en democracia la policía y el gobierno pueden mostrarse tal cual son, abundan en datos y agregan “oficialmente” que se hará “la entrega de (10) motocicletas de gran porte y además entrarán en reparación (40) móviles con desperfectos mecánicos de diferentes grados de complejidad (rectificación de motores, unidades selladas, etc.) a través de empresas y talleres de rectificación”. Y remata reconociendo -o prometiendo quizás- que “se presupuestarán más de (200) móviles para ser incorporados al ejercicio 2012, en la Institución policial”.

Pa colmo El comunicado democrático “del gobierno y de la policía”, no

Pablo Kossiner

Néstor Cardozo

sólo entrega tranquilidad a la población porque demuestra cómo mienten los periodistas del clarín salteño, sino que además, confirma que la policía no tiene un patrullero andando en toda la provincia. Los cole-

gas escribieron que “Los móviles policiales faltan en toda Salta”. Y detallaron que “en General Güemes, los dos vehículos estaban parados; arreglaron uno pero aún no está en uso. Se mueven en motos. Metán

tiene una camioneta para cubrir 43 barrios. En Tartagal una dependencia nueva no tiene patrullas”. Justamente por eso el comunicado emitido el 2 de julio, es en realidad un documento político de un gobierno conducido políticamente. Después de todo el comunicado se titula: “el gobierno y la policía garantizan la seguridad pública”, en la misma provincia donde los recientes asesinatos de los casos Anawhi, Esper, Cintia Fernández, se suman en el manto de impunidad que ya estremecieron a la población con los también macabros casos de Evangelina Pisco, Hermanos Giménez, Narcopolicías y Torino Dantur. A todo eso se le suma al hecho de tener un Secretario de Seguridad encausado por apremios ilegales. Todos con el sello de la gestión U. Gestión que busca encima la revalidad electoral en agosto próximo. Hay que tener sobrepeso en la autoestima o ser un miope político para garantizar la seguridad pública, desde comunicados de perfil nazistoide.

Comunicado Nº 1 de KoSSiner… A continuación transcribimos algunos de los párrafos del comunicado que llevó por título “El gobierno y la policía garantizan la seguridad pública” Uno.- “Consideramos necesario dirigirnos a nuestra comunidad con el único propósito de evitar que la noticia negativa del periódico “El Tribuno” – Locales, pag.24 y 25 de fecha 02/07/2011 - que da cuenta de inseguridad por carencias de móviles en distintas partes de la provincia, no hace otra cosa que alentar pensamientos negativos (…) sino lo que es peor alienta a los “malechores” para cometer ilícitos contra la sociedad, induciendo a la creencia de que no estamos preparados para controlarla y repelerla”. Dos.- “… consideramos que esta opinión tendenciosa, puede provocar desestabilización social, cosa que pretendemos evitar con este mensaje, haciéndoles saber a todos los habitantes de la provincia que la Institución Policial está preparada con personal, equipamientos, organización, planificación, y otros recursos (…), para garantizar el orden público, la seguridad pública y la paz social”. Tres.- “… queremos que sepa nuestra sociedad que prontamente inyectaremos en la seguridad (90) móviles nuevos (tramite de licitación avanzado); (10) serán destinados a ampliar la asignación de móviles en

el Valle de Siancas y los (80) restantes serán destinados al servicio del Sistema de Emergencias 911 y Dependencias Policiales del área de Capital y del interior de la Provincia”. Cuatro.- “…además entrarán en reparación (40) móviles con desperfectos mecánicos de diferentes grados de complejidad (…) por un monto cercano de $400.00…” Cinco.- “… no es despreciable la gran inversión en beneficio en seguridad que el Gobierno va a realizar con la próxima incorporación de 1.100 cámaras inteligentes que cubrirán los objetivos de seguridad de todo un territorio provincial y que significarán un gran complemento de los patrullajes y vigilancias…” Seis.- “Ni que hablar finalmente de la planificación estratégica Año 2012- 2015 que se prevé para el año venidero (2012) con la informatización de la totalidad de las Dependencias Policiales en vínculo con el Ministerio Publico y Poder Judicial; también la ampliación del Sistema de Emergencias911 a todas las poblaciones salteñas; y la adquisición de nuevos móviles con seguimiento satelital por GPS para controlarse desde un Centro de Monitoreo Integral, a construirse en un edificio moderno dentro del Departamento Central de Policía”.


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POLÍTICAS MINERAS

Desprecio por lo público En Salta, según el presupuesto 2.011, se prevé recaudar en concepto de “Regalías Mineras” la ínfima suma de $600.000. Para graficar la insignificancia, habría que decir que una actividad que representa el 3,3% del Producto Bruto Geográfico (PBG) Provincial (producción total de bienes y servicios finales de la economía

salteña), aporta sólo un 0,008% de los recursos totales del presupuesto que para el presente año llegara a los $7.163.220.461. Un acuerdo firmado hace unas semanas por Gioja, en San Juan, con multinacionales mineras ayudan a explicar el despropósito histórico que nuestra provincia también padece.

CARLOS MORELLO

Las regalías mineras son tributos o impuestos que el concesionario de una mina en explotación debe pagar a la provincia que ejerce sobre ese bien inmueble. La suma a pagar es un valor equivalente al mineral que se haya extraído, conforme a la alícuota o porcentajes establecidos por la ley de esa provincia. En Salta, por ejemplo, de acuerdo a la ley 6294 promulgada por la legislatura provincial en noviembre del 84, el valor máximo de la regalía estaba fijado en un 10% y el valor mínimo en un 3%, dependiendo del tonelaje extraído, de la clase de sustancia y tipo de yacimiento acopiado en boca de mina. Esos valores fueron reemplazados en 1.994, cuando entraron en vigencia las leyes del menemismo, la 24.196 de Inversiones Mineras y la 24.228 del Acuerdo Federal Minero que impusieron un tope máximo del 3%. Las regalías mineras son tributos directos por tiempo indeterminado y son potestad exclusiva de las provincias, por lo que el Estado nacional tiene vedada su injerencia en la materia. Sin embargo, la nación tiene dos vías para inmiscuirse y asumir la potestad para establecer regímenes de promoción conforme lo establece el artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional. Esta norma, que se conoce como la “cláusula del progreso”, le concede prerrogativas conducentes a promover acciones que conduzcan al adelanto y bienestar de las provincias, así como establecer leyes protectoras mediante la importación de capitales extranjeros y concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulos. En mérito a ello, la nación pudo imponerle un combo de leyes a las provincias, tales 24.196 (Inversiones Mineras), 22.224 (Reordenamiento Minero), 24.228 (Acuerdo Federal Minero), 24585 (Protección Ambiental), que alentaron el saqueo del país mediante el otorgamiento de privilegios sobredimensionados para las mineras multinacionales. Todas esas leyes fueron sancionadas en el año 1.993, durante el “menemato”. “La otra vía que tiene el estado nacional para quebrar la exclusión constitucional de entremeterse con las regalías, es su potestad de celebrar con las provincias convenios para el desarrollo de actividades económicas bajo la forma de acuerdos por los poderes ejecutivos de los respectivos estados (nacional y provinciales), que luego deben ser aprobados por las correspondientes legislaturas provinciales o bien, por una ley dictada por la nación que establece un sistema de aplicación a las provincias que adhieren a ese convenio, por cuya circunstancia aceptan una serie de obligaciones y limitaciones que le impide al estado provincial regular en una materia en modo contradictorio al régimen nacional al cual se hubiera adherido” (Isola y Palaveccino, 1.997). Este pacto es conocido como “Acuerdo Federal Minero” y fue aprobado mediante la ley 24.228 a la que adhirieron

