Page 1

¨ AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN ¨

CURSO:

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN II

LIC. JESUS PIZHIULE RAEZ

DOCENTE:

ALUMNO:

CRISTIAN MICHAEL CAPCHA VASQUEZ

DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

FACULTAD:

SEMESTRE:

II

HUANCAYO _2018


Derecho Administrativo El derecho administrativo es aquella rama del derecho público que regula la administración pública, la función administrativa y la relación entre los particulares; asimismo, comprende el conjunto de casos reales que regulan la organización, funcionamiento, poderes y deberes de la Administración pública en sus relaciones con otros sujetos. En otras palabras, el derecho administrativo es aquel que comprende la organización y el funcionamiento de toda forma de administración pública. Por extensión, suele ser también aplicable a la actuación materialmente administrativa de los demás poderes del Estado y de todo esos entes del sector público. Y todo ello, desde la doble perspectiva de procurar la eficacia de las Administraciones pero también garantizar los derechos de los particulares en sus relaciones con ellas. Tradicionalmente, se ha entendido que la administración es una subfunción del desarrollo humano, encargada del buen funcionamiento de los servicios públicos cuya función elemental es la de mantener el bienestar, la seguridad y de entregar a la población diversas labores de diversa índole (económicas, educativas, sociales, entre otros).

1.- Característica: 

 

Común: tiene esta característica en todas las actividades (municipales, tributarias, etc.) y sus principios son aplicables a diversas materias. Autónomo: tiene sus propios principios generales. Local: derecho de naturaleza local, por la organización política de cada país.


Exorbitante: excede la órbita del derecho privado, por lo que en donde hay una organización estatal, hay derecho administrativo.

2.- Ramas del Derecho Administrativo  

        

Derecho administrativo orgánico: encargado del estudio sobre las formas y principios de organización administrativa. Derecho administrativo funcional: sobre el funcionamiento de la Administración, sobre todo en su actividad formalizada (procedimientos y actos administrativos). Derecho procesal administrativo: normas sobre control de la Administración y jurisdicción revisora de su actuación. Responsabilidad del Estado: estudia las causales y procedencia del deber de la Administración de reparar los daños causados por ella. Derecho municipal: estudio sobre el régimen legal de las municipalidades o corporaciones similares. Derecho ambiental: encargado de las normas sobre protección del medio ambiente. Derecho urbanístico: sobre las normas de construcción y planificación urbana. Derecho vial: normas sobre tránsito y caminos. Derecho aduanero: sobre las aduanas. Derecho migratorio: sobre el control migratorio. Contratación pública: Estudia el procedimiento contractual que deben seguir las entidades públicas para la adjudicación de obras o la adquisición de bienes y servicios


3.- Principios del derecho administrativo Los principios del Derecho Administrativo constituyen la base de esta rama del derecho. Son constantes subyacentes en el ordenamiento jurídico que deben ser tenidas como guías para la interpretación y aplicación de las normas del Derecho Administrativo, y deben ser aplicadas en caso de ausencia de norma legal. a.- Principio de interés Público: El interés público predomina sobre el interés particular. El fundamento de este principio está dado por el carácter solidario del Estado peruano. En este marco, la actuación de la administración pública debe dirigirse hacia la obtención del bien común. b.- Actuación de oficio: El Estado puede, por propia iniciativa, iniciar y desarrollar procedimientos administrativos. Asimismo, debe continuar los procedimientos iniciados por los administrados sin que sea necesario que ellos los activen. c.- Publicidad: Los administrados tienen derecho a acceder a la información referida a los procedimientos en los que son parte. d.- Doble instancia: En todo procedimiento administrativo el interesado tiene derecho a recurrir a una instancia superior a fin de que revise o revoque la resolución emitida por la instancia inferior. e.- Doble Vía: Las resoluciones emitidas por la administración pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial. f.- Presunción de Veracidad: Se presume que las afirmaciones de los administrados se ajustan a la verdad, lo cual no excluye que puedan ser materia de fiscalización. g.- Eliminación de exigencias y formalidades: El Estado debe eliminar los gastos y formalidades innecesarios que puedan constituirse en un obstáculo para que el administrado pueda hacer efectivos sus derechos frente a la administración o frente a terceros. h.- Participación ciudadana en el control de los servicios públicos: Los ciudadanos pueden, de manera individual o colectiva, remitir sus quejas o propuestas en relación a la actuación de la administración y a sus procedimientos. i.- Legalidad: Toda actuación del Estado y de las entidades que componen la administración pública debe fundamentarse en las disposiciones legales. En ningún caso la autoridad administrativa puede actuar de manera arbitraria y sin fundamento legal.


J.- JURICIDAD.El antecedente histórico de este principio es el Art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: "Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes no tiene Constitución." El principio de juridicidad ha sido definido por la doctrina como la sujeción integral a derecho, de los órganos del Estado, lo que garantiza una efectiva limitación del ejercicio del poder público y la existencia de un Estado de Derecho. k).- El principio general del derecho, acerca de que nadie puede alegar su propia torpeza admite excepciones en el derecho administrativo, como una prerrogativa de la Administración Pública, porque atiende el interés general (v.g.: revocación de un acto administrativo).

