Issuu on Google+

Judicial Crecieron las causas resueltas a través de la mediación en la ciudad

BAE Negocios www.baenegocios.com Martes 31 de diciembre de 2013

Lo que dejó el 2013 y lo que se espera para el año que comienza

ELENA HIGHTON DE NOLASCO

Balance: se manifestó a favor de ampliar la oralidad a los distintos fueros, se refirió a la reforma penal y del Código Procesal Penal y destacó la importancia de los jurados populares

“El juicio por jurados mostrará la complejidad de decidir sobre la absolución o condena de los imputados” Reforma Procesal Penal Sabrina Santopinto ssantopinto@diariobae.com

L

a ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantuvo una extensa entrevista con BAE Judicial en la que aportó su visión sobre las reformas necesarias al sistema. En este plano la jueza del tribunal supremo destacó la importancia de que se implemente la relegada figura del juicio por jurados, dado que “la participación directa de los particulares en los juicios importa una acercamiento de la comunidad al Poder Judicial, que permite a la ciudadanía una toma de conciencia acerca de la complejidad que entraña el juzgamiento de los conflictos”.

alejar la posibilidad de que, eventual–¿Qué puntos debería tocar? mente, pudiera incurrirse en decisiones –Como medidas de mayor trascen- arbitrarias. dencia, debería incorporarse la oralidad –¿Qué otros mecanismos se podrían en la etapa instructora de las causas pe- contemplar? nales respecto de aquellos actos de los –También debería contemplar la exisque se derive de manera inmediata un tencia de soluciones alternativas tales fallo judicial, tales como la resolución de como la mediación penal o programas nulidades, de excepciones víctima-victimario. Asi“Debería incorporarse mismo, con relación al procesales, el auto de procesamiento, la prisión prela oralidad en la etapa instituto de la suspensión ventiva, excarcelaciones. del juicio a prueba preinstructora de las Así se aseguraría la publivisto en el artículo 76 bis cidad del proceso que tendel Código Penal, deberícausas penales” dría como efecto la inmean ampliarse las posibilidiación permanente de las partes ante dades de admisibilidad. Son mecanisel juez, frente a quien durante la au- mos que posibilitan la participación de diencia realizarían el planteo, todo lo la víctima, pues el Estado renuncia a la cual se presenta como una garantía para investigación en aplicación del princi-

pio de oportunidad, suspendiéndose el ejercicio de la acción penal, dando lugar así a la instauración de una Justicia restitutiva como alternativa genuina, tomando como eje una idea reconciliatoria desde la perspectiva de otorgar similar trascendencia a los intereses y necesidades de las víctimas, de los victimarios y de la comunidad, con el fin de reafirmar y reconstruir las relaciones.

Juicio por jurados –¿Opina que de la mano de una reforma procesal penal sería necesario incluir este instituto? –Soy partidaria del juicio por jurados en la materia penal, ya que considero que la participación directa de los particulares en los juicios importa una acer-


Negocios 2 | Judicial | BAE Martes 31 de diciembre de 2013

www.baenegocios.com

camiento de la comunidad al Poder Judicial que permite a la ciudadanía una toma de conciencia acerca de la complejidad que entraña el juzgamiento de los conflictos y de la responsabilidad que entraña decidir la absolución o condena de los imputados, por las consecuencias que de tal decisión se derivan. Si bien en el artículo 24 de la Constitución Nacional existe una manda expresa en ese sentido al Poder Legislativo, lo cierto es que la implementación requiere de una infraestructura con la que no se cuenta por el momento.

–¿Qué sería necesario modificar puntualmente? –En la época de sanción de dicho cuerpo legal la inclusión de la norma se fundó en otorgar prevalencia a la preservación del núcleo familiar por sobre el interés público por el castigo penal. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y muchos han sido los cambios producidos en casi todos los ámbitos. En efecto, no existía en esa época el divorcio, y además por motivos que escapan a este espacio, las familias perduraban mucho más en el tiempo. Ya en nuestros días, la realidad es muy distinta. Resulta obvio decir que la separación personal y el inicio del juicio de divorcio muestran una voluntad inequívoca de que ya no existe una comunidad afectiva entre los cónyuges, de modo que el concepto de “familia” en ese caso se enrola en la monoparentalidad. Se observa a diario en tribunales que en los juicios de divorcio las partes se enfrentan por cuestiones económicas. –¿En este escenario la mujer queda en desventaja? –Pese a tantos avances sociales respecto del rol de la mujer, es muy habitual que sea el marido quien maneje el dinero familiar. En más de una ocasión éste acude al sistema de sociedades offshore o de testaferros, tal vez originariamente para evadir impuestos; pero luego, cuando las cosas empiezan a ir mal en el matrimonio, ello le permite disponer del dinero a su antojo, sin rendir cuentas a su cónyuge. Derivado de ello, en los hechos la mujer se ve frustrada