Roberto Augusto Ulloa, José Luis Gioja, Juan Carlos Romero, Juan Manuel Urtubey

todos los gobernadores provinciales, entre ellos Roberto Augusto Ulloa en mayo de 1.993. Como resultado, se nos aplicó el artículo 22 de la ley 24.196 y la regalía minera fue bajada del 10 al 3% en boca de mina sobre el mineral extraído. Tal artículo indica textualmente que: “las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor boca mina del mineral extraído”. Para gozar de tal privilegio sólo había que estar inscripto en el Registro de Inversiones Mineras (Art. 2º de la ley 24.196). Es decir, con ese registro la empresa minera gozaba de Estabilidad Fiscal y podía saquear con tranquilidad durante treinta años las riquezas que capturara. En referencia a la alícuota del 3%, la Secretaría de Minería de la nación (Autoridad de Aplicación de la ley 24.196 y por entonces a cargo de Ángel Mazza, geólogo menemista que luego fue gobernador de La Rioja y colocado en ambos cargos por Carlos Menem), expresó que para considerar ese valor se tuvieron en cuenta “los niveles de competitividad internacional existente en la materia concluyendo una medida internacional adecuada”. El problema es que esas “medidas internacionales adecuadas” fueron las de Chile, Perú, Indonesia, Canadá y EEUU, que bajo ningún aspecto se las podía considerar representativas porque mientras en los tres primeros países eran nulas, los royalties norteamericanos están divididos en varios royalties (regalías): por neto de fundición, por utilidades netas, por ingresos netos. Pero la cosa no quedaría allí, porque el imperialismo minero, siempre voraz e insaciable, hunde sus garras en ese 3% mediante decretos y resoluciones que establecen deducciones que pueden imputarse a las misma regalías, lo que deriva en distintos modelos de cálculo de las mismas, pero siem-

pre manteniendo como techo máximo el 3%.

Caso testigo El acuerdo que el gobernador de la provincia de San Juan, José Luís Gioja, rubricó con las empresas Minera Argentina Gold S.A., Minas Argentinas S.A. y Troy Resources Limited, blanquea esa situación. Por tal acuerdo, se establece un nuevo método para calcular la liquidación de la regalías mineras y, paradójicamente, el objetivo es que las empresas paguen íntegramente lo que en teoría ya deberían pagar: un 3% integro de las regalías, tal como lo ordena la ley 24.196 en su artículo 22. La medida blanquea una vez más que en provincia como la nuestra, el 3% que las mineras deberían pagar por explotar el subsuelo no se cumple. En su exposición, Gioja recordó que en la década del 90 se sancionó una ley nacional (la 24.196) que establecía el 3% de regalía sobre boca mina y que “luego se implementó un artículo bis que definía qué era boca mina, ya que aparecían algunas interpretaciones distintas”. En rigor a la verdad, nunca existió ese artículo bis. Hubo sí una resolución, la 56/97, de la Secretaría de Minería de la nación que proporcionaba un mecanismo de cálculo nacional fijando reducciones y que por lo tanto achicaban el valor neto del 3% de regalías al descontar los costos de transporte, fletes, seguros, trituración, molienda, beneficios, fundición y otros ítems propios de la comercialización, en el proceso que va desde la extracción del mineral hasta la puesta en condiciones de venta. De todos modos, Gioja agregó que el acuerdo logrado implica que la recaudación de aquí en más va aumentar un 20% en este rubro y que la provincia lo distribuirá entre los municipios y el ministerio competente. Es fácil estimar que si la eliminación de los costos permitiría recaudar un 20% más que lo

que se recaudaba, esos costos reducían el valor de regalía del 3% al 2,4% efectivo. Por lo tanto la cantidad recuperada sería del 0,6%, ya que la regalía sigue inamovible en su valor tope del 3%. Lo que no se dijo en San Juan, pero si está establecido en el acuerdo, es que las partes se obligan a no efectuar deducciones de ninguna clase al momento de efectuar el cálculo a pagar, mientras la onza de oro en el mercado internacional sea igual o superior a 1.000 dólares. Es decir que las empresas acordaron un límite por debajo del cual (1.000 dólares la onza de oro) volverán las deducciones y las regalías caerán nuevamente al 2,6% real. Los proyectos de ese tipo más avanzados en Salta son El Quevar, de plata, y Lindero y Río Grande, polimetálicos con alto contenido de oro, lo que muestra la misma tendencia de las multinacionales, aunque las operaciones son de menor escala y el número de proyectos no alcanza ni por asomo la cantidad ya contabilizada en la provincia cuyana. En ese marco es muy probable que el modelo sanjuanino se expanda por el país porque Gioja hace lo que le parece en su provincia, pero también a nivel nacional. Esa parece ser la tendencia si tomamos en cuenta que inmediatamente después del acuerdo firmado en San Juan, Jorge Mayoral, secretario de Minería de la Nación, le hizo llegar a Gioja un halagador mensaje: “…seguiré el ejemplo sanjuanino, a través del Consejo Federal Minero y se puede aplicar en todas las provincias del país…” . A esa reunión del COFEMIN que pronostica Mayoral, deberá concurrir el Secretario de Minería de Salta, que luego retornará con el modelo de Gioja en su portafolio y entregará a nuestro Gobernador, para que lo convierta en ley provincial. De ser así, en al año 2.012, la provincia estaría en condiciones de recaudar $120.000 más en concepto de regalías…o sea nada.


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AUDITORIAS

No te va a gustar Auditorías realizadas en tres municipios del interior revelan problemas en el funcionamiento de la planta de trabajadores, así como serias irregularidades en los mecanismos que permiten ingresar al estado. Los informes definitivos fueron redactados en abril de este año e incluyeron a San Lorenzo, La Merced y Vaqueros cuyo común denominador fue el desorden y la falta de datos. Mientras tanto, Urtubey quiere profundizar un modelo que no existe. DANIEL MEDINA

Una auditoría es un arma de doble filo: puede comprometer a funcionarios ante la justicia; pero también sirve para brindar tranquilidad: es una forma de garantizar la impunidad, un modo de saber que nadie encontrará trapos sucios cuando el funcionario deje su cargo, porque la auditoría ya ha jurado que allí todo era color de rosa. Las auditorías que el gobierno provincial realizará en los 15 municipios que a fin de año cambiarán de jefe comunal tiene estas características: le asegura al que se va que el entrante no iniciará una persecución que pueda llevarlo tras las rejas y le promete al que asumirá que no encontrará las arcas totalmente saqueadas ni un rebaño completo de nuevos empleados públicos, nombrados de manera compulsiva sobre la hora por el saliente con el mero objetivo de joderle la vida al nuevo con un presupuesto en sueldos imposible de El 4 de abril, 6 días antes de los comicios, Federico Parra, entonces candidato a Intendente de San Lorenzo por el Partido Justicialista, denunció que el jefe comunal Fernando ‘Quila’ Gonza había recibido, durante sus dos gestiones, más de $40 millones para obras pero con esa plata no se construyó nada: ni viviendas, ni la red cloacal que tanto requiere la zona. «Nosotros nos vamos a encargar que el actual intendente rinda cuentas, es lo justo y lo que tiene que hacer», prometió Parra, exultante, cuando aún no sabía el destino que le esperaba. Desde que ganó, sin embargo, no se ha vuelto a escuchar declaraciones que prometan llevar a Quila Gonza tras las rejas. El último informe de la auditoría abarca la gestión de Gonza hasta abril de 2010 y no da cuenta de la dilapidación de 40 millones, entre otras cosas, porque a los auditores jamás se les ocurrió investigar el manejo de fondos. El objetivo de la auditoría era menos comprometedor: «Realizar un relevamiento de control interno relacionado a la Administración de Personal» (sic), en base a «la información suministrada por la Muni-

cubrir, lo que obligaría al recién llegado a iniciar despidos y a enfrentarse a la impopularidad y a las protestas. «Romero sigue pensando que los intendentes somos incapaces de administrar nuestros municipios», declaró, en Febrero de este año, en medio de la campaña electoral, Marcelo Lara Gros, intendente de Orán, reelecto en los comicios de Abril. Lara Gros aseguraba que había una dicotomía entre Romero y el actual gobernador: «junto al gobernador Urtubey, se llegó a una política de obras descentralizada y fortalecida en lo social, distinto a lo que pasaba en la gestión Romero… La diferencia entre los modelos está en la cantidad de obras, más todas aquellas que faltan. Eso es lo que la gente observa; que en ninguna época se hicieron tantas obras como con esta, la administración de Juan Manuel Urtubey… Romero sigue pensando que los intendentes somos incapaces de administrar

nuestras obras, nuestros municipios», dijo. Pero los resultados de las auditorías realizadas el año pasado a las gestiones de San Lorenzo, La Merced y Vaqueros no solo le dan la razón al ex gobernador, sino parecen vaticinar una característica con la que se encontrarán: el caos en los engranajes burocráticos, como consecuencia de la arbitrariedad en el nombramiento de nuevos empleados públicos, generalmente poco capacitados.