4.- Historia y actualidad del derecho administrativo Historia: El Derecho administrativo moderno tiene su origen con las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX. (Pasó de las monarquías a estados liberales) 1. La existencia de unas normas jurídicas, aprobadas por asambleas representativas, con carácter abstracto, general y permanente que regulan cómo debe relacionarse el Estado con los ciudadanos; 2. La existencia de un entramado institucional de controles, independiente del monarca; 3. La aparición de una afirmación con carácter constitutivo y vinculante de los derechos individuales, tales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Tras este proceso y sobre todo a partir de las revoluciones liberales surge lo que se conoce como Estado liberal. Antes de estas revoluciones no se reconocía la igualdad de todos los hombres como principio jurídico; a partir de


ellas, estos dejarán de ser súbditos para pasar a ser ciudadanos, con derechos y obligaciones iguales. 4.1 Derecho Administrativo en la Actualidad: En los últimos años el derecho administrativo ha tenido que asumir la incorporación de las nuevas tecnologías, con la aparición de la Administración pública electrónica. El principal desafío para el derecho administrativo ante estos cambios ha sido adaptar y ampliar el marco legal existente para mantener las mismas garantías jurídicas que existen en el papel también en la vía electrónica 5.- Clases de administración I. Administración pública: La Administración Pública es aquella función del Estado que consiste en una actividad concreta, continua, práctica y espontánea de caráctersubordinado a los poderes del Estado y que tienen por objeto satisfacer en forma directa e inmediata, las necesidades e intereses colectivos y el logro de los fines del Estado dentro el orden jurídico establecido y con arreglo a este. La Administración Pública se encuentra conformada por: 

a) El Órgano Ejecutivo, que comprende la administración nacional, las administraciones departamentales, las entidades descentralizadas o desconcentradas.

b) Los Gobiernos Autónomos Municipales en el marco de lo establecido en la Ley de Municipalidades y la Ley Marco De Autonomías YDescentralización.

c) Las Universidades Públicas en el marco de la Autonomía Universitaria.

II. Administración privada: La Administración Privada se ocupa del manejo de todas las actividades que no están a cargo del Estado y tiene el objeto de proveer bienes de capital, bienes de uso y bienes de consumo, así como la prestación de servicios de acuerdo a peculiares intereses.


6.- DIFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA: I. Administración pública. 

Tiene base social.

Su fin es el servicio y la utilidad públicos.

Le Pertenece al campo del Derecho Público.

Las decisiones la toman un conjunto de personas.

La estructura es compleja.

Los programas destinados a los administrados tienen que cumplirse, aun coercitivamente.

II. La administración privada 

Tiene base en el individualismo.

Su fin es el lucro.

Su régimen jurídico está en el Derecho Privado.

Generalmente las decisiones lo toma una sola persona, el Gerente.

Su estructura es más sencilla.

Los programas diseñados pueden cumplirlo o no, los destinatarios.

Existen incentivos y motivaciones monetarias o jerárquicas (ascensos)


7.- Rol del estado en el derecho administrativo Fraga, refiere que el concepto de rol y/o atribuciones comprende el contenido de la actividad del Estado; es lo que el Estado puede o debe hacer. El concepto de función se refiere a la forma de la actividad del Estado. Las funciones constituyen la forma de ejercicio de las atribuciones. Las funciones no se diversifican entre sí por el hecho de que cada una de ellas tenga contenido diferente, pues todas pueden servir para realizar una misma atribución. Será fácil apreciar la relación que guardan las atribuciones con las funciones legislativa, administrativa y judicial, estudiando el papel que juega cada una de las últimas en la realización de las primeras.

8.- Esencia del Derecho Administrativo La esencia del Derecho administrativo radica en la defensa de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, y ésta a su vez la racionalización del ejercicio del poder público en beneficio de la colectividad. La Administración, a diferencia de los particulares, no tiene fines propios, sino que es una institución cuya única razón de ser y cuya fuente de legitimidad es actuar para satisfacer los intereses generales o públicos. El interés general, de acuerdo con los valores y principios de la Constitución, se define por los Parlamentos o Asambleas Legislativas a través de lasleyes, y por los Gobiernos al ejecutarlas y desarrollarlas. Para la gestión de los intereses generales, las leyes atribuyen a la Administración Pública un conjunto de prerrogativas, y en virtud de ellas puede adoptar decisiones unilaterales con fuerza jurídica vinculante (de obligado cumplimiento). Las normas de Derecho administrativo confieren poderes a la Administración que la sitúan en posición de supremacía sobre los particulares. En este tipo de relaciones los ciudadanos no se en encuentran respecto de la Administración en la situación de igualdad jurídica que es propia del Derecho privado, pues el interés general no puede quedar sometido a los intereses privados. Estamos en el ámbito del Derecho público que constituye la esencia del Derecho administrativo.