Oralidad –¿Es necesario ampliar a otros fueros los procesos orales? –Entiendo que sería apropiado trasladar la oralidad a las cuestiones de carácter civil, ya que permite una relación directa del juzgador con las partes y los medios de prueba, en que se fundará la decisión que va a plasmarse en una sentencia. Con la inmediación, los testigos declaran frente al magistrado, quien de este modo va a oírlos y verlos de manera directa, para formar así una convicción derivada de esos testimonios, sin posibilidad de alteración alguna, tal como podría ocurrir en los casos en que media delegación por tratarse de audiencias escritas. Ello no obsta a que además exista una fase escrita, como por ejemplo aquella relativa a los recursos. –Existe de hecho en el fuero civil una prueba piloto. –Así es. Desde el 2007 se viene reali-

“Soy partidaria del juicio por jurados en la materia penal” zando una experiencia piloto, de conformidad a la cual se llevan a cabo dos audiencias: una preparatoria y una de vista de causa. Como se trata de una experiencia piloto, el juez elige los expedientes y solicita la conformidad de las partes. En el decurso de la audiencia se graban las declaraciones testimoniales y también aquellas en las cuales los peritos brindan las explicaciones requeridas por las partes sobre la tarea técnica desarrollada. Finalmente, se producen los alegatos, que pueden ser orales o bien por escrito, y ya queda la causa en condiciones de recibir fallo. –¿Cómo se maneja el tema de la oralidad en el ámbito de la Corte? –En el ámbito de la Corte, el tribunal ha diseñado en los últimos tiempos una instancia novedosa de participación ciudadana y difusión pública. En este ámbito tenemos tres tipos de audiencias:

“Sería apropiado trasladar la oralidad a las cuestiones de carácter civil” las informativas, las conciliatorias y las ordenatorias, las cuales son abiertas a todo público. Incluso, como normalmente se excede la capacidad de la sala de audiencias, se habilitan monitores en el Patio de Honor para que todo aquel que lo desea pueda asistir a su desarrollo. Además de las partes, pueden participar en las audiencias los “Amigos del Tribunal”, cuyo reconocimiento y actuación ha sido reglamentado a través de una acordada.

Modificaciones en materia penal –A su juicio, ¿existe alguna cuestión del derecho sustantivo, en materia penal, que debería modificarse? –El artículo 185 del Código Penal establece una excusa absolutoria respecto de los cónyuges y con relación a los delitos de hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren. En

la práctica, dichos hechos resultan impunes, sin perjuicio de las acciones civiles derivadas de los daños causados. En el caso particular de las defraudaciones, que habitualmente se materializan a través de un fraude a la sociedad conyugal, normalmente para cuando la mujer se halla habilitada para realizar la denuncia (los jueces penales consideran que hasta tanto se inscriba legalmente el divorcio opera la “excusa absolutoria”), los hechos normalmente han sido alcanzados por la prescripción de la acción penal, se ha vaciado el acervo de la sociedad conyugal, y el autor, que conscientemente ha cometido una defraudación, queda impune al amparo de una previsión legal. La redacción de la norma responde al Proyecto de Código Penal elaborado en 1906; así fue recogida en el Código plasmado en 1921 y continúa hasta nuestros días.

Se atendieron unos 42.000 casos de violencia doméstica  –¿Cómo se encuentran en la actualidad los índices de violencia doméstica? –Desde la apertura de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a mediados de septiembre de 2008 y hasta el 31 de octubre de este año, se atendieron 42.000 casos. El 84% de afectados es de sexo femenino: 67% corresponde a mujeres y 17% a niñas; el 9% se trata de casos en los que los afectados son niños, y sólo en el restante 7% se trata de varones adultos. La violencia física se observa en el