El Modelo Juan Manuel Urtubey habló, esta semana, de la profundización del modelo. Pero, ¿en qué consiste

el modelo urtubeycista? Son pocos los rasgos que lo diferencia de Juan Carlos Romero, hasta los funcionarios son casi los mismos, tan solo se puede marcar como distintivo de la gestión actual la medieval ingerencia en la educación pública, o las políticas de estado con el fin de resucitar a la vieja oligarquía salteña, o la insistencia de seguir reinventando ante el turista un salteñidad que nunca existió. Pero lo que Urtubey quiso decir con profundizar el modelo es realizar una supuesta descentralización, entregándole a los intendentes del interior dinero para que ellos decidan qué obras hacer. Para esto, pide eficiencia y la auditoría sale a hacer estudios que no hacen más

SAN LORENZO

Gonza bajo la Parra

Fernando "Quila" Gonza

cipalidad de San Lorenzo que prescribe la revisión selectiva de la misma» (sic). La información que le pidie-

ron a Gonza fue la nómina completa del Personal del Municipio consignando número de legajo, nombre y apellido del empleado y/o funcionario, CUIL, modalidad de contratación, formación académica/profesión, cargo/función ocupada en el Organismo y antigüedad bajo la modalidad de contratación consignada; y la Nómina de Personal que retiene cargo consignando apellido y nombre del funcionario, N° de Legajo, cargo originario, cargo actual y fecha de inicio de la retención. Otros documentos que pedía la Auditoría eran sobre el Presupuesto del Municipio discriminando porcentajes a personal de planta permanente, artículo 30, pasantes rentados, personal contratado y designaciones temporarias. La información dice que el municipio de San Lorenzo cuenta con 190 empleados públicos, de los cuales 70 (36.84%) son de planta permanente, 10 de planta Política

(5.26%) y 123 están contratados (64.73%). Estos datos, Gonza los da sin problemas; pero no los que concierne al grado de profesionalización de los trabajadores (no se brindaron datos del 86% del personal). De todos modos, por otros estudios, logran inferir que el grado de profesionalización del Municipio es bajo. «Contemplando que casi el 65% del personal es contratado, el grado de profesionalización del Municipio debería ser más alto, ya que el contratar personal (por locación de servicios o de obra), debería responder a una necesidad puntual del Ente de llevar adelante una determinada tarea con personal especializado, siendo para esto, la profesión de la persona, una condición importante a ser considerada al momento de la selección», dice el trabajo final de la Auditoría. El municipio no entregó datos suficientes para conocer la anti-


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que comprobar el caos. Lo interesante es que si se lee otra auditoría, elaborada por Daniel Nallar en 2009, se puede comprobar que los jefes comunales están siendo coherentes con esa enmarañada red burocrática, pues los ministerios provinciales son iguales o peores. En el informe de más de 30 páginas titulado «Gestión de recursos humanos en la administración pública salteña, que toma como base ministerios y algunos municipios, se detecta: «- Ausencia de planificación estratégica en materia de Gestión de Recursos Humanos en los Organismos Públicos, orientándose la gestión únicamente a la Administración de personal… Carencia de políticas de gestión de RRHH correctamente definidas y comunicadas, así como también ausencia de un Área o Responsable específicamente abocado a esta función… En relación a cada proceso en particular: en general, no es posible garantizar objetividad en los procesos de selección de personal, ya que la mayoría de los Organismos analizados no cuentan con procesos formalmente diseñados de selección de personal, que garanticen la evaluación objetiva de los candidatos y la incorporación del más idóneo a ocupar la posición… En general no existe planificación y definición de procesos de Inducción, tendientes a introducir al nuevo personal a la Organización, bregando de esta forma, por un mayor acercamiento entre las necesidades del Organismo y las expectativas del ingresante.» Las consecuencias saltan a la vista: un estado que genera una burocracia ineficiente, que se devora más del 45% del presupuesto provincial. güedad de los trabajadores y ni siquiera se dio la nómina del personal afectado a otro organismo. «En base a lo solicitado por esta Auditoria, el Municipio de referencia no presenta la información solicitada en este punto del requerimiento por lo que no es posible realizar el análisis correspondiente», indica el trabajo de la auditoría. Gonza tampoco entregó la nómina de personal que retiene cargo. Y aunque el intendente haya intentando jugar a las escondidas con los datos los auditores se las arreglan para sentenciar, en las conclusiones, que «no existe una planificación estratégica vinculada a la gestión de Recursos Humanos en el Municipio.» Las recomendaciones que dan los auditores son bastantes obvias, pero tienen su origen en que, justamente, esos detalles tan obvios no se cumplen: «Evitar sobredimensionamiento de la estructura, con los costos consecuentemente asociados», dice el trabajo. Le piden, asimismo, que al menos cuente con información fidedigna.

LA MERCED

20 años no es nada Es el quinto o el sexto mandato consecutivo de Juan Ángel Pérez en La Merced. El año pasado, un periodista le preguntó que obra consideraba prioritaria para La Merced y el hombre respondió: «Sin dudas que la red cloacal. Es inconcebible que una localidad que está a una veintena de kilómetros de la capital salteña, no cuente con este servicio. Voy a trabajar en ese sentido y a golpear las puertas que haya que golpear para que los mercedeños cuenten un día con esta obra que mejorará sustancialmente su calidad de vida. Las cloacas no sólo significan una comodidad para los vecinos, sino salud y progreso». Dos décadas en el poder es mucho. El análisis de la auditoría, sobre la organización de los trabajadores, puede ayudar a entender por qué hay tanta ineficacia en la gestión. A Pérez le pidieron los mismos datos que a Gonza; y Pérez no escondió en ningún momento la información, incluso entregó demasiados papeles que contenían información contradictoria: «Existen diferencias en la cantidad de personal informada en el Anexo 1 (165 personas), con la cantidad informada en el anexo 4 (173) y la señalada en el Anexo 7 (168 personas)», dice el informe. De todos modos, los audito-

res sostienen que el 61,35 del total (aunque vaya a saber qué total) es personal de planta permanente, y el 24,2%, de personal transitorio: 10,9% es el porcentaje de Agrupamiento político. Pérez sí imitó a Gonza a la hora de dar a conocer la cantidad de personal profesional: los datos que mandó fueron mínimos y erróneos, los que de todos modos permitieron inferir que el grado de profesionalización dista de lo ideal. Lo que llama poderosamente la atención a los Auditores del municipio de La Merced es que todos retienen cargo: «A diciembre de 2009, período de análisis de la información presentada, la antigüedad del personal que retiene cargo es considerablemente superior a la establecida por la Legislación vigente, para lo cual, debería existir una expresa autorización de la prórroga de esta condición, la cual no fue presentada por el Municipio de referencia. Ante esta situación, la persona afectada debería decidir retomar su cargo anterior o renunciar al mismo y seguir desempeñándose en el cargo actual, sin gozar del beneficio de la estabilidad que le genera su contratación anterior en calidad de planta permanente», dice la auditoría. La cuestión presupuestaria es un tema sensible para los

Juan Angel Pérez

intendentes: ninguno quiere relevar cuánto dinero manejan, y esto los obliga a ocultar la información o darla a medias: Pérez no manda la hoja con este dato y sobre el porcentaje de los sueldos se limita a mandar una hoja con porcentajes (dice que el 47% del presupuesto general es para pagar sueldos); pero sin el acompañamiento de los documentos que certifiquen esos números. Las conclusiones y recomendaciones son casi calcadas a las anteriores.