La posición de supremacía tiene su contrapartida, pues el Derecho administrativo impone límites y condiciones estrictas para el ejercicio de las potestades y prerrogativas de la Administración. No sólo atribuye poderes a la Administración sino que reconoce también derechos a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. En un Estado de Derecho la legislación administrativa es igualmente garante de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. El Derecho administrativo impone a la Administración una vinculación más fuerte a la ley. Los gobernantes y administradores públicos, están obligados siempre a perseguir los intereses generales, en los términos establecidos por la ley u el resto de las normas jurídicas. Incluso cuando la ley atribuye a la Administración una amplia capacidad de decisión o de iniciativa para el cumplimiento de sus fines, los gobernantes y administradores deben respetar principios y reglas jurídicas generales (la objetividad o imparcialidad, la igualdad de los ciudadanos, la proporcionalidad de sus decisiones, De ahí que la Constitución imponga la vinculación plena de la Administración a la ley y al Derecho. La Administración no puede ejercer sus potestades de cualquier manera, sino que ha de tramitar previamente un procedimiento (salvo caso de emergencia) en el que se recabarán informes, se comprobarán hechos, se practicarán pruebas, se dará audiencia a los interesados,. El procedimiento administrativo es una garantía imprescindible, aunque dilata y complica el proceso de toma de decisiones. Por último, el Derecho administrativo regula un conjunto de garantías y controles sobre el ejercicio de las funciones administrativas (por su carácter e intensidad) de ámbito privado: -Controles internos: Intervención del gasto público, exigencia de informes previos, interposición de recursos contra una decisión ante el órgano superior jerárquico que la adoptó,… -Controles externos: El control judicial de nuestro país, la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


9.- EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO El Derecho administrativo es la parte más extensa del Derecho público que atribuye a la Administración determinadas prerrogativas y poderes que la sitúan en posición de supremacía sobre los sujetos privados para que pueda cumplir su misión de servicio a los intereses generales, pero sometiéndola en contrapartida a una vinculación más estricta a la ley y al Derecho que la que se impone a los sujetos privados, a mayores límites y responsabilidades y a un régimen de controles igualmente más estricto. El Derecho administrativo se aplica como regla general en nuestro ordenamiento a las relaciones jurídicas en que interviene al menos una de ellas. La aplicabilidad del Derecho administrativo no se ajusta a un riguroso patrón dogmático sino que una parte de la organización y de la actividad materialmente administrativa se rige instrumentalmente por normas de Derecho privado. 9.1. Aplicación del Derecho administrativo a determinadas actividades de órganos constitucionales que no forman parte de la Administración pública. Los órganos que constituyen el Poder Legislativo son las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, órganos dependientes (Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas,…), Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales. 9.2. Aplicación del Derecho administrativo y del Derecho privado a la organización y a la actividad administrativa. La correspondencia entre Administración pública o actividad administrativa yDerecho administrativo no es exacta. Hay veces que el Derecho administrativo se aplica a las relaciones entre sujetos privados (la admón. Encomienda a una empresa privada la gestión de un servicio público mediante un contrato, un transporte público, puede imponer al contratista una reglamentación de las condiciones del servicio que debe respetar: tarifas, condiciones de uso,…). En tal caso las relaciones entre la empresa que gestiona el servicio y los usuarios o contratistas se rige en parte por el Derecho administrativo. Incluso los interesados pueden reclamar ante la Administración contratante por incumplimiento, lo que dará lugar a una resolución administrativa que podrá recurrirse ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Más frecuente es hoy la privatización del régimen jurídico aplicable a ciertas actividades y algunas partes de la organización mediante la que la Administración cumple sus fines. Con independencia de las razones de esta moderna tendencia, la cuestión primordial reside en determinar si existe criterios jurídicos de validez general que determinen qué actividades de la Administración han de regirse necesariamente por el Derecho administrativo y cuáles pueden regirse por el Derecho privado. En algunos casos la respuesta parece clara, pues hay actividades que sólo pueden realizarse por la Administración pública y con sujeción a Derecho administrativo, ya que son expresión directa de su posición de supremacía. Así,