64% de los casos, y la psicológica en casi todos (96%). El 81% de las personas denunciadas son varones; mientras que el 19% son mujeres. La violencia se ubica en todos los barrios, sean de clase social más alta o más baja, lo que significa que hay que desterrar prejuicios, ya que no es una problemática de pobres o ignorantes. En cuanto a las derivaciones que realiza la oficina: el 99% de los casos se deriva al fuero civil y el 92% al fuero penal, el 65% a servicios jurídicos y durante el mes de octubre, en menos del 1% de

los casos, la persona decidió no actuar. –¿Cuál ha sido el avance en la implementación de oficinas de violencia doméstica en el interior del país? –Replicando el modelo de atención de la OVD, algunas cortes supremas provinciales han inaugurado oficinas de violencia doméstica en el interior del país. Al día de la fecha, ya están en funcionamiento las oficinas con sede en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz y, en breve, comenzará a funcionar la de Entre Ríos.

“Hay que contemplar la herramienta de la mediación penal” en cuanto a acceder a la proporción de bienes gananciales que efectivamente deberían corresponderle al momento de disolución de la sociedad conyugal, y tampoco puede realizar la denuncia penal pertinente mientras subsista el vínculo matrimonial debido a la existencia de la excusa absolutoria. En el anteproyecto de Reforma y Actualización Integral del Código Penal elevado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la comisión elaboradora el 31 de agosto de 2006, la norma pasa a ser el artículo 189 y, recogiendo en lo pertinente de manera literal la previsión incluida en el artículo 268 del Código Penal de España, se reserva la excusa absolutoria sólo para aquellos cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio. Cabe agregar que de manera sobreviniente, el 14 de abril de 2009 entró en vigencia la ley 26.485 sobre “protección integral a las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, que en su artículo 1º proclama ser de orden público y tiene por objeto brindar una protección legal a las mujeres en todos los ámbitos de la vida, entre los cuales se encuentra el plano económico. Como puede advertirse, nuestro artículo 185 ha quedado superado por el transcurso del tiempo y aparece en pugna con una normativa específica y actual, cuyo dictado obedece al cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino a través de la firma de los tratados sobre derechos humanos.


BAE Negocios

www.baenegocios.com

Martes 31 de diciembre de 2013

Crecieron las causas resueltas a través de la mediación en la ciudad

judicial@diariobae.com

S

egún un relevamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, al que tuvo acceso BAE, de la cantidad de audiencias realizadas en 2012, un 81% fueron mediadas con acuerdo; de este total se destaca que en materia penal un 83% logró alcanzar una resolución mediante esta herramienta, mientras que en el área contravencional el porcentaje de efectividad fue de un 76,9 por ciento. Uno de los datos más relevantes que arroja el proceso de mediación tiene que ver con la efectividad en la celeridad en que se resuelven los casos: el 71% de los procedimientos penales duraron entre 151 y 180 días y en el ámbito contraven-

El 14% de los casos tramitados en materia penal y contravencional fueron intervenidos por este proceso

El 71 por ciento de los procedimientos penales se extendieron entre 151 y 180 días cional el 83,73% se resolvió en un plazo menor a los 180 días. Lo cierto es que según las estadísticas relevadas en la Ciudad se lleva a cabo un promedio mensual de 130 audiencias, y durante el período 2012 se realizaron 7.968 mediaciones. La realidad es que desde la constitución de la Justicia de la Ciudad, la demanda de procesos de mediación tuvo un aumento exponencial desde que comenzron a aplicarse en 1999. Desde el punto de vista de las causas remitidas a medición se pasó de 10 solicitudes en 1999 a 4.529 en el año 2012. Para el año 2012, el 14% de las causas tramitadas en materia penal y contravencional fueron intervenidas por un proce-

| Judicial | 3

consideró que “nuestro deber es proponernos bajar los niveles de violencia y de enfrentamiento que existe en nuestra sociedad, y tanto la mediación como la justicia vecinal son esenciales para alcanzar esta meta”. Asimismo señaló: “No estamos orgullosos de que aumenten las estadísticas de causas. Muy por el contrario, sería un satisfacción si pudiesen bajar esos números a partir de una justicia expedita, rápida, que no conflictúa al ciudadano con el sistema sino que lo ayuda a vivir pacíficamente, de manera más armoniosa con el resto de la sociedad. Éste es nuestro compromiso y estamos convencidos de que es el camino indicado para una mejor convivencia entre todos”. El objetivo de esta medición fue generar un sistema de in-

El 14% de las causas penales y contravencionales tuvieron un proceso de mediación

En materia penal un 83% logró de los casos alcanzó una resolución mediante esta herramienta so de mediación. A partir de los objetivos de crecimiento del área de mediación surgió la necesidad de avanzar en la creación de un Índice de Calidad Objetiva de los Procesos de Mediación, un método que –según lo explican los consejeros porteños– se

puso en marcha para verificar los niveles de calidad con los que se presta el servicio de mediación y buscar caminos para su optimización.