VAQUEROS

Alemán Angel del caos El olmedista Daniel Moreno asumirá en diciembre, tras un periodo dilatado del justicialista Miguel Ángel Aleman a cargo del municipio de Vaqueros. Pese a que se realizó con el mismo objetivo light, la auditoría arroja algunos datos sugestivos. Cuenta con 62 empleados, de los cuales 35 son de planta permanente, 6 de la política y 21 son registrados como personal contratado. Aquí lo interesante: Aleman jamás envía datos sobre el nivel de formación profesional de los trabajadores, ni siquiera se toma el trabajo de tergiversar los números; sino que decide enviar una nota en la que confiesa: «el Municipio no cuenta con personal profesional, en relación de dependencia. El personal municipal tanto de Planta Permanente como Contratado o Transitorio solo algunos tienen título secundario» (sic). Los auditores deciden no reparar en los problemas gramaticales de Aleman o de sus asesores, pero sí enfatiza que cuando el mu-

MIGUEL ANGEL ALEMAN

nicipio contrata personal para realizar una obra, deberían ser porque necesita un especialista en algo. Los datos sobre la antigüedad son escasos, ambiguos y sobre personal que retiene cargo, directamente no se informó nada. Las conclusiones sobre Vaqueros es predecible: el caos. «Es importante inducir al desarrollo de conductas laborales adecuadas a las prioridades organizativas y orientadas a la mejora de los servicios públicos. Para esto, se torna imprescindible un análisis de la estructura del personal, su composición, modalidad de contratación, distribución de funciones y calificación de los agentes, a fin de que esta información actualizada, posibilite la definición de la estructura necesaria y suficiente para brindar el servicio de manera eficiente y que los costos asociados, se vean fielmente reflejados en el Presupuesto destinado a cada Municipio en cada uno de los ejercicios», dice, entre sus conclusiones, el informe.


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ANTENAS TELEFÓNICAS

Gigantes tóxicos El próximo lunes, vecinos de diversas comunas que buscan librarse de las antenas de telefonía en zonas urbanas o esclarecer sus efectos en la salud, serán recibidos por la vicepresidenta de la Corte, Cristina Garros Martínez, para presentar su reclamo y aportar pruebas a una causa que hasta el momento pocos toman en serio. Las antenas pueden ser lesivas para quienes viven cerca de su espectro de radiación y, luego del informe de la Organización Mundial de la Salud ratificando que el uso habitual de teléfonos celulares favorecería la proliferación de diferentes tipos de cáncer, la preocupación de las personas que comparten la cuadra, el barrio o el techo de su edificio con este tipo de estructuras, comenzó a crecer a un ritmo lógico. M.D.

La información es confusa. Según la Comisión Nacional de Comunicaciones, en nuestra ciudad hay 313 antenas de telefonía móvil funcionando. Según Normando Zuñiga, sub director de Servicios Públicos a cargo de Medio Ambiente de la comuna (luego que Pablo Brandán fuera separado del cargo por admitir que en la ciudad hay “cientos de antenas sin estudios de impacto ambiental”) las antenas son 52 antenas y de ellas solo 16 tienen expedientes abiertos, mientras el Secretario de Planeamiento, Gabriel Chibán, afirma que son 52 los soportes o torres y solo 16 aprobados. Ninguno de los aludidos puede garantizar que las antenas sean inocuas y el descontrol reinante mete miedo. Aunque discursivamente pareciera que el Estado hace respetar las normas y que las acciones regulatorias se suceden por minutos; en el plano de lo real, la irregularidad es la norma y el poder de las empresas el límite. Para lavarse las manos, la grey política apela a la partición de competencias distritales y mira para otro lado depositando, cuando actúa, el peso de semejante cuestión en una justicia que se acostumbró a ese ritmo injusto que ostenta desde siempre. A saber: la CNC maneja el espacio radioeléctrico, las provincias deben regular el aspecto ambiental junto a los municipios, y estos últimos son los encargados de la ubicación y la habilitación de las estructuras que permiten la instalación de los aparatos radiantes. Esta combinación disfuncional de potestades hace que nada se cumpla y que todo parezca inevitable. La mismísima vicepresidenta de la Corte de Justicia, Cristina Garros Martínez, entiende que el gran poder del empresariado deja en inferioridad de condiciones a los ciudadanos frente a la posibilidad de reclamar por derechos contemplados en acuerdos de rango constitucional que parecen no valer nada.

Genealogía del caos La comenzó en General Güemes, cuando un grupo de vecinos trazó un mapa de la muerte en un triangulo rodeado de antenas de empresas de telefonía móvil. Uno de los terrenos señalados es de la familia del intendente Daniel Segura. En dicha comuna y en consonancia con el accionar del parlamento europeo, se aprobó y se promulgó una ordenanza que limita la instalación de antenas en un radio no menor a los 500 metros de cualquier centro urbano. Las empre-

sas que tendrían que haber mudado su infraestructura, recurrieron a la justicia y lograron la suspensión de esta norma dictada por los representantes populares que nacieron de la entrepierna de nuestro sistema democrático. Beatriz Palacios, una de las vecinas que colaboró en la confección del mapa, relató a Cuarto Poder que en el último mes fallecieron cuatro personas involucradas en el juicio que busca esclarecer el daño sanitario que causan las empresas de telefonía con su tecnología. Esta mujer que perdió un hijo, según ella por causas ligadas a una antena instalada al lado de su propiedad, aseguró que “el tema es muy doloroso, no se hace nada, es un negocio de tres o cuatro pícaros, porque las empresas multinacionales sí tienen para comprar terrenos pero se los alquilan a nuestros políticos”. “Esto sucede en varios lugares de la provincia: en Metán y en El Carril por ejemplo, también hay gente afectada”, aseveró Palacios y contó que en Güemes hicieron un relevamiento casa por casa con certificados médicos para confeccionar el mapa que tiempo atrás diera a conocer Cuarto Poder. La carpeta contiene más de 30 casos de enfermos que ellos ligan al funcionamiento de las antenas y casi una decena de personas falle-

cidas bajo la misma sospecha. “No hay derecho, las enfermedades no tienen el tiempo de la justicia y en Güemes nos están dejando morir, hay chicos de 3 años con cáncer y hay gente que se fue del municipio con la carga de su enfermedad”, contó Palacios y aseguró que los políticos son cómplices de las multinacionales. El otro punto fue Campo Quijano, una comuna que también discute en la justicia cómo proteger a sus vecinos a raíz de la preocupación de un juez de corte que vive a una cuadra de una antena clandestina. Hace muchos años, durante su intendencia, Carlos “Querubín” Sosa, el alcalde renovador, decidió habilitar la instalación de una antena de la firma AMX S.A (operadora de Claro) en un terreno de su propiedad por el que ni siquiera paga impuestos. El resultado fue un legado intenso que hoy tiene a toda una comuna intranquila y mirando atentamente el trabajo de la Procuración General de la Provincia. Este organismo, conducido por Pablo López Viñals, inició trámites judiciales para exigirle a la empresa que certifique que no causa daños en los habitantes del Portal de Los Andes y, con un descaro absoluto, desde setiembre del año pasado, la firma desobedece todas las órdenes que le imparte la justicia. Entre ellas, una multa de 32 mil pesos que hasta el momento no se pagó. Lo tragicómico es que esa multa tiene como objetivo costear un relevamiento socioambiental para determinar si nos están matando o somos paranoicos extremos en contra de un progreso que jamás consulta si nos gustan sus efectos. La procuración logró que la justicia incremente la multa de 500 pesos diarios a 3 mil. Si en diez días no cumplen con el mandato judicial de informar los efectos de su actividad en la comunidad, el monto diario de la multa se elevará a 4 mil pesos y a los diez días a 5 mil. El tema sería cobrarlas… El intendente actual, Manuel Cornejo, sostiene que esa antena es clandestina y asegura estar a la espera de las respuestas que protejan a sus votantes. El tiempo no para y se muestra cómplice de aquellos que, en nombre del poder, avanzan sobre nuestra salud sin reparar en el futuro.