la adopción de decisiones unilaterales o actos administrativos que impliquen ejercicio de autoridad (aprobar un reglamento o un plan de urbanismo). En estos casos se ejercitanpotestades administrativas por esencia. No está definido con precisión en nuestro Derecho qué se entiende por ejercicio de autoridad o por potestades públicas a estos efectos. En principio puede considerarse como tal "la adopción de cualquier decisión administrativa unilateral con fuerza de obligar por sí misma, que crea, modifica o extingue relaciones jurídicas externas y las actividades inherentes a ella". Aun así, la aplicación de este criterio plante dudas en casos concretos. Sin embargo, existen otros tipos de actividad administrativa que son similares a las que pueden realizar los particulares y que pueden dar lugar a relaciones jurídicas semejantes (contratar una obra, realizar un servicio sanitario). Para este tipo de actividades la Administración podrá utilizar según los casos Derecho privado o Derecho público. No existe a estos efectos un criterio único y de validez general que vincule al legislador y delimite con nitidez los supuestos en que debe aplicarse el Derecho administrativo o puede la Administración aplicar Derecho privado. Tampoco existe una reserva general de Derecho administrativo ni decompetencia a favor de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para todas o la mayoría de las actividades de la Administración. En consecuencia, loslímites a la decisión del legislador son específicos y derivan de preceptos y principios constitucionales concretos. Hoy también derivan de las exigencias del Derecho comunitario europeo. Así, por ejemplo, determinados bienes de titularidad pública están sometidos a un régimen especial de Derecho público (bienes de dominio público o comunales), la ley debe reservar el ejercicio de ciertas funciones públicos a funcionarios de carrera, siendo éste el régimen preferente del empleopúblico. Más allá de estos límites, la garantía de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales y de Derecho comunitario (en particular de los derechos de igualdad, de transparencia, de participación en la adopción de decisiones públicas y de tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos) debe queda siempre asegurada cuando están en juego intereses públicos, es decir, cuando se adoptan decisiones materialmente públicas, que derivan de la voluntad de un sujeto público, persiguen fines de interés general y se financian total o en su mayor parte con recursospúblicos. En cualquier caso impone el respeto de tales principios incluso cuando la Administración actúa en relaciones de Derecho privado. Por ejemplo, que la Administración deba seleccionar a su personal laboral atendiendo a principios de igualdad, mérito y capacidad, como cuando selecciona a sus funcionarios; que las sociedades mercantiles públicas y las fundaciones del sector público deban aplicar en todo caso los criterios de publicidad y concurrencia cuando adjudican contratos a empresas privadas;…De ahí que todas las entidades del sector público, incluidas sociedades y fundaciones públicas, deban someterse a límites y controles presupuestarios, financieros, contables y parlamentarios que no son exigibles a las empresas privadas. En particular, cuando la Administración crea relaciones jurídicas de Derecho privado, como sucede cuando firma un contrato civil (Ej.: arrendamientode un inmueble) o cuando contrata personal laboral, o crea entidades de Derecho


privado, siempre existe al menos una decisión inicial de carácter público y naturaleza unilateral, que está sometida al Derecho administrativo. Según una técnica jurídica conocida, se trata de actos separables, separables del negocio jurídico o de la persono jurídico-privada a que dan vida, actos que pueden ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. La Ley establece también que a la Administración pública se le aplica el régimen la responsabilidad patrimonial o extra contractual propio del Derecho administrativo cuando actúa en relaciones de Derecho privado. La forma jurídica de la actividad (y, en su caso, de la organización) debe ser la adecuada al tipo de actividad que se realiza y no es aquélla sino ésta la que debe determinar al régimen jurídico aplicable. Por eso en el Derecho comunitario no se tiene en cuenta si una entidad se constituye conforme al Derecho administrativo o al Derecho privado, sino cuál es la actividad que realiza, propiamente mercantil, industrial, administrativa,… y si está o no controlada en realidad por una Administración pública. Si reúne esas características, la entidad se considera poder adjudicador u organismo público en sentido sustantivo. Lo que importa, pues, es que los principios y reglas de Derecho público se apliquen cuando se adopta una decisión materialmente pública, esto es, detrás de la cual está el poder público, que persigue fines de interés general que no tengan carácter mercantil o industrial y que se financia mayormente con fondos públicos. Para ello será necesario a veces levantar el velo de las personificaciones instrumentales privadas mediante las que actúa la Administración y establecer las garantías públicas necesarias incluso si se les aplica en general Derecho privado. Resumiendo, la aplicación del Derecho administrativo deriva de una doble condición o límite: uno de carácter subjetivo, pues afecta actividades propias de una Administración o ente público o de personas jurídicas privadas dependientes o vinculadas a una u otro; otro decarácter objetivo o funcional, ya que en todo caso ha de aplicarse, en los términos de la ley, cuando tales entidades, con forma de personificación pública o privada, ejercen actividades propiamente administrativas. 10.- FUNCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

El Derecho Administrativo tiene las siguientes funciones:

Regular la relación entre administrados y la Administración.

Estructura la organización interna de la Administración.

Reglamenta las relaciones con otras ramas del Derecho y con las que no pertenecen al Derecho.

11.- AUTONOMÍA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

AUTONOMÍA CIENTÍFICA. Desarrolla principios y normas en base a su objeto que le es propio.

AUTONOMÍA JURÍDICA. Porque es rama del derecho en general y además con finalidad definida: el interés público..


AUTONOMÍA DIDÁCTICA. El derecho administrativo se estudia en universidades e institutos.

12.- CODIFICACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO: TEORÍAS a. La teoría negativa.Dice que el Derecho Administrativo debe ir a la par del desarrollo administrativo. La codificación estanca el Derecho Administrativo. b. La teoría positiva.Expresa que la codificación: 

Procura la generalización de los principios y normas.