Índice de Calidad Objetiva Haciendo foco en la importancia de esta herramienta para dar

mayor celeridad a la resolución de los conflictos y reducir de esta manera el trabajo de los tribunales judiciales, el Consejo de la Magistratura porteño presentó el Primer Índice de Calidad Objetiva de Mediación (ICOM). Por su parte, el presidente del Consejo, Juan Manuel Olmos,

dicadores estadísticos cuya elaboración periódica permitirá monitorear el servicio de justicia. La implementación de esta herramienta durante una muestra de mediaciones realizadas en el 2012 permitió comprobar que el índice de eficacia arrojado es de 65 puntos, siendo 34,5 el número que debe mejorarse para que las mediaciones puedan llevarse a cabo de la mejor manera. La infraestructura es el factor que presenta mayores necesidades de desarrollo, mientras que las cuestiones metodológicas reflejan el menor puntaje de condiciones a mejorar, lo cual significa que los mediadores realizan su tarea de manera efectiva.

MARCELA CASARINO

CÓDIGO PROCESAL PENAL

Cada vez son más las investigaciones que se delegan a las fiscalías

L

a delegación de causas está establecida en el Código Procesal, pero no siempre se practica. La intervención de las fiscalías en la investigación de las causas está establecida en el Código Procesal Penal de la Nación en diversos artículos; en algunos casos, queda librada a la arbitrariedad de los jueces y afecta recursos humanos y económicos de las fiscalías. Según lo advierten desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, “opera a partir de la discrecionalidad del juez, en el caso del artículo 196 y por disposición legislativa en los casos previstos por los artículos 196 bis y 353”. Lo cierto es que el artículo 196 otorga al juez de instrucción la facultad de delegar la investigación a la fiscalía; esto es, enviar la causa para que desde allí se dirija la investigación. A su vez, el artículo 196 bis dice que esta delegación es obligatoria cuando no hay un autor identificado del delito y el artículo 353, en tanto, establece esa delegación “automática” en caso de flagrancia; es decir, delitos que se des-

cubren mientras se están ejecutando. “La delegación de causas es, por lo tanto, una práctica estipulada en el Código Procesal que puede operar de diversas formas y con diferente frecuencia según las jurisdicciones”, explican desde el organismo.

En la práctica En Reconquista, por ejemplo, la situación pasó de ser excepcional a transformarse en una práctica frecuente. El fiscal Roberto Salum estima que el 65% de las causas que tiene a cargo el juzgado federal de Reconquista han sido delegadas a la fiscalía por medio de alguno de los tres artículos mencionados. Horacio Rodríguez, titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, da cuenta del mismo fenómeno: en el 2011, tuvo 120 causas delegadas; en 2012, 190 causas, y en lo que va de este año, ya lleva más de cien causas delegadas. Un informe de la Procuración General sobre la situación de la fiscalía de Orán,

Procuración General de la Nación en Salta, indica que este proceso de delegación de las investigaciones como herramienta sistemática se ha visto fuertemente incrementado hacia la segunda mitad de 2009. Sobre este aspecto, el informe advertía que en una dependencia como la de Orán, con escaso personal, se hacía recaer la instrucción de una cantidad importante de causas. En este sentido, Salum destaca que la delegación muchas veces incluye diversos ti-

pos de causas. En algunos casos, la propia gravedad de los hechos investigados requiere que las medidas sean ordenadas por el juez, lo cual puede originar retrasos en el proceso. Para el fiscal, la práctica de delegación se vincula con el diseño del proceso en nuestro sistema penal. Es decir, se está frente a un sistema normativo que habilita estas situaciones haciendo de ello la norma y no la excepción. Y así es que aparecen algunas dificultades en el trabajo de las fiscalías, fundadas en la asimetría de recursos materiales y humanos con los que cuentan, en comparación con un juzgado. En definitiva, el Código Procesal Penal argentino plantea un sistema mixto, que genera etapas donde es mayor su carácter inquisitivo y otras en las que predomina el carácter acusatorio. El sistema acusatorio garantiza la imparcialidad del juez interviniente, en tanto deja en manos de la fiscalía la acusación. Esto se condice con los principios que rigen el sistema penal argentino y con la función que compete al Ministerio Público Fiscal. “El problema se presenta cuando en un mismo código conviven artículos que responden a ambos sistemas. La legislación, entonces, tiende a introducir pequeñas reformas en el articulado sin modificar de base el sistema mixto”, detallan desde el ministerio.