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Efectos de las antenas en la salud Según diversas publicaciones científicas, por ejemplo “La Presse Médicale”, el «síndrome de microondas» o enfermedad de las radiofrecuencias fue descripto en los años 60. Esta patología está unida a la exposición crónica de híperfrecuencias pulsadas, parecidas a las generadas por la tecnología de la telefonía móvil celular. La patología se caracteriza por un síndrome asténico (fatiga, irritabilidad, nauseas, cefaleas, anorexia, depresión), un síndrome distónico cardiovascular (braquicardia, taquicardia, híper o hipotensión), un síndrome diencefálico (somnolencia, insomnio, dificultad de concentración). Igualmente se lo asocia al dermografismo (alergias cutáneas, eczema, soriasis), modificaciones de la fórmula sanguínea, perturbaciones del electroencefalograma y de la reproducción, daño en los órganos de los sentidos y tumores. Un estudio publicado en el 2001 por Roger Santini en una revista científica francesa sobre 530 vecinos de antenas, pone en evidencia lo que ocurre a diferentes distancias de las mismas. A los 100 metros aparecen efectos como la irritabilidad, la tendencia depresiva, la pérdida de memoria, las dificultades de concentración, los vértigos. A los 200mts. se registran dolores de cabeza, perturbaciones del sueño, sentimiento de incomodidad, problemas de piel. A los 300 mts. se detecta extrema fatiga. Los resultados obtenidos muestran también una mayor sensibilidad de las mujeres y de las personas mayores de 60 años.

¿Qué es el principio precautorio o de prevención? Está consagrada en el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente. Consiste en la obligación del Estado de aplicar ampliamente el enfoque de la precaución de acuerdo con sus capacidades. “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica plena no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas costo-efectivas para prevenir la degradación medioambiental”. El concepto se repite en el artículo 4 de la ley general del ambiente Nº 25.675 que dice: “La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental están sujetas a los siguientes principios (…) Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Informes que no lo son El avance del tratamiento periodístico respecto al drama de las antenas y sus efectos contaminantes, generó diversos pedidos de informes que hasta el momento no fueron respondidos. La municipalidad le debe, tanto al Concejo Deliberante (desde hace un mes), como a la Procuración General de la Provincia, un detalle de lo que ocurre con las antenas en nuestra capital. Se exigen respuestas por habilitaciones, clausuras y constancias de estudios de impacto ambiental que no existen; le piden a los funcionarios municipales que expliquen como comprobarán que las antenas no contaminan, cómo desarrollarán consultas públicas para saber qué piensa la ciudadanía y de qué manera remitirán esa información al Consejo Municipal de Medio Ambiente (organismo muerto si es que alguna vez se conformó). Por su parte, la legislatura aprobó un pedido de informe sobre las consecuencias que pueden generar las antenas de telefonía en los seres humanos. Hasta el momento, ni el Ministerio de Ambiente, ni el de Salud, contestaron la solicitud de los representantes. En consonancia con los dichos de la vicepresidenta de la Corte, la autora del proyecto, Virginia Dieguez, afirmó que “a los funcionarios les falta mayor fortaleza contra las empresas de telefonía” y dijo que “muchos hacen la más fácil que es mirar para otro lado”.

Única respuesta El único organismo que respondió los requerimientos informativos de la Procuración sobre las antenas fue la Comisión Nacional de Comunicaciones (C.N.C). Dice esta institución que hay 313 antenas de telefonía celular en la capital, 56 pertenecen a Movistar, 101 a Personal y 156 a Claro. En su informe, el ente nacional explica que los municipios tienen la facultad de determinar si una torre puede funcionar o no, y donde debe ser instalada. En suma, la CNC puede habilitar el uso del espacio radioeléctrico a mansalva, sin perjuicio de que el municipio decida en qué lugar conviene que funcione la estructura para no perjudicar a los vecinos; los intendentes no pueden culpar a nadie, deben actuar. A continuación detallamos la ubicación de cada una de las antenas que están funcionando en Salta.


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LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Sin avisos hot La presidente Cristina Fernández, prohibió por decreto la publicidad de avisos de comercio sexual, con el objeto de luchar contra la trata de personas para la explotación sexual de la mujer. Una mirada jurídica sobre una decisión que privará a periódicos nacionales y locales de seguir obteniendo jugosas ganancias sobre el que fuera uno de los rubros más rentables. ZAHIR

A través del decreto 936/2011, el gobierno nacional prohibió «la oferta sexual y la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio». La prohibición abarca al famoso rubro 59 de los diarios, la radio, TV e incluso internet. Además «quedan comprendidos en este régimen todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas». Sucede que muchas veces se enmascara el comercio sexual en avisos de servicios personales, de masajes, de acompañamiento o de solicitud de personal para trabajo doméstico, y la norma busca cubrir ese flanco. ¿A quién compete la carga de probar la finalidad real del aviso? Al Estado. Asimismo se creó, bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, como la Autoridad de Aplicación, que solo fiscalizará los medios gráficos, mientras que a los audiovisuales lo hará con

un contralor conjunto, por lo que las redes de prostitución seguirán su vida a través de medios alternativos, notoriamente la web, que queda fuera del monitoreo. El objeto de la medida es combatir la trata para explotación sexual y la discriminación de la mujer que produce ese tipo de clasificados, al denigrar la condición femenina y contribuir a que persista la idea de la mujer como un mero objeto de consumo sexual. La iniciativa afectará a numerosos diarios nacionales (entre ellos Clarín) y provinciales (como el Nuevodiario) cuyo rubro era el de los de mayor rentabilidad. Aspectos jurídicos El decreto generó algunas controversias respecto a su legalidad, ya que algunas voces se apresuraron a decir que era inconstitucional, toda vez que restringía la libertad de expresión, derecho que solo puede ser limitado por medio de una ley del Congreso. Sin embargo, debemos precisar que aquel alude a dos leyes y el problema queda salvado porque la norma raíz de

la restricción al derecho es efectivamente de origen legal. Es que el decreto reglamenta la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas que en su artículo 4º habla de que existe explotación «cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual», y la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, invocada para justificar su carácter de orden público y su aplicación en todo el territorio del país. La invocación es pertinente porque esta ley incluye la prostitución forzada como una forma específica de violencia contra la mujer (art. 5 inc. 3). En otra parte (art 6 f) se califica como «violencia mediática (…) aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier

medio masivos de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres». Basada en estas leyes, la lógica del decreto es especificar algo sobre una prohibición que ya venía (genéricamente) dada en estas normas y era preexistente. Esto es algo plausible si se piensa que los avisos de oferta sexual publicados en medios masivos constituyen un eslabón necesario en las cadenas de

EL CURIOSO CASO DE LA JUEZA RALLE

Esto no es joda El Subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, Ángel Sarmiento, hizo declaraciones a Cuarto Poder Salta, sobre lo que ocurrido el pasado 16 de junio cuando la Jueza de Menores, Silvia Bustos Rallé, ingresó al Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Nº1 y al grito de «Esto es una joda» suspendió la actividad que celebraba fiestas patrias.

Angel Sarmiento AYELÉN MEDINA

El Subsecretario se acomoda en la silla, y aunque aclara que no estuvo presente el día del exabrupto de la jueza, sabe de lo que va a hablar. Con tranquilidad comienza el relato; «nosotros habíamos realizado una actividad recreativa, cultural y educativa el día 16 de junio, para celebrar las fechas patrias principalmente la del 20». Hace una pausa y explica que «se planificó que las actividades culturales y recreativas sean a la mañana y parte de la tarde, la escuela funciona por la tarde de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación». Refiere incluso que ellos pidieron que «participe el Hogar Michel Torino, ya que el abanderado de la escuela de Cerrillos es un chico que está alojado allí», (Hogar que alberga a adolescentes varones en conflicto con la Ley Penal), pero su cara de decepción se hace presente diciendo;