Facilita el conocimiento y aplicación didáctica oportuna.

Permite al pueblo extraer las normas y principios que rigen determinada materia. c. La teoría mixta.-

Menciona que es posible una codificación parcial del Derecho administrativo ya que debido a su permanente cambio es imposible una codificación total.


13.- Ubicación del Derecho Administrativo Derecho administrativo como parte del orden jurídico positivo, como conjunto de normas jurídicas. Así como al hablar del derecho civil podemos referirnos tanto al Código Civil y leyes complementarias, como a la disciplina que estudia las normas y principios de ese código y esas leyes, así también al hablar de derecho administrativo podemos pensar tanto en el conjunto de leyes administrativas, principios de derecho público y reglas jurisprudenciales que integran la normación positiva, el régimen jurídico positivo de la función administrativa, como en la disciplina que los estudia. Dado que el conjunto de leyes y principios que integran el régimen jurídico positivo del caso llegan a nuestro conocimiento y valoración a través del estudio y análisis de los mismos, y que, por lo tanto, nuestro primer contacto cognoscitivo el derecho administrativo se realiza con la disciplina que efectúa tal investigación, debe darse preferencia al concepto de ciencia del derecho antes que al de conjunto de normas positivas. El derecho administrativo es, pues, una disciplina científica, jurídica y, por ende, una rama de la ciencia del derecho. No creemos acertadas, en consecuencia, las definiciones que conceptúan al derecho administrativo como un “conjunto de normas y de principios de derecho público,”2 pues hacen prevalecer un carácter legalista y exegético antes que metodológico o cognoscitivo en el concepto pertinente. Desde luego, el definir formalmente al derecho administrativo como disciplina o rama del conocimiento jurídico, no significa que deje de usarse la acepción también en su significado de “conjunto de normas positivas,” pues la noción de “derecho” recibe casi siempre esa ambivalencia que ya señalamos (como disciplina y como conjunto de normas); pero ello no quita que al darse específicamente la definición metodológica corresponda usar más adecuadamente el vocablo. Así como nadie definiría al derecho civil como “el conjunto del Código Civil y sus leyes complementarias,” así tampoco cabe definir al derecho administrativo como un


“conjunto de normas y de principios de derecho público.” Ubicándolo en la distinción que se hace del derecho en razón del objeto, es una disciplina o rama del derecho. Por fin, aclaramos que esta rama del conocimiento no es aún una ciencia formada, sino que se encuentra todavía en formación. Teoría general del derecho administrativo Nos referimos a los límites de la actividad administrativa, y dentro de éstos en particular a la protección judicial del administrado frente a la administración. Aquí reside uno de los pilares esenciales de la temática del derecho administrativo: La protección del administrado contra el ejercicio irregular o abusivo de la función administrativa; si relegáramos este problema a ser uno de los aspectos secundarios de la disciplina, estaríamos quitándole a ésta una de sus notas características en el Estado de Derecho, y por lo tanto, su diferenciación con el derecho administrativo totalitario. Es, pues, muy importante destacar que el problema central de esta materia no es sólo la administración pública (su organización, sus actos, sus facultades, etc.), sino también su contraposición frente a los derechos individuales de los habitantes. Consideramos que el derecho administrativo debe estar orientado hacia el estudio de los derechos individuales y, en definitiva, de la libertad humana, y que la protección de éstos contra el ejercicio abusivo o ilegal de la función administrativa debe transformarse en una de sus más trascendentales finalidades; debe quitársele al derecho administrativo su apariencia de disciplina interesada casi exclusivamente en la administración pública y sus fines y dársele en cambio una estructura externa y conceptual que claramente represente su búsqueda consciente y constante de un equilibrio razonado entre el individuo y el Estado. Asimismo, debe advertirse que se habla aquí de protección judicial y no “jurisdiccional” como lo indican otras definiciones,22 las que se refieren más particularmente a la protección que existe dentro del mismo ámbito de la administración pública, en especial “lo contenciosoadministrativo.” En rigor de verdad, tales definiciones son correctas para un sistema como lo es por ejemplo el francés, en que las contiendas entre los administrados y la administración son resueltas en forma definitiva por un tribunal emanado de la misma administración, que es el Consejo de Estado, pero no lo son para un sistema judicialista como el nuestro, en que tales contiendas son siempre resueltas por el Poder Judicial.23 Ello no agota, por supuesto, el tema del control, ya que es necesario también instituir otros controles suplementarios Relaciones con el derecho constitucional De todas las ramas del derecho público, ninguna está más estrechamente ligada al derecho administrativo que el derecho constitucional; cada capítulo de derecho administrativo, se ha dicho, está encabezado por una introducción de derecho constitucional. “Ningún derecho está más subordinado y conformado a las directivas políticas del Estado que el derecho administrativo,” y por ello “el derecho administrativo tiene el carácter o la fisonomía del derecho constitucional de cada Estado.” 42 En efecto, la Constitución crea la separación de poderes (o no) y establece los límites del poder estatal en los derechos individuales: Dentro de esos lineamientos habrá de desenvolverse el derecho administrativo. Constitución y administración se influyen recíprocamente; pero mientras que la influencia de la primera sobre la segunda es de sistema, la de la administración sobre ella es de eficacia. 43 La Constitución es una estructura, es el ordenamiento