Judicial

Martes 31 de diciembre de 2013 Editora: Sabrina Santopinto E-mail: Judicial@diariobae.com Publicidad: 5550-8600 E-mail: silvina.ussia@diariobae.com

www.baenegocios.com

BAE Negocios

Esteban R. Sojo* Especial para BAE Negocios

S

e suelde decir que fin de año es época de balances y de proyectos: se pone en perspectiva lo que nos dejó el último año y fijamos las metas del próximo. En este caso no escapamos de este común denominador y analizamos cuales son las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en materia laboral que nos dejó el 2013 y que puede esperarse para el 2014. Aclaro que esto no pretende ser un ranking y que como listado puede conllevar ciertas arbitrariedades. Para elegir algunos, se deben dejar necesariamente otros afuera.

Lo que nos dejó el 2013 y lo que nos depara el 2014

Lo que nos dejó el 2013 En primer lugar podemos destacar el fallo “ATE s/ Acción de Inconstitucionalidad”. Allí la Corte Suprema –siguiendo la línea jurisprudencial que ya había fijado en el anterior precedente ATE y en Rossi– ratificó que son inconstitucionales todas aquellas normas que concedan a los sindicatos con personería gremial privilegios que excedan la prioridad en materia de negociación colectiva, en la consulta ante las autoridades y la designación de delegados ante organismos sindicales. Por esta razón entendió que un sindicato simplemente inscripto estaba legitimado para representar un colectivo de trabajadores en una demanda judicial. Otro importante fallo dictado por el máximo tribunal en material laboral lo constituyó el precedente “Díaz, Paulo Vicente c/ Cervecería y Maltería Quilmes”, en donde se decretó que un concepto al cual se le había otorgado carácter no remunerativo en un convenio colectivo de trabajo homologado por el Ministerio de Trabajo, tenía naturaleza salarial. De hecho a partir de ese fallo, el Ministerio de Trabajo cambió el criterio que venía siguiendo en los últimos diez años y comenzó a rechazar la homologación de aquellos acuerdos y convenios colectivos en los cuales se pactaron rubros de carácter no remunerativos. Puede mencionarse también como una de las novedades del año el fallo “Cachero, José Ramón c/ Televisión Federal”, donde la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dejó de lado el criterio que sostuvo durante mucho tiempo y entendió que un empleado que se jubila y continúa trabajando para la misma empresa comienza una nueva relación laboral y, por lo tanto, su antigüedad debe computarse a partir de que obtuvo su jubilación. Esto importa la posibilidad de que un empleado a pesar de que obtenga su jubilación continúe trabajando para el mismo empleador y que solamente haya que pagarle –en caso de despido– la indemnización por antigüedad por los años posteriores a la jubilación. El mismo tribunal dictó el fallo “Abraham” en el cual declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 y determinó la aplicabilidad de la tasa pasiva a los créditos laborales. Cabe destacar que la ley cuestionada obligaba a los secretarios de los tribu-