«los jueces niegan esta autorización y nosotros obvio que obedecemos la orden». Las actividades se llevaban a cabo como estaban programadas y con la presencia de padres, talleristas y maestros. Fue durante su desarrollo cuando, repentinamente, la Jueza Bustos con un paso imponente y prepotente ingresó al patio donde aquellos jóvenes (que por lo ‘visto’ para ella no son más que criaturas descartables) celebraban las fiestas patrias como todos los niños y adolescentes que no se encuentran privados de la libertad. La jueza con la mirada firme y a viva voz, relata Sarmiento, «increpa al personal que se encontraba allí diciendo que había desacato de una orden judicial, y hace alusión a las actividades con un término que nosotros entendemos como despectivo, ‘joda’». La Jueza al referirse a los chicos «habría dicho que culpa de estas actividades ellos nunca más saldrían de allí», afirma Sarmiento. El Subsecretario expresa que su versión de los hechos proviene de un informe redactado la semana siguiente a los sucesos, «firmado por una parte de las personas que

estaban allí presentes, entre las cuales se encuentra el capellán y el pastor de una iglesia evangélica. Yo no me animo a decir que el sacerdote está mintiendo» afirma. Aclara entonces que luego «empezamos a trabajar en un informe para mandar a la corte y el día lunes se hace pública la carta abierta firmada por organizaciones que se dedican a la cultura». El funcionario cuenta que todo esto no deja de sorprenderlos ya que a la Jueza, aquel día, se le explicó que los pedidos de autorización habían sido enviados a los juzgados y a la corte explicando cuales serian las actividades que realizarían los chicos y los horarios de la escuela, «pero ella estaba muy molesta y como llego se fue». Por otro lado, Sarmiento manifiesta que la denuncia que se le hizo a la jueza en el INADI fue realizada «aparentemente por alguna organización, debido a las negativas de que los chicos del Centro Michel Torino acudan a las actividades recreativas». También advierte que «la Subsecretaria no hizo ninguna denuncia y tampoco lo vamos hacer» El Subsecretario de Políticas

Criminales y Asuntos Penitenciarios se muestra dispuesto a reconocer que aún queda mucho por hacer, corregir y descubrir en la materia que le compete, pero no duda en afirmar que es imposible «Obviar que el sistema anterior nos ha costado vidas de jóvenes. No creemos que haya que volver para atrás». Con respecto a la Jueza Bustos, no oculta su desconcierto. «Es la primera vez que sucede esto. Sí podemos disentir pero siempre con respeto, con lo que respecta a las modalidades para trabajar en el abordaje de los jóvenes». Cuando vamos más a fondo e indagamos sobre la forma de pensar y actuar de la Jueza, Sarmiento evita las afirmaciones tajantes con un «yo no voy opinar sobre la forma de pensar de una jueza del poder Judicial de nuestra provincia y que tiene en sus manos la justicia de menores. Yo no sé que puede opinar. Podemos sí disentir en si es útil o no la cultura para los chicos, o que es lo que entiende cada uno por cultura. Pero cultura no es solo la música clásica y el ballet, cultura es todo aquello donde nosotros nos desenvolvemos y llevamos adelante una vida. Yo creo que


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prostitución organizadas que promueven la explotación de mujeres al ser el modo de oferta más conspicuo del sistema. Las sanciones En caso de incumplimiento el decreto prevé la posibilidad de intimar al «medio gráfico» a que cesare con la práctica incursa en infracción. Nada dice de las sanciones en sí. Entre sus competencias la creada OMPAOCS podría «Imponer o requerir las sanciones por incumplimientos a lo establecido en esta medida». Las mismas (parece) que podrían establecerse por Resolución del Ministerio de Justicia, al que el decreto habilita a «dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación del régimen establecido por este acto». Pero la verdad es que (a diferencia de lo que ocurre con la prohibición) no hay una norma legal que establezca un marco sancionatorio y el principio de reserva legal hace inviable un régimen de penas no previsto por el Congreso. Una medida política Una vez más, la administración Kirchner hizo gala de su habilidad para apropiarse de una iniciativa que bien podría haberse resuelto mediante una ley del Congreso y personalizó en beneficio político una medida que se reputa positiva. El inconveniente es que un decreto es más débil que una ley, y una futura Administración podría modificarlo con otro decreto. De todas formas nada le impide al Congreso retomar el asunto y dar su propia regulación -mejor y prevalente- sobre el tema.

Silvia Busto Rallé

ella está convencida de las bondades del viejo modelo y nosotros no». En relación a los dichos de la jueza que dijo no conocer ninguna de las personas que firmaron la carta abierta, Sarmiento se limitó a decir que todo aquel que conoce el ambiente cultural conoce a muchos de los que han firmado la cara. Para decepción de muchos, sin embargo, el funcionario aclaró que «no vamos a tomar ninguna acción legal contra la jueza. Nosotros no vamos a pelearnos ni confrontar con el poder judicial, somos respetuosos de la independencia de poderes. Lo que pretendemos es que al poder ejecutivo se lo deje trabajar en el ámbito del poder ejecutivo, las acciones que se desarrollan en aras de generar políticas de inclusión para los chicos dentro del centro, es facultad del poder ejecutivo no del poder judicial». Una lástima…sobre todo para los chicos.

AUDITORIA AL MINISTERIO PÚBLICO

Hay de todo en la "Viñals" del Señor Un Informe de Auditoría elevado al Presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público de la Provincia de Salta, Dr. Pablo López Viñals, señala irregularidades en el ámbito del Ministerio Público: alto número de empleados, sobredimensionamiento de la estructura con costos asociados como la escasez de recursos y estructura en función a las necesidades reales del Organismo, y falta de información fidedigna. RL

La Auditoria General de la Provincia de Salta (AGPS) procedió a efectuar un relevamiento de control interno relacionado a la Administración de Personal en el ámbito del Ministerio Público. El relevamiento realizado en el Ministerio Público finalizó el día 18 de Agosto de 2010, y el informe definitivo está firmado por el Auditor General: Dr. Daniel Nallar y la Auditora Lic. María Soledad Perevicins. El objetivo fue relevar y analizar la gestión de Recursos Humanos en el Organismo, considerando la incidencia presupuestaria del gasto en Recursos Humanos y la composición, modalidad de contratación, distribución de funciones y calificación de los agentes. El Período examinado – hasta Octubre de 2009- arrojó a la luz números preocupantes.

Empleados de más Según la Auditoría y con respecto al personal, el Ministerio Público, por ser un Organismo Autónomo e Independiente, no cuenta con la estructura escalafonaria diseñada por el Decreto 660/08 para los Organismos Públicos. De acuerdo a lo informado, en el Ministerio Público existen 4 escalafones generales que agrupan al personal: Cantidad de Personal (a Octubre de 2009): 911 personas. El Escalafón Porcentaje sobre el total Cantidad de Posiciones informa que existen: «Magistrados 12.81% 88 posiciones, Funcionarios 14.99% 103 posiciones, Profesionales y Técnicos 6.99% 48 posiciones». En el Personal Ubicación Escalafonaria: «Administrativos y Servicios Generales: 65.21% 448 posiciones». La irregularidad detectada en el informe –brindada en las observacioneses el alto número de empleados y que el personal actual del Organismo es mayor a la establecida por Ley Nº 7550, que en su Art. 13 establece para el Ministerio Público, un total de 682 posiciones de planta permanentes y 10 cargos transitorios. Ante la observación efectuada, el Organismo auditado aclaró que: «La Planta de Personal del Ministerio Público a la fecha de la solicitud de la información, estaba fijada en 702 cargos: compuesto por los cargos autorizados por la Ley de Presupuesto (682 posiciones de planta permanente y 10 cargos transitorios) y una ampliación de 10 cargos dispuesta por el poder Ejecutivo Provincial a través de Decreto 611/09, para la puesta en funcionamiento de la Fiscalía y Defensoría de Cámara de Tartagal. Al ser este un Organismo en constante crecimiento, además de la planta autorizada, la propia ley de presupuesto contempla un artículo especial (Art. 47 Ley 7550/08) en el marco del cual, el Poder Ejecutivo puede ampliar el número de cargos y partida

Pablo Lopez Viñals

presupuestaria, en relación a los gastos que se produzcan en el ámbito del Ministerio Público como consecuencia de las necesidades de funcionamiento y la creación de nuevas asesorías, defensorías o fiscalías. Por otro lado, la cantidad de personal actual del Organismo, no tiene necesariamente que coincidir con los cargos autorizados por ley de Presupuesto porque las distintas modalidades de contratación, se imputan a partidas presupuestarias diferentes y poseen distinto tratamiento contable, presupuestario y legal.» Ante esta aclaración, desde el Área de Control se consideró que independientemente a la partida presupuestaria que correspondan, la cantidad de personal al período analizado, considerando la aclaración efectuada, es mayor a la establecida. Al momento de análisis de la información, el 60% del personal cuenta con una antigüedad menor a los 4 años en el Organismo. El mismo ratifica la observación anterior, mencionando que: «Efectivamente la antigüedad del personal de planta en el Organismo, puede resultar inferior a 4 (cuatro) años. Esta conclusión se condice con el crecimiento de la planta en los últimos cuatro años. Al finalizar el año 2004, la planta del personal del organismo, ascendía a 387 cargos. Al mes de octubre de 2009 (fecha de relevamiento), la planta de personal autorizada ascendía a 702 cargos. Esto significa que en un lapso de 4 años la planta del personal del Ministerio Público, tuvo un incremento del 81% (ochenta y uno por ciento). Este crecimiento es inédito en relación al resto de los Organismos de los Poderes del estado Provincial, y se condice con la creación de nuevas funciones y de nuevas dependencias».