fundamental del Estado; la administración es un órgano44 jurídico de ese Estado, y la función administrativa es una actividad que se realiza dentro del marco y las directivas básicas fijadas por aquella estructura. En la Constitución predomina lo estático, en la función administrativa lo dinámico; en la primera hay estructuración y establecimiento de limites, en la segunda hay expresión de actividad concreta y choque contra los límites prefijados. Al igual que en el caso del derecho civil, hay que distinguir tres tipos de relaciones entre ambas ciencias:

Interno

PUBLICO D E R E C H O

Derecho Constitucional Derecho Administrativo Derecho Financiero Derecho Tributario Derecho Municipal Derecho de Familia Y Del Menor Derecho del Trabajo Derecho Penal Derecho Procesal Derecho Comunitario (naciones)

Derecho internacional publico Externo Derecho Comunitario (Estados) Derecho Ecológico

Interno PRIVADO

Derecho Civil Derecho Comercial Derecho Empresarial (Corporativo, EU) Derecho Agrario Derecho Minero

Derecho internacional Externo privado Derecho de Internet


14.- LOS CRITERIOS PARA DEFINIR AL DERECHO ADMINISTRATIVO Antes de entrar a las concepciones del derecho administrativo propuestas por distintos autores, consideramos adecuado, a partir de la obra de MarienHoff, hacer unas breves apreciaciones al respecto de los criterios in genere que pretenden explicar al derecho administrativo como ciencia. El profesor argentino distingue los siguientes criterios: a) Legalista; b) del Poder Ejecutivo; c) de las Relaciones Jurídicas; d) de los Servicios Públicos; e) de la Actividad Total del Estado; f) de los Servicios Públicos y del Contralor Jurisdiccional de la Administración Pública, y; g) de los Órganos de aplicación. 1. Criterio legalista Destaca el profesor argentino que este criterio consiste en una simple exposición y descripción de las leyes administrativas, que constituyen posturas propias de las primeras etapas en el estudio del derecho administrativo, prácticamente cuasiteóricas, donde destacan los autores del siglo XIX como colMeiro, BaTBie y Ferreira, y en cierta medida Lares y casTillo velasco en México. Evidentemente este criterio es desechable, ya que no se puede ni se debe caer en el reduccionismo del derecho administrativo a la ley, pues equivaldría a negar al derecho, pues la ley no es derecho, y el derecho no se reduce a la ley (que constituye la principal crítica que se plantea en esta tesis), contrario a los postulados del iuspositivismo decimonónico. 2. Criterio del Poder Ejecutivo Esta postura o criterio consiste en identificar al derecho administrativo como el derecho del Poder Ejecutivo, situación que la mayoría de los doctrinarios niegan, pues resulta evidente que en principio, la actividad administrativa no se circunscribe a este Poder, y tanto el legislativo como el Judicial realizan en sus respectivos ámbitos actividades de naturaleza administrativa, que son objeto de estudio por nuestra ciencia. Al respecto, basta 3 Cfr. Ibidem. p. 43 y sigs. 4 Al respecto de la función administrativa, Gabino Fraga, citando a Maurice Hariou, señala que “… la función administrativo tiene por objeto manejar los asuntos corrientes del público, en lo que atañe a la ejecución de las leyes de derecho público y a la satisfacción de los intereses generales, haciendo todo esto por medios de policía y por la organización de servicios públicos, en los límites de los fines del poder político que ha asumido la empresa de la gestión administrativa.” Op. Cit. p. 56. El concepto de derecho administrativo: Una visión teleológica 217 AFDUDC, 14, 2010, 213-228 con señalar que dentro del estudio del Derecho Administrativo se incluye la estructura y facultades del Consejo de la Judicatura Federal en México, por citar un ejemplo. Adicionalmente, no toda la actividad del Poder Ejecutivo está reducida a la administración, pues existe una fuerte carga de actividades políticas y de gobierno, cuyo estudio corresponde a disciplinas distintas del derecho administrativo. 3. Criterio de las relaciones jurídicas Según esta línea de pensamiento, el derecho administrativo destacaría por las relaciones entre los administrados y la Administración Pública, que si bien es cierto, no es equivocado del todo; mas resulta incompleto, pues el derecho administrativo, no se dedica únicamente a estas relaciones jurídicoadministrativas con los particulares, pues también incluye las relaciones entre entes públicos, así como normas de funcionamiento y organización, actividades prestacionales y de fomento, entre otros. 4. Criterio de los servicios públicos Esta postura tuvo una amplia aceptación en Francia a finales del siglo XIX y principios del siglo pasado con la llamada Escuela Realista francesa, pues autores como león duGuiT y GasTón jèze, incluso señalaban al derecho administrativo como el conjunto de normas reguladoras de los servicios