Un proyecto busca crear un Estatuto de los empleados de call centers nales del trabajo de la provincia de provincial entendió, entre otras cosas, Buenos Aires a adicionar al monto de que esta es la interpretación que mecondena los intereses devengados des- jor se ajusta a lo dispuesto por los de la exigibilidad del crédito al prome- Tratados de Derechos Humanos, por la dio de la tasa activa que fija el Banco ley de matrimonio igualitario y por la de la Provincia de Buenos Aires para realidad familiar actual. sus operaciones de descuento. La CorSi bien no son muchas las novedate consideró inconstitucionalidad esta des que se produjeron en materia leley 14.399 por entender que regulaba gislativa, no puede dejar de menciouna materia que estaba reservada al narse la sanción de la ley 26.911, que gobierno nacional y fijó la aplicabiliprohíbe al empleador realizar encuesdad de la tasa pasiva tas, averiguaciones o “El nuevo Código Civil para estos casos, la indagar sobre las opicual rondará el 7% de niones políticas, reliimpactará en todas las interés anual, claragiosas, sindicales, culramas del derecho” mente diferenciada de turales o de preferenla tasa activa, la cual cia sexual del es el porcentaje que las instituciones trabajador y dispone que este podrá bancarias, de acuerdo con las condiexpresar libremente sus opiniones sociones de mercado y las disposiciones bre tales aspectos en los lugares de del Banco Central, cobran por los dife- trabajo, en tanto ello no interfiera en rentes tipos de servicios de crédito a el normal desarrollo de las tareas. los usuarios de los mismos, cuyo porDeben destacarse también las distincentaje se estima en un 35% anual tas resoluciones dictadas por el MinisResultó también interesante el fallo terio de Trabajo, Empleo y Seguridad dictado por la Corte Suprema de Justisocial con el objeto de promover en tecia de Tucumán en los autos Gómez c/ letrabajo. Entre ellas la que estableció el Autoservicios Capo S.A., en el cual rePrograma Teletrabajo a partir de los 45 solvió que el trabajador varón no sólo años; la resolución 595/13 que creó el está alcanzado por la protección conPrograma de Promoción del Empleo en tra el despido por causa de matrimoTeletrabajo; y la resolución 239/13, que nio que contempla la ley de contrato dispuso que los trabajadores en la side trabajo sino también por la presun- tuación de reserva de puesto (art. 211 ción de que el despido obedeció a este LCT) pueden optar por la modalidad de motivo si fue dispuesto dentro de los teletrabajo para continuar presentado tres meses anteriores y seis meses pos- servicios en caso de no estar en conditeriores al matrimonio. El tribunal ciones de realizar anteriores tareas.

Lo que nos depara el 2014 Son muchos los proyectos de ley que hoy circulan en el Congreso y que de ser aprobados conllevarán importantes cambios en materia laboral. El primero, y sin dudas el principal, es el nuevo Código Civil, que, como norma de fondo, en caso de ser sancionado impactará en todas las ramas del derecho incluyendo el derecho del trabajo. La diputada Comelli, por su parte, presentó un proyecto de ley, que apunta a una reducción de la jornada laboral para los empleados a tiempo completo que, justificado de forma fehaciente, demuestren tener hijos menores de 9 años a cargo o algún familiar a cargo que por diferentes razones no pueda valerse por sí mismo. El proyecto que propone una reducción de la jornada de trabajo en dos días por semana entre una y cuatro horas como máximo. En todos los casos dicha reducción implica una disminución del salario en forma proporcional. Dispone también para estos trabajadores una estabilidad similar a la de la mujer embarazada, ya que determina una presunción a su favor de que el despido fue por esta causa cuando es dispuesto dentro del plazo de un año posterior a la fecha de comienzo de dicho beneficio. También avanza en el Congreso el proyecto del diputado Larroque por el cual se crea un Estatuto de los empleados de call centers. Allí se define que se entiende por teleoperadores, se establece su alcance y regula las jornadas de trabajo, las horas nocturnas, los descansos, las licencias por exámenes, las remuneraciones, los incentivos y comisiones, los francos, las capacitaciones, las condiciones ambientales de trabajo, los controles de trabajo y los exámenes médicos. Recalde por su parte presentó un proyecto de ley por el cual se establece la obligación de constituir un Comité Mixto de Seguridad, Salud Laboral e Higiene en todo establecimiento en el que presten tareas por lo menos treinta trabajadores. Allí estarán representados el empleado, los trabajadores y el sindicato y su objetivo es colaborar en la prevención de riesgos del trabajo y la promoción y protección de la salud y seguridad de los trabajadores. En la última sesión ordinaria del año, por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto por el cual se agrega un cuarto requisito de admisibilidad para la validez de una suspensión disciplinaria. Toda sanción debe: fundarse en justa causa, tener plazo fijo y ser notificada por escrito al trabajador. A estos tres requisitos se le adicionaría el que la suspensión deberá ser notificada con una anticipación mínima de un día hábil antes de comenzar su ejecución. Estos son sólo algunos de los muchos proyectos que circulan actualmente en el Congreso y que tienen altas posibilidades de ser aprobados durante el transcurso del 2014. Un año que seguramente será muy agitado en material laboral. (*) Socio en Maurette y Asociados Abogado


Diario BAE Judicial