Observaciones En base a las observaciones efectuadas y considerando las aclaraciones efectuadas por el Organis-

mo a tales observaciones, es que desde la Auditoría se esbozaron una serie de recomendaciones. Con el objetivo de preservar la vigencia y legalidad de la normativa vinculada a la gestión del Personal en la Administración Pública de la Provincia de Salta, la Auditoria recomienda se proponga ante quien corresponda, la actualización del Decreto que aprueba la estructura de cargos, en base a la realidad organizacional actual y a las funciones que cada Organismo debe desempeñar, a fin de evitar una dispersión de normas que impliquen excepciones, modificaciones, suspensiones o agregados, para, mediante el rediseño normativo, lograr uniformidad jurídica en torno a la materia. Y es que la Auditoría detecta sobredimensionamiento de la estructura, con los costos consecuentemente asociados como la escasez de recursos y estructura en función a las necesidades reales del Organismo. También aconseja brindar un marco de información fidedigna con el objetivo de actualizar la normativa vigente en esta materia y en base a esto, rediseñar un sistema de jerarquización del personal basado no solo en la antigüedad sino también en el desempeño y mérito de los agentes que traiga aparejado un ascenso real en la estructura acompañado de mayores responsabilidades y funciones. Finalmente la auditoría concluye que, a la actualidad, existe una importante heterogeneidad normativa vinculada a la gestión de personal, que impide el desarrollo de una estrategia de gestión de Recursos Humanos definida en base a la estrategia general de la Organización. Es importante inducir al desarrollo de conductas laborales adecuadas a las prioridades organizativas y orientadas a la mejora de los servicios públicos. Para esto, se torna imprescindible un análisis de la estructura del personal, su composición, modalidad de contratación, distribución de funciones y calificación de los agentes.


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FESTIVAL DEL TAMAL

El alma de los paisanos encenderá el canto Otro año más en el cual se celebrará la gran fiesta popular DEL TAMAL, cumpliéndose 28 años que el departamento de Chicoana, muestra al país y al mundo su cultura, raíces, tradiciones, su esencia. Una celebración que históricamente tiene como fin el encuentro de guitarreros, cantores, bailarines y la infaltable doma. Los días 1 y 2 de julio se llevará a cabo el Pre-Tamal, y el 22, 23 y 24 el gran evento. AYELEN MEDINA

Chicoana tiene historia, resaltan los organizadores. Y por ello enumeran algunos hechos que caracterizan al pasado del pueblo: «Aquí se rezó la primera Misa en suelo nacional dentro de una expedición terrestre en 1536». Resaltan también que su fundación es anterior al de la ciudad de Salta y que llevó por nombre San Clemente de la Nueva Sevilla, en lo que actualmente es Peñaflor, por Don Gonzalo de Abreu. Por último resaltan que allí se llevó a cabo la Batalla de Chicoana (1827) entre unitarios y federales, época de sublevación de los caudillos. Con respecto a la historia de la agrupación tradicionalista, los organizadores relatan que en el año 1955, el Jefe de irrigación de Chicoana, Antenor Sánchez, reunido con un grupo de gauchos de la zona decidieron organizar a la familia gauchesca, para participar en los festivales del 1º de agosto, en honor a San Isidro Labrador. Momento a partir del cual quedo formada la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes de Chicoana. Para luego adquirir el nombre de Escuadrón Gaucho Coronel Luis Burela, en homenaje al héroe chicoanense que colaboró en la gesta gaucha con el Gral. Güemes.

Historia del Festival En Julio de 1983, el Escuadrón Gaucho Cnel. Luis Burela, realizó el primer Festival Provincial del Tamal, siendo un encuentro de guitarreros, cantores y bailarines que alegraban a un excelente grupo de espectadores, mientras se deleitaban con los sabrosos tamales. Con el paso de los años, como todo aquello que es construido con buenos cimientos, ha ido creciendo en popularidad hasta que en el año 1987 incorporaron otro elemento: la doma. Así fue que el 17 de Julio de 1987, gauchos cordobeses, chaqueños, misioneros, mendocinos, jujeños, tucumanos, santafecinos, catamarqueños y por supuesto salteños hasta de los lugares más alejados, inauguraron el 1° Encuentro Nacional de Doma y 5° Festival Provincial del Tamal, quienes con sus cantos, bailes y su coraje en el lomo de un brioso animal, han dado el brillo de esta fiesta inolvidable.

28° Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal Dicho festival tiene como objetivo; valorizar la cultura y la sana costumbre del gaucho, fomentando las prácticas de destrezas criollas, y la jineteada; Lograr un evento de

interés turístico, que sirva de apoyo al desarrollo de nuestra provincia como centro turístico internacional, permitiendo degustar y saborear las comidas típicas de la región; beneficiar al sector educativo brindando la posibilidad de instalar locales de venta de comidas regionales y artesanías dentro del predio donde se realiza el festival. Los recursos para poder llevar adelante la fiesta popular provienen del apoyo de la comunidad, y el aporte de empresas e instituciones que adhieren a los objetivos que alientan a este encuentro. Como todos los años se contará con la realización del Pre-Tamal, cuyo fin es seleccionar a los nuevos valores, para que puedan desplegar sus virtudes en el escenario mayor del Festival. También se llevará a cabo la elección de la Paisana departamental entre las donosas de todo Chicoana. Los días 22, 23 y 24 se presentarán importantes artistas del Folclores Argentino, ganadores del Pre-Tamal y célebres intérpretes locales. Durante los tres días se podrá disfrutar de 60 montas en tres categorías (crín limpia, grupa sureña y bastos con encimera lisa), los días viernes y sábado se realizará un espectáculo nocturno, siendo este el más importante en el NOA y el día domingo se desarrollarán las finales del Campeonato en cada

categoría. Del 28° Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal, participarán representantes de Agrupaciones Tradicionalistas de las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Juan, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, La Pampa, entre otras, concretando un número de 700 personas, y junto a folcloristas y a la cocina tradicional salteña, darán rienda suelta al fervor popular argentino. Siguiendo la costumbre que cada año deslumbra al público, cada agrupación presentará una moza para la elección de la Paisana Nacional. La elección estará a cargo de un jurado elegido por los organizadores, quienes evaluarán principalmente los aspectos relativos a la tradición y la cultura nacional.