públicos5 . Este criterio ya ha sido superado prácticamente por la totalidad de la doctrina y se utiliza dentro de un marco histórico referencial en el estudio de los servicios públicos. 5. Criterio de la actividad total del Estado A diferencia del criterio legalista, esta línea de pensamiento peca en un sentido opuesto, pues considera que toda la actividad del Estado es Administración, sostenida por los juristas alemanes como Mayer y sTein. Esta postura resulta objetable en sí misma, porque no toda la actividad estatal es administrativa, y aquí se puede hacer una aproximación desde las funciones, pues no podemos negar la existencia de una función legisladora y una función judicial, que nada tiene que ver con la administración. Así, categóricamente afirmamos que se trata de un criterio que cae por su propio peso. 6. Criterio de los servicios públicos y de la protección jurisdiccional de los administrados Reiteramos que no se puede reducir al derecho administrativo como la normatividad relativa a la prestación de los servicios públicos, contrario al postulado sostenido por el clásico argentino rafael Bielsa. 5 Cfr. Alfonso Nava Negrete. Derecho Administrativo, 213-228 Por otra parte, la protección jurisdiccional corresponde, en el pensamiento de MarienHoff, al derecho procesal administrativo entendiendo como derecho sustantivo al derecho administrativo, y por tanto el control jurisdiccional queda excluido. 7. Criterio de los órganos de aplicación El postulante de esta escuela es adolfo MerKl, que señala que el derecho administrativo es la: “… suma de normas jurídicas que regulan aquella actividad ejecutiva condicionable por las instrucciones…”6 En este sentido el autor alemán, vincula directamente el concepto de Derecho Administrativo al de Administración, que en principio se trata de una disciplina diversa al objeto como tal del derecho administrativo, y entendido en este tono, resulta particularmente discutible, porque somete el concepto de derecho administrativo al de administración en un sentido estricto, Más aún que el propio MerKl expresa la dificultad de precisar (en sentido jurídico) el concepto de administración7 . Ahora, como lo señalamos al inicio, no son pocos los autores que han discutido sobre la complejidad para definir al derecho administrativo, y nos enfrentamos a estar casi imposibilitados para encontrar un concepto de derecho administrativo unánimemente aceptado y resistente al tiempo.


15.- CONCEPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TELEOLÓGICA DEL CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO.A modo de inicio, el doctor español jaime Rodriguez-arana Muñoz señala: “El Derecho Administrativo, tal y cómo se nos presenta en la cotidianeidad, es, lo sabemos bien, un producto cultural que hunde sus raíces en la necesidad de racionalizar el ejercicio del poder, que trae causa de aquel magnífico compromiso con la libertad, la igualdad y la fraternidad de los seres humanos que fue la revolución francesa. En efecto, el Derecho Administrativo, tal y como lo conocemos hoy, es una respuesta comprometida a la necesidad de objetivizar el poder público, antaño, en el Antiguo Régimen, expuesto al capricho y a la pura voluntad de mando del Rey. Derecho Administrativo, sin embargo, ha habido siempre porque siempre ha existido la necesidad de organizar según el Derecho los intereses colectivos, unas veces con más acierto que otras.”30 29 Santiago González-Varas Ibáñez. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Parte General. Thomson Civitas. Madrid. 2008. p. 29. 30 Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. El derecho administrativo en el siglo XXI: Nuevas Perspectivas. En Revista Aragonesa de Administración Pública. Número 31. 2007. p. 225. 224 Luis José Béjar Rivera AFDUDC, 14, 2010, 213228 Aunque no comparto la idea de la existencia del Derecho Administrativo con anterioridad a la revolución francesa, tal como se explicó en capítulos anteriores, sí coincidimos con la idea de lo público, como inherente a la sociedad, ya que reitera lo que hemos venido señalando a lo largo de este capítulo, el Derecho Administrativo se conceptualiza como el derecho del poder (sea para limitarlo o para ampliarlo), pero donde frecuentemente se pierde el para qué del derecho administrativo, dentro de su fundamentación. La solución a esa definición universal consideramos se encuentra en su finalidad como disciplina. ¿Cómo se podría entonces, distinguir al derecho administrativo en clave teleológica? Pretendemos dar una respuesta, o por lo menos una aproximación a esta cuestión. Señala rodríGuez-arana Muñoz: “Hoy, en mi opinión, la garantía del interés general es la principal tarea del Estado y, por ello, el Derecho Administrativo ha de tener presente esta realidad y adecuarse, institucionalmente, a los nuevos tiempos, pues, de lo contrario perderá la ocasión para cumplir la función que lo justifica, cual es la mejor ordenación y gestión de la actividad pública con arreglo a la justicia.”31 Consideramos, al igual que lo hace el profesor en comento, que la nota característica en la conceptualización del derecho administrativo, no es el quién ni el cómo, sino el para qué, y en este sentido, únicamente se puede partir de dos ideas centrales: el Bien Común32 y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. Así, el derecho administrativo se debe entender como una báscula entre el poder público y el interés general, y aunque en esencia fue con la idea que surgió el derecho administrativo en el pensamiento rousseauniano, a lo largo de la sistemática iuspositivista decimonónica se fue perdiendo, solidificando el status quo del Estado (y por ende de la Administración Pública), y el principio del control de poder se convierte en una verdadera reconstrucción del poder público. Entonces, una reinterpretación o reconfiguración de la conceptualización y fundamentación del derecho administrativo en el siglo XXI, forzosamente nos lleva a entender a esta disciplina como fundamental en el contrapeso del pode público en relación al Bien Común y la promoción de los derechos fundamentales. Varias tendencias actuales en el derecho administrativo, se siguen sentando sobre las bases del Estado económico, la


sobrerregulación de las materias que integran al derecho administrativo, y que en principio pretenden tutelar al llamado interés general. Sin embargo, se antojan en algunos casos, como instrumentos que reafirman el status quo del Estado, bajo el irreductible principio de legalidad, dando como fuente única de la ciencia del derecho administrativo a la norma. 31 Ibídem. p. 227. 32 Aunque la expresión más recurrida en el Derecho Administrativo es interés general. El concepto de derecho administrativo: Una visión teleológica 225 AFDUDC, 14, 2010, 213-228 En cambio, si la lectura que se hace del concepto de derecho administrativo, lo hacemos no en un tenor funcional, sino en sentido teleológico de esta rama jurídica que hemos insistido y por tanto, no debe ser entendido dentro del inflexible sistema positivista a ultranza (como se presentan en gran medida en la realidad mexicana), y por el contrario, se debe hacer atendiendo al derecho y no únicamente a la ley. Podemos concluir que el derecho administrativo es en sí, la rama del derecho público que consagra reglas sometidas a la ley y al derecho, con el fin de que la Administración Pública tutele el interés personal, en su dimensión colectiva, es decir, el Bien Común, y en concordancia en todo momento, no sólo con la tutela, pero además con la promoción de los derechos fundamentales. Una postura interesante en este respecto, pertenece al profesor español luis MarTín reBollo, quien señala que: “En sus relaciones con los particulares las Administraciones Públicas someten su actividad a la disciplina del Derecho Administrativo; un Derecho que les otorga importantes privilegios que no poseen los particulares: la potestad sancionatoria, la potestad expropiatoria, la potestad recaudatoria y, muy especialmente, la potestad de la autotutela en virtud de la cual los actos de la Administración se presumen válidos y pueden llegar a ser ejecutados forzosamente. Estos privilegios se justifican como instrumentos para que las Administraciones puedan cumplir las finalidades que la Ley y la Constitución les atribuyen. Pero este mismo Derecho, como contrapartida inexcusable, prevé también mecanismos para permitir el control de la actividad administrativa. El Derecho Administrativo en su doble vertiente, de instrumento garantizador de los ciudadanos y de herramienta del Poder…”33 Así, el derecho administrativo, atiende, no sólo las normas, pues tampoco es sano ni mucho menos deseable abandonar al principio de legalidad, pues finalmente la actuación administrativa debe estar sometida a un conjunto mínimo de normas, pero tampoco es admisible la sumisión ciega a la Ley, pues el derecho pretende valores más altos, consagrados en los principios generales y en los derechos fundamentales como valores metajurídicos o metalegales. Así, una comprensión adecuada del derecho administrativo implica que el Derecho Administrativo, no sólo es el derecho que regula al poder público, sino que más allá de eso, tiene un fin teleológico (que camina de la mano de los Fines del Estado como tal) consistente en la tutela del Bien Común y la promoción de los Derechos fundamentales. Consideramos indispensable hacer estos planteamientos previos al tema central que nos ocupa, pues para comprender la vinculación del Bien Común (fin teleológico) y su posibilidad de jurisdiccionalizarlo en el contencioso administrativo es fundamental entender al derecho administrativo en un sentido teleológico, y no como tradicionalmente se ha concebido, en cuanto a los sujetos del poder público, o mejor dicho, entendiendo


16.- CONCLUSIONES 1. El Derecho Administrativo ha sido una de las ramas del Derecho que más resistencia ha presentado para adquirir una concepción universal. Así, se han presentado distintas escuelas, aún en un mismo país y con autores contemporáneos que han discutido respecto de la esencia de esta disciplina, sin llegar a identificarla; no obstante se han formulado distintas descripciones del objeto de esta rama. 2. Las principales concepciones del Derecho Administrativo se han distinguido en dos grandes rubros: los conceptos subjetivistas y los conceptos objetivistas. Los primeros se caracterizan por centrar el concepto de Derecho Administrativo en los sujetos de la relación jurídico-administrativa, es decir, la Administración Pública (Poder Ejecutivo, Estado o Gobierno, según distintos autores y momentos históricos), y sus formas de desenvolvimiento

Derecho Administrativo  

Derecho Administrativo

Derecho Administrativo  

Derecho Administrativo

Advertisement