Los proctólogos POR DANIEL AVALOS

Urtubey recibió, el domingo pasado, a los miembros selectos del poder territorial salteño: los intendentes. Del encuentro participaron Kosiner y Villariño, y por ello, algunos interpretaron que el encuentro fue un acto de campaña que busca comprometer a los intendentes con los candidatos. Tiene sentido: todos sabemos que el proselitismo actual ya no apela a los actos públicos y sí a un proselitismo subterráneo que busca seducir a ciertos “barones territoriales”, cuyo valor para el “proyecto” se mide por el número de votos alambrados con el que cuentan en sus respectivas jurisdicciones. Por ello mismo, el particular acto de campaña no pudo prescindir del ritual obvio: el Jefe hizo uso de la palabra. Y esas palabras son el objeto de estas líneas porque el Jefe, según la crónica periodística, desarrollando una serie de argumentos que buscaban persuadir a la asamblea de notables sobre la conveniencia de adoptar rumbos definidos, evidenció algunas concepciones desconcertantes. Advirtió el Gobernador a los presentes, por ejemplo, que se vienen grandes cambios, instándolos a estar a la altura de las circunstancias. Si algunos de los presentes pensaron que la firme convicción del Gobernador podría representar una empresa riesgosa con futuro incierto, Urtubey se encargó de tranquilizarlos al informarles que la firme decisión poseía un piso poderoso: la “transición” política había, ya, concluido. Esa idea tranquilizadora explicaba así el anunció mayor, que terminó por ser el titular de la nota periodística: “Para Urtubey ahora comienza la profundización del modelo” (Nuevo Diario de Salta, lunes 3 de julio). Parece un chiste, pero como todos los buenos chistes, estos suelen expresar siempre una precisa situación política y social. El menemismo, por ejemplo, generó muchos de estos buenos chistes. Uno de ellos lo registró José Pablo Feinmann en su libro Escritos Imprudentes, en un artículo titulado “El país de los boludos”. Un personaje le pregunta al otro si sabía cómo le decían a Menem; el otro responde que no y pregunta cómo, a lo que el primero le responde: “El Rey de los boludos”. El segundo hace lo que todos hacemos cuando queremos saber el final de un chiste y repregunta por qué, a lo que el primero responde: “Porque él es el rey y nosotros los boludos”. Un excelente y cruel chiste. Primero, parece atribuirle el término despectivo al “rey”, quien sería el mayor de todos los boludos, pero luego nos sorprende implacablemente, porque resultó que el apelativo estaba destinado a los súbditos, es decir a nosotros. El discurso de Urtubey ante los intendentes sugiere justamente eso, que nosotros, los salteños, somos blancos fáciles del engaño pergeñado por los poderosos. Que el pueblo es desmedidamente estúpido, porque es capaz de creer cualquier enunciado que no se adecua a la realidad de la cosa sobre la que se está hablando. Cómo explicar, si no, el primer enunciado de Urtubey: “la transición ha concluido”. Evitemos analizar aquí la prudente durabilidad de los periodos transicionales para concentrarnos, sólo, en identificar si esa transi-

ción efectivamente existió. Adoptemos para el análisis las observaciones que todos los analistas políticos asumen cuando hablan de transiciones políticas: toda nueva gestión tiene siempre necesidad de nuevos tipos de funcionarios, aun cuando no pueden prescindir, al menos por un tiempo, de los funcionarios, intereses y tradiciones constituidas por una gestión anterior. La observación es pertinente porque nos indica que las transiciones, efectivamente, precisan de un tiempo que, sin embargo, en Salta no podemos evaluar porque el aparato burocrático formado por el romerismo se ha convertido, casi sin fisuras, en el aparato burocrático urtubeicista. De allí que no haya otro modelo. De allí que la ingeniería jurídica romerista sigue intacta, que los funcionarios encargados de aplicarla también y que las justificaciones ideológicas sigan siendo las mismas: el agente generador de riquezas es el actor privado, que debe ser resguardado de las interferencias artificiales y no deseadas del Estado. Ello explica que las tradiciones, los intereses y hasta los funcionarios que caracterizaron a la anterior gestión gocen de una excelente salud en la actual. Los rasgos de continuidad, entonces, son infinitamente mayores en relación a aquellos que diferencian a esta de la anterior gestión. El único rasgo distintivo es el tipo de relación establecida entre el ejecutivo y los intendentes. Y si la profundización del modelo está reducida a consolidar ese tipo de relación, el anuncio no abre nuevos horizontes históricos provinciales, sino que consolida viejas modalidades de dominación. He allí el sentido del almuerzo del domingo y del anuncio realizado. Fue el momento práctico de la política, en donde el jefe y los barones del poder territorial refrendaron un acuerdo. Un almuerzo que fue el lugar adecuado en donde se pactó profundizar un renovado método que garantiza un viejo objetivo: impulsar el poder territorial de los intendentes a cambio de que estos utilicen tal poder para consolidar, garantizando votos, la figura de un hombre que pretende ser un carismático. No se trata de algo menor en las lógicas de una clase política que ha privatizado lo público. Y es que en ese tipo de política, como en los negocios, siempre hay que preguntarse cuáles son las fuerzas con la que se cuenta para empezar, mantener o ampliar una determinada empresa. Si alguien le preguntara a Urtubey con qué cuenta para sus aspiraciones políticas futuras, él podría responder que con casi 59 intendentes. Insistamos… no es poca cosa. Por ello mismo, cuando en el momento iniciático de este acuerdo los intendentes le preguntaron al Gobernador con qué contaba para lograr el apoyo de los intendentes a su persona, Urtubey les respondió que con varios cientos de millones. Es posible, incluso, hacer una genealogía de ese acuerdo. El ejercicio nos remontaría a principios del año 2009. La presidencia de la nación determinaba que los fondos que se giraba a las provincias por derechos de exportación de soja debían destinarse en un 30% a los municipios. Urtubey decidió transferir un 50%, lo cual, en el año 2009,

suponía $119.500.000. Una cifra bien impresionante, que representaba casi un 35% de lo que la provincia coparticipaba por impuestos a esos mismos municipios según el presupuesto 2010. Un año después, en febrero del 2010, la provincia descentralizó la ayuda social y giró a los intendentes otros $109.000.000 para asistir socialmente a los sectores de menos recursos que habitan los municipios. Esos porcentajes, al año 2011, representan más de $300.000.000. El enunciado legitimador de tales medidas ha sido el “federalismo provincial”, la firme decisión de privilegiar al interior postergado, interpelando para ello al salteño capitalino sobre la necesidad de prescindir de la arrogancia centralista semejante a la que practican los porteños con el resto del país. Un argumento eficaz, porque trauma al federalista sincero que, así, siente que la conmovedora interpelación lo atraviesa como una daga ardiente que desnuda su salteñocentrismo. Admitámoslo: la operación ha sido exitosa. Los resultados electorales de junio y septiembre del 2009, y los de abril del 2011, lo confirman: el interior ha sido un baluarte electoral del urtubeicismo. Ese mismo dato, sin embargo, nos obliga a admitir la posibilidad de que tal modelo pueda ser hijo de otras motivaciones para cuyo análisis conviene hacer poco caso a la retórica gobernante, las promesas de campaña o los mismos gestos. Conviene aquí ponderar otras cosas como, por ejemplo, la importancia que tiene, en términos electorales, el poder territorial de los intendentes quienes, con más recursos, están en mejores condiciones para llegar más lejos territorialmente y más abajo socialmente. Los resultados electorales de abril vuelven a confirmarlo: la enorme mayoría de los intendentes retuvieron sus cargos. Seamos justos: el urtubeicismo no inventó esas lógicas, sólo las ha perfeccionado reforzando la mecánica neoliberal, que busca controlar y dominar a una población empobrecida por medio de políticas sociales compensatorias. Gana el intendente que se eterniza en el poder jurisdiccional porque el hombre fuerte lo pertrecha de recursos, y gana el Jefe porque así se garantiza el favor de sus interesados adherentes. El que nunca gana es quien, en su carrera por sobrevivir, debe optar por atarse a los designios políticos de un barón territorial que ha degenerado el derecho a la asistencia social convirtiéndola en clientelismo político. Si el modelo ha de profundizarse en esta clave, conviene ir tomando recaudos. Los miembros selectos del poder territorial y político salteño suelen tener una incorregible inclinación a la proctología política que, a diferencia de la necesaria práctica médica, suele abusarse de la confianza ciudadana para, tomándolos desprevenidos, ultrajar implacablemente los rectos de la ciudadanía. Puede entonces que convenga acatar las sabias sugerencias de las hinchadas de fútbol que, al ver entrar a un timador profesional a las tribunas, nos sugieren a todos con sus cánticos poner los culos contra la pared para evitar la vejación, aun cuando, sabemos, la instintiva reacción termine inmovilizándonos por un tiempo.


Semanario Cuarto Poder